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 Con profunda preocupación la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) observa una iniciativa del Senado para solicitar al señor Presidente de la República que ordene al Superintendente de Bancos aprobar una amnistía crediticia por los efectos económicos derivados de la COVID-19.

 A estas alturas para nadie es un secreto que la pandemia que nos azota desde el pasado mes de marzo, y cuyo final aún resulta incierto, constituye un fuerte golpe al sistema económico global y nacional, abriendo una gama de enormes desafíos para que las economías, como la nuestra, puedan retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo social.

 FINJUS ha expresado reiteradamente la importancia de que el Estado, como columna vertebral del sistema, desarrolle políticas públicas que alienten y dirijan la recuperación, sobre la base de la equidad y la protección equilibrada de los diferentes sectores de la nación. Hemos sido particularmente precisos al solicitar del Estado acciones que ponderen el alcance global de sus efectos, para evitar que a corto o mediano plazo se conviertan en medidas que erosionen la estabilidad institucional y económica, y por tanto social.

 La amnistía crediticia que propone la Resolución resulta a todas luces una medida económicamente contraproducente. Por un lado, porque erosiona los pilares de la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional, ubicados por disposición de la Constitución en la Junta Monetaria y que se irradia al resto de los entes de la Administración Monetaria y Financiera, para garantizar la existencia de una Administración con altos niveles de autonomía y con capacidad de sostener con criterios independientes, la estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero.

 Por otro lado, la propuesta resulta también contraproducente porque desconoce que el sistema bancario es una moneda de dos caras, en la que están los tomadores de crédito, y en la otra, los depositantes. La intermediación financiera funciona precisamente de la aplicación de los fondos depositados por el publico en general para el otorgamiento de créditos, por lo que una medida general que implique el impago de los créditos se traduce directamente en una afectación del ahorrante dominicano, especialmente el ahorro de la familia dominicana.

 A lo anterior se adiciona el hecho de que la regulación del sistema financiero tiene como objeto central su estabilidad. Sin estabilidad financiera no existiría el desarrollo y tejido económico que hoy disfrutamos, y su alteración mediante medidas como la propuesta degeneraría en una crisis social sin precedentes. La estabilidad financiera significa fomentar un mercado en el que los diferentes actores se encuentren protegidos y que sus actuaciones estén cubiertas siempre por un manto de seguridad jurídica. La Resolución apunta directamente hacia el desequilibrio y el caos en el sistema financiero.

 En consecuencia, FINJUS rechaza esta Resolución y cualquier otra medida que socave la capacidad institucional y de regulación de la Administración Monetaria y Financiera, y que fomente la inestabilidad e insostenibilidad en las operaciones del sistema financiero, por los gravísimos efectos que tendría para los ahorristas, deudores y el tejido empresarial, que requiere de dicha estabilidad para el desarrollo de sus actividades y la generación de riqueza común.

 En el marco de las políticas dirigidas a paliar los efectos de la pandemia por COVID-19, las acciones de este tipo deben concentrarse en alentar a las autoridades a continuar adoptando decisiones e iniciativas para incrementar la protección equilibrada de los participantes del sistema y que fomente un ambiente de entendimiento común para a trazar medidas razonadas y adecuadas para la recuperación y el crecimiento. El futuro del país en este clima de riesgos descansa en decisiones prudentes, ajustadas y sabias.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

https://youtu.be/_0jP_oI0Luw

Ante el nuevo período constitucional que inició en agosto pasado, es bien sabido que la propia Constitución indica de manera expresa algunos cambios que deberán hacerse en torno a quienes presiden y conforman dichas instituciones, lo que implica la escogencia por parte del gobierno entrante de nuevas autoridades .

 

Al respecto, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), consideramos que la ciudadanía debe conocer cuál es el órgano responsable de elegir, cómo se vislumbra jurídicamente y en términos prácticos el procedimiento y cuándo se iniciará el proceso de elección precedentemente indicado. En ese sentido, nos referiremos a la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

 

  1. Sobre la Cámara de Cuentas.

 

De acuerdo al artículo 80 numeral 3, el Senado deberá elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Conforme el Reglamento del Senado en su artículo 303 se destaca que “ Una vez recibida la resolución de la Cámara de Diputados, el Presidente del Senado ordenará su colocación en el Orden del Día de la próxima sesión que se celebrare y apoderará una comisión especial, con plazo fijo de hasta dos semanas, para el informe definitivo a presentar al Pleno, quien deberá aprobarlo por una votación de más de las dos terceras partes de los presentes. "

 

En lo que concierne a los aspectos metodológicos, el artículo 304 del Reglamento del Senado indica que “El presidente de la comisión especial en la primera reunión que se celebre, presentará en coordinación con el Departamento de Comisiones, un procedimiento de trabajo, requisitos, controles e indicadores de competitividad para el cargo, así como la apertura a consultas, a los fines de seleccionar idóneamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. "

 

En lo que atañe a la temporalidad y conformación de la Cámara de Cuentas, el artículo 248 de la Constitución establece que estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados y sus miembros son elegidos por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos. Su escogencia se produjo en febrero del año 2017, por lo que en el mismo mes anteriormente indicado del año 2021 deberá designarse a sus sustitutos.

 

  1. Sobre la Junta Central Electoral.

 

De acuerdo al artículo 80 numeral 4 y conforme el artículo 212, párrafo I de la Constitución dominicana, estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, los cuales son elegidos por un período de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

 

Conforme al artículo 305 del Reglamento del Senado se puntualiza que “Al inicio de cada período constitucional, el Senado debe elegir a los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral.” A seguidas, el artículo 306 indica que “El Presidente del Senado, iniciará los trabajos relativos a la integración del organismo electoral, conformando de manera plural y equilibrada, una comisión especial, que preseleccionará una terna por cada integrante y luego de los trabajos, elaborará un informe al Pleno con las propuestas definitivas y el cual deberá aprobarse con una votación de las dos terceras partes de los senadores presentes.

 

Si nos referimos al procedimiento de elección, se indica que la comisión previamente mencionada, elaborará una metodología y el procedimiento procedente para garantizar la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral, todo lo cual deberá realizarse “en un plazo no mayor de los sesenta días hábiles siguientes al inicio del período constitucional correspondiente”, de acuerdo al texto del artículo 308 del Reglamento del Senado.

 

Los miembros actuales de la Junta Central Electoral fueron elegidos el 16 de noviembre de 2016, por lo que –de acuerdo al texto constitucional y al Reglamento del Senado–, en el presente año deberán haber sido designados los nuevos miembros. Actualmente el Senado conformó una Comisión Especial para evaluar los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Su primera reunión será el lunes 7 de septiembre, por lo que los plazos coinciden tanto desde la normativa reglamentaria como constitucional.

 

  • Sobre el Tribunal Superior Electoral

 

El artículo 179 numeral 3 de la Constitución dominicana, indica que los jueces son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, siendo designados por un período de cuatro años. El propio Consejo es quien determina al presidente del Tribunal. Sobre la base de comprender la temporalidad de investidura de los miembros de este órgano, debe saberse que los actuales jueces fueron designados el 19 de julio del 2017, por lo que debería convocarse al Consejo Nacional de la Magistratura en el próximo año 2021.

 

  1. Sobre el Tribunal Constitucional.

 

El artículo 179 numeral 2 de la Constitución dominicana, indica que los jueces de esta Alta Corte son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura disponer cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente, en caso de falta o impedimento.

 

Asimismo, conforme el párrafo del artículo 187 de nuestra Carta Magna, los jueces de este tribunal serán designados por un único período de nueve años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de cinco años. Igualmente, se indica que la composición del Tribunal se renovará de manera gradual cada tres años.

 

En términos de temporalidad de la investidura de los jueces, el Tribunal Constitucional requiere una mayor atención en torno a su configuración. El 27 de diciembre de 2011 fueron juramentados por primera vez los jueces del Tribunal Constitucional dominicano. La disposición transitoria decimonovena de la Constitución indica que para garantizar la renovación gradual de la matrícula del Tribunal Constitucional, por excepción de lo dispuesto en el artículo 187, sus primeros trece integrantes se sustituirán en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, a los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente, mediante un procedimiento aleatorio.

 

Los primeros cuatro jueces salientes, por excepción, podrán ser considerados para un único nuevo período. De manera que, conforme a lo anteriormente dispuesto y tomando en cuenta que el 11 de diciembre de 2018 fueron juramentados nuevos jueces del Tribunal Constitucional que sustituyeron al grupo saliente; entonces en el presente año serán cuatro (4) jueces que cumplirán con el período determinado por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137-11. 

 

Servio Tulio Castaños G.

4 de septiembre de 2020

Puedes bajar el documento aqui

 

Las elecciones dominicanas en 2020 abarcaron los 3 niveles de escogencia en nuestra democracia: municipal, en marzo, y las congresuales y presidencial el 5 de julio pasado. Las circunstancias políticas, económicas y sociales que rodearon su celebración fueron totalmente excepcionales. Se conjugaron, en pocos meses, la agudización de una crisis del sistema de partidos políticos, la debilidad del sistema electoral y el impacto de una pandemia de clase mundial que nos ha sumergido en una gravísima crisis económica, social y sanitaria sin precedentes.

 

Circunstancias tan especiales obligan a todas las personas e instituciones a reflexionar sobre el significado de esta combinación de factores únicos y analizar, a la luz de sus lecciones más importantes, como podemos encarar el futuro dominicano, desde la perspectiva de país y con el compromiso de construir las mejores opciones para superar las crisis señaladas.

 

Las elecciones del 2020 nos muestran, en primer lugar, que debemos continuar profundizando la reforma electoral y de partidos políticos desde un enfoque integral, aprovechando las oportunidades que ha abierto la aprobación de un nuevo marco normativo sobre estas materias. Profundizar las reformas significa crear las condiciones para la eliminación de las prácticas tradicionales que han caracterizado la acción de los partidos y que lamentablemente volvieron a manifestarse tanto en marzo como en julio.

 

Esas prácticas abarcan diferentes áreas. En este momento deseamos concentrarnos en una de las más preocupantes: el rol y desempeño de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano. Pese a que la diversidad y pluralidad de opciones es en general una fortaleza de los buenos sistemas democráticos, los resultados que algunos de dichos partidos vienen obteniendo en los últimos 20 años, llaman a la reflexión sobre sus propósitos y acciones

 

Los resultados electorales recientes dejan al desnudo la realidad de esos partidos, como entidades que, en su mayoría, no reflejan una vocación democrática clara, dada la ausencia de verdaderos proyectos de gobierno que fortalezcan la pluralidad democrática, desvirtuando el sentido de las agrupaciones políticas en el sistema democrático y concentrando su acción en la búsqueda de alianzas políticas que justifiquen su acceso a los recursos públicos.

 

Conviene rescatar el señalamiento que hizo el Tribunal Constitucional dominicano mediante la Sentencia No. TC/0006/14 del 14 de enero de 2014, en la cual definió a los partidos políticos como: “un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad”.

Como en todo Estado democrático y de derecho, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en nuestro país son entidades dotadas de personería jurídica que se conforman con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional a las cuales les asiste el derecho a libre organización. Están integrados por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que, de manera voluntaria y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, procuran concentrar y canalizar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

 

A pesar de ser constituidas por particulares, prevalece una de sus características primordiales: sus fines públicos, en razón de lo cual deben estar sujetas a las disposiciones, normas y regulaciones que establezca el Estado para asegurar que los mismos se cumplan.

 

Dentro de estas normativas se encuentran aquellas que apuntan a las causas de pérdida de la personería jurídica que va conectada a la razón misma y esencia de una organización partidaria. A lo anterior se une la clasificación escalonada de distribución de los fondos públicos en virtud de los votos válidos obtenidos, lo que se levanta como argumento para justificar su incapacidad para lograr una verdadera equidad entre partidos mayoritarios y minoritarios.

 

No debe obviarse que en nuestro país los partidos políticos han estado en el ojo ciudadano producto de la gran desconfianza que han  generado, debido a que una gran parte de ellos no han logrado asegurar vías efectivas de representatividad y participación de los militantes y ciudadanos en el proceso político y, en consecuencia, la reacción institucional normativa apunta cada vez más a permitir al legislador adentrarse en la regulación de la vida interna de los partidos para hacerla más democrática, más garantista, más transparente y participativa y, especialmente, obligarles a sujetarse a su esencia misma.

 

Sin duda alguna los resultados electorales recientes deben constituir un profundo llamado a la reflexión al sistema partidario dominicano, de manera que retomemos la mejores vías para producir una mejor comunicación y relación entre las agrupaciones partidarias y la ciudadanía, que es uno de los pilares en los que se sustenta el orden democrático, y el desarrollo económico y social que se requiere para construir un futuro digno.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

 

 

Las elecciones dominicanas en 2020 abarcaron los 3 niveles de escogencia en nuestra democracia: municipal, en marzo, y las congresuales y presidencial el 5 de julio pasado. Las circunstancias políticas, económicas y sociales que rodearon su celebración fueron totalmente excepcionales. Se conjugaron, en pocos meses, la agudización de una crisis del sistema de partidos políticos, la debilidad del sistema electoral y el impacto de una pandemia de clase mundial que nos ha sumergido en una gravísima crisis económica, social y sanitaria sin precedentes.

