La sociedad dominicana atraviesa una grave situación en todos los órdenes. Las necesarias medidas que se han adoptado para frenar el avance del coronavirus implican un retroceso inimaginable en la educación, la producción, las actividades comerciales y en los renglones fundamentales de la vida económica y social dominicana.

Las repercusiones más optimistas indican que nuestro crecimiento económico será nulo y con suerte podremos evitar la recesión que ya ven llegar la mayoría de las economías de la región. Es, en todos los sentidos, un golpe demoledor a las expectativas de progreso y bienestar, en un marco de incertidumbre e intranquilidad.

En este cuadro desolador FINJUS quiere expresar su esperanza de que encontraremos las vías adecuadas para superar estos males. Para ello el Estado y la sociedad deben coordinarse estrechamente definir las mejores iniciativas y concentrar todos los recursos en su ejecución.

En ese sentido FINJUS exhorta a la ciudadanía a pedir que sean  optimizados los escasos recursos disponibles para frenar el auge de la pandemia, curar a los afectados y asistir a quienes necesitan restablecer sus negocios, crear empleos, tener acceso a recursos para sus necesidades de salud, alimentación y pago de servicios vitales.

Por esto es urgente que identifiquemos las áreas en las que los fondos públicos son distraídos de su función primordial, tanto por la mala gestión de entidades públicas y sus responsables, la ineficiencia de los servicios brindados y la distracción de fondos del presupuesto hacia prácticas tradicionales de financiamiento de actividades políticas partidarias desde el Estado.

Una de las prácticas más aberrantes en este aspecto se realiza desde el Congreso Nacional, bajo la modalidad de un Fondo de Gestión Social de los Legisladores (mejor conocido como barrilito o cofrecito), mediante el cual centenares de millones de pesos son asignados cada año a senadores y diputados para “fines de asistencia social” en sus comunidades.

Pero en la realidad, ese Fondo, que implicó en 2019 centenares de millones de pesos para la supuesta asistencia social representa la desnaturalización de la función legislativa y constituye un agravio a la transparencia que debería primar en el Congreso.

Desde hace años, FINJUS y otras instituciones sociales venimos reclamando la eliminación de este tipo de prácticas, independientemente del nombre que le asignen. Esto es más urgente que nunca en la actualidad, en medio de la calamitosa situación que prevalece por la expansión del Covid-19.

Este es un momento clave para el destino de la democracia y de la sociedad. Es urgente que en su próxima sesión el Senado y la Cámara de Diputados dispongan la supresión inmediata del empleo de esos fondos en actividades particulares y que los mismos sean asignados a los planes de emergencia para la compra de pruebas para la detección del virus, de los insumos necesarios para la protección del personal sanitario y para el equipamiento de los hospitales.

Estos fondos deben servir para asistir a las comunidades más afectadas, a los grupos vulnerables y el reforzamiento de las medidas de control y seguridad para evitar la expansión del Coronavirus.

Ha llegado la hora de que el Congreso de la República muestre su capacidad de rectificación y de inmediato proceda a suprimir estos programas enmascarados de financiación de la política partidaria, para que esos recursos, que se originan en los impuestos de los contribuyentes, cumplan con su vocación más legitima, que es servir para la recuperación de la nación.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS