El Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, hizo la entrega durante la visita que realizó el presidente del TSE y la magistrada Rosa Fior Pérez a la FINJUS.

El proyecto de ley sobre las observaciones a la ley vigente fue elaborado por FINJUS y el TSE se comprometió a analizarlas. Dicho encuentro es parte de un preámbulo a la firma de un acuerdo de intención entre ambas instituciones.

Durante su visita, el Sr. Magdic estuvo acompañado del Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS  Dr. Servio Tulio Castaños y el Sr. Rafael Izquierdo en representación del Consejo de Directores; participaron además, Jason Grullón, Civil Society and Governance Specialist, Youth, Education and Security Office de USAID y Greici Romero del Senado de la República.

La visita del consultor Marko Magdic, se fundamenta en el  tema del Anteproyecto de  Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana.

24 de agosto de 2021

Ponente: Dr. Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Transparencia en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas: Bullets

1. Un balance de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones muestra que tras quince años de aplicación ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado para el uso óptimo y la transparencia en el uso de los recursos públicos para el logro de los objetivos de la Administración Central y de los poderes públicos en general.

2. Hemos manifestado nuestro apoyo a las intenciones del actual gobierno de producir cambios profundos y significativos en la Ley 340-06, basados en la necesidad de hacer más transparentes, eficientes y sostenibles las decisiones que se adoptan en estas materias y especialmente enfrentar con responsabilidad la cultura de opacidad que ha caracterizado la gestión del Estado desde hace décadas.

3. 3) Hemos criticado desde todos los ángulos la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano. Asimismo, resulta evidente que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones ha sido uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano y ha permitido la aparición de múltiples distorsiones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de la última década, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se ha derivado.

4. Esta realidad choca frontalmente con la necesidad de erigir una nueva ética pública que descanse en los valores éticos y sociales de la sociedad y que debe ser asumida y adoptada por los funcionarios y la administración pública como propia y que están destinadas a la creación del bien común. De ello se deriva que los cambios que logren introducirse en la norma de compra y contrataciones y en este sistema de manera general, constituyen un tema de primer orden para el desarrollo social, político y económico en el país, el cual deberá seguir fortaleciéndose mediante las buenas prácticas mostradas por las instituciones que componen el Estado dominicano.

5. En este marco se inscribe el esfuerzo de la Dirección General de Compras y Contrataciones de reforzar los principios y procedimientos de la Ley actual y abrir un escenario de discusión amplia e incluyente sobre las propuestas que se han producido, que culmine en una norma acorde con los postulados constitucionales y las mejores prácticas en esta materia.

6. Algunos de los puntos esenciales que deberían ser tomados en consideración para la reforma de la norma de compra y contrataciones incluyen, desde nuestros puntos de vista, los siguientes:

7. Valoramos la ampliación y precisión en las definiciones de los principios, contenidos en el anteproyecto de la Dirección General aunque observamos que el principio de “transparencia y publicidad” podría convertirse en dos principios separados, lo que con seguridad se traduciría en menores confusiones y usos desvirtuados de lo que implican ambos conceptos de manera individual; y permitiría enfatizar la ampliación de lo que implica la transparencia en un Estado social y democrático de derecho.

8. Del análisis detallado de la Propuesta presentada de nueva normativa, valoramos que a partir del Título II, se establece a qué se sujetan las contrataciones y se incluye la generación de un expediente administrativo ante cualquier procedimiento de contratación que se inicie, partiendo de los supuestos incluidos en la Ley No. 107-13 sobre derechos de las personas en su relación con la Administración y procedimiento administrativo.

9. Consideramos que lo anterior permitirá un seguimiento más preciso de la contratación pública y de paso fortalecerá, en gran medida, el sistema de control y la transparencia de los procesos.

10. Resulta favorable que el anteproyecto reitera la necesidad de transparentar los procesos e instituye –además del control interno y externo del Estado– mecanismos de control institucional ejercidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas y mecanismos de control social ejercidos por ciudadanía organizada en mesas de fiscalización ciudadana.

11. Este es un aspecto muy innovador que ha sido incluido en el marco normativo objeto de nuestro análisis. Además de las potestades que incluye el artículo 153, se establecen los programas de cumplimiento regulatorio, conforme lo indican las mejores prácticas anti-corrupción de la época moderna.

12. Si bien resultaría un progreso notable, observamos que los componentes de dichos programas no pueden dejarse a la merced de la reglamentación complementaria sino que deben ser incluidos en el anteproyecto.

13. Uno de los aspectos más importantes que debe tomarse en cuenta al valorar las reformas a la Ley de compras y contrataciones lo constituye la propuesta de control social, que podría ejercerse a través de las mesas de fiscalización ciudadana. Esta iniciativa deviene en un paradigma en materia de transparencia que estamos conscientes que provocará una cierta resistencia por parte de las prácticas tradicionales de toma de decisiones en el marco de los estamentos públicos.

14. Sin embargo, consideramos de gran valor esta iniciativa para propiciar la democratización de los procesos y confiamos en que este aspecto podrá servir para prevenir prácticas corruptas e inobservancias a la propia norma.

15. Queda claro que la transparencia y la erradicación de la influencia negativa de la clase política en el sistema de compras públicas generará en lo inmediato en importantes mejoras económicas, al mismo tiempo que una reorientación del gasto hacia cuestiones esenciales dentro de la gestión de la cosa pública. 

16. Confiamos en que la inserción de toda la sociedad en los cambios que urgen al sistema de contrataciones públicas se traducirá en resultados favorables en muchos otros ámbitos del Estado social y democrático de derecho.

17. La reforma al sistema de contrataciones públicas es un reclamo ciudadano que merece ser atendido y somos de opinión que la Propuesta de la Dirección General de Compras y Contrataciones sienta las bases para institucionalizar los cambios urgentes en materia de transparencia y calidad democrática que requiere el país.

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

18 de agosto 2021

Las dos instituciones se comprometen a mejorar el modelo de gestión y gobernabilidad para hacer más eficiente la asistencia al ciudadano.

Santo Domingo, 28 de julio de 2021.- La Defensoría del Pueblo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) trabajarán en el fortalecimiento de la entidad creada para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Dicho acuerdo se enmarca dentro del compromiso del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, de hacerla una institución más fuerte, más creíble y que pueda cubrir la demanda de servicios de la ciudadanía.

“Desde que fuimos escogidos como Defensor del Pueblo, nos propusimos hacer una institución que sea vista y reconocida como la que garantiza la ejecución de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos”, afirmó Ulloa tras la firma del pacto con FINJUS.

En este acuerdo se establece una mesa técnica para definir un modelo de gestión en la secretaría general, asistencia para la creación de un observatorio de gobernanza, desarrollo de actividades formativas, así como la integración del Defensor del Pueblo a los procesos de reformas que se realizan en el país.

De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, se refirió a la permanente disposición de esa entidad de la sociedad civil para contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad.

“La Fundación siempre ha estado presta a colaborar en todo lo que sea para mejorar las instituciones del país, y más en ésta que tiene el objetivo de velar por garantizar los derechos humanos”, sentenció Castaños Guzmán.

En lo adelante, comisiones de trabajo de ambas instituciones se encargarán de elaborar un cronograma de acciones para poner en marcha lo acordado.

En la conferencia titulada “Magistrado presidente Manuel Bergés Chupani: la integridad de una vida al servicio de la justicia”, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara,  resaltó la obra y trayectoria profesional de Don Manuel Bergés Chupani, fallecido en el 2020 a los 101 años.  

Por CDN a las 11:00 am, 

25 de junio de 2021.-Fue firmada en San Francisco de Macorís la "carta de compromiso", que promueve el Plan Municipal para la convivencia ciudadana segura, con el interés de hacer disminuir en la sociedad dominicana, la incidencia del delito y la violencia , en sus distintas manifestaciones.

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El homicidio de un interno en el recinto penitenciario que funciona al interior de la Fortaleza Duarte en San Francisco de Macorís el pasado domingo, ha mostrado nuevamente a la sociedad dominicana el grado de deterioro del sistema penitenciario y la necesidad urgente de que el Estado coordine acciones positivas, enérgicas y sostenibles para remediar lo que se ha convertido en una lacra dentro del sistema democrático dominicano.

El interno fue acribillado a balazos disparados por otros presos, en el momento en que escenificaban un motín pidiendo ser trasladados a otras prisiones. El mismo cumplía una condena de 30 años de reclusión en una prisión del sistema tradicional que, aunque funciona bajo el control de la Dirección General de Prisiones y de la Procuraduría General de la República, está ubicada al interior de una fortaleza militar que pertenece al Sexto Batallón del Ejército dominicano.

Ha sorprendido a la sociedad dominicana que en ese recinto circularan armas de fuego, cuchillos, dispositivos electrónicos y celulares, al tiempo que negocios diversos fueron permitidos, incluidos prestamistas, aparatos de juegos de azar y otras actividades al margen de la ley. Es un hecho conocido que los recintos penitenciarios del modelo tradicional se han convertido en centros desde los que se realizan diferentes delitos, que van desde la clonación de tarjetas de crédito, hasta modalidades de extorsión y manejo de bandas criminales al exterior de dichos centros.

En un informe reciente de mayo pasado la Dirección General de Prisiones informó que en el sistema penitenciario existen 26,656 internos, de los cuales 15,285 son presos preventivos (57 por ciento), y 11,374 están condenados, lo que representa el 43 por ciento de la población total.

En los establecimientos carcelarios tradicionales, que son 19 en total y que son administrados por la Dirección General de Prisiones, cumplen condena y medidas de coerción 17.263. Mientras que en los 24 centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria están internados 9,911 personas.

Durante décadas las cárceles dominicanas han acumulado un deterioro que se vincula con la indiferencia del Estado ante esta población, la falta de recursos que sufren las instituciones encargadas y la incoordinación de programas y políticas públicas diseñadas y orientadas con sentido profesional y humano, entre otros factores . El incumplimiento de la autonomía presupuestaria del Ministerio Público incide de manera negativa en los centros penitrios y cárceles, que han sido dejados a su suerte, constituyéndose en una de las fuentes más importantes de enriquecimiento de estructuras mafiosas, con la complicidad de algunas autoridades, de acuerdo a los testimonios que aparecen en la prensa y las redes sociales.

Para la ciudadanía el homicidio del preso en la Cárcel de San Francisco de Macorís es la reedición del fracaso de los intentos que se han realizado para “humanizar y modernizar” los centros penitenciarios y correccionales en el país, abandonados por el Estado a formas abyectas de corrupción, violencia y crimen que degradan la calidad del régimen democrático y de la condición humana en el país.

Aunque reconocemos que el nuevo modelo penitenciario representa un respiro de la gravísima situación del tratamiento penitenciario por las experiencias positivas que se han acumulado algunos desde años, FINJUS exhorta a que desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con los demás poderes públicos, se coordinen acciones urgentes que eviten que el país siga siendo considerado en la comunidad internacional como una sociedad donde convive un pueblo con los mejores valores y las formas más agudas de la degradación humana.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

22 de junio de 2021

La efectividad de las acciones que desde el Estado se realiza contra la corrupción en sus diversas modalidades acapara la atención de los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad. Cada día aparecen nuevas voces demandando profundizar la capacidad operativa de los órganos de control, de investigación de los delitos y crímenes y hacer más efectivo el régimen de consecuencias en esta área.

FINJUS comparte estos sentimientos y aspiraciones de la sociedad dominicana, porque para vencer la impunidad es preciso mejorar las acciones coordinadas, legales y contundentes de los órganos del Estado responsables del control, la investigación, persecución y sanción de estas prácticas, con el respaldo activo de las organizaciones sociales.

El rol que la Constitución y las leyes asignan al Ministerio Público y la Cámara de Cuentas es insustituible y existe la convicción de que muchas de las debilidades que arrastra el sistema de justicia para alcanzar logros significativos en el largo proceso de detener la impunidad, están íntimamente relacionadas con el bajo nivel de recursos que reciben.

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 194-04 sobre autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, y a la luz de la responsabilidad y el compromiso que ha asumido el Ministerio Público, y de las delicadas tareas que debe asumir la recién nombrada Cámara de Cuentas, es urgente que los Poderes Ejecutivo y Legislativo incrementen las partidas financieras correspondientes a ambos órganos constitucionales en el marco de la definición del próximo Presupuesto complementario.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática debe basarse en la racionalidad en sentido amplio, es decir, tanto en el uso apropiado y eficiente de los recursos, así como también en la disponibilidad dada desde los poderes públicos para la realización de los mismos. La ciudadanía no entiende cómo se  puede tener éxito en la lucha contra la corrupción y la impunidad, si dejamos al Ministerio Público y la Cámara de Cuentas en una situación de precariedad y limitaciones.

El país está dando muestras de respaldo a los pasos que el Ministerio Público adelanta para su fortalecimiento institucional, el aumento de sus capacidades operativas y la efectividad de sus acciones y lo mismo espera de la Cámara de Cuentas. En la lucha contra la impunidad es muy importante que ambas instituciones cuenten con el apoyo moral de todos los sectores. Pero lamentablemente, con eso no basta.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

17 de junio de 2021

17 de junio de 2021