En ninguna institución del Estado la sociedad dominicana ha concentrado tantas expectativas de cambio, renovación y cumplimiento de su misión, como las que rodean al Ministerio Público en la actualidad.

De ser un instrumento con áreas donde predominaba la incapacidad de cumplir sus objetivos con eficiencia y que en su conjunto gozaba de muy limitada confianza de la sociedad en sus acciones, el Ministerio Público ha atravesado un proceso de readecuación institucional que incluye dos momentos destacados.

Hace 20 años, el  Ministerio Público experimentó importantes transformaciones, con la adopción y promulgación del Código Procesal Penal, que reforzó su rol en la persecución, investigación y acusación de delitos y crímenes, lo que se afianzó hace 10 años con el reconocimiento legal e institucional como órgano que goza de autonomía funcional y administrativa protegido por un Estatuto de carrera profesional.

A lo largo del período, sin embargo, una constante ha sido el desfase entre las expectativas sociales y la realidad del compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para facilitar la profundizar del Ministerio Público en la creación de un régimen de consecuencias contra quienes delinquen y fomentan las prácticas de corrupción.

Por esto no resultan fuera de lugar las recientes posiciones aparecidas en los medios de comunicación, que incluyen las demandas e iniciativas que pretenden desarrollar las asociaciones de fiscales para obtener mejorías en las condiciones de trabajo y profesionales, así como las sabias advertencias que la Magistrada Procuradora General de la República le formula a los miembros del Ministerio Público que adelantan acciones que, de acuerdo a sus palabras, podrían paralizar la labor de ese órgano de persecución.

FINJUS llama a los actores del Ministerio Público involucrados, desde la Procuraduría General así como las diferentes instancias de este órgano, para que reflexionen sobre las condiciones sociales que prevalecen y la necesidad de que cualquier iniciativa sea encaminada en un marco de coordinación institucional, de forma que el fortalecimiento de la importantísima gestión que se despliega en la actualidad contra el crimen y la violencia en la sociedad, produzca resultados que nos ayuden a avanzar en la calidad de nuestro orden democrático.

FINJUS ha reiterado en innumerables ocasiones que el cumplimiento de la Ley de Autonomía Presupuestaria y administrativa del Ministerio Público es una condición sine que non para obtener resultados sostenibles en el afianzamiento del Estado de derecho y la lucha contra el crimen y la corrupción y tenemos altas esperanzas de que en este año los poderes Ejecutivo y Legislativo encontrarán las vías adecuadas para plasmar en el Presupuesto del 2023 los recursos que garanticen la implementación de los programas y planes diseñados en los últimos años.

Valoramos las declaraciones  de la Magistrada Miriam Germán Brito como la expresión de un llamado a no descuidar las tareas actuales y que cada miembro del Ministerio Público redoble, con su responsabilidad y compromiso, el esfuerzo que se realiza para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio a cargo de los órganos internos de esa institución, que es la justificación más importante para que la sociedad se identifique y apoye sus justos reclamos profesionales y laborales. 

Es, en definitiva, una nueva oportunidad, para que el liderazgo público de un paso más en esta dirección  y salgan fortalecidas las capacidades de un Ministerio Público, que lleva 20 años clamando por un destino mejor.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

26 de septiembre, 2022