La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera importante realizar, al acercarnos a la finalización del año 2021, un ejercicio de ponderación sobre algunos aspectos destacados de la institucionalidad y el sistema de justicia del país, que permita establecer los retos y perspectivas de cara al 2022.

El análisis parte del reconocimiento de los efectos de la pandemia por Covid-19 al inicio del 2021, que significaron el deterioro de varios aspectos del cuadro general de la sociedad dominicana, especialmente en lo referente a las áreas económica, institucional y el tejido social. Los sucesivos estados de emergencia, las medidas restrictivas para enfrentar la crisis sanitaria y la percepción creciente en la población del deterioro de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, significaron graves retos para la democracia dominicana.

Lo anterior se conjugó con el arranque de un nuevo equipo de gestión gubernamental que planteó la necesidad de reforzar una serie de áreas vitales para devolver la confianza en las instituciones y establecer mecanismos para fortalecer la institucionalidad democrática.

Cabe recordar que a fines de 2020, el Poder Ejecutivo anunció un  vasto plan de reformas institucionales, que pretendía poner en marcha un conjunto de iniciativas que apuntan a visibilizar el compromiso y la voluntad de emprender acciones concretas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones, que incluían reforzar el marco jurídico de áreas claves como las compras y contrataciones públicas, el régimen de consecuencias contra la corrupción e impulsar los órganos de control interno y externo del Estado.

Es en ese marco en que se puede interpretar las acciones que se han desarrollado en 2021 en el seno de los órganos del sistema de justicia, especialmente del Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes junto a otros actores como la Policía Nacional y el sistema de la Defensa Pública, están llamados a dirigir sus acciones, desde sus perspectivas institucionales y legales propias, hacia la profundización y  sostenibilidad de las reformas adoptadas en años recientes.

El inicio del 2021 encontró al Poder Judicial limitado por las restricciones impuestas por la expansión de la pandemia, que obligó a la utilización de formas de virtualización de la justicia y la  transformación acelerada de procedimientos y protocolos propios de su labor jurisdiccional, generando reacciones diversas entre los usuarios del sistema por las limitaciones impuestas.

Creemos oportuno valorar el avance que supuso el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Y es que, a pesar de que la virtualidad fue el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial para evitar el cierre total de las actividades jurisdiccionales en razón del confinamiento del año 2020 por la pandemia que todavía enfrentamos, en general esta medida constituyó una respuesta a la demanda de mejora en la capacidad institucional en la prestación de los servicios de administración de justicia.

Aspectos como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gestión y secretaría, entre otros, que por años la sociedad dominicana le ha señalado al sector justicia, pudiesen encontrar una vía de mejora en el uso de los medios digitales como herramienta para lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los actores judiciales y usuarios del sistema, tal y como se ha visto reflejada en otras instancias de la administración pública que han utilizado la virtualidad como vehículo para eficientizar los servicios e, incluso, garantizar su accesibilidad.

A propósito de que recientemente intervino la sentencia TC/0286/21 de fecha 14 de septiembre de 2021 emitida por el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una serie de protocolos que amparaban los procedimientos virtuales, resulta necesario destacar que el contenido de la sentencia aclaró que no se trata de que el uso de los medios digitales contravengan el contenido constitucional, sino que deben estar regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del órgano.

En ese sentido, supone un desafío en el 2022 para la comunidad jurídica y especialmente para el Poder Judicial, aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial que actualmente se encuentra en la fase de estudio en el seno del Congreso Nacional. Esto así en orden a lograr una verdadera transformación digital que permita alcanzar una adecuada interacción con el ciudadano, mayores niveles de accesibilidad a la justicia y la dinamización de los procesos y servicios que ordenan la Constitución y las leyes.

En ese marco nuestra atención se concentra en otro de los actores principales del sistema de justicia, que es el Ministerio Público, que constituye un órgano fundamental para el logro de objetivos de transparencia y erradicación de la impunidad que ha proclamado desde diferentes instancia del Estado dominicano.

Ciertamente la sociedad ha valorado positivamente la designación de la Procuradora General de la República y la consecuente integración de los diferentes estamentos ejecutores de este órgano persecutor, al tiempo que ha aplaudido el interés de garantizar que los procesos de su designación o selección se realicen sin sujeción al partidarismo, como una forma objetiva de enfrentar las amenazas a la independencia funcional del Ministerio Público consignadas en sus leyes.

Desde FINJUS hemos abogado reiteradamente respecto de considerar la configuración institucional dada en nuestro marco normativo a la figura del Procurador General de la República, la cual concentra en sí tres funciones primigenias que cursan objetivos distintos y que en otros ordenamientos jurídicos se pueden encontrar separados y asignados a distintos funcionarios públicos.

En el transcurso del año, se ha observado una perspectiva institucional que enfoca al Ministerio Público desde su misión constitucional de defender el interés público tutelado por la ley, y hacer efectivos los derechos y garantías consignados en defensa de la sociedad de acuerdo a los límites que impone el mandato constitucional, lo que ha significado la existencia de un ambiente de reconocimiento y respeto de las reglas propias del Estado de derecho para asegurar la calidad y legitimidad del órgano y de la vida democrática en sentido general.

La sociedad percibe el gran incremento del trabajo a que ha venido realizando el Ministerio Público, tomando en consideración el elevado número de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales, especialmente de aquellos que involucran expedientes complejos que señalan alegados entramados de corrupción y narcotráfico.

Los medios de comunicación y muchas organizaciones sociales han evaluado estas iniciativas como una verdadera hazaña, tomando en consideración el que estas iniciativas se han tomado en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional y de establecimiento de su independencia formal y material, en tanto defensor del interés público.

En esta valoración institucional se destaca que el verdadero hito no se circunscribe siquiera al hecho de quiénes han sido imputados sino de una persecución penal que refleja un Ministerio Público que ejerce sus atribuciones con un marcado criterio de imparcialidad que prioriza la objetividad, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas en el marco de la persecución del delito.

Sin perjuicio de lo anterior, desde FINJUS advertimos la necesidad de que la persecución penal no derive en el sobretratamiento mediático de los casos, evitando generar un proceso irregular o violaciones de los derechos del sujeto pasivo del proceso penal. Esta garantía resulta ineludible para que los imputados no se vean expuestos a un juicio anticipado e incluso a una pre-condena basada en los medios de comunicación.

De ello resulta especialmente importante conciliar el interés social que indudablemente provocan estos casos y su consecuente  obligatoria publicidad de las actuaciones judiciales por un lado, y el derecho a comunicar libremente información veraz con el respeto a las condiciones, para que el proceso se desarrolle con normalidad y no se produzca una colisión con derechos como la presunción de inocencia, la intimidad, imagen, el honor, entre otros.

Por otro lado, como parte importante del balance de este 2021, valoramos muy positivamente la iniciativa del Poder Ejecutivo de corresponder al contenido normativo que refiere a la asignación  presupuestaria de los órganos del sistema de justicia, de lo cual se ha anunciado un incremento en la partida correspondiente al Ministerio Público, cuestión sustancial para el fortalecimiento institucional del órgano en materias de tecnificación e investigación.

Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia entendemos que a la fecha debe continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan.

Es necesario continuar en los procesos de reforma en curso, especialmente de conformidad a los presupuestos constitucionales que faltan por materializar, esto así pues la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica están atados a la existencia de un sistema de justicia eficaz, integrado por órganos gestionados adecuadamente y coherentes con sus misiones constitucionales.

Todo lo anterior debe complementarse con otras medidas que reforzarían la capacidad de persecución del crimen organizado y el delito, así como la creación de un ambiente de transparencia que es ineludible para el fortalecimiento de la democracia.

Quedan pendiente, como retos para el 2022, la realización del compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar un conjunto de reformas, como la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva Ley de Contratación Publicas, entre otros aspectos prioritarios de una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción.

2022 debe ser el escenario donde el Estado y la sociedad  establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, para que finalmente podamos superar la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Diciembre de 2021

1. Informe Final PN

2. Resumen Ejecutivo Informe del Grupo de Trabajo para la Reforma y Transformación de la Policía Nacional

3. Correspondencias enviadas

4.  Comunicacion enviada A Roberto Santana

5. Seminario internacional para la transformacion  y profesionalizacion de la PN octubre 2021

6.-PROYECTO-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-TRANSFORMACION-2.pdf

7. GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLAN DE CARRERA

8. GUIA DESARROLLO TEORICO Y TECNOLOGICO

9. Decreto 211-21

10. INFORME FINAL Mision UNODC Santo Domingo 

11. Ley orgánica Policía Nacional 2016 -presentacion 

12. Listado participantes Seminario Internacional

13. Relatoría Taller Inducción a cargo PN

14. Relatorías Foros regionales y DN

15.Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias en el ámbito de la Reforma Policial-relatoría

Ver Carta Depositada 

De conformidad a la naturaleza constitutiva del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, en tanto consejo consultivo, así como de las atribuciones que le han sido asignadas, especialmente, lo referente a recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes.

