Kenia Franco

Kenia Franco

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) saluda la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, el cual tendrá la misión de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento e irregularidades administrativas, conforme lo establece el artículo 1 del Decreto No. 36-21.

 

La institucionalidad democrática del país depende, en gran medida, de sus parámetros de transparencia en la gestión pública. La filosofía que se desprende desde programas de esta naturaleza apunta a la mejora continua de las instituciones, lo que implica el sostenimiento de los procesos implantados y a la incorporación paulatina de otros nuevos a través de lo que se denomina “Nueva Gestión Pública”.

 

Precisamente, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública exhorta a la adopción de estándares de cumplimiento de este tipo, ya que éstos favorecen la eficacia de los propios sistemas de administración, información y eficiencia del Estado, dotando de previsibilidad a las actuaciones de cada uno de los entes públicos apuntando hacia la optimización y transparencia en el uso de sus recursos.

 

El conjunto de medidas descritas mediante el Decreto No. 36-21 representan un avance significativo para el país, lo cual expone nuevamente la urgencia de reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, formando parte de un gran consenso nacional. Somos de opinión, que gran parte de las problemáticas de corrupción y transparencia están directamente vinculadas a debilidades propias de la normativa vigente sobre contrataciones públicas, tal como sucede en la ausencia de sistemas de consecuencias más sólidos.

 

Desde FINJUS, hemos reiterado la necesidad de implementar estándares mínimos de cumplimiento en los entes públicos, principalmente en todo lo relacionado al sistema de compras y contrataciones públicas. Esta medida representa un paso importante para la seguridad jurídica del país y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, pero a la vez establece un nuevo desafío para los entes públicos de cara a armonizar los controles internos, la ética pública y los sistemas de cumplimiento.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera importante que sean revisadas las medidas de carácter sancionatorio que están siendo aplicadas ante violación de toque de queda y/o ante la inobservancia de las restricciones impuestas para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos y/o privadas de uso público, en razón de que, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de la declaratoria del Estado de Emergencia que cursa, así como que, a la fecha, todavía no cesan las causas que motivaron la referida declaratoria, debe recordarse que el ejercicio del poder público durante los estados de excepción está sometido al contenido normativo y a la existencia de mecanismos de control que garanticen su legalidad.  

 

En este sentido resultan razonables las diversas preocupaciones en torno al instructivo emitido por el Ministerio Público que establece un catálogo de multas a quienes inobserven las medidas tomadas mediante decreto, pues el sustento jurídico que se aduce, esto es el artículo 153 de la ley número 42-01 que refiere a multas entre uno y diez veces el salario mínimo, parece dejar la decisión de la relativa imposición a la jurisdicción común, no siendo esto conferido al órgano persecutor penal como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. De igual forma, no queda claro el criterio normativo utilizado para la categorización y establecimiento de la escala de la multa, la cual no responde al parámetro de la ley de Salud Pública.

 

Desde el inicio de la pandemia, desde FINJUS indicamos que la declaratoria del Estado de excepción, en su modalidad de estado de emergencia, se inserta en el régimen de las “situaciones de excepción” lo cual de ninguna manera significa “suspensión de la Constitución” o “exclusión de la Constitución”, sino que implica un “régimen extraordinario” incorporado en la Constitución, perfectamente válido en situaciones de anormalidad constitucional lo cual no está exento de los correspondientes límites y consecuentes controles y contrapesos.

 

Definitivamente, no queda claro el método utilizado para determinar y/o atribuir el monto de las multas por infringir el toque de queda. Lo anterior, no se sustenta en un poder normativo de acuerdo con lo que establece la legislación sobre la materia. Es cierto que queda un margen que cruza la línea de la subjetividad y que en algunos casos es difícil determinar el monto del provecho ilícito, pero resulta necesario determinar e identificar el método utilizado para cuantificar la multa.

 

Además, fijar las multas por encima del monto suficiente, más que servir como una sanción justa con efecto disuasorio, pudiese, incluso entrar en el sinuoso camino de formas de arbitrariedad avaladas por el Estado. Esto de alguna forma genera que, en situaciones excepcionales o de imposibilidad material para el ciudadano, tengan que quedar a la subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo de abusos y extralimitaciones.

