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El rol del periodismo en el fortalecimiento de la democracia

 

Disertación del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

en el panel "El rol del periodismo en el fortalecimiento de la democracia" organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas 

 

El domingo 16 de febrero de 2020 se inició un nuevo ciclo político, que tuvo como hitos intermedios el 24 de abril de ese mismo año, con el ascenso al poder municipal de las nuevas autoridades; el 5 de julio, con la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales y el 16 de agosto de ese mismo año, con la instalación del nuevo gobierno y las cámaras legislativas renovadas.

 

En esas fechas se puso a prueba la calidad de la democracia dominicana, que atravesó un episodio de turbulencia no solo por la suspensión de las elecciones municipales, sino porque todo ese proceso se demoró en medio de los efectos de la pandemia más devastadora vivida por la humanidad en 100 años, y que para nuestro país significó la entrada en una crisis económica y social que aún no ha sido superada definitivamente.

 

Todos los eventos ocurridos en esos pocos meses tienen un elemento en común: la sociedad tuvo conocimiento de ellos principalmente a través de medios de comunicación no convencionales, específicamente gracias a las redes digitales como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram y otros.

 

Y fueron comunicados en medio de una movilización social masiva, que llevaron a las calles a miles de ciudadanos que expresaron con gran libertad y creatividad, su descontento y esperanzas en esas horas inciertas.

Todo lo anterior nos conduce a la reflexión sobre el carácter de nuestro régimen político democrático y sobre la relación que existe con los medios formales e informales de comunicación en el país.

 

Y es precisamente en ese marco donde deben discutirse los principales ejes político-institucionales abiertos el 16 de agosto de 2020: la renovación de los aspectos normativos que siguen retrasados ​​y obstaculizan el desarrollo de nuevas formas de alianza entre el Estado con la sociedad, y la superación de las deficiencias en la regulación de las actividades económicas para que sean verdaderos motores de un desarrollo social inclusivo y equitativo.

 

El segundo eje que sigue pendiente es el replanteamiento de las reformas políticas e institucionales, lo que significa mejorar los mecanismos y controles que garanticen mayor eficiencia y transparencia en el Estado, para superar el estancamiento en la implementación de políticas y programas que desde hace 20 años se aplican con bajas y altas.

 

Y en tercer lugar, el mejoramiento  y la profundización de programas y políticas públicas que hagan realidad los postulados y aspiraciones constitucionales, para estimular y fortalecer el tejido social en medio de las crisis globales que nos afectan y erradicar los efectos de la herencia del viejo modelo caudillista, autoritario y clientelista de hacer política que aún sobrevive.

 

Tres prerrequisitos parecen imprescindibles: el aumento de la participación de la sociedad en cada uno de los aspectos anteriores, el incremento del acceso a la información y la superación de la impunidad mediante un mejoramiento de los órganos del sistema de justicia.

 

Todo lo anterior solo es posible con la voluntad de los actores políticos, coordinados en la acción con dos pilares sociales fundamentales: la prensa independiente y los movimientos y organizaciones sociales en sus diferentes áreas de interés e incidencia.

 

En nuestra democracia continúan observándose los efectos de la debilidad de la cultura institucional que impide la eficiencia de los sistemas de control en el Estado y en los órganos de la administración de justicia, para prevenir, investigar y castigar la corrupción, dentro del debido proceso y respeto de las garantías legales y constitucionales.

 

Nos preocupa la visión que subsiste en algunos estamentos del Estado sobre el rol de la comunicación, concebida como una simple transmisión de acciones puntuales, limitadas a la divulgación en los medios y redes, y muchas veces al servicio de la promoción particular, dejando a la ciudadanía a merced de noticias falsas y campañas de desinformación, sin darles los mecanismos para que en sus organizaciones sociales y comunitarias puedan analizar esas informaciones.

 

El rol de la comunicación, al que quiero agregar los calificativos de profesional e independiente, está ligado a la creación de una nueva cultura ciudadana que fomente el acceso pleno a informaciones claras y precisas sobre todos los actos públicos, para aumentar la capacidad de comprensión, vigilancia e incidencia de la ciudadanía en el control social sobre los diferentes órganos del poder público.

 

Se requiere de medios y redes de comunicación que faciliten a la sociedad las herramientas para vencer la cultura tradicional que limita el acceso ciudadano a los temas públicos, y con ello puedan participar en el diseño de las políticas, planes y programas.

 

Debemos recordar que el control social es una forma de participación que “permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad”, lo que está expresamente establecido en la Constitución, art. 246.

 

Este control también debe ser ejercido por instituciones como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Lamentablemente este sistema de control tiene grandes déficits de credibilidad y es un deber de la ciudadanía apoyar su recuperación y fortalecimiento.

