Día del Poder Judicial: Balance del sistema de justicia 2018 Featured

En ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, desde FINJUS deseamos compartir nuestras reflexiones para un balance del sistema de justicia en el 2018 y aportar al análisis de sus retos desde la perspectiva de la sociedad.

 El Poder Judicial es la institución encargada de aplicar las reglas que rigen las demás instituciones; por ello su rol es central en el Estado de Derecho. Por eso al hacer un balance general del sector debemos tomar en cuenta ciertos indicadores de confianza, para medir la calidad y eficiencia del sistema de justicia en 2018. Extendemos nuestro análisis al Ministerio Público, enfocando los principios que rigen su actuación legítima, en un marco de responsabilidad y búsqueda de la eficiencia y como ente director de la política del Estado contra la criminalidad y representante de los intereses de la sociedad. Dedicamos espacio a la labor de la Defensa Pública, órgano esencial en el sistema de justicia penal.

 

  1. Poder Judicial.

 

La FINJUS ha expresado en muchas ocasiones su preocupación en torno a la persistencia de problemas del sistema de justicia que fueron planteados al iniciar la ola de reformas del 1997. Reconocemos las mejoras en la calidad del servicio judicial y en los aspectos infraestructurales, tecnológicos y operativos, tal como fueron planteados en la Cumbre Judicial Nacional.

 

Ha sido un proceso complejo y tortuoso el que ha recorrido el Poder Judicial para encarar la superación de antiguos obstáculos que han identificado las organizaciones sociales y analistas, como son la injerencia de la política partidaria en el sistema y las debilidades en el manejo interno de los conflictos internos. En este aspecto percibimos un mayor empoderamiento de la ciudadanía en su observación de los temas cruciales de este Poder y en su compromiso de incidir de cerca en la toma de decisiones públicas y la gestión de las instituciones estatales.

 

Desde el punto de vista jurídico y político la independencia del Poder Judicial no depende de sí misma. Siendo un poder contra mayoritario, que se configura a través del ejercicio de las facultades de otros poderes, es decir, por democracia indirecta, es importante identificar sus vulnerabilidades y que los actores políticos y la sociedad civil puedan generar compromisos para su fortalecimiento permanente. Por eso llamamos a proteger al Poder Judicial de los ciclos y conflictos electorales.

 

En 2018 quedó evidenciado que la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial no puede postergarse más. Hemos reiterado que es un mandato constitucional que al Poder Judicial se le destinen los recursos que dispone la ley. No deben existir leyes que no se cumplen año tras año sin considerar el daño que producen a la independencia de ese órgano del Estado, sin medios  para alcanzar sus metas de crecimiento y eficiencia en los servicios.

 

Valoramos la adopción de importantes decisiones para reforzar la gobernabilidad interna, tal como lo reconoció la Cumbre Judicial. Deben continuarse las tareas pendientes y emitir los reglamentos que reflejen los consensos internos y acometer adecuadamente la ejecución y aplicación de los mismos. Destacamos la trascendencia de que en algunas áreas, como el sistema de inspectoría y seguimiento, a cargo del Consejo del Poder Judicial, se hayan producido innovaciones que expresan más claramente la voluntad de generar nuevas prácticas. Las actividades realizadas para dar cuenta de los avances de la ejecución de los acuerdos de la Cumbre Judicial son también elementos muy positivos en ese camino.

 

Quedan pendientes como retos el mejoramiento de los niveles de la mora judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral. Asimismo continuar con la depuración de algunas áreas, como la Jurisdicción Inmobiliaria, donde persisten las irregularidades y prácticas dolosas, según los medios.

 

Consideramos que los puntos anteriores plantean la urgencia que tiene el Poder Judicial de rescatar la confianza de la ciudadanía, ya que de acuerdo al índice que recoge el Latinobarómetro 2018 en este aspecto es de apenas 21%, por encima del Congreso Nacional con 20% y el Poder Ejecutivo con el 22%. En esta misma dirección se señala que es imprescindible que la acción jurisdiccional conduzca al establecimiento de sanciones penales en los casos de fraude y corrupción en curso, siempre con el mayor apego a las garantías del debido proceso.

 

Uno de los mayores retos que el sistema de justicia enfrentará en los próximos días tiene como marco el Consejo Nacional de la Magistratura. FINJUS, haciéndose eco del clamor de la sociedad y sus organizaciones representativas, reclama que el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas. Producto de esa evaluación, la eventual designación de nuevos miembros de esa alta corte deberá apegarse a la Constitución, las leyes y los reglamentos. A la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo.

 

  1. Ministerio Público.

 

A lo largo del 2018, el Ministerio Público tuvo que lidiar con hechos que marcaron significativamente su labor. Por un lado, al igual que sus homólogos de la región, hizo frente al proceso ODEBRECHT, que es una consecuencia de la operación “Lava Jato” iniciada en Brasil en marzo de 2014.

 

Otro tanto ocurrió con temas de especial interés social, como los casos que por su naturaleza especialmente violenta, perversa o corrupta, generan demandas de sanciones “ejemplares”. En lo institucional, hizo frente al concurso interno para la promoción de los titulares de diversas Fiscalías y Direcciones de dicho órgano. Y fue el año en que la temática de la violencia de género se situó en el centro de su agenda, convirtiéndose en un tema clave para este balance.

 

En ese sentido, tal como ha sido manejado el caso Odebrecht y otros casos de corrupción de alto interés de la ciudadanía, confiamos en que el Ministerio Público podrá tener una reflexión permanente sobre su estrategia de lucha contra la criminalidad y observar si sus recursos se dirigen hacia los puntos más sensibles o si se mantiene la dicotomía entre las demandas sociales y el enfoque puramente estatal. Esta disyuntiva afecta a los modelos que usan para enfrentar temas sensibles, como la violencia de género y el sistema penitenciario, donde las percepciones sociales a veces chocan con las prioridades institucionales.

 

En el marco del perfeccionamiento de los miembros del Ministerio Público un elemento central es el de la formación de sus aspirantes y su actualización permanente, donde se refleja una gran labor desde la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sigue pendiente la discusión sobre cómo consolidar los mecanismos institucionales para eliminar la percepción de que existe cierto grado de subjetividad en la escogencia de los que finalmente recibirán formación en ella.

 

Una segunda cuestión que el Ministerio Público debe tener presente de cara al 2019, es la percepción de la ciudadanía sobre la ética de sus miembros. Este elemento no radica solamente en la construcción de una imagen institucional, sino en cómo la sociedad percibe los actos de sus miembros en las comunidades donde actúa, para erradicar la creencia de que algunas de sus acciones reflejan la influencia de cúpulas políticas o intereses particulares. Incrementar la confianza ciudadana es la base de la relación de los fiscales y la sociedad.

 

Finalmente, quizás el reto más significativo para el Ministerio Público, no sólo  en 2019 sino desde su creación misma, es alcanzar una real independencia funcional frente a los Poderes del Estado, sobre todo del Poder Ejecutivo, haciendo valer la intención de que subyace al artículo 171 de la Constitución, que lo estructura de manera autónoma. Como el tema nos preocupa, desde FINJUS hemos invitado a la reflexión sobre si la designación del Procurador General de la República debe seguir siendo una atribución absolutamente potestativa del Ejecutivo, en aras de una mayor independencia y autonomía. Sería altamente saludable para nuestro régimen jurídico que en su elección se introduzcan ciertos parámetros de equilibrio, para convertir al Ministerio Público en un verdadero órgano extra poder, como en cierto modo ya lo bosquejó el Tribunal Constitucional en el precedente TC/0001/15.

 

  • Oficina Nacional de la Defensa Pública

 

Pese a la importante labor que realiza la Defensa Pública dentro del sistema de justicia penal, reconocida por todos los medios y sectores sociales, en 2018 fue afectada por las precariedades derivadas del poco apoyo presupuestario de parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

 

En 2018 la Defensa Pública tuvo a su cargo el 71% de todos los casos penales, evitando el colapso del sistema penal, abrumado por la mora judicial, la sobrecarga de los centros penitenciarios por el abuso de la medida de privación de libertad y la indefensión de la mayoría de los imputados. Persiste la necesidad del nombramiento de más de 200 defensores que se requieren para un servicio de calidad y la apertura de por lo menos 9 oficinas adicionales en algunos distritos judiciales. Es importante resaltar y reconocer el proceso de fortalecimiento institucional de la Defensa Pública, que ha renovado su Dirección, muestra de la vitalidad de su gestión en los últimos años.

 

7 de enero del 2019

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