Kenia Franco

Kenia Franco

http://www.elmitin.do/por-que-invertimos-tanto-en-las-elecciones/

 

¿Por qué invertimos tanto en las elecciones?

Aunque realmente no sabemos el monto exacto invertido en este largo proceso electoral, sabemos que es mucho dinero1. Entre la compra de equipos electrónicos, las primarias de octubre, las distintas auditorías, las elecciones municipales suspendidas y extraordinarias, y las elecciones de mayo y posiblemente la segunda vuelta en junio, el país estará destinando alrededor de RD$14 mil millones de su presupuesto a este ciclo electoral2. Es natural preguntarse si esa partida del presupuesto nacional ha sido una buena inversión, y si se ha hecho de la mejor manera.

Porque, aunque no estemos acostumbrados a hablar de ellas de esa manera, las elecciones son una inversión.

Hasta el momento, las elecciones son la mejor manera de decidir quién gobierna y que queremos que hagan en el gobierno. Podemos discrepar sobre la manera de elección: que si las elecciones municipales y nacionales deben ser simultáneas o separadas, que si el voto debe ser manual o electrónico. Pero al final, todos buscamos que las elecciones sean transparentes, justas, y que su resultado indique lo que el pueblo quiere que se haga con sus recursos. Todo eso cuesta dinero.

En lugar de usar 14 mil millones de pesos para construir carreteras y hospitales, decidimos invertir 14 mil millones de pesos en asegurarnos que tengamos un proceso electoral que inspire confianza. Porque sin resultados fiables, quien resulta electo no tiene legitimidad para gobernar. Y porque sin resultados fiables, se genera incertidumbre, y la incertidumbre hace que se nos haga más difícil crecer como país. Tener elecciones cada cuatro años hace que los turistas nos visiten y que las empresas inviertan sin dudar que nuestro país es estable y democrático. Nos permite enfocarnos en estudiar o ahorrar para abrir un negocio, porque no tenemos que preguntarnos si el país seguirá funcionando mañana. Sin elecciones, no hay confianza en la estabilidad del país.

Además, invertir en elecciones es invertir en el futuro, en crear una conversación nacional sobre qué queremos ser. En vez de quejarnos sobre el tráfico, la seguridad y la corrupción como todos los años, en años electorales podemos evaluar de qué manera queremos que se resuelvan nuestros problemas comunes y decidir quién lo hará. Con nuestro voto, premiamos a los servidores públicos que han hecho un buen trabajo y sacamos a los que no lo han hecho.

Tratar a las elecciones como una inversión nos permite hacer preguntas más útiles. ¿La inversión que hemos hecho como país realmente ha generado elecciones más confiables y que nos permitan conversar sobre lo que queremos como país? ¿Cada peso que invertimos contribuye a ese objetivo de la mejor manera?

Vayamos por partes. Son tres, y todas pueden mejorar.

Nuestra inversión en elecciones puede catalogarse en tres áreas importantes: inversión en el montaje y la logística del día de elecciones, la contribución económica a las organizaciones políticas, y la fiscalización del proceso electoral.

Sobre la primera categoría, la logística del día de elecciones, sabemos que el fallo de los equipos electrónicos ha generado desconfianza. Sigamos exigiendo que ese tipo de fallos no vuelvan a ocurrir. También hay que evaluar si las elecciones primarias ameritan una inversión tan grande de parte del gobierno.

La segunda categoría de inversión es la contribución económica a las organizaciones políticas, que es el dinero que la Junta Central Electoral otorga a los partidos cada año. ¿Para qué? Para que los partidos no tengan que invertir tanto tiempo en buscar fondos. Para que inviertan más tiempo en formar buenas propuestas y candidatos, y en crear conciencia política en los ciudadanos. Los partidos son parte importante de la conversación sobre nuestro futuro que se da cada año electoral.  El país apoya a los partidos para que estos recopilen las ideas e inquietudes de los dominicanos y las transformen en propuestas. Todos sabemos que en esta área hay espacio para mejora. Los partidos podrían invertir más de nuestro dinero en formular y promover propuestas, y menos en organizar caravanas.

La tercera categoría de inversión es la fiscalización del proceso electoral. Invertimos en policía militar electoral, fiscales y un tribunal superior electoral para evitar, detectar y castigar irregularidades electorales. Para garantizar la legitimidad de las elecciones, tal vez deberíamos invertir más dinero en esta área.

Además del dinero, otro gran recurso que invertimos es nuestro tiempo. Sin nuestro tiempo, todo el dinero invertido no da resultados. Las elecciones son una pérdida de dinero cuando no sacamos el tiempo para votar y para estar informados. Seamos responsables con nuestro tiempo y nuestro país. Ya escuchamos y votamos en estas elecciones. Ahora nos toca votar en mayo. Pero más importante aún, nos toca exigir mejores políticos y mejor política. Exijamos buenos alcaldes, congresistas, y presidentes. Exijamos propuestas concretas. Seamos mejores ciudadanos. 

 

Rafael Esteva 

1. Yudelka Domínguez. El dinero perdido en las elecciones municipales es incalculable todavía. Listín Diario. 11 marzo 2020. https://listindiario.com/la-republica/2020/02/17/604658/el-dinero-perdido-en-las-elecciones-municipales-es-incalculable-todavia

2. Balbiery Rosario. ¿Sabes cuál es el costo de las suspendidas elecciones municipales? Periódico Hoy. 17 febrero 2020. https://hoy.com.do/sabes-cual-es-el-costo-de-las-suspendidas-elecciones-municipales/

El lamentable deceso del Dr. Manuel Bergés Chupani en este 16 de marzo de 2020 enluta a la comunidad jurídica y la sociedad dominicana, y estremece los más sensibles hilos de la dignidad, el decoro y el derecho en el país en su historia moderna.

 

El Dr. Bergés Chupani se cambió, a través de su obra profesional, su trayectoria de responsabilidad y honestidad, en un paradigma del derecho dominicano. Como Magistrado Juez ingresó a la carrera de la judicatura en la década del 1940 y escaló todos los peldaños del servicio judicial, desde la humilde posición de Juez de Paz hasta la de Juez de la Suprema Corte de Justicia. En esa posición sirvió por 21 años y desde 1982 a 1986 fungió como Presidente de esa Alta Corte, honrando esa elevada investidura con una acrisolada dedicación, probidad y rectitud reconocida por todos los sectores.

 

Su carrera en la magistratura fue complementada con el ejercicio de la docencia universitaria, la investigación jurídica y la divulgación del derecho, y estuvo comprometido con las reformas que la sociedad dominicana exigió para adaptar el sistema de justicia a las exigencias de la vida democrática y la consolidación del Estado de Derecho. Su labor de cambio se expresó en su activación participación en la iniciativa de juristas y empresarios que dio lugar al nacimiento de la Fundación Institucionalidad y Justicia hace 30 años, en 1990, siendo escogido como su Primer Presidente del Consejo de Directores en ese año.

 

Su calidad humana, claro juicio e inteligencia jurídica, a la par de su compromiso con la verdad y la justicia, representante su más valioso legado a las nuevas generaciones de juristas y servidores judiciales, comprometidos con el derecho en un marco de transparencia, imparcialidad y rectitud

 

En FINJUS siempre lo recordaremos como un maestro del derecho y un vivo ejemplo de la vida consagrada a la justicia. 

 

Como homenaje a su memoria imperecedera, lo despedimos con las palabras finales, que en su calidad de Presidente de FINJUS, afectado a la Primera Promoción de Profesionales del derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra el 5 de septiembre de 1991:

 

“Y ahora, jóvenes graduados, deseo hacerles una advertencia final:

 

Cada uno de ustedes tiene el derecho, y también el deber, de fundar su propio imperio de nobleza, de dignidad, de capacidad y decencia ”

 

Adelante, pues, sin volver la cara atrás, porque la República necesita del imperio de esos imperios ”

 

 

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

 

17 de marzo, 2020

In Memoriam

 

Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

Para algunos, la apertura de una cátedra magistral es sólo un evento académico, con sentido en una institución de educación superior si se le enmarca al servicio de la investigación y el desarrollo de los conocimientos en un área del saber humano.

 

Sin embargo, desde una perspectiva humanista profunda, una cátedra magistral en el área del derecho,  representa un espacio de síntesis de la experiencia de muchos hombres y mujeres, juristas, magistrados, profesionales de las ciencias jurídicas, en las que se destacan las lecciones que se desprenden de hechos sociales aparentemente aislados y que con el devenir del tiempo se van convirtiendo en aportes sustantivos en la construcción de ideales, proyectos sociales y marcos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

 

Como proclaman los filósofos de todas las épocas, no hay nada más estéril que un pensamiento desvinculado de un propósito práctico y común. Sin sentido de lo social, de la práctica para el mejoramiento continuo del ser humano, las teorías se convierten en huecas y vacías.

 

Sin embargo, ¡¡¡ Qué diferente es cuando la cátedra, la investigación y el conocimiento sirven para alumbrar el camino de la verdad, de la justicia y del bienestar compartido!!

 

¡¡¡ Cuán fecunda se convierte la conciencia cuando sirve para dirigir la acción humana hacia el progreso, para estimular la convivencia pacífica y el desarrollo de las potencialidades de todos!!!

 

De seguro que este es el sentido profundo de esta Cátedra que la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña dedica al eminente jurista, profesor y magistrado dominicano, Dr. Manuel Bergés Chupani.

 

Sin temor a repetir lo que antes he dicho, porque en este caso las palabras siempre quedarán cortas y la inteligencia nunca será suficiente para abarcar la calidad y valor que le son inherentes, Don Manuel es, a nuestro humilde juicio, uno de los juristas más destacados en la historia del derecho dominicano, cuya trayectoria ennoblece al sistema de justicia nacional y el derecho dominicano en sentido general.

 

El Dr. Bergés Chupani es una figura emblemática de la carrera judicial. Su amor por la justicia, su pasión por el derecho, su noble empeño por contribuir al orden y la vida civilizada entre los dominicanos, le llevó a transitar por todos los escalones de la organización judicial en múltiples lugares de la geografía nacional, luego de obtener su título de Doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo en 1942.

 

Arranca su carrera como magistrado desde la aparentemente sencilla posición de Juez Alcalde en 1945 en Bonao y Barahona. Al año siguiente lo encontramos fungiendo de Juez de Instrucción de Baní y Samaná; le siguen las funciones de Juez de Instrucción y de Primera Instancia en San Cristóbal, hasta 1948, para luego ser trasladado a Puerto Plata en 1949 con el mismo cargo.

 

Desde alli, en 1951 fue movido a esta Capital como Juez de la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional en 1951. Su labor fue reconocida al año siguiente al ser ascendido a la Juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, donde estuvo asentado hasta 1955 para pasar a ser Juez Presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, posición que desempeñó hasta 1959. A inicios de ese, específicamente el 2 de febrero y por iniciativa de Don Hipólito Herrera Billini, fue designado Magistrado Juez de la Suprema Corte de Justicia.

 

Todos sabemos cuán turbulentos y difíciles fueron esos días para la República. Cuantos sufrimientos costó al pueblo dominicano iniciar el camino hacia la superación de la dictadura y que la democracia dominicana comenzara a dar sus primeros balbuceos y pasos. Allí, en ese ambiente cargado de tensiones e intrigas, se decantaron los hombres nobles, superando la ignominia y dedicando sus mejores horas, desde diversas posiciones, al servicio del país.

 

Fue en medio de ese ambiente donde se destacó la valía y calidad humana de Don Manuel y por espacio de 18 años sirvió a la República como Juez de la Suprema Corte de Justicia, hasta 1976, cuando se retiró de la posición.

 

Se dedicó entonces, por seis años al ejercicio privado del derecho, pero tuvo que retornar a la Suprema Corte de Justicia en 1982, ahora en su calidad de Presidente de ese alto tribunal en justo reconocimiento de sus dotes y virtudes. Desde esa posición, tuvo que desempeñar en varias ocasiones la función de Presidente de la República de manera interina. En 1986 se produce su retiro definitivo del más alto tribunal de la República.

 

 En ese año, tras su salida de dicha función, fue Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, forjador de una generación de nuevos juristas, muchos de los cuales fulguran en el quehacer jurídico contemporáneo.

 

Como jurista, como académico y como ciudadano, el Dr. Bergés Chupani ha sido un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados dominicanos. En lo que toca a nuestra Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Don Manuel fue uno de los artífices de su surgimiento, siendo el primer Presidente de su Consejo de Directores, en 1990 y miembro de su Consejo de Directores, hasta mayo del año pasado, aportando su presencia y entusiasmo cada vez que le fue demandado.

 

En una ocasión nos preguntamos ¿Qué impulsa a un jurista como Don Manuel, consagrado ya como magistrado, luego de terminar su labor pública, a colocarse al frente de una organización cívica como FINJUS  para aportar en la reflexión sobre los cambios en el sistema de justicia y la implementación de procesos de modernización?

 

Nos respondimos entonces que no podía ser otra cosa que el compromiso que se deriva del ejercicio de una ciudadanía identificada con la democracia, el amor al servicio público, y el compromiso con la sociedad que le valora y reconoce sus virtudes.

 

No tengo temor a equivocarme si digo que Don Manuel, con su vida y obra fecundas, ha dado importantes lecciones prácticas a la sociedad dominicana de honestidad, laboriosidad y dedicación al servicio de la justicia. Sus aportes doctrinarios, su larga labor en la judicatura y su integridad constituyen un valioso legado a las nuevas generaciones.

 

¿Qué debemos entonces aprender de Don Manuel Bergés Chupani, pues el libro de la historia de su vida ya está escrito? No es otra cosa que lo más preciado: el ejemplo de su vida se han convertido en un culto de los deberes de la existencia.

 

En la actualidad, con el paso del tiempo y a la luz de los desafíos que tiene ante si nuestra nación, constantemente amenazada sus instituciones fundamentales por la acción del crimen organizado, debilitada por la persistencia de la pobreza extrema y acosada por malos dominicanos que pretenden convertir la corrupción en su modus vivendi, en esas condiciones, la figura de Don Manuel Bergés Chupani se engrandece y emerge como un modelo a seguir por quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar justicia y perseguir el delito.

 

Todos los hombres y mujeres que desempeñamos funciones en el sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos y abogados privados, estamos convocados a imitarlo, a perfeccionarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos para que esta tradición de honestidad, servicio y amor a la justicia perduren en el tiempo.

 

Este es el sentido profundo y el orgullo que todos sentimos en la apertura de esta Cátedra magistral de derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, quien es quien en definitiva se honra al honrar este distinguido hombre.

 

 Gracias, Don Manuel, por su ejemplo imperecedero…

 

24 de abril, 2008

Santo Domingo, 13 de marzo de 2020.- La recién electa Fiscal Electoral Mag. Gisela Cueto y El Vicepresidente de FINJUS, Dr. Servio Tulio Castaños , sostuvieron este viernes una reunión en el cual FINJUS manifestó su disposición de dar toda la asistencia técnica necesaria para el éxito en las tareas que le han sido asignadas.

En la reunión participaron además, los consultores Jerónimo Díaz, Octael Nieto y la  Gerente de Proyectos de FINJUS, Licda. María Dolores Díaz

Con relación al informe anual emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos correspondiente al año 2019 y las fuertes aseveraciones que este contiene, resaltan especialmente las debilidades institucionales del sistema de justicia dominicano las cuales, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), hemos venido señalando de manera reiterativa.

 

A la fecha todavía queda pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica, lo cual resulta un requisito indispensable para la consolidación del postulado Estado social, democrático y de derecho y, a su vez, para el desarrollo económico y social del país.

 

De igual forma, sigue siendo de gran preocupación que el nivel de confianza en el sistema de justicia de la República Dominicana se encuentre entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, información que plantean otros estudios e informes como el Latinobarómetro que, en su última versión, se mantiene en un 21%, muy similar al 20% de confianza que, según ese mismo estudio, tiene el Poder Legislativo, y el 22% respecto del gobierno.  

 

Un elemento esencial a considerar de este informe, respecto al sistema de justicia, son las notas que refiere en torno al curso del proceso a nivel judicial del denominado caso “ODEBRECHT”, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que acrecienta los índices de desconfianza.

 

Por otro lado, resulta pertinente rescatar del informe lo relativo a la implementación de la ley de partidos y de régimen electoral, específicamente a la desigualdad en la asignación de fondos, la equidad en el uso de recursos en los períodos de campaña electoral y lo relativo a la transparencia en la ejecución de los fondos.

