El 27 de febrero el presidente Luis Abinader se apresta a dirigirse a la reunión conjunta de las cámaras legislativas para realizar su primera rendición de cuentas de la gestión gubernamental que encabeza, tal como es tradición y ordena la Constitución de la República. 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. constituye una valiosa oportunidad para realizar un ejercicio de valoración y análisis de las acciones, medidas y/o directrices que, hasta la fecha, han sido ejecutadas desde el Poder Ejecutivo, para extraer algunas lecciones que pudieren orientar a la ciudadanía y a las propias agencias del Gobierno.

Este análisis debe partir del reconocimiento de que la gestión del actual gobierno se ha desarrollado en el peor escenario social y económico del país en las últimas décadas, caracterizado por la combinación de los efectos de la pandemia por COVID-19, que ha generado una crisis económica y sanitaria sin precedentes, lo que ha implicado haber gobernado todo el período desde el 16 de agosto pasado en el marco de un estado de emergencia, con toques de queda y restricciones agudas al libre tránsito y la vida comercial y la actividad productiva. Todo lo cual ha generado una serie de conflictos y tensiones con diversos sectores sociales, ya que ha implicado que la tarea de conciliar la seguridad sanitaria con la reactivación económica y la normalidad de la vida cotidiana se convirtiera en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades.

En este contexto, desde FINJUS realizamos consideraciones puntuales del primer semestre de la gestión gubernamental, haciendo hincapié en la institucionalidad democrática, el sistema de justicia y la seguridad ciudadana.

Como expresamos más arriba, la reducción de los ingresos del Gobierno, debido al cierre de numerosas empresas o las limitaciones a sectores estratégicos como el turismo, creó una crisis económica, que el gobierno ha ido enfrentando con medidas de emergencia y a corto plazo. La suspensión o despido de cientos de miles de empleados tanto en el sector público como privado, implicó que la línea prioritaria del gobierno consistiera en estructurar una asistencia económica y social focalizada a los sectores poblacionales o productivos más afectado por la pandemia, mediante el mantenimiento o la ampliación de programas preexistentes, así como la creación de nuevas modalidades de ayuda directa.

Valoramos positivamente que esos programas entraron en acción manteniendo los procedimientos financieros y legales vigentes, ya que las nuevas autoridades recibieron oportunas observaciones de los medios de comunicación y organizaciones sociales y civiles, para que fueran cumplidos todos los requisitos que imponen las leyes. Esto fue muy evidente cuando circularon propuestas mal encaminadas, como por ejemplo la de declarar una amnistía crediticia a deudores de instituciones financieras, de manera indiscriminada,  o la idea de gravar las remesas de los dominicanos del exterior, las cuales afortunadamente fueron retiradas a tiempo.

En  la actualidad se confrontan otros efectos de la crisis económica, como el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, así como en otros rubros como combustibles, productos ferreteros y de construcción, medicinas, entre otros, que se originan en la combinación de las distorsiones de los mercados internacionales, la mundialización de la crisis por el COVID-19 y las precariedades financieras del sector gubernamental que hemos señalado previamente.

Esta situación demanda del gobierno central un apego más estricto a políticas que prioricen el gasto para enfrentar la crisis sanitaria, al tiempo que se reducen gastos innecesarios, superfluos o productos de las debilidades del modelo económico y político imperante.

Los controles institucionales y la eficiencia de las instituciones  tendrán que ponerse a prueba, y reforzarse, a lo que nos referiremos más adelante. Pero saludamos que el gobierno central haya dado pasos concretos para restaurar la estabilidad económica, mediante el fomento de la productividad, desburocratizar las inversiones, empujar la modernización del Estado y simplificar las reglas en materia tributaria. Estas señales deberán reflejarse en la dinamización de las inversiones y, consecuentemente, en la economía.

En el ámbito del desarrollo institucional propiamente dicho, la actual gestión gubernamental ha trazado una serie de planes y líneas de acción que anuncian medidas positivas para la disminución del gasto innecesario, tras haber realizado las consultas legales necesarias. Dentro de esta iniciativa se han anunciado la eliminación de instituciones, como la OISOE, cuya existencia no solo suponía la desnaturalización de la función primigenia para la cual fue concebida —la supervisión y fiscalización de obras—sino que además genera una duplicidad de funciones respecto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En ese mismo sentido están en proceso de desaparición los organismos FONPER, ONDA, los Consejos del sector eléctrico, entre otros entes.

