FINJUS considera que el Plan de Reformas Institucionales anunciadas por el Poder Ejecutivo crea un espacio idóneo para avanzar en la transparencia pública. Featured

El anuncio de un Plan Integral de Reformas Institucionales desde el Poder Ejecutivo representa, desde la perspectiva de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la creación de un nuevo espacio para relanzar las reformas y medidas que requieren el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

 

A lo largo de los últimos años la sociedad venía advirtiendo el deterioro de los sistema de control y fiscalización de los gastos en la administración pública y las gravísimas deficiencias en el sistema de justicia que han impedido el establecimiento de un eficiente régimen de consecuencias sobre la falta de transparencia y la vigencia de prácticas ilegales. Lo anterior dio lugar a un sostenido rechazo a todas las formas de violación al ordenamiento penal por parte de una gran mayoría de la población y de trabajadores, pobladores, sectores empresariales, académicos y la comunidad jurídica, que han clamado por cambios reales en ese panorama .

 

Valoramos como altamente positivo el anuncio realizado por el Presidente Abinader de poner en marcha este conjunto de iniciativas que apuntan a visibilizar el compromiso y la voluntad de emprender acciones concretas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones.

 

De manera acertada, las medidas se presentan como un Plan General integrado por numerosos programas para fomentar la integridad en el sistema, fortalecer la eficiencia y transparencia, reformar las leyes, reglamentos y el marco normativo relativo a estos temas y adoptar las estrategias y estructuras que aseguren la eficacia, la evaluación continua y la participación de los ciudadanos y las comunidades a lo largo del país.

 

Las reformas anunciadas requieren ser convertidas en planos específicos de trabajo que sean razonables, de ejecución a corto y mediano plazo y medibles, lo que implicará la adecuación normativa y corregir los vacíos legales que han generado una especie de zona gris y opaca que fomenta los actos de corrupción.

 

En sentido concreto saludamos el interés de establecer una ley que regule las contrataciones de publicidad estatal y de modificar la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República a fin de regularizar el proceso de auditorías internas de las instituciones de carácter público; de igual manera, es propicia la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, de quien la sociedad ha demandado independencia y objetividad, y sobre la que han recaído reiteradas críticas acerca de la calidad, rigurosidad y pertinencia de las auditorías que está obligada a realizar.

 

Estamos completamente identificados con el propósito del Poder Ejecutivo en lograr la aprobación de una legislación penal moderna y coherente a fin de sancionar los complejos entramados delictuales asociados a la corrupción administrativa, así como las iniciativas anunciadas para reforzar la efectividad de los órganos públicos en materia de compras y contrataciones, que se complementan con la creación de la subdirección antifraude en la Contraloría general, la comisión de revisión y reestructuración de programas de asistencia social, el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público y demás dependencias.

 

En este aspectos deseamos insistir en que estas acciones deben estar orientadas a establecer la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, superando la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas.

 

Es significativo también el énfasis en la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, lo que a nuestro juicio refuerza la necesidad de aprobar la ley de extinción de dominio, que garantice acciones rápidas para dicha recuperación y la superación de los marcos legales actuales que condicionan a la larga espera de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

 

En el desarrollo de estas iniciativas importantes anunciadas por el Presidente de la República, FINJUS prestará su apoyo a todas las iniciativas animadas por los objetivos anteriores, y exhorta a todos los sectores sociales a ejercer su derecho a la participación en los procesos de diseño, socialización y evaluación de este Plan que podría significar un salto para la creación de una cultura de transparencia y responsabilidad en el Estado para beneficio de toda la sociedad.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

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