Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

El clima de inseguridad ciudadana es una de las preocupaciones de primer orden de toda la sociedad. Numerosos estudios y sondeos, a los cuales nos hemos referido en otras ocasiones, como lo son el Latinobarómetro, los informes de Naciones Unidas o la encuesta Gallup-HOY, datan de la existencia de esta problemática como parte fundamental de la cotidianidad de la población.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en aras de fortalecer la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, realiza esfuerzos por abordar esta temática desde distintas perspectivas, para lo que tratamos de aunar esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad civil para plantear propuestas que permitan promover un mayor clima de seguridad para la ciudadanía.

Ya sea desde la realización de programas de análisis de la criminalidad; propuestas sobre modificaciones a las políticas públicas; acuerdos interinstitucionales entre los poderes públicos; o incluso proponiendo reformas y creaciones legislativas, como lo es el móvil que nos invita a desarrollar este encuentro.

A pesar de los esfuerzos realizados, sentimos como una prioridad abordar el tema de la seguridad ciudadana desde el ámbito más directo y unipersonal tanto para las empresas como para los individuos: la seguridad privada.

Durante mucho tiempo, la seguridad privada se ha erigido como la opción preferencial de la ciudadanía para enfrentar el clima de inseguridad. Ante las debilidades institucionales que en ocasiones muestran los órganos responsables de prevenir y perseguir la criminalidad, las personas y las empresas optan por acudir a la seguridad privada como una solución inmediata.

La dinámica social confronta cada día al Derecho, de forma que no con convierta en fórmulas estáticas. Por lo tanto, el tema de la seguridad privada ha empezado a formar parte de las preocupaciones de la órbita jurídica. De este modo, se han propuesto programas y legislaciones que van en la dirección de regular esta actividad.

En ese sentido, se ha discutido en otros espacios todo lo que implica la regulación de la seguridad privada: la formalidad o no del empleo; las funciones de un órgano rector del sector; el impacto económico; las nuevas logísticas; las licencias y la seguridad jurídica que ello podría brindar.

De los indicadores antes descritos y otros que han surgido sobre la marcha, nace el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, el cual fue aprobado en segunda lectura por la Cámara Alta de nuestro país. No obstante, existen elementos que merecen ser repensados y sobre los cuales deben generarse los consensos necesarios para contar con una legislación que no dé lugar a vacíos o lagunas jurídicas.

En el día de hoy, agradecemos contar con el privilegio de dialogar respecto a esta temática acompañado de dos connotados expertos en el tema: el General Amílcar Fernández, quien es Director Ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; y Lucile Houllemont de Gamundi, presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad. Ambos abordan esta temática en su día a día, por lo que sabemos que sus opiniones serán trascendentales y sustanciosas para construir el buen curso del diálogo que esperamos sobre este proyecto.

La FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), agradece también la participación de los demás invitados y proponemos que todos nos aboquemos a reflexionar profundamente sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada y todos sus aspectos prácticos, puesto que se trata de un tema que concita la preocupación ciudadana, cuya solución deberá brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho.

Muy buenos días a todas y todos.

25 de octubre del 2017.