La Republica Dominicana realizará su Décimo Censo Nacional de Población y Familia entre los días 10 y 23 de noviembre de 2022.

Se trata de una iniciativa cuyo alcance, importancia y significado han sido explicados de manera clara y precisa por la Oficina Nacional  de Estadística, máxima autoridad del sistema nacional de estadísticas, y que se fundamenta legalmente en la Ley 5096-59.

Desde los más importantes sectores de la vida económica, política, social y cultural del país, se ha insistido en la necesidad de que este ejercicio estadístico se realice en la fecha que dicha Ley ordena, y que tuvo que posponerse hasta 2022 debido al auge de la pandemia dos años atrás.

Los resultados de este censo serán vitales para planificar las políticas públicas, determinar las necesidades de los diferentes ámbitos de la vida nacional y permitirán establecer las pautas para evaluar la evolución de cada uno de los sectores que intervienen en la dinámica social y económica nacional.

Sin las cifras del censo se corre el riesgo de que las instituciones públicas y privadas pudieran caer en las improvisaciones y errores subjetivos de cualquier tipo que surgen al calor de las demandas de los factores económicos y sociales que enfrentamos. Si fuera así, estaríamos contribuyendo a dilapidar cuantiosos recursos por no estar sostenidos en datos objetivos que sólo se pueden conocer con la realización de un censo como el proyectado.

FINJUS exhorta a las autoridades nacionales a apegarse al Estado de derecho y exigir el cumplimiento de la Ley en esta materia, que en su artículo 22 le confiere un carácter de obligatoriedad al suministro de informaciones veraces de todos los habitantes a los responsables de realizar el censo y que además establece en su artículo 29 el régimen de consecuencias contra todas las formas de obstaculización del correcto desenvolvimiento de esta iniciativa, lo que incluye a funcionarios, responsables del sistema estadístico y a la población en general.

El censo es una prioridad nacional y un instrumento imprescindible para planificar, evaluar y dinamizar el desarrollo y el crecimiento de la Nación Dominicana.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

8 de noviembre de 2022

Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este importante panel, donde tengo el reto y, más importante aún, el privilegio de compartir con expertos como la maestra Carmen Durán y el Magistrado y amigo Pedro Pablo Yermenos.

Desde hace varios años, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha promovido el fortalecimiento e institucionalización del quehacer de los partidos políticos, siempre con la visión de proteger aquellas garantías dadas en el marco del Estado social y democrático de derecho . En ese sentido, trataremos de abordar la importancia de estas prerrogativas, tomando como punto de partida su exigibilidad en los partidos políticos, así como también en el plano jurisdiccional.

Los derechos políticos no se encuentran en una categoría tan cerrada como podría pensarse. De acuerdo con el profesor Alberto Dalla, estos “ se componen de ingredientes (Estado de Derecho e imperio de la ley, división de poderes, soberanía popular, límites constitucionales a los poderes constituidos, respeto a las minorías en sus relaciones con la mayoría, elecciones libres , derechos fundamentales, tolerancia y racionalidad crítica) .” [1]

De manera que, si reflexionamos sobre su exigibilidad, no podemos dejar de adherirnos al componente holístico que éstos reflejan en el orden social, económico, cultural y político. Éstos representan una permanencia y un sistema de valores que se encuentra encarnado en otros subsistemas que determinan el funcionamiento del Estado y sus reglas, como actualmente lo conocemos.

Una parte fundamental del ejercicio de tales derechos como “ingredientes” de un sistema más complejo, es la propia existencia de los partidos como instituciones de derecho público. Por estas razones, nuestro marco constitucional actual establece taxativamente que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.”

La definición anterior, encontrada en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, nos brinda una obligación de garantías de los derechos políticos a lo interno de las propias organizaciones. Esto permite, a su vez, que su exigibilidad provenga entonces de una serie de normas que regulan su funcionamiento apegado a principios que no difieren de nuestro modelo de Estado.

