Hoy, es un día especial para todos los sectores que tenemos un compromiso firme con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en este país.

Por primera vez en la historia reciente de la República el Gobierno Central inicia un proceso para producir un sistema de transferencia de competencias de los órganos del Poder Ejecutivo hacia las administraciones locales, lo que significa la materialización de un sueño de quienes han dedicado su vida y mejores esfuerzos para la consolidación de los gobiernos locales, o sea del sistema municipal.

En virtud de su decreto 734-22, Señor Presidente, se dispuso la creación de un Gabinete para el desarrollo de ese proceso y quienes lo integramos deseamos compartir algunas reflexiones en este día que es histórico.

Que el Poder Ejecutivo decida operativizar un mandato de la Constitución, artículo 204, que ordena al Estado propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley, representa el inicio de un proceso que augura una nueva visión de desarrollo institucional.

Se abre una magnífica oportunidad, asimismo para propiciar la coordinación de los diferentes entes públicos para el logro de objetivos comunes, en un momento clave en el desarrollo democrático de este país.

A veces pasa inadvertido el fenómeno del creciente involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en los procesos sociales, económicos y políticos que demanda nuestro desarrollo humano y social.

Pasa inadvertido porque durante décadas el Estado y la sociedad han transitado por senderos que parecerían paralelos, divergentes y hasta antagónicos. No solo por el contenido intrínseco de la acción estatal en los asuntos públicos, sino por el uso de modelos, estrategias, programas y políticas diseñadas al margen de las comunidades, los territorios y los sectores más importantes de la sociedad dominicana.

Con excepciones, como la jornada nacional por una mayor inversión en al área de la educación, muchas estructuras y agencias estatales no lograron sintonizar con las necesidades de la población y sus sectores más dinámicos, negando derechos, cerrando oportunidades y fomentando con sus acciones el descreimiento, la desconfianza y la apatía de la sociedad.

No se daban cuenta que con esos enfoques de la acción, la gestión y la relación con las comunidades y las regiones eran obstáculos al propio sistema democrático, cuya base de sustentación más importante es la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos, que tenga como propósito convertir cada acción en una jornada de educación cívica para que cada hombre o mujer se empodere con la convicción de que esta democracia nos pertenece a todos.

Están floreciendo la conciencia de que los ciudadanos no deben ser meros espectadores y acompañantes en el camino de la construcción de nuestra democracia.

Somos testigos de un dinamismo que parte desde la misma base de la sociedad y que se expresa especialmente en la vida municipal, con la participación activa de redes comunitarias, coaliciones y alianzas de organizaciones sociales de diferente índole, que exigen información, espacios de diálogo y participación, así como mecanismos de transparencia, desde los cuales puedan participar en las decisiones que afectan la calidad de sus vidas.

Se percibe un aumento en el número de los ayuntamientos que están mostrando su compromiso con estos propósitos. Allí se están fortalecimiento las autoridades locales que apuestan a establecer relaciones y alianzas con la comunidad, traspasando el marco coyuntural del período para el que fueron electos.

Al mismo tiempo observamos con gran interés y esperanza los signos que nos indican que entre el Gobierno Central y los municipios se están creando alianzas que aspiran a ser sostenibles y duraderas, basadas en una mayor coordinación en la acción, en las políticas, en los programas y en la gestión conjunta.

Y lo vemos de manera directa en el área en que nos hemos involucrado en estos últimos dos años que es el de la seguridad ciudadana. La existencia de las mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género ha permitido que instituciones centralizadas, autoridades locales, empresarios, universidades, líderes religiosos y líderes comunitarios se comprometan a crear un camino para que los problemas de la inseguridad ciudadana no continúen tratándose como casos particulares.

Estamos ante el inicio de un proceso de transformaciones, porque van a aumentar los niveles de gobernanza local y nacional y elevarán la legitimidad de las instituciones y sus políticas públicas.

Deseamos dejar, por último, nuestro reconocimiento a todas las autoridades que se han involucrado en este proceso, desde el Señor Presidente de la República, la Secretaría General de la LMD, los ministerios de Interior y Policía y Administración Pública, y los diferentes organismos municipales, civiles, empresariales y locales que están trabajando en esta dirección.

Enhorabuena y a seguir adelantando estos trabajos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

25 de abril, 2023

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