FINJUS RESPALDA INICIATIVA DE CELEBRAR DEBATES ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA, EL CONGRESO Y MUNICIPIOS Featured

La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) considera que los debates electorales comportan una práctica eminentemente democrática, en tanto se celebren de forma plural y en condiciones de igualdad. Son eventos que se fundamentan en los principios del pluralismo político (entre las fuerzas contendoras)[1], la tolerancia, igualdad, imparcialidad y neutralidad políticas (que deben guiar a quienes dirigen los debates), la libertad de expresión y el derecho a la representación (que refuerzan los vínculos entre los candidatos y el electorado).

 

La doctrina comparada señala que, desde un punto de vista normativo, los debates entre candidatos son herramientas que mejoran “la calidad de la democracia a través de diferentes canales: por un lado contribuyen a la formación de un electorado más informado y racional y, por el otro, le brindan a los políticos la oportunidad de conseguir el consenso de la ciudadanía”. Se han señalado, además, que este tipo de prácticas contribuyen a la “legitimación de las instituciones democráticas y a la sociabilidad política entre los electores.”

 

Los debates públicos en el torneo electoral son un fenómeno relativamente reciente en el continente Americano. El primer debate que se transmitió por televisión fue en Estados Unidos, entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en 1960. Este encuentro histórico supuso el inicio de una tradición política norteamericana, donde los candidatos presidenciales, cada vez que hay una contienda electoral realizan una serie encuentros donde tratan política exterior, política interior y temas generales de vital importancia para los ciudadanos.

 

Pero, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, esta práctica en su momento no se incorporó a la “cultura política institucional” latinoamérica. Los debates comenzaron a ser realizados en América Latina a partir de la “tercera ola” de democratización, es decir, después de la transición de regímenes dictatoriales a sistemas democráticos. Desde entonces se han celebrado debates en la mayoría de los países de la región: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Haití, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Ecuador (en estos últimos tres países se han realizado de forma intermitente) y más recientemente en Argentina, con un debate efectuado en la segunda vuelta del torneo electoral.

 

En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos realizados por un sector del empresariado y los medios de comunicación desde la década de los 90. En la actualidad, ante la falta de compromiso político para la realización de los debates electorales por iniciativa privada, la Junta Central Electoral (JCE) ha propuesto que se instituyan mediante una ley que obligue al debate entre los principales candidatos presidenciales.

 

Ante la propuesta del órgano electoral, FINJUS considera prudente visualizar la experiencia comparada para fijar una opinión fundada acerca de la certeza de establecer regulaciones jurídicas sobre los debates electorales, puesto que existe un abanico de opciones posibles que pueden ser tomadas en consideración. En cualquier caso, es importe destacar que autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación están llamados a jugar un rol determinante en la organización de los debates electorales para otorgar mayores niveles de legitimidad y confiabilidad.

 

Una mirada hacia los Estados Unidos, país con un arraigo muy fuerte en los debates electorales, permite advertir la ausencia de una regulación específica. Más bien, existen algunas normas aisladas en la legislación electoral que establecen cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates”. Ahora bien, la celebración de éstos deben respetar escrupulosamente las normas constitucionales y en general el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, para lo cual se ha creado la Comisión de Debates Presidenciales a nivel federal.

 

En Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, y México existen regulaciones jurídicas tangenciales o mínimas para los debates. En el caso de Colombia, por ejemplo, “los debates se realizan por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial” (Ley 996 de 2005). Por lo que respecta a la regulación en México, con la reforma electoral de 2007-2008 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (COFIPE), se logró la institucionalización de los debates entre candidatos para el cargo de presidente de la República, escuchando previamente las propuestas de los partidos

En México, el Consejo General es el instituto competente para organizar los debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promover, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

 

Los debates pueden ser realizados tanto por los organismos de regulación del proceso electoral, como por la sociedad civil y los medios de comunicación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica es uno de los encargados de la realización de los debates; en México, el Consejo General y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Perú. Este último se involucró de lleno en la organización de los debates en procura de asegurar un ejercicio de “voto informado”[2], es decir, dotar a los electores de mayores niveles de información. “Por primera vez en la historia democrática del país el Estado asumió la responsabilidad de organizar el debate de ideas y programas de los candidatos a cargos públicos municipales, presidenciales.

 

En Costa Rica, por medio de la resolución 4099-E8-20094, el Tribunal Supremo de Elecciones dejó bajo la responsabilidad de los medios de comunicación privados la capacidad de fomentar y organizar debates con algunos de los candidatos a la presidencia. “De la misma manera, la autoridad electoral organiza también debates que son transmitidos por los medios de comunicación estatales, para los que sí están obligados a invitar a todos los candidatos electorales [principio de pluralismo] según lo determinó la Sala Constitucional en 1998.” En Brasil, en cambio, la ley no establece una autoridad a cargo de los debates, pero sí establece requisitos vinculados con criterios de selección de participantes y reglas de juego claramente establecidas.

 

En algunos países de la región las cadenas de televisión son promotores activos de la realización de debates electorales: CNN, por ejemplo, ha promovido y organizado debates para las elecciones presidenciales de Ecuador y Nicaragua en 2006, Guatemala en 2007, Paraguay en 2008 y El Salvador en 2009.

 

En el caso de España no hay una regulación expresa sobre debates, sino que se realizan por cultura política. Es preciso destacar que existen iniciativas para “regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo de reconocido prestigio”.

 

Sin embargo, en Italia la Ley No. 28 de 2000, regula la participación de los candidatos en los debates electorales y su presencia en la televisión durante el período de campaña previo a los comicios. Esta legislación establece que todos los candidatos deben ser tratados con total igualdad, sean del partido que sean, es decir, todos deben gozar de la misma cuota de pantalla y en las mismas franjas horarias. Cabe destacar, que en la normativa italiana no prevé sanción cuando los candidatos se niegan a participar en los encuentros.

 

En Alemania los debates se celebran desde hace cuatro décadas. Antes de cada cita electoral se realizan los encuentros con dos formatos diferentes. Uno es el “Elefantenrunde” o ronda de los elefantes, donde todos los partidos con representación parlamentaria son invitados a participar. Otro es el llamado "duelo televisivo" entre los dos grandes partidos.

 

FINJUS considera que los debates constituyen una sana práctica democrática que debe de ser instaurada en República Dominicana, ya sea mediante pactos políticos (como la mayoría de los países de la región), o mediante ley (como en Colombia, Brasil, Costa Rica y México), siempre y cuando su regulación no signifique un requisito para el ejercicio del sufragio pasivo[3], es decir, que impida sustentar su candidatura. En la experiencia comparada no se visualiza la práctica de limitar el derecho a presentar candidaturas por negarse a participar en los debates electorales. Se ha considerado, incluso, que resultaría inconstitucional imponer la obligatoriedad de los debates como un requisito para presentar una candidatura electoral.

 

Sin lugar a dudas, el debate preelectoral es una herramienta útil para que la opinión pública se informe de los propios actores políticos sobre sus programas de gobierno y proyectos legislativos de los partidos, frente o agrupaciones políticas. Éstos constituyen una oportunidad para que los electores conozcan, de manera sencilla y sumaria, los lineamientos de los programas de sus candidatos, necesariamente expresados en un formato de difusión fácilmente comprensible. De ahí la importancia que pueden asumir para los candidatos y las consecuencias negativas a que se exponen por su inasistencia. El reforzamiento de la cultura política y la institucionalidad democrática constituyen así la vía para imponer la sanción natural al candidato ausente: la pérdida de confianza ante el electorado.

 

Es imprescindible que los debates organizados por el órgano electoral garanticen los principios de pluralidad e igualdad, para evitar la inducción de la opinión electoral, pues como ha señalado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, “no existen candidatos presidenciales de primera y segunda categoría, solo existen candidatos presidenciales con idénticos derechos y obligaciones, garantizados por la propia Constitución y los principios del Estado Democrático Social de Derecho.” Ahora bien, si los debates son organizados por entes privados se ha reconocido un cierto margen de apreciación a la hora de seleccionar a los candidatos participantes, en función del interés popular que despierten las candidaturas, como bien ha señalado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: un candidato que no genere un interés público apreciable puede ser excluido del debate organizado por una organización privada.

 

FINJUS considera además, que el tema de los debates podría situarse en la regulación de la campaña electoral, siempre y cuando, se realice la valoración de toda propuesta normativa electoral que, siendo compatible con la Constitución, contribuya a incrementar la “calidad democrática” de los partidos políticos y a facilitar el ejercicio de un sufragio “informado” para los ciudadanos.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

7 de noviembre de 2017

 

[1] Es evidente, pues, que el principio del pluralismo político se matiza en este caso con el empeño de que los partidos minoritarios con representación tenga participación en los debates.

[2] http://www.votoinformado.pe/noticia-20110609-01.htm

[3] Es el derecho individual a ser elegible para los cargos públicos.

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