Kenia Franco

Kenia Franco

 

11 de octubre de 2018, Auditorio PGR, 11:00 a.m.

 

Saludo protocolar:

 

  • Miembros del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Defensoría Pública, Defensor del Pueblo y del Ministerio Público que nos acompañan en este auspicioso momento;
  • Autoridades penitenciarias y miembros del Patronato Nacional Penitenciario;
  • Miembros de las iglesias, gremios empresariales y profesionales que nos acompañan;
  • Asociaciones de derechos humanos;
  • Compañeros de la comunidad jurídica, amigos de la prensa y demás invitados.

 

Muy buenos días.

 

Los hemos convocado en la mañana de hoy para presentarles el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, uno de los proyectos más emblemáticos y trascendentales de esta gestión y nuestra historia reciente.

 

Este proyecto vendrá a resolver una problemática que por décadas ha afectado a la sociedad dominicana. Nos referimos a la elevada situación de hacinamiento y a los reducidos niveles de reinserción de los privados de libertad que se encuentran en los distintos recintos penitenciarios del país.

 

Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la nación en un escenario como este, debo reiterar el compromiso inquebrantable que he asumido como Procurador General de la República de hacer cumplir la Constitución y las leyes.

 

Considero propicio, entonces, resaltar que la Constitución de la República establece claramente que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción del individuo.

 

Al mismo tiempo, la Carta Magna consagra una serie de derechos fundamentales que no distinguen entre un privado de libertad o un hombre o mujer libre. El derecho a la integridad física, a la educación y a la salud nos pertenecen a cada uno de nosotros por el simple hecho de ser humanos y por lo tanto deben ser respetados y garantizados de la mejor manera posible.

 

La privación de libertad debe ser vista como un mecanismo de última instancia para garantizar la seguridad de los miembros de la sociedad, en el presente y a futuro, no como un permiso para vulnerar los derechos de quienes infringen la ley.

 

Así, por un tema legal y sobre todo, humano, el Estado y en particular la Procuraduría General de la República, como encargada del sistema penitenciario nacional, están en la obligación de que a todos los privados de libertad, sin excepción, se les respeten sus derechos mientras se encuentran en prisión.

El cumplimiento de esta obligación no es de interés exclusivo de las autoridades. La condición humana en la que se encuentran nuestros privados de libertad debe ser de interés de toda la sociedad. Esto, no solo porque el respeto a los derechos humanos es lo correcto, lo humano, lo natural, sino porque además de nada conviene a los que estamos libres que los privados de libertad salgan de los recintos penitenciarios igual o peor de lo que ingresaron.

Históricamente en muchas de nuestras cárceles esta ha sido la norma. La insuficiente y precaria infraestructura y la carencia de un sistema integral de educación y rehabilitación a gran escala ha impedido que los esfuerzos de prevención terciaria de la criminalidad sean más efectivos y de mayor impacto en nuestra sociedad.  

Por eso el sistema de justicia penal debe estar siempre orientado a la reinserción y a la rehabilitación del interno.  Que el tiempo en prisión de un preso preventivo o un condenado sea un tiempo útil, capaz de devolver a la sociedad un individuo renovado y listo para su reintegración a la comunidad, y no una amenaza que regrese a las calles.

Este es un tema humano y de seguridad que debe ser del interés de todo ciudadano y por ello en la mañana de hoy nos proponemos presentarles el proyecto más humano y trascendental de esta institución y del sistema penitenciario dominicano.

Antes de proceder con la presentación, quiero ponerlos en contexto sobre la situación actual de nuestro sistema penitenciario.

La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Prisiones y el Modelo de Gestión Penitenciaria, tiene bajo su administración un total de 41 recintos penitenciarios distribuidos por todo el país. De esos 41 recintos, 19 pertenecen al sistema penitenciario tradicional o viejo modelo, con una población aproximada de 16,616 privados de libertad.

Los 22 recintos restantes pertenecen al llamado nuevo modelo, que cuenta con una población de privados de libertad que asciende a los 9,542 internos.

El principal reto que tenemos actualmente es el significativo grado de hacinamiento que presentan las cárceles que pertenecen al modelo tradicional. Esto, en razón de que la capacidad de estos 19 recintos que mencionamos anteriormente es de tan solo 4,588 internos, por lo que contamos con una sobrepoblación y hacinamiento de más de 12,000 privados de libertad, es decir, hoy en día más de 12,000 privados de libertad no tienen un espacio humano dentro de nuestras cárceles.

Esto significa que para resolver estos elevados niveles de hacinamiento y eliminar el déficit de espacio que nos afecta por décadas, tendríamos que construir nuevas edificaciones que nos permitan alojar a estos 12,000 internos.

Pero esa, aunque es la principal deficiencia del sistema penitenciario general de nuestro país, no es el único aspecto a mejorar.

Es justo reconocer que el nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria vino a revolucionar el concepto de la privación de libertad en nuestro país, allanando el camino hacia un régimen enfocado en la rehabilitación y reinserción del individuo y no uno meramente sancionador.

Por años esos esfuerzos han servido de ejemplo para diversos sistemas penitenciarios de la región, por lo cual hemos sido reconocidos por países hermanos como Guatemala, entre otros.

Sin embargo, a pesar de los significativos avances alcanzados por dicho Modelo de Gestión, hemos identificado que aún existen numerosas oportunidades de mejora, especialmente en aquellos puntos relacionados con el tratamiento, educación, rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.

En definitiva, ha llegado el momento de construir sobre las bases de lo alcanzado hasta la fecha y de dar pasos contundentes de avance.

Es hora de dejar de hablar de un viejo y un nuevo modelo penitenciario, y de hablar de un único modelo: un modelo humano, donde todos los internos del país reciban el mismo trato digno e igualitario, así como las mismas oportunidades de rehabilitación y reinserción, porque así lo merecen por su sola condición de seres humanos y para que a su salida sean entes de bien y no delincuentes reincidentes.

Esto solamente será posible implementando verdaderos programas integrales de control, educación y capacitación que nos permitan reintegrar a la sociedad un ciudadano renovado y rehabilitado, logrando así prevenir la criminalidad a mediano y largo plazo.

Ante esta realidad apremiante y urgente que encontramos en los recintos penitenciarios de nuestro país, en la Procuraduría General de la República hemos estado trabajando arduamente en el primer plan de humanización del sistema penitenciario nacional.

Un sistema penitenciario donde cada interno se encuentre privado de libertad en condiciones humanas y dignas, sin hacinamiento y en espacios adecuados.

Un sistema donde siempre haya acceso a tratamientos médicos y psicológicos oportunos; donde existan actividades de formación cada vez más completas, puntuales y efectivas, así como actividades recreativas que fomenten la salud mental y física de los internos.

Un sistema penitenciario capaz de asesorar a los privados de libertad que se encuentren a punto de cumplir su condena, de darles seguimiento cercano una vez estén fuera del sistema y de ayudarlos a convertirse en seres productivos, libres de estigmas y prejuicios.

Un sistema con controles de seguridad a la vanguardia de estos tiempos que proteja la vida de los internos, quienes los visitan y al personal que trabaje en los recintos.

Un sistema sin privilegios, armas de cualquier tipo o teléfonos celulares en manos de los privados de libertad.

Un sistema donde la reincidencia sea mínima, donde el que salga no tenga que pisar un pie en una prisión nunca más. Un sistema que nos permita ver a un exconvicto sin ningún temor.

En esencia, señores, nuestra meta es crear un sistema penitenciario cada vez más humano para el beneficio de toda la sociedad. Que el que entre a una cárcel de este país no salga peor que como entró, sino que salga renovado, lleno de esperanza por una vida mejor.

Lo que les presentaremos a continuación es el primer paso, fundamental, para hacer de esta renovación penitenciaria una realidad.

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que hoy les presentamos puede ser categorizado como uno de los principales proyectos de infraestructura, educación y capacitación que se haya realizado alguna vez en nuestro país.

Este plan está compuesto por 2 grandes ejes:

El primer eje se enfoca en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, mientras que el segundo eje se concentra en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica en nuestras cárceles.

En lo que respecta al primer eje sobre el tratamiento de los internos, el Plan contempla la reestructuración completa de nuestro sistema penitenciario, unificándolo, paulatinamente, hacia un único sistema reformado, actualizado, moderno, pero sobre todo humano.

Esto incluirá una revisión de la estructura organizacional del sistema, para garantizar la efectividad continua en la gestión, controles, administración y operatividad del mismo.

En especial, revisaremos los procesos que implican interacción con otros actores, como el Poder Judicial, la Defensoría Pública y el mismo Ministerio Público. Así garantizaremos procesos más rápidos y un mayor nivel de satisfacción en los usuarios del sistema.

Verificaremos las necesidades de capacitación del personal penitenciario para preparar programas de formación continua y especializada que se traduzcan en un mejor control y manejo de los recintos con programas de tratamiento más certeros y apropiados para los internos.

En este sentido, el Plan de Humanización incluye la revisión de cada uno de los protocolos actuales de tratamiento, a fin de dotar al interno de oportunidades individualizadas, que se adapten a sus condiciones personales y particulares, y que le permitan una reinserción efectiva y eficaz en la sociedad.

El Plan incluirá también las medidas necesarias para lograr la igualdad de condiciones de todos los internos, salvaguardando su seguridad, sin ningún tipo de privilegios.

Por igual, esta reestructuración también procurará aumentar los niveles de seguridad, aumentando los controles para eliminar el ingreso y uso de todo tipo de armas, teléfonos y sustancias prohibidas.

Nos hemos propuesto implementar un sistema penitenciario donde el interno, mientras esté recluido, pueda aprovechar su tiempo, aprender, crecer, transformar su vida y salir de la cárcel como un hombre o una mujer nuevos y útiles para la sociedad, y para eso estaremos trabajando desde hoy y durante los próximos 18 meses.

Ya que hemos explicado, de forma resumida, este primer eje, procedo de inmediato a pasar al segundo eje del Plan, que se irá implementando de forma paralela al primero.

Este segundo eje dará respuesta al tema del histórico hacinamiento en las cárceles que por décadas ha afectado al sistema y al país. No podemos hablar de tratamiento efectivo si no contamos con las condiciones básicas para prestar dicho tratamiento.

Por eso, me complace anunciar a la nación que durante los próximos 18 meses construiremos más de 12,000 espacios para los privados de libertad que hoy se encuentran hacinados. A partir de esa fecha, no habrá más internos durmiendo en el piso, apiñados, en espacios cerrados y de poca ventilación. Eso, señores, será cosa del pasado.

¿Cómo lo haremos?

Primero, ampliaremos 8 de los actuales centros de corrección y rehabilitación existentes bajo el nuevo modelo, conforme las necesidades que tienen las provincias donde los mismos se encuentran. Estos 8 centros serán los de Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Rafey Hombres, San Pedro de Macorís, Najayo Mujeres, Najayo Hombres y Najayo San Cristobalense.

Para ello construiremos nuevas edificaciones dentro de esos 8 centros, aumentando la capacidad existente en 2,120 privados de libertad.

Además de las 8 ampliaciones que ya les explicamos, también vamos a construir 2 nuevos recintos penitenciarios.

 

El primero de ellos estará ubicado en el distrito municipal de Pedro Corto, en la provincia de San Juan de la Maguana, y tendrá capacidad para 960 internos. Este nuevo centro vendrá a completar el déficit urgente de espacios que necesita esa provincia y a reducir en esa misma cantidad el hacinamiento de las cárceles ubicadas en las provincias aledañas.

El segundo recinto me voy a permitir desarrollarlo con mayor detenimiento, por tratarse de la construcción más significativa y de mayor impacto dentro de este Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Todos conocemos la denominada cárcel de La Victoria. Este recinto penitenciario fue construido en los años 50, con una capacidad ampliada para solo 1,200 internos. Hoy, ese mismo lugar alberga a casi 9,000 privados de libertad de nuestro país. Repito, un recinto de 1,200 internos alberga, por años, casi 9,000.

No hay que abundar mucho para entender que esas condiciones de excesivo hacinamiento impiden a todas luces mantener los estándares de salud, seguridad, educación, formación y tratamiento que requiere un interno para su debida reinserción a la sociedad.

Por décadas, las condiciones que se viven en la cárcel de La Victoria han permanecido iguales con las poca mejoras que permite ese espacio, afectando de alguna manera u otra el efectivo funcionamiento de la justicia penal en nuestro país, los esfuerzos de prevención de la criminalidad de las autoridades y la fibra misma de la sociedad dominicana.

La cárcel de la Victoria es un símbolo del pasado, un adefesio que no representa el compromiso que ha asumido la República Dominicana y su gobierno con el bienestar, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de toda su gente, sin distinción de género, color, edad, nacionalidad, religión, condición social o económica.

Por eso, es un honor y una gran satisfacción anunciar formalmente al país que en 18 meses La Victoria que hoy conocemos ya no será más, ya que como parte de este Plan de Humanización del Sistema Penitenciario estaremos construyendo 12 nuevos recintos penitenciarios dentro de un nuevo complejo para eliminar de manera definitiva y contundente el hacinamiento existente en esta cárcel.

Este nuevo complejo penitenciario estará ubicado en Las Parras, en el municipio de Guerra, de la provincia de Santo Domingo y los 12 nuevos recintos tendrán una capacidad de 9,257 internos, de los cuales 8,592 serán hombres y 665 serán mujeres, debidamente separados en pabellones.

La infraestructura que hemos diseñado para esta nueva Victoria cumplirá con todas las normas internacionales de Derechos Humanos, así como también con los estándares mínimos para el tratamiento de privados de libertad aceptados por la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos como las “Reglas de Nelson Mandela”.

Esto incluye edificios con instalaciones de alojamiento humanas, donde cada interno tendrá su cama y su espacio para dormir y descansar correctamente.

También celdas acondicionadas especialmente para personas con movilidad reducida o discapacidad, así como espacios destinados a los internos de máxima seguridad.

De la misma forma, habrá un área materno-infantil, donde las internas embarazadas y las madres podrán residir y dar cuidados a sus criaturas por espacio de un año, protegiendo así el bienestar de estos niños y niñas en su etapa más vulnerable.

Por igual, habrá un área de visitas adecuada y digna para que los familiares de los internos puedan visitarlos. En especial, esta área incluirá un espacio para las visitas de los niños a sus padres y madres privados de libertad, que garantice la dignidad del interno ante los ojos de su hijo o hija.

Asimismo, en la nueva Victoria los internos contarán con atención médica y psicológica de primera mano, ya que construiremos el primer hospital penitenciario del país ubicado en el mismo complejo. Esto permitirá dar respuesta más rápida a las urgencias de salud que se presenten dentro del recinto, reduciendo la necesidad de trasladar a los internos a recintos privados.

De la misma forma, para cuidar del estado mental, espiritual y físico de los internos, el recinto contará con instalaciones para la libertad de culto y congregación religiosa, incluyendo capillas y templos, así como también canchas multiusos para el ejercicio físico y deportivo.

Por otra parte, bajo este proyecto de humanización del sistema penitenciario, y en especial de la nueva Victoria, la productividad del privado de libertad jugará un rol de gran importancia para su rehabilitación y reinserción. Queremos que durante su periodo de internamiento, los reclusos aprovechen su tiempo y aprendan oficios que les permitan, una vez salgan del recinto, reintegrarse de forma útil en la sociedad. Que tengan una verdadera oportunidad de rehacer sus vidas y de mantenerse alejados de la criminalidad.

Para ello, la nueva Victoria contará con diversos programas y espacios que fomentarán la educación, capacitación, y la preparación técnico-profesional de los privados de libertad.

Estos espacios incluyen talleres industriales para realizar actividades de artesanía; también amplias áreas de cultivo agrícola y de invernaderos para que los internos puedan producir y consumir productos agrícolas de calidad que sean beneficiosos para su salud, y eventualmente utilizar el excedente para la comercialización y sostenibilidad del recinto. 

Por igual, hemos contemplado dentro del recinto espacios para expansión futura donde empresas industriales puedan instalar sus naves y contratar la mano de obra de los internos, logrando así que estos cumplan un ciclo completo de educación básica, profesional, formación técnica y experiencia laboral durante su tiempo en prisión.

Esto les permitirá integrase a sus comunidades con una oportunidad de empleo concreta y adaptada a las necesidades del mercado. 

Estos programas de educación serían ejecutados en colaboración con otras instituciones claves que ya trabajan de cerca con nosotros, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el INFOTEP.

Al mismo tiempo, esperamos contar con el apoyo de todo el empresariado para ejecutar de manera efectiva este proyecto de reinserción, a través de sus áreas de desarrollo y responsabilidad corporativa. Esta es una iniciativa de gran impacto en el desarrollo social y económico dominicano con la cual estamos altamente comprometidos, por lo que desde ahora los exhorto a acercarse a nosotros y a participar en estas oportunidades para los privados de libertad y empresas en nuestro país.

Por último, es importante destacar que estas modernas edificaciones que se construirán para la nueva Victoria estarán acompañadas de un sistema de seguridad de última tecnología y de otras facilidades que garantizarán el control, orden y la permanencia de los internos en el recinto durante el tiempo de su reclusión.

Esto incluye el monitoreo a través de cámaras de seguridad por circuito cerrado, el alojamiento para 983 vigilantes penitenciarios que se encontrarán permanentemente en el recinto, un escuadrón antimotines y una estación de bomberos.

La operatividad y rentabilidad del centro también estará garantizada gracias a que contará con una subestación eléctrica, una planta de tratamiento, cableados soterrados, programa de reciclaje y paneles solares, por mencionar algunas de las novedades que tendrá este recinto.

Señoras y señores, el proyecto de construcción de la cárcel de La Nueva Victoria será uno de los triunfos emblemáticos del sistema penitenciario dominicano en décadas. El impacto que la construcción de este solo complejo tendrá en la calidad del tratamiento que reciben los internos dominicanos y los índices de reinserción y seguridad ciudadana será, sin lugar a duda, altamente positivo para el sistema de justicia penal y los esfuerzos de prevención de la criminalidad que se coordinan desde esta Procuraduría.  

Como han podido observar, con estas ampliaciones y nuevas construcciones, quedará resuelto el tema de hacinamiento en nuestras cárceles, sin embargo, estamos conscientes de la precaria situación en la que se encuentran las 41cárceles o recintos existentes.

Ante esta realidad, también hemos contemplado dentro del Plan de Humanización la intervención de todos los recintos penitenciarios, ya sea para remodelaciones ligeras o profundas, dependiendo de la necesidad de cada centro.

De esta manera, las 41 cárceles existentes serán remodeladas o acondicionadas y de esta forma, todo privado de libertad en la República Dominicana, sin importar donde esté recluido, tendrá garantizado un espacio físico decente y digno durante su internamiento.  

Asimismo, aprovechamos para informar a la nación que también realizaremos intervenciones en 12 cárceles preventivas ubicadas en los Palacios de Justicia y en otras dependencias a nivel nacional.

Estas 12 cárceles serán remozadas para que las personas privadas de libertad que allí se encuentren gocen también de condiciones dignas mientras su destino es decidido por un juez o son trasladados a un recinto penitenciario definitivo.

De manera particular, quiero resaltar la situación que afecta la cárcel preventiva del municipio de San Luis, en la provincia de Santo Domingo. Este espacio, con precaria capacidad para tan solo 25 personas, ha albergado desde el año 2012, diariamente, un promedio de 180 imputados de ambos sexos, para una sobrepoblación de más de 150 personas.

Para empeorar la situación, la cárcel preventiva de San Luis es la única de su tipo en la provincia de Santo Domingo, que es precisamente la jurisdicción que mayor tasa de criminalidad tiene en el país.

Frente a esta situación tan grave, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario ha querido dar solución a este problema y para ello ha incluido la construcción de un nuevo recinto que vendrá a reemplazar la vieja cárcel preventiva de este municipio.

Este nuevo recinto contará con una capacidad para 236 personas y cumplirá con todas las normas internacionales de derechos humanos y de tratamiento a reclusos de la ONU. Además, será el primer centro preventivo que incluye celdas especiales para internos convalecientes o con alguna discapacidad, las cuales estarían ubicadas próximas al punto de atención médica que también está contemplado dentro del recinto.

Señores, estamos hablando de una verdadera transformación de la infraestructura penitenciaria nacional. Este proyecto no está concentrado en una sola provincia o en grupo poblacional particular: se trata de más de 70 obras diseminadas a lo ancho y largo del territorio dominicano, que impactarán a las 31 provincias y al Distrito Nacional. Esta es una iniciativa de dimensiones abarcadoras e inclusivas.

Pero eso no es todo. Hasta el momento solo he tenido la oportunidad de comentarles sobre los cambios que beneficiarán a la población de privados de liberad adultos en nuestro país.

Sin embargo, actuando en cumplimiento con la Ley 136-03 que crea el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también vendrá a renovar la justicia penal juvenil en la República Dominicana.

Actualmente existen 8 Centros de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley en nuestro país, localizados en Higüey, San Cristóbal, Santiago, La Vega, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

Estos centros cuentan con una capacidad instalada de 471 internos y un número de adolescentes privados de libertad que supera los 570 jóvenes, para unas sobrepoblación de más de 100 internos.

El hacinamiento de nuestros jóvenes no es el único reto que debemos enfrentar en esta materia. La ubicación de los centros y la concentración de 4 de ellos en el Gran Santo Domingo da lugar a varios obstáculos: por un lado, esto dificulta los traslados de los adolescentes a sus audiencias si estas tienen lugar en provincias lejanas y por el otro, la distancia de sus comunidades provoca el desarraigo y la desvinculación familiar del joven, perjudicando así los esfuerzos de reinserción del adolescente en su entorno natural.

Para dar respuesta a situaciones como estas y proteger a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el Plan de Humanización contempla la ampliación, construcción y redistribución de los Centros de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Esta parte de nuestro proyecto incluye la adición de 309 nuevos espacios para eliminar el hacinamiento existente actualmente.

¿Cómo lo lograremos?

Primero construiremos 2 nuevos centros de atención integral para adolescentes en las provincias de Barahona y La Romana, con una capacidad combinada de 168 internos. Estas nuevas estructuras servirán para descentralizar los centros y distribuirlos de manera más equitativa a nivel nacional.

Y segundo, lograremos eliminar el hacinamiento de nuestros adolescentes privados de libertad mediante la ampliación de 3 de los centros existentes. Estos son Ciudad del Niño, Santiago y el Batey Bienvenido.

En estas remodelaciones, seguiremos los lineamientos planteados por el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), creando micro comunidades donde se trabajará con los jóvenes de manera personalizada y en grupos pequeños.

Como resultado de estos esfuerzos, nuestros adolescentes podrán contar con un internamiento digno que fomente y promueva su tratamiento y reintegración a la comunidad.

Ciudadanos y ciudadanas,

Como han podido ver, para dar el primer paso hacia la rehabilitación y reinserción de un interno en la sociedad, es preciso contar con las estructuras básicas y dignas que le permitan recibir el tratamiento adecuado para su transformación y reintegración a la vida social.

 

 

Por eso, el segundo eje de este Plan de Humanización del Sistema Penitenciario se concentra en la ampliación y construcción de estructuras modernas que acaben con el hacinamiento y que cuenten con los espacios necesarios para ejecutar los programas de intervención necesarios para lograr el objetivo final, que es la reinserción.

Señoras y señores, una vez explicado el proyecto en su totalidad, aprovecho para hablarles brevemente de los aspectos técnicos y financieros de su ejecución.

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que hoy les presentamos es un proyecto ambicioso que pretendemos completar para abril del año 2020, cumpliendo con todos los requisitos y las normas de compras y contrataciones establecidas en la ley.

En este sentido, se realizarán licitaciones de más de 80 obras, publicándose las primeras 15 obras el próximo lunes 15 de octubre y las restantes de forma paulatina durante los próximos 6 meses.

Quiero resaltar que este proyecto, por tratarse de la construcción y remodelación de recintos penitenciarios, requiere de altos niveles de seguridad y protección de la información relacionada con el mismo. No obstante, en aras de la transparencia que ha caracterizado a esta gestión, estamos realizando un proceso de licitación pública, abierto y participativo.

De esta forma, cualquier empresa que tenga la experiencia y que garantice la ejecución del proyecto en el tiempo y con la calidad requerida, siguiendo los estándares nacionales e internacionales, podrá resultar gananciosa en el proceso.

Este también será uno de los procesos de licitación más democráticos en la historia del país y para lograr esto, hemos estipulado que ninguna empresa podrá desarrollar más de 1 de las 80 obras o servicios que serán concursadas.

Esto significa que más de 80 compañías tendrán la oportunidad de participar y desarrollar este proyecto transformador, bajo estricta supervisión de la Procuraduría General de la República.

En lo que respecta al costo de implementación, el Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario comprende una inversión aproximada de 170 millones de dólares.

Esta inversión se realizará utilizando fondos propios y especiales de la institución que han sido captados gracias a la aplicación, por primera vez desde su promulgación, de la Ley 448-06 sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión.

En virtud de esta legislación, el Ministerio Público dominicano logró que las empresas involucradas en los casos de corrupción de Odebrecht y Tucanos, indemnizaran al Estado dominicano por las prácticas de soborno en las que incurrieron en el país, contando con los mismos de forma directa en un 70% y anticipando el resto a través del factoring.

Son estos fondos, obtenidos en calidad de multas bajo la ley de soborno, los que conforme nuestras leyes y en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto, han sido formalmente asignados al desarrollo de este Plan de Humanización Penitenciaria, reiterando que así seguiremos actuando, exigiendo las penas e indemnizaciones necesarias a favor del Estado en todos los casos que surjan, implementado iniciativas que promuevan la seguridad y el bienestar ciudadano en materia de criminalidad. 

Aprovecho la ocasión para agradecer el respaldo ofrecido a este proyecto por parte del Poder Ejecutivo y diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Presupuesto, entre otras tantas.

Cierro esta intervención recalcando el compromiso de esta gestión con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de la República Dominicana, sin preferencias ni distinciones, incluyendo a los privados de libertad.

Ellos son el centro y el enfoque de este proyecto porque si bien han vulnerado la ley, el sistema de justicia penal moderno tiene necesariamente que ocuparse no solo de sancionar, sino también de rehabilitar y reinsertar en la sociedad a estas personas.

La condición de privado de libertad debe verse como una oportunidad de reforma y transformación individual, pero sobre todo como una oportunidad para prevenir la criminalidad.  

Para lograr reducir la delincuencia también debemos trabajar de cerca con esta población e implementar planes que contribuyan a disminuir la reincidencia y a aumentar los niveles de seguridad ciudadana a mediano y largo plazo.

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario viene, precisamente, a cumplir con ese objetivo. Tengan por seguro que durante los próximos 18 meses este servidor y todo el equipo de la Procuraduría General de la República estará trabajando, sin descanso, 24/7, para hacer realidad este proyecto, mientras continuamos modernizando nuestro Ministerio Público.

En unos pocos meses podremos decir que, por primera vez en décadas, la República Dominicana es un país libre de hacinamiento penitenciario. Que es un país donde lugares como La Victoria ya no existen, donde los derechos de los privados de libertad son protegidos mejor que nunca y donde su reinserción en la sociedad es promovida, no solo por las autoridades, sino también por todos los ciudadanos.

Esperamos contar con cada uno de los aquí presentes y con los que nos sintonizan a través de los medios de comunicación en este nuevo camino. Apoyen este proceso, participen en el mismo y formen parte de esta transformación que venimos a implementar en el sistema penitenciario dominicano.

Este es un momento trascendental para la historia de nuestro país, para la justicia penal dominicana y para nuestra sociedad en general.

Muchas gracias.

 

“VII Encuentro de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria”.

Santo domingo / 3 de octubre de 2018

 

 

  1. Introducción.

 

El Derecho Administrativo ha introducido nuevos paradigmas en la visión formal que se tenía de las ciencias jurídicas en décadas anteriores. Gracias a esta rama del Derecho, la cual –como sabemos– vincula directamente al Estado en los actos de carácter jurídico frente a los particulares, significando un cambio a la tradición que hemos heredado del derecho clásico francés.

 

Lo anterior ha provocado que se estudien a profundidad más temáticas relacionadas a esta rama del Derecho, determinando así una mayor producción doctrinal en esta dirección. Fruto de este paradigma que hemos planteado, se han generado numerosos debates entre juristas nacionales e internacionales, precisamente como el que nos convoca hoy a este escenario: el concepto de regulación desde el punto de vista administrativo e institucional de FINJUS, tomando como uno de los enfoques el de distinguir las definiciones de acto administrativo y reglamento.

 

  1. El concepto de regulación.

Hoy día,

 

Desde el punto de vista puramente práctico, es preciso reconocer que el legislador no puede abordar por si solo la regulación de todas las materias que lo requieren en una sociedad considerablemente  compleja como la nuestra. Y si atendemos a su respaldo jurídico, es la propia Constitución la que reconoce la potestad reglamentaria a la Administración y a la autoridad competente, siempre y cuando, esta no contravenga los preceptos constitucionales que ella misma establece[1].

 

Cónsono con lo anterior, el reconocido jurista administrativista José Peñaranda, nos explica que, “La justificación material de la potestad reglamentaria: se considera sin discrepancia que el buen gobierno de las complejas sociedades contemporáneas hace indispensable el reconocimiento de una potestad normativa a la Administración[2], así entonces para cumplir con el fin ulterior que le corresponde a cada órgano estatal.

 

De los planteamientos anteriores que versan sobre la naturaleza de la regulación, indistintamente en términos teóricos y prácticos, es que surgiría así la pregunta, ¿qué entendemos estrictamente por regulación? Desde el punto de vista tradicional,

 

La esencia de la regulación es el reemplazo explícito de la competencia por las órdenes gubernamentales como el mecanismo principal que asegura un buen desempeño. La prescripción gubernamental directa de los principales aspectos de su estructura y desempeño económico; control de la entrada, fijación de precios, prescripción de la calidad y condiciones de servicio y la imposición de la obligación de servicio en condiciones razonables[3].

 

No obstante, en el marco de una moderna teoría económica de Estado es considerado que “La regulación es el uso que hace la industria en su propio beneficio del poder de coerción[4].” De manera que, en búsqueda de coincidencias, podemos observar que ambos conceptos tienen que ver con tres elementos esenciales: 1) participación gubernamental; 2) la coerción a través del acto de regular; y 3) la necesaria obligación de servicio en aras de un buen desempeño del ejercicio gubernamental.

 

Para el autor Íñigo del Guayo, al introducir el concepto de regulación, magistralmente explica varias dimensiones en que puede ser entendido este concepto. Tanto como una “expresión sinónima” al Derecho, así como “una parte” del Derecho; como una “actividad pública sujeta al Derecho” y de igual forma viendo al derecho como parte de la regulación[5].

 

Asimismo, el precitado autor nos brinda una definición más precisa y próxima a la teoría económica moderna, describiendo al concepto de regulación económica como “un lugar de encuentro entre el derecho, la política, la economía y la técnica[6]” y agregando como reflexión final que

 

La regulación comprende la aprobación de las normas a que se han de sujetar las empresas de un determinado sector, la supervisión y vigilancia de cómo se cumplen esas normas, así como la adopción de las medidas necesarias para compeler a las empresas a ajustarse a las normas aprobadas. Esta última actividad incluye la adopción de actos administrativos y la imposición de sanciones administrativas[7].

 

Conociendo entonces el concepto de regulación, podremos entrar directamente en la diferenciación de términos que forma parte importante del origen de nuestra participación: acto administrativo versus reglamento. Un aspecto que tiene que ver con la esencia de la regulación, visto desde el espectro normativo de las tres condicionantes conceptuales que mencionamos anteriormente.

 

  • Acto administrativo versus

 

En términos generales, la doctrina y la legislación distinguen al acto administrativo y el reglamento por los efectos que producen los mismos. Por un lado, el acto administrativo produce efectos singulares, particulares o individuales y por otro, el reglamento produce efectos generales.

 

Otra característica a tomar en cuenta es que el reglamento se caracteriza principalmente por su carácter de innovación, es decir, éste innova el ordenamiento jurídico, mientras que el acto administrativo simplemente ejecuta previsiones que están establecidas previamente, es decir, éste último tiene un carácter ejecutivo mientras que el primero tiene un carácter eminentemente normativo.

 

En palabras de García de Enterría, el acto administrativo, es esa manifestación residual, que no responde ni se enmarca en actos de la función judicial o de la función legislativa, y que unilateralmente produce efectos jurídicos en las personas[8]. En efecto, el acto administrativo se distingue de otras actuaciones administrativas no solo por su carácter unilateral sino por el hecho de generar efectos jurídicos específicos o particulares, sobre los administrados, el mismo que lo diferencia claramente de otras actuaciones administrativas.

 

Por otra parte, tenemos que el reglamento es toda disposición jurídica dictada por la autoridad competente y con valor subordinado a la Constitución, a la ley, y a los principios generales del derecho —principio de juridicidad— el cual alude a la conformidad o regularidad entre toda norma o acto inferior con respecto a la norma superior que le sirve de fundamento de validez, por lo que opera en todos los niveles o en grados de la estructura jerárquica del orden jurídico. Ahora bien, a nadie le cabe duda, al menos hablando en términos abstractos, de la vigencia en nuestro ordenamiento del principio de jerarquía de normas.

 

Es importante destacar que, la potestad reglamentaria no es manifestación de una facultad propia de la Administración, sino de un poder jurídico creado por una norma de rango superior. La potestad reglamentaria existe sólo y en la medida que la Constitución y las leyes se la atribuyan expresamente a la Administración. Se trata de una norma secundaria, de rango inferior a la Ley, de carácter subalterno y complementario de la Ley cuya función primordial es ejecutar, desarrollar o completar la Ley.

 

De modo que el reglamento o cuenta con una habilitación legal específica o puede operar únicamente sin legislación previa en el ámbito puramente organizativo o doméstico. Fuera de este ámbito no caben los llamados “reglamentos independientes”[9].

 

Y es que, definitivamente, en principio,

 

La Administración no puede actuar sin una habilitación positiva por parte del ordenamiento, pero, por otra, resulta que la propia Administración puede participar en la formación del ordenamiento en cuanto es titular de la potestad reglamentaria, verbigracia; —los Poderes del Estado—. […En definitiva,] esta potestad, como cualquiera otra, ha debido ser atribuida por el ordenamiento, pero su singularidad radica en que, una vez atribuida, efectivamente, de su ejercicio dimana auténtico derecho objetivo, y por ende es, a su vez, fuente, aunque sea parcial, del ordenamiento[10].

 

De lo expuesto con anterioridad se traduce como una obligación que vincula a los ciudadanos y a todos los poderes públicos como consecuencia directa de su condición de norma.  

 

 

Conforme a la Constitución la potestad reglamentaria tiene una serie de límites; que la sujetan a la ley, cuyos preceptos no puede derogar, modificar, ampliar; pues no hay materias reservadas. La Constitución dispone reserva de ley para determinadas materias, en especial para el ejercicio de los derechos fundamentales y sus garantías, en los casos en que la propia Carta Política autoriza, puesto que a la potestad reglamentaria, en el sentido de que la ley puede entrar a regular cualquier ámbito que con anterioridad haya sido regulado por el reglamento.[11]

 

De manera que, ya hemos expuesto los albores del concepto de regulación desde el punto de vista administrativo e institucional, haciendo referencia a teorías convencionales así como otras más ajustadas a elementos propios de otras ciencias, distinta a las ciencias jurídicas. Abordamos por igual el enfoque doctrinario para distinguir las definiciones de acto administrativo y reglamento, tratando así de que fuere comprensible y a la vez con rigurosidad académica.

 

Finalmente, debemos acotar que conocer lo anterior no debe servir para auparnos de una demostración subjetiva del saber sobre el Derecho Administrativo, sino para comprender cuál será la utilidad práctica del concepto. Cualquier acto de naturaleza estatal podría eventualmente ajustarse a una u otra definición, con ello determinaremos los alcances, la naturaleza y sobretodo la afectación o no que podría inferirse sobre el ordenamiento jurídico o la propia institucionalidad democrática de nuestro país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

3 de octubre del 2018.

 

 

 

[1] RIVERO O., Ricardo et ORTEGA P., Francisco. Manual de Derecho Administrativo. IGlobal. República Dominicana. 2016. P. 132.

[2] PEÑARANDA R., José L. El reglamento como fuente específica del derecho administrativo y el principio de legalidad. Madrid. 2017. P. 14.

[3] RIVERA U., Eugenio. Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas. [En línea] Revista Gestión y Política Pública. Volumen XIII. Número 2. 2003. P. 312. [Documento en PDF] Disponible en: http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIII_No.II_2dosem/Rivera.pdf

[4] Ídem.

[5] Véase: DEL GUAYO C., Íñigo. La regulación y sus tareas. Universidad de Almería. Pp. 1484 y ss.

[6][6] Ídem. P. 1486.

 

[7] Ídem. P. 1498.

[8] De igual forma, acorde a criterios y postulados expuestos por el jurista peruano Christian Guzmán Napurí parafraseando al autor García de Enterría.

[9] PEÑARANDA R., José L. Óp. Cit. P. 16.

[10] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Observaciones sobre el fundamento de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Madrid. P. 72.

[11] Véase: Seguridad Pública Española. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria, especial referencia a la potestad reglamentaria de las entidades locales. Procedimiento de aprobación. [En línea] Disponible en:  https://www.seguridadpublica.es/2010/12/el-reglamento-concepto-y-clases-la-potestad-reglamentaria-especial-referencia-a-la-potestad-reglamentaria-de-las-entidades-locales-procedimiento-de-aprobacion/

Santo Domingo, 25 de septiembre de 2018

 

 

En el marco del período de consulta pública correspondiente al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos —preparado por la Junta Central Electoral— la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno sugerir algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que se lleva a cabo entre los actores políticos, la ciudadanía y el órgano rector electoral.

 

El referido proyecto normativo regula a grandes rasgos el desarrollo de la precampaña y campaña electoral, así como también la organización de las elecciones primarias a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en consecuencia, la presentación de las precandidaturas o candidaturas correspondientes.

 

  1. Con relación a la precampaña y campaña electoral

 

El contenido de este proyecto de reglamento diferencia tres períodos relativos a propósito de la celebración de las elecciones generales del 2020: en primer orden, un período previo de precampaña que comprende el año previo al inicio de la campaña interna; la precampaña electoral y la campaña electoral. Estos intervalos suponen diferentes regulaciones en torno a las actividades que pudiesen o no realizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

 

Para el año previo al inicio de la precampaña, se indica de manera expresa la prohibición de producción y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas (camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, etc.), a menos que sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna. Solamente se permitirá la celebración de reuniones a lo interno de los locales de sus respectivas organizaciones, en locales cerrados y áreas restringidas donde no entorpezcan el libre tránsito, ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía.

 

Vale destacar que la razón que origina las restricciones impuestas en este período, es el de evitar que se incurra en actos anticipados de campaña que vulneren el ambiente de respeto y equidad que debe caracterizar a los procesos eleccionarios. Sobre esto, la Junta Central Electoral debe revisar si el reglamento contiene las precisiones suficientes a fin de preservar el equilibrio democrático, ya que en el pasado reciente se han producido una serie de actividades organizadas por eventuales precandidatos que, al tenor de la opinión de algunos medios y ciudadanos son de carácter proselitista, dando lugar a la percepción de ineficacia de los límites señalados en cada uno de los períodos diferenciados.

 

Es importante destacar que para el período previo se dispone la posibilidad de solicitar a las autoridades del orden público, en especial a los ayuntamientos, el cumplimiento de la medida de retiro de las diferentes herramientas promocionales en lugares externos. 

 

Por otro lado, para el tiempo de precampaña se copian íntegramente las disposiciones contenidas en la Ley No. 33-18 que, en resumen, indican que sólo serán permitidas actividades proselitistas estrictamente internas, dirigidas de manera particular a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones y la participación de los candidatos en medios de comunicación.

 

Es preciso observar que aunque la Ley No. 33-18 dispone, como sanción al incumplimiento de estas medidas, la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de la norma; nos preocupa que el proyecto de reglamento no reitere la referida sanción, la cual debió ser desarrollada en este instrumento normativo a fin de resaltar las condiciones en que se impondrá. Cuestiones como la idoneidad o no de que la Junta notifique una advertencia para que se abstengan de continuar en falta, antes de ejecutar la sanción, o si se trata de la retención de una parte o la totalidad de los fondos, deben ser puntualizadas en el reglamento.

 

Esto es relevante dado que, en función de la redacción del proyecto de reglamento, parecería que no existe un régimen de consecuencias para la infracción de estas disposiciones; toda vez que no se aplica la medida de retiro inmediato la cual está establecida para el período previo a la precampaña.

 

Otra de los señalamientos que tenemos a bien formular en este acápite es lo relativo a la prohibición de difusión de “mensajes negativos” a través de las redes sociales. La asociación de esta infracción a las sanciones contenidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología obliga a que en el reglamento se defina con mucha claridad cuál es el alcance de aquello dispuesto en la ley como “mensajes negativos”, pues esto alude a un margen bastante subjetivo que impide una tipificación adecuada. Sugerimos indicar que se tratará de aquellos mensajes que se encuadren en el delito de difamación e injuria.

 

  1. Con relación a la organización de las primarias y candidaturas

 

Un gran reto que tienen conjuntamente el Estado, la sociedad y los partidos políticos es propiciar la implementación exitosa de este nuevo Reglamento. Por ello hemos considerado nuestro deber facilitar a la comunidad jurídica, académica, las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, los elementos de análisis que les permitan conocer a fondo el contenido de este proyecto de reglamento y estar en capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos y culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

 

En ese sentido, un aspecto que resulta de vital importancia para la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es lo relativo a la organización de las elecciones primarias. El proyecto de Reglamento explica en detalle en el capítulo III las formas en que deberán realizarse las primarias, en caso de que ésta sea la modalidad de escogencia de candidatos por las que haya optado una determinada organización política.

 

Debe destacarse que desde el reglamento, en el artículo 27, se indica que los partidos establecerán en sus respectivos estatutos la modalidad de escogencia de los candidatos, lo cual podría contravenir a la propia abstracción que presenta la Ley No. 33-18. Decimos esto en virtud de que resulta distinto adecuar los estatutos a los presupuestos de la norma, frente a un mandato normativo obligatorio de explicitar la modalidad de escogencia dentro de los estatutos como se establece en el presente reglamento.

 

De igual modo, se establece la formalidad de notificar mediante instancia a la Junta Central Electoral de la decisión tomada por la organización política y el alcance de la misma, lo que imprime un compromiso de cumplimiento con los principios de publicidad y legalidad por parte de los partidos políticos, ambos pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, el proyecto de reglamento establece los plazos a los que deberán someterse los partidos que decidan organizar primarias, no pudiendo pasar como plazo final el último domingo de octubre del año 2019.

 

El artículo 35 establece las condiciones a los que pretenden ejercer cargos electivos. Esto es sumamente importante, ya que implica subsumir las precandidaturas a reglas claras, procurando así el imperio de la ley desde la raíz de la vida democrática de los partidos. A pesar de ello, estas reglas condicionantes son las mismas establecidas en la Ley No. 33-18 para las candidaturas como tales, por lo cual resulta importante agregar una condicionante más que dote de mayor rigurosidad y menor margen de violación a los principios electorales desde la democracia interna partidaria.

 

Desde FINJUS, proponemos adicionar la siguiente condición, a manera de prohibición:

 

5) No podrán optar por una precandidatura quienes, al momento de inscribirla, tengan contrato con el Estado, ya sea como personas físicas o como representantes o apoderados de personas jurídicas, o a través de cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.

 

Por otro lado, resultan relevantes los presupuestos normativos expuestos a partir del artículo 38, donde se trata el tema de la cuota de la mujer. En estos artículos se delimitan aquellas confusiones que pudo presentar la Ley No. 33-18 en torno al tema y se obliga expresamente a los partidos a incluir un 40% de la cuota de representación a la mujer. Asimismo, sanciona con la inadmisión a las listas que no incluyan el 40% de la cuota mínima de la mujer, indicando también las reglas específicas del momento de elección a lo interno del partido, dedicado al cumplimiento de la referida cuota.

 

Desde FINJUS, estimamos que dada la definición de la Ley No. 33-18, este reglamento debe desarrollar cuál sería el procedimiento a utilizar en cuanto a las disposiciones relativas a la sustitución de la candidatura de una mujer. En el caso de que tras ser inscrita la candidatura de una mujer deba ser sustituida, recomendamos que el Reglamento indique expresamente que sólo puede ser sustituida por otra mujer, a fin de evitar alteraciones en la cuota, garantizando así que exista cohesión normativa con el principio democrático de la equidad real.

 

Huelga destacar que el Proyecto de Reglamento para la aplicación de la Ley No. 33-18 sobre la celebración de primarias simultáneas reitera la obligatoriedad de incluir dentro de las propuestas el diez por ciento (10%) de garantía de participación de jóvenes de hasta treinta y cinco (35) años, lo cual deberá ser presentado a la Junta Central Electoral al momento del depósito de las candidaturas a puestos de elección popular. A pesar de ello, consideramos oportuno sugerir que se agregue un párrafo indicando que estos jóvenes están obligados a cumplir con los requisitos exigidos a todas las precandidaturas, o al menos hacer la salvedad de que no escapan a estas condicionantes.

 

De manera que, FINJUS considera que luego de una amplia discusión mediante consulta pública del Proyecto de Reglamento para la Aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre la Celebración de Primarias Simultáneas en el año 2018, sería oportuno que sea aprobada una pieza reglamentaria consensuada y estudiada a profundidad por parte de los distintos sectores políticos y sociales. Sin lugar a dudas, el seguimiento y los aportes que puedan hacerse a este proceso de diálogo, completaría sin dudas el sistema de garantías de la ciudadanía respecto al proceso electoral venidero y fortalecería la institucionalidad democrática del país.

 

Con sentimientos de alta consideración y estima,

 

Muy atentamente

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Ante el anuncio del Consejo Superior del Ministerio Público de la designación de los nuevos procuradores fiscales titulares, procuradores generales de corte y responsables de procuradurías especializadas, mediante concurso de oposición, FINJUS estima oportuno compartir algunas reflexiones sobre ciertos puntos de este proceso.

 

Resaltamos que es una imperante necesidad que el Consejo Superior del Ministerio Público se aboque al establecimiento del escalafón institucional del Ministerio Público, como un instrumento para aquilatar en cada miembro titular sus tiempos de ejercicio, los méritos acumulados en determinadas funciones y realizar una categorización de los distintos niveles, para decidir entonces sus posibilidades de aspirar a cargos de titularidad. Esto así, pues la elección de personas que tienen un tiempo mínimo de ejercicio por encima de otros con más tiempo acumulado en funciones, puede resultar en menoscabo al fortalecimiento de la institucionalidad de este órgano.

 

Al mismo tiempo la sociedad espera que los próximos procesos de estas características estén enmarcados en niveles óptimos de publicidad, de forma que sus resultados estén revestidos de la máxima legitimidad ante la sociedad, evitando que las dudas sobre la posible parcialización con algunas candidaturas internas pueda ser utilizado como un elemento que empañe los objetivos que pretenden alcanzarse con dicha elección.

 

Los titulares electos tienen el reto de cumplir con los más altos estándares derivados de la responsabilidades de sus nuevos cargos y, ante todo, adecuar cada una de sus actuaciones al mandato constitucional así como un apego irrestricto a la Ley y al Reglamento de Carrera.

 

Desde FINJUS exhortamos a los procuradores fiscales y demás titulares recién electos a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la realización de evaluaciones anuales de sus respectivos desempeños, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, como una forma de asegurar los objetivos de un sistema de carrera fundado en principios de mérito, capacidad y profesionalidad.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

11 de septiembre 2018

Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

12 de septiembre 2018

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en el marco de las labores de fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y del mejoramiento del sistema de justicia en el país, considera fundamental que la ciudadanía conozca en detalle cuáles son las temáticas a tomar en cuenta para el proceso venidero de elección de jueces de las Altas Cortes, convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

 

La sociedad civil ha jugado un rol muy importante en el seguimiento de estos procesos, lo cual ha permitido dar a conocer cada uno de los detalles relacionados con características inherentes a la selección de autoridades y ponerlas a disposición de la ciudadanía para valorar una eventual elección y/o ratificación de aquellos jueces que conformarían las Altas Cortes.

 

Vamos conociendo los retos que se presentan en el marco de un escenario de esta naturaleza y cuyos conceptos esenciales y formalidades merecen ser discutidas por múltiples sectores de la vida nacional.

 

El mandato constitucional que está consignado a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional es de suma importancia para trazar las directrices que están ligadas al sistema democrático y que definen los elementos fundamentales que permiten comprender a fondo cada una de las debilidades y fortalezas que caracterizan a nuestro sistema de justicia. En ese sentido, es nuestro deber reflexionar en esta dirección para darle una mirada crítica a esta nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Múltiples sectores han expresado aprehensiones en torno al curso y profundidad de este proceso. Organizaciones y personalidades han manifestado a lo largo de los años sus preocupaciones por el desarrollo de las convocatorias realizadas por el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de la Magistratura, y se han señalado las debilidades en las reglas para la elección y la estrecha relación con el poder político de turno que han presentado quienes han resultado electos en procesos anteriores.

 

La sociedad dominicana ha sido informada que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado para el próximo 2 de octubre y que se iniciará el proceso para la elección de 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato se ha vencido, de los cuales 3 podrían ser ratificados por un nuevo periodo de 6 años  y serán evaluados 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia, condición sine qua non de su ratificación o separación de la carrea judicial.

 

Esta nueva oportunidad que la historia abre a los actuales incumbentes del Consejo será estrechamente analizada, observada y evaluada por la sociedad dominicana, que espera que las decisiones que se adopten representen un avance en nuestra institucionalidad democrática.

 

Nuestro interés al celebrar este evento es propiciar que las organizaciones sociales de todos los niveles participen en ese proceso, conscientes de que en esa elección están en juego aspectos fundamentales de nuestra democracia, y que como país y sociedad nos merecemos un proceso diáfano, responsable, institucionalizado y sobre todo apegado a la Constitución y las leyes.

 

Como lo anterior es una tarea ardua, nos sentimos muy honrados de estar acompañados de destacados ciudadanos, que desde las ciencias jurídicas y la comunicación social han contribuido a señalar las condiciones e imperativos que implica este proceso. Nos referimos a Juan Bolívar Díaz, Cristóbal Rodríguez, y Michel Camacho, a quienes agradecemos por su participación en este evento, lo mismo que a Uds. por aceptar nuestra invitación.

 

En el marco de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, agradecemos su asistencia y les invito nueva vez a que nos aboquemos a una reflexión profunda sobre los retos de la próxima elección de los jueces de las Altas Cortes, pues ésta será  más que un claro indicador de nuestro horizonte institucional.

 

Muchas gracias.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera relevante que la Junta Central Electoral se aboque a definir todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de las actuaciones de los partidos y sus miembros en cuanto a las eventuales violaciones a los presupuestos referentes a la propaganda y actividades proselitistas permitidas durante el período de la precampaña, de forma que se ajusten tanto en el contenido de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, así como en el Acta No. 2-2018.

 

Ambos instrumentos jurídicos han generado múltiples debates en el seno de la opinión pública debido a la naturaleza de los mandatos que en sí están dispuestos, ya que se trata de normas que regulan a las instituciones que representan uno de los pilares esenciales del sistema democrático. Por tanto, como esto pudiese rozar la esfera de los derechos de participación democrática, es importante que los órganos competentes definan cuestiones de esta temática que han sido debatidas por múltiples sectores de la vida nacional.

 

En primer lugar, debe destacarse que la recién promulgada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, establece en su artículo 43 cuál es la propaganda permitida durante la precampaña. Se permite, de acuerdo a la ley, la participación de candidatos y sus voceros en los medios de comunicación; las reuniones en recintos cerrados; producción y uso individual de materiales de propaganda de tipo personal; y divulgación de mensajes transmitidos por diferentes vías.

 

Por otro lado, claramente indicado en la norma lo que está permitido, puede encontrarse por igual lo que el legislador considera como prohibiciones en la precampaña, indicado en el artículo 44 de la referida ley. De este modo, se indica –entre otras cosas– lo siguiente:

 

Artículo 44.- Propaganda prohibida en el período de precampaña. Durante el período de precampaña o campaña interna, queda prohibido:

 

1) La pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta;

2) Los afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria, que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos;

3) El uso de pintura o afiches no removibles, a menos que se coloquen en los locales y propiedades de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas;

4) Toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional o nacional, en el orden religioso, racial, de preferencia sexual, o de cualquier otra naturaleza que contravenga las buenas costumbres;

5) La propaganda que perjudique la estética urbana, dañe el medio ambiente y los recursos naturales, o contravenga las disposiciones sobre ornato municipal (…)

7) La promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva;

8) Hacer referencia o uso de la imagen de la o el precandidato en nombre de entidades públicas o privadas a las que pertenece o represente.[1];

 

Visto lo anterior, pareciera que la Ley No. 33-18 ilustra con claridad aquellas actividades por parte de las organizaciones políticas y sus miembros que sí están legitimadas, así como aquellas que no. Conociendo entonces los presupuestos de la Ley de Partidos al respecto, debemos puntualizar dónde se encuentra en términos precisos la confusión generada en la opinión pública en torno a este tema frente al Acta 2-2018.

 

La Junta Central Electoral debería evitar que se genere la percepción sobre aspectos que podrían verse como contradictorios en cuanto al alcance de las disposiciones preestablecidas en la Ley No. 33-18 y el Acta No. 2-2018. En la Ley de Partidos, existe la permisibilidad en cuanto a “las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares, siempre que involucren a militantes y simpatizantes del partidos, agrupación o movimiento político que sustentan las candidaturas[2]”, mientras que, mediante el Acta No. 2-2018, la Junta Central Electoral indicó la suspensión de todas las actividades proselitistas que se encontraren realizando dirigentes de los partidos políticos con pretensiones de ser candidatos a posiciones electivas en las elecciones generales del año 2020.

 

A partir de lo anterior, consideramos que la Junta Central Electoral debería esclarecer el alcance preciso de ambas disposiciones. Es menester determinar qué podría considerarse una actividad proselitista versus las implicaciones de reuniones en recintos cerrados y los encuentros con militantes; determinando así las directrices del rango de actuación de los miembros de los partidos y agrupaciones políticas.

 

En la propia Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, más específicamente en el párrafo II del anteriormente mencionado artículo 44, se inscribe el mandato legal de que “La Junta Central Electoral elaborará mediante reglamento todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la precampaña”.

 

En ese orden, desde FINJUS consideramos que un paso importante para la institucionalidad democrática del país y el sistema de partidos lo sería reglamentar cuanto antes las cuestiones que tienen que ver con la precampaña electoral tal como ordena la ley.

 

La ciudadanía ha expresado que es urgente regular todo lo concerniente al sistema electoral y de partidos. Cada uno de los matices propios de esta temática, configuran aspectos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho. Los órganos encargados de fortalecer el sistema de partidos y la institucionalidad deben abocarse a generar pautas precisas que generen mayores garantías y fortalezas para la calidad democrática de nuestro país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

30 de agosto del 2018.

 

 

[1] Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-2018. Artículo 44. República Dominicana.

[2] Ibídem. Artículo 43, numeral 2.

Jueves, 30 Agosto 2018 12:58

SOBRE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera, una vez más, improcedente tratar el tema de la reelección presidencial en la actual coyuntura política sin haber arribado siquiera al periodo de precampaña y, más aún, que se aluda a la posibilidad de abocarse a ello sin necesidad de reforma constitucional inobservando el contenido del artículo 124 de nuestra Ley sustantiva, así como la vigésima disposición transitoria que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno.

 

Ambas disposiciones son bastante específicas y no admiten, bajo ningún concepto, interpretaciones orientadas a argumentar supuestas afectaciones al derecho del gobernante actual y/o señalamientos respecto al periodo en el cual fue establecida la referida disposición que tienen por objeto alegar la prohibición de irretroactividad de la norma.

 

El texto constitucional ha sido muy claro sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período; en ese sentido el artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[1]”. Esto no genera una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco del contenido del derecho a la igualdad, sino todo lo contrario, se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una importantísima garantía para la democracia.

 

El contenido constitucional no afecta los derechos de los gobernantes ni tampoco genera un marco desigual de posibilidades para el acceso al poder. Todo lo contrario, de lo que se trata es de garantizar una verdadera alternabilidad política que permita continuar el fortalecimiento de la democracia.

 

Desde FINJUS, consideramos que apelar, por ejemplo, a una violación del derecho de igualdad carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional con respecto al referido derecho, pues tal y como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[2]”.

Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma, en torno al caso específico que quiera aplicarse, debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad; lo cual no se configura al tratarse del mandatario actual, quien se encuentra en un segundo periodo consecutivo, frente a aquellos que pretendan una postulación presidencial.

