En la conferencia titulada “Magistrado presidente Manuel Bergés Chupani: la integridad de una vida al servicio de la justicia”, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara,  resaltó la obra y trayectoria profesional de Don Manuel Bergés Chupani, fallecido en el 2020 a los 101 años.  

Por CDN a las 11:00 am, 

25 de junio de 2021.-Fue firmada en San Francisco de Macorís la "carta de compromiso", que promueve el Plan Municipal para la convivencia ciudadana segura, con el interés de hacer disminuir en la sociedad dominicana, la incidencia del delito y la violencia , en sus distintas manifestaciones.

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El homicidio de un interno en el recinto penitenciario que funciona al interior de la Fortaleza Duarte en San Francisco de Macorís el pasado domingo, ha mostrado nuevamente a la sociedad dominicana el grado de deterioro del sistema penitenciario y la necesidad urgente de que el Estado coordine acciones positivas, enérgicas y sostenibles para remediar lo que se ha convertido en una lacra dentro del sistema democrático dominicano.

El interno fue acribillado a balazos disparados por otros presos, en el momento en que escenificaban un motín pidiendo ser trasladados a otras prisiones. El mismo cumplía una condena de 30 años de reclusión en una prisión del sistema tradicional que, aunque funciona bajo el control de la Dirección General de Prisiones y de la Procuraduría General de la República, está ubicada al interior de una fortaleza militar que pertenece al Sexto Batallón del Ejército dominicano.

Ha sorprendido a la sociedad dominicana que en ese recinto circularan armas de fuego, cuchillos, dispositivos electrónicos y celulares, al tiempo que negocios diversos fueron permitidos, incluidos prestamistas, aparatos de juegos de azar y otras actividades al margen de la ley. Es un hecho conocido que los recintos penitenciarios del modelo tradicional se han convertido en centros desde los que se realizan diferentes delitos, que van desde la clonación de tarjetas de crédito, hasta modalidades de extorsión y manejo de bandas criminales al exterior de dichos centros.

En un informe reciente de mayo pasado la Dirección General de Prisiones informó que en el sistema penitenciario existen 26,656 internos, de los cuales 15,285 son presos preventivos (57 por ciento), y 11,374 están condenados, lo que representa el 43 por ciento de la población total.

En los establecimientos carcelarios tradicionales, que son 19 en total y que son administrados por la Dirección General de Prisiones, cumplen condena y medidas de coerción 17.263. Mientras que en los 24 centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria están internados 9,911 personas.

Durante décadas las cárceles dominicanas han acumulado un deterioro que se vincula con la indiferencia del Estado ante esta población, la falta de recursos que sufren las instituciones encargadas y la incoordinación de programas y políticas públicas diseñadas y orientadas con sentido profesional y humano, entre otros factores . El incumplimiento de la autonomía presupuestaria del Ministerio Público incide de manera negativa en los centros penitrios y cárceles, que han sido dejados a su suerte, constituyéndose en una de las fuentes más importantes de enriquecimiento de estructuras mafiosas, con la complicidad de algunas autoridades, de acuerdo a los testimonios que aparecen en la prensa y las redes sociales.

Para la ciudadanía el homicidio del preso en la Cárcel de San Francisco de Macorís es la reedición del fracaso de los intentos que se han realizado para “humanizar y modernizar” los centros penitenciarios y correccionales en el país, abandonados por el Estado a formas abyectas de corrupción, violencia y crimen que degradan la calidad del régimen democrático y de la condición humana en el país.

Aunque reconocemos que el nuevo modelo penitenciario representa un respiro de la gravísima situación del tratamiento penitenciario por las experiencias positivas que se han acumulado algunos desde años, FINJUS exhorta a que desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con los demás poderes públicos, se coordinen acciones urgentes que eviten que el país siga siendo considerado en la comunidad internacional como una sociedad donde convive un pueblo con los mejores valores y las formas más agudas de la degradación humana.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

22 de junio de 2021

La efectividad de las acciones que desde el Estado se realiza contra la corrupción en sus diversas modalidades acapara la atención de los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad. Cada día aparecen nuevas voces demandando profundizar la capacidad operativa de los órganos de control, de investigación de los delitos y crímenes y hacer más efectivo el régimen de consecuencias en esta área.

FINJUS comparte estos sentimientos y aspiraciones de la sociedad dominicana, porque para vencer la impunidad es preciso mejorar las acciones coordinadas, legales y contundentes de los órganos del Estado responsables del control, la investigación, persecución y sanción de estas prácticas, con el respaldo activo de las organizaciones sociales.

El rol que la Constitución y las leyes asignan al Ministerio Público y la Cámara de Cuentas es insustituible y existe la convicción de que muchas de las debilidades que arrastra el sistema de justicia para alcanzar logros significativos en el largo proceso de detener la impunidad, están íntimamente relacionadas con el bajo nivel de recursos que reciben.

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 194-04 sobre autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, y a la luz de la responsabilidad y el compromiso que ha asumido el Ministerio Público, y de las delicadas tareas que debe asumir la recién nombrada Cámara de Cuentas, es urgente que los Poderes Ejecutivo y Legislativo incrementen las partidas financieras correspondientes a ambos órganos constitucionales en el marco de la definición del próximo Presupuesto complementario.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática debe basarse en la racionalidad en sentido amplio, es decir, tanto en el uso apropiado y eficiente de los recursos, así como también en la disponibilidad dada desde los poderes públicos para la realización de los mismos. La ciudadanía no entiende cómo se  puede tener éxito en la lucha contra la corrupción y la impunidad, si dejamos al Ministerio Público y la Cámara de Cuentas en una situación de precariedad y limitaciones.

El país está dando muestras de respaldo a los pasos que el Ministerio Público adelanta para su fortalecimiento institucional, el aumento de sus capacidades operativas y la efectividad de sus acciones y lo mismo espera de la Cámara de Cuentas. En la lucha contra la impunidad es muy importante que ambas instituciones cuenten con el apoyo moral de todos los sectores. Pero lamentablemente, con eso no basta.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

17 de junio de 2021

17 de junio de 2021

 En el marco de esta visita, FINJUS reiteró al Lic. Ulloa su compromiso de contribuir al éxito de su gestión en la defensa de los derechos y garantías de las personas en nuestro país.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) saluda  la designación del Lic. Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo para el período 2021-2027.

La designación fue realizada por el Senado de la República, apegado al procedimiento constitucional, mediante una mayoría calificada de 21 senadores de su matrícula.

El Defensor del Pueblo debe contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

Para garantizar estos derechos, FINJUS considera que el Lic. Pablo Ulloa reúne el perfil de idoneidad y las capacidades requeridas para el logro de sus objetivos, tal como lo reconoció la comisión evaluadora de los candidatos a esa función.

Tenemos la esperanza de que en base a sus dotes personales, talento y formación académica, el Lic. Ulloa y su equipo conducirán a la Defensoría del Pueblo a cumplir a plenitud el rol que la Constitución le asigna, y desde ya FINJUS se pone a la disposición de su gestión para apoyar el relanzamiento de esta importante institucional de nuestro ordenamiento jurídico.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

10 de junio, 2021

Con relación a la discusión que se ha suscitado en los medios de comunicación y en la comunidad jurídica sobre las estrategias para la lucha contra la pandemia por COVID-19, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera pertinente expresar que no ha fijado posición alguna acerca de la constitucionalidad de la obligatoriedad del proceso de vacunación.

La alta relevancia de esta cuestión, en el marco de la estrategia nacional para combatir la pandemia y recuperar la sociedad y la economía de los graves efectos que ha causado, merece el mayor cuidado y ponderación de todos los que intervienen en su análisis.

En ese sentido FINJUS reconoce que actualmente existe un conflicto entre derechos fundamentales contrapuestos alrededor del acto de la vacunación, y nuestras declaraciones se han dirigido a resaltar la importancia de que se anteponga y prime el derecho al bienestar colectivo sobre los intereses particulares en esta materia, reconociendo los derechos individuales existentes.

FINJUS es consciente de que toda ponderación sobre los aspectos constitucionales y legales de esta controversia requiere el respeto a los esfuerzos que desde el Estado y la sociedad se realizan para prestar una asistencia oportuna, completa y eficiente, en todos los órdenes y especialmente en los aspectos sanitarios.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

7 de junio, 2021.