Magistrado  

Luis Henry Molina Peña

Presidente

Suprema Corte de Justicia

Centro de los Héroes.

Ciudad.

Honorable Magistrado Presidente:

La reciente aprobación de la política para el uso de la firma electrónica en los procesos jurisdiccionales y administrativos en el Poder Judicial, representa un importante paso de avance en el camino de fortalecer los mecanismos de acceso oportuno y eficiente en los servicios judiciales.

La comunidad jurídica y la sociedad dominicana en general han respaldado todas las iniciativas que han  abierto el camino a las reformas políticas e institucionales que permitieron al Poder Judicial convertirse en un sostén firme de nuestro régimen jurídico democrático. Esto dio lugar a los cambios normativos y organizacionales que hicieron viable este propósito desde 1994, aunque persistieron muchos procedimientos judiciales que continuaron respondiendo a las prácticas culturales de las tradiciones jurídicas que pretendíamos superar.

Esta lamentable situación se tradujo en graves limitaciones en el acceso y eficiencia de los servicios judiciales brindados a la sociedad dominicana en sus diferentes niveles.

Por eso los procesos de digitalización, automatización y uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información, vienen a hacer realidad el anhelo de la comunidad jurídica, empresarial y ciudadanos, en el sentido  agilizar y eficientizar los procesos y actos jurisdiccionales y administrativos a cargo del Poder Judicial y que son imprescindibles para garantizar la seguridad jurídica, la certidumbre y el valor de la justicia.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) apoya sus iniciativas en esta dirección y reconoce en esta política sobre el uso de la firma electrónica un valioso instrumento con vocación a impactar transversalmente en todo el servicio judicial y eventualmente en el sistema de justicia dominicano.

Pese a las duras condiciones que prevalecen actualmente en el país, reconocemos la importancia de mantenernos proactivos en el logro de las grandes metas de este dilatado proceso de reforma y modernización de la institucionalidad democrática y valoramos los aportes de la Suprema Corte de Justicia, bajo su Presidencia.

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestros mejores deseos de salud y bienestar.

Muy atentamente

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

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Tras su juramentación el pasado 24 de abril, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha mantenido diálogos con las alcaldías electas de los municipios del Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santo Domingo Oeste, en el marco de sus iniciativas para apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo sostenible de los gobiernos locales, y continuar colaborando con la consolidación de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género y la redefinición de los roles de la Alcaldía en tiempos de Emergencia Nacional.

Dada la grave situación de crisis de salud que atraviesa el país, desde FINJUS se considera relevante mantener activos los planes de seguridad y las estrategias locales para que las diferentes alcaldías puedan promover estabilidad y certidumbre en sus respectivos territorios. En ese marco, las Mesas Locales se destacan como un espacio plural de participación y elaboración de diagnósticos y medidas efectivas acordes a los principios que rigen la situación de excepción que persiste en el país.

En la coyuntura actual es vital realizar todas las iniciativas que permitan fortalecer la coordinación entre los gobiernos locales y las organizaciones sociales en sus municipios, para generar los consensos que requieren las medidas para consolidar los sistemas sanitarios locales a corto y largo plazo; proteger a las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros); y establecer acciones puntuales de cara a la emergencia actual, al tiempo que se  generan datos sobre la situación del COVID-19 por comunidades, para que las Alcaldías junto a las autoridades de salud locales, puedan dar respuesta más efectiva al avance de la pandemia.                                       

En otro ámbito, resulta evidente que la reactivación económica es imperiosa para el país. Las medidas de distanciamiento social aprobadas por los poderes públicos tendrán mejores resultados si en cada municipio las actividades económicas habituales pueden retomarse gradualmente. Así, las Alcaldías deben jugar un rol activo en el proceso paulatino de recuperación de los ejes principales de la economía de los diferentes municipios, generando consensos con el tejido empresarial y aplicando buenas prácticas en el terreno de las políticas urbanas.

La superación de la situación de crisis creada por la pandemia del COVID-19 requiere de decisiones efectivas. Ante la incertidumbre que arropa la población, es menester que los Alcaldes y Regidores electos puedan democratizar las decisiones adoptadas en los gobiernos locales, a través de mayor participación de la ciudadanía, tomando en cuenta las implicaciones sociales, sanitarias, políticas y económicas que pueden tener cada una de las resoluciones que nazcan en los ayuntamientos.

En las próximas semanas se dialogará con otras Alcaldías donde FINJUS ha prestado su colaboración en sus planes municipales de seguridad ciudadana. La seguridad es un concepto amplio, por lo que implica también la solidaridad y la promoción de certidumbre jurídica y social a los ciudadanos. Es por ello que felicitamos la alta disposición de las alcaldías previamente mencionadas y reiteramos nuestro interés de continuar fortaleciendo los lazos institucionales a favor de la efectividad de sus acciones que buscan el bienestar general.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

La pandemia declarada por la acelerada propagación del coronavirus (COVID-19) ha abierto una etapa delicada en la historia de la humanidad en razón de los importantes retos que implica en diversos sectores de la vida social, económica y política de todas las naciones, siendo los aspectos relacionados con la salud, la producción, el comercio y la vida institucional los que concentran el mayor interés.

En República Dominicana esta realidad se vive con la misma intensidad que en otras latitudes. A todos los puntos anteriores se suma el desafío relativo a la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, pautadas para el próximo 5 de julio, de las que deben emanar las nuevas autoridades de la estructura gubernamental y los representantes ante el Congreso, quienes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de adoptar las medidas y tareas necesarias para reducir la gravedad de la situación.

Es precisamente la reflexión cuidadosa de esta realidad la que debe llevarnos a determinar las mejores políticas y planes para enfrentar los graves efectos que acarrean estos fenómenos en los distintos niveles sociales y económicos, así como en los aspectos relacionados con la calidad de la democracia y de la institucionalidad. Es en este contexto donde el Estado y sus instituciones deben enfocarse para diseñar todas las estrategias, programas y alternativas en el camino de generar la confianza hacia las instituciones democráticas y de las vías que deciden poner en ejecución.

Desde FINJUS valoramos positivamente la iniciativa de establecer un proceso de diálogo que permita un acuerdo político nacional entre todos los actores políticos en comunicación con la sociedad, para trazar una hoja de ruta con soluciones reales a corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas donde se concentra la crisis derivada de la pandemia. Lo anterior es especialmente importante en la determinación de las medidas imprescindibles para dirigir la reanimación de las bases de la producción, la circulación de bienes y la estabilidad laboral y avanzar hacia una economía sostenible.

Una mirada rápida a lo que ocurre en nuestra región, lo mismo que en la Unión Europea y los Estados Unidos, nos permite observar que la mayor parte de los gobiernos de países desarrollados y/o en desarrollo coincide en objetivos similares a los que debemos enfrentar localmente y que pudieran resumirse en: detener la expansión progresiva de los contagios del virus, reforzar los sistemas hospitalarios, fortalecer los mecanismos de alerta y prevención de los sistemas de salud pública, proteger las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros), dotar de financiamiento a la respuesta de emergencia, iniciar planes con miras a la reactivación de la economía, mientras estamos a la espera de que sean desarrollados nuevos tratamientos y vacunas[1].

Estos objetivos solo pueden ser debidamente alcanzados con el concurso y trabajo coordinado de todos los sectores en capacidad de realizar, de manera inmediata y concertada, la planeación de medidas y/o políticas a corto, mediano y largo plazo para afrontar la crisis derivada del COVID-19.  Esta es una tarea urgente, que no debe ser retrasada, y que para tener éxito deberá asegurarse que tendrá continuidad en las nuevas autoridades estatales que asuman sus responsabilidades el próximo 16 de agosto.

En atención a lo anterior, FINJUS ha planteado la importancia de que se produzca un acuerdo nacional que permita el consenso de los diferentes actores políticos y sectores sociales claves de la vida nacional.

La idea del consenso por el que abogamos no se refiere a diálogos infructuosos y/o dilatados, ajenos a la situación actual, porque el país necesita que se formulen propuestas de solución realistas, objetivas y alcanzables, que puedan convertirse en la plataforma para que las medidas sugeridas sean sostenibles en el tiempo y puedan ser asumidas por las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Congreso en el nuevo periodo constitucional, con el compromiso serio de actores sociales y económicos claves, como el empresariado, la comunidad educativa, los medios de comunicación, las iglesias y las organizaciones sociales representativas.

Es conocido que en toda sociedad organizada una de las tareas fundamentales del Estado es la de reducir los niveles de incertidumbre que se producen cotidianamente como efecto de la acción de las fuerzas del mercado global al cual estamos anclados. Esta reducción debe realizarse en el marco del establecimiento de nuevos pactos sociales que comprometan a los más amplios sectores sociales.

Es evidente que la actual pandemia tiene un impacto devastador en la actualidad pero también es innegable que produce variados efectos en los distintos sectores sociales. La falta de estos consensos sociales en torno a aquellos que genera la situación de la pandemia sobre las metas nacionales y de cada sector en específico, podría significar un aumento del riesgo de incertidumbre de las políticas, y una baja en la capacidad de hacer planes y elaborar propuestas serias en los ámbitos económicos y sociales.

Un elemento clave en esta estrategia es la modernización y adaptación del Estado. Sin un Estado capaz de realizar las tareas complejas que implica una época convulsa como la que vivimos y con escasa voluntad de dar las respuestas eficientes a las necesidades y demandas sociales, transitaremos el camino de la inseguridad y de la desconfianza.

En democracia es esencial que constantemente se genere equilibrio en la valoración de la ciudadanía respecto de sus instituciones en el corto plazo y los resultados a largo plazo; pues, si la democracia no muestra resultados a largo plazo que representen niveles aceptables de eficiencia en su gestión y se traduzcan en una mejor distribución equitativa de la riqueza y beneficios sociales, las instituciones públicas se hacen vulnerables a las derivaciones que acompaña el descontento y la desconfianza social, y aumentan los factores de riesgo que amenacen la gobernabilidad y la seguridad jurídica.

Debemos recordar que antes de la pandemia en el país había una baja credibilidad en las instituciones públicas. En efecto, en el marco de esta situación ha habido serias críticas sobre la utilización y lógico aumento del gasto público por lo que es necesario que el Estado aumente los niveles de transparencia en todas sus acciones, en especial en el marco de la crisis sanitaria actual.

El incremento del gasto público representa un riesgo por la capacidad muy limitada de la estructura del sistema de salud pública que ha requerido inversiones extraordinarias de emergencia para poder responder a las necesidades masivas de atención sanitaria derivadas de la pandemia.

Por otro lado, es primordial comenzar a prepararnos para reconstruir nuestra economía e introducir los planes de recuperación no solo para el tiempo que hoy vivimos de contención del virus, sino también para el período en el que la actividad económica comience a reactivarse.

Para ello hay que poner al aparato productivo en el centro de todas las medidas, impulsando la cooperación entre las diferentes instituciones y administraciones con solidaridad y unidad social.

Es urgente que desde el Estado se ponderen algunas de las medidas establecidas en otros países, como por ejemplo la revisión de las políticas fiscales de emergencia y asumir lo que algunos economistas denominan como “economía de guerra”, pues habrán afectados que necesitarán la asistencia y transferencia directa de recursos, así como pequeñas y medianas empresas con el fin de evitar la bancarrota y/o quiebra, de lo cual derivaría un desempleo masivo.

Para ello se requiere la identificación de los principales sectores afectados, como, por ejemplo, los sectores turísticos, las pequeñas empresas y los trabajadores independientes, concomitantemente con la necesidad de continuar una ayuda dirigida a familias de bajos ingresos.

Esto cobra especial importancia dado que se prevé que la región y a nivel global entrará en un periodo de recesión económica de la cual, a pesar de que entidades como el Banco Mundial y la CEPAL indicaron que el efecto no sería tan devastador en el país, debemos estar preparados para solventar y alivianar un desplome económico de esa magnitud.

Los expertos indican que no puede esperarse un “milagro científico” que permita una vacuna antes de 12-18 meses para empezar a proyectar una reapertura del país, sino que con la participación activa y concertada de los sectores público y privado, se podrían establecer parámetros y directrices para la ruptura del confinamiento, que deberá ser progresiva y basada en principios básicos de precaución y equidad. Se habla también de la utilización de mecanismos tecnológicos, a manera de big data, para lograr un eficaz seguimiento individual y comunitario que permita el restablecimiento de libertades fundamentales, como la de tránsito.

Por otro lado, superada esta etapa de contención de la propagación del coronavirus, entendemos que se debe realizar un proceso de evaluación de la calidad democrática de nuestro régimen político, pues una de las grandes preocupaciones respecto a este punto ha sido que, en el intento por desacelerar la propagación del virus, los países han utilizado herramientas delicadas como la declaración de Estado de Emergencia que suponen ciertos límites a libertades democráticas y, en consecuencia, pudiesen haber constituido una tentación para el autoritarismo. En nuestro caso, corremos el riesgo de un incremento en la manifestación exacerbada de una “cultura de jefe” arraigada en diferentes capas del poder público y el aparato represivo, así como en la tendencia de cerrar las fronteras a la migración y exaltar el nacionalismo frente a la cooperación entre países.

En torno a ese punto, con relación a nuestro país, la Constitución, en el numeral 5 del artículo 266, establece que la declaratoria de los estados de excepción y, de igual forma, los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control de constitucionalidad. Por lo que cualquier medida considerada podrá luego ser revisada en sede jurisdiccional.

Así también consideramos importante reflexionar en torno a las lagunas jurídicas evidenciadas en el marco de esta situación, a fin de suplir y establecer disposiciones que pudiesen adecuarse con mayor amplitud a escenarios como estos y, en consecuencia, profundizar en la tarea legislativa.

Entendemos que, solo en la medida en que todos los sectores sociales y políticos sumen esfuerzos en la dirección de los puntos concertados en un gran acuerdo nacional para la recuperación institucional, económica y de salud, podremos sobreponernos a esta realidad que hoy atraviesa el país, por lo cual se precisa de determinación y  compromiso con los resultados consensuados que resulten de este proceso.

Finalmente nos anima la esperanza de que los argumentos que contiene esta propuesta redunden en el logro del necesario consenso social que requerimos para esta trascendental tarea. De allí nuestro interés en compartir este análisis con todos los sectores nacionales y en especial con el Congreso de la República, como órgano responsable de promover los cambios legislativos necesarios para las transformaciones que necesita el país para poder encaminarnos hacia un futuro más alentador en el marco de la pandemia más devastadora que la humanidad ha conocido en los últimos 100 años.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

[1]FRANJUL, G.; RAMIREZ, O. Cinco reflexiones sobre la crisis de la covid-19 y el impacto en países pobres. Periódico El País, 1 de abril 2020. Disponible en: [https://elpais.com/elpais/2020/04/01/3500_millones/1585735224_937880.html]

La sociedad dominicana atraviesa una grave situación en todos los órdenes. Las necesarias medidas que se han adoptado para frenar el avance del coronavirus implican un retroceso inimaginable en la educación, la producción, las actividades comerciales y en los renglones fundamentales de la vida económica y social dominicana.

Las repercusiones más optimistas indican que nuestro crecimiento económico será nulo y con suerte podremos evitar la recesión que ya ven llegar la mayoría de las economías de la región. Es, en todos los sentidos, un golpe demoledor a las expectativas de progreso y bienestar, en un marco de incertidumbre e intranquilidad.

En este cuadro desolador FINJUS quiere expresar su esperanza de que encontraremos las vías adecuadas para superar estos males. Para ello el Estado y la sociedad deben coordinarse estrechamente definir las mejores iniciativas y concentrar todos los recursos en su ejecución.

En ese sentido FINJUS exhorta a la ciudadanía a pedir que sean  optimizados los escasos recursos disponibles para frenar el auge de la pandemia, curar a los afectados y asistir a quienes necesitan restablecer sus negocios, crear empleos, tener acceso a recursos para sus necesidades de salud, alimentación y pago de servicios vitales.

Por esto es urgente que identifiquemos las áreas en las que los fondos públicos son distraídos de su función primordial, tanto por la mala gestión de entidades públicas y sus responsables, la ineficiencia de los servicios brindados y la distracción de fondos del presupuesto hacia prácticas tradicionales de financiamiento de actividades políticas partidarias desde el Estado.

Una de las prácticas más aberrantes en este aspecto se realiza desde el Congreso Nacional, bajo la modalidad de un Fondo de Gestión Social de los Legisladores (mejor conocido como barrilito o cofrecito), mediante el cual centenares de millones de pesos son asignados cada año a senadores y diputados para “fines de asistencia social” en sus comunidades.

Pero en la realidad, ese Fondo, que implicó en 2019 centenares de millones de pesos para la supuesta asistencia social representa la desnaturalización de la función legislativa y constituye un agravio a la transparencia que debería primar en el Congreso.

Desde hace años, FINJUS y otras instituciones sociales venimos reclamando la eliminación de este tipo de prácticas, independientemente del nombre que le asignen. Esto es más urgente que nunca en la actualidad, en medio de la calamitosa situación que prevalece por la expansión del Covid-19.

Este es un momento clave para el destino de la democracia y de la sociedad. Es urgente que en su próxima sesión el Senado y la Cámara de Diputados dispongan la supresión inmediata del empleo de esos fondos en actividades particulares y que los mismos sean asignados a los planes de emergencia para la compra de pruebas para la detección del virus, de los insumos necesarios para la protección del personal sanitario y para el equipamiento de los hospitales.

Estos fondos deben servir para asistir a las comunidades más afectadas, a los grupos vulnerables y el reforzamiento de las medidas de control y seguridad para evitar la expansión del Coronavirus.

Ha llegado la hora de que el Congreso de la República muestre su capacidad de rectificación y de inmediato proceda a suprimir estos programas enmascarados de financiación de la política partidaria, para que esos recursos, que se originan en los impuestos de los contribuyentes, cumplan con su vocación más legitima, que es servir para la recuperación de la nación.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

En el marco de la delicada situación que atraviesa el país en razón de la pandemia del coronavirus (COVID-19) se impone la ponderación de un tema de alta sensibilidad, la celebración de las elecciones generales para los niveles presidencial y congresual y su consecuente logística.

Recientemente la Junta Central Electoral emitió una sensata resolución indicando la posposición de las referidas elecciones para el próximo 5 de julio y, en caso de resultar necesaria la realización de una segunda vuelta, para el 26 de ese mismo mes.

De los aspectos tratados en la resolución, quedó pendiente lo relativo al voto de los dominicanos en el exterior; esto, sin dudas genera una necesidad de trazar otros mecanismos que sorteen la presencia física y/o aglomeración de personas, lo cual resulta atinado máxime habiendo indicado ya el Departamento de Estado de Estados Unidos que, en el caso de su territorio, los países que vayan a realizar elecciones lo tendrán que hacer por correo u otro método que no requiera la presencia física.

Los efectos a nivel global de la pandemia ponen sobre la mesa puntos a debatir como el que pudiese plantearse sobre la importancia del voto en el exterior. De esto vale destacar que, el problema radica en la necesidad de repensar las vías para el ejercicio del derecho al sufragio de los dominicanos en el extranjero, y no al ejercicio del derecho mismo, pues ello se trata de la materialización de la premisa de que todo ciudadano −sin importar que se encuentre fuera del país− tiene el mismo estatus en relación a la posibilidad de ejercer sus derechos políticos.

Vale recordar que el voto en el exterior resulta de la deconstrucción de la antigua concepción geográfica de la ciudadanía y, en consecuencia, no surge de una inventiva superflua sino ante la necesidad de adecuarse al contexto del mundo globalizado en que vivimos. Los flujos migratorios desde y hacia el país son una realidad y ha significado que importantes grupos humanos se desplacen a nivel internacional para establecerse permanentemente en el extranjero o para realizar estadías de corto o mediano plazo, lo cual ha generado una serie de situaciones que han afectado las tradicionales categorías de ciudadanía y sus derechos asociados.

De todo esto, resulta esencialmente importante que la Junta Central Electoral, en tanto órgano rector, y dado el contexto que han supuesto las dificultades de las elecciones anteriores, pondere y trace con anticipación, en consulta con los partidos políticos hoja de ruta respecto a la logística de la celebración de estos comicios, específicamente lo relativo al voto en el exterior, ante diversos escenarios que pudiesen presentarse a causa de la progresividad de la pandemia tanto a lo interno de la jurisdicción nacional como en los países de los cuales se espera la manifestación de los votantes de la diáspora dominicana.

Ciertamente la pandemia que, actualmente, nos asola requiere de un esfuerzo que no encuentra todas las respuestas en el limitado contenido de las leyes, sino que, dentro del marco constitucional y legal que nos rige, deben buscarse alternativas, en este caso modalidades efectivas a distancia, que permita cuestiones tan relevantes como la participación y ejercicio de los derechos políticos de la diáspora dominicana.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

La prórroga del estado de emergencia decretada por el presidente Danilo Medina pone a la orden del día la necesidad de que todos los sectores se encaminen hacia un diálogo que permita articular un gran plan integral que facilite adoptar las medidas más eficientes para combatir la pandemia del Covid -19, mitigar sus efectos y preparar las condiciones para la reactivación económica y social imprescindible.

A los lamentables efectos de la pandemia que ha costado la vida por lo menos 183 personas y mantenimientos en estado crítico a un número similar, se le suma el descalabro de las actividades comerciales, productivas, de servicio y de sectores claves como el sistema educativo nacional , en todos sus niveles. El Estado perderá una parte considerable de sus ingresos fiscales y verá reducidas sus capacidades de planificación y presupuesto, haciendo más restrictivas las condiciones de vida de los dominicanos. A lo anterior se suman la inevitable quiebra de millas de pequeñas y medianas empresas que no tienen problemas los recursos para reacomodarse para un nuevo comienzo y las agudas limitaciones que afectan los sectores tradicionales de la economía dominicana.

En el plano institucional los desafíos que se abren son descomunales, ya que debemos resolver la más grande de todas las tareas en una sociedad democrática, que es la recomposición de la representación popular en los organismos públicos, lo que solo puede hacerse en el marco de elecciones libres, transparentes y equitativas. La celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, reprogramadas para el 5 de julio venidero es vital para el país. El sistema judicial está virtualmente paralizado y observamos con preocupación creciente sus repercusiones, como es el caso del sistema penitenciario.

Todo lo anterior plantea la urgencia de viabilizar el compromiso y la visión de futuro de quienes hoy dirigen y quienes aspiran a dirigir los destinos del país. Es preciso potenciar nuestras capacidades de coordinación y planificación hacia un mismo objetivo, en todos los niveles: entre los actores legales, entre los actores políticos y entre el Estado y los sectores sociales y empresariales.

No debe haber más demora para el Estado y la sociedad aúnen esfuerzos para dialogar sin cortapisas y adoptar un Plan Nacional Integral que aborde la solución de la crisis actual y planificar las salidas más inteligentes para iniciar la reactivación económica, social y política del país. Las posturas cerradas, la incapacidad para escuchar propuestas y las medidas consensuadas tendrían un altísimo costo para el futuro del país.

Es cierto que la República Dominicana ha superado los gravísimos desafíos históricos de todo tipo y hoy aplaudimos y reverenciamos a los hombres y mujeres que supimos encontrar las salidas y tomar las medidas para este pueblo avanzara en su marcha hacia el bienestar y el desarrollo. Esa vocación que heredamos debe ser revalidada hoy por quienes dirigen y aspiran a dirigir el país, así como por todos los que asumen las administraciones sociales, empresariales y comunitarias.

Este es el tiempo de diálogo y encontrar salidas consensuadas a la crisis que gravemente nos amenazan.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

La pandemia del coronavirus ha afectado el país en todas las áreas. Desde el punto de vista institucional nos preocupa de manera especial la situación de las instituciones democráticas, debido a que este fenómeno se ha producido en medio del proceso de renovación de la representación popular en los órganos constitucionales (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).

Los medios de comunicación recogen informaciones de sectores y organizaciones que comienzan a manifestar conformidad con el aplazamiento de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 17 de mayo, en una fecha aún no precisada.

El rápido desarrollo de la pandemia a escala planetaria ha significado que los calendarios electorales de numerosos países se hayan modificado, en base a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Conocemos que se han pospuesto elecciones nacionales en Australia, Canadá, Argentina, Perú, Bolivia, Serbia y Macedonia, así como comicios estatales, municipales o locales en Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Sin duda, tenemos que minimizar los riesgos del contagio comunitario del Covid-19, lo que nos obliga a rediseñar el calendario electoral y suspender las elecciones del 17 de mayo. Ahora bien, desde FINJUS llamamos a hacer una ponderación no precipitada de esta medida. Para que podamos reforzar la institucionalidad y el ejercicio pleno de la democracia ante esta situación, es imprescindible que cualquier decisión cuente con el consenso entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos.

Al mismo tiempo en la opinión pública se vienen debatiendo los posibles escenarios que se abrirían en caso de la imposibilidad de celebrar las elecciones antes del 16 de agosto, tal como manda  la Constitución.

Debe puntualizarse, de entrada, que la Constitución no tiene una respuesta exacta sobre cómo proceder ante esa circunstancia excepcional. En esa situación estaríamos ante un vacío normativo que debe ser cuidadosamente analizado  por los sectores involucrados y en última instancia por la sociedad. Advertimos, no obstante, que sería muy riesgoso si la ponderación que se realiza termina siendo una simple analogía de otras disposiciones legales o constitucionales que fueron elaboradas para otros escenarios supuestamente similares.

No olvidemos que el núcleo duro de la esencia y definición de nuestra democracia lo constituye el hecho de que los representantes del pueblo son elegidos por un período definido, en este caso de 4 años, en elecciones libres y  transparentes y de esto nace no sólo su legalidad, sino además la legitimidad de su representación política y la calidad de nuestro Estado democrático y de derecho.

Cualquier imprecisión jurídica sobre esto podría derivar en coyunturas complejas e indeseadas, sobre todo ahora que, debido a la declaración de estado de emergencia y su eventual ampliación, se ha afectado la normalidad constitucional.

Sería necesario entonces que la sociedad dominicana y sus instituciones democráticas, se aboquen a explorar mecanismos inéditos para encontrar las salidas adecuadas. Para FINJUS este escenario es muy delicado y preocupante, pues nos colocaría antes situaciones sin precedentes, que podrían generar eventualidades no contempladas. La seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el orden podrían ser afectados si no procedemos con el máximo de cautela e inteligencia.

En el momento actual, luego de las dificultades de los órganos responsables de la gestión y control del proceso electoral, entendemos que abrir un diálogo sincero y franco, que conduzca a un consenso activo, con la participación de los actores,  enmarcada dentro de lo establecido en la Constitución y las leyes, es la vía más adecuada para que nuestro ordenamiento jurídico no sea afectado.

Dr. Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

6 de abril, 2020

Ante el crecimiento de la pandemia a nivel global y sus repercusiones en nuestro país, el Consejo de Directores de FINJUS exhorta a la sociedad dominicana a mantener la calma y la convivencia ordenada. Este es un momento que abre gravísimos riesgos para cada persona, familia, comunidad, empresa y organización en el país.

Solo mediante la unidad de todos los sectores saldremos airosos de esta grave crisis. Solo mediante el seguimiento estricto de las indicaciones de autoridades evitaremos, entre todos, sobrepasar el peligro.  La nación vencerá el fantasma de la catástrofe y lo haremos con la confianza en nuestras capacidades de sobreponernos a la angustia y la parálisis.

El Equipo Técnico de FINJUS se mantiene activo, desde sus hogares, dando seguimiento a la evolución de los retos que afronta nuestro ordenamiento democrático y analizando los factores que se acumulan, con la disposición de aportar para que la institucionalidad se consolide incluso en medio del estrés que origina una pandemia de este tipo y que ha llevado a la declaratoria del estado de emergencia.

Exhortamos a todos los hombres y mujeres de bien a permanecer en sus hogares, acatando las medidas que emanan de los expertos. Ignoremos los rumores, falsas noticias y notas de desaliento. Unidos el país vencerá esta nueva amenaza.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

5 de abril, 2020

En el marco del Estado de Emergencia que ha sido declarado ante la desafortunada situación que atravesamos por la pandemia de coronavirus −Covid-19−, FINJUS entiende importante que las medidas que estén adoptándose para solventar este escenario, así como la extensión de sus efectos, sean integrales, proporcionales y estrictamente limitadas a la exigencia de la realidad que nos perjudica actualmente.

Debe recordarse que los estados de excepción no están fuera de los límites que para ello impone la Constitución y no son, ni pueden ser un Estado de facto, pues lo caracteriza su temporalidad. Si bien la Carta Política le confiere al Poder Ejecutivo poderes extraordinarios, éstos no revisten un grado absoluto, al encontrarse restringidos por diversos tipos de controles que buscan impedir los excesos y a la vez garantizar los principios fundamentales que soportan el Estado de derecho. Resulta igual de importante anotar que el uso de las facultades excepcionales están sujetas a los principios de finalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Entendemos la prioridad que supone la emergencia sanitaria dado el avance del Covid-19 y su inminente peligro de propagación masiva, pues en estos momentos corresponde al Estado garantizar una hoja de ruta viable que permita atravesar esta situación de fuerza mayor.

Sin embargo, es oportuno también ponderar otras medidas, y aquilatar las tomadas o por tomar, con el objeto de salvaguardar la integridad del sistema económico, a fin de que cuando se den las condiciones para ello y retornemos a la normalidad institucional, continúe el desarrollo general de la nación, pues el equilibrio financiero debe ser un objetivo a largo plazo, del cual depende en gran medida de garantía para la viabilidad de instituciones fundamentales y la sostenibilidad del Estado.

Orientar directrices y/o planes en este sentido debe formar parte esencial de la agenda que debe abordarse para que, una vez superado este episodio, podamos afrontar los retos que nos sobrevendrán en función de los estragos sociales y económicos derivados de la pandemia.

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

26 marzo 2020

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia en reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral mediante la promoción de una modificación a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. 

En este sentido, coincidimos con el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos que ha considerado, entre otras puntualizaciones, que la fragmentación de competencias abona a la incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta que se garantice una justicia oportuna. 

Debe tenerse en cuenta que los órganos judiciales en temas electorales son el instrumento más recurrido para canalizar institucional y civilizadamente la  conflictividad político electoral; así también representan la garantía de que los procesos electorales cuenten con la credibilidad y confianza suficientes de cara a la ciudadanía. Es por ello que resulta imperante el perfeccionamiento de sus atribuciones  

Una eventual reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral debe ponderar diversos aspectos relativos a verificar la correspondencia entre la naturaleza del órgano y las atribuciones que se le ha dotado. El fortalecimiento de cualquier modelo jurisdiccional, apegado a un diseño de justicia electoral efectiva, debe comprender que, “el establecimiento de organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales ajenos a los poderes tradicionales, o bien, especializados con autonomía constitucional en sus funciones y decisiones, contribuye al fortalecimiento de la democracia, dotando de confiabilidad a las instituciones que conforman el sistema político, porque para que la democracia exista se requieren de normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible”1 

La Constitución dominicana delimitó de manera puntual la naturaleza y, en consecuencia, el ámbito competencial de los órganos autónomos a fin de evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de los entes extra poderes, se hace necesario adecuar la norma que rige la actuación del Tribunal Superior Electoral para que así responda de manera integral al contenido constitucional que lo configura como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos” 

La competencia y atribuciones de este órgano jurisdiccional constituye uno de los aspectos esenciales a ser revisados en una eventual reforma normativa. A propósito de la reciente situación presentada con relación a la impugnación de la resolución de la JCE sobre el voto de arrastre, ha quedado evidenciada la necesidad de que se pondere otorgar al TSE, de manera expresa, la facultad de conocer de las contestaciones o diferendos que surjan contra los actos y decisiones de la JCE en materia electoral, pues, tal y como hemos advertido, la transferencia en esta materia al Tribunal Superior Administrativo (TSA), bajo el razonamiento de la calidad de la JCE en tanto órgano dentro de la esfera de la administración pública, desnaturaliza la función específica y la esencia que se verifica en el artículo 214 de la Constitución al TSE permitiendo que casos como estos, en los cuales se trata de un conflicto generado por la alegada afectación a derechos fundamentales en la resolución administrativa de la JCE que se impugna, sean derivados ante otras instancias. 

Sobre esto, si bien hay una gama de órganos que pueden emitir un fallo definitivo sobre una impugnación determinada, es evidente que son aquellos órganos de jurisdicción especializada los que constituyen el escenario natural para dilucidar los conflictos relacionados y/o afines a su materia.  

De igual forma, con relación a las atribuciones que enlista la ley 29-11 orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) y que les fueron conferidas por el legislador a esta corte, debe determinarse, de manera concienzuda, la correspondencia de cada una de estas con la función primigenia de este órgano. 

Por otro lado, sería interesante analizar una posible atribución normativa al órgano en función de su trascendencia en materia contenciosa electoral, circunscribiendo esto de manera estricta a la interacción del órgano jurisdiccional con la elaboración del marco jurídico electoral. En torno a este punto, podría evaluarse experiencias comparadas que van desde la facultad para iniciar leyes en la materia, recabar su opinión en el proceso legislativo, reglamentar sus normas internas y los acuerdos generales para su adecuada implementación, entre otras.   

También se debe orientar la norma con relación al accionar de los partidos políticos, los cuales, en lo general y de acuerdo a las formas procesales que se establezcan, pueden contestar cualquier actuación de las autoridades electorales contrarias a la legalidad, incluyendo las reclamaciones derivadas de sus intereses simples y, hasta de los derivados de intereses difusos, en su calidad de entes de derecho público encargados de promover y coadyuvar en la participación del pueblo en la vida democrática y la vigilancia de los actos electorales para que estos se ajusten de manera invariable al principio de legalidad. 

En definitiva, de lo que se trata es de garantizar que el diseño de una jurisdicción electoral, en el marco del ordenamiento jurídico dominicano, cumpla con la función de verificar que todas las acciones del proceso electoral —previo y posterior— se apeguen al marco jurídico, a fin de proteger y mantener los derechos electorales. 

Servio Tulio Castaños  

Vice-Presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia 

23 marzo 2020