Kenia Franco

Kenia Franco

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó nuevas observaciones al proyecto de Código Penal que modifica la Cámara de Diputados, y sugiere que sean sometidas a una revisión integral las penas propuestas para la prisión y las multas de más de ocho tipos penales, decidir el error que existe con la eximente del aborto y precisar lo relativo a los artículos que regulan la bancarrota fraudulenta.

Los reparos que presentaron el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, están contenidos en una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al presidente de la Comisión de Justicia que estudia el proyecto, Alexis Jiménez, en la que sugiere que la revisión integral de las penas propuestas sea los tipos penales de exhibicionismo sexual, discriminación, acoso sexual, amenaza, abandono agravado, difamación, chantaje o extorsión acompañada de muerte, corrupción, entre otros.

Considera que estas infracciones requieren una adecuación equilibrada. “Es preciso destacar que se incurre en múltiples ocasiones en establecer la escala de multa de siete a nueve salarios mínimos, siendo lo correcto de siete a quince salarios mínimos, de conformidad con la escala de penas que se indica en la parte introductoria del proyecto de Código ”.
Recomienda eliminar el tipo penal de "proxenetismo reincidente", debido a que la reincidencia no es un tipo penal.

En el caso del peleado tema del aborto, establecido en el artículo 112 del proyecto, alerta que es un error grave establecer una eximente contra el aborto y considerarla al mismo tiempo una causa de justificación, en este caso el estado de necesidad. “No se puede configurar dos institutos diferentes al mismo tiempo.

Si el texto mantiene la parte in fine entonces no es una eximente y estamos diciendo que la conducta es típica ”, dice. Las recomendaciones de Finjus se utilizan en una nueva oportunidad para profundizar, consensuar y aprobar el Código Penal, que volvió a vista pública el pasado viernes, luego de estar aprobado en primera lectura.

 Descargar:  Carta depositada en la Cámara de Diputados

                   Tabla-Código Primera Lectura final 10-5-2021 

Fuente: HOY

El Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional celebraron un taller de inducción para la profesionalización y transformación integral de la PN, los días viernes 14 y sábado 15 de mayo pasados. El evento fue encabezado por Jesús Vásquez, Ministro de Interior y Policía, alcalde general Edward Ramón Sánchez González, Director General de la PN y el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo creado por el Poder Ejecutivo.

 

A lo largo de las amplias sesiones de trabajo se abordaron diferentes aspectos e informaciones de interés sobre la situación actual del órgano policial, especialmente el contenido en detalle de los reglamentos que se encuentran elaborados a la fecha y que son ordenados por mandato de la ley 590 -16 orgánica de la Policía Nacional.

 

En el referido taller, la institución policial fue presentado el equipo que conforma el “Centro de Transformación Integral Policial (CETIPOL)”, que está integrado por un representante de cada una de las estructuras o instancias organizativas de la Policía, que tendrá a su cargo acompañar al Grupo de Trabajo en las iniciativas que emprenda en base al Decreto 211-21.

 

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)  expresa su  alta preocupación ante el llamado del Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas (CSME) de paralizar los servicios de salud que prestan a los afiliados de una reconocida ARS del país, y que pretenden hacer efectivo desde el lunes 10 al domingo 16 de mayo próximo, en todo el territorio nacional.

 

Para FINJUS, la referida medida pone en entredicho La Constitución de la República Dominicana que consagra en su artículo 61 que “toda persona tiene derecho a la salud integral” y ordena al Estado velar por la protección de la salud de todos los habitantes. En este mismo sentido diferentes leyes protegen este derecho, a fin de garantizar el acceso pleno de la población a los servicios sanitarios, al tiempo que norman el ejercicio de las profesiones del área de la salud.

 

Dentro de esa normativa se destacan la Ley Núm. 42-01, Ley General de Salud; la Ley Núm. 87-01, del Sistema Dominicano de Seguridad Social; al igual que los reglamentos, resoluciones, normas y circulares emitidos por los órganos que conforman el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Estas leyes ordenan a las ARS, garantizar que la gestión de la salud sea eficiente, oportuna, satisfactoria y de calidad, mediante la correcta administración y supervisión de la red de Prestadoras de Servicios de Salud, coordinadas por a la Superintendencia de Salud, en base al artículo 172 de la Ley 87-01.

 

La Ley 87-01 ha establecido asimismo un conjunto de principios rectores y mecanismos que buscan garantizar que las diferencias que puedan generarse entre los distintos actores sean dirimidos en el CNSS y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para que la resolución de dichos conflictos se haga de manera eficiente y evitando que en esos procesos no resulten afectados los afiliados.

 

Para FINJUS el conflicto que se ha generado tiene que ser resuelto en el marco de los principios, procedimientos y mecanismos que establece la normativa del sector salud, sin poner en riesgo la calidad, el alcance y  la naturaleza de los servicios que se prestan a la población.

 

El llamado a paro que han planteado el CMD y la CSME se realiza en el marco de los graves efectos de la pandemia por COVID-19 que afecta al país y contra pone con los esfuerzos e iniciativas en marcha desde el Estado y la sociedad para alcanzar una pronta recuperación de la crisis sanitaria y económica presente.

 

FINJUS reitera el llamado a la sensatez y la cordura para realizar los diálogos que sean necesarios en busca de una soluciones racionales y factibles, y exhorta a las asociaciones médicas convocantes a dejar sin efecto el paro anunciado, que constituye una acción inadecuada, inoportuna y carente de sentido legal.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

9 de mayo, 2021

 

La figura del referéndum en República Dominicana está configurada como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía mediante el cual se somete, a decisión popular, asuntos que comporten trascendencia nacional. Se trata de una institución jurídica que evoca la transición de una democracia representativa hacia una participativa en el marco de la consecución de un Estado social y democrático de derecho.

 

En efecto, la Constitución, en el numeral 2 del artículo 22, establece como derecho de todo ciudadano “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”; lo cual permite a los electores la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones que, ordinariamente, son determinadas por los poderes públicos constituidos.

 

La doctrina se inclina a considerarlo como un acto decisorio autónomo que, al sumarse al de los representantes, da origen a la disposición legal y/o actuación administrativa, “(…) la cual solo adquiere calidez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada por ella. Los representantes forman la ley, pero ad referéndum, es decir, a reserva de lo que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva a que se somete la validez y eficacia de la ley.”

 

El artículo 210 del texto constitucional, que refiere a este instituto, indica que:

 

Artículo 210.- Referendos. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones:

1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada;

2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.”

 

Sobre ello conviene deslindar el alcance, a partir de los tipos de referendo, esto es referendo consultivo y referendo aprobatorio; al respecto la Constitución dispone que:

 

“Artículo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora.”

 

En torno a la posición que sugiere someter a referendo una eventual modificación al artículo 37 de la Constitución, es necesario tomar en consideración que el referendo aprobatorio es el mecanismo que permite a los ciudadanos decidir si entran o no en vigencia modificaciones constitucionales sobre materias de alta trascendencia para la vida nacional.

 

Por tanto, debemos ser cuidadosos antes de promover este mecanismo, ponderando las repercusiones jurídicas, políticas y sociales que implicaría el uso de esta herramienta, la cual debe ser vista como otro instrumento de la democracia, sin carácter de obligatoriedad absoluta para las reformas constitucionales, tal como se ha planteado desde la visión doctrinaria norteamericana.

 

Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que regula el procedimiento del referendo, la cual iniciativa tiene por objeto garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana mediante el mecanismo de que se trata. Es preciso indicar que la Constitución dominicana establece, además del referendo aprobatorio, que aplica en caso de reforma constitucional, el referendo local y el referendo de tipo consultivo.

 

Debe saberse que la utilización del referendo aprobatorio no puede convertirse en válvula de escape de las obligaciones que compete a los poderes públicos cuando medien temas de intensa polarización; desvirtuando así el uso y naturaleza de uno de los instrumentos más interesantes de la democracia moderna como lo es el referendo. El Congreso es, por sus características y tradición, el lugar en donde se debe realizar los debates de temas sensibles; ello sin perjuicio de incorporar mecanismos que faciliten la participación ciudadana. En efecto, sobre este particular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica apuntó que “Es menester agregar que los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación[1]

 

Desde FINJUS entendemos conviene, en momentos donde se considera la viabilidad de celebración de un referendo, posterior a la aprobación de una ley al efecto que lo regule, ponderar de manera integral la utilización de este instrumento de participación directa, de manera que no sea una herramienta en la cual se escude la actuación del legislador ordinario de cara a la atribución de creación y elaboración normativa.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

4 de mayo 2021

  

 

[1] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Sentencia No 2010013313 de 10 de agosto de 2010, Expediente 10-008331-0007-CO, Considerando VI.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) eligió a los nuevos integrantes de su Consejo de Directores para el período 2021-2023, en el marco de la Asamblea General Anual del 2021.

 

El Consejo de Directores es el órgano de dirección encargado de ejecutar todos los actos y operaciones de FINJUS en sus programas y proyectos, así como en la gestión administrativa y de relacionamiento institucional.

 

El Presidente del Consejo de Directores 2021-2023 será el Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, quien estuvo acompañado de Elena Viyella de Paliza, Primer Vicepresidente; Rafael Ernesto Izquierdo, Segundo Vicepresidente; Anyarlene Bergés, Secretaría; Yudith Castillo, Vicesecretaria; Gustavo Ariza, Tesorero y Julio Llibre, Vicetesorero.

 

Asimismo, fueron electos como directores los señores Carlos Guillermo León, Omar Victoria, Guillermo Estrella, Práxedes J. Castillo, Celso Marranzini Pérez, Robinson Peña, Rafael Blanco Canto, Leonardo Matos y Andrés Emilio Bobadilla Bermúdez.

 

También forman parte del Consejo de Directores los señores Marino Ginebra, en su condición de Pasado Presidente y Servio Tulio Castaños, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo.

 

La Asamblea General de FINJUS en su reciente reunión anual, aprobó la gestión del Consejo de Directores 2019-2021, así como el Plan de Trabajo, Presupuesto y otros documentos fundamentales para el período que se inicia, al tiempo de reconocer la labor realizada por los órganos internos de la institución.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

26 de abril de 2021

En virtud del proceso de selección que conoce el Congreso Nacional respecto de los miembros de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y sus adjuntos, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en aras de promover el diálogo constructivo, entiende pertinente abocarnos hoy a una reflexión integral de los retos que debe asumir el Senado para garantizar un proceso de selección y nominación transparente, participativo y consensuado con la sociedad con estricto apego a los principios democráticos de independencia e imparcialidad.

 

La selección de los nuevos miembros de estas instancias debe alejarse de cualquier viso de arbitrariedad; de igual forma, debe evitarse inobservancia de los presupuestos normativos establecidos en la Constitución y la ley. No se puede pretender jugar a poner obstáculos en la elección de órganos tan sustanciales para el ejercicio democrático institucional como lo es, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, sobre el cual descansa la salvaguarda de las cuentas públicas y el control fiscal del erario.

 

El buen funcionamiento del órgano constitucional de control y fiscalización externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos, y del patrimonio del Estado, constituye un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que exista una relación de pesos y contrapesos de conformidad a los preceptos de un Estado social y democrático de derecho. Por ende, resulta imprescindible que este órgano esté integrado por perfiles profesionales que estén sustentados en capacidad e idoneidad.

 

Para FINJUS el desarrollo del sistema de control del Estado dominicano es un tema crucial para nuestra gobernabilidad y desarrollo. De lo cual, hemos observado con preocupación que dicho sistema se ha caracterizado por una desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar prácticas lesivas contra el erario.

 

En efecto, el perjuicio económico detectado en las auditorías que realizan los órganos de control interno y externo, especialmente los producidos por la Cámara de Cuentas, no ha generado, de manera constante, la activación de los mecanismos de régimen de consecuencias civil, administrativo y penal que ordena la ley. La ciudadanía percibe entonces que las respuestas a la corrupción son ineficaces pues los organismos competentes no ejercen todas las potestades que les confieren las leyes y optan por escudarse en la supuesta ineficiencia del otro para no hacerse responsable de la impunidad generalizada que reina en el manejo de los fondos públicos en el país.

 

Por otro lado, con relación al defensor del pueblo, es preciso resaltar que ha sido establecido como un órgano constitucionalmente autónomo cuya función principal es defender los derechos constitucionales, así como encauzar la promoción de buenas prácticas en la administración pública a fin de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho. Se trata de una figura que surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, debiendo constituir una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos.

 

Se trata entonces de órganos que, de conformidad a la configuración que le otorga la ley, son de carácter sustancial en lo concerniente a velar por el correcto funcionamiento del Estado. La vía para garantizar su legitimación es un proceso de selección transparente, y basado en los méritos de quienes postulan, dejando de lado posibles vínculos con el gobierno u otros sectores de poder.

 

En ese sentido, desde FINJUS exhortamos garantizar los criterios referidos en torno a la escogencia de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y adjuntos; la ciudadanía espera un proceso diáfano mediante el cual resulten designados los mejores candidatos de trayectoria incuestionable, competencias y aptitudes adecuadas, moral intachable y que inspiren respeto de parte de la población. De igual manera, es necesario que los criterios de selección legales sean respetados, técnicamente depurados y públicamente explicitados.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

12 de abril de 2021

Download decreto

SANTO DOMINGO. - El presidente Luis Abinader juramentó a los miembros de la comisión que trabajará para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, cuyas responsabilidades están contenidas en el Decreto 211-21.

El mandatario advirtió que para la transformación de la Policía Nacional están preparados y determinados para no parar y concluir ese cambio, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.

“También reconozco que es posible que en este proceso de trasformación encontremos obstáculos y dificultades y más aún, les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego ”, precisó el jefe de Estado.

Estas declaraciones se produjeron durante un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los miembros del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

El mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña; los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; de Interior y Policía, Jesús Antonio Vásquez; Economía y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y el director general de la Policía Nacional, Edward Sánchez González.

“El objetivo que queremos alcanzar es irrenunciable porque va en la línea de flotación de nuestra calidad democrática como país. Otros gobiernos los han intentado y por alguna razón no han continuado, pero quiero expresar aquí que yo ni me cansaré ni me va a cansar”, expresó el primer mandatario.

Apuntó que la necesidad de una transformación de la institución del orden se ha convertido en urgencia y que desde el Gobierno se trabajará con determinación para solucionarlo.

“El grupo de trabajo que hoy hemos juramentado tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial, producir las recomendaciones de rigor para una verdadera depuración del cuerpo y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime más conveniente para la absoluta e inmediata trasformación de este cuerpo policial”, manifestó el presidente Abinader.

Aseguró que la transformación que se proponen no es una transformación para acomodar a un sector. “No es la transformación del Gobierno. Es la transformación que buscamos todos nosotros y nosotras. La de todo un país”.

El jefe de Estado agregó que, “por eso, este grupo de trabajo está integrado por diversas personas provenientes de diferentes sectores. Queremos la mirada más amplia posible para que nada se quede al margen ni sea excluido del análisis”.

Los 21 juramentados

Los integrantes de esta comisión son: Servio Tulio Castaños, quien la preside; Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Monseñor Francisco Ozoria y Fidel Lorenzo.

Además, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana y Manuel María Mercedes.

Funciones grupo de trabajo

El Decreto 211-21 establece que los miembros de este grupo de trabajo lo harán mediante servicio honorífico y tendrán un plazo de un año para la realización de sus objetivos.

Fuente :presidenciard

Precisa también que el grupo de trabajo queda bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía y que se constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional.

Del mismo modo, establece que algunos de los objetivos serán: sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional.

Asimismo, recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, los mismos que promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes, entre otras cosas.

 

ProDominicana presenta Registro Digital de Inversión Extranjera Directa

Santo Domingo. - Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, presentó el Registro de Inversión Extranjera Directa en formato digital, que tiene por objetivo agilizar y transparentar los procesos a los inversionistas.
La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, quien saludó la iniciativa y exhortó a seguir estableciendo procesos que permitan la simplificación de trámites y servicios en mejora de la calidad de las normas, como parte de las iniciativas burocracia cero, que ha impulsado este gobierno.


Durante el acto de presentación, la directora sostuvo: “Con la puesta en marcha del registro digital de inversión extranjera hemos realizado un gran avance hacia la digitalización de los servicios y la eliminación del pago de tasa por dicho registro que impactará positivamente la norma”.
Riveiro resaltó que, con la implementación de este proceso, la institución se encamina a convertirse en una agencia de promoción mucho más ágil y proactiva; así como a fortalecer la competitividad de República Dominicana en los mercados globales, mediante la captación de IED.
Eliminan pago de servicio de evaluación y certificado.


Durante la presentación, se informó sobre la eliminación del costo de evaluación y certificado del Registro de Inversión Extranjera. Mediante éste, los inversionistas pagaban desde RD$30.000 (Treinta mil pesos) hasta RD$200.000 (doscientos mil pesos), en función del monto de la inversión que realizaran en República Dominicana. Con la agilización de los procesos y la eliminación del pago es evidente que se fortalecen los atractivos del país, para colocar en un buen lugar la IED, ampliando la información estadística que se tienen sobre las inversiones, su origen y sus montos.
Un aspecto a destacar del Registro de Inversiones es la obligatoriedad para acceder a la residencia de inversionista a través de la Dirección General de Migración. Es decir, que el uso de los canales digitales reduce costos, gasto de tiempo y facilita la estadía de personas y empresas en suelo dominicano.
Durante el evento expertos destacaron la importancia de la Inversión Extranjera Directa en el país. Alejandro Peña Prieto, 2do vicepresidente de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX); Marisol Vicens, socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández Abogados, y Roberto Herrera, gerente de País Interenergy Group, participaron en el panel “’Oportunidades y Perspectivas para mejorar el Clima de Negocios en la República Dominicana’, moderado por el doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Campaña Invierte en RD
Dentro de la actividad, se llevó a cabo la presentación de ‘Invierte en RD’, campaña en la que ProDominicana busca resaltar los atractivos que convierten a República Dominicana en un destino de inversión ideal. La estrategia está segmentada de acuerdo a los sectores productivos de mayor interés para el país.
Al respecto, la directora ejecutiva indicó: “La campaña antes citada la daremos a conocer mediante artículos, acciones comunicacionales de redes sociales y una interacción activa con usuarios”. Contará con información sobre: tramitología, incentivos fiscales, clima de negocios, oportunidades de inversión. Asimismo, encontrarán data estadística actualizada y referencia a los distintos servicios que ofrece la institución para instalar o ampliar las inversiones.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaños, realizó una visita de cortesía a la Procuraduría General de la República, en donde fue recibido por la Procuradora General de la República, donde ambos conversaron sobre aspectos institucionales del Ministerio Público.

El Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS ponderó que la institución se ha estado manejando con la autonomía e independencia que la Constitución y la ley le reconocen, lo que ha redundado en una mayor confianza de la ciudadanía en el quehacer de la institución.

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

17 de marzo de 2021

 

Permítanme saludarles y manifestarles nuestra satisfacción al acompañarles en este acto de presentación del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo Norte: Por una Ciudad Segura, Pacífica y Ordenada, un lema que define de manera brillante las aspiraciones por las que trabajan las autoridades locales y que la población ha acogido con entusiasmo.

 

Los medios de comunicación han recogido de forma completa el lanzamiento de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género a lo largo y ancho del país, bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía y la dirección de los alcaldes y alcaldesas de cada uno de esos ayuntamientos. Damos fe de que esta labor no tiene precedentes en la historia municipal del país y constituye un importante hito en el terreno de la coordinación interinstitucional.

 

 

La sociedad está observando este esfuerzo con mucha atención. Las expectativas de la ciudadanía en cada una de las regiones donde se ha comenzado a implementar este modelo de trabajo y relación entre el Estado y las organizaciones sociales representativas son altísimas. No es solo porque sea una novedad que en torno a una misma mesa se pueden reunir los actores oficiales y compartan sus planes, objetivos y metas, sino porque a partir de las Mesas se están construyendo la esperanza de que podremos vivir en comunidades donde reine el orden, la armonía y la responsabilidad ciudadana.

 

Cuando actores tan diversos como la Policia Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, los Ministerios de la Mujer, Salud Pública, Juventud, y Educación así como organismos especializados en las áreas de niños, niñas y adolescentes, entre otros , interactúan con organizaciones empresariales, cívicas, comunitarias, académicas y religiosas, se debe entender que lo tienen entre manos es esencial para el país, la región o la comunidad.

 

Y no hay en el país en este momento un tema más prioritario, fuera de la situación sanitaria que ha provocado la pandemia y sus repercusiones económicas, que el de la seguridad ciudadana. Es nuestro mayor desafío y por eso es tan alentador que el Ministerio de Interior y Policía, con las autoridades municipales en todo el país, estén adelantando continuamente esta alianza con la sociedad para mejorar estos problemas ancestrales.

 

Ya no basta con reconocer que nuestro camino hacia el desarrollo, la justicia y el bienestar global requiere sociedades seguras, pacíficas y unidas en la prevención y el castigo del crimen y la delincuencia. Para vivir en una sociedad que reconoce y garantiza los derechos fundamentales es imprescindible vencer el miedo y la zozobra que siembra la inseguridad.

 

Por eso es que valoramos altamente esta iniciativa que dará grandes frutos y que permitirá políticas articulares, programas, y planes globales y locales, bien diseñados, coordinados e implementados por instituciones públicas comprometidas, en el sector justicia, en el Gobierno Central y de manera especial en las municipalidades, como el poder más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos.

 

Por todo lo anterior queremos felicitar a los apreciados amigos Carlos Guzman y Jesús Vázquez Martínez, Alcalde de Santo domingo Norte y Ministro de Interior y Policía, respectivamente, por impulsar esta iniciativa con tanto entusiasmo.

 

Como FINJUS estamos muy comprometidos con apoyar sus esfuerzos que han de coronarse con éxito, y nos hemos sentido muy honrados de que han aceptado nuestro apoyo técnico para acompañar las iniciativas que articulen las organizaciones estatales y ciudadanas que confluyen en este espacio.

 

Felicitamos al honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, al Ministerio de Interior y Policía, y con ellos a todas las instituciones públicas y privadas presentes.

 

Pasen todos muy buenos días.

 

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