 

Circunstancias tan especiales obligan a todas las personas e instituciones a reflexionar sobre el significado de esta combinación de factores únicos y analizar, a la luz de sus lecciones más importantes, como podemos encarar el futuro dominicano, desde la perspectiva de país y con el compromiso de construir las mejores opciones para superar las crisis señaladas.

 

Las elecciones del 2020 nos muestran, en primer lugar, que debemos continuar profundizando la reforma electoral y de partidos políticos desde un enfoque integral, aprovechando las oportunidades que ha abierto la aprobación de un nuevo marco normativo sobre estas materias. Profundizar las reformas significa crear las condiciones para la eliminación de las prácticas tradicionales que han caracterizado la acción de los partidos y que lamentablemente volvieron a manifestarse tanto en marzo como en julio.

 

Esas prácticas abarcan diferentes áreas. En este momento deseamos concentrarnos en una de las más preocupantes: el rol y desempeño de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano. Pese a que la diversidad y pluralidad de opciones es en general una fortaleza de los buenos sistemas democráticos, los resultados que algunos de dichos partidos vienen obteniendo en los últimos 20 años, llaman a la reflexión sobre sus propósitos y acciones

 

Los resultados electorales recientes dejan al desnudo la realidad de esos partidos, como entidades que, en su mayoría, no reflejan una vocación democrática clara, dada la ausencia de verdaderos proyectos de gobierno que fortalezcan la pluralidad democrática, desvirtuando el sentido de las agrupaciones políticas en el sistema democrático y concentrando su acción en la búsqueda de alianzas políticas que justifiquen su acceso a los recursos públicos.

 

Conviene rescatar el señalamiento que hizo el Tribunal Constitucional dominicano mediante la Sentencia No. TC/0006/14 del 14 de enero de 2014, en la cual definió a los partidos políticos como: “un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad”.

Como en todo Estado democrático y de derecho, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en nuestro país son entidades dotadas de personería jurídica que se conforman con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional a las cuales les asiste el derecho a libre organización. Están integrados por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que, de manera voluntaria y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, procuran concentrar y canalizar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

 

A pesar de ser constituidas por particulares, prevalece una de sus características primordiales: sus fines públicos, en razón de lo cual deben estar sujetas a las disposiciones, normas y regulaciones que establezca el Estado para asegurar que los mismos se cumplan.

 

Dentro de estas normativas se encuentran aquellas que apuntan a las causas de pérdida de la personería jurídica que va conectada a la razón misma y esencia de una organización partidaria. A lo anterior se une la clasificación escalonada de distribución de los fondos públicos en virtud de los votos válidos obtenidos, lo que se levanta como argumento para justificar su incapacidad para lograr una verdadera equidad entre partidos mayoritarios y minoritarios.

 

No debe obviarse que en nuestro país los partidos políticos han estado en el ojo ciudadano producto de la gran desconfianza que han  generado, debido a que una gran parte de ellos no han logrado asegurar vías efectivas de representatividad y participación de los militantes y ciudadanos en el proceso político y, en consecuencia, la reacción institucional normativa apunta cada vez más a permitir al legislador adentrarse en la regulación de la vida interna de los partidos para hacerla más democrática, más garantista, más transparente y participativa y, especialmente, obligarles a sujetarse a su esencia misma.

 

Sin duda alguna los resultados electorales recientes deben constituir un profundo llamado a la reflexión al sistema partidario dominicano, de manera que retomemos la mejores vías para producir una mejor comunicación y relación entre las agrupaciones partidarias y la ciudadanía, que es uno de los pilares en los que se sustenta el orden democrático, y el desarrollo económico y social que se requiere para construir un futuro digno.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

 

 

Las recientes resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial que plantean el plan de continuidad del Poder Judicial, así como el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales, parecen revelar la decisión de mantener el cierre parcial de la modalidad presencial de las labores jurisdiccionales y administrativas encaminándose a la utilización generalizada de los recursos tecnológicos para el conocimiento de los procesos.

 

Ciertamente, la propia dinámica del servicio de administración de justicia y de la actividad jurisdiccional hace especialmente difícil los requerimientos de distanciamiento social que se imponen para coadyuvar en la desaceleración de la propagación de la pandemia que nos afecta. Entendemos que son múltiples los escenarios que se plantean en la cotidianidad del Poder Judicial que pueden generar focos de transmisión del virus y hemos valorado el esfuerzo realizado desde el órgano de toma de decisiones del Poder Judicial de establecer medidas de prevención y atención desde el inicio de la pandemia.

 

Sin embargo, las actuaciones del Poder Judicial deben estar encaminadas hacia la reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos en forma progresiva encaminándose hacia la realidad presencial y no hacia una imposición abrupta del entorno virtual en el desarrollo del conocimiento de los procesos.

 

Desde FINJUS entendemos que resultan importantes y loables los esfuerzos encaminados a la adaptación de forma paulatina del sistema de justicia a la modalidad virtual. De hecho, fue la proactividad del Consejo del Poder Judicial, al incorporar diversas medidas virtuales, lo que impidió que nuestro sistema de justicia se viera totalmente paralizado durante el cierre de actividades en el país desde mediados de marzo hasta mayo y aun durante el periodo post-emergencia por la actual crisis sanitaria.

 

Sin perjuicio de ello, no puede obviarse que el establecimiento de la virtualidad en lo inmediato presenta obstáculos mayúsculos y se enfrenta a principios y garantías constitucionalmente protegidos.

 

Entendemos debe ponderarse la factibilidad de la permanencia e imposición  de dicha iniciativa, en razón de que pudiera generar una grave afectación respecto del acceso a la justicia dejando en clara desventaja a grupos históricamente discriminados, socialmente vulnerables o en estado de debilidad manifiesta al acceso a la administración de justicia y al debido proceso conforme a ley en tiempos de virtualidad.

 

Si bien el protocolo referido del manejo de audiencias virtuales indica que será totalmente opcional migrar a la virtualidad de las audiencias, no han cesado las demandas de profesionales del derecho y usuarios en general respecto de que ello se le impone. Así también se indican diversos cambios relacionados en la recepción y depósito de documentos y las claras incompatibilidades de las audiencias virtuales con el garantismo penal, para citar un ejemplo.

 

Principios como la oralidad, la contradicción, la publicidad y la inmediación se ven gravemente diluidas en el entorno virtual.

 

FINJUS considera que bien pueden viabilizarse ciertas acciones para ir introduciendo el sistema de justicia dominicano en la nueva era de las tecnologías, priorizando, por ejemplo, con ciertas reservas, la gestión administrativa de manera virtual, especialmente lo relativo a la recepción de documentos/emisión de copias certificadas. Así también, pudiese ponderarse la factibilidad de aligerar la carga administrativa y judicial pasando a la virtualidad audiencias de menor envergadura como son: audiencia para fines de comunicación de documentos, audiencias de conciliación en materia laboral, audiencias de emisión de conclusiones en la Suprema Corte de Justicia.

 

La experiencia en otras latitudes muestra el gran desafío que significa para los sistemas de justicia operar en medio de la crisis sanitaria que nos afecta. Uruguay, por ejemplo, optó por reabrir directamente sus oficinas judiciales con audiencias presenciales. A fin de mitigar los riesgos sanitarios se dictaron nuevas medidas para garantizar el necesario distanciamiento social en los edificios judiciales tales como asignación de turnos más espaciados, trámites virtuales para reducir el flujo de personas a las oficinas, y otras medidas de organización de las audiencias, como citar a los testigos a los juicios en horarios más reducidos y convocarlos de manera secuencial, iniciándose un plan piloto para celebrar audiencias por videoconferencia solamente en juzgados de primera instancia civil y contencioso administrativo y solo si no hay oposición de las partes.

 

Resulta crucial e inminente que el órgano de gobierno del Poder Judicial se aboque a la reflexión de sus protocolos y el plan de la reactivación, de manera que la apertura de los tribunales a nivel nacional garantice el “acceso a la justicia” asegurando que cualquier persona, sin importar su condición social, económica, política, pueda acceder al derecho fundamental de la justicia sin demora y garantizándose lo relativo a principios y debido proceso.

 

Las medidas que disponga el Poder Judicial para coadyuvar a enfrentar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 no deben reforzar las desigualdades estructurales al acceso a la justicia, las mismas debe estar enfocada a mitigar las incertidumbres jurídicas y, a que las partes ante la necesidad de solucionar sus conflictos, tengan a su disposición herramientas y mecanismos legales idóneos y ágiles que garanticen el derecho fundamental a la justicia en un ambiente democrático, pluralista y que respete la fórmula del Estado Social de Derecho que establece la Constitución.

 

Consideramos que la justicia es uno de los pilares de la democracia y debe de seguir funcionando aun en tiempos de excepcionalidad y crisis.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

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