La pandemia declarada por la acelerada propagación del coronavirus (COVID-19) ha abierto una etapa delicada en la historia de la humanidad en razón de los importantes retos que implica en diversos sectores de la vida social, económica y política de todas las naciones, siendo los aspectos relacionados con la salud, la producción, el comercio y la vida institucional los que concentran el mayor interés.

En República Dominicana esta realidad se vive con la misma intensidad que en otras latitudes. A todos los puntos anteriores se suma el desafío relativo a la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, pautadas para el próximo 5 de julio, de las que deben emanar las nuevas autoridades de la estructura gubernamental y los representantes ante el Congreso, quienes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de adoptar las medidas y tareas necesarias para reducir la gravedad de la situación.

Es precisamente la reflexión cuidadosa de esta realidad la que debe llevarnos a determinar las mejores políticas y planes para enfrentar los graves efectos que acarrean estos fenómenos en los distintos niveles sociales y económicos, así como en los aspectos relacionados con la calidad de la democracia y de la institucionalidad. Es en este contexto donde el Estado y sus instituciones deben enfocarse para diseñar todas las estrategias, programas y alternativas en el camino de generar la confianza hacia las instituciones democráticas y de las vías que deciden poner en ejecución.

Desde FINJUS valoramos positivamente la iniciativa de establecer un proceso de diálogo que permita un acuerdo político nacional entre todos los actores políticos en comunicación con la sociedad, para trazar una hoja de ruta con soluciones reales a corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas donde se concentra la crisis derivada de la pandemia. Lo anterior es especialmente importante en la determinación de las medidas imprescindibles para dirigir la reanimación de las bases de la producción, la circulación de bienes y la estabilidad laboral y avanzar hacia una economía sostenible.

Una mirada rápida a lo que ocurre en nuestra región, lo mismo que en la Unión Europea y los Estados Unidos, nos permite observar que la mayor parte de los gobiernos de países desarrollados y/o en desarrollo coincide en objetivos similares a los que debemos enfrentar localmente y que pudieran resumirse en: detener la expansión progresiva de los contagios del virus, reforzar los sistemas hospitalarios, fortalecer los mecanismos de alerta y prevención de los sistemas de salud pública, proteger las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros), dotar de financiamiento a la respuesta de emergencia, iniciar planes con miras a la reactivación de la economía, mientras estamos a la espera de que sean desarrollados nuevos tratamientos y vacunas[1].

Estos objetivos solo pueden ser debidamente alcanzados con el concurso y trabajo coordinado de todos los sectores en capacidad de realizar, de manera inmediata y concertada, la planeación de medidas y/o políticas a corto, mediano y largo plazo para afrontar la crisis derivada del COVID-19.  Esta es una tarea urgente, que no debe ser retrasada, y que para tener éxito deberá asegurarse que tendrá continuidad en las nuevas autoridades estatales que asuman sus responsabilidades el próximo 16 de agosto.

En atención a lo anterior, FINJUS ha planteado la importancia de que se produzca un acuerdo nacional que permita el consenso de los diferentes actores políticos y sectores sociales claves de la vida nacional.

La idea del consenso por el que abogamos no se refiere a diálogos infructuosos y/o dilatados, ajenos a la situación actual, porque el país necesita que se formulen propuestas de solución realistas, objetivas y alcanzables, que puedan convertirse en la plataforma para que las medidas sugeridas sean sostenibles en el tiempo y puedan ser asumidas por las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Congreso en el nuevo periodo constitucional, con el compromiso serio de actores sociales y económicos claves, como el empresariado, la comunidad educativa, los medios de comunicación, las iglesias y las organizaciones sociales representativas.

Es conocido que en toda sociedad organizada una de las tareas fundamentales del Estado es la de reducir los niveles de incertidumbre que se producen cotidianamente como efecto de la acción de las fuerzas del mercado global al cual estamos anclados. Esta reducción debe realizarse en el marco del establecimiento de nuevos pactos sociales que comprometan a los más amplios sectores sociales.

Es evidente que la actual pandemia tiene un impacto devastador en la actualidad pero también es innegable que produce variados efectos en los distintos sectores sociales. La falta de estos consensos sociales en torno a aquellos que genera la situación de la pandemia sobre las metas nacionales y de cada sector en específico, podría significar un aumento del riesgo de incertidumbre de las políticas, y una baja en la capacidad de hacer planes y elaborar propuestas serias en los ámbitos económicos y sociales.

Un elemento clave en esta estrategia es la modernización y adaptación del Estado. Sin un Estado capaz de realizar las tareas complejas que implica una época convulsa como la que vivimos y con escasa voluntad de dar las respuestas eficientes a las necesidades y demandas sociales, transitaremos el camino de la inseguridad y de la desconfianza.

En democracia es esencial que constantemente se genere equilibrio en la valoración de la ciudadanía respecto de sus instituciones en el corto plazo y los resultados a largo plazo; pues, si la democracia no muestra resultados a largo plazo que representen niveles aceptables de eficiencia en su gestión y se traduzcan en una mejor distribución equitativa de la riqueza y beneficios sociales, las instituciones públicas se hacen vulnerables a las derivaciones que acompaña el descontento y la desconfianza social, y aumentan los factores de riesgo que amenacen la gobernabilidad y la seguridad jurídica.

Debemos recordar que antes de la pandemia en el país había una baja credibilidad en las instituciones públicas. En efecto, en el marco de esta situación ha habido serias críticas sobre la utilización y lógico aumento del gasto público por lo que es necesario que el Estado aumente los niveles de transparencia en todas sus acciones, en especial en el marco de la crisis sanitaria actual.

El incremento del gasto público representa un riesgo por la capacidad muy limitada de la estructura del sistema de salud pública que ha requerido inversiones extraordinarias de emergencia para poder responder a las necesidades masivas de atención sanitaria derivadas de la pandemia.

Por otro lado, es primordial comenzar a prepararnos para reconstruir nuestra economía e introducir los planes de recuperación no solo para el tiempo que hoy vivimos de contención del virus, sino también para el período en el que la actividad económica comience a reactivarse.

Para ello hay que poner al aparato productivo en el centro de todas las medidas, impulsando la cooperación entre las diferentes instituciones y administraciones con solidaridad y unidad social.

Es urgente que desde el Estado se ponderen algunas de las medidas establecidas en otros países, como por ejemplo la revisión de las políticas fiscales de emergencia y asumir lo que algunos economistas denominan como “economía de guerra”, pues habrán afectados que necesitarán la asistencia y transferencia directa de recursos, así como pequeñas y medianas empresas con el fin de evitar la bancarrota y/o quiebra, de lo cual derivaría un desempleo masivo.

Para ello se requiere la identificación de los principales sectores afectados, como, por ejemplo, los sectores turísticos, las pequeñas empresas y los trabajadores independientes, concomitantemente con la necesidad de continuar una ayuda dirigida a familias de bajos ingresos.

Esto cobra especial importancia dado que se prevé que la región y a nivel global entrará en un periodo de recesión económica de la cual, a pesar de que entidades como el Banco Mundial y la CEPAL indicaron que el efecto no sería tan devastador en el país, debemos estar preparados para solventar y alivianar un desplome económico de esa magnitud.

Los expertos indican que no puede esperarse un “milagro científico” que permita una vacuna antes de 12-18 meses para empezar a proyectar una reapertura del país, sino que con la participación activa y concertada de los sectores público y privado, se podrían establecer parámetros y directrices para la ruptura del confinamiento, que deberá ser progresiva y basada en principios básicos de precaución y equidad. Se habla también de la utilización de mecanismos tecnológicos, a manera de big data, para lograr un eficaz seguimiento individual y comunitario que permita el restablecimiento de libertades fundamentales, como la de tránsito.

Por otro lado, superada esta etapa de contención de la propagación del coronavirus, entendemos que se debe realizar un proceso de evaluación de la calidad democrática de nuestro régimen político, pues una de las grandes preocupaciones respecto a este punto ha sido que, en el intento por desacelerar la propagación del virus, los países han utilizado herramientas delicadas como la declaración de Estado de Emergencia que suponen ciertos límites a libertades democráticas y, en consecuencia, pudiesen haber constituido una tentación para el autoritarismo. En nuestro caso, corremos el riesgo de un incremento en la manifestación exacerbada de una “cultura de jefe” arraigada en diferentes capas del poder público y el aparato represivo, así como en la tendencia de cerrar las fronteras a la migración y exaltar el nacionalismo frente a la cooperación entre países.

En torno a ese punto, con relación a nuestro país, la Constitución, en el numeral 5 del artículo 266, establece que la declaratoria de los estados de excepción y, de igual forma, los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control de constitucionalidad. Por lo que cualquier medida considerada podrá luego ser revisada en sede jurisdiccional.

Así también consideramos importante reflexionar en torno a las lagunas jurídicas evidenciadas en el marco de esta situación, a fin de suplir y establecer disposiciones que pudiesen adecuarse con mayor amplitud a escenarios como estos y, en consecuencia, profundizar en la tarea legislativa.

Entendemos que, solo en la medida en que todos los sectores sociales y políticos sumen esfuerzos en la dirección de los puntos concertados en un gran acuerdo nacional para la recuperación institucional, económica y de salud, podremos sobreponernos a esta realidad que hoy atraviesa el país, por lo cual se precisa de determinación y  compromiso con los resultados consensuados que resulten de este proceso.

Finalmente nos anima la esperanza de que los argumentos que contiene esta propuesta redunden en el logro del necesario consenso social que requerimos para esta trascendental tarea. De allí nuestro interés en compartir este análisis con todos los sectores nacionales y en especial con el Congreso de la República, como órgano responsable de promover los cambios legislativos necesarios para las transformaciones que necesita el país para poder encaminarnos hacia un futuro más alentador en el marco de la pandemia más devastadora que la humanidad ha conocido en los últimos 100 años.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

[1]FRANJUL, G.; RAMIREZ, O. Cinco reflexiones sobre la crisis de la covid-19 y el impacto en países pobres. Periódico El País, 1 de abril 2020. Disponible en: [https://elpais.com/elpais/2020/04/01/3500_millones/1585735224_937880.html]