Kenia Franco

Kenia Franco

Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Coordinador del Grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional en el Encuentro con organizaciones sociales de la región Este.

La Romana, 21 de octubre, 2021

Cuando en abril pasado el Presidente de la República reaccionó, como toda la sociedad dominicana, ante la horrenda muerte de los dos esposos pastores evangélicos en Villa Altagracia, y decidió constituir el Grupo de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, no teníamos una idea clara del curso de los acontecimientos que se sucederían desde entonces.

 

Como deben suponer, los miembros del Grupo teníamos muchos temores al momento de ser juramentados en esa nueva iniciativa. No fueron pocos quienes nos advirtieron que en este país ese tipo de comisiones se crea cuando no existe voluntad de cambiar algo y que existían muchos precedentes en ese sentido.

 

Nos dijeron que, por ejemplo, solo en los últimos 20 años la Ley de Policía había sufrido modificaciones en 2003 y 2016, pero que todo el mundo sabe que la organización, estructura, políticas, directrices y la cultura policial no habían cambiado en lo fundamental.

 

Por todo el país se elevaban voces de ciudadanos expresando quejas sobre el tratamiento recibido en diferentes situaciones o momentos de parte de agentes policiales. También existían preocupaciones por la eficiencia del Cuerpo policial en la persecución e investigación de crímenes y delitos, y lo peor, que existía una gran distancia entre los agentes policiales y las comunidades. Prevalecía la desconfianza mutua y hubo quienes llegaron a decir que algunos agentes eran una fuente de temor en la sociedad.

 

Pero el Grupo de trabajo no se amilanó. Los 20 miembros del Grupo acordamos mantenernos firmes y comenzamos a organizarnos para cumplir con nuestro compromiso. Formamos subcomisiones, tocamos las puertas de instituciones claves que, de acuerdo a la Ley, debían asesorarnos para realizar las investigaciones necesarias para cumplir con el mandato del decreto 211-21 y comenzamos a andar.

 

No vamos a hacer un relato extenso de lo que hemos hecho, pero es bueno recordar que a los 100 días de trabajo, el Grupo organizó un acto con el Presidente de la República y de cara al país comenzamos a rendir cuentas. Presentamos el Diagnóstico de la situación de la Policia, realizado por la organización de Naciones Unidas líder en el combate del crimen y el delito con sede en Viena, Austria, a quienes pedimos que, en coordinación con la Policía y con su compañía, buscaran las evidencias de la situación real de ese cuerpo, e hicieran recomendaciones para mejorar sus capacidades, para aumentar su eficiencia y sobre todo, para recuperar la confianza ciudadana en ese órgano, que es imprescindible para la seguridad, para la convivencia pacífica y el desarrollo económico, social y humano de nuestro país.

 

Basándonos en ese diagnóstico, dimos un paso más y celebramos hace poco el  Seminario de intercambio de las buenas prácticas de la reforma policial e invitamos a policías de Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, Honduras y Panamá, entre otros, para que intercambiaran sus experiencias con la plana mayor policial, todos los directores regionales, los directores de departamentos claves y los oficiales superiores con responsabilidad de mando en la policía.

 

Todos esos insumos, producidos por el Grupo de Trabajo, los entregamos al Presidente de la República, quien los estudió y analizó cuidadosamente. El resultado de esta historia ustedes lo conocen: fue el mensaje que dirigió el Presidente de la República a la nación, el domingo pasado, en un hecho que  no tiene precedentes en la historia de la seguridad ciudadana en el país.

 

Podemos decir con propiedad, que el domingo 17 de octubre pasado se inició una nueva etapa en la transformación de la Policia y se abrió una gran oportunidad de convertir la institución policial en una aliada de la ciudadanía en la lucha contra el crimen, el delito, la inseguridad y todas las formas de violencia que acosan al país.

 

Las medidas que anunció el presidente de la República, basadas en las recomendaciones del Grupo de Trabajo, nos refuerzan la convicción que en esta ocasión el país hará los cambios que se requieren en la Policía, y que los mismos serán duraderos, porque no se limitan a nombrar nuevos comandantes y hacer retoques de tipo cosmético.

 

Esas medidas buscan, en primer lugar, realizar una evaluación profunda y completa del cuerpo policial, desde la cúpula hasta la base, que pueda determinar si las personas que visten el uniforme policial tienen las aptitudes requeridas para su cargo; si han tenido una trayectoria de servicio adecuada y gozan de credibilidad. Como esto implica un análisis que tendrá consecuencias en cuanto a la permanencia de algunos evaluados en la institución, se ha recomendado que esa evaluación la realice un organismo internacional especializado y con experiencia.

 

En segundo lugar se están identificando los fondos en el presupuesto nacional que permitan realizar las inversiones que implicará la transformación policial. Para esto es necesario que el Presupuesto policial esté claramente diferenciado entre el presupuesto administrativo, con el que se pagan los salarios y el presupuesto operativo, que permita la compra de equipos de seguridad, dar mantenimiento a los equipos, reparar los destacamentos, adquirir nuevas computadoras y aparatos para procesar toda la información necesaria para combatir el crimen y prevenir los delitos y la violencia.

 

En tercer lugar el Presidente ha dispuesto que las 7 escuelas o instituciones policiales que trabajan descoordinadas, con doctrinas diferentes y objetivos separados, se conviertan en un sistema educativo que permita que la capacitación, entrenamiento y educación policial estén alineadas a los principios del respeto de la vida y la dignidad de las personas, a la eficiencia de la labor policial y al correcto desempeño de la profesión policial, tanto de los oficiales y comandantes como de los sargentos, cabos y rasos. Fíjense que el Presidente dispuso que a partir de esta reforma, los policías que salgan a las calles a realizar su trabajo profesional, reciban una capacitación que debe ser no menor a un año. Así es como se comienzan a cambiar las conductas inadecuadas y los abusos injustificados.

 

Y, en cuarto lugar, todo lo anterior será posible porque se van a aprobar los reglamentos que ordena la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16, que tenían 5 años sin ser aprobados. El Presidente promulgará el próximo lunes el decreto con el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica y se ha definido un cronograma para que el Consejo Superior Policial comience a ponderar y aprobar los restantes reglamentos policiales, los cuales fueron revisados en su mayoría por este Grupo de Trabajo y entregados a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

 

A partir de ahora, todas las actividades y actos policiales tendrán que apegarse al mandato de su Ley Orgánica y sus reglamentos, lo que lamentablemente no estaba ocurriendo.

 

Señoras y señores, Representantes del valiente y esforzado pueblo de la Romana:

 

Estamos aquí ante ustedes para decirles que todos los miembros del Grupo de Trabajo estamos comprometidos con esta misión y que creemos que no es posible una reforma, transformación o modernización de la Policía sin la participación de la ciudadanía.

 

Por eso le pedimos a ustedes que desde sus organizaciones sociales y comunitarias se unan a esta causa y persistan en ella hasta que logremos una policía moderna y digna de nuestra democracia.

 

Vamos a apoyar a esa policía que debe surgir, con los buenos agentes que existen, que son muchos, para que los episodios de dolor que han ocurrido en el pasado, se superen y podamos reconciliarnos entre todos y construir barrios, ciudades y un país con seguridad y paz.

 

 

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Coordinador del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional en el encuentro con organizaciones sociales de la Región Norte.

Santiago, 14 de octubre, 2021

 

Estamos ante las puertas de un gran cambio en el sistema de la seguridad ciudadana en el país.

 

Luego de años de separación y choques entre la Policía y la sociedad, diversos sectores han estado clamando para que la institución más importante de la seguridad, que es la Policía Nacional, comience a transformarse.

 

Una larga estela de dolor y lágrimas nos ha conducido a donde estamos ahora. 

 

Es un panorama que no puede ser prolongado por más tiempo y que debe ser cambiado con inteligencia, paciencia, madurez y sobre todo con energía, para el cual ya no debe haber vuelta atrás y que solo será posible con el apoyo de la sociedad y la expresión nítida de la voluntad política de comenzar a trabajar.

 

Nosotros estamos aquí porque queremos RECONSTRUIR una institución que ha sido abandonada por años, sin una organización moderna, ni sistemas de educación adecuados, ni las herramientas de trabajo necesarias para prevenir e impedir la delincuencia.

 

Una institución que por su poder de fuego y capacidad de privar a las personas de su libertad, fue convertida por unos pocos en un instrumento para perseguir y dañar a los contrarios, sin la supervisión, controles o sistemas de consecuencias adecuados. En fin: un cuerpo policial que no genera la confianza en su sociedad, que es su principal razón de ser.

 

Este en el momento justo para ayudar a RESCATAR a la Policía Nacional, para devolverle sus objetivos verdaderos que no son otros que PROTEGER Y SERVIR al pueblo del cual todos sus miembros provienen.

 

Cuando el presidente Luis Abinader nos convocó para formar el Grupo de Trabajo leímos con mucho cuidado a qué nos estaban invitando. El decreto 211-21, explica con claridad su propósito:

  • aportar en la redefinición del perfil del nuevo agente policial;
  • recomendar acciones legales para el fortalecimiento de la Policía;
  • promover la aprobación de los reglamentos pendientes;
  • proponer cambios en los sistemas de remuneración y retiro; y
  • recomendar mejoras en el sistema de consecuencias internas sobre los agentes con procesos abiertos ante el Consejo Superior Policial.

 

Y esto es lo que hemos realizado. ..

 

Primero: Un diagnóstico completo de la Policía Nacional, para lo que buscamos a la Oficina de las Naciones Unidas especializada en reformar cuerpos de policías.

 

Segundo: Solicitar apoyo de los organismos competentes, como la Cámara de Cuentas y el Ministerio de Administración Pública, para comenzar a echar las zapatas de la transparencia, la integridad y la remuneración justa  de una nueva Policía.

 

Tercero: Iniciamos un estudio profundo de su presupuesto, para saber cómo se gasta el dinero en la institución. Y nos encontramos que el 85 por ciento se dedica a lo administrativo y sólo el 15 por ciento se invierte en educación, equipos y tecnología para combatir el crimen. (A propósito, ¿cuánto le cuesta al Estado que, entre 10,000 a 15,000 agentes estén dedicados a trabajos de seguridad de personas particulares, políticos, y otros oficios?)

 

Cuarto: Realizamos una investigación para saber cómo son formados Y entrenados los agentes policiales que se envían a las calles; de dónde provienen los agentes y para qué se enganchan; y encontramos que nuestros policías NO reciben el suficiente entrenamiento para hacer sus funciones de manera competente.

 

A propósito de esto, creo que deberíamos pensar que tal vez sea una buena idea que el Ministerio de Educación pudiera crear algunos politécnicos en seguridad, que gradúen a los bachilleres que desean dedicarse a ser policías por vocación y que saben que tendrán salarios justos y una carrera profesional. Si existen politécnicos para el turismo, las ciencias, la tecnología o la informática, ¿por qué no pensar en politécnicos para ir formando y educando en valores y destrezas a los futuros policías?

 

Y lo más importante, Quinto: tomamos con seriedad la tarea de apoyar la elaboración de los reglamentos que ordena su Ley Orgánica, del 2016, pero que lleva 5 largos años sin ser aplicada. Una ley sin reglamentos no sirve para nada. Por ejemplo, la Ley de la Policía manda a que en su trabajo diario los agentes preserven, cuiden y protejan la vida humana, y para ello ordena un Reglamento para el uso de la fuerza y las armas letales. Sin embargo el Reglamento que todavía se usa es el mismo del 2013, que no contiene los elementos del 2016. En otras palabras: la regulación para el uso de las armas en la policía es la misma que ha existido desde hace décadas.

 

Por eso el Grupo de Trabajo revisó los 14 reglamentos que nos entregó el Director General de la Policía, vía el Ministro de Interior y Policía, los cuales han sido remitidos con nuestras observaciones y recomendaciones al Ministro de Interior y Policía y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que sean procesados y aprobados por el Presidente de la Republica y el Consejo Superior Policial. Lo repetimos, sin reglamentos, la Ley de Policía No sirve para lo que fue creada.

 

Y para completar este recorrido, el pasado fin de semana invitamos al país a las Naciones Unidas y a expertos de Canadá, Estados Unidos, Panamá, Honduras, Colombia, Chile, España e incluso de África, para que le explicaran al Grupo de Trabajo y a la plana mayor de la Policía, cómo se planifica, supervisa, cómo se reclutan y forman los futuros agentes, cómo se obliga a ser transparentes y en qué forma esas policías se relacionan en armonía con las comunidades donde trabajan.

 

Apreciados amigos y amigas:

 

Como Ustedes pueden observar el propósito de este Grupo de Trabajo es contribuir a CONSTRUIR una policía fortalecida, más transparente, más profesional, más eficiente y efectiva en  la lucha contra el crimen y la delincuencia, y más apegada a la Ley y al respeto de los derechos humanos.

 

Pero tenemos que estar claros: este proceso no se completa en seis meses o en un año. Va a tomar un buen tiempo, pero estamos obligados a comenzar a crear las bases de un nuevo reclutamiento, formación y entrenamiento de sus miembros; en mejorar el uso de los recursos que el Estado le entrega; en tener una mejor supervisión  de cada acto que realicen; en darle a cada policía que sale a la calle las mejores tecnologías para combatir el crimen con calidad y con elevado respeto de la dignidad y la vida de las personas.

 

Pero falta un elemento importante: pedimos que desde ahora comience un proceso de evaluación de cada uno de los miembros de la institución policial y que a quienes se compruebe que han deshonrado la Policía y el uniforme que les dio la sociedad, al unirse al crimen o la corrupción  en cualquier forma, sean depurados y separados del cuerpo policial.

 

Todos los miembros del Grupo de Trabajo estamos comprometidos con esta misión y como no es posible una reforma, transformación o modernización de la Policía sin la participación de la ciudadanía, le pedimos a ustedes que desde sus organizaciones sociales y comunitarias se unan a esta causa y persistan en ella hasta que logremos una policía moderna y digna de nuestra democracia.

 

Vamos a apoyar a esa policía que debe surgir, con los buenos agentes que existen, que son muchos, para que los episodios de dolor se superen y podamos reconciliarnos entre todos.

Descargar relatoría

 

Santo Domingo 16 de septiembre de 2021. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) celebró en su tercera edición, la Semana del Derecho y los Negocios: Santo Domingo 2021, que reunió a los más connotados expertos nacionales e internacionales en temas de Gobierno Corporativo, Garantías Mobiliarias, Contratación a distancia y Tecnología Aplicada a los Negocios.

 

El evento, el más importante en el ámbito jurídico empresarial realizado en el país sobre el tema, se celebró días 15 y 16 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo y estuvo especialmente dirigido a los miembros de la comunidad jurídica y al sector empresarial (abogados, estudiantes de derecho, magistrados, académicos, etc.) y funcionarios públicos que se relacionan con los ámbitos de regulación y desempeño del sistema financiero y económico.

 

La SDN 2021 es un evento que se realiza cada dos años y que tiene como objetivo abordar los temas más avanzados en materia de derecho y su relación con los negocios. En 2021 trataremos los temas de gobierno corporativo, contratación electrónica o a distancia, garantías sobre muebles y el uso de la tecnología y el derecho (FinTechs, RegTechs, etc.), coordinado por el Lic. Omar Victoria Contreras de la Firma OV. 

 

Algunos de los invitados internacionales que participaron en el evento fueron: Fernando Zunzunegui (España), Fernando Igartúa (España), Ljubica Vodanovic (Perú), María del Pilar Bonilla (Guatemala), Ligia Catherine Arias (Colombia), Mirari Barrena Longarte (España), Claudia Solares (Guatemala), Fanny Solano Agramonte (España) y junto a ellos una serie de connotados especialistas en el Derecho y los Negocios del país como Enmanuel Cedeño, Miriam Stern y Fabiola Herrera, entre otros.

 

La actividad contó con el patrocinio del Senado de la República Dominicana, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banco de Reservas, Banco Popular, Castaños & Asociados, Grupo Punta Cana - Corporación Aeroportuaria Este, Dirección General de Aduanas, Estrella y Tupete, IMCA, INICIA, Jaraba Import, Juristas, Multiquimica, OV y Seguros Universal.                       

 

La operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático de la República Dominicana. Como otros hechos similares ocurridos en los últimos años, muestra las graves falencias de nuestro ordenamiento jurídico e institucional y nos indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.

 

La sociedad dominicana ha perdido el sentido del asombro ante cada hecho de este tipo. Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que esos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social.

 

De la indignación social ante cada escándalo, hemos pasado a la curiosidad por conocer la nueva lista de los implicados en los amplios negocios que manejaban bajo el manto de la tolerancia y la indiferencia de las autoridades. Del asombro ante el conocimiento de la profundidad del daño que se ha infringido al tejido social, los medios de comunicación y las redes se concentran lamentablemente en la creencia de que estamos cerca del colapso.

 

Para FINJUS la operación Falcón ratifica que el Estado dominicano, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias contra quienes defraudan la confianza de las comunidades ante las cuales se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes.

 

Una magnífica oportunidad en ese camino es la revisión del Código Penal para que incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas como personas jurídicas. En hora de que los partidos políticos rindan cuentan a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a puestos de elección y dirección del Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicación de la corrupción, el tráfico de influencias y el imperio de la ley en el país.

 

La operación Falcón nos muestra asimismo lo peligroso que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y la necesidad de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales.

 

En medio de este panorama desolador surgen, sin embargo, algunas luces de esperanza. Saludamos la acción consistente del Ministerio Público en el enfrentamiento de casos como el que nos ocupa, la coordinación producida entre diferentes agencias gubernamentales para dirigir su acción de manera eficaz y el apoyo social que se ha generado a esta nueva manifestación de compromiso y responsabilidad en la lucha contra este grave mal social.

 

La lección más importante que esta Operación Falcón nos deja es que no deben dilatarse las iniciativas que conduzcan a reducir y limitar la presencia de los recursos del crimen organizado o sus representantes en la política dominicana y las instituciones democráticas. Estos lamentables hechos nos convencen que la adopción de nuevas leyes, como la de extinción de dominio, o modificar las existentes, como el Código Penal, no son meros ejercicios retóricos sino herramientas para la creación de una cultura de transparencia que mejore la calidad de la democracia.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

12 de septiembre, 2021

El Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, hizo la entrega durante la visita que realizó el presidente del TSE y la magistrada Rosa Fior Pérez a la FINJUS.

El proyecto de ley sobre las observaciones a la ley vigente fue elaborado por FINJUS y el TSE se comprometió a analizarlas. Dicho encuentro es parte de un preámbulo a la firma de un acuerdo de intención entre ambas instituciones.

 

 

Durante su visita, el Sr. Magdic estuvo acompañado del Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS  Dr. Servio Tulio Castaños y el Sr. Rafael Izquierdo en representación del Consejo de Directores; participaron además, Jason Grullón, Civil Society and Governance Specialist, Youth, Education and Security Office de USAID y Greici Romero del Senado de la República.

La visita del consultor Marko Magdic, se fundamenta en el  tema del Anteproyecto de  Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana.

24 de agosto de 2021

Ponente: Dr. Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

Transparencia en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas: Bullets

 

 

  1. Un balance de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones muestra que tras quince años de aplicación ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado para el uso óptimo y la transparencia en el uso de los recursos públicos para el logro de los objetivos de la Administración Central y de los poderes públicos en general.

 

  1. Hemos manifestado nuestro apoyo a las intenciones del actual gobierno de producir cambios profundos y significativos en la Ley 340-06, basados en la necesidad de hacer más transparentes, eficientes y sostenibles las decisiones que se adoptan en estas materias y especialmente enfrentar con responsabilidad la cultura de opacidad que ha caracterizado la gestión del Estado desde hace décadas.

 

  1. 3) Hemos criticado desde todos los ángulos la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano. Asimismo, resulta evidente que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones ha sido uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano y ha permitido la aparición de múltiples distorsiones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de la última década, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se ha derivado.

 

  1. Esta realidad choca frontalmente con la necesidad de erigir una nueva ética pública que descanse en los valores éticos y sociales de la sociedad y que debe ser asumida y adoptada por los funcionarios y la administración pública como propia y que están destinadas a la creación del bien común. De ello se deriva que los cambios que logren introducirse en la norma de compra y contrataciones y en este sistema de manera general, constituyen un tema de primer orden para el desarrollo social, político y económico en el país, el cual deberá seguir fortaleciéndose mediante las buenas prácticas mostradas por las instituciones que componen el Estado dominicano.

 

  1. En este marco se inscribe el esfuerzo de la Dirección General de Compras y Contrataciones de reforzar los principios y procedimientos de la Ley actual y abrir un escenario de discusión amplia e incluyente sobre las propuestas que se han producido, que culmine en una norma acorde con los postulados constitucionales y las mejores prácticas en esta materia.

 

  1. Algunos de los puntos esenciales que deberían ser tomados en consideración para la reforma de la norma de compra y contrataciones incluyen, desde nuestros puntos de vista, los siguientes:

 

  1. Valoramos la ampliación y precisión en las definiciones de los principios, contenidos en el anteproyecto de la Dirección General aunque observamos que el principio de “transparencia y publicidad” podría convertirse en dos principios separados, lo que con seguridad se traduciría en menores confusiones y usos desvirtuados de lo que implican ambos conceptos de manera individual; y permitiría enfatizar la ampliación de lo que implica la transparencia en un Estado social y democrático de derecho.

 

  1. Del análisis detallado de la Propuesta presentada de nueva normativa, valoramos que a partir del Título II, se establece a qué se sujetan las contrataciones y se incluye la generación de un expediente administrativo ante cualquier procedimiento de contratación que se inicie, partiendo de los supuestos incluidos en la Ley No. 107-13 sobre derechos de las personas en su relación con la Administración y procedimiento administrativo.

 

  1. Consideramos que lo anterior permitirá un seguimiento más preciso de la contratación pública y de paso fortalecerá, en gran medida, el sistema de control y la transparencia de los procesos.

 

  1. Resulta favorable que el anteproyecto reitera la necesidad de transparentar los procesos e instituye –además del control interno y externo del Estado– mecanismos de control institucional ejercidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas y mecanismos de control social ejercidos por ciudadanía organizada en mesas de fiscalización ciudadana.

 

  1. Este es un aspecto muy innovador que ha sido incluido en el marco normativo objeto de nuestro análisis. Además de las potestades que incluye el artículo 153, se establecen los programas de cumplimiento regulatorio, conforme lo indican las mejores prácticas anti-corrupción de la época moderna.

 

  1. Si bien resultaría un progreso notable, observamos que los componentes de dichos programas no pueden dejarse a la merced de la reglamentación complementaria sino que deben ser incluidos en el anteproyecto.

 

  1. Uno de los aspectos más importantes que debe tomarse en cuenta al valorar las reformas a la Ley de compras y contrataciones lo constituye la propuesta de control social, que podría ejercerse a través de las mesas de fiscalización ciudadana. Esta iniciativa deviene en un paradigma en materia de transparencia que estamos conscientes que provocará una cierta resistencia por parte de las prácticas tradicionales de toma de decisiones en el marco de los estamentos públicos.

 

  1. Sin embargo, consideramos de gran valor esta iniciativa para propiciar la democratización de los procesos y confiamos en que este aspecto podrá servir para prevenir prácticas corruptas e inobservancias a la propia norma.

 

  1. Queda claro que la transparencia y la erradicación de la influencia negativa de la clase política en el sistema de compras públicas generará en lo inmediato en importantes mejoras económicas, al mismo tiempo que una reorientación del gasto hacia cuestiones esenciales dentro de la gestión de la cosa pública. 

 

  1. Confiamos en que la inserción de toda la sociedad en los cambios que urgen al sistema de contrataciones públicas se traducirá en resultados favorables en muchos otros ámbitos del Estado social y democrático de derecho.

 

  1. La reforma al sistema de contrataciones públicas es un reclamo ciudadano que merece ser atendido y somos de opinión que la Propuesta de la Dirección General de Compras y Contrataciones sienta las bases para institucionalizar los cambios urgentes en materia de transparencia y calidad democrática que requiere el país.

 

 

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

18 de agosto 2021

 

 

Las dos instituciones se comprometen a mejorar el modelo de gestión y gobernabilidad para hacer más eficiente la asistencia al ciudadano.

 


Santo Domingo, 28 de julio de 2021.- La Defensoría del Pueblo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) trabajarán en el fortalecimiento de la entidad creada para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Dicho acuerdo se enmarca dentro del compromiso del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, de hacerla una institución más fuerte, más creíble y que pueda cubrir la demanda de servicios de la ciudadanía.

“Desde que fuimos escogidos como Defensor del Pueblo, nos propusimos hacer una institución que sea vista y reconocida como la que garantiza la ejecución de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos”, afirmó Ulloa tras la firma del pacto con FINJUS.

En este acuerdo se establece una mesa técnica para definir un modelo de gestión en la secretaría general, asistencia para la creación de un observatorio de gobernanza, desarrollo de actividades formativas, así como la integración del Defensor del Pueblo a los procesos de reformas que se realizan en el país.

De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, se refirió a la permanente disposición de esa entidad de la sociedad civil para contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad.

“La Fundación siempre ha estado presta a colaborar en todo lo que sea para mejorar las instituciones del país, y más en ésta que tiene el objetivo de velar por garantizar los derechos humanos”, sentenció Castaños Guzmán.

En lo adelante, comisiones de trabajo de ambas instituciones se encargarán de elaborar un cronograma de acciones para poner en marcha lo acordado.

 

 

 

                                                   

El reciente documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos titulado "Declaraciones sobre el clima de inversión 2021: República Dominicana" ha provocado algunas reacciones que reflejan la preocupación que existe en el país sobre la seguridad jurídica y la fortaleza de las instituciones democráticas.

 

En lo que concierne a la seguridad jurídica y su relación directa con el clima de inversiones que predomina en el país, los temas que aborda el Informe son de vital importancia en la actualidad y algunos de los elementos más destacados se refieren a aspectos generales de funcionamiento de los poderes públicos y su impacto en el mundo de los negocios, especialmente de aquellos vinculados con la inversión extranjera directa.

 

De este Informe, en FINJUS prestamos mucha atención a los señalamientos sobre prácticas indeseadas o ilegales que desembocan directa o indirectamente en casos típicos de corrupción en el país, o que se vinculan con la mala gestión institucional o las distorsiones en procedimientos diversos en áreas ligadas con operaciones comerciales o la permisología.

 

Pero nos enfocamos de manera particular en sus cuestionamientos a la debilidad del sistema jurídico, que conserva vigentes leyes inadecuadas en el mundo globalizado en que vivimos o que no se corresponden con requerimientos comunes a nivel internacional. Asimismo el Informe señala las debilidades por la falta de reglamentos idóneos o en la percepción del público de que la toma de decisiones judiciales y administrativas es inconsistente, opaca y tardía en la mayoría de los casos.

 

El Informe ciertamente reconoce que se han producido algunas reformas que apuntan en la dirección de resolver las deficiencias estructurales que padece la institucionalidad democrática y se observan mejoras en la informatización de los procesos judiciales, pero con un débil efecto en la duración de los mismos y en el acceso de calidad al sistema de justicia, especialmente de los sectores vulnerables.

 

Para FINJUS el Informe es un nuevo acercamiento a aspectos críticos de la vida democrática dominicana, trascendiendo el análisis concentrado en las garantías y los derechos humanos, al pasar revista a los aspectos más relevantes de las inversiones, los negocios, del desarrollo económico y social, la seguridad ciudadana y el florecimiento de una cultura de transparencia que confronte la altamente percibida impunidad y la corrupción en la sociedad dominicana.

 

Aunque tenemos pendiente una valoración más exhaustiva de su contenido, el Informe representa una nueva oportunidad que se abre al Estado y la sociedad dominicana, urgidos de cambios y transformaciones trascendentales en la vida institucional y el logro de los principales indicadores internacionales con los que nos hemos comprometidos internacionalmente.

 

FIN JUS reitera su compromiso con la elaboración de nuevas leyes que como la Ley General de Compras y Contrataciones públicas, de Extinción de dominio, Código Penal, Policía y similares, que vendrán a mejorar no sólo la percepción ciudadana sobre estos temas claves, sino que contribuirán a incrementar el interés de los inversionistas locales y extranjeros, para apoyar la recuperación post-pandémica y calidad de vida del pueblo dominicano.

 

 Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 27 de julio, 2021

Para ver el reporte completo y original ir a: https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/dominican-republic/

En la conferencia titulada “Magistrado presidente Manuel Bergés Chupani: la integridad de una vida al servicio de la justicia”, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara,  resaltó la obra y trayectoria profesional de Don Manuel Bergés Chupani, fallecido en el 2020 a los 101 años.  

Por CDN a las 11:00 am, 

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