Kenia Franco

Kenia Franco

 

Agradecemos a la comisión de ética pública del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (CEP-MICM) por su invitación a participar en este diálogo alrededor de una cuestión de tanta relevancia para la función pública como lo es “el delito de corrupción”. Vemos con agrado la creación de estos espacios de conversación, orientación y concienciación desde el seno de la Administración Pública, pues reitera el compromiso estatal y gubernamental de combatir este flagelo que tanta preocupación genera en la sociedad.

 

En efecto, socializar esta problemática con quienes deben afrontarlas en primer orden, es decir, con ustedes los servidores públicos, permite razonar sobre la necesidad de garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones y deviene en el fomento del apego a la ética y en el establecimiento de una cultura de integridad desde la misma Administración.

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, de manera reiterada, junto a otras organizaciones sociales y entes gubernamentales, hemos asumido la discusión sobre este tema procurando siempre colaborar en el planteamiento de soluciones que promuevan la consolidación de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Consideramos que el modelo estatal que se encuentra configurado en nuestra Constitución condena la realización de prácticas patrimonialistas y clientelistas ya que las mismas afectan la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos, además de que obstaculizan el proceso de construcción de un orden justo y democrático en cualquier sociedad. La sociedad con elevados índices de corrupción se caracterizan por un considerable atraso, constituyendo uno de los frenos u obstáculos para el desarrollo nacional y en especial para la modernización de sus instituciones.

 

En esta ocasión desearía ocupar su valiosa atención haciendo algunas puntualizaciones con relación al delito de corrupción, enfatizando aquellos que están tipificados en el marco legislativo dominicano; esto sin dejar de lado la necesidad de reflexionar sobre la forma de como la corrupción se convierte en el flagelo que distorsiona el discurrir de la administración pública.

 

  • Consideraciones generales.

 

Referirnos a la corrupción, en el caso que nos ocupa que es en el contexto estatal, amerita entender su contenido. Esta práctica alude a la utilización de funciones públicas y de medios destinados al interés general en provecho de sus gestores, esto es de quienes están obligados a bien administrarlos. La doctrina latinoamericana ha acuñado una definición en ese sentido delimitada por el catedrático Bejarano, quien establece que: “...hay un acto de corrupción cuando una persona ilícitamente pone su interés personal por encima de los intereses generales a los cuales está obligado a servir”.

 

La corrupción administrativa se percibe como un acto que desnaturaliza la esencia de la función pública al reducirla al aprovechamiento personal o de un grupo particular.

 

La corrupción se origina por factores diversos como lo son: aspectos de carácter cultural, moral, político y económico, así como por la falta de control administrativo, de visión de gestión adecuada y de un sistema de consecuencias lo suficientemente estricto como para desincentivar su práctica.

 

 Los expertos que estudian el aspecto económico sostienen que la corrupción es un problema de motivos y oportunidades. Los motivos, debido a los bajos salarios y la falta de incentivos de los empleados públicos, así como a las oportunidades, al poder discrecional excesivo y a las deficiencias de información y control[1].

 

Otros autores, establecen la corrupción como un factor inevitable de los procesos de modernización; entendiendo que los referidos procesos ocasionan cambios bruscos en los valores de la sociedad, crean nuevas fuentes de bienes y poder, e implican un crecimiento de la estructura del Estado y su injerencia en áreas anteriormente reservadas al sector privado[2].

 

Sin necesidad de encasillarnos en cualquiera de estas dos perspectivas, se puede comprobar que la corrupción merma la calidad de nuestra institucionalidad democrática y desmejora las estructuras estatales. Así que, sin importar la motivación estricta que lo origine, se requiere entender que el panorama que poseemos como país exige la formulación y adopción de estrategias que propicien una administración cimentada en principios de transparencia e integridad, tal y como lo configura nuestra Constitución.

 

  • La corrupción en la Administración Pública

A partir del contenido de nuestra ley sustantiva podemos verificar los conceptos que ha definido el ordenamiento jurídico dominicano con relación a la corrupción, lo cual permite identificar el tratamiento legal que se le da a este fenómeno.

 

Lo mencionado anteriormente, respecto a que se genera corrupción cuando se antepone el provecho particular al interés general, revela el estrecho vínculo que tiene la esencia y principios que sustentan la administración pública con las oportunidades que permiten que se produzcan actuaciones corruptas.  

 

En nuestra Constitución podemos encontrar las bases que asientan el concepto de Administración Pública, así en su artículo 138 establece que la Administración “está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

 

Estos principios comprometen al servidor o funcionario público en tanto actúe en el marco de sus funciones dentro de la organización del Estado, generando una serie de responsabilidades prácticas y, sobre todo, éticas frente a la ciudadanía.

 

Principios como los de eficiencia, racionalidad y transparencia son esenciales para comprender el conjunto de conductas que se abarcan dentro del fenómeno de la corrupción.  

 

Sobre ello, por ejemplo, tenemos el principio de eficiencia que nos indica que el funcionamiento de la Administración Pública propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios. Esto puede darnos la idea de cómo la irracionalidad del uso de los recursos es lo que está detrás, en diversas ocasiones, de un determinado acto de corrupción.

 

Así también tenemos el principio de racionalidad, el cual es el que instituye que las formas organizativas que adopte la Administración Pública serán las necesarias para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Así, —y esto debe ser tomado muy en cuenta—, sólo bajo el manto de lo necesario se regirá la organización administrativa, es decir, que este principio trata de evitar los excesos en el seno de la Administración, situación estrechamente vinculada con los delitos de corrupción.

 

Otro de los principios que mencionamos y uno de los más fundamentales es el de la transparencia. Este instaura, en términos generales, el hecho de que los entes públicos establecerán sistemas que suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, con el fin de que se pueda ejercer el control social sobre la gestión pública. Este principio, entre otras razones, es el que fundamenta la adopción de una Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

 

Respecto al incumplimiento del principio previamente definido, debe destacarse que es lo que provoca muchos de los delitos de corrupción en el ámbito estatal. El servidor público y, por vía de consecuencia, las instituciones a las cuales pertenezca tiene el deber ineludible de ser transparente con cada una de sus actuaciones, ya que evita el manejo indebido y discrecional de fondos públicos y permite acentuar o no la veracidad sobre la actividad administrativa.

 

La Constitución Dominicana es clara al establecer que se condena cualquier acto de corrupción en el Estado.

 

En efecto, uno de los elementos más interesantes del texto constitucional al respecto es que instauró la proscripción de la corrupción desde la perspectiva de dar cumplimiento al principio de transparencia, estableciéndose casi como derecho fundamental el que la ciudadanía tenga garantía de una administración pública honesta.

 

En el artículo 146 la Constitución se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, al disponer que sea sancionada con las penas que disponga la ley a quien sustraiga fondos públicos, se beneficie o beneficie a los suyos por tráfico de influencias, entre otros. Además, coherente a ello, en otros articulados se indica el deber de respeto del patrimonio público por parte de los servidores y/o funcionarios públicos y el ejercicio transparente de la función pública.

 

  • El delito de corrupción y su tipificación en las leyes dominicanas.

 

En el ordenamiento jurídico dominicano encontramos disposiciones legales, que llevan consigo el control jurídico, para sancionar las diversas inconductas cometidas en la administración pública por sus funcionarios y funcionarias.

 

La mención de cada una de las infracciones asociadas con la corrupción resultaría de mucho volumen. Nos concentraremos en el Código Penal dominicano y otras leyes adjetivas que disponen sobre los crímenes y delitos contra la cosa pública o contra la función pública, esto es aquellos delitos cometidos por los funcionarios públicos que se hayan mezclados en asuntos incompatibles con su calidad.

 

De los más conocidos destaca el soborno o cohecho cometido por los funcionarios públicos. Esta infracción está contemplada en la Constitución dominicana, el Código Penal y en la Convención Interamericana sobre Corrupción, todos los cuales son instrumentos legales que siguen la lógica de proteger la eficacia de la Administración pública, garantizando la probidad e imparcialidad de los servidores.

 

En nuestra legislación se identifican como elementos constitutivos de esta acción la calidad de funcionario o empleado público, ya sea del orden administrativo, municipal o judicial y la acción de recibir dádivas o promesas para que, mediante su función, se efectúe algún acto no sujeto a salario aun este acto fuera justo. De igual manera, se condena la omisión a ejecutar  cualquier  acto lícito o debido que sea propio de su cargo.

 

Por otro lado conviene apuntar sobre la prevaricación que, al entenderse como la comisión de crímenes por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, da una amplitud que puede resultar confusa al tenor de su tipificación. Solo necesita el hecho material de incurrir en crimen, la intención  y el elemento distintivo que lo proporciona la calidad del autor.

 

Algunos juristas distinguen este delito del concepto estricto de corrupción, señalándolo como el sistema de consecuencias propio para lograr el sometimiento del ejercicio de la función pública al estado de derecho y el principio de legalidad.

 

Otros delitos que se encuentran en nuestro ordenamiento lo son la coalición de funcionarios; la utilización de informaciones y datos reservados (artículo 268, numeral 1); las sustracciones cometidas por los depositarios públicos y las concusiones cometidas por los funcionarios públicos.

 

Desde FINJUS hemos promovido la aprobación de una nueva legislación penal. Gran parte de nuestros esfuerzos están concentrados en el hecho de que, de aprobarse el nuevo Código Penal, podríamos contar por primera vez con una delimitación precisa de los actos de corrupción tipificados en la norma, lo que ayudaría al combate de la corrupción y brindaría las certezas jurídicas que ayuden a erradicar un posible clima de impunidad en nuestro país.

 

Recientemente, a nuestro marco legal se ha añadido la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la cual se tipifica una serie de delitos relacionados al flagelo de la corrupción.

Igualmente, otro de los mecanismos tendentes a proscribir la corrupción lo es la Ley No. 311-14 sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito, legislación que aborda la necesidad de transparencia para con los servidores públicos, so pena de sanciones penales, para aquellos servidores públicos que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado y/o desproporcionado.

No podemos dejar de mencionar la Ley No. 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, la cual condena el delito de soborno, popularmente conocida como el acto de otorgar recompensas, a los fines de conseguir beneficios particulares de parte de quien recibe los recursos. Con lo anterior, observamos que múltiples son los delitos contemplados en las normas dominicanas para combatir la corrupción.

 

  • Reflexiones

 

Sin embargo, más que detallar la tipificación de cada uno de los delitos de corrupción que se encuentran en nuestro marco jurídico, lo que conviene entender es la esencia de la función pública y la necesidad de cumplir a cabalidad con los principios que se erigen como su base. Consiguiente a eso, diseñar políticas y estructuras que se orienten a la prevención y al desincentivo de la ocurrencia de actos que se encuadren dentro del fenómeno de la corrupción.

 

Como indica el jurista mexicano Oscar Diego Bautista, debemos reconocer que “la función pública es una organización que gestiona intereses generales y que las consideraciones éticas constituyen algo consustancial a la actividad de quienes forman parte de las administraciones públicas. Se rescata la idea sobre la importancia de los valores en el servicio público para alcanzar una transformación efectiva que permita lograr una verdadera cultura administrativa”.

 

Para ello entendemos esencial, entre otros aspectos, que el funcionario o servidor público se refleje en todas las dimensiones de la ética. Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas administrativas es importante para “hacer frente a los problemas de ineficiencia, corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas del mundo a fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que acompañe a los gobernantes y funcionarios”.

 

Debe entenderse que los actos de corrupción, que pudieren ser cometidos en la Administración Pública, no serán derrumbados caso por caso, sino cuando sean enfrentados desde una nueva cultura institucional. La ética normalizada debe convertirse en el estadio de actuación cotidiana de los servidores y funcionarios públicos.

 

Bien sabido es por todos que nuestro país ha continuado en el ojo del huracán por graves casos de corrupción, a tal grado de generarse la falsa percepción de que en todos los casos la corrupción es inherente a la función pública en el país. Sobre ello, consideramos que sería lamentable la persistencia de una órbita de corrupción normalizada, por ponerle alguna etiqueta.

 

Para la erradicación de este flagelo, apostamos a lograr mayores niveles de conciencia a lo interno de la administración, promoviendo una nueva visión sobre la gestión de la cosa pública. Esto lo define de manera precisa el profesor Barzelay al establecer que, “la Nueva Gestión Pública implica asumir una serie de principios que definen una forma distinta de pensar la gestión gubernamental y la incorporación de nuevas pautas de desempeño institucional. Representa un cambio en la perspectiva tradicional de la administración pública hacia un sistema que pone énfasis en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional”.

 

Entendemos necesario aunar voluntades y esfuerzos a fin de lograr una cultura institucional sólida que permita la consolidación de un modelo verdaderamente democrático, sostenible y ético.

 

Muchas gracias,

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzman

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

22 de mayo de 2019

 

[1]MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique; RAMÍREZ MORA, Juan Manuel. La corrupción en la Administración Pública: un perverso legado colonial con doscientos 1 años de vida republicana. Disponible en línea: [Ver en: file:///C:/Users/FINJUS/Downloads/Dialnet-LaCorrupcionEnLaAdministracionPublica-3268410.pdf]

[2] Ibídem

 

La reciente decisión rendida por el Tribunal Superior Electoral (TSE), respecto a la acción de amparo en contra de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que eliminó el arrastre en 26 provincias y lo mantuvo en las cinco restante y el Distrito Nacional, ha vuelto a evidenciar la necesidad de reformular la delimitación competencial de la jurisdicción especializada en materia electoral de manera que responda al diseño constitucional, en tanto lo configura en su artículo 214 como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales (…)”

 

La ley 29-11 orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) enlista las atribuciones que le son conferidas por el legislador a esta corte. Sin embargo, parece haber dejado vacíos en el alcance de su competencia permitiendo que casos como estos, en los cuales se trata de un conflicto generado por la alegada afectación a derechos fundamentales en la resolución administrativa de la JCE que se impugna, sean derivados ante otras instancias.

 

Ante el conflicto de competencia que genera este vacío legislativo, el Tribunal Constitucional (TC) ha esgrimido, mediante las sentencias 0282/17 y 0624/18, que, en principio, las actuaciones y omisiones administrativas de los órganos constitucionales del Estado contrarios al ordenamiento jurídico deberán ser controlados por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), pues, al no haber normativa en contrario o que atribuya de manera exclusiva a la jurisdicción especializada, es el TSA que está llamado a controlar la legalidad de la actuación administrativa de los órganos del Estado a requerimiento de la ciudadanía.

 

Continúa señalando la Corte Constitucional que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de la legalidad y las contrariedades de constitucionalidad que se presenten en el   contexto   de   los   actos   que   emanen   del   ejercicio   de   la   facultad administrativa  de  la  administración  pública. Esto así pues si bien el radio de acción del TSE comprende el conocimiento de los amparos electorales, los delitos y crímenes electorales, entre otros asuntos, no hay normativa  constitucional  o  legal  que le  atribuya de manera expresa  la  facultad  de  controlar  la legalidad  de  los  actos  administrativos  electorales  emitidos  por  la Junta  Central Electoral.

 

Del análisis de lo anterior, conjugado al carácter vinculante de los precedentes del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, entendemos consecuente la sentencia del Tribunal Superior Electoral pues le correspondía acatar y fallar de conformidad al criterio expresado por el primero.

 

Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que el razonamiento que condujo a este criterio encuentra su base a la ausencia de una adecuada delimitación de competencia del Tribunal Superior Electoral que justifique su esencia de jurisdicción especializada externa al Poder Judicial, lo cual no permite su consolidación como órgano encargado de dirimir los asuntos contenciosos electorales.

 

En este sentido, advertimos que la transferencia al Tribunal Superior Administrativo de las contestaciones que surjan contra los actos y decisiones de la JCE en materia electoral, diluye la función específica que le asigna la Constitución al Tribunal Superior Electoral. La Constitución delimitó con cuidado las competencias de los órganos autónomos para evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de estos entes extra poderes.

 

La exclusión de la jurisdicción electoral como la vía natural e idónea para conocer de los diferendos relativos a la actuación de la JCE, sobre todo cuando se ven envueltos derechos fundamentales, termina por alterar la esencia de un órgano especializado en el ámbito electoral. Es por ello que resulta necesario que el legislador pondere una eventual reforma  a la ley 29-11 orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE).

 

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

21 de mayo de 2019

Convención Anual de los clubes de leones del cibao 2019

Asociación Internacional de Clubes de Leones

DISTRITO R-2

Hotel Emotions Playa Dorada, Puerto Plata

Sábado 11 de mayo de 2019

 

 Tema: Impacto del respeto a la institucionalidad en el desarrollo de un país

 

Agradezco muy sinceramente el honor que me confiere el Distrito R-2, integrado a la honorable Asociación Internacional de Clubes de Leones, al invitarme a compartir con ustedes en esta convención anual de los clubes de leones del Cibao.

 

Antes de abordar el tema que nos concierne, en el marco de la apertura de este evento, debo decir que para todos los dominicanos, especialmente los de mi generación, resulta una gran distinción coincidir con los miembros de esta importante organización, cuya trayectoria de bien, su vocación y su constancia para apoyar las mejores causas humanitarias y sociales en nuestro país constituye un modelo de trabajo al servicio de la comunidad.

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), nos hemos empeñado en asumir como objetivo fundamental la concreción del tema que hoy nos ocupa: “el respeto a la institucionalidad”. Para ello, junto a otras organizaciones de la sociedad, hemos colaborado en el diálogo y planteamiento de soluciones que promuevan la consolidación del Estado social y democrático de derecho consignado en nuestra Constitución.

 

Consideramos sumamente relevante que entes sociales como los son los clubes de leones inviten a la conversación y concienciación de aspectos tan esenciales para el desarrollo nacional como lo es el respeto a la institucionalidad de cara a la consolidación del diseño estatal que propugnamos desde nuestra norma fundamental. Nos satisface saber y reafirmar que los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad, sobre todo la que atañe a una verdadera democracia, nacen por numerosos caminos y encuentran respaldo.

 

Al abordar este tema entendemos esencial partir de las nefastas consecuencias que, en diversos momentos de nuestra historia, como país hemos padecido a causa de la falta de institucionalidad en el diseño estatal. Referirnos, solo por citar algunos ejemplos, a la crisis sociopolítica y económica que antecedió y dio paso a la primera intervención norteamericana en 1916; al impacto que significó la dictadura de Trujillo a la incipiente modernización estatal a la que se encaminaba la nación; a los posteriores ataques que obstaculizaban una inminente transición democrática post régimen, entre otros.

 

A pesar de estas etapas críticas de nuestra historia estatal, no podemos desconocer que, luego de establecida la democracia como sistema político en nuestro país, esto es en los últimos años, se han hecho esfuerzos en torno a la construcción de una cultura de institucionalidad de la cual no solo se visibilizan cambios en el sector privado sino que se perciben importantes avances desde el seno de la Administración Pública. La suma de legislaciones y decretos, la implementación de políticas públicas, la elaboración de planes gubernamentales y las distintas acciones de control social y político, en las cuales ha tenido relevante participación la ciudadanía, han contribuido a mejorar el funcionamiento del Estado y sus instituciones.

 

Sin perjuicio de lo anterior, somos conscientes que todavía persisten fallos estructurales que frenan el desarrollo nacional y constituyen serias preocupaciones respecto del futuro de la Republica Dominicana, dentro de estos: el incumplimiento de los deberes y principios básicos que están establecidos en nuestro ordenamiento, la existencia de graves casos de corrupción, las evidentes debilidades en los sistemas de consecuencias, las serias falencias de nuestros partidos políticos, etc.

 

En efecto, los rankings internacionales en áreas claves del desarrollo y la democracia reflejan que como país ocupamos puestos críticos en cuanto a debilidades latentes en la Administración Pública. Por citar un ejemplo, según el Informe Konrad Adenauer sobre Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en 2014, ocupamos junto a Guatemala los últimos lugares, por nuestras deficiencias en el cumplimiento de formalismos y en el ejercicio de los derechos y libertades y la calidad institucional.

 

En este mismo sentido han concluido estudios más recientes. Traemos a colación consideraciones expresadas en el último informe emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la calidad democrática en la República Dominicana hasta 2018, en el cual, en su capítulo de calidad de la gestión pública y calidad de vida se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

 

“El país experimentó un avance moderado en la profesionalidad de la Administración Pública, pero también aumentó la desconfianza en las instituciones (…)

 

La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado (…)

 

Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia dominicana ante situaciones con potencial desestabilizador”

 

De cara al actual contexto que enfrentamos como nación, interesa sobremanera que, en escenarios como estos, se trate este tema. De inicio, es indispensable señalar la conceptualización del término “institucionalidad”, el cual hace referencia a la consolidación permanente, uniforme y sistemática de conductas, usos e ideas mediante instrumentos que aseguran el control y cumplimiento de una función social[1].

 

Otras definiciones doctrinales aportan elementos importantes que conviene tomar en consideración pues establecer una cultura de institucionalidad implica diseñar un conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales [2];  esto sin olvidar que las instituciones en sí mismas son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los individuos erigen expresamente (…) de acuerdo a las características peculiares que identifican los rasgos dominantes de una determinada economía y sociedad[3].

 

A propósito de esto último debe destacarse que las instituciones no son simple reflejo de la economía o de la sociedad, pues impera una relación de influencia e interdependencia (…) entre ellas, de manera que las instituciones moldean las preferencias de los individuos y los intereses de las organizaciones, y, a su vez, los individuos y organizaciones transforman las relaciones institucionales[4].

 

La aplicación de este concepto como principio transversal en las estructuras que conforman el Estado requiere entender algunas particularidades. En primer lugar, la permanencia, pues la institución está supuesta a permanecer en el tiempo sin importar las voluntades que la crearon, es por ello que, por ejemplo, pierde relevancia lo que circunstancialmente quieran gobernantes y gobernados en lo que concierne al fundamento del Estado como institución.

Como consecuencia de lo anterior se logran conductas uniformes a medida que se establecen las directrices que son inherentes a la institución como tal, las cuales deberán ser seguidas por sus adherentes a fin de alcanzar el fin o propósito para lo cual fue creada o que justifica su existencia, esto es su función social.

 

El cumplimiento de estos fines requiere de ciertos instrumentos para llevarlos a cabo que pueden erigirse en objetos tangibles, como las infraestructuras, o en cuestiones relativas a las ideologías o fundamento de la institución que se concretizan a través de las  normas que la rigen.

 

A fines de comprender el impacto que supone el respeto a la institucionalidad para el desarrollo de nuestro país, específicamente, conviene primero recordar las directrices fundacionales que sustentan y erigen al Estado dominicano como institución.

 

Para ello nos remitimos a la Constitución, en tanto ley suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, que establece en sus artículos primero y séptimo lo siguiente:

 

Artículo 1. – Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

 

Artículo 7. – Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de republica unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

 

De esto verificamos la configuración del Estado como institución con carácter permanente, así como su definición de social y democrático de derecho como condiciones innegociables para el sostenimiento del mismo.

 

Resaltamos que la base de nuestro Estado encuentra cauce en la democracia como sistema político, modelo el cual hemos asumido y defendemos pues, aunque adolece de defectos y no hay ejemplos de erradicación de abusos, injusticias y corrupción, evocando a Churchill, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.
       

De ahí que resulte necesario adentrarnos a la institucionalidad democrática, de manera específica, para abordar lo relativo al desarrollo nacional estableciendo, en primer orden, que la principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos que se consolida mediante el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros.

 

Un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo enarbola nuestra Constitución, requiere de la construcción y perfeccionamiento de instituciones democráticas que cumplan cabalmente con sus competencias y atribuciones. El jurista y académico mexicano Jaime Cárdenas expone de manera precisa este punto en su ensayo titulado “La Construcción de la Institucionalidad Democrática” en el cual afirma que:

 

“Se construyen instituciones democráticas en periodos de transición a la democracia, o también en democracias consolidadas cuya finalidad es profundizar (reconocer, proteger, garantizar) derechos humanos y establecer mecanismos para que los gobernantes rindan cuentas y actúen responsablemente, los poderes se mantengan en equilibrio, etcétera.

 

Con las instituciones democráticas se pretende desarrollar o lograr la realización de la democracia, esto es la competencia entre los partidos en igualdad de oportunidades, las elecciones como método para dirimir la integración de los poderes,  y los derechos humanos para justificar y caracterizar el Estado de derecho.”

 

Al igual que otros países del hemisferio pareceríamos encuadrarnos dentro de una transición hacia la democracia o inmersos en el proceso de su consolidación, pues todavía no se ha alcanzado la construcción del entramado institucional que exige una democracia. 

 

Si bien esta consolidación democrática está mermada por factores como la desigualdad socioeconómica, el subdesarrollo, la pobreza, la corrupción, entre otros, no es menos cierto que lo que se requiere, en orden primario, para arribar a una transformación política tangible, es la concreción del marco jurídico e institucional.

 

Es preciso advertir que sin una organización adecuada de esa base rectora, los procesos de cambio pueden sumirse en un estancamiento que devienen en menoscabo de los esfuerzos de los actores políticos y sociales, quienes entonces lejos de abrazar el objetivo nación se aferran a la salvaguarda de sus intereses.

 

En estos últimos años el contexto político-institucional de la República Dominicana ha tenido altos picos de variabilidad como consecuencia de la ola de reformas orientadas a adecuarnos a las tendencias contemporáneas y al proceso de globalización; pues, aunque subsisten grandes retos, desde la sociedad se ha entendido el papel del fortalecimiento de la institucionalidad como elemento indispensable no solo como garantía de una verdadera democracia sino también como motor para incentivar a los agentes económicos lo cual es fundamental para el desarrollo nacional.

 

Con relación al aspecto económico es preciso apuntar que un entorno político-institucional estable y con una sólida seguridad jurídica facilita el desarrollo de los negocios al promover la inversión privada, nacional y extranjera; en contraposición a ello, cuando no hay institucionalidad garantizada en los órganos gubernamentales no se obtienen los beneficios derivados de la competencia en un mercado ordenado y libre.  

 

De las grandes reformas de los últimos años debemos mencionar la Constitución de 2010 que marcó pautas claras respecto al nuevo ordenamiento en las capacidades institucionales del aparato estatal indicando, mediante reservas de ley, la necesidad de contar con disposiciones normativas claras que regularan determinado aspecto; de igual forma se reestructuró e instituyó los órganos incumbentes a los poderes del Estado e, incluso, se crearon órganos extrapoderes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y la adecuación del Tribunal Superior Administrativo a los fines de establecer una estructura coherente que garantizara la efectividad de las reformas contenidas.

 

En lo relativo a la conducción del Estado, el texto constitucional estableció mediante su artículo 241 que fuese sancionado por ley el proceso de planificación y de inversión pública, compromiso el cual derivó en la la ley 1-12 del 25 de enero del 2012 que diseñó la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030.

 

Este documento (Estrategia Nacional de Desarrollo) entendemos propicio mencionarlo pues es la expresión más clara que encontramos en nuestro marco normativo de los esfuerzos que se hacen para encaminarnos hacia una cultura de institucionalidad o, al menos, la evidencia de una declaración de principios y/o especie de carta compromiso suscrita desde el Estado en este sentido.

 

La referida disposición recoge el enfoque país dividiéndolo en 4 ejes claros que impactan todos los sectores de la sociedad: 1) el fortalecimiento institucional para la consecución de un Estado Social y Democrático de Derecho; 2) la igualdad de derechos y oportunidades; 3) un modelo de desarrollo económico con crecimiento sostenido; y, 4) una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible.

 

Dentro del primer eje, relativo a lo institucional, que consignó la estrategia nacional de desarrollo, se resaltó la necesidad de contar con instituciones regidas por la ética, la transparencia y la eficacia que garanticen, entre otros aspectos, la gobernabilidad y el desarrollo nacional y local

 

A modo de ilustración se indicaron como compromisos la tarea de adecuar la estructura organizativa del Estado de conformidad al derecho administrativo moderno; así también implementar el servicio civil y la carrera administrativa en todos los estamentos de la administración pública e, inclusive, en los gobiernos locales. Por otro lado, se estableció la intención de cumplir con las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas en procura de garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de los órganos estatales

 

De igual forma, se esbozó la reforma de los marcos legales e institucionales relativos a seguridad ciudadana y defensa nacional, partiendo de los altos niveles de inseguridad que enfrenta la sociedad dominicana y que se traducen en elevados costos sociales y económicos pues para contrarrestarlos se aumentan las partidas para la búsqueda de soluciones alternas como la contratación de seguridad privada.

 

Otro punto tratado lo fue la regulación normativa del sistema de partidos y el régimen electoral que apuntaba a la institucionalización de las agrupaciones partidarias y el restablecimiento de la confianza de los diversos sectores de la sociedad en el esquema electoral y partidario de nuestro país.

 

De estos compromisos se han concretado importantes piezas legislativas que aún se encuentran en proceso de implementación y adecuación dentro de nuestro marco jurídico, como son: la Ley 247-12 del 9 de enero de 2012 que es la orgánica de la administración pública; la Ley 107-13 del 6 de agosto de 2013 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo; la Ley 137-11 del 13 de junio de 2011 orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales; la Ley 139-13 del 13 de septiembre de 2013 orgánica de las fuerzas armadas; la Ley 590-16 del 15 de julio de 2016 orgánica de la policía nacional; la Ley 631-16 del 2 de agosto de 2016 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados; la Ley 155-17 de 2017, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

 

Aunque estas novedosas legislaciones no constituyen una panacea ni se erigen como la garantía de la institucionalidad, entendemos son pasos interesantes hacia el fortalecimiento de nuestra estructura democrática.

 

Así que corresponde que la sociedad continúe pendiente en las capacidades institucionales y la ejecución de las instituciones en el cumplimiento del orden normativo. Esto añade otros retos a los que subyacen en nuestra realidad actual.

 

No quisiera finalizar sin tocar de manera específica uno de los desafíos más importantes que nos corresponden como nación: el tema de la corrupción. Por todos es sabido que la corrupción como flagelo ha tenido especial incidencia y ha volcado la atención pública en los últimos años, generándose un preocupante clima de desconfianza hacia los gobernantes.

 

Estudios internacionales como el Latinobarómetro (publicaciones de 2017 y 2018) coinciden en que la corrupción, como consecuencia de la falta de institucionalidad, es el tercer problema de mayor importancia en República Dominicana constituyéndose en un impedimento importante, especialmente, en la efectividad de distribución del PIB y la realización de negocios, esto se refleja directamente en los indicadores económicos y financieros que miden la factibilidad económica del país; de ahí la necesidad de que todos los sectores de la sociedad tengan pendientes los temas relacionados a este punto y se aúnen esfuerzos en reformas legislativas eficaces que conjunto a un sistema de justicia fortalecido reduzca las brechas de oportunidad de corrupción en la administración pública.

 

Nos inquieta que los propios mecanismos institucionales creados por las leyes sean ignorados por algunas autoridades, actuando con actitudes de dueños de la verdad, en lugar de ser dirigentes, conductores sociales y líderes a los que las comunidades, hombres y mujeres sencillos, les han dado poder para representarlos.

 

En esta preocupación incluimos la especial atención que amerita nuestro sistema de justicia; y es que un sistema de justicia resquebrajado no podrá hacer frente a flagelos como la corrupción, el auge del crimen organizado, el incremento de la violencia, entre otras problemáticas que terminan afectando gravemente el desarrollo social, estancándolo.

 

Desde la perspectiva de la procura de la institucionalidad consideramos que como país estamos ante la oportunidad de acelerar de manera significativa el tránsito de una estructura patrimonialista y basada en la lealtad personal, a un esquema institucionalizado y fundado en principios coherentes con un Estado Social y democrático de derecho.

 

Para ello se requiere del concierto de todos los entes de la sociedad, de la cual ustedes son parte como individuos y como institución, por lo cual entiendo deben verse como promotores de cambios positivos y realistas, en base a sus principios y valores, de forma que su labor sirva como abono para crear una nueva cultura donde el diálogo, la responsabilidad y la fraternidad nos conduzcan a ser mejores ciudadanos y ciudadanas creyendo siempre en la necesidad del consenso y la actuación conjunta para aproximarnos al diseño de soluciones sostenibles, justas y humanas de nuestros problemas.

 

Gracias por la invitación y reitero mis felicitaciones por el excelente trabajo que, desde sus diferentes estructuras, realizan los Clubes de Leones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños

Vicepresidente ejecutivo de la FINJUS

11 de mayo 2019

 

 

 

[1] Lucas Verdú, Pablo, Principios de ciencia política, Madrid, Tecnos, tI, 1977, p. 238.

[2] Ayala Espino, José. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado, México, UNAM, 1996, p. 321.

[3] Ídem

[4] Cárdenas, Jaime, La construcción de la institucionalidad democrática, UNAM, México, 1999, pp. 20, Disponible en: https://www.revistadelauniversidad.mx/storage/bf336858-d761-444d-8f11-5286420796c0.pdf

Discurso del Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, Presidente del Consejo de Directores de FINJUS

 

Apreciados miembros de nuestra Junta Directiva, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales, funcionarios públicos e invitados presentes en este acto de juramentación 

Permítanme expresar, en nombre del equipo de hombres y mujeres que integran este nuevo Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la sincera gratitud por estar nuevamente con nosotros en esta tarde, en que nos proponemos renovar nuestro compromiso de dar continuidad al reto que iniciamos en 1990.

 

Reconocemos que son muchos años los que juntos hemos dedicado a la tarea de aportar nuestra modesta contribución para ver realizada la gran meta de fortalecer la democracia y sus valores y que día a día, hagamos realidad el milagro de convertir esta sociedad en un lugar donde la dignidad, el progreso económico, el trabajo constante, el florecimiento de la cultura y el imperio de la justicia y la institucionalidad, se den la mano en armonía, para sentir el orgullo de reconocernos, por encima de cualquier otra condición, como buenos dominicanos y dominicanas.

 

Hemos perdurado porque la visión que unió al valiente grupo de hombres y mujeres que se congregaron hace 29 años, continúa latente e incompleto en muchos de sus aspectos fundamentales. Juristas y empresarios, muchos de los cuales estamos en esta sala, se unieron para promover la renovación del pensamiento jurídico, adoptar nuevas leyes y sustituir códigos con más de 200 años de vigencia, insistir en cambios esenciales en la estructura de las instituciones democráticas, como las elecciones y el valor del voto; defender el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder y sobre todo reafirmar su compromiso con la promoción del Poder Judicial como un verdadero poder del Estado y en esencia, promover y defender los principios de nuestra Carta Magna. Descargar discurso 

 

A propósito de la reciente Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), de fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual este órgano internacional reiteró que mantiene su competencia contenciosa sobre República Dominicana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, indicando además que la decisión del Tribunal Constitucional número 256-14 no genera efectos jurídicos en el derecho internacional, corresponde plantear algunas consideraciones alrededor de los cuestionamientos que han surgido en el seno de la sociedad.

 

Es sabido que la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional a la que hace referencia la decisión de la Corte Interamericana, declaró la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte IDH de fecha 19 de febrero de 1999, suscrito por el entonces presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, esgrimiendo como motivación de la sentencia que el referido instrumento estaba afectado de inconstitucionalidad en razón de que emanó únicamente del Poder Ejecutivo sin contar con la  ratificación  del  Congreso  Nacional, entendiendo este requisito derivado del contenido del numeral 6 del artículo 55 de la Constitución de 1994.

 

Es preciso acotar que la República Dominicana firmó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1977, la cual fue ratificada sin reservas por el Congreso Nacional mediante la Resolución núm. 739 de ese mismo año, dando cumplimiento al requerimiento constitucional de que los tratados y convenciones internacionales han de ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. Esta es la fuente de derecho de la cual deriva la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, al indicar que conocerá de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la Convención. Sin embargo, la sujeción a la competencia contenciosa de la Corte IDH está sometida a una ulterior declaratoria expresa de los Estados, que según el artículo 62 de la Convención, se puede realizar sin convención especial.

 

Ahora bien, más allá de adentrarnos al debate sobre la naturaleza del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte IDH y la necesidad o no de aprobación del Congreso, consideramos que la declaratoria de inconstitucionalidad del TC, sin haber mediado posteriormente proceso alguno relativo a ratificar el instrumento de aceptación (para satisfacer el criterio del TC dando visos de legalidad a la sujeción del Estado dominicano a la competencia contenciosa de la Corte IDH) o desconocer la competencia de la Corte IDH, ha producido una suerte de estado de indefinición con relación a la posición del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

Es evidente que el gobierno dominicano está frente a una encrucijada, pues la sujeción a los precedentes constitucionales le impone asumir que la sujeción del Estado a la competencia contenciosa de la Corte IDH es inválida a partir de la sentencia TC/0256/14; pero al mismo tiempo está compelido a asumir el criterio que fija la Corte IDH en relación a la naturaleza del artículo 62 de la Convención, que considera válida la vinculación del Estado dominicano a su jurisdicción a partir de una declaración unilateral del Poder Ejecutivo, porque esta mantiene la competencia vinculante de interpretar el significado de la Convención Americana. Es así como los criterios sostenidos por estos dos órganos jurisdiccionales, incompatibles entre sí, son jurídicamente vinculantes en sus respectivos ámbitos de competencia y, en principio, no existe jerarquía entre ambos que permita atribuir a una de las dos posiciones la solución final de la controversia interpretativa.

 

Al parecer la posición presentada por el gobierno dominicano es asumir el no reconocimiento de la competencia de la Corte IDH, en tanto que se expone que, el Estado no compareció a la audiencia de supervisión de cumplimiento de los casos que generaron la resolución de la Corte IDH acogiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0256/14; pero explicó que si ha seguido participando en las audiencias y reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la decisión del TC no alcanza a este otro órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Destacamos que cuando estas situaciones se producen generan inseguridad jurídica, inestabilidad institucional y cierta desconfianza por parte de la comunidad internacional.

 

Cabe recordar que en el marco del derecho internacional reviste suma importancia los principios de buena fe (pacta sunt servanda) y de responsabilidad de los Estados. De ellos se deriva el principio de estoppel, según el cual un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede, luego, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas con base en el cual se guió la otra parte.  Es que la decisión de un órgano interno, aun sea el Tribunal Constitucional del país, no siempre genera automáticamente efectos jurídicos en el derecho internacional, y menos en el caso de que se trata, pues la República Dominicana de manera reiterativa y coherente mantuvo la posición de reconocer la competencia de la Corte IDH y la obligatoriedad de sus fallos desde su aceptación en 1999, teniendo un comportamiento cónsono que ha producido efectos jurídicos innegables que no permiten que la sola invocación de la sentencia del TC justifique a nivel internacional la desvinculación jurídica del Estado a la competencia contenciosa de la Corte IDH.

 

En ese sentido, en caso de pretender hacer efectiva la desvinculación de la competencia de la Corte IDH, los poderes públicos internos correspondientes que están sujetos a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, deben dar curso al proceso que corresponde. Sobre ello vale destacar que en el contenido de la Convención no existe procedimiento para que los Estados Partes retiren su declaración de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH manteniéndose como Estado parte de la Convención, sino que tal y como indica la resolución de la Corte IDH: “la única vía que dispone un Estado Parte para desvincularse del sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana es la denuncia del tratado como un todo, la cual, en caso de ocurrir, sólo produciría efectos jurídicos después del plazo de un año de realizada formalmente ante el Secretario de la Organización de Estados Americanos, conforme lo establece el artículo 78.1 del tratado”.

 

Ahora bien, dado que la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional, como bien señala su Presidente en una reciente declaración pública, “no cuestiona el derecho de los poderes públicos dominicanos competente para adherirse a la Corte Interamericana” sino que se limita a plantear que ello debe realizarse en el respeto de los debidos procedimientos constitucionales, entendemos que la salida más coherente es iniciar el procedimiento legislativo correspondiente para que el Congreso Nacional ratifique el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH, como ocurrió en su momento en México, salvando con ello los requisitos constitucionales alegados en el criterio del Tribunal Constitucional.

 

Desde FINJUS exhortamos a los poderes públicos internos a ponderar con sumo cuidado la decisión que tomarán al respecto, ya que de la misma dependerá la posición del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cabe recordar que las jurisdicciones internacionales de protección de los derechos humanos han surgido como mecanismos complementarios de tutela que permiten prevenir consecuencias oprobiosas cuando los Estados no han cumplido su rol primario de garantía en beneficio de sus habitantes. Estas características son las que definen la identidad del constitucionalismo de nuestros días, en tanto sirven para complementar la protección jurídica de los Estados reforzando la tutela que a nivel interno ofrece el poder jurisdiccional para hacer más efectiva la protección de los derechos humanos de todas las personas.

 

Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

30 de abril de 2019

 

La sentencia número 012-2019 del Tribunal Superior Electoral (TSE) ha seguido provocando una serie de reacciones y posicionamientos que deben interesar a todos los ciudadanos, instituciones y entidades comprometidas con el fortalecimiento del Estado de derecho en el país y la ampliación de la gobernabilidad que sostiene nuestro régimen democrático y el ambiente de seguridad jurídica inherente a nuestro desarrollo económico, social y político.

 

Dado que el contenido de dicha sentencia ha sido objeto de innumerables análisis y opiniones, a la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) le interesa compartir con la sociedad algunas reflexiones jurídico-políticas sobre ciertas derivaciones que se desprenden de reacciones a la sentencia, que deberían preocupar a la sociedad dominicana.

 

Lo primero es dejar sentado que en el marco de un Estado Social y Democrático de derecho las sentencias y demás actos de un órgano jurisdiccional, como el Tribunal Superior Electoral, deben ser acatadas, y si existiera disconformidad con esas decisiones, existen recursos que contemplan la Constitución y las leyes, para que quienes las adversan puedan recurrirlas ante las instancias correspondientes. En la República Dominicana, todos los órganos jurisdiccionales gozan de legalidad y legitimidad para ejercer sus funciones.

 

Todo lo anterior es muy importante considerando que hemos entrado en el periodo de antesala de las elecciones del 2020, que no solo serán las más complejas en los últimos tiempos, sino que deben servir para reforzar la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Por ello es importante en la coyuntura actual que predomine el respeto a las instituciones electorales, como es el caso de  Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, que son las encargadas de garantizar la transparencia, la legalidad y la idoneidad de los procesos electorales

 

Por ello, amplios sectores han manifestado su viva preocupación por los anuncios que han planteado la posibilidad de que a los magistrados del TSE se les someta a juicio político ante el Senado de la República, arguyendo violaciones a nuestra carta magna.

 

En lo que respecta a la decisión del TSE es preciso resaltar, en general, que el solo disenso con una decisión adoptada por un órgano jurisdiccional no es criterio suficiente para la aplicación del juicio político. Es necesario que exista una evidente e indudable violación constitucional atribuible al órgano jurisdiccional, pues de lo contrario la independencia de los jueces de las Altas Cortes podría quedar amenazada por el poder político.

 

Debe recordarse que el juicio político procede en contra de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura[1], en el caso de comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, es decir, la comisión de una infracción de relevancia constitucional que justifique la aplicación del control democrático del Congreso.

 

No puede siquiera entenderse como causal de juicio político el que un Tribunal adopte una decisión contraria a un precedente constitucional porque la dinámica del control jurisdiccional en nuestro país establece un sistema de recursos ante el Tribunal Constitucional que le permite verificar el apego a los precedentes establecidos, y abre la posibilidad de que en un diálogo jurisdiccional el propio TC enriquezca, corrija o modifique sus precedentes a partir de las decisiones adoptadas por otros tribunales. Los precedentes son un derecho dinámico que se nutre precisamente de ese diálogo horizontal entre las distintas ramas del poder jurisdiccional.

 

Resulta propicio traer a colación consideraciones doctrinales que subrayan lo siguiente: “…invocar la figura del juicio político para fines distintos de los que se han establecido constituirá una desviación de poder en el ejercicio de las potestades administrativas para los fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico constitucional (…)[2]”.

 

Finalmente advertimos una grave incongruencia lógica en el contexto actual para invocar la figura del juicio político frente a las decisiones jurisdiccionales pues esto constituye una amenaza real a la  independencia del Poder judicial y las Altas Cortes, siendo esto un pilar básico para la democracia.

 

En consecuencia, lo que, en principio buscó ser una garantía de la independencia judicial, juicio excepcional de destitución por razones limitadas (art 83.1 CRD) se puede convertir en un mecanismo contrario a los más genuinos principios democráticos. Y es que la posibilidad de que se pueda traer la figura del juicio político bajo criterios muy laxos, ponen en peligro la facultad de los propios tribunales para ejercer el control de constitucionalidad y también el control de convencionalidad.

 

FINJUS exhorta a los actores y fuerzas políticas involucradas en la presente coyuntura a actuar con comedimiento, mesura y pausa, limitando sus actos a lo que estrictamente ordenan y permiten la Constitución y las leyes, evitando crear situaciones que impliquen el menoscabo de la institucionalidad democrática. La sociedad debe seguir prestando la máxima atención al curso de este debate, que se ha constituido en el centro de las preocupaciones de quienes deseamos vivir en democracia y en convivencia pacífica.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

24 de abril, 2019

 

[1] Artículo 83, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

[2] García De Enterría, Eduardo; Fernández, Tomas-Ramón. Curso de derecho administrativo I, 3era edición, Madrid, España, pp 394.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) se une al clamor de gran parte de la sociedad que ha planteado al Congreso Nacional la eliminación por ley del matrimonio infantil, considerando que esta práctica representa una amenaza para el desarrollo humano de las niñas y adolescentes dominicanas, con graves derivaciones sociales.

 

Como reflejan los estudios e investigaciones recientes la República Dominicana ocupa lamentablemente uno de los primeros lugares en América Latina en el número de matrimonios infantiles y uniones tempranas, dando lugar a severos efectos negativos, tanto en la niña que se casa, como en sus hijos. Se ha identificado que esta situación significa un grave deterioro de las condiciones de existencia de grandes sectores sociales, lo que afecta al mismo tiempo el desarrollo nacional.

 

Se ha reportado asimismo que estos matrimonios se producen en un marco de violencia y denegación de derechos de las niñas y adolescentes, agravado por la alta frecuencia de embarazos y del número de hijos. Este fenómeno se observa con mayor intensidad entre los sectores más empobrecidos y sin educación formal.

 

FINJUS ha reclamado por años que el Estado dominicano impulse de manera efectiva la reforma de la legislación obsoleta, como es el caso del Código Civil y de Procedimiento Civil, entre otras normas que representan verdaderos obstáculos para el desarrollo pleno de las personas e instituciones.

 

Por estas razones FINJUS exhorta a los legisladores a adoptar cuanto antes esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de numerosas instituciones internacionales con representación en el país y a la que se han sumado importantes sectores académicos, sociales y jurídicos.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

12 de abril, 2019

BUENA ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Servio Tulio Castaños Guzmán

Doctor en Derecho

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS)

República Dominicana

 

  1. INTRODUCCIÓN.

 

La participación social en los escenarios actuales de América Latina está determinada por la fortaleza de su institucionalidad democrática. La pluralidad y el debate frente a la toma de decisiones, en gran medida, pueden llegar a ser el espejo idóneo de una buena administración. 

En la República Dominicana ha sido un gran desafío –en el marco del modelo de Estado social y democrático de derecho consignado en el artículo 7 de la Carta Política–, generar condiciones institucionales que permitan materializar normativas y políticas cuyo eje sea fortalecer las garantías de la buena administración y la participación social.

A pesar de lo anterior, el artículo 2 de la Constitución dominicana establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes[1]”.

De manera que, desde el propio texto constitucional se ha establecido la importancia del origen de la participación social, ya sea que de forma directa o indirecta, la población pueda decidir sobre los asuntos que eventualmente podrían beneficiarle o afectarle.

Para garantizar el cumplimiento de la propia Carta Magna, resulta necesario comprender cuáles elementos configuran las bases tanto materiales e inmateriales contenidas en sí misma. Tal como indica el jurista argentino Roberto Gargarella, “El constitucionalismo no puede desempeñarse como si su existencia fuera ajena a la base material sobre la que está sostenido.[2]

Este “desempeño” exigido al constitucionalismo, es decir, al precepto jurídico supremo desde donde se trazan las directrices de orden estatal, produce una serie de pilares por sobre los cuales se van delimitando las características de una buena administración.

Por estas razones, la labor jurídica, social y política que se realice en torno a la tutela de las garantías constitucionales, irá estableciendo los alcances que darán forma a una sociedad donde prime la administración eficiente y la pluralidad democrática.

 

  • CONCEPTO DE BUENA ADMINISTRACIÓN.

 

Las definiciones estrictas en las ciencias jurídicas pueden resultar funcionales para comprender las normas y la teoría del Derecho, cuando en éstas no existan mayores complejidades. Este no es el caso del concepto de buena administración en el marco en que se han configurado las reglas de juego constitucionales en República Dominicana.

De igual modo, la realidad concreta de orden tanto objetivo como subjetivo vislumbra una serie de factores comunes al colectivo social donde la satisfacción de necesidades desde el orden normativo presenta ciertas resistencias.

En esta órbita es que la noción de buena administración juega un papel preponderante dentro de la operatividad de los presupuestos normativos precedentemente mencionados. De ahí, cabe preguntarse, ¿cuál es esa “buena administración” a la que se hace referencia?, ¿cuáles características le son inherentes?

El maestro Jaime Rodríguez-Arana ha establecido que “Una buena Administración pública es aquella que cumple con las funciones que le son propias en democracia. Es decir, una Administración pública que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y que se orienta continuamente al interés general. Un interés general que en el Estado social y democrático de Derecho reside en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas[3]”.

Por otro lado, en el propio preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública se expone que la buena Administración Pública es “una obligación inherente a los Poderes Públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y sean prestadas en plazo razonable[4]”.

A pesar de que pareciera un principio y/o derecho de alcance explícito y sumamente delimitado conceptualmente, hacer realizables las ideas antes expuestas no han resultado una tarea fácil. Además de las debilidades de la institucionalidad dominicana y la existencia de una ola de Derecho Administrativo que posee una reciente evolución dogmática, los esfuerzos de los poderes públicos en ajustar dichas características a la realidad social no han dado los frutos esperados.

La buena administración en República Dominicana no ha carecido de presupuestos normativos que le precedan como directrices del modelo de estado. Sin embargo, esta idea en sí misma no ha sido adoptada a cabalidad en los planos cultural, político y social.

En esta dirección nos indica el experto administrativista dominicano Olivo Rodríguez que “La Administración Pública se encuentra conformada por un conjunto de órganos y entes públicos que de manera permanente, continua e ininterrumpida, satisfacen las necesidades colectivas e individuales de las personas[5]”.

Por su parte, en la propia Constitución, específicamente en el artículo 138, se establece que “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.[6]

Si bien en el texto constitucional y la doctrina local el concepto de la Administración Pública –aunada evidentemente a los principios de la buena administración– pareciera tener sólidas bases para su cumplimiento, las características principales que en ella se imprimen han sido contrarrestadas por elementos coyunturales e históricos de nuestra realidad que la hacen un tema pendiente.

De todas formas, habiendo conocido la naturaleza de la noción de buena administración y de cara a concebir este símbolo del Derecho Administrativo moderno como un armazón indispensable para la participación; se requiere advertir cuestiones de primer orden sobre el Estado, la democracia y la participación en República Dominicana.

 

  • ESTADO, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN.

 

El artículo 7 de la Constitución establece que “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos[7]”.

Para el experto constitucionalista Jorge Prats, esta fórmula de organización del Estado indica que se trata de “un sistema democráticamente articulado en el cual los individuos participan no sólo pasivamente como beneficiarios de bienes y servicios sino que, principalmente deben cumplir un rol activo en la formulación de la voluntad general del Estado y en las políticas sociales y prestacionales del mismo, lo cual se logra principalmente a través de los mecanismos democráticos de participación directa incorporados en esta Constitución (referendo, plebiscitos y las iniciativas populares legislativas y normativas municipal)[8]”.

Al asumir este diseño estatal, este país caribeño ha asumido por igual un compromiso con los principios de la buena administración. ¿Por qué indicamos esto? Puesto que cada una de sus pautas normativas hace alusión directa a la protección de la dignidad humana como visión elemental de Estado.

En suma, el Estado social y democrático de derecho posee una predominancia del uso de mecanismos democráticos de participación incorporados en el ordenamiento constitucional y, por tanto, forman parte íntegra de un eventual ejercicio de buena administración.

En ese orden, queda claro que el funcionamiento institucional del Estado dominicano quedará siempre supeditado al cumplimiento de los principios de la buena administración, asentados sobre la base de una democratización de sus decisiones.

Lo precedentemente señalado tiene plena coherencia con la necesidad de promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y, sobre todo, de construir bases inquebrantables para activar herramientas de participación social que vayan acordes a los principios constitucionales.

En efecto, el maestro Allan Brewer-Carías expresó que “En las últimas décadas, el derecho ciudadano de participar en la gestión de las actividades públicas ha sido progresivamente constitucionalizado, imponiendo nuevas formas jurídicas que permitan garantizar el equilibrio entre la acción de la Administración para el cumplimiento de los cometidos públicos y ese derecho ciudadano de participar en la toma de decisiones y la gestión de dichas acciones públicas[9]”.

Es decir, los nuevos modelos constitucionales en los que se basa la buena administración requieren de una inminente participación social. Así se establece en la antes mencionada Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, donde se consagra el principio de participación, de acuerdo a la legislación interna de cada país, estableciendo que los ciudadanos han de “estar presentes e influir en todas las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos de aplicación[10]”.

De manera que, se trata de un nuevo paradigma que ha dotado a la ciudadanía de garantías para la toma de decisiones públicas, amparado en instrumentos normativos. Esto es, se ha generado una suerte de consecución de la participación social como antecedente inmediato al logro de una buena administración.

Se trata entonces de la indisolubilidad de reglas constitucionales, donde existen garantías para la preeminencia de un Estado democrático y cuyo fin es fortalecer el camino de orden jurídico, social y político para el acercamiento a una buena administración.

Lo anterior requiere de un apego irrestricto al principio de legalidad al momento de que se genere la operatividad de las normas y principios que hacen nacer la participación social en la buena administración. El profesor José Tudela Aranda, ha expresado al respecto que “La relación entre legalidad y democracia es tan antigua como propicia al conflicto. Precisamente, la gran cualidad del orden constitucional contemporáneo es haber logrado un equilibrio que permite racionalizar las consecuencias del principio democrático sin alterar la regla de que, finalmente, sea la mayoría que decida. El equilibrio, sucintamente, va a consistir en aceptar que el ejercicio de la mayoría debe hacerse conforme a unas normas que, a su vez, garanticen los derechos de las minorías, y que, si en un momento determinado, la mayoría no se encuentra de acuerdo con las normas, pueda solucionar el conflicto modificando las normas[11]”.

Desde la propia doctrina, se demuestra la relevancia del uso adecuado de mecanismos democráticos ponderados en un nuevo paradigma del constitucional y, a su vez, ajustados en el ámbito de los principios de la Administración Pública. Es decir, la relación entre el modelo de Estado y la manera en que se ejerce la democracia podría determinar el grado de participación social existente para determinar la existencia o no de la ruta hacia una buena administración.

 

  1. EXPERIENCIAS PUNTUALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

 

La participación directa de la ciudadanía en las decisiones de Estado ha sido una de las incorporaciones más cónsonas con los nuevos modelos de manifestación democrática en América Latina, a través de instrumentos que permitan garantizar la realización de los derechos fundamentales y la posibilidad de discutir asuntos de la vida nacional. Uno de los métodos lo es el derecho de petición, el cual se encuentra consagrado en el artículo 22 numeral 4 de la Constitución dominicana.

En términos básicos, el derecho de petición es la facultad con que cuentan las personas físicas y/o jurídicas, a través de la realización de una solicitud, ya sea verbal o escrita, que se presenta ante un servidor público con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Salvo que en ocasión del ejercicio de este derecho no se incurra en la comisión de un crimen o delito, esta prerrogativa no podría convertirse en un perjuicio para quien solicite una determinada intervención en un asunto público.

En la República Dominicana, éste y otros mecanismos de participación social directa (como el referendo y el plebiscito) a pesar de encontrarse plasmados en la Constitución, aún carecen de legislaciones per se.

Si hemos establecido con anterioridad, la necesaria configuración del marco regulatorio al orden constitucional, ¿cómo podría avanzarse en materia de buena administración si no se cuenta con los instrumentos de participación social si quiera regulados?

Solamente con el ejemplo del derecho de petición, expuesto con anterioridad, su importancia de cara a la realización del Estado social y democrático de derecho y la dimensión que implica para la democratización de las decisiones, pone en tela de juicio los niveles de institucionalidad logrados materialmente frente al espíritu del constituyente dominicano.

Si bien nuestro enfoque no fuesen los mecanismos de participación democrática, tal como se ha establecido desde el plano argumentativo de los presentes razonamientos y del tema que nos ocupa, podría decirse que la nación dominicana cuenta con una Ley Orgánica de la Administración Pública.

Esta legislación establece disposiciones fundamentales y principios de la función administrativa que van de la mano con los presupuestos señalados anteriormente. Desde los considerandos o motivaciones de la propia ley se procura que la Administración base su actuación bajo las reglas de la eficiencia, transparencia, participación y coordinación.

Más aún, el objetivo del diseño de la Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública coincide con el fundamento del Estado social y democrático de derecho: la consecución colectiva de la dignidad humana como horizonte constitucional.

Por estas razones, el artículo 5 de la Ley No. 247-12 establece en su parte in fine que “Es tarea fundamental de todo integrante de la organización administrativa participar de las funciones esenciales del Estado destinadas a procurar el desarrollo humano pleno a fin de que la calidad de vida de toda persona corresponda a los supuestos que exige su dignidad de ser humano[12]”.

De modo que encontramos en la ley rectora de la Administración Pública el énfasis en la participación para así procurar calidad de vida, lo cual puede traducirse eventualmente en niveles más altos de institucionalidad democrática y, por ende, el cumplimiento de la función esencial del Estado desde el punto de vista constitucional.

Si se hiciera un recorrido por la historia constitucional dominicana, se puede dar cuenta del espíritu del constituyente de ir avanzando hacia el modelo de Estado con el que se rige la nación hoy en día. No obstante, es precisamente por las prácticas históricas que se han anquilosado numerosos preceptos doctrinarios, legislativos y constitucionales; haciendo parecer de la Constitución “un pedazo de papel”, en palabras de Ferdinand Lasalle[13].

En ese sentido, para lograr una buena administración integrada a la participación social deben existir espacios de plena claridad en la democracia. La ciudadanía debe poder contar con los principios generales de la Administración Pública en el marco de su cotidianidad y reconociendo la supremacía e importancia del texto constitucional.

Si sucede lo contrario, tal como puede eventualmente ocurrir en el caso dominicano de no adecuarse las reglas constitucionales al plano fáctico, entonces el sistema democrático podría empañarse por prácticas contrarias a la cláusula del Estado social y democrático de derecho. A sabiendas de que, “un sistema de corrupción logra establecerse cuando se desconoce o desprecia el sistema de reglas generales, a lo que se añade, en la generalidad de los casos, la debilitación de la democracia deliberativa, la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo y la absoluta discrecionalidad del gobierno de los funcionarios[14]”.

 

 

Es indudable que para lograr el cumplimiento de los principios de una buena administración se requiere la eficacia de los mecanismos de participación democrática establecidos en la Constitución y en las leyes. Esto significa que exista una verdadera participación social en la toma de decisiones públicas.

Para el caso dominicano –como en diversas atmosferas latinoamericanas– resulta un desafío la ejecución de los presupuestos normativos en las distintas leyes y, a fortiori, del ordenamiento constitucional in abstracto. La configuración de una nueva institucionalidad forjada a partir de la Constitución dominicana del año 2010, ha intentado generar cambios en las debilidades históricas de nuestro Estado.

Empero, estas necesarias transformaciones no han sido materializadas en su totalidad por razones que ocuparían los párrafos de amplias tesis de investigación. El carácter esencial del reto de lograr con eficacia absoluta una buena administración de la mano de la participación social en el país requiere repensar las formas en que se ha ido forjando la institucionalidad actual.

Una buena administración necesita de un modelo de institucionalidad generalizada y que no dependa de “los usos” de los espacios de poder en los territorios que contraríen la Ley de Leyes. Asimismo se necesita elevar los niveles de transparencia que, a su vez, generan mayor certidumbre y seguridad jurídica en el país.

Debe reconocerse que se han sentado las bases para beneficiarse de una buena administración en República Dominicana. No obstante, la determinación de quién tiene la última palabra en la toma de decisiones públicas, pareciera que no se adhiere a los esquemas de participación social directa contemplados hoy en el constitucionalismo moderno.

El profesor Pérez Hualde, ha sido agudo en esta temática, puntualizando que “Se trata no sólo del acercamiento de los ciudadanos a sus autoridades y representantes sino de su inmersión en las leyes; de hacerlos copartícipes de la elaboración de las normas; de provocar la adhesión de los participantes a las normas en cuya elaboración han tenido la posibilidad de participar activamente. Es el modo aristotélico de que el ciudadano “haga suya” la ley”[15].

De manera que, se hace necesario que en la República Dominicana la ciudadanía haga suya no sólo las leyes sino todo el entramado constitucional vigente. Con tan sólo un acercamiento social, cultural y jurídico a los principios básicos de la buena administración, podría decirse que la realidad de la participación social, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica serían elementos muy visibles en la órbita actual de la Administración Pública.

 

[1] República Dominicana, Constitución Política, 2015, artículo 2.

[2] GARGARELLA, ROBERTO, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Editora Katz, 1ra Edición, Buenos Aires, 2014, p. 364.

[3] RODRÍGUEZ-ARANA, JAIME, “La Buena Administración como principio y como derecho fundamental en Europa”, Misión Jurídica, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, núm. 6, 2013, enero-diciembre, pp. 23-56, p. 26.

[4] Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, 10 de octubre de 2013, preámbulo.

[5] RODRÍGUEZ H., OLIVO, “Constitución Comentada”, (FINJUS), 4ta Edición, Santo Domingo, 2015, p. 312.

[6] República Dominicana, Constitución Política, 2015, artículo 138.

[7] Ibídem, artículo 7.

[8] JORGE PRATS, EDUARDO, “Constitución…”, op. cit., pp. 74-75.

[9] BREWER-CARÍAS, ALLAN R., “El Derecho Administrativo y el Derecho a la democracia: una nueva perspectiva para el necesario equilibrio entre los poderes de la administración y los derechos del administrado”, conferencia, Nueva York, febrero 2008.

[10] Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, 10 de octubre de 2013, Capítulo Segundo, punto 13.

[11] TUDELA ARANDA, JOSÉ, “El derecho a decidir y el principio democrático”, AA. VV. (P. Marianello), en Derechos Humanos. Perspectiva y Actualidad I: derechos humanos y la justicia constitucional: actualidad, perspectiva y las nuevas tecnologías, editores Información Jurídica, Buenos Aires, 2017, p. 101-129, p. 105.

[12] República Dominicana, Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública, artículo 5.

[13] LASALLE, FERDINAND, ¿Qué es una Constitución?, Edición Ariel Derecho, Madrid, 2012, p. 60.

[14] BARBAROSCH, EDUARDO, Poder, corrupción y derecho. Un análisis de la corrupción desde la Teoría General del Derecho, (H.R. Sandler, B. Rajland), en Corrupción. Una sociedad bajo sospecha, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, La Ley, Buenos Aires, 1997, p. 31.

[15] PÉREZ HUALDE, ALEJANDRO, Elaboración participativa de normas: mecanismo de control, en Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Cuestiones de procedimiento administrativo, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2006, p. 577.

En el marco de la reciente elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 4 de abril, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) reitera su tradicional compromiso con todas las iniciativas, programas y planes que esa Alta Corte diseñe y ejecute para reforzar la misión constitucional del Poder Judicial como órgano fundamental en el sistema democrático dominicano.

 

FINJUS reconoce la calidad profesional y las elevadas competencias de las personas elegidas, lo que nos anima a pensar que, en un esfuerzo coordinado y aunando voluntades, podrán avanzar en las reformas ya implementadas en el sistema de justicia y profundizar en las áreas donde la sociedad ha manifestado interés de que se brinde un mejor servicio de justicia, apegado a la Constitución y las leyes.

 

Queda pendiente un balance completo de la labor del Consejo Nacional de la Magistratura en esta ocasión, aunque en lo inmediato este proceso arroja algunas lecciones que debemos encarar para perfeccionar los mecanismos democráticos para designar a esta Alta Corte.

 

Sin ser limitativos reconocemos que en próximas jornadas el CNM debe prestar la máxima importancia al respeto irrestricto de los procedimientos establecidos en la normativa para la selección y evaluación de los jueces, evitando su violación o inobservancia. Constituye también un reto que debe ser encarado por el nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia, disponer lo necesario para que la evaluación del desempeño de sus 17 magistrados se realice y sea ponderado anualmente en su seno, de forma que el CNM disponga de las herramientas idóneas para realizar su función al final de su período.

 

La elección de esta Suprema Corte de Justicia puede convertirse en un hito para su renovación institucional; para alcanzar su logro más importante, pero aun postergado en el Estado Dominicano, que es el de revestir progresivamente al Poder Judicial de las autonomías y capacidades que ordena la Constitución y las leyes, y garantizar la independencia interna y externa de cada uno de sus magistrados en los diferentes estratos judiciales.

 

Alentamos a esta nueva Suprema Corte de Justicia a definir todos los programas y políticas que son imprescindibles para llevar a la práctica los numerosos diagnósticos y estudios acumulados sobre cada una de las áreas a mejorar en la justicia dominicana. El magistrado Luis Henry Molina, y con él todos los magistrados de la SCJ, pueden contar con FINJUS para el logro de sus objetivos, que en definitiva se traducirían en mayor seguridad jurídica, más fortaleza democrática y un avance contra la inseguridad y el crimen.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños  Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

9 de abril, 2019

9 de abril, 2019

Magistrado

Luis Henry Molina Peña

Presidente de la Suprema Corte de Justicia y 

Consejo del Poder Judicial

SU DESPACHO

Honorable Magistrado Presidente:

 

El Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) se complace al saludarle, y por su intermedio a los demás magistrados electos para integrar la Suprema Corte de Justicia, y le extendemos nuestras sinceras felicitaciones por asumir estas elevadas responsabilidades.

 

Nos unimos a quienes han manifestado su interés de contribuir al afianzamiento del Poder Judicial y al logro de su misión y altos objetivos, lo cual ha sido una constante en la trayectoria de nuestra institución.

 

En el caso de la Suprema Corte de Justicia que Ud. dirigirá, nos reiteramos en el compromiso de apoyar cuantas iniciativas sean diseñadas e implementadas por Ud. y esa Corte para que la labor del Poder Judicial contribuya a fortalecer el sistema democrático, combatir eficazmente el crimen y la inseguridad, reforzar la seguridad jurídica que requieren los negocios y especialmente, para restaurar la confianza de la ciudadanía en esa entidad.

 

Le deseamos muchos éxitos en el trabajo que se inicia, que sabemos que será tesonero e infatigable.

 

Aprovechamos para extenderle nuestro saludo atento y altas consideraciones,

 

Muy atentamente

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

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