 

Todo esto sin perjuicio de la ponderación necesaria respecto de la realización de arrestos con carácter de sanción penal, sin que la correspondiente norma que prorroga la declaratoria de Estado de Emergencia haya dispuesto la suspensión del cumplimiento de las formalidades legales y garantías mínimas de debido proceso para la privación de libertad.

 

Entendemos y somos conscientes que estas medidas no surgen de manera intempestiva sino que se trata de mecanismos a los cuales se recurre a fin de hacer respetar restricciones que parecen continuar siendo necesarias a fin de evitar la propagación del COVID-19; sin embargo, los órganos públicos están llamados a ser cautelosos y actuar apegados a la proporcionalidad, legalidad, transparencia y razonabilidad, más aún ante la precaria situación que vivimos derivada de la pandemia que no solo ha afectado la salud, sino también la economía y la interacción social.

 

Dr. Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera impostergable culminar el proceso de reforma, profesionalización y modernización de esta institución, la cual constituye uno de los grandes pilares de la seguridad ciudadana.

 

Debe destacarse que, a partir de la promulgación y adopción de la Ley Orgánica de la Policía Nacional número 590-16, aunque tímidos, se han registrado ciertos avances en diversas áreas de la gestión de la institución; considerándose incluso como uno de los hitos en materia de concreción de una política eficaz de seguridad ciudadana.

 

En efecto, uno de los ejes transformadores de la reforma policial, en primer lugar, fue la adopción de una nueva Ley Orgánica, aspecto prioritario, pero insuficiente por sí solo, para el logro de una reforma policial integral. El reto mayor es implementar adecuadamente las aspiraciones contenidas en la ley, mediante la aprobación de los Reglamentos para la operatividad de la Ley Orgánica, y además de los cambios organizacionales y de los modelos de gestión, así como el diseño de las políticas públicas que son necesarias para redoblar su eficiencia y efectividad en la prevención y persecución del delito, de manera que pueda generarse una mayor y mejor confianza en la ciudadanía y responder a las necesidades presentes y futuras de una sociedad cada más exigente y global.

 

Esto constituye una necesidad que amerita atención obligatoria de cara a las transformaciones en la vida democrática que ha transitado el país. Es vital continuar fortaleciendo la entidad del orden para responder efectivamente a las demandas actuales y futuras de la sociedad dominicana.

 

Otro aspecto que debe ser abordado es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la policía. Pues, en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal, la cual dirige el Ministerio Público, el subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, esto es, científicamente razonables, veraces y confiables, pues la Constitución establece que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.” De ahí, que es necesario continuar reforzando la labor coordinada entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

 

Solo por este camino es que se avanza en el fortalecimiento de los lazos de la Policía con la sociedad; el aumento de la confianza en las instituciones con los agentes del orden y en general, en el reconocimiento del gran papel que debe jugar la Policía en la prevención y persecución del crimen organizado y el sostenimiento de la convivencia pacífica y la democracia.

 

Desde FINJUS exhortamos a seguir fortaleciendo el intenso proceso de reforma que se requiere para lograr un órgano policial que responda a los mejores intereses de la sociedad; la institución cuenta con grandes potencialidades y capacidades, todas las cuales requieren una adecuación reformulada tanto normativa como estructuralmente, a los fines de lograr un impacto positivo y de largo alcance en las labores de este órgano.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha externado su preocupación sobre el reciente comportamiento de las autoridades públicas respecto a la contratación directa que se realizó a través del Gabinete de Política Social de la Presidencia, en inobservancia de la normativa sobre compras y contrataciones públicas en el país.

 

Fruto de una investigación realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas pudo determinarse, a todas luces, que el proceso realizado por el Gabinete de Política Social incumplió aspectos procedimentales, esencialmente que la contratación realizada no se publicó oportunamente en el portal transaccional por lo que el Gabinete procedió a rescindir los contratos suscritos.

 

Esto demuestra que –si bien el Gabinete de Política Social acogió las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas–, aún persisten grandes debilidades institucionales en el Estado dominicano. No puede pasarse por alto que este comportamiento no resiste el más mínimo análisis sobre los parámetros de ética en la gestión pública.