 

Para ello se requiere la libertad de acceso a la información pública, que ocupa un rol cada vez más relevante para el desarrollo democrático. El país cuenta con una Ley General de Libre Acceso a la Información Pública desde el año 2004, pero tras 18 años de aplicación encontramos que presenta graves deficiencias para hacer cumplir los derechos que dicha ley establece. Por ejemplo, hace pocos días, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que tiene registrada en su base de datos la existencia de 861 solicitudes de información en proceso (no cerradas) de las cuales 260, es decir un 30 por ciento, están fuera del plazo establecido en tanto que unas 18 instituciones sacaron bajas calificaciones al ser evaluadas en términos de transparencia. Entre ellas, entidades autónomas como la Cámara de Diputados, el Senado, la Junta Central Electoral, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral.

 

Por eso es urgente promover y respaldar las iniciativas del periodismo de investigación comprometido con los derechos fundamentales, con la cultura de transparencia que reclama la sociedad y sobre todo, con la participación social efectiva en los asuntos públicos de hombres y mujeres, que pese a tener cada día más datos y conocimientos en las redes sociales, están cada vez más aislados, desorientados y sometidos a campañas de desinformación.

 

Permítanme ahora dedicar unos minutos al tema del periodismo y la comunicación, en su relación con la democracia, desde una perspectiva general. El tema es fascinante y aunque no soy un profesional en esta área, tengo la obligación de ser portavoz de posiciones institucionales y conducir programas de televisión.

 

En este campo de la comunicación, lo que tengo son preocupaciones.

 

Tengo la impresión de que en muchos países, y el nuestro no es la excepción, la opinión pública se ha convertido en la práctica  en un espacio donde en lugar del debate de ideas y propuestas, predominan las mentiras, las calumnias y otras formas de degradar y humillar la dignidad de cualquier persona que discrepe de sus posiciones.

 

En lugar de argumentar en contra de las ideas de quienes se le oponen, en las redes digitales y en algunos medios tradicionales predomina la descalificación del adversario, basada en ataques directos contra su honor, su familia y su trayectoria personal.

 

Nos preocupa que el internet y las redes sociales,  a las que todo el mundo civilizado percibió como aliados idóneos para democratizar la información, permitir el acceso libre a las fuentes y una vía fácil para editar un periódico, producir un programa de televisión o de radio, se hayan convertido en la autopista por la que circulan la mentira, el insulto y la diatriba.

 

Se ha producido un grave deterioro de la forma de la comunicación y el debate político. Todos los que en un momento determinado vimos con esperanza los aportes de las redes, hoy nos sentimos desalentados.

 

Nos preocupa hondamente que no existan filtros sociales, académicos, institucionales o legales, que puedan advertir del daño que se está produciendo y buscar soluciones adecuadas que no vulneren el derecho a la libertad de expresión y de conciencia.

 

Nos preocupa también que las informaciones falsas, las llamadas fake news, circulan libremente por la internet sin control alguno. Es penoso el hecho, según denuncian algunos medios,  que algunos sectores particulares tengan instaladas verdaderas maquinarias en donde se retuerce la verdad, se fabrican falacias y se cambia la dirección de la opinión pública.

 

Nos preocupa que algunos sectores trabajen contra la democracia y la estabilidad, buscando que se aumente la polarización social, el sectarismo y la desconfianza, sin darse cuenta de que al enrarecer el clima político y fomentar el odio están contribuyendo al desprestigio de nuestro ordenamiento democrático.

 

Pero la mayor de las preocupaciones que percibimos es que esta tendencia se pudiera instalar en los medios de comunicación tradicionales como su orientación dominante, desencadenando un ambiente social nocivo para la convivencia pacífica, el diálogo y la concertación como herramientas sociales importantes.

 

Retomo nuevamente mi papel de abogado, para concluir con algunas orientaciones que me parecen importantes de cara al fortalecimiento de la democracia.

 

Creemos que es responsabilidad de los profesionales de la comunicación, de quienes tienen una posición de representación política o de dirección de los órganos del Estado y de la ciudadanía en general, que no terminemos dominados y atrapados en una cultura de fanatismo, de mentira y de odio.

 

Apreciados amigos y amigas.

 

Vivimos una coyuntura especialmente sensible, que ha puesto la transparencia y la correcta rendición de cuentas como pilares imprescindibles para garantizar el ejercicio de una democracia real, con sistemas de consecuencia y mecanismos de control de efectivo.

 

Es el momento de propiciar una alianza entre el periodismo independiente y profesional y los sectores sociales comprometidos con la democracia, para que se fortalezca la esperanza, la justicia y la dignidad como guías para encauzar el pleno desarrollo personal y de la nación.  

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

04 de abril de 2022

 

 

 

 

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