Kenia Franco

Kenia Franco

Uno de los principios constitucionales más básicos e importantes en la doctrina jurídica es el principio de legalidad. El cumplimiento absoluto de la ley es una tarea pendiente de los poderes públicos, que requiere una cultura ciudadana que lo demanda de manera permanente y cotidiana.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha exhortado a la ciudadanía a asumir el compromiso de exigir el cumplimiento de la Constitución y las leyes como una condición indispensable para el fortalecimiento institucional del Estado dominicano. En ese mismo sentido, en la actual coyuntura, nos hemos dirigido a los precandidatos que se encuentren vinculados al tren gubernamental, sin importar su bandería política, a respetar las leyes vigentes al respecto,  en especial de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19.

 

Tal como establece el profesor Hurtado Pozo, “Los textos legales contienen, por tanto, mandatos del órgano constitucionalmente competente para dictarlos. En sus fundamentos, el principio de legalidad supone la claridad y la precisión de la ley[1].” Así, la Ley No. 15-19 contiene presupuestos normativos fundamentales y concretos que impiden, específicamente, prevalerse de un cargo público para realizar campaña a favor de uno u otro partido, agrupación o movimiento político determinado.

 

En términos más específicos, la legislación electoral vigente, en su artículo 196, párrafo III, plantea que “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio[2]”.

 

A la luz de las informaciones que aparecen en diversos medios de comunicación en el sentido de que algunos funcionarios públicos se encuentran actualmente realizando actos de campaña a favor de candidatos específicos, advertimos que ese comportamiento implicaría un agravio al principio de legalidad y a la naturaleza de sus funciones, lo que es contrario a la Constitución. De persistir estas conductas se produciría una lesión  en nuestro ordenamiento jurídica que podría acarrear consecuencias negativas para el proceso electoral en sí.

 

Para Urrutty, “no es concebible la existencia de un proceso electoral que merezca la denominación de tal sin la presencia de normas previas que lo regulen[3].” En nuestro  país sufrimos por largo tiempo las consecuencias de no contar con una Ley de Partidos y las modificaciones sustanciales al régimen electoral, lo que conllevó a irregularidades y anomalías. La situación presente indica que si no se controla esta cultura de irrespeto a las leyes y se imponen consecuencias a quienes lo hacen, volveremos a observar viejas prácticas que rompen con la esencia democrática y van en detrimento de la seguridad jurídica, causando confusión y estancamiento en la confianza ciudadana.         

 

Desde FINJUS, confiamos en que los precandidatos a distintos puestos en todos los niveles de elección, se ajustarán a la legislación electoral y no permitirán que funcionarios que administren recursos del Estado desvirtúen la naturaleza de la función pública y al propio proceso electivo. De lo contrario, la Junta Central Electoral tendrá que imponer las sanciones administrativas correspondientes.[4]

 

Se hace necesario que los funcionarios públicos se aboquen al cumplimiento de los principios fundamentales que dan origen al Estado social y democrático de derecho y a las legislaciones que de allí nacen. El presente proceso electoral cuenta con normas y procedimientos que deben ser asumidos con firmeza, tanto por los precandidatos, como por la ciudadanía y los poderes públicos. Solo de esta forma podrá contribuirse a la legalidad, la protección de la institucionalidad y la construcción de un mejor clima de gobernanza para el país.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

17 de septiembre de 2019

 

[1] HURTADO P., José. El principio de legalidad, la relación de causalidad y la culpabilidad: reflexiones sobre la dogmática penal. Revista Penal de Suiza. Universidad de Fribourg. 1987. Pp. 23-56.

[2] República Dominicana. Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19. Artículo 196, párrafo III.

[3] URRUTY N., Carlos A. La importancia de los organismos electorales. Revista de Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Uruguay. 2007. Pp. 1-26.

[4] Véase: Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, artículo 280, numeral 9.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) es crucial que la sociedad dominicana acoja los planteamientos de diversos ámbitos jurídicos y de especialistas que señalan la urgencia de la elaboración de un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana. Si bien se ha consensuado en la necesidad de un acuerdo de esa naturaleza, aún no se han identificado los elementos prioritarios que permitan diseñar las propuestas concretas y prácticas que resulten en soluciones reales a nivel local, regional y nacional.