Esta iniciativa se complementa con la disposición de iniciar los procesos para unificar diferentes instancias u órganos estatales que en la actualidad comparten responsabilidades en los mismos sectores de la actividad económica o social. El solo hecho de plantear esta demanda social de larga data y comenzar a trabajar en ella es una buena noticia para la salud institucional el Estado.

Un ejemplo reciente que apoyamos fue la decisión de cerrar el DICAN, órgano especializado de la Policía Nacional encargado de la persecución del microtráfico y traspasarlo a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El Poder Ejecutivo podrá disponer con esta medida de mejores controles y recursos para enfrentar el agudo crimen del narcotráfico en todas sus manifestaciones. Esta medida, sin embargo, pone nuevamente en agenda la cuestión de la ubicación institucional de la agencia de drogas, actualmente adscrita a la Presidencia de la República, cuando en realidad debería depender en sus políticas y directrices de la Procuraduría General de la República, que es el órgano constitucional que tiene a su cargo la investigación, persecución y acusación judicial de este crimen organizado.

A pesar de la expresión de la voluntad política del Poder Ejecutivo de avanzar en la eliminación de instituciones y dependencias que generan duplicidad de gastos, quedan pendiente la modernización de las políticas y procedimientos administrativos, para lograr mayor transparencia e integridad en el uso de los recursos públicos.  Resulta positivo que se promueva la aprobación de una serie de legislaciones sustanciales para la adecuación del ordenamiento jurídico nacional mediante la designación de comisiones especiales que coadyuven con los esfuerzos congresuales para la elaboración de las mismas, tales como la reforma al código penal.

Como directriz estatal, se evidencia la proactividad en materia de fiscalización de la Dirección General de Compras y Contrataciones, propiciando un mayor control de la actuación de la estructura gubernamental en esta área estratégica. Sin embargo, está pendiente la modificación profunda de la Ley 340-06 y su reglamento, que como es conocido por todos los sectores representa una de las palancas en las que se ha apoyado el modelo clientelista y anti democrático que ha regido nuestro sistema político en las últimas décadas.

Pese a que valoramos positivamente las gestiones anteriores, no dejamos de señalar las incoherencias que se han manifestado en la gestión gubernativa de propiciar acciones que chocan directamente con principios rectores de la administración pública, tal lo es la decisión de promover una modificación legislativa para favorecer de manera particular a funcionarios públicos específicos, por ejemplo en el sector de las aguas.

La sociedad ha valorado muy positivamente las acciones encaminadas a la eliminación de las nominillas en varias entidades y la depuración de manera particular en el servicio exterior de la República.

En cuanto a la conformación de su gabinete de gobierno, se registró una falta de paridad y participación de la mujer, dejando de lado promesas realizadas en el sentido de promover la participación de la mujer en espacios de decisión del Poder Ejecutivo y otros sectores sociales.

Respecto a la persecución de la corrupción, que junto al enfrentamiento de la crisis sanitaria y al mejoramiento de la seguridad ciudadana, constituye uno de los ejes prioritarios del actual gobierno, desde la sociedad se ha visto con mucha esperanza la designación de una nueva procuradora general de la República y su equipo de apoyo más cercano, que vienen tomando una serie de iniciativas dirigidas a restaurar la confianza ciudadana en el Ministerio Público y que muestran gran capacidad para enfrentar los complejos casos que se conocen en el sistema de justicia penal.

La lucha contra la corrupción y especialmente el romper el clima de impunidad que entorpece el ideal de justicia y ensombrece la calidad de la democracia y la seguridad jurídica, ha tenido un nuevo aire en los últimos meses, lo que se corresponde con la declaración del Primer Mandatario de exigir a los funcionarios gubernamentales que se apeguen a un comportamiento integro, en el marco de una gestión que tendrá cero tolerancia frente a la corrupción y estimulará la transparencia, así como la recuperación del patrimonio robado. En ese sentido saludamos la contratación de abogados que trabajen en esa dirección.

En este mismo sentido valoramos el interés de establecer una ley que regule las contrataciones de publicidad estatal y de modificar la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República a fin de regularizar el proceso de auditorías internas de las instituciones de carácter público. De igual manera, es propicia la intención de modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, sobre quienes la sociedad ha demandado su independencia y objetividad y que se ha visto afectada desde hace largo tiempo por su falta de credibilidad, ineficiencia y la poca rigurosidad en las auditorías que está obligada a realizar.

Con respecto a la creación de la Subdirección Antifraude en la Contraloría General de la República, la Comisión de Revisión y Reestructuración de programas de asistencia social, el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del gasto público y demás dependencias, conviene puntualizar que queda pendiente la definición adecuada de las eventuales atribuciones de estos organismos, para que sean órganos con verdadera capacidad de cooperación interinstitucional y faciliten el cruce de informaciones, lineamientos y datos, dejando atrás la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que dificultan y a veces hacen imposible la búsqueda de soluciones efectivas.

En materia de persecución de la corrupción, la ciudadanía espera que desde el Poder Ejecutivo se impulse de manera decidida la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, por lo que representa un gran reto para esta gestión que promueva activamente la aprobación de la ley de extinción de dominio. Este instrumento normativo, permitiría devolver a su estado originario en manos del Estado aquellos bienes que nunca contaron con el resguardo de la legalidad en la integración de ningún patrimonio personal.

En este sentido, las reformas anunciadas requieren traducirse a planes de trabajo que sean razonables, de ejecución a corto y mediano plazo y medibles. Es necesario que la sociedad dominicana pueda participar en el proceso de elaboración de esos planes, mediante el cumplimiento estricto de la Ley de Acceso a la Información. La participación de la sociedad es vital para crear un ambiente que evite que  nuestro marco legislativo sigan existiendo vacíos legales que han generado una especie de zona gris en donde proliferan los actos de corrupción.

El área de la seguridad ha concentrado la atención del actual gobierno y saludamos la forma sistemática como lo hace. Uno de los aspectos centrales de su labor ha sido la coordinación de políticas de seguridad ciudadana. Coincidimos con el ánimo del Ejecutivo de centrar esfuerzos desde el Ministerio de Interior y Policía con los gobiernos municipales para promover el desarrollo de la aplicación de los planes de seguridad ciudadana conjuntamente con el gobierno central.

Entendemos que el gobierno se encuentra ante un gran desafío en los próximos meses de convertir sus intenciones e interés de mejorar el clima de seguridad ciudadana en efectivas políticas públicas, que ayuden a abordar de raíz esta temática, propiciando iniciativas que permitan mejoras en la capacidad de resolver los conflictos por formas no violentas; reducir la cantidad de homicidios en las vías públicas así como los índices de la violencia intrafamiliar y los decesos por accidentes de tránsito, imprimiendo a sus programas acciones desde una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional.

Otro de los grandes retos del Poder Ejecutivo en materia de la violencia contra la mujer e intrafamiliar, es lograr la ejecución de una política efectiva en cuanto a prevención de los feminicidios y la violencia contra la mujer mediante una mejor coordinación de los organismos responsables en base a una estrategia compartida que derive en un control efectivo de las variables que intervienen en este complejo problema social.

Valoramos positivamente los esfuerzos que se realizan para dignificar la labor policial, a través de las acciones que se han anunciado y que se han puesto en ejecución como el aumento salarial, el acceso a servicios de salud especiales a través de SENASA, las facilidades para el uso del transporte masivo y el apoyo a su especialización académica y profesional.

Un reto importante del Poder Ejecutivo en esta materia es profundizar la reforma policial, lo que impone la necesidad de que sean aprobados e implementados los reglamentos que dispone la Ley Orgánica y demás cambios organizacionales y de los modelos de gestión de implementar adecuadamente las aspiraciones contenidas en la ley. Observamos con preocupación, como toda la sociedad, algunas actitudes y acciones cometidas por miembros de la institución policial en el tratamiento de las violaciones al toque de queda  en el marco de la pandemia, lo que debe ser corregido de manera sistemática. Asimismo sigue pendiente destinar una mayor inversión en el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la policía, pues, en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal, el subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal.

Desde FINJUS reiteramos nuestra convicción de que el mayor reto de la actual gestión de gobierno es promover el fortalecimiento de los pilares constitucionales, que apunta hacia la separación e independencia de los poderes públicos, así como órganos extra poderes e independientes. Promover  la transparencia y la correcta rendición de cuentas como pilares imprescindibles para garantizar el ejercicio de una democracia real, con sistemas de consecuencia y mecanismos de control efectivos, de forma que todos los sectores sientan la esperanza de que la justicia y la dignidad sean las guías que encauzarán el desarrollo nacional.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS