La prórroga del estado de emergencia decretada por el presidente Danilo Medina pone a la orden del día la necesidad de que todos los sectores se encaminen hacia un diálogo que permita articular un gran plan integral que facilite adoptar las medidas más eficientes para combatir la pandemia del Covid -19, mitigar sus efectos y preparar las condiciones para la reactivación económica y social imprescindible.

A los lamentables efectos de la pandemia que ha costado la vida por lo menos 183 personas y mantenimientos en estado crítico a un número similar, se le suma el descalabro de las actividades comerciales, productivas, de servicio y de sectores claves como el sistema educativo nacional , en todos sus niveles. El Estado perderá una parte considerable de sus ingresos fiscales y verá reducidas sus capacidades de planificación y presupuesto, haciendo más restrictivas las condiciones de vida de los dominicanos. A lo anterior se suman la inevitable quiebra de millas de pequeñas y medianas empresas que no tienen problemas los recursos para reacomodarse para un nuevo comienzo y las agudas limitaciones que afectan los sectores tradicionales de la economía dominicana.

En el plano institucional los desafíos que se abren son descomunales, ya que debemos resolver la más grande de todas las tareas en una sociedad democrática, que es la recomposición de la representación popular en los organismos públicos, lo que solo puede hacerse en el marco de elecciones libres, transparentes y equitativas. La celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, reprogramadas para el 5 de julio venidero es vital para el país. El sistema judicial está virtualmente paralizado y observamos con preocupación creciente sus repercusiones, como es el caso del sistema penitenciario.

Todo lo anterior plantea la urgencia de viabilizar el compromiso y la visión de futuro de quienes hoy dirigen y quienes aspiran a dirigir los destinos del país. Es preciso potenciar nuestras capacidades de coordinación y planificación hacia un mismo objetivo, en todos los niveles: entre los actores legales, entre los actores políticos y entre el Estado y los sectores sociales y empresariales.

No debe haber más demora para el Estado y la sociedad aúnen esfuerzos para dialogar sin cortapisas y adoptar un Plan Nacional Integral que aborde la solución de la crisis actual y planificar las salidas más inteligentes para iniciar la reactivación económica, social y política del país. Las posturas cerradas, la incapacidad para escuchar propuestas y las medidas consensuadas tendrían un altísimo costo para el futuro del país.

Es cierto que la República Dominicana ha superado los gravísimos desafíos históricos de todo tipo y hoy aplaudimos y reverenciamos a los hombres y mujeres que supimos encontrar las salidas y tomar las medidas para este pueblo avanzara en su marcha hacia el bienestar y el desarrollo. Esa vocación que heredamos debe ser revalidada hoy por quienes dirigen y aspiran a dirigir el país, así como por todos los que asumen las administraciones sociales, empresariales y comunitarias.

Este es el tiempo de diálogo y encontrar salidas consensuadas a la crisis que gravemente nos amenazan.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS