Kenia Franco

Kenia Franco

Lunes, 27 Enero 2020 07:54

Delitos y crímenes electorales

Las normas que rigen al Derecho Electoral son de vital importancia para el orden democrático de cualquier país. A lo largo de la historia latinoamericana, los torneos electorales han tomado un papel preponderante en la vida institucional sirviendo como reflejo de la naturaleza de las sociedades donde se han celebrado.

 

Por ello, han debido establecerse reglas de juego bastante claras cuando un país se aboca a celebrar procesos eleccionarios, mediante los cuales se deciden cuestiones tan importantes como la soberanía popular y la representación de las voluntades de la ciudadanía a través del modelo de la democracia representativa. Esto amerita un tratamiento serio que implica regulaciones en torno a cada uno de los detalles previos, presentes y posteriores al momento de las elecciones.

 

Ciertamente apostar al diseño de una justicia electoral efectiva ha constituido un factor importante para los recientes procesos de redemocratización y consolidación democrática en América Latina; esto implica lo relativo al régimen de consecuencias en esta materia que supone un requerimiento para la vigencia del Estado de Derecho.

 

La ley Orgánica del Régimen Electoral No. 19-15, establece un catálogo de medidas cautelares, infracciones administrativa, jurisdiccionales, delitos y crímenes como medida punibles para aquellos hechos que lesionen la seguridad jurídica electoral.

  • Con relación a las medidas cautelares

Corresponde en primer orden,  a la Junta Central Electoral adoptar las medidas cautelares que tengan como propósito hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan ser considerados ilícitos en la campaña electoral y aquellas que fueren necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la ley del régimen electoral.

El órgano rector puede tomar las medidas que fueran necesarias para garantizar la libertad de reunión a que tienen derecho los partidos y candidatos en el período de campaña electoral, procurando que no colidan las manifestaciones públicas programadas por los partidos y adoptando las amonestaciones que correspondan contra quienes violenten las reglamentaciones adoptadas al respecto por la Junta Central Electoral (JCE).

De igual modo, la JCE puede establecer amonestaciones contra quienes emitan por cualquier medio de difusión, frases o conceptos contrarios a la decencia, decoro y dignidad de las agrupaciones o partidos políticos o sus candidatos, así como, ordenar a dichos medios los retiros de dicha propaganda.

  • Con relación a las sanciones administrativas

La Junta Central Electoral es el órgano competente para  establecer sanciones de carácter administrativo, en aquellos casos que se produzcan faltas sancionables de esta índole en los aspectos que se refieren a la organización del proceso electoral o los que son puestos a cargo de esta; las sanciones administrativa pueden ser aplicadas concomitantemente de acciones penales a aquellos que incurran en violaciones a las disposiciones legales sobre esta materia.

Las infracciones administrativas, serán castigadas con el pago de compensaciones pecuniarias en base a salarios mínimos o sobreseimiento de algunas acciones, aquellas violaciones que cometan ciudadanos, ciudadanas o instituciones de cualquier naturaleza, al no cumplir las disposiciones de la ley en lo que respecta al desempeño de las funciones que les fueren asignadas o los que violentaren los procedimientos establecidos en ley electoral.

Los montos de las sanciones administrativas van desde uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos, según las siguientes faltas:

  1. Los funcionarios de colegios electorales que no concurrieren a prestar sus servicios en la fecha de la votación.
  2. El ciudadano o la ciudadana que realizara una inscripción en el padrón electoral en un lugar diferente al que se reside, además de declararse nula la inscripción.
  3. Los funcionarios que mantienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rigen por el derecho administrativo y que luego de serles aceptadas sus candidaturas, no presentaren licencia a sus cargos, como lo establece la ley electoral.
  4. Los candidatos y candidatas que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta.
  5. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que irrespeten los Símbolos Patrios o relativos a la Restauración de la República.
  6. La utilización por parte de personas, grupos, movimientos o partidos, en los medios de comunicación, escritos, radial, televisivo o cualquier medio electrónico, así como en los actos públicos, de la denominación o lema, los dibujos contentivos del símbolo, colores, emblema o bandera, ya registrado en la Junta Central Electoral, y que distingue a una agrupación política de cualesquiera otras de las ya existentes, sin la debida autorización legal de la agrupación política legalmente indicada con esos símbolos.
  7. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que realizaran actos y usos de medios anónimos, sea cual fuere su naturaleza.
  8. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que se dediquen a las contramanifestaciones señaladas la ley.
  9. Los candidatos o candidatas que mantienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rige por el derecho administrativo, y que prevaleciéndose de su condición, hacen uso de los bienes y recursos de los que son administradores.
  10. Los partidos políticos que recibieren fondos de fuentes ilícitas serán excluidos del financiamiento público, sin perjuicio de que sus miembros o dirigentes que hayan obrado directamente en la comisión de este delito, pudieren ser procesados por el delito de lavado de activos.
  11. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que recibiendo fondos públicos, promuevan el abstencionismo electoral.
  12. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que por cualquier forma o medio violenten u obstaculicen la propaganda de otros partidos, agrupaciones, candidatos o candidatas.
  13. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que difundan propaganda política desde las doce de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones y hasta que la Junta Central Electoral emita los resultados.
  14. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que contribuyan con la contaminación auditiva, fuera del horario y las condiciones establecidas en la ley.
  15. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que hagan uso de fuegos pirotécnicos o pólvora inflamables, fuera de las disposiciones de la ley y reglamentaciones electorales de las autoridades correspondientes.
  16. Los partidos y agrupaciones políticas que en violación a la ley electoral, desarrollaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta.
  17. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que colocaren publicidad o propaganda política en establecimientos privados, sin la aprobación previa de sus propietarios o arrendatarios.
  • Con relación a las infracciones jurisdiccionales

Por otro lado, la norma detalla lo relativo a las infracciones jurisdiccionales electorales, esto es los delitos y crímenes electorales previstos en el ordenamiento jurídico electoral[1], todo lo cual corresponde conocer al Tribunal Superior Electoral.

En estos casos, cuando se configure alguno de estos hechos descritos como punibles, podrán ser denunciados por la parte legítimamente afectada, el ministerio público, la Junta Central Electoral o las juntas electorales, entendiendo este tipo de acciones de carácter público.

*Crímenes electorales, dentro de esta categoría de orden penal se encuentran los siguientes:

  • Falsedad en materia electoral, en los casos en que en una solicitud de reconocimiento de partido hagan declaración falsa con respecto al número de sus afiliados. Esto será castigado con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público.

Así también, serán castigados con la pena referida para falsedad los siguientes:

  1. Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o falsificaren todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de colegio electoral, credenciales de funcionarios electorales, o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral.
  2. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cualquiera de los actos previstos en el párrafo anterior.
  3. Los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas oficiales y otros impresos que pudieren ser confundidos con las mismas, o los que las distribuyeren o las utilizaren.
  4. Los que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser confundidos con los sellos oficiales de los colegios y los que distribuyeren o los utilizaren.
  5. Los que utilizaren o distribuyeren, a sabiendas, cualquier documento que imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley.
  6. Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.
  7. Los que a favor o en contra de cualquiera candidatura realizaren actos de gestión electoral a distancia menor de veinte metros de cualquier colegio electoral, el día de elecciones.

Y los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto por la ley, dentro del local del colegio electoral.

Por otro lado, serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión:

  1. Los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de propuesta de candidatura.
  2. Los que falsifiquen un documento de propuesta de candidatura, o hagan cualquier afirmación o declaración falsa.
  3. Los que firmen un documento de propuesta no siendo electores en la división política a que dicho documento corresponda.
  4. Los que firmen más de un documento de propuesta para un mismo cargo, a no ser que todos los anteriores firmados hubieren sido retirados o declarados nulos.
  5. Los que presentaren un documento de propuesta a sabiendas de que contiene alguna firma falsa o de que está firmado por alguno que no sea elector de la división política a la que corresponda, o que es fraudulento en cualquiera de sus partes.
  6. Los que votaren sin tener derecho para hacerlo.
  7. Los que votaren más de una vez en una misma elección.
  8. Los que a sabiendas depositaren dos o más boletas.
  9. Los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo.
  10. Los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.
  11. Los que mediante soborno o de otra manera procuraren que una persona investida por la ley de un cargo oficial en relación con las elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los deberes que éste le impone.
  12. Los que mediante soborno o cualquier otro medio procuraren que una persona investida por la ley con un cargo oficial en relación con las elecciones, cometa o permita a otra persona cometer algún hecho que constituya infracción a las disposiciones legales relativas a la elección.
  13. Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en relación con las materias electorales.
  14. Los que indujeren o auxiliaren a otros a cometer cualquiera de los hechos expresados en este artículo.

*Delitos Electorales, esta modalidad de infracción jurisdiccional conlleva pena de prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público; esto se aplicará a la comisión de los hechos siguientes

  1. Los que aceptaren definitivamente un documento de propuesta con conocimiento de que es ilegal o fraudulento en su totalidad o en parte.
  2. Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el tiempo y la forma debida, con arreglo a las prescripciones de esta ley.
  3. Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier elección los nombres de personas que no deban figurar en ellas.
  4. Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección, el nombre de algún candidato que debe figurar en ellas.
  5. Los que permitieren votar a cualquier persona, a sabiendas de que el voto de ésta no debe recibirse.
  6. Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier persona que tuviere derecho a que se admita.
  7. Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro agregue alguna boleta a las legalmente votadas.
  8. Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna boleta de las legalmente votadas.
  9. Los que sustituyeren una boleta por otra.
  10. Los que hicieren o permitieren que otro haga un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos.
  11. Los que firmaren un certificado de elección a favor de persona que no tenga derecho a ello.
  12. Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.
  13. Los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecieren las boletas y que sean responsables.
  14. Los que, careciendo de atribuciones para ello, actuaren o pretendieren actuar con el carácter de funcionarios autorizados por esta ley.
  15. Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones.
  16. Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de fuerza pública que intimidaren a cualquier elector o ejercieren presión en su ánimo, para impedir el ejercicio de las atribuciones y prerrogativas que les estén acordadas en la Constitución y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultado de la misma.
  17. Los que violaren las normas sobre medio ambiente en la realización de la campaña electoral, particularmente aquellas que afectan la flora, la fauna y los niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruidos; conforme la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.
  18. Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos, candidatas o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos o agrupaciones participantes en los procesos electorales.
  19. Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral.
  20. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra persona a cometer cualquiera de los hechos previstos por este artículo.
  21. Los que violaren cualesquiera de las resoluciones que en atribuciones reglamentarias dicte la Junta Central Electoral.
  22. La persona o empresa que infrinja cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 94 de esta ley.

Para los casos que se detallan a continuación la pena será prisión correccional de tres (3) meses a un (1) año y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público:

  1. Los que abandonaren sin permiso o autorización el cargo, comisión o función que, de acuerdo con esta ley, se les hubiere encomendado.
  2. Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la ley les señale, dentro del término que en ella se establece, y si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos, incurrirán en las penas señaladas para dicho delito en el citado artículo.
  3. Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de los colegios electorales.

Los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho.

  1. Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de los deberes oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación
  2. Los que sin facultad para ello se mezclaren en las operaciones legales de cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma.
  3. Los que siendo de cualquiera junta electoral, hicieren propaganda electoral en el día de elecciones.
  4. Los que ilegalmente retiraren cualquiera boleta oficial del lugar de votación.
  5. Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren preparando o después de preparada para votar, a cualquier persona, dándole conocimiento de su contenido, o en cualquier otra forma dieren a conocer el sentido en que hayan votado o se proponen votar, a no ser con el propósito y en ocasión de obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de su boleta.
  6. Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en ella alguna señal de la que pudiere colegirse que contiene el voto en favor o en contra de una candidatura determinada.
  7. Los que votaren con alguna boleta que no hubiere recibido debidamente el colegio electoral.
  8. Los que siendo miembros del colegio electoral recibieren de algún elector la boleta ya preparada para votar.
  9. Los que extrajeren fuera del recinto del colegio electoral cualquiera boleta.
  10. Los que desobedecieren cualquier orden legal de una junta o colegio electoral.
  11. Los que, al auxiliar a un elector para la preparación de la boleta, llenaren ésta de manera distinta de los deseos expresados por aquél, o después de auxiliar a un elector revelaren el contenido de la boleta.
  12. Los que, en algún caso no previsto por la ley, abrieren cualquier paquete sellado que contenga boletas, listas de inscritos, pliegos de escrutinio, relaciones de votación o cualquier otro documento determinado por esta ley.
  13. Los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley que no esté penado de otro modo por ella.

Entendiendo la gravedad, de actuaciones que de cualquier manera coaccione al elector en la decisión precedente al voto, la ley separa lo relativo al delito por coartar el derecho de elegir. Indicando que el mismo se configura en los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de éstos una pena o rebaja de salario o de jornal, o de otra prestación que le sea debida, por ejercer o impedir libremente el derecho de votar.

En este sentido, serán castigados con reclusión de un (1) mes a seis (6) meses y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público.

A modo de disposiciones generales debe destacarse que la ley establece que la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta ley será castigada como el delito mismo.

Así también que las disposiciones del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley.

Entendiendo que en los próximos procesos electorales estaremos implementando un nuevo régimen electoral y, dada la posible ocurrencia de este y otros delitos electorales, resulta crucial el rol que jugará el Ministerio Público en la investigación y persecución de estos hechos en el marco del sistema de justicia electoral, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 289 de la ley 15-19 de régimen electoral.

 

Interesa sobremanera que la articulación de todo lo relativo al órgano persecutor en materia electoral se realizase atendiendo criterios técnicos y jurídicos que garanticen su profesionalidad, integridad y acción, independiente de los intereses particulares o partidarios.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

 

[1]Esto abarca todas las leyes que hacen referencia a la materia electoral, dentro de ellas, por ejemplo, la ley de uso de los emblemas partidarios; así cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos.

 

 

La Conferencia del Episcopado Dominicano ha dado a conocer su Carta Pastoral del 21 de enero de 2020, que recoge de manera sucinta y bien fundamentada su posición sobre los temas de la agenda nacional que ameritan la atención de toda la sociedad dominicana. Para FINJUS este documento resume los retos a los que deben responder todos los órganos públicos y privados, sectores y organizaciones que asumen la democracia, el bienestar general, el fortalecimiento del Estado de derecho y desarrollo social económico y social en nuestro país.

               

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) saluda su contenido y desea destacar algunos aspectos que son altamente significativos en la actualidad, como es su vehemente llamado a los actores políticos y a la sociedad en general para que juntos trabajemos en la preservación y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en ocasión de los próximos comicios municipales del 16 de febrero, como los generales del 17 de mayo.

 

Resaltaron de manera valiente la gravedad de la práctica ilegal e ilegítima de la compra y venta de votos en el transcurso de los procesos eleccionarios y enfatizaron en la necesidad de que este delito sea perseguido y llevado a la justicia electoral para que sea erradicado de manera definitiva de nuestra cultura política. No dudaron en pedir a los partidos y agrupaciones políticas, así como a sus dirigentes, candidatos y equipos, a que asuman su responsabilidad histórica de descontinuar esta práctica.

 

Esta problemática persiste como una herencia negativa de la tradición política dominicana que privilegiaba los mecanismos clientelistas enquistados en el sistema político desde las etapas tempranas de nuestra democracia, luego de finalizado los episodios formales de régimen dictatorial.

 

La práctica clientelar de compra de votos deviene en una reafirmación de corrupción electoral a través de la coacción y el fraude. Se reconoce que la compra y venta de votos atenta de manera directa a principios fundamentales que deben configurar la democracia tales como libertad, equidad del sistema electoral, etc.

 

En ese sentido FINJUS considera provechoso la realización de un acuerdo entre los actores políticos que evidencie un compromiso férreo como medida para atacar esta desdeñable práctica relativa a la compra de votos propiciadas por los actores políticos.

 

Aunado a lo anterior y dada la posible ocurrencia de este y otros delitos electorales, es vital que de cara a estos próximos procesos electoral sea instituida la figura del fiscal electoral, como el órgano especializado de investigar y actuar en el marco del sistema de justicia electoral.

 

Reiteramos que la articulación de esta fiscalía debe realizarse atendiendo criterios técnicos y jurídicos que garanticen su profesionalidad, integridad y acción, independiente de los intereses particulares o partidarios.

 

Entendemos que la consolidación de un Estado, social democrático y de derecho exige la erradicación de estas nefastas prácticas electorales mediante el fortalecimiento de la justicia electoral y la voluntad política de partidos y candidatos, todo lo cual resulta imprescindible para vencer la impunidad que ha prevalecido en nuestra historia electoral, con sus graves derivaciones sociales, económicas y políticas para el país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

22 de enero del 2020.

 

 

 

En agosto de 2016, al asumir sus funciones de procurador general de la República Dominicana, el Dr. Jean Alain Rodríguez encontró una institución con grandes desafíos institucionales que debían ser enfrentados para cumplir el rol de esta gran institución como manda la ley, convirtiéndola en poco más de tres años, en una institución más moderna, transparente, eficiente y efectiva, y por supuesto con un personal más capacitado y con las mejores herramientas para prevenir y combatir la criminalidad, objetivos neurálgicos de esta gestión.

 

Se emprendieron una serie de acciones en base a los resultados de un exhaustivo levantamiento de necesidades, y una encuesta que se realizó al personal para saber a ciencia cierta que cosas impedían que el personal trabajara con entusiasmo y el compromiso requerido.

 

En ese sentido, como una de las primeras acciones, se mejoraron las condiciones salariales con el propósito de dignificar la labor del Ministerio Público, y eliminar las odiosas distorsiones salariales, y se realizó un aumento general promedio de un 25%.

 

Se duplicó la cantidad de fiscales de carrera, con más de 550 fiscales de carrera que ahora suman 1,200 miembros, se procedió a contratar a cientos de abogados, paralegales, secretarias, auxiliares administrativos y mensajeros para que apoyaran las labores diarias de la institución.

 

Con el propósito de  garantizar el crecimiento profesional y académico de los miembros de la institución, y que dicha capacitación permitiera que los mismos  tuvieran acceso a conocimientos básicos y también a las últimas tendencias en sus respectivas áreas de especialización, se duplicó la oferta académica existente la cual era de 150 capacitaciones y 2,400 capacitados, triplicando  la cantidad de participantes en estas actividades formativas, contando ahora con casi 300 capacitaciones disponibles en la Escuela Nacional del Ministerio Público y más de 7,000 capacitados anualmente.

 

Se llevaron a cabo diversas iniciativas para beneficio de los empleados, ampliando la cobertura en los planes de salud. Se extendió de dos días a siete días laborales la licencia de paternidad, y la licencia por fallecimiento de familiares directos.

 

Estas y otras mejoras laborales permitieron que la Revista Mercado reconociera a la PGR como uno de los mejores lugares para trabajar en la República Dominicana.

 

Esta gestión inició un plan de readecuaciones que se encuentra en marcha a nivel nacional, para que así todos puedan trabajar en lugares más dignos como manda la ley, y el ciudadano reciba el servicio que busca con calidad.

 

Dentro de este programa de readecuaciones se contempló la renovación de numerosas fiscalías para atender a los ciudadanos en ambientes adecuados. En esta primera etapa de entregas, se han entregado, una (1) nueva fiscalía de tránsito y 14 fiscalías comunitarias readecuadas en el Distrito Nacional, 7 fiscalías comunitarias remozadas en la provincia de Santo Domingo y otras 3 fiscalías ordinarias readecuadas en Villa Altagracia, Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal.

 

Además de las fiscalías, se rescató al Inacif de la precaria situación que se encontraba trasladando la sede del INACIF en Santiago a un local completamente nuevo. En este momento está en proceso de remodelación la sede principal en Santo Domingo.

 

Se distribuyeron más de 1,500 computadoras a nivel nacional ya que en muchas ocasiones una computadora era usada por más de un fiscal.

 

Existía una precaria situación con respecto a los vehículos para las operaciones diarias que dificultaban el trabajo e incidían en una labor deficiente, por lo que la institución adquirió 162 vehículos utilitarios para el trabajo de las fiscalías y para el traslado de los internos en el sistema penitenciario.

 

Igualmente faltaban mejores plataformas digitales de investigación, por lo que se procedió a adquirir nuevos servidores para resguardar la información de la institución y se diseñó un nuevo Sistema de Investigación Criminal, para que con un solo click un fiscal pueda encontrar más información sobre los sujetos investigados y planificar la estrategia inicial de un caso sin tener que trasladarse, ni esperar meses de respuestas para informaciones básicas.

 

Se creó una nueva plataforma digital del INTRANET para los usuarios internos y hoy, los colaboradores de la PGR pueden realizar sus solicitudes de servicios al área de Recursos Humanos, al área administrativa, de transportación, de mantenimiento y conserjería, sin papeles, desde la comodidad de sus escritorios, con la obligación de este personal darles una respuesta puntual y rápida a sus preguntas y requerimientos con un mayor nivel de eficiencia. 

 

Al mismo tiempo, y ya de cara al ciudadano, se simplificó y digitalizaron los servicios que se ofrecen para facilitar la vida de los usuarios, a quienes nos debemos todos. Hace apenas 3 años, las oficinas de servicio al ciudadano se encontraban en estado de abandono, sin un sistema digital centralizado, debiendo el ciudadano agotar largas filas y sacrificar horas y horas de su trabajo para recibir un servicio.

 

Como resultado, con mucho esfuerzo se avanzó  más de una década en tecnología, y ahora cualquier ciudadano, sin hacer filas, puede pagar digitalmente sus multas de tránsito en línea y recibir su descargo sin trasladarse; ahora, un abogado recién graduado puede pedir su exequátur a través de nuestra nueva página web; y ahora, cualquier ciudadano puede pagar, obtener e imprimir sus certificaciones de buena conducta hasta desde tu teléfono móvil, sin necesidad de salir de sus casas y hacer largas filas.

 

Para los ciudadanos que por algún motivo no tengan acceso a Internet, y deban hacer alguna de estas gestiones físicamente, ahora encuentran una institución lista para colaborarles en uno de los nuevos cinco Centros de Atención al Ciudadano existentes a nivel nacional o en nuestra nueva estafeta de atención al ciudadano ubicada en el INTRANT.

 

La PGR cuenta hoy, con un centro dotado de la más alta tecnología, un verdadero hub de servicios que ha sido creado, donde ahora en un solo lugar la ciudadanía puede completar todas sus diligencias, desde pedir la certificación de buena conducta hasta gestionar el levantamiento de una ficha, todo en tiempo record, como nunca antes se había hecho en la historia de la institución.

 

 

Para dar respuestas a todas estas necesidades se necesitaba más presupuesto, por lo que, primero se tomaron una serie de acciones para ser más eficientes, recortando gastos innecesarios, y aumentando las recaudaciones propias.

 

De igual manera para ejecutar los nuevos proyectos, se gestionó y se logró más fondos del Poder Ejecutivo y se tocaron nuevas puertas de organismos internacionales, recibiendo apoyo y un espaldarazo como nunca antes lo había visto la institución. Todos esos fondos se han reinvertido en el capital humano y en la institución, lo que ha permitido tener hoy, un Ministerio Público más moderno, más capacitado y con mayores herramientas para combatir la criminalidad.

 

La PGR es una institución que ha experimentado grandes cambios, y esos cambios están en cada nuevo fiscal de carrera más capacitado y con más herramientas para hacer su trabajo, están en cada personal administrativo mejor pagado y capacitado, en cada dependencia adecentada y moderna, en cada computadora con acceso a un verdadero sistema de investigación criminal, en cada manual de procesos y en los niveles de transparencia como nunca antes se había visto.

 

La institución cuenta ahora con un Plan Nacional contra la Violencia de Género.  Por primera vez la institución cuenta con una estrategia articulada para combatir ese flagelo. A dos años de haberlo presentado al país, se han puesto en operación 5 nuevas unidades de violencia de género las cuales fueron inauguradas en Cotuí, en Verón, en Barahona, en Bahoruco y en el Seibo. Se trasladaron a nuevos locales, las unidades de Azua y Puerto Plata, y se readecuaron y equiparon las unidades de La Vega, San Juan de la Maguana y Santiago.

 

Igualmente se han fortalecido los nuevos Centros de Intervención Conductual para Hombres con los que cuenta ahora la sociedad para tratar a los hombres agresores, hace 3 años solo había uno en el Distrito Nacional y ahora además de remozar y equipar el centro original, que funciona en el D.N., se construyó un centro regional completamente nuevo en la ciudad de Santiago y se relanzó el centro que existía en San Juan de la Maguana. Ahora todo el país recibe ese servicio que antes solo era ofrecido en la capital. 

 

A nivel nacional, se han realizado centenares de charlas de prevención de violencia de género y se han realizado decenas de capacitaciones a médicos, agentes de la policía y colaboradores internos para el tratamiento, investigación y procesamiento de las denuncias de violencia de género como manda la ley.

 

Todas estas acciones han permitido una reducción de un 20% en la violencia de género en 2 años consecutivos.

 

Se puso en marcha el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, con el que estamos dando fin al hacinamiento histórico por décadas en nuestras cárceles, igualmente estamos trabajando en la revisión y adecuación de los protocolos y procesos de rehabilitación y reinserción social de los internos, a los fines de que sean más efectivos y eficaces.

 

 

 

 

Se ha mejorado sustancialmente el traslado de los internos a sus audiencias, porque ahora se cuenta con los vehículos y choferes propios que se han adquirido para que se haga justicia. Tres años atrás, un gran porcentaje de los internos no tenían transporte para ir a sus audiencias. Eso es cosa del pasado en esta gestión.

 

Se amplió el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley de Santiago; y se inauguró completamente nuevo el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley en La Romana y para toda la región Este del país, y están en fase de terminación la remodelación de los centros de atención integral para adolescentes de Ciudad del Niño y Batey Bienvenido, y la construcción del nuevo centro en Barahona para cubrir todo el sur del país.

 

En adición a estas obras, el sistema penitenciario nacional de adultos en pocos meses dará el giro más profundo, digno, humano y restaurador en la historia de nuestro país, con el resto de los proyectos contemplados en el Plan de Humanización que se encuentran avanzados en más de un 60%, y algunos están alcanzando el 100%, solo esperando completar el mobiliario para ser inaugurados.

 

Otro de los puntos luminosos de esta gestión, lo constituyen la construcción de una nueva cárcel preventiva en San Luis, los 8 centros de corrección y rehabilitación ampliados, como son el de Puerto Plata, Najayo Mujeres, Najayo Hombres, Najayo San Cristobalense, Dajabón, Santiago, San Pedro de Macorís y Elías Piña, y la construcción de las Cárceles de San Juan de la Maguana y Guerra. Esta última con la que será sustituida la infame cárcel de La Victoria. Todos estos recintos serán construidos bajo las normas Nelson Mandela de tratamiento de las Naciones Unidas.

 

Para la administración y custodia de esos nuevos recintos, se han preparado ya 500 nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario y otros 500 se encuentran en formación para incorporarse gradualmente al sistema.

 

Se han realizado a nivel nacional, numerosos operativos para incautar las máquinas tragamonedas ilegales que invaden las comunidades de nuestro país, contando a la fecha con  más de 2,000 máquinas destruidas y más de 50 millones de pesos recuperados por concepto de multas.

 

De igual manera se han realizado operativos para hacer cumplir la ley sobre contaminación sónica, incautando hasta el momento más de 7,000 equipos de sonido decomisados y destruidos, como respuesta a las denuncias por contaminación sónica. 

 

Para perseguir y combatir el crimen de trata y proxenetismo en el país, se han realizado más de 200 allanamientos y operativos realizados contra estos delitos, logrando rescatar más de 700 víctimas en poco más de 3 años.

 

Este Ministerio público ha enfrentado de manera valiente y firme el crimen del narcotráfico, incautando e incinerando junto a la DNCD más de 66,000 kilos de drogas, y en el desmantelamiento de importantes redes de narcotráfico, incluyendo la red de Cesar Peralta (EL Abusador) considerada la red de narcotráfico más grande en la historia de nuestro país.

 

 

 

En materia de Lavado de Activos, en los últimos tres años la Procuraduría General de la República ha dado golpes contundentes a grandes redes criminales dedicadas al lavado de activos, desarticulando no solo las estructuras operativas y apresando también a sus principales cabecillas e integrantes, la mayoría con prisión preventiva, sino, también, impactándole  en el aspecto económico, desarticulando el entramado financiero y logrando el decomiso de más de RD$550 millones a favor del Estado dominicano, que están siendo destinados al fortalecimiento de la lucha contra ese flagelo.

 

Estos 550 millones de pesos decomisados son el resultado de tres (3) años de duro trabajo y equivale a un 80% de todo lo que se había decomisado en los 10 años anteriores. Es decir, que en solo 3 años se ha realizado el trabajo de casi una década, y se ha dado fiel cumplimiento a lo que establece la Ley, distribuyendo esos valores monetarios a las instituciones que trabajan en el combate del narcotráfico y a las ONGs que trabajan con personas adictas a sustancias controladas.

 

En esta gestión, se han realizado múltiples reuniones de trabajo que ha sostenido con autoridades y organismos internacionales forjando importantes alianzas para avanzar en la lucha contra la criminalidad.

 

Esta gestión ha merecido el reconocimiento de importantes organismos regionales, y participando  y poniendo en alto el nombre de nuestra institución y bandera presentando el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario ante la Organización de los Estados Americanos, asumiendo la presidencia del Grupo Técnico sobre Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad en la MISPAS o más recientemente, participando en la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros tantos.

 

La instituciòn ha logrado sentencias emblemáticas como las obtenidas en casos como los lamentables asesinatos de Mateo Aquino Febrillet, la niña Carla Massiel y Emely Peguero. Por primera vez en 10 años que tiene la Ley de Sobornos promulgada, se ha aplicado la misma y sometido a la justicia a ex ministros, congresistas y presidentes de organizaciones políticas, sin importar partido o gobierno al que pertenezcan.

 

Gracias al compromiso de esta gestión fue recuperada Bahía de las Águilas a favor del Estado dominicano. Esa playa, seguramente la más bella de nuestro país, la perdimos, y gracias al trabajo del Estado dominicano, sus abogados y este Ministerio Público, hoy tenemos de nuevo a Bahía de las Águilas en manos del pueblo dominicano. 

 

 

Santo Domingo, D.N.

20 de diciembre, 2019.

 

 

 

 

 

 

La sociedad dominicana ha quedado hondamente conmovida por el rapto, violación y asesinato de una niña de 4 años en la ciudad de Santiago. Es un crimen execrable que ha encendido nuevamente las alarmas sociales ante la barbarie y la degradación moral que implica.

 

Un hecho de esa naturaleza impacta hondamente en la opinión pública y revive discusiones acerca de la efectividad de las leyes, la eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal y en general sobre las causas de estos aborrecibles fenómenos.  

 

Al mismo tiempo la alarma y el estupor se agravan cuando se informa que entre los autores materiales se encuentran uno o más adolescentes. Se produce, de inmediato, un recrudecimiento del debate sobre el sistema de justicia juvenil, y se enfoca de manera específica en la necesidad de que se modifique la Ley No. 136-03 de protección de niños, niñas y adolescentes para aumentar el tope de la pena correspondiente, en la creencia de que esta modificación legal contribuirá a la reducción o eliminación de estos crímenes.

 

Ciertamente, hechos tan gravosos que laceran la conciencia de la sociedad y que además tienen el agravante de ser ejecutados por menores de edad, provocan el ataque frontal a la actual regulación de la responsabilidad penal de los adolescentes.

 

La primera respuesta de la sociedad es reclamar un enfoque punitivo y represivo para resolver este tipo de problemas, tanto en los jóvenes como en la sociedad en general. Sin embargo, existe suficiente evidencia y documentación que señala que las estrategias represivas y punitivas, han mostrado limitados resultados no sólo en la región sino en la mayoría de los países del mundo, debido a que esas medidas no están dirigidas a las causas del fenómeno sino que buscan disminuir los indicadores de violencia y delincuencia de manera sostenida.

 

Como se ha señalado reiteradamente estos planteamientos engloban un conjunto de argumentos populistas que terminan recomendando el aumento de la pena como el camino eficaz para la reducción de estas actuaciones antijurídicas. 

 

Se apoyan asimismo en una cierta percepción social que plantea que estos hechos se producen al amparo de la “protección” que reciben los menores que entran en conflicto con la ley penal y por ello proponen que el margen de condena, que no alcanza siquiera a los 10 años de reclusión, sea elevado. En su valoración de estas medidas descartan cualquier esfuerzo de establecer parámetros madurativos o psicológicos, en el entendido de que a estos adolescentes no se les debe dar ningún tipo de tratamiento diferenciado en función de su edad.

 

En su visión buscan desechar criterios y preceptos asentados en la doctrina y jurisprudencia internacional, como el interés superior del niño y sus garantías procesales, de cara a lo que en la doctrina se ha conocido como el “obrar con discernimiento”. Descartan la necesidad de una valoración de la maduración neuropsicológica que permita determinar si la persona ha actuado con suficiente madurez volitiva y conductual para presuponer que ese adolescente es responsable absoluto de sus actos y por ende, consciente del mal que causa.

 

Consideramos que no puede abordarse el problema de la violencia juvenil únicamente desde la responsabilidad penal, pues se olvida que esta problemática es un fenómeno multicausal y complejo, que requiere de programas adecuados de política criminal, destinados a mejorar la prevención y reinserción de los infractores, por lo cual se debe debatir respecto a temas centrales como mayor inversión en el sector social con énfasis en sistemas de protección integral a la niñez y adolescencia. 

 

En ese sentido, entendemos que este es un tema de una complejidad especial que no puede responderse de manera apresurada mediante la clásica fórmula del aumento de la pena como método disuasivo, especialmente en el marco de  un sistema penal que debe privilegiar la reinserción social como su objetivo supremo.

 

El fenómeno de la delincuencia juvenil amerita una ponderación amplia de los múltiples factores que circundan la ocurrencia del mismo, dentro de estos: la intervención social en lo referente a los altos grados de exclusión que rodean a los menores que incurren en ilícito penal, así también los criterios de vulnerabilidad, de descomposición familiar, entre otros. 

 

Los altos niveles delictivos que se registran en la población adolescente y juvenil requieren una revisión de todo el sistema penal, especialmente lo relativo a la prevención.

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), promovemos un  abordaje integral de este fenómeno, como una opción más adecuada que la política criminal basada únicamente en el aumento de la pena. Estos lamentables hechos deben estimular a las autoridades y la sociedad a continuar en el estudio de las causas que generan estas desviaciones y promover el diseño de políticas públicas efectivas de prevención de la delincuencia y la violencia en el país.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

12 de enero de 2020

 

 

 

 

 

Al finalizar 2019, como es tradición, diferentes instancias sociales y medios de comunicación pasan balance a los aspectos más relevantes de la vida política, económica, social e institucional de la República Dominicana. FINJUS se ha unido a este ejercicio con la finalidad de contribuir a la superación de los déficits confrontados de cara a los retos que nos aguardan en 2020.

 

Resaltamos que en 2019 la República Dominicana avanzó en el enfrentamiento de algunas deficiencias históricas que arrastramos en cuanto al sistema de partidos y al régimen electoral, bases fundamentales de nuestro régimen democrático, pero al mismo tiempo se comprobó la vigencia de actitudes y prácticas tradicionales que entorpecen el camino hacia la instauración de una cultura de transparencia en las áreas vitales de nuestro sistema democrático. Seguimos, en ese sentido, a la espera de las grandes reformas institucionales que ayuden a erradicar la prevalencia del clientelismo, el caudillismo y la corrupción, que distorsionan la expresión de la soberanía popular y el interés general en la vida democrática y la toma de decisiones.

 

Nuestro enfoque matiza áreas fundamentales del régimen político dominicano, cuyo balance resumimos a continuación y que deseamos compartir con las autoridades estatales y las organizaciones sociales representativas.

 

Sistema de justicia

 

Reconocemos, en primer lugar, las mejoras en la calidad del servicio judicial y en los aspectos infraestructurales, tecnológicos y operativos que se vienen realizando. Destacamos la labor del Sistema de Inspectoría y Seguimiento, a cargo del Consejo del Poder Judicial, que evidencia la voluntad de construir nuevas prácticas de gobernabilidad a lo interno del Poder Judicial. Queda  como reto la adecuación de los procesos disciplinarios derivados de ello, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley contenido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución.

 

Sin embargo, FINJUS constató que a la fecha todavía queda pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica, lo cual resulta un requisito indispensable para el desarrollo económico y social. Lo anterior sintetiza las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad y la comunidad jurídica que, en los últimos 25 años, desde la reforma constitucional de 1994, han sido enarboladas año tras año.

 

Ese telón de fondo se expresa en la queja reiterada que hemos formulado a los  poderes ejecutivo y legislativo por no aplicar la Ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público No. 194-04, manteniendo a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad, que impide el desarrollo de políticas públicas que aseguren la implementación de la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia, como ordena la Constitución.

 

Sigue siendo de gran preocupación que el nivel de confianza en el sistema de justicia de la República Dominicana se encuentre entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, manteniendo un 21% de acuerdo a la última versión del Latinobarómetro. Esta cifra continúa muy similar al 20% de confianza que, según el estudio, tiene el Poder Legislativo, y el 22% respecto del gobierno.

 

Cabe resaltar que la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en 2019, como parte de una renovación institucional, en sentido general estuvo enmarcada en la calidad profesional y las elevadas competencias de los jueces seleccionados. A nuestro parecer, puede esperarse mejoras sustanciales en lo relativo a la gestión interna y avances puntuales respecto de las reformas ya implementadas en el sistema de justicia. Lamentamos que el proceso, aunque inició con grandes expectativas, decayera por la inobservancia del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura en el caso de la Jueza Mirian Germán, así como otros aspectos específicos.

 

Consideramos que, por lecciones derivadas del proceso de selección y evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura, todavía queda pendiente superar cuestiones tan sustanciales como el apego irrestricto a los procedimientos establecidos en la normativa al efecto y la necesidad de fortalecer la evaluación anual del desempeño de los  magistrados integrantes. En este sentido, se impone reflexionar profundamente en torno al rol del Consejo Nacional de la Magistratura, su integración y, especialmente, si se dispone de las herramientas idóneas para poder verificar de manera integral el desempeño de los jueces o aspirantes a ser evaluados.

 

Por otro lado, desde FINJUS hacemos énfasis en el hecho de que ha pasado otro año sin que se logre la promulgación de un Código Penal moderno, debido a razones que no son propias de una discusión penal. Entendemos que la no adopción de un nuevo Código Penal ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se relaciona estrechamente con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, impunidad y percepción de inseguridad ciudadana, debido a que no contamos con tipos penales y sanciones adecuadas que abarquen el amplio catálogo de modalidades actuales del accionar delictual.

 

Un elemento esencial del balance del 2019 es el curso del proceso a nivel judicial del llamado caso “ODEBRECHT”, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que contribuiría a generar mayores índices de desconfianza en dicho sistema.

 

Sistemas de control

 

Desde nuestra perspectiva se precisa el reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos a los fines de contrarrestar los agudos déficits presupuestarios, endeudamiento externo y déficits fiscales que se han verificado en los últimos años.

 

Para ello señalamos la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de los órganos de control tanto externo como interno, esto es la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, a fin de articular los procesos de control implementando medidas y acciones contra la corrupción. El caso de la Cámara de Cuentas es recurrente en sus debilidades, que entorpecen la eficiencia y eficacia del régimen de consecuencias en el sistema de justicia dominicano.

 

Sistema de consecuencias en materia de compras y contrataciones públicas

 

En el ámbito del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas urge la concreción de la reforma al modelo normativo actual, pues este es uno de los factores que ha contribuido a entorpecer el esfuerzo por la transparencia que se realiza en algunos sectores estatales, debido a que el marco jurídico actual en materia de compras y contrataciones públicas deja múltiples brechas que facilita manejos irregulares de los fondos del erario.

 

Seguridad ciudadana

 

Con relación a la seguridad ciudadana, FINJUS entiende que se han dado importantes pasos en orden a la reforma legal que se enfoca en la construcción de una nueva perspectiva. A propósito de lo anterior, debe señalarse que la adopción de la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16, a pesar de haber constituido un paso necesario, no ha reflejado los resultados esperados dados los sistemas estructurales propios de la cultura de esta institución. Así también quedan pendientes los proyectos de leyes de reforma del Ministerio de Interior y Policía, el Código Penal y los reglamentos que se ordenan diseñar desde la citada Ley Orgánica de la Policía Nacional.

 

A pesar de los diversos programas que se han diseñado, vemos con preocupación que hasta el momento los sucesivos “planes” de prevención y control de la delincuencia no han dado los resultados esperados, generando mayor percepción de inseguridad. Entendemos que, desde su complejidad, la seguridad ciudadana debe ser abordada de manera integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, dando lugar a un efectivo plan nacional que armonice medidas preventivas, reformas legales e institucionales, inversión pública en programas sociales, así como el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades, incluyendo nuevos actores como son los ayuntamientos.

 

Violencia de género

 

Esta problemática alcanzó altos picos de alarma social en este año. A pesar de que las informaciones oficiales refieren un descenso del 25 % en el número de feminicidios en 2019, alcanzando la cifra de alrededor de 75 hechos de esta naturaleza a inicios de diciembre, debe destacarse que según estudios en la región esa información refleja la urgencia de abordar este flagelo. Ejemplo de ello es la valoración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.

 

La situación requiere de la actuación conjunta por parte de los poderes públicos dada la cantidad de entidades que han de tomar acciones enfocadas a trabajar para erradicar esta problemática, que finalmente permitan pasar de la palabra al hecho, diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas en virtud de ejes transversales que hayan sido especialmente definidos al efecto. Con relación a un aspecto específico de la normativa nacional, deben seguirse las exigencias para la eliminación del matrimonio infantil, el cual por sí solo representa una amenaza para el desarrollo humano de las niñas y adolescentes dominicanas, con graves derivaciones sociales.

 

Crimen organizado

 

En 2019, entre los hechos que generaron más atención en la opinión pública, se destaca la persecución de un importante personaje vinculado al narcotráfico. Procesos como estos, nueva vez, revelan que debe combatirse el entorno amigable y permisivo dentro de los organismos oficiales a organizaciones delictuales, así como erradicar las estructuras de poder que ha desarrollado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. El Estado debe encaminarse a desarticular presuntas redes de apoyo que pueden existir al interior de los organismos estatales para dar soporte, pasar informaciones o simplemente descuidar de forma intencionada sus responsabilidades, facilitando así el desarrollo de estas estructuras y sus actuaciones.

 

Es necesario mencionar una vez más que está siendo ponderado en el seno del Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso de Bienes Ilícitos, instrumento normativo que requiere ser revisado y adecuado a los fines de que cumpla con el fin que justifica su aprobación, es decir, constituir una herramienta de política criminal que permita enfrentar el crimen organizado debilitando su poder económico.

 

Conjuntamente con lo anterior, es necesario prestar atención al régimen penitenciario de la República Dominicana, que si bien ha sufrido transformaciones sucesivas en los últimos años, ya sea ampliando el margen de los derechos de las personas privadas de libertad o procurando la mejora gradual de las condiciones de las cárceles, todavía requiere una reforma integral que erradique prácticas nefastas que agravan los escenarios de inseguridad. Como se pudo observar en el caso de las heridas a David Ortiz, quedaron evidentes las articulaciones delictuales y redes que operan desde los recintos penitenciarios.

 

Régimen electoral y partidario

 

Este año se estrenaron los nuevos regímenes electoral y partidario, en sendas leyes aprobadas a los fines de readecuar los mecanismos y actuaciones políticas, pretendiendo subsanar serias problemáticas en el escenario político-electoral. Sin embargo, finalizando la etapa de precampaña de las elecciones a ser celebradas en 2020, se evidencian múltiples situaciones que afectan gravemente el clima de confianza que debe imperar en los procesos eleccionarios.

 

En este año, en materia electoral, entre otras cuestiones, resaltaron las serias pretensiones de modificar la Constitución. Respecto de ello, entendemos que abogar de manera continua a la reforma de la Constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo, de manera muy peligrosa, condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución a los constantes vaivenes políticos.

 

De igual manera se evidenció una importante judicialización de los conflictos electorales así como lo relativo a la revisión constitucional de ambas normas. Esto ha venido dando como resultado la eliminación del voto de arrastre mediante sentencia del Tribunal Constitucional, así como también la eliminación de artículos en la legislación de partidos en orden al fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía consignados en la ley sustantiva. Se destaca la experiencia electoral del voto automatizado que representa una mirada hacia la eficacia del proceso electoral. Sin embargo, debe puntualizarse la necesidad de que estos procesos cuenten con altos niveles de confianza, y para ello debe apelarse al consenso de los actores del sistema político.

 

Quedan retos importantes relativos a la necesidad de fortalecer el sometimiento al orden de los partidos políticos y candidatos mediante el sistema de consecuencias establecido en ambas normas. Para ello el órgano rector del proceso electoral, la Junta Central Electoral, deberá jugar un rol esencial en la aplicación de las sanciones correspondientes en cuestiones de sensible relevancia como son la propaganda permitida, el respeto a los períodos de precampaña y campaña y, especialmente, la fiscalización minuciosa de la ejecución partidaria y de los candidatos respecto a los límites y/o topes de gastos que indica la ley.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

22 de diciembre de 2019

en el marco de una visita en la que la PGR y FINJUS para intercambio de ideas y desarrollar  programas educativos para fortalecer la prevención y persecución de delitos electorales en las elecciones de 2020.

11 de diciembre de 2019

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) advierte que la paralización de la docencia indicada se realizará el próximo viernes 13 de diciembre por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), vulnera irrazonablemente el derecho a la educación establecida en La Constitución y provoca un clima de inestabilidad e inseguridad jurídica que no es favorable para la institucionalidad democrática del país.

 

Este llamado a paralización de docencia genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del calendario escolar, precisamente habiendo tenido el país los resultados en la prueba PISA 2018, recientemente revelados, donde se presenta un declive en la educación dominicana, resultaría inconsecuente que además sean paralizadas las labores de docencia por intereses particulares que se encuentran inmersos en el sector que convoca a paralizar la docencia, afectando el esquema de nuestro sistema educativo.

 

En suma, huelga decir que esta ha sido una práctica históricamente repetida por la ADP, la cual ha sido posible por el modelo político que se ha instalado en el país en las últimas décadas y que forma parte de las distorsiones de este sector. En ese sentido, los vicios del sistema político reproducidos en la ADP afectan a la ciudadanía, afectan negativamente las conquistas sociales y obstaculizan los avances institucionales, así como aquellos en materia de derechos fundamentales.

 

Tal como hemos mencionado con anterioridad, se trata de lacerar un derecho fundamental consignado en el artículo 63 de nuestra Constitución, por tanto los intereses nacionales deben prevalecer frente a los de determinados sectores. Es necesario que diferentes organizaciones públicas y privadas puedan abocarse a repensar a profundidad los parámetros educativos sustanciales y el currículo existente, a los fines de mejorar y evitar recurrir a mecanismos como éste que finalmente empeoran al propio sistema.

 

Queda claro que, a fin de cuentas, el mayor perjuicio lo estarían soportando los estudiantes quienes se ven envueltos de manera indirecta en calidad de recurso o medio para resolver conflictos en beneficio de otros. Esto, además de contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente,  va en detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido.

 

La consolidación del Estado social y democrático de derecho requiere de priorizar las herramientas de diálogo y consenso antes de cualquier acción que vaya en detrimento de la eficacia y garantía de los derechos, más aún tratándose del derecho a la educación que se orienta a la población de niños, niñas y adolescentes, interactuando también el Principio de Interés Superior del Niño. Finalmente desde FINJUS resaltamos que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y con ese progreso económico.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

10 de diciembre de 2019.

 

 

 

En ocasión de la celebración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), se une a todos los sectores que por diferentes vías han mostrado su alta preocupación por la notoria ineficacia de gran parte de las políticas públicas implementadas en el país en los últimos años para prevenir y castigar los actuales niveles de violencia contra la mujer.

 

Se ha resaltado que la violencia contra la mujer representa uno de los puntos más oscuros en el análisis de cualquier sociedad moderna y significa la prevalencia de una cultura que reproduce la exclusión, la desigualdad y la barbarie en todos los ambientes de la convivencia  humana. Penosamente la República Dominicana continúa destacándose como uno de los lugares más peligrosos para ser mujer y donde son más inefectivas las políticas y programas sociales y estatales para superar estas formas de ignominia.

 

El análisis de esta problemática en la actualidad arroja la necesidad de que en un esfuerzo conjunto la sociedad se aboque a una reflexión seria y sistemática sobre sus causas, consecuencias y factores que aumentan el riesgo para las mujeres de ser víctimas y vivir en un estado de opresión y violencia. Al mismo tiempo que permita al Estado el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas, que no dejen dudas sobre su compromiso en esta materia y que se manifiesta asignando los recursos suficientes a tales fines y enfocando la acción desde una perspectiva integral.

 

Ya no bastan las declaraciones oficiales ni las actividades propias de esta fecha conmemorativa, porque el grito de desesperación y desamparo no proviene solo de las mujeres agredidas, humilladas y ultimadas, sino también de las familias, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, que resultan dañadas colateralmente y que quedan en el abandono, por la falta de políticas de asistencia adecuadas. 

 

A la ineficiencia de los operadores del sistema de asistencia, protección y  justicia se le agregan otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Un penoso ejemplo de ello son los acuerdos judiciales que se arriban con los victimarios, a partir de criterios de oportunidad, aun cuando existen antecedentes gravísimos en este aspecto. Al mismo tiempo son notorias la falta de personal especializado para la atención de las víctimas, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.

 

De los datos estadísticos, las informaciones oficiales que ha ofrecido la Procuraduría General de la República refieren un descenso del 25 % en el número de feminicidios en el 2019, alcanzando la cifra de 62 hechos de esta naturaleza al 10 de noviembre del año en curso, lo cual contrasta, por ejemplo, con la valoración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.

 

La violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, corresponde a un potencial hecho punible, y, por otro lado, se trata del resultado de patrones socio-culturales que devienen de conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra.

 

Con relación a la tipificación del delito, es preciso recalcar que el ordenamiento jurídico dominicano no ha adoptado este tipo penal detallando los elementos constitutivos del mismo. De ello vale puntualizar que en torno al debate respecto de si se mata a la mujer solo por ser mujer, debe recordarse que los hechos que circundan al delito presentan características comunes las cuales están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género” que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres[1]; en ese sentido corresponde visibilizar la expresión extrema y ulterior de violencia que resulta de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres de manera claramente diferenciada de lo que respecta al homicidio.

 

Esto justifica la necesidad de una actuación conjunta por parte de los poderes públicos por la cantidad de entidades que han de tomar acciones enfocadas a trabajar para erradicar esta problemática, que finalmente permitan pasar de la palabra al hecho, diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas en virtud de ejes transversales que hayan sido especialmente definidos al efecto.

 

Desde FINJUS exhortamos a que sean repensados todos los mecanismos implementados hasta la fecha en pos de la eliminación de la violencia contra la mujer en razón de que estos hechos continúan ocurriendo de manera desproporcionada y con una tendencia que no apunta necesariamente a su erradicación.

 

Creemos que es el momento de ir más allá de los discursos y proclamas. La sociedad dominicana está cada vez más consciente de que no basta pregonar las buenas intenciones en esta materia, pues el luto, la desesperanza y la agonía crecen sin consecuencias. Es el momento de que al mando de las políticas y programas en este terreno se coloquen la inteligencia y el diálogo, la voluntad de cambiar estos nefastos patrones culturales de opresión y maltrato, que den como resultados círculos virtuosos de reflexión, acción y control en los órganos oficiales y sociales para superar esta pesada herencia de muerte y luto y se obtengan logros en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer

  

Servio Tulio Castaños Guzmán

25 de noviembre 2019

 

[1] Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

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