 

De acuerdo a Cristina Seijo, “la gestión de la administración debe responsabilizarse en la inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de legalidad…”[1] Lo ocurrido evidencia una inobservancia a los principios de eficiencia, razonabilidad y de responsabilidad y moralidad expuestos en el artículo 3 de la Ley No. 340-06. Asimismo, la rescisión de los contratos y su posterior transformación en apoyo solidario permite el surgimiento de lagunas normativas que pueden traducirse en graves consecuencias a la estructura del sistema de compras y contrataciones públicas.

 

A nuestro juicio, esto se debe a la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano. Resulta grave que a más de 10 años de haberse promulgado la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, desde la propia gestión estatal se continúen desvirtuando tanto la finalidad de las instituciones, así como los elementos básicos de la norma.

 

Partiendo del paradigma de la Nueva Gestión Pública, el autor Bautista, nos señala que “la ética pública debe entenderse desde la colectividad, es la sociedad la que crea una serie de valores éticos y pautas de conducta que los individuos al servicio de la administración pública aceptan como propios y que posibilitan un bien común.”[2] Precisamente, para el caso concreto, las pautas de conducta de la Administración Pública dominicana obviaron un sistema de valores que afectó la propia lógica institucional del Estado, por lo que requirió una corrección que evidenció el desconocimiento de la Ley No. 340-06.

 

Desde FINJUS, hemos sostenido la importancia de proteger la seguridad jurídica y esto implica el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico. Más aún, el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones supone un asunto de primer orden para el desarrollo social, político y económico en el país, el cual deberá seguir fortaleciéndose mediante las buenas prácticas mostradas por las instituciones que componen el Estado dominicano.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

[1] SEIJO S., Cristina y ÁÑEZ T., Noel. La Gestión Ética en la Administración Pública: Base Fundamental para la Gerencia Ética del Desarrollo. Universidad Rafael Belloso Chacín. Revista del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales. Volumen 5. Edición No. 1. 2008. P. 18.

[2] Bautista, O.D. La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema ético integral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2008. P. 275.

La promulgación de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias representó el primer gran paso hacia la creación de un nuevo modelo para el tratamiento de las garantías vinculadas a bienes muebles en República Dominicana, colocando al país en la dirección de las tendencias globales en esta materia y preparando las bases para que este tipo de garantía pase a ser una herramienta principal en el fomento y acceso al crédito, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

 

Si bien la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias fijó su entrada en vigor en el plazo de diez (10) meses desde su publicación, que vence en este mes de diciembre de 2020, la realidad es que por las características propias del modelo de garantías mobiliarias creado, su implementación se encuentra atada a la aprobación del Reglamento de Aplicación de la Ley.

 

Esta condición es necesaria debido a que el Reglamento regula la puesta en funcionamiento del sistema electrónico  de registro de garantías, que de acuerdo a la Ley es la plataforma que se encargará del sistema de avisos sobre la constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías mobiliarias. Como es lógico suponer, sin el mecanismo de publicidad no existe un régimen adecuado de garantías.

 

No cabe dudas que las acciones a tomar dentro del plazo establecido para la entrada en vigor de la Ley No. 45-20, incluyendo la adopción de su Reglamento de Aplicación, se han visto afectadas por circunstancias atípicas que vive el país, que van desde una merma en la actividad general por efectos de la pandemia de la COVID-19, así por el cambio en las autoridades del Poder Ejecutivo, desde el pasado 16 de agosto.

 

Sin embargo, independientemente de las circunstancias previas, es urgente que se tomen las acciones necesarias para la efectiva implementación de esta legislación que abrirá un nuevo capítulo en el sistema económico y social de la República Dominicana.

 

Debemos recordar que adoptar y poner en funcionamiento un sistema de garantías mobiliarias en la forma prevista por la Ley No. 45-20, tiene importantes implicaciones positivas para nuestro país, en especial para el sistema económico y social.