 

Tal como se ha indicado en numerosas ocasiones, el punto neurálgico de las preocupaciones de la ciudadanía se concentra en el mejoramiento de la dramática situación actual de la inseguridad ciudadana, expresada en actos violentos, delitos y crímenes que afectan la vida cotidiana de las personas y las comunidades. No obstante, al momento de elaborar planes, estrategias y medidas concretas debemos partir de una visión adecuada de los principales problemas prioritarios.

 

Para FINJUS un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana debe estar basado en cuatro pilares: el abordaje integral de las distintas manifestaciones de violencia (social, de género, intrafamiliar y comunitaria, entre otras); el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos; el reforzamiento de la seguridad a nivel global, municipal y comunitario y por último, la transformación de la Policía Nacional y el mejoramiento de la efectividad del sistema de justicia penal.

 

Sobre cada aspecto anteriormente mencionado, podrían desarrollarse múltiples aristas. En primer lugar, resulta importante que los planes de seguridad se enfrenten desde un enfoque comunitario, basado en la recuperación de los espacios públicos y el involucramiento de las Alcaldías en la seguridad propia de los municipios. Asimismo, en lo que respecta a la violencia de género e intrafamiliar, se debe adecuar la Ley No. 24-97 para que contemple una serie de aspectos que hagan más efectivos las estrategias de prevención y control, así como el desempeño y coordinación de los agentes estatales involucrados. En otras palabras, incorporar a las leyes y regulaciones en este aspecto los avances en la comprensión de cómo los factores socio-culturales inciden en este fenómeno.

 

De igual forma, a partir de la evolución que se ha operado en las prácticas del  el narcotráfico, el lavado de activos y otros crímenes trasnacionales, el dinamismo de los organismos del Estado debe estar dirigido a respuestas efectivas que superen la mera judicialización de algunas de sus manifestaciones, como es el caso del micro-tráfico y de paso evitar sus efectos derivados en la vida social.

 

Finalmente, en lo que respecta a la transformación de las estructuras policiales y/o militares o involucradas en este aspecto, urge redefinir las estrategias únicamente represivas que aún existen al interior de la Policía Nacional, que provocan la desconfianza ciudadana en esta institución.

 

De lo anterior partimos para afirmar que este Pacto Nacional debe incluir la seguridad con enfoque integral, que es la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas.

 

Creemos que el sistema jurídico vigente permite hacer realizables los aspectos anteriores y que otros aspectos aún deficientes se resolverán en la medida en que se amplíe el consenso social y el Estado demuestre su compromiso profundo con la solución acordada. Para FINJUS es urgente que la sociedad en su conjunto supere los hermetismos legales y se instalen planes operativos que permitan construir una cultura de paz en la sociedad, que contribuya asimismo a avances en la efectividad de las instituciones en el marco de las leyes y la Constitución.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

12 de septiembre de 2019

Santo Domingo, 9 de septiembre de 2019

 

En el marco de la celebración de la primera edición del Premio “Mercado Abogados’, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Inc., en la persona del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo, recibió un reconocimiento por su trayectoria en la consolidación de una sociedad más justa y democráticamente sólida.

 

Los abogados desempeñan un papel clave en el mundo de los negocios, diseñando la estructura legal de complejas operaciones y ejerciendo como garantes de las decisiones empresariales. Para reconocer esta labor, Revista Mercado presentó la primera edición del ‘Premio Mercado Abogados’, en el marco de una solemne cena de gala en Epic Center, en Santo Domingo, acompañados de importantes personalidades de la comunidad jurídica y del sector empresarial dominicano.

 

Entre los invitados de honor se destacaron la Dra. Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República; el Dr. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional; el Dr. Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República; el Dr. Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el empresario Don José Luis (Pepín) Corripio, quienes fueron reconocidos igualmente.

 

El evento fue escenario asimismo de la entrega de la primera edición del ‘Premio Mercado Abogados 2019’, en las cuatro categorías seleccionadas. Como ‘40 under 40’ del año’, el galardonado fue José Manuel Batlle Pérez, de la oficina Castillo & Castillo. La ‘Filial internacional con oficinas en República Dominicana del año’, recayó en manos de Squire Patton Boggs – Peña Prieto Gamundi. En cuanto al  ‘Bufete del año’, el seleccionado fue Headrick Rizik Álvarez & Fernández; y, por último, el premio honorífico a ‘La Gran Trayectoria Profesional’ fue dedicado a Manuel Bergés Chupani.

 

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en el marco de su reflexión sobre los procesos de aplicación de las leyes de régimen electoral y de partidos políticos en la actualidad, considera oportuno advertir a la sociedad sobre la probable inequidad que existiría en los gastos en el período de precampaña de no cumplirse los topes establecidos en la Ley de Partidos No. 33-18 e inobservar los presupuestos de la Proclama dictada por la Junta Central Electoral que declaró abierto el período de pre-campaña y fijó el tope de gastos para los aspirantes a candidaturas de puestos electivos.

 

En el marco de las precandidaturas presidenciales consideramos importante destacar la necesidad del cumplimiento del tope de gastos establecido en el artículo 42 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18. Es decir, en términos prácticos cada precandidato presidencial no podrá incurrir en gastos superiores a los RD$519,465,870.00

 

De manera que, es responsabilidad de los precandidatos cercanos al aparato gubernamental ceñirse estrictamente al mandato de la ley, evitando que se genere una situación de inequidad frente a los demás aspirantes a la presidencia. Asimismo, cualquier precandidato tiene la obligación de mantenerse vigilante sobre el buen curso del proceso y el cumplimiento de las normas vigentes, sin importar su afiliación política.

 

A pesar de ello, consideramos que esta situación debe ser reconsiderada en el futuro, puesto que el tope previamente indicado sobre el nivel presidencial para un período específico del momento electoral resulta ser risible y condiciona la eficacia del momento político al alcance o no del dinero.

 

Es importante que la Junta Central Electoral verifique de manera estricta la erogación de fondos de los precandidatos, a fin de dar cumplimiento a que “Las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos a los cargos de elección popular no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de los límites o topes establecidos…[1]”.

 

De igual modo, en el caso de que no se gaste todo lo recaudado, los precandidatos deberán cumplir con lo que establece la ley en el párrafo III del artículo precitado, el cual indica que “Los fondos sobrantes de las recaudaciones realizadas por los precandidatos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la precampaña se destinarán a los programas de formación política de sus miembros.[2]

 

Desde FINJUS consideramos que tanto la Junta Central Electoral como los precandidatos en los distintos niveles de elección deben ser cautelosos y firmes con el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. De no ser así, podrían generarse situaciones que laceren la legalidad, contribuyan a una situación de inequidad  en el torneo electoral y las precampañas se traduzcan en un momento de inobservancia a los principios del Estado social y democrático de derecho.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

9 de agosto de 2019

 

[1] Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18. Artículo 42, párrafo II. 2018.

[2] Ibídem. Párrafo III.

5 de septiembre de 2019.- Ayer a una comisión de jóvenes perredeístas encabezados por su secretario Nacional de la Juventud, Edward Hidalgo,  le giraron una visita de cortesía al Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia.

 

Con el Dr. Castaños socializaron su  perspectiva sobre los principales problemas del país y pidieron que sean aliados y a su vez se convierta en un portavoz de las ideas y propuestas a favor de toda la juventud dominicana y el futuro de nuestro país, que plantean este grupo de jóvenes dominicanos.

 

Hidalgo se hizo acompañar de Indira Terrero Ozuna y Aneudy Mieses, subsecretarios Nacionales de la Juventud,  Jean Carlos Herrera, miembro de la Comisión Económica del PRD y de Pamela Montero subdirectora de asuntos legales de la Juventud.

El asesinato de la abogada Anibel González en San Pedro de Macorís es un nuevo eslabón de la larga cadena del feminicidio que consterna a la sociedad dominicana.

 

Todos los sectores sociales han  expresado su indignación por esta nueva víctima, especialmente por las circunstancias que han rodeado el caso y se han expresado a unanimidad para que en lo inmediato este horrendo crimen sea castigado con la severidad que amerita.


El Ministerio Público debe actuar con la mayor presteza para investigar exhaustivamente a todos los implicados en cada una de las fases y componentes de las diferentes conductas que dieron lugar a este crimen. Es sabido que en este caso el Consejo Superior del Ministerio Público ha ordenado la apertura de una investigación sobre los fiscales que intervinieron y ha procedido a suspenderlos en sus funciones.


De acuerdo a las informaciones recogidas por los medios de comunicación, existen serios indicios de que miembros del Ministerio Público incumplieron protocolos de actuación en casos de esta naturaleza y no observaron las disposiciones legales contenidas en la normativa penal y procesal penal, así como en directivas de la Procuraduría General de la República.

 

El desamparo en que se encuentran miles de mujeres frente a las amenazas, acoso,  violencia y muerte, se agrava cuando se pone de manifiesto la falta de protección y las insuficiencias de las garantías y mecanismos para la prevención de estos crímenes.

 

La percepción social de que el Estado ha fallado en brindar protección y auxilio a las mujeres víctimas de la violencia sigue creciendo, lo que lamentablemente es una afrenta a la dignidad de toda la sociedad y la manifestación de las debilidades de nuestra institucionalidad.

 

FINJUS se une a todos los sectores que reclaman de las autoridades un real compromiso con la defensa de la vida de las mujeres mediante el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan las garantías ante la violencia y su protección efectiva.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

5 de septiembre de 2019

 

Los recientes operativos realizados por las autoridades dominicanas, en combinación con organismos federales de los Estados Unidos, contra una red del crimen organizado internacional que funcionaba en el país desde hace años, abre nuevamente el análisis de las capacidades de los órganos estatales responsables de perseguir, acusar y sancionar el crimen transnacional.

 

No causa sorpresa que como en toda sociedad moderna y globalizada, en el país operen redes criminales con distintos propósitos y que las mismas se manejen con un alto grado de discreción y sofisticación, buscando no ser detectados por las autoridades competentes, especialmente cuando se dedican al tráfico de narcóticos, la trata de personas, el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción y otros crímenes y delitos conexos.

 

Por esto es sumamente importante que operativos como los del pasado 20 de agosto en varias provincias del país se realicen con más frecuencia, con la finalidad de que quienes están dedicados a vulnerar los derechos de las personas, poner en peligro la seguridad nacional, dañar gravemente la economía y afectar la salud y el bienestar de los dominicanos sean apresados, investigados y puestos en manos del sistema de justicia penal y respondan por sus crímenes. Esto aplica asimismo sobre todas aquellas personas que directa o indirectamente, desde el Estado o la sociedad, han colaborado con el sostenimiento y encubrimiento de sus actividades.

 

La existencia de estas estructuras y su operación por largos periodos constituyen un reflejo de lo que los expertos y diferentes medios han definido como “rasgos de la crisis institucional” que nos afecta, y que se manifiesta en la ineficiencia de órganos claves del sistema de justicia; en la incoordinación de las agencias locales dedicadas a tareas de seguimiento y control; en la ineficacia de las leyes actuales, que en muchas ocasiones no pueden tipificar adecuadamente los ilícitos recientes y en la pobre efectividad de los medios que utilizan los órganos públicos para combatir las redes transnacionales del crimen organizado.

 

Queda lamentablemente en evidencia que persisten debilidades en los mecanismos estatales de prevención y control de este tipo de crímenes, asi como en el diseño y puesta en marcha de las alertas para actuar de manera conjunta y eficaz. Sigue siendo una meta que los operadores en estas áreas realicen sus actos revestidos de idoneidad, integridad, legalidad y competencia profesional para garantizar el éxito de sus funciones.

 

Pese a que ya contamos con herramientas legales muy potentes como la Ley de lavado de activos, o el conjunto de normas y regulaciones del sistema financiero, quedan pendientes por aprobar algunos instrumentos legales que serían claves y decisivos para actuar con anticipación contra estas redes criminales. Destacamos entre ellas, la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría detectar y actuar con inteligencia contra estos crímenes. Llamamos nuevamente al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a dar los pasos necesarios para que sean aprobadas en esta nueva legislatura las modificaciones al Código Penal, que contiene novedosos instrumentos para la investigación y castigo de los crímenes y delitos.

 

FINJUS reitera su alta preocupación ante la acción corrosiva de estas estructuras criminales y saluda la acción de las autoridades nacionales, que con la asistencia de organismos internacionales, y en el marco de los tratados y convenios suscritos por el Estado, están dando los pasos para desarticular esas prácticas criminales y llevar ante los tribunales tanto a los responsables, como a quienes, desde diferentes instancias, económicas, políticas, estatales o sociales, han dado cobijo y encubrimiento a esas redes mafiosas.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

25 de agosto de 2019

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresa su alta preocupación y considera desacertada la convocatoria que hace, a todo el magisterio nacional, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para realizar una movilización este jueves esgrimiendo en sus motivos, entre otros, la inconformidad con el concurso de oposición docente, en razón de la alteración que esto produciría en el curso normal de la semana de inicio de este nuevo año escolar 2019-2020.    

