Al finalizar 2019, como es tradición, diferentes instancias sociales y medios de comunicación pasan balance a los aspectos más relevantes de la vida política, económica, social e institucional de la República Dominicana. FINJUS se ha unido a este ejercicio con la finalidad de contribuir a la superación de los déficits confrontados de cara a los retos que nos aguardan en 2020.

Resaltamos que en 2019 la República Dominicana avanzó en el enfrentamiento de algunas deficiencias históricas que arrastramos en cuanto al sistema de partidos y al régimen electoral, bases fundamentales de nuestro régimen democrático, pero al mismo tiempo se comprobó la vigencia de actitudes y prácticas tradicionales que entorpecen el camino hacia la instauración de una cultura de transparencia en las áreas vitales de nuestro sistema democrático. Seguimos, en ese sentido, a la espera de las grandes reformas institucionales que ayuden a erradicar la prevalencia del clientelismo, el caudillismo y la corrupción, que distorsionan la expresión de la soberanía popular y el interés general en la vida democrática y la toma de decisiones.

Nuestro enfoque matiza áreas fundamentales del régimen político dominicano, cuyo balance resumimos a continuación y que deseamos compartir con las autoridades estatales y las organizaciones sociales representativas.

Sistema de justicia

Reconocemos, en primer lugar, las mejoras en la calidad del servicio judicial y en los aspectos infraestructurales, tecnológicos y operativos que se vienen realizando. Destacamos la labor del Sistema de Inspectoría y Seguimiento, a cargo del Consejo del Poder Judicial, que evidencia la voluntad de construir nuevas prácticas de gobernabilidad a lo interno del Poder Judicial. Queda  como reto la adecuación de los procesos disciplinarios derivados de ello, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley contenido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución.

Sin embargo, FINJUS constató que a la fecha todavía queda pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica, lo cual resulta un requisito indispensable para el desarrollo económico y social. Lo anterior sintetiza las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad y la comunidad jurídica que, en los últimos 25 años, desde la reforma constitucional de 1994, han sido enarboladas año tras año.

Ese telón de fondo se expresa en la queja reiterada que hemos formulado a los  poderes ejecutivo y legislativo por no aplicar la Ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público No. 194-04, manteniendo a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad, que impide el desarrollo de políticas públicas que aseguren la implementación de la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia, como ordena la Constitución.

Sigue siendo de gran preocupación que el nivel de confianza en el sistema de justicia de la República Dominicana se encuentre entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, manteniendo un 21% de acuerdo a la última versión del Latinobarómetro. Esta cifra continúa muy similar al 20% de confianza que, según el estudio, tiene el Poder Legislativo, y el 22% respecto del gobierno.

Cabe resaltar que la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en 2019, como parte de una renovación institucional, en sentido general estuvo enmarcada en la calidad profesional y las elevadas competencias de los jueces seleccionados. A nuestro parecer, puede esperarse mejoras sustanciales en lo relativo a la gestión interna y avances puntuales respecto de las reformas ya implementadas en el sistema de justicia. Lamentamos que el proceso, aunque inició con grandes expectativas, decayera por la inobservancia del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura en el caso de la Jueza Mirian Germán, así como otros aspectos específicos.

Consideramos que, por lecciones derivadas del proceso de selección y evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura, todavía queda pendiente superar cuestiones tan sustanciales como el apego irrestricto a los procedimientos establecidos en la normativa al efecto y la necesidad de fortalecer la evaluación anual del desempeño de los  magistrados integrantes. En este sentido, se impone reflexionar profundamente en torno al rol del Consejo Nacional de la Magistratura, su integración y, especialmente, si se dispone de las herramientas idóneas para poder verificar de manera integral el desempeño de los jueces o aspirantes a ser evaluados.

Por otro lado, desde FINJUS hacemos énfasis en el hecho de que ha pasado otro año sin que se logre la promulgación de un Código Penal moderno, debido a razones que no son propias de una discusión penal. Entendemos que la no adopción de un nuevo Código Penal ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se relaciona estrechamente con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, impunidad y percepción de inseguridad ciudadana, debido a que no contamos con tipos penales y sanciones adecuadas que abarquen el amplio catálogo de modalidades actuales del accionar delictual.

Un elemento esencial del balance del 2019 es el curso del proceso a nivel judicial del llamado caso “ODEBRECHT”, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que contribuiría a generar mayores índices de desconfianza en dicho sistema.

Sistemas de control

Desde nuestra perspectiva se precisa el reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos a los fines de contrarrestar los agudos déficits presupuestarios, endeudamiento externo y déficits fiscales que se han verificado en los últimos años.

Para ello señalamos la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los órganos de control tanto externo como interno, esto es la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, a fin de articular los procesos de control implementando medidas y acciones contra la corrupción. El caso de la Cámara de Cuentas es recurrente en sus debilidades, que entorpecen la eficiencia y eficacia del régimen de consecuencias en el sistema de justicia dominicano.

Sistema de consecuencias en materia de compras y contrataciones públicas

En el ámbito del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas urge la concreción de la reforma al modelo normativo actual, pues este es uno de los factores que ha contribuido a entorpecer el esfuerzo por la transparencia que se realiza en algunos sectores estatales, debido a que el marco jurídico actual en materia de compras y contrataciones públicas deja múltiples brechas que facilita manejos irregulares de los fondos del erario.