 

Como hemos expresado en múltiples escenarios, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

Por otro lado, llama sobremanera la atención ciertos argumentos que se orientan a la posibilidad de una reelección presidencial sin necesidad de una reforma constitucional, pasando por alto la prohibición expresa que esa Ley Sustantiva contiene, constituyendo esto una afrenta directa a la supremacía de la Constitución.  

 

En la actualidad, nuestro país no se encuentra en un estado de vacío institucional ni de indefiniciones respecto al modelo de Estado. Por lo que apelar a interpretaciones que conducen a violentar los principios constitucionales, lacera toda una historia de conquistas en materia de seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y respeto a la legalidad durante los últimos años.

 

Conclusión

 

Desde FINJUS hemos expresado preocupación respecto de una posible reforma constitucionalidad y es que, no podemos pasar por alto que nuestra Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones, a lo largo de la historia como República. Gran parte de las ocasiones en que se ha modificado esta Ley Sustantiva ha sido con el mero objetivo de variar, reafirmar o contrarrestar el tema de la reelección presidencial, atendiendo a los intereses políticos de turno.

 

La  hiperreformabilidad[3] constitucional es uno de los fenómenos que históricamente reaparece en nuestro país cada vez que las fuerzas políticas desean saciar sus intereses personales de mando. “Las  fuerzas políticas deben entender que hace tiempo que la Constitución no es ya más un Derecho de preámbulo ni un compendio de vagas recetas políticas” [4] que puede adaptarse a los intereses de un determinado sector, obviando los límites implícitos al poder reformador de la Constitución.

 

La institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho son valores esenciales de nuestra Constitución los cuales podrían verse seriamente afectados si se introduce una nueva vez este tema en la opinión pública y, aún más, si se materializa a través de vías improcedentes y convenientes sólo para el poder político, no así para el orden constitucional.

 

Abogar de manera continua a la reforma de la constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo de manera muy peligrosa condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes ostenten el poder.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

28 de agosto de 2018

 

 

[1] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[2] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

[3]  Concepto acuñado por el jurista Miguel Carbonell.

[4] FAVOREU, Joseph Louis. La Constitucionalización del Derecho. Las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, “La unidad del derecho”. París. 1996. P. 25.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el Senado de la República, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera importante que la ciudadanía conozca y analice sus ejes fundamentales y reflexione sobre el impacto que esta normativa tendrá en la calidad y el funcionamiento del sistema democrático.

 

Esta nueva Ley había generado una gran expectativa social en diferentes sectores sociales, sobre todo por el reclamo de que en su contenido se recogieran y expresaran los principios y disposiciones constitucionales que ordenan a los partidos el desarrollo de mecanismos democráticos internos para la elección de sus autoridades; que fomenten una cultura de transparencia para impedir la intromisión del crimen organizado, la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y representantes públicos; que se propicie la participación social en la vida política nacional, con énfasis en la juventud y las mujeres; y que se garantice la celebración de asambleas electorales apegadas a criterios ordenados y bien definidos a fin de que se manifieste la verdadera soberanía popular mediante la elección de representantes de acuerdo a la voluntad del pueblo.

 

Un gran reto conjunto del Estado, la sociedad y los partidos políticos es el de propiciar la implementación exitosa de esta nueva Ley Orgánica. Por ello hemos considerado nuestro deber aportar algunos elementos que contribuyan al análisis en las comunidades jurídica y académica, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, de forma que la ciudadanía incremente su capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos, culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

 

En ese sentido, desde FINJUS hemos enfocado algunos de los ejes que consideramos más relevantes y sobre los cuales presentamos algunas conclusiones preliminares, aclarando que la lista de temas no es exhaustiva. En primer lugar trataremos los aspectos más destacados a resaltar de esta nueva legislación, para luego adentrarnos en las cuestiones que ameritan una mejora urgente y para permitir un verdadero avance de la democracia en nuestro país.

 

 

  • Inclusión y diferenciación de los conceptos movimientos, agrupaciones y partidos políticos.

 

La distinción que hace la recién aprobada ley de partidos políticos en torno a las agrupaciones, partidos y movimientos políticos tiene suma importancia para el orden democrático actual. El modelo de Estado que enarbola nuestra Constitución requiere de la participación constante de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por esta razón, consideramos que el hecho de que esta normativa desde sus primeros articulados contemple diferencias entre las organizaciones políticas en base a la existente división territorial facilita la participación política.

 

Sabemos que los partidos políticos mantendrán su estructura organizativa de carácter nacional. Al mismo tiempo, la Ley establece que los movimientos lo harán a nivel municipal, mientras que las agrupaciones se centrarán a nivel provincial, lo que permitirá a las personas ejercer su participación social y política en la vida pública a través de organizaciones consolidadas en cualquier lugar del país, ajustándose a sus posibilidades y necesidades inmediatas.

 

Hasta ahora la participación de las personas en la esfera política tenía que insertarse necesariamente a los partidos políticos como única vía posible de participación. Este nuevo enfoque resulta ser más incluyente y se adapta a una cuestión elemental: nuevas formas de militancia de acuerdo a las necesidades puntuales de la ciudadanía.

 

Esto constituye un compromiso normativo en aras de afianzar y materializar la libertad de asociación consagrada en nuestra Constitución, sin menoscabo de la institucionalidad que requieren este tipo de entidades en función de su carácter de interés público y su orientación hacia el fortalecimiento de un verdadero régimen democrático.

 

  • Requisitos factibles para el reconocimiento de movimientos, agrupaciones y partidos políticos.

 

En coherencia a lo anterior, relativo a la consolidación de una libertad de asociación más inclusiva, esta ley también aligera y aterriza los requerimientos necesarios para solicitar el reconocimiento de cualquier movimiento, agrupación y/o partido político.

 

De hecho, a partir de la entrada en vigencia de la norma, los representantes de la asociación política en formación solo deberán aportar prueba de una cantidad de firmas de adherentes equivalente al 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, lo que contrasta con el 7% (mínimo) que exige la legislación electoral vigente. Consideramos que esto permitirá dinamizar la formación de nuevas instituciones y, por ende, dinamizar la participación política ciudadana efectiva.

 

En este mismo contexto, resaltamos que para el caso de los partidos políticos en formación ya no necesitarán abrir locales en los municipios cabeceras de todas las provincias del país, sino que podrán realizar su solicitud con una sede establecida, abierta y funcionando en el Distrito Nacional, aunque si deberán tener organismos de dirección provinciales operando y funcionando en estas demarcaciones geográficas. Esta fue una de las sugerencias que planteó FINJUS en el marco de las discusiones del proyecto en el Congreso y otros foros, pues la disposición anterior suponía una carga muy pesada para una entidad que recién esté iniciando.

 

A pesar de ser un avance lo concerniente al reconocimiento de estas asociaciones, es preciso hacer un señalamiento respecto del plazo de la Junta Central Electoral para aprobar o no la referida solicitud de reconocimiento. La ley indica que la Junta podrá emitir un veredicto a más tardar 4 meses antes de la celebración de las elecciones (en la versión del Senado se indicaba por lo menos 6 meses antes), entendemos que esto pudiese significar una retranca considerable ya que pondría en una condición de evidente desigualdad a un partido, movimiento o agrupación en formación de cara a los ya existentes en el contexto de un torneo electoral.

 

  • De la condena al transfuguismo político.

 

El transfuguismo político es uno de los males que han aquejado al sistema de partidos a lo largo de su historia. Debido a la reducción de la política al plano meramente electoral, muchas personas que aspiran a ostentar determinadas candidaturas y no pueden lograr una victoria a lo interno de su partido, deciden en lo inmediato buscar el mismo interés personal en otro partido que sí le brinde la oportunidad.

 

Esto se traducía en oportunismo político, violación de las reglas de convivencia, desorden en el financiamiento, confusión en la población y debilitamiento del propio sistema de partidos. En la Ley recién aprobada, el artículo 8 que versa sobre la causa de renuncia automática de afiliación, se establece una de éstas como el transfuguismo político.

 

La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el presupuesto normativo anteriormente dicho, establece la renuncia automática del miembro que incurra (entre otras cosas) a participar en actividades de partidos contrarios. Esta medida ayuda a regular en lo inmediato la militancia partidaria, no obstante debe saberse que no se han establecido consecuencias directas salvo el cese de funciones en un partido, al momento de incurrir en estas acciones.

 

  • De la distribución económica de los recursos del Estado y el financiamiento privado.

 

La equidad en el sistema político es sumamente importante tanto para la cotidianidad de la vida partidaria así como para que la ciudadanía cuente con torneos electorales justos. En ese sentido, al momento en que se otorga el financiamiento público directo a los partidos, éste ha de estar acompañado de métodos que aboguen por una justa distribución y que permitan el fortalecimiento del sistema de partidos.

 

En la legislación recién aprobada se mantiene el mismo esquema que ha venido debilitando a los partidos más pequeños, que son los que no alcanzan más del 5% de los votos válidos en una elección. Podríamos decir inclusive que el esquema aprobado favorece aún más al estado de cosas anteriormente instituido, acentuando la inequidad que prevalece en nuestros torneos electorales.

 

A pesar de que existía una opinión social favorable para lograr una reducción del conocido método “80-20”, para la distribución de los recursos, y adaptarlo a un esquema de “60-40”, el Congreso ha aprobado mantener el 80% de los recursos del Estado en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más de un 5%, añadiendo el cambio de que sólo un 12% se destinarán a todos los partidos que obtuvieren más del 1% y menos del 5%. El restante 8% se repartirá entre los partidos que hayan alcanzado entre 0.01% y 1% de los votos válidos obtenidos en la última elección.

 

Es preocupante que el sistema de partidos haya retrocedido en este sentido, como se desprender del análisis del artículo 62 de la Ley. A partir de este momento, los partidos mayoritarios conservarán un control cuasi absoluto de los recursos provenientes del Estado y se manifestará aún más la inequidad electoral, la cual favorece el clientelismo político y genera desánimo en la participación política de sectores alternativos que puedan brindar mayor diversidad de propuestas en el escenario político.

 

En cuanto al financiamiento privado, debemos destacar que resulta muy relevante que se hayan establecido topes; así como también un registro único de los donantes a través de un sistema contable que deberán tener las organizaciones, evitando así la captación de dinero ilícito y su entrada al sistema político, al tiempo que genera mayor transparencia. Es destacable que esta norma resalta la obligatoriedad de la realización de informes económicos, mediante los cuales la Junta Central Electoral fiscalizará su adecuación al ordenamiento jurídico.

 

  • Sobre la modalidad de escogencia de candidatos.

 

En la legislación de partidos recién aprobada, en lo concerniente a la democracia interna, se ha establecido que el organismo competente en cada organización política con capacidad para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas sean el Comité Central, la Comisión Ejecutiva, la Comisión Política, el Comité Nacional o el equivalente a uno de los anteriores, teniendo de igual manera la facultad para decidir la modalidad y método a utilizar por éstos.

 

Tras varios años de discusión en el Congreso Nacional y habiendo participado la ciudadanía en este debate durante tanto tiempo, se esperaba que lo referente a la democracia interna en esta norma significara más que un simple trámite legislativo para uno de los poderes públicos. Más bien, desde amplios sectores sociales, se tenía la confianza de que el método de elección de candidatos iba a ser el resultado de un amplio consenso nacional.

 

Sin embargo, percibimos que probablemente a partir de la utilización del método propuesto en la legislación recientemente aprobada, se sigan perpetuando los mecanismos internos antidemocráticos en los partidos políticos, que impiden que todos sus miembros sean los sujetos de sus decisiones fundamentales, haciendo que recaigan en pequeños grupos concentrados en sus direcciones nacionales, que independiente de estar avalados estatutariamente, limitan gravemente el genuino ejercicio democrático de decidir en una organización partidaria.

 

  • De la cuota de género

 

Con relación al contenido de las disposiciones relativas a la cuota de género, genera interrogantes la eliminación de la redacción que contenía el proyecto aprobado en el Senado, que establecía la obligatoriedad de que cualquier sustitución de la candidatura de una mujer debía recaer en otra mujer.

 

En el texto finalmente convertido en Ley solo se hace referencia a que, en los casos de este tipo, se debe cumplir con los requisitos del Artículo 54. Párrafo I.- que señala que “La Junta Central Electoral y las Juntas Electorales no admitirán lista de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40%) y más del sesenta por ciento (60%) hombres y mujeres.” Este texto es una lesión grave a la materialización del principio de equidad real, pues se presta a confusiones y ambigüedades. Y es más grave aún porque en el texto definitivo de la Ley se eliminó la propuesta del Senado que establecía un 50% en las candidaturas municipales, como inicio de una escala progresiva hacia una equidad real.

 

Consideramos que, a partir de lo dispuesto, la materialización de una cuota de género ha quedado en el vacío, lo que representa un claro retroceso en la aspiración de avanzar hacia  un modelo incluyente de participación política de la mujer, y avanzar en el principio constitucional de igualdad real, que es indispensable como eje transversal en la legislación electoral y partidaria.

 

  • Sistemas de sanciones y consecuencias

 

Con relación al sistema de sanciones y consecuencias nos preocupa que en la nueva Ley no aparecen debidamente delimitados y regulados de manera específica los delitos propios a esta materia, tanto en contra de las agrupaciones como de sus miembros, lo cual va en detrimento del interés por fortalecer la vida interna de las organizaciones partidarias.

 

En nuestro sistema partidario subsiste la necesidad de tipificar, de manera integral, aquellos delitos y/o infracciones en virtud de su naturaleza política y no dejarlo a la posibilidad de que ellos se asimilen al contenido de la figura del abuso de confianza en el Código Penal, sobre lo que, al no haber suficiente tipicidad de los elementos constitutivos o no subsumirse a plenitud a la figura penal referida, un hecho potencialmente punible no podría ser perseguido y/o condenado como corresponde.

 

  1. Consideraciones finales

 

A partir de una primera lectura comprensiva  de esta nueva Ley Orgánica de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, consideramos que establece las condiciones fundamentales para la consolidación y mantenimiento de un sistema de partidos de cara al vacío normativo que caracterizaba esta materia.

 

Reconocemos que el solo hecho de su adopción no producirá de manera automática un mejoramiento inmediato de los problemas que debilitan hoy al sistema de partidos en nuestro país. No obstante, la promulgación de esta normativa significa un primer paso para el fortalecimiento de las organizaciones políticas y la recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía en estas instituciones.

 

Por otro lado, entendemos que es un reto de toda la sociedad exigir al sistema de partidos y al Estado dominicano que se aboquen a implementar esta Ley y, de igual manera, retomen seriamente el debate en torno a la reforma de la Ley Electoral, para incrementar su eficiencia y eficacia política y prevenir potenciales deslegitimaciones de las autoridades electas en la contienda de 2020.

 

En un momento histórico como el actual, apostamos por el fortalecimiento e institucionalización del quehacer de los partidos políticos, que constituyen el soporte clave en la construcción de la democracia representativa.  Hoy por hoy, los requerimientos básicos de representatividad e institucionalidad deben de estar amparados en normas legales que permitan trazar las pautas a seguir.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de agosto, 2018

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera relevante que el Congreso Nacional se aboque a legislar en materia de derechos colectivos y difusos, ya que se trata de un tema novedoso en el ámbito jurídico y que está íntimamente ligado a la función esencial del Estado establecida en nuestro ordenamiento constitucional.

 

En la actualidad, la preocupación por la protección de los derechos fundamentales se ha convertido en un tema de primer orden para cualquier Estado organizado como Social y Democrático de Derecho. Sumado a los Tratados Internacionales, las legislaciones modernas cada se acercan vez más al paradigma de la salvaguarda impostergable de los derechos, tomando como eje la visión del ser humano como protagonista y centro de las políticas de Estado.

 

En ese orden, aunque muchas veces esta mirada no sea la que pudiere verse aplicada netamente en el ámbito de las políticas públicas, nuestra Constitución conmina a que así sea, tanto por la existencia de un amplio catálogo de derechos, así como por el establecimiento de la protección de la dignidad humana como deber esencial de nuestro modelo de Estado.

 

Más allá de lo que pudieran ser los derechos básicos conocidos por la población (educación, salud, vivienda, deporte, entre otros), nuestra Ley Sustantiva en su artículo 66 incorpora el término derechos colectivos y difusos y, a su vez, ordena que los mismos sean tratados con mandato legislativo. De manera que, esta categoría imprime otro ámbito de protección distinto al de los derechos individuales, por lo que requiere de otros procedimientos y nuevos mecanismos de aplicación.

 

Los derechos colectivos y difusos son considerados como tales en una eventual violación de los derechos fundamentales a un determinado grupo, colectivo social o comunidad, cuando dicha violación trasciende la esfera de la subjetividad individual. Los derechos colectivos se refieren a una categoría o clase de personas determinadas o ligadas entre sí por una relación jurídica básica; mientras que en los derechos difusos los titulares son personas indeterminadas o ligadas entre sí por circunstancias de hecho.

 

De conformidad con el texto constitucional, el alcance de la protección de los derechos e intereses difusos y colectivos se extiende a la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora; la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Ya que lo anterior no es de carácter limitativo, consideramos que esta protección debe extenderse en el marco de una legislación en la protección de los grupos vulnerabilizados y distintos grupos sociales con intereses colectivos de igual naturaleza.

 

Si analizamos las definiciones anteriores, puede colegirse que en otras áreas del Derecho se ha legislado al respecto. Podemos tomar como ejemplos, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, por citar solamente algunas leyes, las cuales tutelan derechos e intereses colectivos y difusos.

 

Para el jurista Cristóbal Rodríguez, ”una cuestión para destacar la importancia de los intereses difusos y los derechos colectivos tiene que ver con el tema de acceso a la justicia y la igualdad de armas en el proceso judicial[1]”. Es decir, la trascendencia jurisdiccional que tendría eventualmente un grupo o colectivo social, organizado sobre la base de proteger comunitariamente sus derechos fundamentales, podría ser mucho más eficaz que las acciones ejercidas de carácter individual.

 

Otro aspecto importante a destacar es que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, mediante los artículos 112 y 114, instituye la formulación específica de invocar acciones jurisdiccionales cuyo eje sea la protección de los derechos colectivos y difusos. Además, en el artículo 191 de la Constitución se indica que el Defensor del Pueblo será el encargado de velar por la protección de estos derechos.

 

De manera que legislaciones actualmente vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano contemplan la existencia y procedimientos, en algunos casos, del ejercicio de los derechos colectivos y difusos. Sin embargo, queda pendiente determinar el ámbito de las acciones que pudieran ejercerse, los formalismos que pudieren ser o no contemplados y las funciones precisas del Defensor del Pueblo en esta materia, el cual es el órgano constitucional para proteger estos intereses.

 

Desde FINJUS, consideramos que nuestro modelo democrático está requiriendo actualmente de reformas sustanciales que fortalezcan a las instituciones y hagan recuperar la confianza de la ciudadanía. La protección de los derechos colectivos y difusos en un nuevo marco normativo permitirá a la población reconocer una generación distinta de ejercicio de sus prerrogativas y, de igual forma, garantizará mayor seguridad jurídica y un adecuado clima de verdadera democracia.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

7 de agosto del 2018.

 

 

 

 

 

[1] RODRÍGUEZ, Cristóbal. En FINJUS. Constitución Comentada. 4ta Edición. 2015. P. 191.

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