 

Sin dudas este llamado a manifestación genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del discurrir escolar proyectado sin que se hayan siquiera incorporado, adecuadamente, los actores educativos y estudiantes a los centros educativos.  

 

Si bien se reconoce la legitimidad de las reivindicaciones que pudieran realizar los educadores, a través de sus organizaciones gremiales, entendemos debe primar la prestación óptima del servicio de educación; y es, precisamente, ponderando el carácter esencial del mismo, que se exhorta a la ADP a priorizar otros mecanismos y vías de acción o negociación que no interrumpan el funcionamiento ordinario del servicio educativo.

 

Debe considerarse que, a fin de cuentas, el mayor perjuicio lo estarían soportando los estudiantes quienes se ven envueltos de manera indirecta en calidad de recurso o medio para resolver conflictos en beneficio de otros. Esto, además de contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente,  va en detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido.

 

Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional, en ocasión de conocer una revisión constitucional a una sentencia de amparo respecto de la suspensión de la prestación del servicio de educación —en ese caso particular se trató de una suspensión continua e indiscriminada—, emitió una consideración interesante exponiendo el razonamiento para calificar el derecho a la educación como servicio esencial; al efecto dispuso que: “… a la tradicional definición de servicios esenciales, esto es aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la publicación–, debe adicionarse la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, (…), pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8)”.

 

A todo esto se le añade la dimensión social que contiene la prestación del servicio de educación. Y es que la suspensión de las docencias, aun se produzca en un escenario puntual y no progresivo, supone la alteración del contexto familiar respecto a su planificación en el orden social, económico, laboral, y hasta en la seguridad alimenticia; ejemplo de ello sería el caso de los tantos padres y madres que aprovechan las horas educativas de sus hijos para profesionalizarse y/o insertarse en el mercado laboral. 

 

Finalmente desde FINJUS resaltamos que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y con ello el progreso económico.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

20 de agosto del 2019.

 

31 de julio 2019.- En el marco de su visita a la República Dominicana para conocer sobre el panorama actual político del país, los avances del proyecto de la USAID en temas de compras y contrataciones públicas y socializar los temas de prioridad de discusión durante varios encuentros con instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil, FINJUS recibe la visita de la Mag. Patricia Campbell-Smith,  Jueza del Tribunal Federal de Demandas de los Estados Unidos.

Desde el 19 de septiembre de 2013, la Magistrada Campbell-Smith es miembro del Tribunal Federal de Demandas Federales de EE.UU, y ocupó la presidencia de ese tribunal desde el 21 de octubre de 2013 al 13 de marzo de 2017. Anterior a eso,  sirvió como oficial de la corte del 8 de diciembre de 2005 al 6 de abril de 2011. El 7 de abril de 2011, fungió como oficial principal de la corte.

 

Durante la entrevista del programa"Institucionalidad y Justicia" que se transmite los domingos a las 11:00 a.m. por CDN

Firma del libro de visitantes distinguidos

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

31 de julio de 2019

 

El proceso eleccionario pautado para el 2020 ciertamente plantea serios retos que deberán ser abordados de manera conjunta por parte de los actores políticos, el órgano regulador y la sociedad en general, dada la complejidad que se deriva las particularidades de estas elecciones.

 

De entrada, la realización de estos comicios conjugará la elección de todos los niveles electorales en un mismo año con solo tres meses, aproximadamente, de intermedio; a esto se le agrega el detalle de que, de cierta manera, se estrena un nuevo régimen electoral y partidario el cual rige en virtud de las leyes recién aprobadas números 33-18 y 55-19.

 

Entendemos que la implementación de estos instrumentos normativos debe servir de fundamento para que el proceso electoral se encamine al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, abarcando con ello, el mejoramiento de la capacidad de sus instituciones y la garantía de que el resultado del mismo sea la expresión nítida de la voluntad popular. Ahora bien, la consecución de este objetivo dependerá en gran manera de la actuación de los órganos y actores que interactúan.