Tal como ha sido explicado por quienes me han precedido, los derechos políticos abarcan los derechos de asociación y reunión con fines políticos; el derecho de petición a las autoridades; los derechos de participación y control; así como, especialmente, el derecho a elegir y ser elegido conforme a las leyes. Esto último, por su naturaleza –y debido a la propia historia y cultura política de América Latina–, se erigen como ejes centrales de la percepción inmediata de quienes los ejercen.

En ese sentido, queda claro que los derechos políticos son consustanciales a la vida en democracia. Tomando en cuenta todo lo anterior, cabe preguntarse, ¿cómo subsisten estas prerrogativas a lo interno de la cotidianidad partidaria? Asimismo, ¿de qué manera podrían ser éstos exigibles ante las autoridades jurisdiccionales y bajo qué motivos?

Es importante recalcar que, la aprobación de las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, significaron un primer paso para el fortalecimiento e institucionalización del quehacer de las organizaciones políticas, así como de lo concerniente a las reglas de juego en clave electiva. En ese orden, los derechos políticos en el país se han fortalecido mucho en las últimas dos décadas.

No obstante,  tanto la celebración de las pasadas elecciones, como las múltiples acciones directas de inconstitucionalidad que se han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) y otros recursos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), especialmente en contra de la ley 33-18, en tanto establecía disposiciones que vulneraban derechos o violaban mandatos constitucionales, han evidenciado las profundas debilidades que contenían, razón por la cual bien se está realizando la revisión de ambas normativas a los fines de superar los obstáculos que de ellas se derivan.

La forma en que se ejercen los derechos políticos y su relación con la institucionalidad democrática, resulta un componente fundamental de cómo éstos pueden ser exigidos a lo interno de las organizaciones. Desde FINJUS, hemos insistido en la importancia de blindar la democracia interna de los partidos, creando mecanismos que permitan verdaderamente conceder a los titulares de los derechos una participación en la formación de la voluntad social, tal como establecía Kelsen.

Por tanto, la exigibilidad de los derechos políticos a lo interno de los partidos está directamente relacionada con la legitimidad del ejercicio del poder. Si no existen garantías idóneas de participación y un correcto ejercicio de estas prerrogativas a lo interno de los partidos, puede traducirse en obstáculos importantes para el desenvolvimiento natural de las propias normas sociales intersubjetivas.

Por citar un ejemplo, en la ley 33-18, en lo concerniente a la democracia interna, se estableció que el organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas sean el Comité Central, la Comisión Ejecutiva, la Comisión Política, el Comité Nacional o el equivalente a uno de los anteriores, teniendo de igual manera la facultad para decidir la modalidad y método a utilizar por éstos.

Somos de opinión que esta disposición deviene en una mera herramienta legal que permite se sigan perpetuando los mecanismos antidemocráticos existentes a lo interno de los partidos políticos. Decimos esto en virtud de que obstaculizan consenso interno, en la medida de que el carácter imperante de sus decisiones no lo ostentan todos sus miembros, sino pequeños grupos que –aunque se encuentren estatutariamente constituidos– no siempre representan el carácter mayoritario que debe exhibirse en la toma de decisiones interna de importancia para una organización política.

Esta situación conllevó a que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia número TC/0214/19, indicara que “(…) Esta imposición de la ley resulta lesiva al núcleo duro de la libertad de autoorganización de las agrupaciones políticas, pues no le permite al partido definir conforme a sus estatutos a cuál de sus órganos internos le corresponderá decidir el padrón de electores o los métodos y modalidades de selección de candidaturas (…)”; así también estableció que ello impide a la organización partidaria “(…) decidir -conforme a sus estatutos- cómo organizarse en ese sentido, lo que constituye una invasión de la ley en su ámbito interno que transgrede, por consiguiente, su libertad de autoorganización (…)”.

Sabemos que, en el marco de las propuestas y consultas recientes sobre esta normativa, realizada por la Junta Central Electoral, estos aspectos han sido adoptados formalmente en el proyecto legislativo vigente de cara a las diferentes discusiones conceptuales sobre las reformas en la materia, cuyo destino hoy se encuentra en el seno del Congreso Nacional.