Seguridad ciudadana

Con relación a la seguridad ciudadana, FINJUS entiende que se han dado importantes pasos en orden a la reforma legal que se enfoca en la construcción de una nueva perspectiva. A propósito de lo anterior, debe señalarse que la adopción de la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16, a pesar de haber constituido un paso necesario, no ha reflejado los resultados esperados dados los sistemas estructurales propios de la cultura de esta institución. Así también quedan pendientes los proyectos de leyes de reforma del Ministerio de Interior y Policía, el Código Penal y los reglamentos que se ordenan diseñar desde la citada Ley Orgánica de la Policía Nacional.

A pesar de los diversos programas que se han diseñado, vemos con preocupación que hasta el momento los sucesivos “planes” de prevención y control de la delincuencia no han dado los resultados esperados, generando mayor percepción de inseguridad. Entendemos que, desde su complejidad, la seguridad ciudadana debe ser abordada de manera integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, dando lugar a un efectivo plan nacional que armonice medidas preventivas, reformas legales e institucionales, inversión pública en programas sociales, así como el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades, incluyendo nuevos actores como son los ayuntamientos.

Violencia de género

Esta problemática alcanzó altos picos de alarma social en este año. A pesar de que las informaciones oficiales refieren un descenso del 25 % en el número de feminicidios en 2019, alcanzando la cifra de alrededor de 75 hechos de esta naturaleza a inicios de diciembre, debe destacarse que según estudios en la región esa información refleja la urgencia de abordar este flagelo. Ejemplo de ello es la valoración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.

La situación requiere de la actuación conjunta por parte de los poderes públicos dada la cantidad de entidades que han de tomar acciones enfocadas a trabajar para erradicar esta problemática, que finalmente permitan pasar de la palabra al hecho, diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas en virtud de ejes transversales que hayan sido especialmente definidos al efecto. Con relación a un aspecto específico de la normativa nacional, deben seguirse las exigencias para la eliminación del matrimonio infantil, el cual por sí solo representa una amenaza para el desarrollo humano de las niñas y adolescentes dominicanas, con graves derivaciones sociales.

Crimen organizado

En 2019, entre los hechos que generaron más atención en la opinión pública, se destaca la persecución de un importante personaje vinculado al narcotráfico. Procesos como estos, nueva vez, revelan que debe combatirse el entorno amigable y permisivo dentro de los organismos oficiales a organizaciones delictuales, así como erradicar las estructuras de poder que ha desarrollado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. El Estado debe encaminarse a desarticular presuntas redes de apoyo que pueden existir al interior de los organismos estatales para dar soporte, pasar informaciones o simplemente descuidar de forma intencionada sus responsabilidades, facilitando así el desarrollo de estas estructuras y sus actuaciones.

Es necesario mencionar una vez más que está siendo ponderado en el seno del Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso de Bienes Ilícitos, instrumento normativo que requiere ser revisado y adecuado a los fines de que cumpla con el fin que justifica su aprobación, es decir, constituir una herramienta de política criminal que permita enfrentar el crimen organizado debilitando su poder económico.

Conjuntamente con lo anterior, es necesario prestar atención al régimen penitenciario de la República Dominicana, que si bien ha sufrido transformaciones sucesivas en los últimos años, ya sea ampliando el margen de los derechos de las personas privadas de libertad o procurando la mejora gradual de las condiciones de las cárceles, todavía requiere una reforma integral que erradique prácticas nefastas que agravan los escenarios de inseguridad. Como se pudo observar en el caso de las heridas a David Ortiz, quedaron evidentes las articulaciones delictuales y redes que operan desde los recintos penitenciarios.

Régimen electoral y partidario

Este año se estrenaron los nuevos regímenes electoral y partidario, en sendas leyes aprobadas a los fines de readecuar los mecanismos y actuaciones políticas, pretendiendo subsanar serias problemáticas en el escenario político-electoral. Sin embargo, finalizando la etapa de precampaña de las elecciones a ser celebradas en 2020, se evidencian múltiples situaciones que afectan gravemente el clima de confianza que debe imperar en los procesos eleccionarios.

En este año, en materia electoral, entre otras cuestiones, resaltaron las serias pretensiones de modificar la Constitución. Respecto de ello, entendemos que abogar de manera continua a la reforma de la Constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo, de manera muy peligrosa, condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución a los constantes vaivenes políticos.

De igual manera se evidenció una importante judicialización de los conflictos electorales así como lo relativo a la revisión constitucional de ambas normas. Esto ha venido dando como resultado la eliminación del voto de arrastre mediante sentencia del Tribunal Constitucional, así como también la eliminación de artículos en la legislación de partidos en orden al fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía consignados en la ley sustantiva. Se destaca la experiencia electoral del voto automatizado que representa una mirada hacia la eficacia del proceso electoral. Sin embargo, debe puntualizarse la necesidad de que estos procesos cuenten con altos niveles de confianza, y para ello debe apelarse al consenso de los actores del sistema político.

Quedan retos importantes relativos a la necesidad de fortalecer el sometimiento al orden de los partidos políticos y candidatos mediante el sistema de consecuencias establecido en ambas normas. Para ello el órgano rector del proceso electoral, la Junta Central Electoral, deberá jugar un rol esencial en la aplicación de las sanciones correspondientes en cuestiones de sensible relevancia como son la propaganda permitida, el respeto a los períodos de precampaña y campaña y, especialmente, la fiscalización minuciosa de la ejecución partidaria y de los candidatos respecto a los límites y/o topes de gastos que indica la ley.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

22 de diciembre de 2019