FINJUS considera sería un grave atentado a la democracia si se declara la inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14

Varios medios de comunicación han recogido en sus páginas en los últimos días una información que da cuenta que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

Para quienes estamos identificados con la tarea de consolidar nuestro régimen democrático, garantizar los derechos fundamentales de las personas y fortalecer los mecanismos para que la institucionalidad democrática descanse sobre normas, procedimientos y principios compartidos, resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia.

Es altamente conocido que la Ley 169-14 fue adoptada en el Congreso Nacional en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168/13, que colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y de sus vías de solución.

La Ley 169-14 fue adoptada como resultado de un amplio consenso político y social, procurando paliar la aguda polarización provocada en la sociedad dominicana sobre la naturalización de inmigrantes y su estatuto legal. Era tal la exacerbación de los ánimos que desde el momento de su promulgación, algunos sectores levantaron el argumento de su inconstitucionalidad.  Sin embargo, nadie osó desafiar el consenso político y social en que se ha sustentado.

Pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta Ley, la misma ha comenzado a dar frutos en la dirección esperada. La muestra más reciente de ello es que en la semana pasada nuestro país salió de la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto es, del Capítulo IV.B del Informe de este órgano sobre negación de nacionalidad y de derechos políticos. Se valoró el cambio del tono y la actitud que han adoptado el Estado y diversas instituciones en el país en torno al tema, lo que se traduce en un paso de avance sobre el cual no podemos retroceder.    

A raíz de la socialización de la Ley No. 169-14 y de las notorias medidas que se han venido tomando respecto al tema, nuestro país ha instalado una Mesa de Diálogo con las autoridades dominicanas y los grupos que se vieron afectados en el pasado por la Sentencia 168/13. Gracias a esto, la CIDH decidió resaltar esta voluntad política y colocar al país en una categoría en materia de derechos que fortalece sobremanera la institucionalidad y la seguridad jurídica.

En este sentido nos sorprende que luego de conocerse esta importante decisión, se esté ventilando en la opinión pública que en breve el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley 169-14, lo que a nuestro juicio pone en entredicho su carácter de órgano político creado por la Constitución para proteger  los derechos fundamentales, la democracia y fortalecer la institucionalidad.

Desde FINJUS valoramos que una sentencia del TC de esa naturaleza supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de nuestras instituciones.

Una sentencia como la que se anuncia representaría un golpe a nuestra gobernabilidad y la estabilidad democrática, ya que pretendería erigir al TC como el centro de las decisiones políticas e institucionales y no como el árbitro y garante en nuestra democracia, al margen de las decisiones adoptadas de manera legítima por poderes públicos y en el marco de una estricta legalidad.

Entendemos que al calor de la polarización lamentablemente creada y haciéndose eco de un falso sentido de inminente peligro social y político de nuestro orden constitucional, algunos miembros del TC se apresten a recorrer una senda que de antemano advertimos está plagada de graves riesgos para la institucionalidad democrática.  Adoptar una decisión como la que se anuncia abriría las puertas para que el Congreso Nacional ponga en ejercicio sus funciones de control político  de los actos de las instituciones, lo que abre incluso la posibilidad de un juicio político a sus miembros. Este sería el peor de los escenarios que necesita nuestro país.

Exhortamos a la ciudadanía y sus organizaciones representativas a dar estricto seguimiento a esta lúgubre perspectiva que se abre en el panorama institucional de la República Dominicana.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

2 de abril del 2018.