Kenia Franco

Kenia Franco

La designación del Procurador General de la República en el nuevo gobierno ha concitado numerosas reacciones y sugerencias en los medios de comunicación, dadas las altas expectativas sociales que giran alrededor de la percepción social de justicia y su intervención en lo relativo a la formulación de las políticas contra la criminalidad y, por otro lado, la investigación y la persecución penal.

 

Algunas de las sugerencias apuntan a introducir reformas en la Constitución para hacer posible la designación de un Procurador General Independiente y realizar cambios en el Ministerio Público. Pese a que el propósito que anima estas propuestas gozan de simpatía social, FINJUS advierte que en la actualidad, en medio de las agudas crisis sanitaria y económica, cualquier propuesta de abrir un proceso de reforma constitucional sería extemporánea.

 

El nuevo Gobierno debe abocarse a definir la agenda de las prioridades nacionales en las políticas, los programas y la legislación que se requieren para enfrentar dichas crisis, asegurándose que sea socialmente consensuada y técnicamente depurada. Sin embargo, esa agenda no pasa en la actualidad por la reforma constitucional en ninguno de sus componentes, porque las urgencias de la Nación pueden abordarse desde la perspectiva de la normativa vigente y los presupuestos del Estado de derecho en que vivimos.

 

El mejor ejemplo de lo anterior es cómo avanzar en el fortalecimiento técnico e independencia funcional del Ministerio Público, que es el marco desde el cual debe discutirse el nombramiento del Procurador General de la República. FINJUS ha abogado históricamente en este sentido, porque creemos que la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica están atados a la existencia de un sistema de justicia eficaz, integrado por órganos gestionados adecuadamente y coherentes con sus misiones constitucionales.

 

Para ello resulta preciso considerar la configuración institucional dada en nuestro marco normativo a la figura del Procurador General de la República, la cual concentra en sí misma tres funciones primigenias que cursan objetivos distintos y que en otros ordenamientos jurídicos se pueden encontrar separados y asignados a distintos funcionarios públicos.

 

En primer orden, el artículo 30 de la ley 133-11 orgánica del Ministerio Público sobre las atribuciones del Procurador General de la República, indica que el titular forma parte del gabinete de gobierno para los temas institucionales del sistema de justicia interpretando las funciones del Ministro de Justicia, que es una figura presente en el modelo norteamericano.

 

Por otro lado, también encarna la función que se apega en plenitud al concepto en derecho del Procurador General de la República, esto es aquel que se encarga de ejercer la representación del Estado en los procesos que se desarrollan en las Altas Cortes, por lo que es su deber presentar dictamen y sostener la representación en los juicios ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

 

Le corresponde además encabezar el Ministerio Público, lo que le hace comparable al fiscal general del país, como la máxima figura del ejercicio de la persecución penal y/o quien dirige las estrategias para gestionar las investigaciones y sostener las acusaciones en los procesos penales que se desarrollan en los tribunales del país.

 

A fin de lograr la consecución de las responsabilidades y funciones que se derivan de la ley orgánica del Ministerio Público, esa norma permite un ejercicio de desconcentración institucional para que la función del fiscal general pueda ser deslindada de la del procurador general como órgano político.

 

Para ello la norma desconcentra funciones en un órgano técnico que forma parte de la carrera del Ministerio Público, que es el director general de persecución, que constituye una especie de adjunto del procurador designado por cuatro (4) años, a manera de protección especial para dotar a este funcionario de cierta estabilidad durante su ejercicio.

 

A propósito del próximo cambio de titular del órgano, es preciso insistir en que pueda motorizarse la concreción de la funcionalidad y desconcentración operativa e independencia técnica del Director General de Persecución que se encuentra establecida en la ley, para garantizar el fortalecimiento técnico de la labor de persecución.

 

La idea asentada en la norma es que, formando parte de la carrera y protegido institucionalmente frente a la administración central del Estado −no pudiendo ser destituido salvo faltas en el ejercicio del cargo−, pueda obrar para el mejor interés del país al dirigir los procesos de persecución penal que se desarrollen durante los cuatro años de gestión que se le asignan. Y así se concentre el direccionamiento práctico de todo lo relativo a la persecución penal.

 

En la actualidad, continúa siendo una tarea pendiente en el contexto jurídico institucional dominicano el ejercicio pleno de las atribuciones que legalmente le han sido conferidas a la figura del Director General de Persecución y, en consecuencia, viabilizando que el Procurador General de la República pueda continuar ejerciendo sus otras funciones políticas en su vinculación con el Ejecutivo, interfiriendo lo menos posible con el ejercicio técnico de la persecución.

 

Es preciso entonces que, en el contexto de cambio de estructura gubernamental, se valore la oportunidad de que, a lo interno del Ministerio Público, el Procurador General que sea designado encamine la concreción de esta importante figura que garantiza la desconcentración de funciones a lo interno de este órgano y el fortalecimiento técnico de la persecución penal.

 

Finalmente desde FINJUS entendemos que en beneficio del Sistema de Justicia Penal dominicano se necesita un mayor protagonismo del Ministerio Público ante las diversas denuncias de corrupción y la dirección de una política nacional de persecución estratégica contra el crimen.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán ´

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

Durante su encuentro, el Sr. Jesús Vásquez conoció los proyectos que desarrolla FINJUS en materia de seguridad ciudadana, especialmente en el marco de los municipios, y se interesó por las experiencias de la institución en materia de reforma de la Policía Nacional.

 

El Lic. Vásquez y el Dr. Castaños tienen su disposición de mantener el intercambio y la cooperación, en beneficio de la seguridad y la convivencia pacífica en el país. En el curso de la reunión participó específicamente el Lic. Luis Soto, Consultor Senior en Seguridad Municipal de FINJUS.

29 de julio de 2020

Lo enunciado en el artículo 266.3 indica que todas las autoridades electivas mantienen sus atribuciones durante el Estado de Excepción; esto hace referencia a que un Estado de Emergencia no desvirtúa la esencia misma de las funciones del Estado, sin perjuicio de lo anterior, ello no deviene en impedimento para el traspaso de mando a las autoridades electas. 

 

Debe recordarse que los Estados de Excepción, en este caso de emergencia, confieren ciertas prerrogativas a cargo del ejecutivo y no a título personal de quien sea presidente; así también opera el principio de continuidad del Estado, que enlaza actuaciones de la estructura gubernamental saliente a la entrante.

 

Es preciso destacar que la decisión de encaminarse en una nueva solicitud de Estado de Emergencia fue fruto de un consenso entre las autoridades electas y las actuales, esto así para afrontar el contexto actual respecto de la crisis sanitaria y en salvaguarda de la salud del pueblo dominicano.

 

Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo Finjus

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el reinicio del proceso de renovación del Ministerio Público, reitera la necesidad de que el mismo responda a los criterios de transparencia, publicidad y respeto al ordenamiento jurídico, en vista de los cuestionamientos que fueron presentados desde el momento de su convocatoria.

 

Dichos cuestionamientos dieron lugar a un recurso contencioso administrativo incoado por 18 fiscales que alegan haber sido afectados, por lo que se hace necesario la revisión, en sede judicial y desde el propio Consejo Superior del Ministerio Público, de las bases del referido concurso, en razón de la relevancia que supone la renovación de este órgano y el sensible contexto que lo permea.

 

Debe recordarse que la renovación de los cargos titulares a lo interno del Ministerio Público puede ser considerada como una necesidad institucional, en la medida que permita asegurar los objetivos de un sistema de carrera fundado en principios de mérito, capacidad y profesionalidad.

 

Desde FINJUS hemos insistido, desde el mismo momento de la convocatoria formal, que antes de realizar un concurso interno para determinar las titularidades de las Fiscalías y otros órganos, se debió evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público, y de manera especial de los titulares que, en virtud de las disposiciones de la Ley, pueden ser confirmados en sus cargos, para decidir luego las plazas que estarían vacantes, bien sea por haberse excedido el tiempo en la función o por rechazar la confirmación en el cargo, después de una exhaustiva evaluación de desempeño a los titulares.    

 

Si bien es cierto que el Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano competente para realizar las designaciones de los diversos titulares de las fiscalías y órganos del Ministerio Público, dicho Consejo no está investido de una discrecionalidad absoluta en su labor, sino que la gestión de la carrera se encuentra mediada por el cumplimiento de los valores y principios que trazan la finalidad del sistema de carrera.

 

Un aspecto de gran magnitud que han resaltado importantes organizaciones sociales en la evaluación de esta situación es que al interior del Ministerio Público no existe un escalafón institucional que permita valorar los tiempos, los méritos acumulados en determinadas funciones y una categorización a lo interno de los distintos niveles, para decidir entonces las posibilidades de aspirar a cargos de titularidad.

 

En este mismo sentido la promoción de una categoría a otra superior en el Ministerio Público sólo tiene lugar cuando se hubieren alcanzado las condiciones determinadas por la normativa aplicable, es decir, la que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, y sus Reglamentos.

 

Para FINJUS resulta imprescindible que un proceso de esta naturaleza sea revestido de altos niveles de transparencia y publicidad, para evitar dudas sobre parcialización hacia candidaturas específicas que pudieran empañar la legitimidad de la escogencia.

 

La sociedad apuesta por la cultura institucional transparente, que en el caso concreto de la renovación en el Ministerio Público implica el apego absoluto a los requisitos que fijan las normas, y las cláusulas constitucionales, así como erradicar las prácticas tradicionales que en el pasado entorpecieron el desempeño de sus funciones con los más altos niveles de idoneidad y profesionalidad.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), a la luz de la situación actual generada por la pandemia por coronavirus, exhorta a los senadores y diputados recién elegidos a colocar como una de sus humanos el desmonte de la cultura de privilegios que por décadas ha funcionado en las cámaras legislativas y que tuvieron éxito programas multimillonarios para la realización de iniciativas que son ajenas a las funciones que la Constitución les atribuye.

 

A lo largo de los últimos años diferentes sectores nacionales, en los ámbitos empresarial, religioso, académico y comunitario han planteado que el uso de los privilegios excepcionales entre diputados y senadores se ha convertido en una grave distorsión y desnaturalización de la naturaleza de los congresistas, que ha originado que en muchas comunidades sean percibidas como una fuente de asistencia social y origen del clientelismo

 

Tiene cada vez más fuerza entre los expertos y las organizaciones la opinión de los denominados “Fondos de Compensación Social”, las exoneraciones y entradas adicionales de los legisladores socavan la legitimidad política de su representación política y los documentos una forma inaceptable de dispendio de recursos públicos y suplantación de órganos públicos.

 

FINJUS llama a los senadores y diputados electos, de los cuales la mayoría provienen de comunidades y grupos sociales que históricamente rechazaron todas las formas de "barrilitos", "cofrecitos" o fondos similares, que decidan dar el paso histórico de transformar el ejercicio legislativo y tomen las medidas para que esos recursos públicos sean requeridos a las acciones que requieren el desarrollo del sistema de salud y los planos urgentes para el relanzamiento de la economía y el tránsito hacia la normalidad tras la pandemia.

 

La sociedad dominicana confía en la nueva composición del Congreso, integrada por una gran cantidad de jóvenes profesionales y especialistas en diferentes sectores, se abocarán a la dirección del proceso de desmontaje del conjunto de los privilegios que desnaturalizan al primer poder del Estado y avancen en el fortaleciendo la institucionalidad democrática, concentrándose en las tareas propias de su alta investidura, para atender las necesidades reales de la nación.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS  

8 de julio de 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) valoró muy positivamente la participación del pueblo dominicano en las recién concluidas elecciones presidenciales y congresuales del domingo 5 de julio, desafiando las condiciones adversas existentes por la pandemia del COVID-19.

 

El deseo de participación y la manera organizada, pacífica y cívica que predominó en todo el territorio nacional, mostraron el compromiso popular por avanzar en la consolidación de la institucionalidad democrática.

 

Este elemento constituye una de las mejores novedades del proceso electoral, que debe indicar a las nuevas autoridades electas, tanto en el Ejecutivo como el Poder Legislativo, que la ciudadanía espera que se retome el camino de las reformas que requieren nuestras instituciones, el marco legal, las estrategias nacionales y los programas sectoriales, con clara visión de futuro.

 

Vencer los efectos de la pandemia del coronavirus y coordinar todas las instituciones y políticas para producir la reactivación de la economía y sectores sociales claves se constituyen en los retos prioritarios del nuevo período que se ha abierto.

 

FINJUS felicita al Presidente Electo, Luis Abinader y la Vicepresidenta Electa Raquel Peña, así como a todos los legisladores favorecidos por el voto popular. A ellos les expresamos nuestro compromiso de seguir aportando en el fortalecimiento de los procesos institucionales y democráticos en el país. Manifestamos asimismo nuestro reconocimiento a la Junta Central Electoral por el exitoso desarrollo de los comicios, pese a las dificultades propias de la pandemia.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

7 de julio, 2020

Las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio representan un gran reto para el sistema democrático dominicano porque son las primeras en este nivel de elección que se organizan con el nuevo ordenamiento legal del régimen electoral y de los partidos políticos. Su éxito dependerá en gran medida de la labor que deben realizar los actores electorales, incluyendo los propios partidos. 

 

En las actuales circunstancias que vive el país su éxito será posible si los ciudadanos y ciudadanas asumen el compromiso de respaldar el ejercicio del sufragio con un ánimo sereno, pacifico, ordenado y consciente, lo que representaría un gran impulso en el fortalecimiento del sistema electoral y la democracia en su conjunto.

 

FINJUS exhorta a la ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio como expresión de su soberanía, de la que emanan los poderes públicos y da legitimidad a sus actos. La propia constitución, en su artículo 208, indica que el voto ciudadano es libre, sin coacción ni presión externa; es directo, al elegirse los representantes de manera directa, y finalmente es secreto, en el sentido de que se han establecido los mecanismos necesarios que permiten al ciudadano no dar a conocer el sentido de su voto.

 

Destacamos asimismo que en las próximas elecciones del 5 de julio se pondrán en ejecución importantes novedades, como la votación en boletas separadas a nivel de la elección de senadores y diputados, quedando eliminado el sistema antidemocrático del arrastre a nivel congresual. Esta fue una demanda de la sociedad por décadas que ahora tenemos la oportunidad de respaldar en las urnas.

 

Es urgente abogar por la estabilidad del Estado de Derecho. Las condiciones sociales y políticas que han prevalecido en el país han impacto también en el tejido democrático, por lo que es necesario fortalecer sus instituciones, lo que significa en la actualidad realizar todas las iniciativas necesarias para preservar el derecho al sufragio conforme las garantías constitucionales actuales.

 

Es el tiempo de ejercer nuestro derecho y deber ciudadano de elegir nuestros representantes y autoridades, de acuerdo a nuestras convicciones y preferencias. Es el momento de decir al mundo que en la República Dominicana existe una sociedad organizada, amante de  la democracia y que valora la estabilidad, la paz y el progreso. Por ello FINJUS exhorta a todo el pueblo a acudir a las urnas de manera consciente, ordenada, pacífica y cívica.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Acceder al video completo en nuestro canal de youtube @finjusrd https: //youtu.be/38dRV_5k1iE

Participación del Dr. Leonel Fernández Reyna, Candidato Presidencial del partido Fuerza del Pueblo, en el segundo de la serie de "Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020: Propuestas para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Justicia", organizado por FINJUS

24 de junio 2020

 

Reseña realizada por El Caribe

Durante su participación en “Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020”, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), fue enfático al respondedor sobre la insistencia del sector capital en reducir o eliminar la cesantía en una nueva reforma laboral.

Al respecto, dijo ante la pregunta de uno de los panelistas, que de lo que se trata es de "justicia laboral", y que "los derechos adquiridos de los trabajadores son innegociables".

"Comprendo que no puede haber generación de empleos, no puede haber mejoría de las condiciones de los trabajadores si no existen las empresas, pero también afectado que los trabajadores que son los productores de las riquezas tienen derechos adquiridos que deben ser preservados", enfatizó.

Precisó que aunque se identifiquen en distintas partes del mundo se han hecho reformas laborales y se ha hablado de flexibilización del mercado laboral para hacer las empresas más competitivas y promover el crecimiento, todo puede ser objeto de examen, "No pueden ser eximidos o no pueden ser despojados de un derecho adquirido y universalmente reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ", enfatizó.

Fernández consideró que a partir de ahí se puede generar todo el debate, pero siempre tomando en consideración que hay derechos de los trabajadores adquiridos durante décadas que no pueden ser desconocidos ".

Invitar a recordar que el derecho laboral no es como el civil, sino que es un derecho de discriminación positiva a favor de los trabajadores cuando considera la relación de trabajo en el marco del derecho civil como dos partes equilibradas.

"Insistir en la necesidad de preservar los derechos adquiridos de los trabajadores, esa parte es innegociable: el derecho a la sindicalización y el pacto colectivo, son elementos integrales del derecho de los trabajadores", reiteró.

 

Acceder al video en nuestro canal de youtube @finjusrd h ttps: //youtu.be/38dRV_5k1iE

 

 

 

 

Participación del Dr. Guillermo Moreno, Candidato Presidencial de Alianza País en el primero de la serie de "Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020: Propuestas para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Justicia", organizado por FINJUS

16 junio 2020

 

Reseña realizada por Listín Diario:

El candidato presidencial de Alianza País,  Guillermo Moreno , debe enfrentar el narcotráfico en República Dominicana es necesario para eliminar la protección que se produce desde los sectores oficiales a los que ejercen estas prácticas.

Indicó que antes República Dominicana era un país conocido como de tránsito de drogas, pero en la actualidad se ha convertido en uno de consumo.

“El país dejó de ser un país de tránsito y pasó a ser un país de alto consumo de  drogas   y hay una población cometando delitos para mantener su adicción a las drogas”, dijo al participar en el encuentro con candidatos organizados por la Fundación Institucionalidad y Justicia

Asegurar que la protección que recibe el narcotráfico desde los sectores oficiales es lo único que justifica el auge que ha tenido esta práctica ilícita.

"Estamos hablando de protección de funcionarios, legisladores, militares, policías, los casos de Figuera Agosto, de Arturo del Tiempo, de  Quirino  y ahora recientemente de  César el Abusador,  son apenas ejemplos de esa protección", señalaron.

De igual forma indica que es necesario desarticular las redes de microtrafico que operan pagando peaje y recibido protección en barrios de policías y militares.

Dijo que desde su gobierno pretende reformar la  Policía Nacional  con la integración de hombres honestos, con buena remuneración y trabajos dignos.

 

 

 

 

  Presentación -

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) de cara a los comicios generales a celebrarse el próximo 5 de julio, y las contiendas electorales futuras, presenta el compendio descriptivo “ Del rol persecutor del fiscal electoral y la potestad sancionadora de la Junta Central Electoral ”como entes responsables en este ámbito del sistema electoral.

 

El fortalecimiento del sistema de justicia electoral es un tema de alta prioridad para el país, al rol que se le atribuye de favorecer la gobernabilidad y el crecimiento institucional. Y es que del apego irrestricto al contenido de las disposiciones en materia penal electoral es que se establece los elementos institucionales de mayor importancia para avalar una verdadera competencia democrática.

 

Con esta iniciativa aspiramos a licitación puentes de comunicación entre los diferentes órganos para abordar el conjunto la importancia que suponen la aplicación del sistema de consecuencias para quienes lesionen el derecho de sufragio entendido, en su doble vertiente, como derecho al libre ejercicio de la voluntad de un elector (sufragio activo) y el derecho a ser elegido; lo anterior amerita de la concertación de esfuerzos y el compromiso de todos los actores del sistema electoral.

 

Esperamos que este documento sirva de insumo para el fortalecimiento de las instituciones claves de nuestra democracia, agrupado en el sistema electoral, así como de las agrupaciones políticas en general, para responder a la diversidad de desafíos que supone nuestro escenario político electoral.

 

A continuación presentamos las principales conductas en materia penal electoral que componen el sistema de consecuencias y sus órganos responsables.

 

 

 

Justicia Electoral en la República Dominicana: Del rol perseguidor del fiscal electoral y la potestad sancionadora de la Junta Central Electoral

 

Las normas que rigen al Derecho Electoral son de vital importancia para el orden democrático de cualquier país. A lo largo de la historia latinoamericana, los torneos electorales han tomado un papel preponderante en la vida institucional sirviendo como reflejo de la naturaleza de las sociedades donde se han celebrado.

 

El diseño de una justicia electoral efectiva ha constituido un factor importante para los procesos de consolidación democrática en América Latina; Esto implica lo relativo al régimen de consecuencias en esta materia que supone un requerimiento para la vigencia del Estado de Derecho.

 

En el contexto de la República Dominicana, la justicia electoral comprende la interacción de tres instituciones en el ámbito de sus respectivas competencias; la Junta Central Electoral, que, en su calidad de órgano rector, le corresponde la aplicación de regulaciones administrativas; el Tribunal Superior Electoral, que es la sede judicial especializada para el ejercicio de la jurisdicción electoral; y, el órgano persecutor, que le corresponde la procuración de justicia penal electoral, lo cual, recientemente, ha sido delimitado y conferido a la fiscalía electoral que resultó del mandato normativo de la creación de una Procuraduría Especializada.

 

En efecto, la ley 15-19 sobre Régimen Electoral, indica en el artículo 289 que crea la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales señalados en la presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11, del 9 de junio de 2011 ".

 

Conjuntamente a la indicación de una procuraduría especializada, la ley de referencia establece también un catálogo de medidas cautelares, infracciones administrativas, jurisdiccionales, delitos y crímenes como medida punibles para aquellos hechos que lesionen la seguridad jurídica electoral.

 

A pesar de la reciente reestructuración del marco jurídico electoral, es preciso apuntar que, ante el propio dinamismo de la democracia y las cambiantes circunstancias en que se desarrollan los procesos electorales, continúa siendo tema de agenda la importancia de fortalecer el marco legal en materia penal electoral de manera que el Ministerio Público puede reaccionar eficazmente y eficientemente contra personas que lesionan el desarrollo adecuado de la función pública electoral.

 

Entendemos que el objetivo será lograr una configuración normativa y operativa operativa que apunte a la especialización de la gestión de la fiscalía especializada para el conocimiento de delitos electorales; así también, la dotación de autonomía técnica en el cumplimiento de sus atribuciones, un grado de la misma este facultada para actuar, integrar y resolver las averiguaciones previas que se requieren en materia penal electoral sin consultar o pedir autorización en sus decisiones al Procurador General de la República.

 

El escenario electoral que nos corresponde en lo inmediato requiere que los responsables responsables de un clima de justicia electoral tengan delimitadas sus atribuciones y actúen de manera consistente en función de ellas, especialmente lo relativo a la capacidad sancionada de la JCE y el rol perseguidor de la fiscalía electoral.

 

Atribuciones de la Junta Central Electoral en el marco de la normativa penal electoral.

 

  • Con relación a las medidas cautelares

Corresponde en primer orden, a la Junta Central Electoral adoptar las medidas cautelares que tengan como propósito hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan ser afectados ilícitos en la campaña electoral y afectados que sean necesarios para el compromiso de efectivo de la ley del régimen electoral.

El órgano rector puede tomar las medidas que requieran para determinar la libertad de reunión a tener derecho los partidos y candidatos en el período de campaña electoral, procurando que no colidan las manifestaciones públicas programadas por los partidos y adoptando las amonestaciones que correspondan contra quienes Violenten las reglamentaciones especificadas al respecto por la Junta Central Electoral (JCE).

De igual modo, la JCE puede establecer amonestaciones contra quienes emitan por cualquier medio de difusión, frases o conceptos contrarios a la decencia, decoro y dignidad de las agrupaciones o partidos políticos o sus candidatos, así como, ordenar a dichos medios los retiros de dicha propaganda.

  • Con relación a las restricciones administrativas

La Junta Central Electoral es el órgano competente para establecer limitaciones de carácter administrativo, en aquellos casos que se producen faltas sancionables de esta situación en los aspectos que se afectan a la organización del proceso electoral o los que son puestos a cargo de esta; las restricciones administrativas pueden ser aplicadas concomitantemente de acciones penales a aquellos que incurran en limitaciones a las disposiciones legales sobre esta materia.

Las infracciones administrativas, serán castigadas con el pago de compensaciones pecuniarias en base a los mínimos o sobreseimiento de algunas acciones, las restricciones que cometan ciudadanos, las ciudadanos o las instituciones de cualquier naturaleza, al no cumplir las disposiciones de la ley en lo que respeta el desempeño de las funciones que les fueren asignaciones o los que violentaren los procedimientos establecidos en la ley electoral.

Los montos de las limitaciones administrativas van desde uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos, según las siguientes faltas:

  1. Los funcionarios de colegios electorales que no concurren a prestar sus servicios en la fecha de la votación.
  2. El ciudadano o la ciudadana que realiza una inscripción en el padrón electoral en un lugar diferente al que reside, además de declararse nula la inscripción.
  3. Los funcionarios que tienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rigen por el derecho administrativo y que luego de serles aceptan sus candidaturas, no presentan licencia a sus cargos, como lo establece la ley electoral.
  4. Los candidatos y candidatas que organizan manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de esta.
  5. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que no responden a los Símbolos Patrios o temas a la Restauración de la República.
  6. La utilización por parte de personas, grupos, movimientos o partidos, en los medios de comunicación, escritos, radial, televisivo o cualquier medio electrónico, así como en los actos públicos, de la denominación o lema, los dibujos contentos del símbolo, colores, emblema o bandera, ya registrado en la Junta Central Electoral, y que distingue a una agrupación política de cualesquiera otras de las autoridades, sin la debida autorización legal de la agrupación política legalmente indicada con esos símbolos.
  7. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatos que realizan actos y usos de medios anónimos, sea cual sea su naturaleza.
  8. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que se dediquen a las contramanifestaciones señaladas la ley.
  9. Los candidatos o candidatos que tienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rige por el derecho administrativo, y que prevalecen de su condición, hacen uso de los bienes y recursos de los que son administradores.
  10. Los partidos políticos que reciben fondos de fuentes ilícitas serán limitadas del financiamiento público, sin perjuicio de sus miembros o dirigentes que hayan obtenido directamente en la comisión de este delito, pudiendo ser procesados ​​por el delito de lavado de activos.
  11. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que reciben fondos públicos, promuevan el abstencionismo electoral.
  12. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que por cualquier forma o medio violento u obstaculicen la propaganda de otros partidos, agrupaciones, candidatos o candidatas.
  13. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que difunden propaganda política desde las doce de la noche del jueves previas al día de las elecciones y hasta que la Junta Central Electoral emita los resultados.
  14. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatos que contribuyen con la contaminación auditiva, fuera del horario y las condiciones establecidas en la ley.
  15. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatas que hagan uso de fuegos pirotécnicos o pólvora inflamables, fuera de las disposiciones de la ley y reglamentaciones electorales de las autoridades correspondientes.
  16. Los partidos y agrupaciones políticas que en violación a la ley electoral, desarrolla manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de esta.
  17. Los partidos o agrupaciones políticas, candidatos o candidatos que colocan publicidad o propaganda política en estados privados, sin la aprobación previa de sus propietarios o arrendatarios.

Atribuciones de la Procuraduría especializada en materia electoral.

 

Una de las misiones fundamentales de la procuraduría especializada es fortalecer el Estado democrático, en procura de Justicia Electoral mediante pronta investigaciones y actuación apegada a los principios legales y constitucionales, un fin de prevenir y combatir los delitos y faltas electorales o cualquier otra situación que atente contra la consolidación de la democracia, teniendo como eje principal el respeto de la Constitución y las leyes.

 

Dentro de sus facultades esta perseguir los delitos electorales mediante el ejercicio de las acciones ante el Tribunal Superior Electoral. En consecuencia, esta fiscalidad especializada requerirá todas las diligencias de instrucción necesarias para investigar los hechos punibles y la responsabilidad de sus autores con iguales facultades que las inherentes a los agentes del Ministerio Público.

 

  • Con relación a las infracciones jurisdiccionales

La norma detallada de lo relativo a las infracciones jurisdiccionales electorales, esto es los delitos y crímenes electorales previstos en el ordenamiento jurídico electoral [1] , todo lo que corresponda perseguir, investigar e instrumentar la fiscalía electoral para ser conocido por ante el Tribunal Superior Electoral .

En estos casos, cuando se configuran algunos de estos hechos específicos como punibles, pueden ser denunciados por la parte legítimamente afectada, el ministerio público, la Junta Central Electoral o las juntas electorales, entendiendo este tipo de acciones de carácter público.

* Crímenes electorales , dentro de esta categoría de orden penal se encuentran los siguientes:

  • Falsedad en materia electoral, en los casos en que en una solicitud de reconocimiento de partido hagan declaración falsa con respecto al número de sus afiliados. Esto será castigado con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público.

Así también, serán castigados con la pena referida para falsedad los siguientes:

  1. Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o falsificaren todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de colegio electoral, credenciales de gobiernos electorales, o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral.
  2. Los que indujeren, auxiliares u obligan a otro cometer cualquiera de los actos previos en el párrafo anterior.
  3. Los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas oficiales y otros impresos que pueden ser confundidos con las mismas, o los que distribuyen o utilizan.
  4. Los que ordenan o fabrican sellos iguales o que pueden ser confundidos con los sellos oficiales de los colegios y los que distribuyen o utilizan.
  5. Los que utilizan o distribuyen, a sabiendas, cualquier documento que imite cualquier otro documento de los requisitos por esta ley.
  6. Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, un elector para inducir a votar de una manera determinada.
  7. Los que a favor o en contra de cualquier candidatura realizan actos de gestión electoral a una distancia menor de veinte metros de cualquier colegio electoral, el día de las elecciones.

Y los que exhiben algún cartel político que no esté previsto por la ley, dentro del local del colegio electoral.

Por otro lado, serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión:

  1. Los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de propuesta de candidatura.
  2. Los que falsifiquen un documento de propuesta de candidatura, o hagan cualquier afirmación o declaración falsa.
  3. Los que firman un documento de propuesta no siendo electores en la división política a dicho documento correspondiente.
  4. Los que firman más de un documento de propuesta para un mismo cargamento, a no ser que todos los anteriores firmados hubieren sido retirados o declarados nulos.
  5. Los que presentan un documento de propuesta a sabiendas de que contiene alguna firma falsa o de que está firmado por alguno que no sea elector de mar de la división política a la que corresponde, o que es fraudulento en cualquiera de sus partes.
  6. Los que voten sin tener derecho para hacerlo.
  7. Los que votaren más de una vez en una misma elección.
  8. Los que a sabiendas depositan dos o más boletas.
  9. Los que voten usando cualquier nombre que no sea el suyo.
  10. Los electores que directos o indirectamente solicitan dádivas o presentan para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.
  11. Los que mediante soborno o de otra manera procuran que una persona investida por la ley de una carga oficial en relación con las elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los deberes que cumplen la impone.
  12. Los que mediante soborno o cualquier otro medio procuran que una persona investida por la ley con una carga oficial en relación con las elecciones, cometa o permita a otra persona cometer algún hecho que constituya infracción a las disposiciones legales pertinentes a la elección.
  13. Los que amenazan o cometen excesos de poder en relación con las materias electorales.
  14. Los que inducen o auxiliares a otros cometer cualquiera de los hechos expresados ​​en este artículo.

* Delitos Electorales , esta modalidad de infracción jurisdiccional implicava pena de prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez tarifas mínimas del sector público; esto se aplicará a la comisión de los hechos siguientes

  1. Los que aceptan definitivamente un documento de propuesta con conocimiento de que es ilegal o fraudulento en su totalidad o en parte.
  2. Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el tiempo y la forma debida, con arreglo a las prescripciones de esta ley.
  3. Los que incluyen en las boletas oficiales para cualquier elección los nombres de personas que no deban figurar en ellas.
  4. Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección, el nombre de algún candidato que debe figurar en ellas.
  5. Los que permiten votar a cualquier persona, a sabiendas de que el voto de ésta no debe recibir.
  6. Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier persona que tuviere derecho a que se admita.
  7. Los que ilegalmente agregan o permiten que otro acorde alguna boleta a las legalmente añadidos.
  8. Los que sacaren o permitan que otros saquen alguna boleta de las legalmente afectadas.
  9. Los que sustituyeren una boleta por otra.
  10. Los que hacen o permiten que otro haga un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos.
  11. Los que firman un certificado de elección a favor de persona que no tenga derecho a ello.
  12. Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.
  13. Los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecieron las boletas y que sean responsables.
  14. Los que, cuidando las atribuciones para ello, actúan o pretenden actuar con el carácter de los agentes afectados por esta ley.
  15. Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclan en los actos electorales, utilizando su influencia oficial para las elecciones.
  16. Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de fuerza pública que intimidan a cualquier elector o ejercenren presión en su ánimo, para evitar el ejercicio de las atribuciones y prerrogativas que les están acordadas en la Constitución y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultado de la misma.
  17. Los que violan las normas sobre el medio ambiente en la realización de la campaña electoral, específicamente los que afectan a la flora, la fauna y los niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruidos; conforme a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.
  18. Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violan las normas constitucionales, éticas y legales sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos, candidatas o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos o agrupaciones participantes en los procesos electorales.
  19. Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separan o rebajan de su categoría o sueldan a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procuran que se separe o se le rebaje de categoría o sueldan, con el uso de ejercicio influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral.
  20. Los que indujeren, auxiliares u obligan a otra persona a cometer cualquiera de los hechos previstos por este artículo.
  21. Los que violaren cualesquiera de las decisiones que en atribuciones reglamentarias dictan la Junta Central Electoral.
  22. La persona o empresa que infringe cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 94 de esta ley.

Para los casos que se detallan a continuación, la pena será prisión correccional de tres (3) meses a un (1) año y multa de uno a cinco días mínimos del sector público:

  1. Los que abandonan sin permiso o autorización el cargo, la comisión o función que, de acuerdo con esta ley, se les hubiere encomendado.
  2. Los que no cumplen las obligaciones o deberes que la ley les señalale, dentro del término que en ella se establece, y si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de una escritura o relación fraudulenta de votos emitidos, incurrirán en las penas señaladas para dicho delito en el artículo citado.
  3. Los que obstaculizan a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de los colegios electorales.

Los que incitan o cohibirán en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho.

  1. Los que intervienen indebidamente en el ejercicio de las obligaciones oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación
  2. Los que sin facultad para ello se mezclan en las operaciones legales de cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma.
  3. Los que siendo de cualquiera junta electoral, hicieren propaganda electoral en el día de elecciones.
  4. Los que ilegalmente se retiren cualquiera de las boletas oficiales del lugar de votación.
  5. Los que muestran su boleta mientras que los estudiantes preparan o después de preparada para votar, cualquier persona, dándole conocimiento de su contenido, o en cualquier otra forma dieren a conocer el sentido en que han votado o se han propuesto votar, a no ser con el propósito y en ocasión de obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de su boleta.
  6. Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en ella alguna señal de la que puede colegirse que contiene el voto en favor o en contra de una candidatura determinada.
  7. Los que voten con alguna boleta que no hubiere recibido específicamente el colegio electoral.
  8. Los que son miembros del colegio electoral reciben de algún elector la boleta y preparada para votar.
  9. Los que extrajeren fuera del recinto del colegio electoral cualquiera boleta.
  10. Los que desobedecieren cualquier orden legal de una junta o colegio electoral.
  11. Los que, al auxiliar a un elector para la preparación de la boleta, llenan esta forma de manera distinta de los deseos expresados ​​por aquél, o después de auxiliar a un elector revela el contenido de la boleta.
  12. Los que, en algún caso no previsto por la ley, abrieren cualquier paquete sellado que contenga boletas, listas de inscritos, pliegos de escrutinio, relaciones de votación o cualquier otro documento determinado por esta ley.
  13. Los que cometan algún momento que infringe la presente ley que no esté pendiente de otro modo por ella.

Entendiendo la gravedad, de las actuaciones que de cualquier manera coaccione al elector en la decisión precedente al voto, la ley separa lo relativo al delito por coartar el derecho de elección. Indicando que el mismo se configuró en los que tienen que tener sus órdenes o sus empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elección, incurrenren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de los que tienen una pena o rebaja de salarios o de jornal, o de otra prestación que le sea debida, por ejercer o evitar libremente el derecho de votar.

En este sentido, serán castigados con reclusión de un (1) mes a seis (6) meses y multa de uno a cinco días mínimos del sector público.

Un modo de disposiciones generales debe destacar que la ley establece que la tentativa de cualquiera de los delitos previos en esta ley será castigada como el delito mismo.

Así también las disposiciones del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley.

Entendiendo que, en los próximos comicios generales, ser celebrados el 5 de julio del año en curso, convergen una serie de circunstancias y particularidades que han generado un contexto sensible, y, dada la posible ocurrencia de múltiples delitos electorales, resultante crucial el rol que jugará la recién creada procuraduría especializada en la investigación y persecución de estos hechos en el marco de un sistema de justicia electoral con novedades normativas.

 

Interesa sobremanera que la articulación de todo lo relativo al órgano perseguidor especializado en materia electoral se realizase atendiendo criterios técnicos y jurídicos que controlan su profesionalidad, integridad y acción, independiente de los intereses particulares o partidarios.

 

 

 

 

 

[1] Esto abarca todas las leyes que hacen referencia a la materia electoral, dentro de ellas, por ejemplo, la ley de uso de los emblemas partidarios; así cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos.

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