Volviendo a lo anterior, la exigibilidad de los derechos políticos a lo interno de los partidos responde al efectivo funcionamiento y calidad de la democracia. Es importante plantear que, ante la pluridimensionalidad de las relaciones sociales actuales, los partidos están obligados a erigirse como instituciones garantes de derechos fundamentales. Esto así porque, el núcleo de su operatividad, incide en la propia toma de decisiones públicas hacia afuera.

Por tanto, de cara a la función de representación real y objetiva de todos los ciudadanos –ejercida hacia afuera como garantía de la propia democracia interna–, dependerá el reconocimiento del monopolio electoral que detentan los partidos políticos en nuestras órbitas sociales. De manera que, es un deber de los propios partidos demostrar a la ciudadanía, la cual ejerce y exige sus derechos dentro y fuera de dichas organizaciones, su alcance como garantes absolutos de las instituciones democráticas.

Señoras y señores.

Es preciso apuntar la importancia de tomar en cuenta la realidad de los partidos políticos en el marco de las nuevas dinámicas sociales. La exigibilidad de los derechos políticos se ha transformado y ampliado en la medida en que la ciudadanía se ha mostrado más vigilante ante las actuaciones del ejercicio político, ya que inclusive los métodos para fortalecer la transparencia han cambiado.

Es por esta razón que, las organizaciones políticas y sus miembros, se encuentran más obligados a fortalecer sus estructuras internas y dar cumplimiento al principio de legalidad ante cualquier escenario. En consecuencia, exigir el respeto de determinadas garantías a lo interno de los partidos ha de ser una acción de doble vía; por un lado, contando con elementos que sean demostrativos de la propia institucionalidad de la organización y, al mismo tiempo, que ésta última provea a sus miembros las herramientas para solventar cualquier atropello posible en el marco de la democracia interna.  

Por otro lado, es importante puntualizar lo relativo a la exigibilidad de los derechos políticos en el marco de los tribunales, como se había establecido previamente. Cualquier debate de naturaleza jurídica que aborde temáticas relativas a los derechos fundamentales, debe prestar suma atención al diseño de la jurisdicción donde podrían tutelarse dichas prerrogativas.

Fruto de lo anterior, desde FINJUS hemos planteado que se debe continuar dilucidando la delimitación competencial de este órgano, de lo cual incluso se precisa en el contenido normativo de la ley que lo regula, en aras de materializar el contenido constitucional, el cual establece que: “El Tribunal Superior Electoral es el  órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.”   

Los diferendos dentro de los partidos y las cuestiones de carácter contencioso-electoral, de un modo u otro, contemplarán una disputa transversal por la pretensión del ejercicio de un derecho político. A nuestro juicio, esto devela la importancia de un correcto modelo institucional que fortalezca en sí mismo al propio Estado social y democrático de derecho.

El control judicial de los derechos políticos no es tampoco un asunto de carácter cerrado. Es por esto que, “algunos sistemas regionales de derechos humanos como el europeo y el interamericano también han promovido la idea de que son principalmente los derechos civiles y políticos aquellos susceptibles de ser justiciables, limitando así la lista de derechos que cuentan con procedimientos de queja.”[2]

Pero, volviendo a la idea principal, procurar la exigibilidad de los derechos políticos en el marco de los tribunales cobra gran importancia de cara al proceso electoral próximo, ya que por medio de las garantías que sus sentencias aportan para que las prerrogativas de los solicitantes no se vean conculcadas debido a actos indebidos de las organizaciones políticas u otras autoridades con atribuciones en materia electoral, puesto que esta situación tendría como trasfondo una instrumentalización de la institucionalidad electoral para fines particulares y ello afecta la calidad de nuestra democracia.

Es decir, al respecto somos de opinión de que lo que prevalece en esta discusión es el diseño institucional y cómo éste garantiza o no el acceso a la justicia electoral de manera efectiva. Por tanto, la exigibilidad de los derechos políticos en los tribunales dominicanos debe vislumbrarse como un escenario dotado de dos condiciones: garantías y aplicación irrestricta del principio de legalidad.

Desde FINJUS, agradecemos la invitación a participar en tan importante evento. Confiamos en que las ideas expresadas en este y los demás foros de discusión, servirán como aportes invaluables a la doctrina electoral dominicana.

Muchas gracias.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

[1] DALLA V., Alberto. Derechos políticos, normativa electoral y equidad en los procesos electorales . Corte Interamericana de Derechos Humanos. San Jose. 2012. Pág. 26

[2] COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS (CIJ). Los Tribunales y la Exigibilidad Legal de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. Experiencias comparadas de justiciabilidad . Ginebra. 2010. Pág. 8.

En ninguna institución del Estado la sociedad dominicana ha concentrado tantas expectativas de cambio, renovación y cumplimiento de su misión, como las que rodean al Ministerio Público en la actualidad.

De ser un instrumento con áreas donde predominaba la incapacidad de cumplir sus objetivos con eficiencia y que en su conjunto gozaba de muy limitada confianza de la sociedad en sus acciones, el Ministerio Público ha atravesado un proceso de readecuación institucional que incluye dos momentos destacados.

Hace 20 años, el  Ministerio Público experimentó importantes transformaciones, con la adopción y promulgación del Código Procesal Penal, que reforzó su rol en la persecución, investigación y acusación de delitos y crímenes, lo que se afianzó hace 10 años con el reconocimiento legal e institucional como órgano que goza de autonomía funcional y administrativa protegido por un Estatuto de carrera profesional.

A lo largo del período, sin embargo, una constante ha sido el desfase entre las expectativas sociales y la realidad del compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para facilitar la profundizar del Ministerio Público en la creación de un régimen de consecuencias contra quienes delinquen y fomentan las prácticas de corrupción.

Por esto no resultan fuera de lugar las recientes posiciones aparecidas en los medios de comunicación, que incluyen las demandas e iniciativas que pretenden desarrollar las asociaciones de fiscales para obtener mejorías en las condiciones de trabajo y profesionales, así como las sabias advertencias que la Magistrada Procuradora General de la República le formula a los miembros del Ministerio Público que adelantan acciones que, de acuerdo a sus palabras, podrían paralizar la labor de ese órgano de persecución.

FINJUS llama a los actores del Ministerio Público involucrados, desde la Procuraduría General así como las diferentes instancias de este órgano, para que reflexionen sobre las condiciones sociales que prevalecen y la necesidad de que cualquier iniciativa sea encaminada en un marco de coordinación institucional, de forma que el fortalecimiento de la importantísima gestión que se despliega en la actualidad contra el crimen y la violencia en la sociedad, produzca resultados que nos ayuden a avanzar en la calidad de nuestro orden democrático.

FINJUS ha reiterado en innumerables ocasiones que el cumplimiento de la Ley de Autonomía Presupuestaria y administrativa del Ministerio Público es una condición sine que non para obtener resultados sostenibles en el afianzamiento del Estado de derecho y la lucha contra el crimen y la corrupción y tenemos altas esperanzas de que en este año los poderes Ejecutivo y Legislativo encontrarán las vías adecuadas para plasmar en el Presupuesto del 2023 los recursos que garanticen la implementación de los programas y planes diseñados en los últimos años.

Valoramos las declaraciones  de la Magistrada Miriam Germán Brito como la expresión de un llamado a no descuidar las tareas actuales y que cada miembro del Ministerio Público redoble, con su responsabilidad y compromiso, el esfuerzo que se realiza para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio a cargo de los órganos internos de esa institución, que es la justificación más importante para que la sociedad se identifique y apoye sus justos reclamos profesionales y laborales. 

Es, en definitiva, una nueva oportunidad, para que el liderazgo público de un paso más en esta dirección  y salgan fortalecidas las capacidades de un Ministerio Público, que lleva 20 años clamando por un destino mejor.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

26 de septiembre, 2022

COMUNICADO

En días recientes, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) resolvió la acción de amparo de cumplimiento incoada por un grupo de ciudadanos contra la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y varias de las principales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operantes en la República Dominicana, por alegada “sustracción” de fondos en sus cuentas de capitalización individual.

La sentencia del TSA plantea que la SIPEN, en aparente complicidad con las principales AFP, ha violado la Ley 87-01 de Seguridad Social al permitir la “sustracción” de fondos de las cuentas de capitalización individual de algunos afiliados. Afirma, en tal sentido, que las AFP no han demostrado que la reducción en los balances de dichas cuentas fuera producto de la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense y de la consecuente variación en el rendimiento acumulado de las inversiones en dólares.

Esta sentencia es profundamente criticable, en especial porque: (a) inobserva los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional con respecto a la naturaleza jurídica de la acción de amparo de cumplimiento; y (b) desconoce las garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso, así como el contenido esencial del derecho a la seguridad social, según los artículos 60 y 69 de la Constitución dominicana vigente.

En cuanto al primer aspecto, vale decir que los precedentes referidos trazan una línea jurisprudencial firme a cuyo tenor ha sostenido el Tribunal Constitucional: (1) que el amparo de cumplimiento no procede contra asuntos de mera legalidad (TC/0130/19), como lo es el hecho de que se impute a la SIPEN y a diversas AFP haber protagonizado actuaciones administrativas que presuntamente riñen con la legalidad y que, por ello, suponen para el juez de amparo la obligación de emitir estimaciones de legalidad ordinaria que escapan a su margen de acción; (2) que el amparo de cumplimiento no es la vía idónea para resolver conflictos de legalidad (TC/0381/20), por cuanto constituye un remedio de garantías especialmente establecido para la tutela de derechos fundamentales ante el alegado incumplimiento de un deber legal o administrativo; (3) que el amparo de cumplimiento no procede en casos en que su dilucidación dependa de “comprobaciones previas declarativas de derecho común” (TC/0103/21) sobre el contenido de las normas y su aplicación a un caso concreto; y (4) que el amparo de cumplimiento resulta igualmente improcedente cuando su resolución implica abordar problemas de interpretación sobre la norma que ampara el deber presuntamente incumplido u omitido (TC/0252/21).

El TSA realiza ponderaciones de legalidad ordinaria sobre la administración de los fondos de pensiones. Es decir, efectúa apreciaciones declarativas sobre el derecho de propiedad de los afiliados y, al tiempo, cuestiona la legitimidad de las actuaciones de las AFP, afirmando que éstas efectivamente realizaron deducciones de las cuentas de capitalización individual. Ambas cosas escapan de las competencias del juez de amparo.

Además, salta a la vista que el contenido de las disposiciones normativas de la Ley 87-01 está sujeto a interpretaciones dispares con respecto al procedimiento de notificación de los afiliados, el mantenimiento de la rentabilidad mínima real y las obligaciones de las AFP. Estas dificultades de interpretación hacen que el mandato exigido en el proceso de amparo carezca de especificidad, siendo su esclarecimiento una competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, en atribuciones ordinarias.

En cuanto al segundo aspecto, la sentencia pasa por alto un sinnúmero de elementos que resultan fundamentales para comprender a cabalidad la situación. A nuestro juicio, la decisión del TSA:

1)         Ignora que la variación en los fondos de las cuentas de capitalización individual está fuertemente ligada al aumento ordenado por el Banco Central de la tasa de política monetaria y la tasa de interés, ante la situación específica de los mercados financieros a escala global, fuertemente impactados por fenómenos de especial importancia como el conflicto bélico Rusia-Ucrania o la resaca de la pandemia generada por el covid-19;

2)         Omite que la variación en los montos de las cuentas no representó una pérdida real de dinero, de manera que los aportes obligatorios se mantuvieron inafectados;

3)         Elude la circunstancia objetiva de que el rendimiento neto generado por las inversiones en dólares hechas por las AFP se mantuvo sin variación, y que ninguna de ellas incumplió la rentabilidad mínima que exige la ley;

4)         Olvida que las AFP fueron plenamente conscientes de la situación de los mercados financieros y que, por ello, lo comunicaron oportunamente al público, enfatizando la naturaleza coyuntural y temporal de la apreciación del peso frente al dólar;

5)         Nada dice acerca del hecho de que la inversión en dólares de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas de capitalización individual ha reportado a los trabajadores beneficios que superan los seis mil millones de pesos;

6)         Desatiende la circunstancia de que todo ello ha sido así a pesar de las continuas apreciaciones y depreciaciones del peso dominicano frente al dólar estadounidense; y

7)         Aniquila la lógica tras la diversificación de los instrumentos de inversión que utilizan las AFP: la minimización del riesgo para una mayor garantía de pensiones dignas.

En definitiva, el TSA inobservó que la reducción proyectada en el rendimiento acumulado se debió a la devaluación del peso dominicano sobre el dólar, lo que generó que el saldo presentado en el mes de febrero sea menor que el indicado en meses anteriores. Esa reducción fue básicamente coyuntural y transitoria, lo que es propio de los mercados financieros, de modo que no afectó ni los aportes obligatorios ni el rendimiento neto generado por la inversión denominada en dólares. Las AFP no estuvieron por debajo de la rentabilidad mínima normativa, por lo que no hubo un incumplimiento del artículo 105 de la Ley Núm. 87-01. Esto en el entendido de que, al observarse la rentabilidad mínima normativa, no era necesario utilizar la reserva de fluctuación de rentabilidad con cargo a la Cuenta de Garantía de Rentabilidad.

La Primera Sala del TSA no realizó una correlación concreta y precisa entre las disposiciones normativas que sustentan su decisión y los hechos fácticos que caracterizan el caso. Todo ello supone, como es sabido, una violación al artículo 69 de la Constitución. Pero por si fuera poco, la sentencia del TSA también vulnera el artículo 60 de la Constitución, pues, si se entiende que el derecho a la seguridad social es la prerrogativa que asiste a todo (a) dominicano (a) de gozar de protección y asistencia social ante el desgaste natural de su capacidad productiva, o bien ante hechos involuntarios e imprevistos que mermen su estatus laboral y económico, entonces es evidente que, al habilitar la “devolución” de fondos a los afiliados accionantes, la sentencia en cuestión expone a todo el régimen de pensiones a ataques sistemáticos que ponen en jaque su estabilidad, impide aquel objetivo básico y lesiona así, además gravemente, el derecho fundamental a la seguridad social.

Costó tiempo y mucha madurez lograr el establecimiento de un sistema de pensiones como el que actualmente rige en el país. Costó tanto, precisamente, porque la intención fue pasar del anterior sistema de reparto, primo hermano de la desigualdad social, a un sistema de acceso universal, estable y garantista, que es el que favorece la Ley 87-01. Podrá requerir mejoras, pero es un producto acabado que ha reportado incontables beneficios a los trabajadores dominicanos. La sentencia del TSA amenaza gravemente todos estos avances de nuestro sistema previsional y pone en peligro su estabilidad. 

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

A propósito del proyecto de ley que establece la creación de la provincia Matías Ramón Mella, el cual conoce la Cámara de Diputados, es necesaria una mayor ponderación con relación a la fragmentación política-territorial de cara a los objetivos estratégicos de desarrollo y planes de ordenamiento territorial.

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideramos resulta inoportuno la creación de una provincia adicional presionando el gasto público sin evidencia sólida de que ello se traduce en mayor acceso a servicios y/o fortalecimiento del desarrollo de los territorios que comprendería. Se trata de una respuesta que deviene contraproducente a la necesidad real de mayor atención a las carencias y marcadas desigualdades entre las regiones y provincias del país

La experiencia comparada señala una excesiva fragmentación política territorial como una problemática que dificulta en exceso la concreción del bien común con relación a una política nacional coherente que pueda redirigirse hacia objetivos de redistribución territorial de la riqueza o de cohesión regional, afectándose al final el propio principio democrático del interés nacional que sustenta la propugna constitucional de nuestro modelo estatal.

Siguiendo entonces con el marco comparado, es importante acotar que en países como Colombia o Costa Rica[1], la decisión de desmembramiento de las entidades territoriales requiere inclusive consultas a la ciudadanía de las comunidades que podrían verse afectadas por la creación o supresión de nuevas provincias o departamentos, cual fuere el caso. Es decir, que dicha decisión, además de provenir de las autoridades competentes, requiere una democratización de la toma de decisión, evitando así la creación de territorios conforme los criterios políticos de turno.

La Constitución política dominicana establece el Estado unitario y su característica básica refiere a la configuración de un poder central en el diseño y ejecución de las políticas públicas, matizado por la transferencia de competencias a los municipios[2], quienes ostentan su representatividad desde los Gobiernos Locales. Si bien el crecimiento demográfico demanda mayores visos de representación con relación a los territorios, no menos cierto es que nuestra estructura estatal se encuentra sometida a principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social o económica, los cuales se erigen en mecanismos de control como forma de evitar la materialización de políticas arbitrarias y/o la elaboración de políticas alejadas del principio de razonabilidad sobre el cual se sustenta la definición misma del Estado.

En este sentido conviene apuntar que, el crecimiento demográfico, por sí solo no constituye criterio suficiente para optar por la escisión territorial a los fines de mayor representatividad, especialmente cuando subsisten tareas pendientes con relación a la necesidad de revisar la redistribución del gasto público en las provincias ya creadas. Es por ello que la tendencia de países de la región apunta a la promoción de mancomunidades (cooperación intermunicipal) para la prestación de determinados servicios públicos.

Debe recordarse que la República Dominicana es uno de los países de menor extensión territorial de América Latina, de lo cual al evaluarse de manera proporcional, parece presentar un altísimo número de divisiones políticas en comparación a sus pares. De ahí que, la creación de una nueva provincia no puede abordarse como la respuesta al esperado desarrollo de los municipios que la integrarían, pues apostar a mayores visos de burocracia no redituará el beneficio esperado.

De igual forma, se debe considerar que la generalización hacia un modelo político de fragmentación provincial conllevaría, como hemos visto, no solo una preocupante mutación del sistema de representación legislativo que tenemos en República Dominicana, sino, a la postre, una imposibilidad real de que las demandas ciudadanas se materializasen en cuanto a la distribución de los bienes y servicios; especialmente cuando parece olvidarse que en ese crecimiento demográfico de las zonas referidas inciden las migraciones desde otras provincias a las cuales no se les ha destinado la proporción presupuestaria adecuada[3], así como que requieren mayores incentivos para su desarrollo.

Es oportuno aclarar que las provincias, en el marco de nuestro modelo de Estado unitario, responden únicamente como demarcación política intermedia, siendo así los municipios la base constitutiva del sistema político administrativo local. De manera que, si se pretende profundizar el desarrollo productivo de nuestras entidades territoriales, la respuesta formal para la elaboración de políticas públicas ancladas hacia un plan de ordenamiento territorial —tal como lo ordenan nuestra Constitución y la Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo—, debe fundamentarse en la optimización del engranaje funcional de las municipalidades, no otorgar una respuesta que podría resultar exclusivamente funcional al interés político-electoral coyuntural.

De manera que, atendiendo a los parámetros normativos vigentes y los conceptos planteados sobre ordenamiento territorial en nuestro sistema político-administrativo, el eje central del tema aquí expuesto podría girar en torno a la eliminación de determinadas provincias, inclusive. De este modo, se centrarían los objetivos institucionales del Estado dominicano en el cumplimiento del texto constitucional vigente, el cual establece que “La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional”, apuntando también al fortalecimiento de nuestras estructuras municipales.

Desde FINJUS entendemos que los esfuerzos deben estar orientados en garantizar políticas públicas que materialicen el principio de unidad que impone la implementación de las políticas públicas de alcance a todo el territorio nacional valorando nuestra realidad particular en la cual se refleja matices de una inversión pública concentrada en ciertas unidades territoriales en desmedro de otras.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

19 de junio de 2022

[1] Véase: Constitución Política de Colombia. Artículos 297 y 307; y Constitución Política de Costa Rica. Artículo 307.

[2] Véase: Constitución Política de la República Dominicana. Artículo 204. 2015.

[3] Véase: Constitución Política. Párrafo del artículo 196. 2015: Párrafo. - Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional.