En el marco del 27 Aniversario de Participación ciudadana. 29 de octubre de 2020

 Ponencia del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Desde el 16 de agosto pasado, la República Dominicana ha iniciado un nuevo ciclo político-institucional. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los cambios en el sistema municipal representan grandes retos para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Varios ejes confluyen en el actual momento: la renovación de los aspectos normativos, un replanteamiento de las reformas políticas e institucionales que desde hace 20 años se implementan con bajas y altas y la profundización de programas y políticas públicas para hacer realidad los postulados y aspiraciones constitucionales.

Tres prerrequisitos parecen imprescindibles: el aumento de la participación de la sociedad en cada uno de los aspectos anteriores, el incremento del acceso a la información y la superación de la impunidad mediante un mejoramiento de los órganos del sistema de justicia.

Todo lo anterior solo es posible con la voluntad de los actores políticos, pero sobre todo si dos pilares sociales se unen: la prensa independiente y las organizaciones sociales en sus diferentes áreas.

A lo largo de los 30 años que celebramos en este mes, FINJUS ha mantenido su compromiso de contribuir en la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos y el adecuado funcionamiento de las atribuciones conferidas a las entidades estatales en el marco de los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas de las autoridades a sus representados.

La corrupción parece arroparlo todo. Sabemos que tiene su caldo de cultivo donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía tienen trabas, donde los responsables de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos no existen, donde la impunidad es tolerada y donde la toma de decisiones públicas está mediatizada por conflictos de intereses y ambiciones políticas. Sólo a través del fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de justicia se puede prevenir y castigar la corrupción.

Es imprescindible que exista un acceso inmediato y eficiente a la información sobre las orientaciones, proyecciones, metas y funcionamiento del sector público.

Concebimos la transparencia como un marco general que va más allá de las simples acciones puntuales de divulgación en los medios y redes para la ciudadanía. Es imprescindible que la sociedad participe en el análisis de esa información.

Implica la creación de una nueva cultura que propicie la obtención de informaciones claras y precisas sobre los actos públicos, para aumentar la capacidad de comprensión, vigilancia e incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas, para ejercer un mejor control social sobre los actos de los órganos y servidores públicos en la gestión de los recursos económicos.

Aquí es donde el periodismo de investigación adquiere la relevancia y el sentido que demanda este nuevo período que se abre en el país.

Se requiere de un periodismo de investigación que ayude a la sociedad a vencer la  cultura tradicional que excluye a la ciudadanía de los temas públicos, dotándole de herramientas para que las organizaciones y personas puedan intervenir en la formulación de políticas públicas y en mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, haciendo uso del derecho y deber ciudadano del control social.

El control social es una modalidad de participación que “permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad”.

El artículo 246 de nuestra Constitución establece, con la intervención ciudadana, un sistema de control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos, lo cual está a cargo de ciertas instituciones del Estado dominicano, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Lamentablemente este sistema de control tiene grandes déficits de credibilidad y es un deber de la ciudadanía apoyar su recuperación y fortalecimiento.

Como bien el plantea destacado jurista Cristóbal Rodríguez Gómez, el hecho de que se haya incluido un control social en la Constitución es un significativo paso de avance, debido a que “una de las grandes deficiencias que ha revelado la democracia participativa es que el diseño de los mecanismos constitucionales de control opera internamente entre los poderes públicos” y al otorgarle a la ciudadanía potestad de control obligaría a una activa y efectiva vigilancia.

En vista de que la corrupción es un fenómeno cada vez más generalizado en el mundo globalizado, el control social es clave para facilitar la transparencia y control sobre los recursos públicos y para lograr la claridad sobre la inversión pública, lo que está garantizado en nuestra Carta Magna.

Es por ello que la libertad de acceso a la información pública ocupa cada vez más un rol relevante para el desarrollo democrático.

Nuestro país cuenta con una Ley General de Libre Acceso a la Información Pública desde el año 2004. Aunque en la norma se establecen los derechos a solicitar información de carácter administrativo, la obligatoriedad de publicidad de los distintos actos emanados de los poderes del Estado y, a su vez, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la información, aún persisten desafíos importantes que han generado lagunas fruto de ciertas limitaciones de la Ley No. 200-04, puesto que además de no existir un órgano rector en esta materia, todavía persisten un retraso a quienes lo solicitan o renuencia a publicar en la web información que dicha ley les exige.

Nuestro Tribunal Constitucional tampoco ha estado ajeno a la relevancia de este tema para la democracia del país. Respecto a la temática que nos ocupa, en la Sentencia TC/0052/13, del 9 de abril de 2012, este alto tribunal decidió que: “La vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. 

Como se ha destacado, la sociedad, a través de sus organizaciones representativas, debe promover y respaldar las iniciativas del periodismo de investigación comprometido con los derechos fundamentales, con esta cultura de transparencia que reclama la sociedad y sobre todo, con facilitar la participación social efectiva en los asuntos públicos de hombres y mujeres que pese a tener cada día más datos y conocimientos en las redes sociales, están cada vez más aislados y desorientados y sometidos a campañas de desinformación.

Vivimos una coyuntura especialmente sensible, que ha puesto la transparencia y la correcta rendición de cuentas como pilares imprescindibles para garantizar el ejercicio de una democracia real, con sistemas de consecuencia y mecanismos de control efectivos, de forma que todos los sectores sientan la esperanza de que la justicia y la dignidad serán las guías que encauzarán el desarrollo nacional, libre de exclusiones.

Servio Tulio Castaños Guzmán