 

De lo planteado en el informe que nos convoca a este conversatorio han sido resaltadas una serie de debilidades y aspectos condicionantes fundamentales del entorno electoral que nos permite tener una idea más acabada del panorama normativo e institucional que constituirá la base de las elecciones generales de 2020.

Dentro de ello es preciso ponderar el diseño del sistema de justicia electoral que resulta de la normativa vigente, especialmente su alcance, la competencia y atribuciones de sus órganos y la interacción de los mismos, entendiendo que, si bien contar con un esquema de justicia electoral sólido no garantiza per se la integridad y autenticidad de las elecciones, el no contar con un sistema adecuado agravaría los conflictos existentes.

 

Se requiere que las elecciones sean celebradas al amparo de un marco jurídico comprometido con los principios y valores democráticos que se preceptúan desde la carta sustantiva, pues tal y como lo plantea el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral “…si no existen mecanismos específicos de justicia electoral, los procesos electorales podrían exacerbar las fricciones existentes o incluso derivar en conflictos armados o violencia.[1]

 

Debe tomarse en consideración que la implementación adecuada de un sistema de justicia electoral abarca el ciclo electoral completo, esto es, desde el período preelectoral, pasando por la celebración de las elecciones, hasta la etapa postelectoral. Esto así en razón de la amplitud del discurrir del período electoral que permite que toda actividad relacionada y ejecutada en cualquiera de esas etapas esté sujeta a impugnaciones.

 

Para abordar los desafíos de la justicia electoral dominicana es preciso puntualizar primero lo concerniente al sistema de consecuencias que propugna la normativa vigente y, por otro lado, ponderar la interacción de los órganos y actores del sistema electoral.

 

Sistema de consecuencias:

 

El sistema de consecuencias que introduce la legislación partidaria y electoral nueva no es muy diferente de lo anterior. Se establecen responsabilidades penales y administrativas que van desde sanciones de carácter pecuniario para las infracciones electorales hasta ciertas penas de reclusión para los delitos y crímenes electorales.

 

A pesar de que encontramos delitos electorales castigados con penas restrictivas de libertad de hasta 10 años, debe resaltarse que se esperaba un régimen electoral más claro y estricto que pudiese someter al orden a las agrupaciones partidarias en situaciones propias de nuestra cultura electoral como lo es, por ejemplo, la compra y venta de cédulas.

 

Esto dejó sin respuestas las expectativas que se tenía con relación al objeto del derecho electoral que no es más que asegurar el cumplimiento de sus normas mediante un régimen de responsabilidades que, mediante sanciones consecuentes a los sujetos responsables de delitos o infracciones en materia electoral, desincentive aquellas prácticas que van en detrimento de la calidad de la democracia.

 

Un punto común en la doctrina sobre Justicia Electoral es el planteamiento de que un régimen de esta naturaleza tiene un carácter eminentemente punitivo, ya que no corrige ni priva de efectos jurídicos a la irregularidad electoral sino que castiga al responsable del delito o infracción, lo cual se constituye en el mecanismo para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico con el objetivo de no lesionar bienes jurídicos tan esenciales como los valores democráticos para la vida nacional.

 

Recientemente el tema de las propagandas políticas presuntamente realizadas antes de iniciar el periodo de precampaña reveló ciertos vacíos normativos que dejan al órgano rector en la necesidad de subsanar el contenido de la ley a fin de dar cumplimiento al régimen de responsabilidades que opera.

 

Otro punto interesante es lo relativo a las nuevas directrices respecto al financiamiento de los partidos políticos y la obligación de transparentar sus ingresos, pues la supervisión económica atribuida a la Junta Centra Electoral requiere la creación de una unidad a esos fines, así como el diseño de una logística que contemple todas las introducciones que la ley hace para poder verificar si las mismas son observadas o no por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

 

De ello entonces resulta el otro aspecto a tratar con relación a la justicia electoral: el papel de los organismos electorales. Estos actores han sido sumamente relevantes en la transición democrática pues el desarrollo de sus competencias técnicas y de destrezas políticas resulta esencial para el avance en los procesos de consolidación democrática que, a la fecha, en países como el nuestro no han sido del todo exitosos ya que siguen quedando temas pendientes, observándose en algunos casos hasta estancamientos e involuciones.

 

Junta Central Electoral

 

La Junta Central Electoral en su calidad de órgano rector, teniendo a su cargo la organización y dirección de las elecciones generales y todo lo que a ello concierne, se enfrenta para este proceso electoral a un escenario difícil dada las tensiones y falta de consenso que subyace a lo interno de los partidos políticos.

 

Esto también converge con el llamado de atención que se le ha hecho al órgano rector con relación a no desbordar las facultades y atribuciones que le confieren la Constitución y la normativa electoral. A modo de ilustración podemos citar el tema del arrastre, pues a menos de 9 meses de comenzar a transitar el proceso electoral de 2020 este impasse no ha sido definido resaltando una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) altamente cuestionada que pretendidamente eliminó el arrastre en 26 provincias y lo mantuvo en las cinco restante y el Distrito Nacional.

 

Competencia contenciosa del TSE:

 

Esta situación del arrastre puso en evidencia también la necesidad de reformular la delimitación competencial de la jurisdicción especializada en materia electoral: el Tribunal Superior Electoral. Y es que resulta imperante que este órgano responda integralmente al diseño constitucional que lo configura en su artículo 214 como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales (…)”

 

Fue de conocimiento general la transferencia de la contestación de la resolución de la JCE, desde el Tribunal Superior Electoral al Tribunal Superior Administrativo en razón de falta de precisión respecto a la  facultad  de  controlar  la legalidad  de  los  actos  administrativos  electorales  emitidos  por  la Junta  Central Electoral. Esto sin dudas diluye la función específica que le asigna la Constitución a este tribunal especializado en materia electoral.

 

Por otro lado, es necesario resaltar el importantísimo rol que juega este tribunal dentro del diseño del sistema de consecuencias y el esquema de justicia electoral que establece la norma. Y es que la estructuración adecuada de las sanciones, precisa de órganos electorales idóneos para la demanda de su cumplimiento y resolución de los conflictos que surjan.

 

La existencia de una justicia electoral competente para resolver jurídicamente los conflictos que de ellos deriven, es indispensable para amparar el derecho de los actores electorales en la justicia y asegurar su tutela judicial efectiva. Y más aún, esto constituye un elemento imprescindible para proteger la soberanía popular expresada a través del sufragio y la participación política como derechos fundamentales contemplados en nuestro ordenamiento constitucional.

 

Procuraduría especializada electoral:

 

En esta secuencia de los órganos que interactúan en el sistema de justicia electoral es preciso mencionar la figura del fiscal especializado en esta materia, lo cual fue instituido por el artículo 289 de la Ley 15-19.

 

Desde FINJUS en ocasiones anteriores hemos destacado la importancia de que se instituyera la figura del fiscal electoral, en dependencia del Ministerio Público. Se trata de un órgano especializado que cuente con la capacidad de investigar y actuar en el marco del sistema de justicia electoral.

 

De los aspectos que hemos puntualizado podemos señalar la advertencia sobre la calidad de la escogencia de este servidor público y la imparcialidad e independencia de su actuación. Sobre ello entendemos que la articulación de esta Fiscalía debe realizarse atendiendo criterios técnicos y jurídicos que garanticen su profesionalidad, integridad y acción independiente de los intereses particulares o partidarios.

 

En declaraciones vertidas en la prensa la semana pasada el Procurador General de la República indicó que esta procuraduría especializada no estaba contemplada en el presupuesto actual, lo que agrega una cuestión a considerar dentro de los retos de la justicia electoral de cara al proceso de 2020 pues entendemos vital que el órgano persecutor en materia electoral sea especializado y responda a la caracterización que hace de este la ley 55-19 sobre régimen electoral.

 

Esta figura de ser lograda su inclusión en un presupuesto complementario que permita su materialización, requerirá del diseño con relación a su funcionamiento, atribuciones y demás particularidades que no plantea la ley que la crea.

 

Sin perjuicio de todo lo anterior y, a modo de resumen, consideramos preciso recalcar que se mantienen como desafíos para el Estado dominicano en materia de la consolidación del sistema de justicia electoral lo siguiente: fortalecer los mecanismos de transparencia electoral; garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas de sistematización del sufragio; fortalecer los procedimientos electorales; utilizar mecanismos de seguridad y tecnificación de la justicia electoral en el marco de una nueva cultura política e institucional; y profesionalizar de manera absoluta los organismos electorales en el país.

 

 

[1] https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/electoral-justice-handbook/justicia-electoral-una-introduccion.pdf

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