Ministerio de Interior y Policía
Taller: “Una Nueva Visión Integral de Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana para República Dominicana”. 16 y 17 de enero de 2021
Análisis efectuado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS)
Aportes primer día del taller
“La seguridad ciudadana es el esfuerzo nacional, integral y articulado que desarrolla todos los entes del Estado y niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada, las comunidades y la ciudadanía, para crear las condiciones objetivas de la seguridad material de la población, promover y practicar la convivencia pacífica y democrática, prevenir y erradicar la violencia, con la utilización pacífica y racional de las vías y espacios públicos ”.
“La convivencia pacífica ciudadana es el ambiente social donde la vida en comunidad se desarrolla con respeto a la dignidad y los derechos humanos fundamentales, con armonía, solidaridad y progresivo bienestar”
El concepto de material de seguridad ciudadana se refiere a una actividad dirigida a la protección de personas y bienes en orden para lograr el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos; a fin de materializar este presupuesto se requiere un conjunto plural y diversificado de actuaciones que, si bien son distintas por su naturaleza y contenido, van orientadas a una misma finalidad que es la salvaguarda del bien jurídico que la misma representa.
Por otro lado, una definición que se refiere a la esencia y objeto de la seguridad ciudadana desde una perspectiva propositiva, es la conceptualización siguiente:
“La seguridad ciudadana es aquel estado o condición socio-institucional que objetiva y subjetivamente (percepción) puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y que depende del conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y políticas que , entre otras, posibilitan el adecuado y el funcionamiento normal de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona. [1] "
Ahora bien, en el contexto que nos concierne, y desde un punto de vista metodológico, la seguridad ciudadana debe ser entendida como una estrategia de Estado que se concibe y diseña en función de las condiciones estructurales, fácticas y materiales de una determinada sociedad; la consideración de estos factores permite un ejercicio adecuado de formulación y establecimiento de objetivos que se orienten a la atención prioritaria de los factores que dan lugar al accionar delictivo ya la violencia.
Esto amerita pasar de la simple intención a una actuación articulada en torno a una planificación multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, que permita satisfacer de manera integral las diferentes problemáticas que encierra el concepto de inseguridad ciudadana.
En ese sentido, para conceptualizar una estrategia o planificación de Seguridad Ciudadana desde el Estado, es preciso verificar experiencias comparadas u anteriores a fin de discriminar aquellos elementos conceptuales que, en al momento de ejecutar el plan, se erigen en obstáculos a corto, mediano o largo plazo. A propósito de ello siguiente recomendamos tomar en consideración la reflexión:
“La seguridad ciudadana requiere consolidar una identidad que integre saberes y acciones multiagenciales, que para resultar sostenibles exigen la conformación de un servicio civil profesional que conduce y coordina otras áreas del Estado desde la perspectiva específica y focalizada de la prevención de la violencia. Confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales o hacerla dependiente exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el riesgo no solo de criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un piloto automático para resolver problemas complejos de violencia que requieren un abordaje específico de prevención [2] ”
La inseguridad ciudadana no se produce de manera fortuita, sino que responde a un conjunto de factores y procesos sociales, políticos, culturales y económicos que producen una serie de situaciones que lejos de desincentivar la actuación delictiva, la presenta como una herramienta que maximiza utilidades por encima de actividades de carácter legal.
Esto último se corresponde a lo indicado en el informe de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas, el cual señala que las amenazas a la seguridad ciudadana no se presentan en el vacío, sino en contextos de vulnerabilidad social, económica e institucional , que se traducen en factores de riesgo y en el crecimiento de la inseguridad.
Dentro de las diversas problemáticas que persisten en nuestro país podemos mencionar: la creciente desigualdad en el ingreso familiar y / o individual, mala calidad de las instituciones o desconfianza en ellas, percepción de un sistema de consecuencias y punitivo laxo, demanda decreciente de trabajadores cualificados , alto desempleo juvenil, núcleos familiares con pasado violento, baja calidad educativa, entre otras.
El abordaje de una política y / o estrategia de seguridad ciudadana debe ser integral evitando las respuestas unívocas y priorizando el cruce de datos necesarios para evaluar la situación de que se trata de manera oportuna y eficaz.
En conjunto con lo anterior, entendemos se requiere identificar los principios rectores y / o criterios sobre los cuales deben descansar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, desde nuestra perspectiva deben primar los siguientes:
“La gobernabilidad comprende el proceso a través del cual la autoridad se ejerce en una determinada comunidad política, lo que incluye: i) la forma mediante el cual se eligen, controlan y reemplazan los titulares de la autoridad; ii) los principios y normas bajo los que se ejercen las interacciones entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en términos de competencia, responsabilidad y funciones; iii) la capacidad de la autoridad para identificar necesidades, captar recursos, definir políticas y llevarlas a cabo ”.
La gobernanza democrática se trata de un modelo de gobierno contemporáneo que enfoca la gestión de las interdependencias entre todos los actores implicados en el abordaje de un determinado reto o desafío, buscando con ello la mayor colaboración y responsabilidad ciudadana en su tratamiento. Su aplicación práctica requiere la integración de una serie de criterios que engloba el buen gobierno, tales son, entre otros:
Eficiencia, eficacia y efectividad , que se traduce en la resolución de las necesidades ciudadanas de seguridad de manera objetiva, oportuna, preventiva y restaurativa en sus derechos individuales y colectivos, con estándares de calidad definida.
Transparencia, lo cual implica una rendición de cuentas dinámica, así como la debida accesibilidad a la información con el objetivo de lograr una acción común con el soporte y la implicación de la ciudadanía; todo ello depende de que se verifiquen mayores niveles de legitimidad y confianza hacia las actuaciones institucionales por parte de los ciudadanos.
Centrada en resultados, la buena gobernanza debe conducir a resultados definidos y medibles. La recomendación de las Naciones Unidas en la prevención del crimen y la persecución es establecer un enfoque en un torno al menos cuatro resultados principales, esto son: 1) identificación de los desafíos locales y las áreas prioritarias de intervención; 2) desarrollo integrado de estrategias y políticas; 3) aumento de la capacidad de los funcionarios e instituciones a nivel local y nacional: y 4) mayor coordinación entre todos los actores.
Por otro lado, debe ser plasmada la interdependencia en el diagnóstico y estrategias de prevención del delito, tomando en cuenta los vínculos entre los problemas criminales locales y el crimen organizado internacional.
Uno de los obstáculos que por décadas hemos evidenciado desde la FINJUS es la debilidad que subsiste en materia de estadística, sistematización y análisis de información delictiva; en efecto, aún se advierte mucho retraso en las principales instituciones del Estado que interactúan (esto es: Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, Defensa Publica, etc.) en lo que concierne al procesamiento de información, lo cual resulta necesario para poder diseñar una política real y efectiva de seguridad ciudadana.
Sin una data pormenorizada resulta imposible desarrollar estrategias focalizadas y eficientes de delitos de delitos y violencia, así como también se dificulta la planificación de acciones e intervenciones gubernamentales idóneas. De allí que este aspecto conforma uno de los pilares fundamentales de las políticas de seguridad ciudadana y de las diferentes modalidades de intervención estatal y de los gobiernos locales para poder diseñar y controlar la inseguridad ciudadana.
En otro orden, para avanzar hacia una nueva etapa de compromiso y liderazgo gubernamental todos los niveles de gobierno deben desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de estrategias de prevención del delito efectivas y humanas mediante una determinación clara y puntual de las responsabilidades, así como evaluaciones constantes que definan el alcance de la actuación de cada ente.
Definitivamente, la coordinación deberá extenderse al rol que juegan el resto de los actores e instituciones del sector privado (empresas, medios de comunicación y empresas de seguridad privada) y otros entes de la sociedad civil (ONG´s, fundaciones, juntas de vecinos y otras organizaciones locales), haciendo valer principios como el de la participación ciudadana
Precisamente considerando las experiencias exitosas de participación ciudadana en otros países de la región, entendemos se hace necesario, en primer orden, desarrollar y fortalecer, desde la propia institución, la línea de acción destinada al acercamiento de la Policía Nacional con la ciudadanía; esto permitirá generar un espacio legítimo donde se ejerza el control democrático de la gestión de la seguridad. Esto conlleva la participación efectiva de las comunidades como parte del proceso de construcción de ciudades más seguras, revalorizando el liderazgo comunitario a fin de obtener veedores locales de las políticas y estrategias a implementar.
Además, consideramos interesante instrumentar un programa de educación para la convivencia pacífica a partir de la estrategia y / o planificación que se elabore, con la meta de reducir la posibilidad de que los ciudadanos incurran en actos de violencia.
Es importante advertir que la educación en valores de convivencia compromete a la ciudadanía a construir una cultura de paz. Esto requiere campañas educativas y culturales orientadas al respeto a la ley y los derechos de los demás en circunstancias de la vida cotidiana; proponemos incluso la integración de dirigentes barriales y de juntas de vecinos como agentes de cambio en sus demarcaciones con la coordinación y ayuda de los gobiernos locales; a propósito de ello vale destacar que esto ha sido un componente frecuente y relevante entre las estrategias exitosas encabezadas por gobiernos locales en América Latina [3]
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
Aportes en Segundo Día del Taller: Descargar Aquí