Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) es crucial que la sociedad dominicana acoja los planteamientos de diversos ámbitos jurídicos y de especialistas que señalan la urgencia de la elaboración de un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana. Si bien se ha consensuado en la necesidad de un acuerdo de esa naturaleza, aún no se han identificado los elementos prioritarios que permitan diseñar las propuestas concretas y prácticas que resulten en soluciones reales a nivel local, regional y nacional.

Tal como se ha indicado en numerosas ocasiones, el punto neurálgico de las preocupaciones de la ciudadanía se concentra en el mejoramiento de la dramática situación actual de la inseguridad ciudadana, expresada en actos violentos, delitos y crímenes que afectan la vida cotidiana de las personas y las comunidades. No obstante, al momento de elaborar planes, estrategias y medidas concretas debemos partir de una visión adecuada de los principales problemas prioritarios.

Para FINJUS un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana debe estar basado en cuatro pilares: el abordaje integral de las distintas manifestaciones de violencia (social, de género, intrafamiliar y comunitaria, entre otras); el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos; el reforzamiento de la seguridad a nivel global, municipal y comunitario y por último, la transformación de la Policía Nacional y el mejoramiento de la efectividad del sistema de justicia penal.

Sobre cada aspecto anteriormente mencionado, podrían desarrollarse múltiples aristas. En primer lugar, resulta importante que los planes de seguridad se enfrenten desde un enfoque comunitario, basado en la recuperación de los espacios públicos y el involucramiento de las Alcaldías en la seguridad propia de los municipios. Asimismo, en lo que respecta a la violencia de género e intrafamiliar, se debe adecuar la Ley No. 24-97 para que contemple una serie de aspectos que hagan más efectivos las estrategias de prevención y control, así como el desempeño y coordinación de los agentes estatales involucrados. En otras palabras, incorporar a las leyes y regulaciones en este aspecto los avances en la comprensión de cómo los factores socio-culturales inciden en este fenómeno.

De igual forma, a partir de la evolución que se ha operado en las prácticas del  el narcotráfico, el lavado de activos y otros crímenes trasnacionales, el dinamismo de los organismos del Estado debe estar dirigido a respuestas efectivas que superen la mera judicialización de algunas de sus manifestaciones, como es el caso del micro-tráfico y de paso evitar sus efectos derivados en la vida social.

Finalmente, en lo que respecta a la transformación de las estructuras policiales y/o militares o involucradas en este aspecto, urge redefinir las estrategias únicamente represivas que aún existen al interior de la Policía Nacional, que provocan la desconfianza ciudadana en esta institución.

De lo anterior partimos para afirmar que este Pacto Nacional debe incluir la seguridad con enfoque integral, que es la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas.

Creemos que el sistema jurídico vigente permite hacer realizables los aspectos anteriores y que otros aspectos aún deficientes se resolverán en la medida en que se amplíe el consenso social y el Estado demuestre su compromiso profundo con la solución acordada. Para FINJUS es urgente que la sociedad en su conjunto supere los hermetismos legales y se instalen planes operativos que permitan construir una cultura de paz en la sociedad, que contribuya asimismo a avances en la efectividad de las instituciones en el marco de las leyes y la Constitución.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

12 de septiembre de 2019