 

Los desafíos institucionales abarcan la necesidad de fortalecer los niveles de transparencia y los sistemas de control y de consecuencia que representan el contrapeso del accionar gubernamental. Sin embargo, prevalecen notables indicios de casos de corrupción sin sanciones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de marzo de 2020

La suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero representa un gran reto al sistema político-institucional, pero a la vez nos da la oportunidad de reflexionar y reencauzar todos los esfuerzos hacia el fortalecimiento de nuestra democracia.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en sus 30 años promoviendo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el sistema de justicia y el Estado de derecho en el país, entiende que la trascendencia de los hechos acontecidos ameritan una urgente toma de acciones que contribuyan a mantener la tan necesaria confianza en nuestras instituciones democráticas. Por ello exhortamos a:

 

  • Realizar una rigurosa, imparcial, objetiva y transparente investigación de los hechos que permita identificar las responsabilidades y aplicar el régimen legal de consecuencias que corresponda sobre sus autores.
  • Aclarar el alcance de la labor de investigación que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) junto a la IFES y la UNIORE, así como presentar las derivaciones de sus resultados en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
  • Facilitar un diálogo abierto, participativo y trasparente entre todos los sectores de la vida nacional, para confirmar las acciones y medidas necesarias que garanticen la correcta celebración de las elecciones municipales el día 15 de marzo y las presidenciales el próximo 17 de mayo, permitiendo así, que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho al voto, tal y como lo establece nuestra Constitución y leyes

 

Así también, y durante el proceso electoral, exhortamos y exigimos a las autoridades competentes a:

 

  • Asegurar el fiel cumplimiento a la ley, implementando con energía y decisión las medidas que aseguren el cumplimiento del compromiso por eliminar la inequidad por el uso de recursos estatales para promover candidaturas en los procesos electorales.
  • Perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos, e implementar la Procuraduría Especializada para este fin, tal como ordena la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral, facilitando que su titular y miembros sean designados en esta ocasión en consulta con la sociedad y los partidos.
  • Manejar con moderación, razonabilidad y ponderación las acciones de los órganos públicos. Por ello, consideramos improcedente e inoportuno el reciente llamado a concurso para elegir titularidades en el Ministerio Público, en tanto podría lesionar, aún más, el clima de confianza y paz que esperamos todos los ciudadanos, y que justamente cuestiona la legitimidad social y política de esa actuación.

 

Con el concurso de todos los sectores, la buena voluntad de los actores políticos y el respeto de nuestra Constitución y leyes, superaremos los obstáculos que impidieron el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, columna vertebral de nuestro sistema democrático.

 

En esta coyuntura y en el porvenir, en FINJUS nos mantendremos vigilantes y prestos, como siempre, a trabajar por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, siempre dentro del marco de la justicia, legalidad, transparencia e institucionalidad.

 

FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA

25 de febrero, 2020

 

 

Viernes, 21 Febrero 2020 14:43

Posición sobre Ministerio Público

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera la posible participación de miembros del Ministerio Público en la realización de actividades propias del proselitismo político resultante incompatible con la función que desempeñan, a la luz del marco jurídico actual y la normativa constitucional.

 

El artículo 172 de la Constitución dominicana establece en su párrafo segundo que "la función del representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada (...)" indicando la forma expresa que, mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones no podrá Optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad política partidista .

 

Esto es así, porque esta función pública es concebida como dedicación exclusiva y está regida por el principio de apoliticidad que desarrolla el artículo 25 de la ley N ° 133-11 orgánica del Ministerio Público que se relaciona con este organismo que ejerce sus funciones sin considerar de índole política partidaria por lo cual ninguno de sus miembros puede participar de actividades de este tipo.

 

Así también, el artículo 81 de la ley orgánica del Ministerio Público contempla los miembros del Ministerio Público afectados de las mismas incompatibilidades e incapacidades que inhabilitan a los juegos para desempeñarse como cuentos. En ese sentido, la norma de la carrera judicial establece de manera expresa la prohibición de realizar actividades partidaristas.

 

En igual sentido el artículo 3 del reglamento disciplinario del Ministerio Público establece como una incompatibilidad absoluta con el ejercicio de las funciones propias del Ministerio Público, el cumplimiento de cualquier otra actividad profesional o política.

 

De igual forma debe tomarse en relación con el artículo 79 numeral 5 de la ley 133-11 orgánica del Ministerio Público indica que (…) a cada miembro del Ministerio Público le está prohibido: (…) Integrar asociaciones, fundaciones o entidades que le generen conflictos de intereses o que tengan carácter político partidario ”.

 

El artículo 5 numeral 3 del reglamento disciplinario desarrolla la referida prohibición estableciendo las actividades fuera del ejercicio de la función propia, en tanto miembro del Ministerio Público, no requiere implicación política política alguna, en cuyo caso se configura falta muy grave por el hecho de (...) realizar actividades políticas partidarias o autorizar u ordenar la realización de cuentos actividades, implicando la sanción de hasta la destitución.

 

Entendemos que sin perjuicio de la facultad que se tiene, a lo interno de la institución, a conceder a los miembros del Ministerio Público una licencia ordinaria sin disfrute de perder a una dependencia del organismo competente, sin resultado coherente que dicha licencia de mar para realizar actividades propias del proselitismo partidario.

 

En FINJUS consideramos que los miembros del Ministerio Público están sujetos a limitaciones que se encuentran en la justificación en sus específicas específicas a las cuales se les aplican reglas de incompatibilidades particulares. Esta limitación relativa al activismo político partidario, que esgrimirse como contrario al derecho a la libertad de expresión o participación durante la campaña electoral, se ampara en el principio fundamental inherente a la configuración del Estado social, democrático y de derecho que es la salvaguarda de la independencia, transparencia e imparcialidad de los servidores del sistema de justicia como garantía frente a la administración, frente a los terceros y la ciudadanía en general. 

 

Esto adquiere una gran importancia a la luz del rol que debe jugar el Ministerio Público en los próximos procesos electorales en su calidad de encargado de la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, en todo lo que debe prevalecer la salvaguarda del interés general y con ello de la imparcialidad, la apariencia de imparcialidad y la transparencia, de manera que se resguarde la objetividad y la independencia de los factores externos o internos del servidor judicial.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

20 de febrero de 2020

El evento fue iniciado con las palabras del Magistrado Román Jáquez, Juez Presidente del Tribunal Superior Electoral, quien destacó el objetivo de la actividad es las capacidades de los participantes mediante un conjunto de acciones académicas, teóricas y prácticas, para consolidar su experiencia en El área penal y procesal penal y las destrezas fundamentales para ejercer con excelencia la competencia del TSE en el presente escenario de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en este 2020.

 

Manifestó su agradecimiento a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) por su acompañamiento técnico en este proceso, y ha facilitado la participación del Dr. Héctor Díaz Santana, Ex Fiscal Electoral de México y experto en justicia electoral, quien es responsable de este programa de capacitación.

 

En el evento también se detectaron los presentes el Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, quien especificó la actividad forma parte del programa de actualización de las instituciones que conforman el sistema de justicia electoral que afecta la responsabilidad de instrumentar justicia penal electoral por primera vez en el país, luego de la aprobación de la Ley del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.

 

Agradeció al Magistrado Jáquez ya todo el TSE por la confianza depositada en FINJUS para desarrollar ese acompañamiento técnico que fortalecerá las capacidades del sistema de justicia electoral en el país.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán,

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

 12 de febrero, 2020

 

 

 

 

Santo Domingo, 10 de febrero de 2020.- El Vicepresidente de FINJUS Dr. Servio Tulio Castaños  y el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, sostuvieron este lunes una reunión de planificación de las próximas capacitaciones que ofrecerán a los fiscales del país en materia de delito electoral.

En la reunión participaron además, el ex fiscal electoral de méxico, Héctor Díaz Santana y los consultores Jerónimo Díaz y Octael Nieto.

La PGR informó que el amplio programa formativo que se está impartiendo a los fiscales a nivel nacional, sobre prenvención, investigación, persecución y sanción de las violaciones a las normas electorales que rigen esa materia en el país, continúan este viernes 14 con la participación del consultor Héctor Díaz, ex fiscal electoral de méxico.

La PGR explicó que el apoyo recibido por FINJUS en cuanto a la asesoría para el programa formativo  y la selección de los expertos docentes internacionales que están capacitando a los fiscales  es de gran valor.

 

Fuente PGR

Santo Domingo, DN, 10 de febrero de 2020. El Magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, Juez Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), se reunió con el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente ejecutivo de FINJUS, quien estuvo acompañado del señor Héctor Díaz , ex fiscal electoral de México y los consultores Jerónimo Díaz y Octael Nieto.

La sesión de trabajo lleva a un cabo en el despacho del Magistrado Jáquez Liranzo, versó principalmente sobre el desafío y coordinación que se llevará a cabo para el juicio de los crímenes y delitos electorales previos en la legislación vigente, de cara a los procesos electorales que se desarrollarán en la República Dominicana a partir del mes de febrero próximo.

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