FINJUS PRESENTA ELEMENTOS PARA UN BALANCE INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017 Featured

Al finalizar cada año es común que las instituciones públicas y privadas realicen un ejercicio de evaluación de los resultados alcanzados en los diferentes niveles y áreas, de cara a extraer lecciones que permitan avanzar en el logro de los objetivos y metas nacionales, sectoriales o locales y permitan un diálogo entre el Estado y la sociedad.

 

Por ello desde Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) deseamos compartir con todos los sectores sociales y sus organizaciones algunas reflexiones que contribuyan a realizar un ejercicio constructivo de balance del año 2017 que concluye en pocos días. En este sentido queremos pasar revista a algunos hitos del quehacer gubernamental y/o estatal, en especial del sistema de justicia, que ayuden al país a ponderar los retos que deberemos enfrentar de cara al próximo año 2018.

 

Como en años anteriores, FINJUS resalta la distancia que existe entre las propuestas, metas, planes y estrategias nacionales, y los resultados inmediatos que se obtienen en el camino de lograr la institucionalización que demanda el desarrollo nacional y la convivencia pacífica y armoniosa entre todos los sectores. Al tiempo que reconocemos avances destacados en varias áreas estratégicas ligadas con la seguridad ciudadana o algunos servicios fundamentales, como es el caso de la educación, deploramos que los factores principales que contribuyen a la percepción negativa de la calidad de la democracia y de la seguridad jurídica no hayan registrado mejorías sustanciales.

 

Los grandes indicadores de esta última afirmación se encuentran en la pobre calificación del país en temas vitales como la competitividad en el mercado internacional; los bajos índices de salud y la grave situación en que se encuentran muchos centros o la mala calidad de la relación entre los actores de ese sistema; las fallas agudas de los sistemas de control y consecuencias en compras públicas y los mecanismos de licitaciones y contrataciones; el incremento de la presencia del crimen internacional organizado; la efectiva coordinación de los órganos de la Administración Central, lo que da lugar a duplicidades y gastos superfluos; la falta de transparencia  y de responsabilidad fiscal y presupuestaria y el aumento de la percepción de impunidad que arropa el sistema de justicia, especialmente en el área penal.

 

Sin ser exhaustivo en el análisis, FINJUS desea aportar algunas reflexiones en los ejes claves antes mencionados, con el único propósito de contribuir con las autoridades a la búsqueda de las soluciones adecuadas a cada uno de ellos y aportar a las organizaciones sociales nuevo elementos para fortalecer sus demandas para que el Estado rinda cuentas y aplique sanciones donde existan delitos y deficiencias, lo que debe hacerse con objetividad y aplicando las garantías constitucionales.

 

Nos preocupa en primer lugar las debilidades institucionales del Sistema de Justicia, que se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad, al entenderse como un elemento esencial para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Encontramos que al final del 2017 persisten las debilidades identificadas en diagnósticos y estudios recientes, y que lamentablemente alimentan la desconfianza ciudadana, lo que convierte en este aspecto en uno de los principales desafíos del Estado y sociedad de manera que logre su mejoramiento y renovación en los años venideros.

 

En este aspecto es oportuno destacar que en nuestro sistema persisten zonas de penumbra, siendo notorio que no se han alcanzado los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Para analistas y expertos esto contribuye al resquebrajamiento de su legitimidad a causa de los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

A lo anterior se suma la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aplicar la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia como ordena la Constitución.

 

Como aspecto positivo, cabe destacar el fortalecimiento de la Inspectoría del Poder Judicial concretizado en este año, el cual ha permitido la implementación de múltiples procesos de evaluación de los integrantes de ese poder del Estado. No obstante, debe ser una meta a corto plazo adecuar estos procesos y los disciplinarios derivados de ellos, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley contenido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución: debido proceso de ley.

 

En el ámbito del sistema nacional de Compras y Contrataciones Públicas observamos y valoramos muy positivamente los esfuerzos que se realizan para mejorar su modelo normativo actual, que es uno de los factores que ha contribuido a entorpecer el esfuerzo por la transparencia que se realiza en algunos sectores estatales, conscientes de que las leyes actuales dejan múltiples brechas que facilitan manejos irregulares de los fondos del erario. Todo lo cual contribuye a elevar el malestar social y a empañar las posiciones del país en los indicadores económicos y sociales, tal como se vienen reflejando en estudios internacionales que nos sitúan en posiciones desventajosas respecto a otros países de la región.

 

Valoramos positivamente en este balance el conjunto de iniciativas del Poder Ejecutivo encaminadas a la estructuración de un programa de gobierno adecuado a los nuevos tiempos, denominado “República Digital”, con enfoque de la utilización de las TICS en materia educativa. De manera particular, saludamos el proceso impulsado por el Ministerio de Educación para realizar la evaluación del desempeño e inspectoría de su cuerpo docente administrativo, a fin de medir el resultado de las políticas públicas a favor del derecho a la educación y de la inversión que la sociedad dominicana hace en esta materia.

 

Con relación a la Seguridad Ciudadana, ha sido muy positivo el conjunto de medidas que se avanzan para la implementación gradual del Plan Estratégico de la Policía Nacional, así como la adecuación de todas sus estructuras internas a lo establecido en su Ley Orgánica. Deben aplaudirse las acciones que se han realizado para mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los agentes policiales, la adecuación de su presupuesto y los procesos que deben llevar a la creación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e integridad en el cuerpo policial. Apoyamos todas las iniciativas conducentes a castigar a los agentes que se desvían de de su compromiso el combate del crimen, y que la sociedad percibe como alarmante la participación  de malos policías en delitos y crímenes.

 

Ha sido positivo el inicio de una serie de programas que conducen a prestar atención a uno de los temas más graves de la seguridad ciudadana, que lo constituye la violencia al interior de las familias y especialmente hacia las mujeres. La sociedad ve esperanzada que el Ministerio Público sentó las bases de un plan especial para prevenir y combatir la ola incesante de violencia de género e intrafamiliar que arropa nuestro país, lo  que deberá contribuir a crear programas e iniciativas para enfrentar este flagelo que lleva luto y desolación a muchos hogares.

 

Aplaudimos como una medida positiva en el 2017 que el Gobierno central haya extendido la cobertura del sistema de emergencia 911 a la zona norte del país, a partir de las oficinas centrales que funcionan en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

 

Dentro de los aspectos que la sociedad viene señalando críticamente se destaca el fracaso en adoptar unas nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, las cuales quedaron nuevamente sobre la mesa del Congreso Nacional, en una clara señal, de acuerdo a expertos y comunicadores, de que al parecer no existe la voluntad de atender los reclamos sociales para que la transparencia, la democracia y el juego limpio sean las bases de la conducta de estos entes públicos. FINJUS reitera que  mientras dicha Ley no sea adoptada y aprobada con el consenso de toda la sociedad, no se superarán las formas espurias de hacer política en el país basadas en el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de democracia al interior de los partidos.

 

Otro limbo jurídico desventajoso, especialmente para el sistema de justicia penal, lo constituye la situación del proyecto de ley del nuevo Código Penal a causa de no generarse los consensos necesarios en un único debate: el tema de la interrupción del embarazo. La no promulgación del Código Penal debido a razones que no son propias de una discusión penal sino de salud pública, ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se interrelaciona con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, de impunidad y percepción de inseguridad ciudadana debido a que no contamos con los nuevos tipos penales y las sanciones adecuadas de los nuevos delitos y crímenes que enfrentamos.

 

Un elemento esencial de un balance del 2017 es el hecho sin precedentes de graves y complejos casos de corrupción que ingresaron al sistema de justicia. Se destacan los expedientes sobre el  CEA, CORDE, OMSA, Los Tres Brazos y ODEBRECHT, que han puesto nuevamente en evidencia las debilidades en las instituciones públicas y que, según los analistas, generaron en la población mayor desconfianza tanto en el sistema político como en el Poder Judicial.

 

A partir de este balance del año que finaliza, consideramos como grandes desafíos para 2018, entre otros, los siguientes:

 

  • la democratización del Poder Judicial, a fin de fortalecer la independencia interna y externa de sus miembros; de igual forma, lograr la consecución de la autonomía presupuestaria de este podermediante la asignación íntegra de la partida que le corresponde por ley para asegurar cuestiones como la tecnificación de los actores que interactúan en el sistema de justicia.

 

  • El logro de una mayor coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del sistema de justicia (Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública, Poder Judicial) para el fortalecimiento de cada uno de ellos y del propio sistema en sí.

 

  • El reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios, endeudamientos externos y déficits fiscales de años anteriores.

 

  • El combate del entorno amigable y permisivo dentro de los organismos oficiales, así como erradicar las estructuras de poder que ha desarrollado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, en nuestro país. El Estado debe encaminarse a desarticular todas las redes de apoyo que se han creado al interior de los organismos estatales, que dan soporte, pasan informaciones o simplemente descuidan sus responsabilidades, para facilitar la entronización del crimen organizado

 

  • La definición, con mayor precisión y claridad, de la política nacional de seguridad ciudadana, para que comprenda nuevos programas, proyectos, recursos adecuados y mecanismos rectores y operativos para su ejecución, dando prioridad a la coordinación institucional que se requiere. Aún persisten áreas oscuras tanto en la persecución como en la prevención de la violencia y el crimen.

 

2018 llega cargado de grandes retos y oportunidades. La sociedad reclama que los Poderes del Estado den respuestas firmes y acertadas a los desafíos que han quedado pendientes luego de aprobadas e iniciadas las reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos la necesidad de propiciar escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio de la consolidación institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

19 de diciembre del 2017.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

SDG Twitter Slider

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do