La sociedad dominicana sufrió en las últimas semanas algunos de los efectos negativos de las deficiencias y distorsiones institucionales que arrastramos desde hace tiempo. A la crispación política descontrolada se unieron otros elementos indeseables, como fueron algunas muestras de autoritarismo e intolerancia, cerrazón al diálogo y conflictos partidarios, que se convirtieron en reales amenazas para la estabilidad y la calidad de la democracia en el país.

Numerosos sectores advirtieron de los graves riesgos de estos fenómenos en la economía, la convivencia pacífica y el normal desenvolvimiento de la mayoría de las actividades sociales. Desde los medios de comunicación, las iglesias, los sectores productivos y las comunidades se insistió en la necesidad de rectificar un rumbo que nos conducía a la incertidumbre o el caos.

Se reconoció que, aunque el conflicto al interior de los partidos o entre ellos es inevitable, lo sensato es siempre conducirlo, regularlo y controlarlo en base a reglas democráticas, previamente existentes, legitimadas y consensuadas. Esas bases normativas ya existen tras la adopción de las leyes de partidos políticos y el régimen electoral, aunque tardaron más de 20 años en el Congreso para ser aprobadas.

Hemos padecido los efectos de haber mantenido un sistema de partidos que ha actuado sin control del Estado, en un marco de impunidad y en medio de una lucha por el dominio de los puestos de representación política para garantizar su inmunidad. Parecería que la clase política dominicana se hubiera separado de la sociedad, concentrándose casi exclusivamente en sus intereses particulares y desdeñando las reglas y normas democráticas.

Para lograr sus fines de poder y control han cultivado e impuesto modelos antidemocráticos como son el caudillismo, el autoritarismo y el clientelismo, generando estrategias dirigidas a alcanzar el poder, mantenerse en él y obstaculizar el desarrollo y ascenso de los adversarios y las nuevas generaciones.

Otros elementos vinculados a esta grave situación lo constituyen la permisividad y falta de control sobre órganos estatales a cargo del Poder Legislativo, como reflejan la inoperancia de la Cámara de Cuentas o de las Comisiones de Investigación previstas en la Constitución para el manejo de casos especialmente sensibles.

Nos causa gran preocupación que en los últimos tiempos se percibe el deterioro de funciones estratégicas del Estado en sus diferentes órganos, lo que impide una adecuada coordinación para la definición de políticas públicas sobre los ejes fundamentales del desarrollo nacional. Algunos expertos han alertado que los grandes programas y políticas públicas en las áreas de la educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente o infraestructura parecen ir corriendo en vías paralelas y divergentes.

Pese a los grandes esfuerzos realizados en los últimos 50 años para reformar el Estado, aprobar nuevos códigos y leyes modernas, remozar las instituciones, profesionalizar los funcionarios públicos y promover la integridad y la transparencia, diferentes especialistas señalan que el país parece estar a merced de las decisiones o la voluntad de unos pocos líderes que actúan por encima de las normas y procedimientos, indiferentes al apego del debido proceso y ajenos al ideal del imperio de la ley.

Afortunadamente, algunos de los elementos que ensombrecieron el panorama dominicano en los últimos meses han comenzado a disiparse y podríamos retomar el curso que dictan las leyes para la renovación de los órganos propios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de los gobiernos municipales. Parecería que la sensatez, la racionalidad y la prudencia han regresado para regir el destino de los órganos y personas para afrontar los grandes retos que el país tiene hasta el 16 de agosto de 2020.

Pese a lo anterior FINJUS expresa su gran preocupación por algunos mensajes y propuestas que vuelven a intranquilizar al país, en la dirección de que la sociedad, las instituciones estatales, los partidos y la ciudadanía en general se aboquen a discutir una reforma constitucional sobre aspectos que son medulares, pero desde unas bases inciertas.

Se pretende reeditar la vieja y dañina práctica de crear nuevas leyes, reformas constituciones o adoptar reglamentos, políticas o programas de manera improvisada e irracional, sin medir las consecuencias y efectos que podrían generarse si son aprobadas.

La Constitución y el conjunto de la normativa de nuestro ordenamiento jurídico es perfectible y tenemos bastantes indicios de que algunos órganos y  disposiciones que se han diseñado pueden y deben ser modificados para que sean más efectivos y contribuyan a incrementar la calidad de nuestra democracia.

Pero este no es el momento de reformas constitucionales. Es el tiempo de que las instituciones responsables asuman su rol para garantizar el desarrollo de los procesos políticos y electorales que requiere la democracia y la sociedad para consolidarse. Es el momento de dar a la Junta Central Electoral, al sistema electoral en su conjunto y a los partidos políticos la oportunidad de que cumplan con responsabilidad sus atribuciones constitucionales y legales, para que el pueblo dominicano, de manera transparente y sin coacciones de ningún tipo, ejerza su soberanía y escoja democráticamente a sus representantes y autoridades.

Cualquier medida que distraiga al país de este camino podría conducirnos a situaciones peores que las que vivimos en las últimas semanas, las que afortunadamente están en vías de resolución.

Es la hora para que los poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones sociales y la ciudadanía en general actuemos con moderación, en el marco de nuestro modelo democrático, y con el máximo de racionalidad, sabiduría y legitimidad.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

28 de julio, 2019