En ese sentido, y en cumplimiento de lo anterior, desde el grupo de trabajo se ha revisado el contenido del proyecto de Código de ética de la Policía Nacional, de cara al contenido de la Ley Orgánica, así como de la doctrina policial

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A propósito de la propuesta de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, preparada por la comisión de agenda legislativa del pleno de la Suprema Corte de Justicia y que ha sido remitida a la Cámara de Diputados en virtud de la facultad de iniciativa de ley en asuntos judiciales que la Constitución dominicana, en el numeral 3 de su artículo 96, le confiere al pleno de la Suprema Corte de Justicia, entendemos oportuno realizar algunas consideraciones.

 Ciertamente existe una creciente demanda que apunta a la mejora de la capacidad institucional en la prestación de los servicios de administración de justicia; por años la sociedad dominicana le ha señalado aspectos al sector justicia, tales como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gestión y secretaría, entre otros; todo lo cual pone de manifiesto brechas significativas de cara a lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los actores judiciales y usuarios del sistema.

 En este contexto es preciso considerar la experiencia en los países de la región, la cual demuestra que el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la administración pública ha sido una estrategia apropiada en la búsqueda por modernizar el sector público y eficientizar la prestación de los servicios al ciudadano. Sin embargo, en materia de administración de justicia, la digitalización de los procesos y utilización del nicho virtual para su desarrollo ha quedado bastante rezagada en comparación a otros sectores gubernamentales, esto, en parte, encuentra justificación dada la complejidad de la estructura organizativa, la resistencia a la adopción de nuevos procesos, la naturaleza sensible de la información que suelen implicar los casos judiciales y la interacción políticamente compleja entre los diferentes actores que intervienen en los sistemas judiciales.

 En nuestro país pueden destacarse diversos ejemplos de éxito en la administración pública respecto a la utilización de medios y canales digitales en aras de eficientizar los servicios y garantizar la accesibilidad de los mismos; a pesar de ello, en materia de administración de justicia, el avance hacia la virtualidad no fue el resultado de cambios paulatinos sino más bien el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial que, a fin de no paralizar totalmente el sistema de justicia durante el cierre de actividades y orden de confinamiento en el país en gran parte del año 2020 por la actual crisis sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19, se abocó a incorporar diversas medidas y protocolos para el seguimiento de los asuntos judiciales y aun para el conocimiento de audiencias.

Cabe destacar que esta propuesta normativa orientada a reglamentar la utilización de los medios digitales en el Poder Judicial, responde al mandato dispuesto por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia número TC/0286/21, en la cual determinó la necesidad de que los servicios judiciales virtuales sean regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del órgano, sin anular los procesos que ya han sido celebrados.

 Lo expuesto anteriormente garantiza el principio de juridicidad al momento de establecer los servicios digitales como medio para la administración de justicia, ya no específicamente como estrategia ante la crisis, sino con el propósito de dar soluciones y procesos transversales que brinden al Poder Judicial mayor capacidad y eficiencia mediante la transformación digital que permita lograr una adecuada interacción con el ciudadano, la accesibilidad a la justicia y la dinamización de los procesos a lo interno.

 Desde FINJUS hemos sido consistentes en enfatizar que deben ser progresivas las acciones para ir introduciendo el sistema de justicia dominicano en la nueva era de las tecnologías, priorizando, por ejemplo, con ciertas reservas, la gestión administrativa de manera virtual, especialmente lo relativo a la recepción de documentos/emisión de copias certificadas. Así también, pudiese ponderarse la factibilidad de aligerar la carga administrativa y judicial pasando a la virtualidad audiencias de menor envergadura como son: audiencia para fines de comunicación de documentos, audiencias de conciliación en materia laboral, audiencias de emisión de conclusiones en la Suprema Corte de Justicia, entre otras.

 Y es que a pesar de los múltiples beneficios que ciertamente pudiese otorgar la adopción de nuevas tecnologías en el sistema judicial, especialmente en términos de accesibilidad, celeridad y economía, no debe dejarse de lado ni tratarse superficialmente el hecho de que, aspectos que están incluidos en esta propuesta de ley como por ejemplo la realización de audiencias virtuales en cualquier etapa procesal y en cualquier materia, pudiesen entrar en conflicto con principios y garantías constitucionalmente protegidos. Un ejemplo revelador lo constituyen las audiencias penales donde pueden verse diluidas en el entorno virtual principios como la oralidad, la contradicción, la publicidad y la inmediación.

 A la revisión de aspectos sustanciales como lo referido, se le suma la necesidad de que, en el proceso de conocer esta propuesta de ley, sean ponderadas experiencias en otras latitudes a los fines de prever posibles escenarios que pudiesen tornar un servicio judicial digital en ineficiente, costoso y/o con nichos digitales mal diseñados.

Sobre ello conviene revisar enfoques críticos sobre el desarrollo digital de la justicia en otros países, así como las buenas prácticas que se sugieren. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que:

 “(…) La implementación de un enfoque de justicia digital en un país implica tres aspectos principales. En primer lugar, transformar y rediseñar los servicios de justicia en torno a las necesidades de los usuarios. Esto supone que los servicios se basen en las necesidades de todos los usuarios, tanto internos (funcionarios, jueces) como externos (abogados, partes procesales).  En segundo lugar, repensar la forma en que trabajan las autoridades judiciales, incorporando nuevas tecnologías. Esto supone hacer una transición completa de los procesos en papel a los digitalizados, lo que a su vez implica establecer métodos de trabajo horizontales y flexibles y reclutar nuevo personal profesional, como analistas de datos e informáticos y diseñadores. Por último, mejorar la recopilación de datos y la gestión de la información digital, incluida la incorporación de sistemas de datos que permiten facilitar el trabajo entre plataformas interoperables de distintas entidades. En el sector de la justicia, esto se refiere a sistemas que posibiliten el intercambio de información entre diversos actores, como agentes de policía, fiscales, tribunales y prisiones. Además, la interoperabilidad de estos sistemas puede permitir la recopilación y análisis de información más precisa en el contexto de la formulación y reforma de políticas.[1]”

 En ese sentido, resulta necesario profundizar en la propuesta de ley de que se trata en cuanto a los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las TICs, a fin de que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios del Poder Judicial, los cuales ofrecerá a los ciudadanos.

De igual manera, estos estándares y protocolos que deberán cumplir los operadores del sistema de justica deberán ser incorporados en los procedimientos administrativos de forma gradual, dentro de ellos los relativos a sede electrónica, la solicitud y recepción de documentos y el registro para el uso de medios electrónicos. Lo anterior, permitirá para garantizar el máximo aprovechamiento de las TICs en el desarrollo de nuestro sistema de justicia con el fin de lograr una prestación de servicios eficiente de cara a los ciudadanos.

De acuerdo a este mismo precepto debe puntualizarse que los proyectos estratégicos de transformación digital, incluyendo esta propuesta de ley, que sin dudas marcará el camino hacia la transformación digital del sistema de justicia, deberán orientarse entre otros, por los principios de interoperabilidad administrativa en cuanto a las interacciones entre el ciudadano y el gobierno digital del Poder Judicial.

 Lograr una reforma eficiente en el sistema de justicia mediante la adopción de los medios digitales y otras tecnologías conlleva importantes retos que deben ser valorados incluso en esta primera etapa de este proceso que lo constituye el diseño normativo. Con relación a ello, hacemos énfasis en la necesidad de ponderar límites con relación a materia o etapas procesales determinadas para la admisibilidad de las audiencias virtuales; así también entendemos necesario que desde la ley sean indicados criterios lo suficientemente claros que orienten las diversas reglamentaciones que pudiesen producirse a fin de dotar al usuario de previsibilidad y certeza respecto de los procesos judiciales.

 De igual manera otro aspecto a valorar normativamente son los controles a establecer, tanto a nivel interno con supervisión e inspección de la interacción del nicho digital y el recurso humano del Poder Judicial, y a nivel externo en relación a la experiencia de los usuarios y previsiones en materia de ciberseguridad. 

Resulta de interés apuntar que la tecnología no es una mera herramienta, sino que tiene propiedades reguladoras y configurativas particulares que pueden afectar a los sistemas judiciales de diversas maneras. Las reformas en materia de justicia electrónica no tienen lugar en un vacío institucional y tecnológico. A la hora de planificar, diseñar e implementar reformas en materia de justicia electrónica debe tenerse en cuenta el ecosistema tecnológico institucional y de gobierno electrónico específico de cada país. El marco nacional de gobierno electrónico proporciona estándares tecnológicos, arquitectura y funcionalidades comunes que pueden aprovecharse para reducir la complejidad del desarrollo de la justicia electrónica y aumentar la compatibilidad e interoperabilidad con otros sistemas[2].

 La introducción de soluciones digitales en las administraciones de justicia debe entenderse como una reforma sistémica e integral que no solo concierne al uso de las tecnologías. Debe recordarse que se trata de una transformación que representa reformas de diversos tipos, legales, organizativas y culturales, desde el desafío que representa la interoperabilidad en razón de que los diversos tribunales se manejan con amplia independencia uno de otro en cuanto a la gestión del servicio judicial y en su relación con otros órganos del sistema de justicia, hasta un eventual requerimiento de estandarización y simplificación de los procesos en diversas instancias a fin de digitalizarlos.

 A fin de apostar a una transformación efectiva, sugerimos la sociabilización de esta pieza legislativa enfocando la clarificación de los aspectos que puedan generar una preocupación válida en los actores judiciales y usuarios del sistema, así como conocer los aspectos de mejora que pudiesen nutrir la propuesta de ley y la implementación del servicio.

 Desde FINJUS entendemos que resultan importantes y loables los trabajos encaminados a la adaptación de las nuevas tecnologías en el servicio judicial, lo cual representará un hito de cara a la transformación del sistema de justicia; valoramos la iniciativa del Consejo del Poder Judicial en incursionar en el desarrollo digital del servicio judicial, aun en momentos de crisis, y con logros destacables en poco más de un año de implementación y, de igual manera, alentar la iniciativa de ley del pleno de la Suprema Corte de Justicia que viene a dotar de respaldo normativo al esfuerzo que se ha venido realizando.

 Después de todo, y más allá de los considerables retos que se plantean y se presentarán, es necesario entender que una sociedad globalizada como la de hoy, que día a día nos conduce a un ritmo vertiginoso en materia de desarrollo tecnológico, hace necesario la adopción definitiva de las tecnologías como paradigma de la modernización en los sistemas judiciales en todo el mundo.

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

16 de octubre de 2021

[1] CORDELLA, Antonio; CONTINI, Francesco. Tecnologías digitales para mejorar los sistemas de justicia. Un conjunto de herramientas para la acción. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pág. 12. Disponible en: [https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tecnologias-digitales-para-mejorar-los-sistemas-de-justicia-un-conjunto-de-herramientas-para-la-accion.pdf]

[2] CORDELLA, Antonio; CONTINI, Francesco. Op. Cité.

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Señor Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona

Distinguidos Representantes de Organismos Internacionales

Distinguidos Expertos Internacionales invitados

Señoras y Señores:

El Grupo de Trabajo se siente complacido de dar la bienvenida a todos los presentes a este memorable evento, especialmente a los distinguidos expertos internacionales que han aceptado nuestra invitación de compartir sus experiencias y sabias lecciones en la profesionalización y transformación de la Policía en sus respectivos países.

Los miembros de este Grupo de Trabajo, fuimos convocados por el Presidente de la República a principios de abril, para unir nuestras voluntades para apuntalar una de las instituciones claves en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la persecución del crimen y el delito, que es la Policía Nacional.

Seguramente que todos percibimos que la sociedad dominicana sufre por la estela de dolor, frustración, miedo e impotencia ante luctuosos acontecimientos que se suceden y por la sensación de falta de control que se respira en todos los sectores sociales, sin distinciones ni exclusiones.

Es este contexto que motiva el decreto 211-21, que nos crea y encomienda la misión de contribuir en los procesos de cambio en la institución policial, y aportar en la redefinición del perfil del nuevo agente policial; recomendar acciones legales para el fortalecimiento de la Policía; promover la aprobación de los reglamentos pendientes; proponer cambios en los sistemas de remuneración, retiro y aspectos relacionados; así como formular recomendaciones al régimen de sanciones interno y dar seguimiento a los procesos sancionadores a agentes policiales que se encontraren inconclusos.

En  pocas palabras, Señor Presidente, Ud. nos comisionó para aportar sugerencias y propuestas realistas y bien fundamentadas que faciliten los cambios que la institución policial requiere con carácter de urgencia, para hacer eficiente su labor cotidiana, reconstruir sus relaciones con la sociedad y ganar la confianza social, especialmente en estos momentos de tribulaciones.

El Grupo de Trabajo se siente confiado que la tarea encomendada tiene altas probabilidades de ser coronada por el éxito, atendiendo al interés que ha despertado en amplios sectores sociales, pero principalmente convencidos en la sinceridad y la voluntad política que está transmitiendo el Presidente de la República para producir cambios positivos, constructivos, realistas y sostenibles en el cuerpo policial que contribuyan a consolidar su labor y mejorar la seguridad y la confianza ciudadanas. Ud. lo ha expresado de manera clara y diáfana en las últimas semanas: El proceso de la reforma policial es imparable, va con buen ritmo y se toman todas las medidas adecuadas para este propósito.

El Grupo de Trabajo ha recurrido, en estos seis meses de trabajo, a las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad ciudadana y la transparencia, para que en el marco de las atribuciones que estipulan la constitución y las leyes nos asistan, de forma que nuestras recomendaciones se ajusten a la legalidad.

En este camino no ha habido espacio para el desánimo. Desde el primer momento nos conformamos como una Fuerza de Tarea, definiendo la estructura, objetivos operativos y cronograma de acción. Desde el primer día establecimos una relación fluida y consistente con el Ministro de Interior y Policía y su equipo técnico, y la Dirección General de la Policía Nacional.

Procedimos a solicitar la información de los cambios estructurales, políticas y disposiciones en la Policia, para conocer el alcance y límites de las reformas realizadas desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Policia Nacional  y determinar las prioridades a profundizar en lo normativo, reglamentario, estructura operativa, políticas organizacionales y uso de la tecnología de la información.

Comprendiendo que esta reforma policial no puede ser solamente una tarea local, recabamos la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), quienes gentilmente aceptaron nuestra invitación de venir al país y realizar una evaluación diagnóstica de las necesidades y mejora de la función policial, completada a finales de mayo y que fue dada a conocer a la sociedad a inicios de julio pasado.

Asimismo solicitamos a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría externa de la Policía Nacional sobre la gestión y procedimientos de su control interno, la cual se encuentra en la fase de análisis de los datos y de la producción del Informe de Auditoría.

Asimismo solicitamos al Ministerio de Administración Pública una ponderación de los sistemas y políticas salariales vigentes en la Policía, para determinar las distorsiones que existen y aportar sugerencias para corregirlas apegados a la normativa vigente. El MAP ya está procesando la documentación pertinente facilitada por la Dirección General de la Policía.

Conocimos el estado de la elaboración de los reglamentos que ordena la Ley Orgánica de la Policía y hemos completado o elaborado aquellos que están pendientes. Hemos remitido al Consejo Superior Policial, 15 reglamentos depurados para que sean considerados, como ordena la Ley, como es el caso del reglamento general de la Policia Nacional, el que regula el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y el de la evaluación del desempeño en sus funciones.

Sobre el tema del régimen sancionador y la revisión de los casos pendientes de los agentes policiales sometidos por faltas graves, propusimos la creación de los Comités Independientes que contempla la Ley Policial, para hacer esta tarea.

Es importante que la sociedad dominicana conozca que los tres subgrupos que conforman el Grupo de Trabajo ha dedicado muchas horas a la observación, análisis y ponderación de las necesidades en las áreas de reforma legal, capital humano y estructura, desarrollo organizacional, capacitación y soporte tecnológico.

Tenemos la convicción de que estaremos en condiciones de entregar muy pronto nuestras  recomendaciones al Presidente de la República y apreciamos que algunas de las ellas pueden ser de aplicación inmediata, como las relacionadas con los procesos de evaluación de los miembros de la Policia Nacional y la depuración de quienes no llenan el perfil que recomienda la Ley.

Es urgente también que el presupuesto general de la institución policial sea adecuado para implementar las transformaciones sugeridas, especialmente en los procesos y programas de reclutamiento, selección y formación que son imprescindibles en la profesionalización del cuerpo policial.

En lo inmediato, el Grupo de Trabajo se aboca a celebrar 4 talleres regionales con representantes de organizaciones sociales para recoger sus preocupaciones y sugerencias, pero principalmente para crear la conciencia de que la reforma policial solo es posible cuando la ciudadanía la apoya y contribuye a su implementación.

La experiencia nos ha enseñado que todos los intentos de reforma policial en el pasado se caracterizaron porque la sociedad estuvo ausente en esos procesos; que no fue consultada y mucho menos hubo espacios para desarrollar nuevas prácticas en coordinación con el tejido social. Mientras persista la lejanía y la separación entre la policía y la sociedad y viceversa, no habrá una mejora de la seguridad y la confianza. Y sobre todo, la sociedad debe mantener constante su demanda de cambios en la fuerza policial y en todos los estamentos vinculados con la seguridad ciudadana.

El Presidente de la República ha expresado claramente que no hay vuelta atrás en esta reforma ni habrá parches. El país está en el momento justo de realizar estos cambios, con inteligencia, paciencia, madurez y sobre todo con energía.

Seguramente que al final de nuestra misión faltará uno que otro aspecto, si tomamos en cuenta que nuestras carencias en materia de seguridad son grandes y su tamaño es casi el mismo que el de nuestra historia. Pero seguramente, Señor Presidente y distinguidos invitados, que esto nunca será más grande que la decisión del pueblo dominicano de vivir en paz, de alcanzar el progreso económico y social y ser ejemplo y modelo para otros pueblos y naciones, en una época atormentada por las pasiones e intereses particulares y habitada por monstruos como la corrupción, el crimen organizado y la desigualdad social.

Que este Seminario Internacional sea fructífero y podamos concluir llenando las grandes expectativas de cambio que tiene la sociedad dominicana.

Muchas gracias

8 de octubre de 2021

Palabras de apertura del Dr. Servio Tulio Castaños,

ANJE, junto a FINJUS y con el auspicio de USAID, compartieron los resultados de la tercera edición del estudio sobre los efectos de la inseguridad en el clima de negocios e inversiones.

 SANTO DOMINGO. - La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó la tercera edición del estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, el cual se produjo con la colaboración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

 Durante el encuentro de presentación de los resultados del estudio, el cual fue realizado en el Salón Empresarial de la Torre AIRD, la presidenta de la Asociación, Susana Martínez Nadal, explicó que “con esta nueva edición afianzamos nuestro compromiso con proporcionar datos actualizados sobre el estado de la seguridad en el país desde el punto de vista del empresariado, así como, la carga económica que representa la inversión en prevención y cómo esto afecta el clima de negocios”.  Agregó que los aportes de ANJE, FINJUS y USAID, con este estudio, coinciden con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuyo objetivo 1.2.2 llama a “Construir un clima de seguridad ciudadana, basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción”.

 De igual modo,
Rebecca Latorraca Directora Regional de USAID, reconoció la importancia del involucramiento del sector privado en el diseño de políticas de seguridad ciudadana. Destacó que “solo podemos hablar de progreso real en materia social y de seguridad cuando las empresas y los individuos trabajan de la mano con la juventud, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado dominicano para reducir las tasas de criminalidad y violencia, lo cual reduce la capacidad de que este hermoso país crezca más fuerte”.

 Asimismo, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS agregó que: “Nuestra esperanza es esta nueva edición del Estudio-Diagnóstico del impacto de la Inseguridad Ciudadana en el clima de negocios empresarial que presenta ANJE contribuya a facilitar las estrategias que fomenten la coordinación de las instituciones públicas en este aspecto, en comunicación con la sociedad, produciendo una sinergia que favorecerá la acción conjunta de las organizaciones, de la mano con las empresas, los entes de servicio social y las entidades comunitarias”.

 La metodología de levantamiento de información de esta tercera edición se realizó a través de i un cuestionario dirigido por Gallup República Dominicana, respecto del cual se recopiló información durante los meses de junio - agosto del 2021, y que fue dirigido a altos ejecutivos y dueños de 555 empresas, en todas las regiones del país, según la distribución del Directorio de Empresas y Establecimientos de la República Dominicana, los directorios de ANJE, CONEP, AIRD, ADOZONA y AMCHAMDR. 

 Entre los resultados más relevantes, el Estudio reveló que el 79 % de los encuestados consideraron que la inseguridad representa una amenaza para el crecimiento de sus empresas; mientras el 75 % declaró tener poca o ninguna confianza en la Policía Nacional. Adicionalmente, un 95 % considera importante que se reforme esta institución para hacer frente a la inseguridad que enfrenta el país. Además, sugieren que enfrentar la corrupción en los diferentes niveles policiales, mejorar los salarios a integrantes, y, sobre todo, hacer un proceso de reclutamiento más robusto y exhaustivo, son las principales medidas que debe implementar el organismo, según la opinión de los encuestados. 

 Por otro lado, los delincuentes comunes son considerados como la principal amenaza por siete de cada diez de los consultados, seguido de los delitos cibernéticos. Mientras, los hurtos o robos se mantienen como las principales preocupaciones de los consultados con un 78 %, seguido por estafas y delitos cibernéticos, con 38 % y 36 % respectivamente. De ahí que la principal medida tomada por el 85 % de los consultados por temor a la delincuencia, ha sido instalar alarmas de seguridad, cámaras, y cercas eléctricas; mientras que en segundo lugar lo ha sido planear rutas alternas (43 %), reducir el horario de operación de la empresa (43 %), y aumentar los servicios de seguridad privada (21 %).

 De igual modo, “Robos” se destaca como el principal delito cometido por empleados de las empresas con un 86 %, seguido por “fraude” y “espionaje industrial” con un 37 % y 10 % respectivamente, mientras que el 40 % considera que el clima de negocios es “regular” y el 38 % lo califica como bueno o muy buenos. Además, a pesar de que el 51 % tiene esperanza en que habrá mejoras en cuanto a la situación económica, el 48 % en el clima de inversiones, el 41 % el desempleo, el 37 % en la estabilidad democrática; el 78 % considera que la inseguridad ciudadana seguirá igual o empeorará. Por último, nueve de cada diez empresas le atribuyen algo o mucha influencia a la inseguridad ciudadana en el clima de negocios. 

 En el marco de este encuentro se desarrolló el panel “La inseguridad ciudadana y su impacto en el clima de negocios”, liderado por Ángela Jáquez, viceministra de seguridad preventiva en gobiernos provinciales; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Carolina Ramírez, especialista en seguridad, y moderado por Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE. 

 Cabe destacar que, a través de esta herramienta, los jóvenes empresarios logran medir la incidencia de las debilidades en materia de seguridad pública en el funcionamiento de los negocios. El Estudio ofrece una idea clara de las perspectivas de expansión, los riesgos de inversión, los costos que los empresarios soportan para implementar tecnología y sistemas de seguridad y las pérdidas acaecidas por causa del inventario o dinero en efectivo sustraído.

 Click para bajar :

MENSAJE DE SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN

Informe Seguridad Ciudadana 2021 _ Digital

ANJE - Carta de Agradecimiento Servio Tulio Castanos

 Los datos aportados por Diario Libre acerca de la distracción de más de RD$ 2,650 millones de pesos por concepto de la exoneración de impuestos de 1,148 vehículos a algunos diputados y senadores en los últimos 11 años, refleja con dramatismo cómo la distorsiones y la falta de mecanismos racionales de control y fiscalización dificultan al Estado dominicano para el ejercicio de un rol efectivo para el desarrollo y la consolidación de la democracia.

 En el marco de un país que ha confrontado gravísimos problemas económicos y sociales, resulta inconsecuente que un grupo mayoritario de legisladores hayan convertido una norma que en su origen estaba destinada a facilitar el trabajo legislativo, en un mecanismo reprobable que en definitiva ha beneficiado a sectores ajenos al Congreso que cuentan con capacidad para cumplir con sus obligaciones impositivas al adquirir un vehículo de lujo.

 Aunque es cierto que la ley permite el traspaso de los certificados de exoneración por parte de los legisladores, el Estado debió corregir la distorsión de su venta a terceros, y que lamentablemente causa irritación en muchos sectores que la perciben como un privilegio, con el consecuente daño de la imagen del Congreso y el desánimo de la población.

 Queda claro que el modelo creado y aprobado por los propios legisladores ha demostrado ser inequitativo, irracional e ineficiente desde el punto de vista de la sociedad y del Estado. Para algunos analistas e instituciones, el sistema de asignar dos exoneraciones en el periodo legislativo no es propio ni aceptable en una sociedad democrática.

 Este nuevo episodio de críticas sobre el Poder Legislativo debe llamar a  la reflexión a todos los legisladores, para iniciar el camino de la reforma profunda de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones señaladas y otras acciones que, como hemos manifestado recurrentemente, desnaturalizan la esencia de la función legislativa (casos Barrilito, Cofrecito y ayudas sociales).  Estamos en el momento justo de promover esos cambios para beneficio del Congreso y del país.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 27 de septiembre de 2021