 

En primer lugar esta Ley aumenta el nivel de competitividad nacional y la atracción de la importante inversión extranjera, pues ahora tenemos una normativa que nos asemeja a los modelos regionales en la materia; y en segundo lugar, abre un canal esencial para fomentar el acceso al crédito de las Mipymes lo que contribuiría de manera significativa al cumplimiento del mandato constitucional del desarrollo de políticas públicas en este sentido y mostraría acciones concretas que impulsarían el desarrollo económico nacional.

En el marco de las condiciones que ha creado la pandemia y la contracción de la economía global, todas las naciones están tomando acciones para dinamizar sus sistemas económicos y brindar mayor acceso al crédito, lo que en el caso de nuestro país se facilitaría con la implementación efectiva del sistema de garantías mobiliarias.

 

FINJUS exhorta a las instituciones y autoridades pertinentes a que activen todas las acciones que requiere la implementación de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias, al tiempo que se eviten procesos que irrazonablemente la postergue o dilate en el tiempo

 

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

14 de diciembre, 2020

 

El anuncio de un Plan Integral de Reformas Institucionales desde el Poder Ejecutivo representa, desde la perspectiva de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la creación de un nuevo espacio para relanzar las reformas y medidas que requieren el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

 

A lo largo de los últimos años la sociedad venía advirtiendo el deterioro de los sistema de control y fiscalización de los gastos en la administración pública y las gravísimas deficiencias en el sistema de justicia que han impedido el establecimiento de un eficiente régimen de consecuencias sobre la falta de transparencia y la vigencia de prácticas ilegales. Lo anterior dio lugar a un sostenido rechazo a todas las formas de violación al ordenamiento penal por parte de una gran mayoría de la población y de trabajadores, pobladores, sectores empresariales, académicos y la comunidad jurídica, que han clamado por cambios reales en ese panorama .

 

Valoramos como altamente positivo el anuncio realizado por el Presidente Abinader de poner en marcha este conjunto de iniciativas que apuntan a visibilizar el compromiso y la voluntad de emprender acciones concretas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones.

 

De manera acertada, las medidas se presentan como un Plan General integrado por numerosos programas para fomentar la integridad en el sistema, fortalecer la eficiencia y transparencia, reformar las leyes, reglamentos y el marco normativo relativo a estos temas y adoptar las estrategias y estructuras que aseguren la eficacia, la evaluación continua y la participación de los ciudadanos y las comunidades a lo largo del país.

 

Las reformas anunciadas requieren ser convertidas en planos específicos de trabajo que sean razonables, de ejecución a corto y mediano plazo y medibles, lo que implicará la adecuación normativa y corregir los vacíos legales que han generado una especie de zona gris y opaca que fomenta los actos de corrupción.

 

En sentido concreto saludamos el interés de establecer una ley que regule las contrataciones de publicidad estatal y de modificar la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República a fin de regularizar el proceso de auditorías internas de las instituciones de carácter público; de igual manera, es propicia la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, de quien la sociedad ha demandado independencia y objetividad, y sobre la que han recaído reiteradas críticas acerca de la calidad, rigurosidad y pertinencia de las auditorías que está obligada a realizar.

 

Estamos completamente identificados con el propósito del Poder Ejecutivo en lograr la aprobación de una legislación penal moderna y coherente a fin de sancionar los complejos entramados delictuales asociados a la corrupción administrativa, así como las iniciativas anunciadas para reforzar la efectividad de los órganos públicos en materia de compras y contrataciones, que se complementan con la creación de la subdirección antifraude en la Contraloría general, la comisión de revisión y reestructuración de programas de asistencia social, el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público y demás dependencias.

 

En este aspectos deseamos insistir en que estas acciones deben estar orientadas a establecer la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, superando la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas.

 

Es significativo también el énfasis en la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, lo que a nuestro juicio refuerza la necesidad de aprobar la ley de extinción de dominio, que garantice acciones rápidas para dicha recuperación y la superación de los marcos legales actuales que condicionan a la larga espera de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

 

En el desarrollo de estas iniciativas importantes anunciadas por el Presidente de la República, FINJUS prestará su apoyo a todas las iniciativas animadas por los objetivos anteriores, y exhorta a todos los sectores sociales a ejercer su derecho a la participación en los procesos de diseño, socialización y evaluación de este Plan que podría significar un salto para la creación de una cultura de transparencia y responsabilidad en el Estado para beneficio de toda la sociedad.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

Fueron recibidos por el Vicepresidente Ejecutivo Dr. Servio Tulio Castaños y el Lic. Luis Soto, Consultor Senior en Seguridad Municipal de FINJUS.

 

Durante el encuentro se dio seguimiento a los temas relacionados con la Seguridad Ciudadana, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género y el interés de FINJUS en contribuir al éxito de esta iniciativa.

 

9 de diciembre de 2020

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

7 de diciembre de 2020

 

Permítanme agradecer a las instituciones responsables de esta actividad por haber tomado en consideración a la Fundación Institucionalidad y Justicia para participar en el proceso de instalación, activación y desarrollo de la Mesa de Justicia y Género en este municipio y en otros 9 municipios del país.

 

La sociedad dominicana ha identificado el tema de la situación de inseguridad ciudadana como uno de los más graves problemas que enfrentamos en nuestro camino hacia el desarrollo, la justicia y el bienestar global en la República Dominicana. El temor y el miedo se han convertido en acompañantes permanentes de cada dominicano al momento de transitar en las calles y resolver sus necesidades cotidianas, lo que constituye una amenaza permanente a cada uno de sus familias y la sociedad sentido general.

 

La sociedad dominicana sabe que para enfrentar este grave problema social cuenta con las instituciones públicas dentro del sistema de Justicia, el Gobierno Central y de manera particular, en las municipalidades, que es el poder más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos.

 

Se necesitan políticas públicas globales y específicas para enfrentar este problema. Las primeras están a cargo de diferentes órganos, entre las que se encuentran, de manera particular, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las instituciones dedicadas al bienestar y la seguridad de niños y adolescentes, de la mujer , etc. pero sobre todo en el nivel local, es decir de las municipalidades, lo que explica la importancia de la reapertura de esta Mesa.

 

Por eso, desde el primer momento en que se solicitó la colaboración de FINJUS para apoyar el establecimiento, la operatividad y el desarrollo de los planes operativos y estratégicos de estas mesas de Seguridad Ciudadana y Género, manifestamos nuestro completo respaldo a esta iniciativa.

 

Hemos conformado un equipo técnico de la más alta calidad y con múltiples capacidades, para acompañar a las organizaciones estatales, municipales, y de la sociedad civil que confluyen en estas Mesas y nos sentimos muy orgullosos de las opiniones positivas que hemos recibido por el trabajo que se ha realizado en otros municipios, que ya cuentan con su plan de trabajo actualizado.

 

Nuestra aspiración es que en Puerto Plata muy pronto podremos contar con ese plan, como muestra de la voluntad conjunta de todas las instituciones para comenzar a ponerle solución a este grave problema social.

 

En este proceso permítanme aclarar el interés de FINJUS que es fundamentalmente el de contribuir positivamente a una iniciativa global y local, para que tenga éxito y responda adecuadamente al problema de la inseguridad y que, en un proceso, las comunidades recobren la confianza.

 

Expresamos nuestro sincero agradecimiento al honorable Ayuntamiento de esta ciudad, al Ministerio de Interior y Policía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer y las demás instituciones públicas presentes, lo mismo que a los representantes de las organizaciones, sociales , comunitarias y académicas, que han confiado en nuestro trabajo para estar presente en esta actividad.

 

Agradecemos también la confianza del auspicio de USAID a esta asistencia técnica.

Pasen todos muy buenos días.

 

16 de noviembre de 2020

Click para descargar documentos 

1.)  Cuadro Comparativo 

2.)  CD-Codigo Penal 2020

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) condena la ola de feminicidios que, en los últimos días, ha arropado los medios noticiosos cual efecto dominó, precisamente en este mes de noviembre que celebra la familia y, en el cual, se conmemora el día de la no violencia contra la mujer.

 

Ante este contexto de violencia de género que sufre la República Dominicana, resulta necesario reflexionar respecto a la evidente ineficacia de gran parte de las políticas públicas que han sido implementadas en el país en los últimos años a fines de contrarrestar los altísimos niveles de este flagelo conjuntamente a la ausencia de medidas efectivas que fueran en ayuda de la mujer maltratada ante las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.

 

Este “mea culpa” debe erigirse en un punto de partida en aras de finalmente abocarnos en una cohesión interinstitucional que refleje el necesario compromiso desde el Estado respecto de lograr el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas que respondan adecuadamente a nuestra realidad enfocando el problema desde una perspectiva integral y destinando los recursos suficientes a tales fines.

 

Al profundizar sobre las causas de este mal, encontramos en la doctrina más socorrida -recogida en importantes declaraciones y convenciones internacionales- que la violencia de género es “el resultado de las construcciones culturales o estereotipos de género que producen prejuicios y prácticas que consideran a la mujer como subordinada o le atribuyen funciones estereotipadas. (…) se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y, a la vez, es uno de los mecanismos mediante los cuales se perpetúa la subordinación subyacente.”

 

A pesar de las tradicionales actividades que, en esta época y de manera simbólica, realizan las instituciones, entidades e instancias del Estado que interactúan con esta problemática, resulta innegable la falta de voluntad para transformar las causas estructurales que originan la violencia contra las mujeres, lo cual, sin lugar a dudas, repercute en la ineficiencia de las acciones de contención de la violencia.

 

Es momento de dejar en el pasado las políticas públicas y declaraciones momentáneas y superficiales que, lejos de tratar las raíces del problema, levantan una niebla de inacción que permiten, tanto al Estado como a la sociedad, eximirse de su responsabilidad en la perpetuación del componente estructural que alimenta este mal; pues el impacto negativo de este flagelo no es peccata minuta sino que cobra víctimas mortales y, de manera paralela, provoca un daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

 

Desde FINJUS hemos sido enfáticos e insistentes en señalar que, además del desconocimiento y desinterés en las causas estructurales, subyacen otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia, ejemplo de ello los acuerdos dados a victimarios en criterios de oportunidad aun cuando existen antecedentes gravísimos, falta de personal especializado para la atención de las víctimas; así como también, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.

 

Uno de los aspectos menos enfocados en la primera fase de la pandemia lo fue este flagelo, y es que las mismas circunstancias de la etapa del confinamiento potenciaron los factores de riesgo de violencia de género al entrar en aislamiento dificultando así la solicitud de ayuda y de denuncia, así como facilitando el total control del agresor. En este periodo de pandemia, se requiere entender que el tratamiento de la violencia de género debe enfocar, al menos, un sentido evolutivo que contemple las consecuencias durante la etapa del aislamiento, y tras la apertura, pues se genera lo que denominan los expertos como “la percepción de pérdida de control” que tiene el agresor.

 

Dado el alto número de denuncias y muertes de mujeres en situación de violencia, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas en materia de medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación aprovechando el avance de la tecnología, tal pudiese ser el uso de tobillera o brazalete electrónico que permita la geolocalización perimetral de agresores en cercanía en caso de alto riesgo. Diversos estudios muestran que el uso de la tecnología ha resultado eficaz tanto para mantener alejado al agresor como para mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas; sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que la violencia contra las mujeres es un fenómeno multi-causal que afecta a una amplia gama de personas en diferentes entornos y que debe abordarse en múltiples niveles y sectores de la sociedad simultáneamente.

Finalmente, desde FINJUS consideramos necesario que el Estado invierta más recursos y redoble esfuerzos en áreas que van desde la recolección de datos, la creación y aplicación de leyes que garanticen la igualdad de protección, la mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones pertinentes que apelen a la debida diligencia del funcionario que se encargue de hacer cumplir y activar los mecanismos de protección hacia la mujer; de igual forma, la actualización de las herramientas que ayudan a la investigación y documentación sobre estrategias de prevención, el uso de la tecnología, la prestación de servicios de calidad de apoyo a las sobrevivientes, y programas de educación y concientización que promuevan cambios en las normas y las actitudes sociales que resultan nocivas para las mujeres, entre otros.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

15 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

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