FINJUS DEFIENDE LA POSTULACION CIUDADANA DE CANDIDATOS A LAS ALTAS CORTES Featured

El proceso de elección de los miembros de las Altas Cortes fue abierto el pasado 15 de mayo de 2017 con la celebración de la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde quedó conformado este órgano y se procedió a ordenar las acciones que conllevarán a la elección de 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia y los 5 miembros del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Asimismo en su reciente reunión del 12 de junio pasado el CNM aprobó el Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley núm. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

Acto seguido, el CNM llamó a los ciudadanos y las organizaciones sociales a presentar candidatos a integrar los estamentos señalados, de acuerdo al art. 15 Del Reglamento, que establece que “la presentación de candidaturas será libre y podrá ser hecha tanto por organizaciones cívicas e instituciones como por particulares. En todos los casos el titular de la candidatura debe dar su consentimiento de acuerdo con las formalidades y dentro de los plazos establecidos por este Reglamento”.

La convocatoria del CNM a participar en la presentación de candidatos a las Altas Cortes es un derecho fundamental protegido en la Constitución de 2010 y que ha sido reconocido como un logro del proceso de la reforma judicial dominicana desde sus mismos inicios.

En efecto, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura No. 169-97, del 15 agosto de 1997, en su artículo 12 recogía que “la presentación de candidaturas será absolutamente libre, y se podrá realizar tanto por instituciones como por personas físicas dentro de los plazos y de acuerdo con las formalidades establecidas por el Consejo Nacional de la Magistratura”.

El país recuerda los acontecimientos históricos de hace 20 años que dieron lugar a la elección de la primera Suprema Corte de Justicia fuera del sistema antidemocrático que daba al Senado la exclusividad de la designación de los jueces de todas las instancias. En ese marco las organizaciones sociales más importantes, de todos los sectores, constituimos la Coalición por una Justicia Independiente, que promovió la presentación de los candidatos más idóneos para dirigir el Poder Judicial dominicano.

Cada vez que el CNM se ha reunido ha reconocido este derecho, que representa una valiosa herramienta para que la ciudadanía y sus organizaciones plasmen el ideal de una democracia cada vez más participativa. La presentación de candidaturas nunca ha representado un menoscabo de las facultades constitucionales que tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de elegir a los postulantes mejor calificados y la simple postulación no representa una disminución de las capacidades de este órgano.

Las voces que se han levantado para objetar que un determinado sector de la vida nacional pueda presentar candidatos libremente, en el marco de los derechos que la Constitución le reconoce y cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, no tienen la razón y podría dar lugar a exclusiones irritantes impropias de un Estado Social y Democrático de Derecho, que aspira a que las decisiones fundamentales de los órganos púbicos hayan contado con el conocimiento y consenso de la ciudadanía, que son las bases para su legitimidad y apoyo posterior.

Ningún sector religioso, empresarial, laboral, académico, jurídico o de cualquier otra denominación debe ser coartado de su derecho de proponer a quienes, según su parecer, son los mejores candidatos para ocupar una posición de magistrado en las Altas Cortes. Consideramos que es bueno que la sociedad conozca quién propuso a cada candidato y cómo fue electo. Creemos que la participación de todos los sectores favorece la transparencia de la elección de órganos tan vitales para la democracia como son lo son la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

Queda como un deber ciudadano dar seguimiento a la actuación de los magistrados electos una vez instalados en sus puestos, para que sus decisiones solamente respondan al derecho y la justicia, y estén siempre apagados a los principios rectores de nuestra Constitución. Otras aprehensiones, dudas o desconfianzas solo sirven para debilitar nuestra institucionalidad democrática.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS


23 de junio de 2017

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