La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha externado su preocupación sobre el reciente comportamiento de las autoridades públicas respecto a la contratación directa que se realizó a través del Gabinete de Política Social de la Presidencia, en inobservancia de la normativa sobre compras y contrataciones públicas en el país.

Fruto de una investigación realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas pudo determinarse, a todas luces, que el proceso realizado por el Gabinete de Política Social incumplió aspectos procedimentales, esencialmente que la contratación realizada no se publicó oportunamente en el portal transaccional por lo que el Gabinete procedió a rescindir los contratos suscritos.

Esto demuestra que –si bien el Gabinete de Política Social acogió las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas–, aún persisten grandes debilidades institucionales en el Estado dominicano. No puede pasarse por alto que este comportamiento no resiste el más mínimo análisis sobre los parámetros de ética en la gestión pública.

De acuerdo a Cristina Seijo, “la gestión de la administración debe responsabilizarse en la inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de legalidad…”[1] Lo ocurrido evidencia una inobservancia a los principios de eficiencia, razonabilidad y de responsabilidad y moralidad expuestos en el artículo 3 de la Ley No. 340-06. Asimismo, la rescisión de los contratos y su posterior transformación en apoyo solidario permite el surgimiento de lagunas normativas que pueden traducirse en graves consecuencias a la estructura del sistema de compras y contrataciones públicas.

A nuestro juicio, esto se debe a la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano. Resulta grave que a más de 10 años de haberse promulgado la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, desde la propia gestión estatal se continúen desvirtuando tanto la finalidad de las instituciones, así como los elementos básicos de la norma.

Partiendo del paradigma de la Nueva Gestión Pública, el autor Bautista, nos señala que “la ética pública debe entenderse desde la colectividad, es la sociedad la que crea una serie de valores éticos y pautas de conducta que los individuos al servicio de la administración pública aceptan como propios y que posibilitan un bien común.”[2] Precisamente, para el caso concreto, las pautas de conducta de la Administración Pública dominicana obviaron un sistema de valores que afectó la propia lógica institucional del Estado, por lo que requirió una corrección que evidenció el desconocimiento de la Ley No. 340-06.

Desde FINJUS, hemos sostenido la importancia de proteger la seguridad jurídica y esto implica el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico. Más aún, el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones supone un asunto de primer orden para el desarrollo social, político y económico en el país, el cual deberá seguir fortaleciéndose mediante las buenas prácticas mostradas por las instituciones que componen el Estado dominicano.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

[1] SEIJO S., Cristina y ÁÑEZ T., Noel. La Gestión Ética en la Administración Pública: Base Fundamental para la Gerencia Ética del Desarrollo. Universidad Rafael Belloso Chacín. Revista del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales. Volumen 5. Edición No. 1. 2008. P. 18.

[2] Bautista, O.D. La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema ético integral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2008. P. 275.

La promulgación de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias representó el primer gran paso hacia la creación de un nuevo modelo para el tratamiento de las garantías vinculadas a bienes muebles en República Dominicana, colocando al país en la dirección de las tendencias globales en esta materia y preparando las bases para que este tipo de garantía pase a ser una herramienta principal en el fomento y acceso al crédito, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Si bien la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias fijó su entrada en vigor en el plazo de diez (10) meses desde su publicación, que vence en este mes de diciembre de 2020, la realidad es que por las características propias del modelo de garantías mobiliarias creado, su implementación se encuentra atada a la aprobación del Reglamento de Aplicación de la Ley.

Esta condición es necesaria debido a que el Reglamento regula la puesta en funcionamiento del sistema electrónico  de registro de garantías, que de acuerdo a la Ley es la plataforma que se encargará del sistema de avisos sobre la constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías mobiliarias. Como es lógico suponer, sin el mecanismo de publicidad no existe un régimen adecuado de garantías.

No cabe dudas que las acciones a tomar dentro del plazo establecido para la entrada en vigor de la Ley No. 45-20, incluyendo la adopción de su Reglamento de Aplicación, se han visto afectadas por circunstancias atípicas que vive el país, que van desde una merma en la actividad general por efectos de la pandemia de la COVID-19, así por el cambio en las autoridades del Poder Ejecutivo, desde el pasado 16 de agosto.

Sin embargo, independientemente de las circunstancias previas, es urgente que se tomen las acciones necesarias para la efectiva implementación de esta legislación que abrirá un nuevo capítulo en el sistema económico y social de la República Dominicana.

Debemos recordar que adoptar y poner en funcionamiento un sistema de garantías mobiliarias en la forma prevista por la Ley No. 45-20, tiene importantes implicaciones positivas para nuestro país, en especial para el sistema económico y social.

En primer lugar esta Ley aumenta el nivel de competitividad nacional y la atracción de la importante inversión extranjera, pues ahora tenemos una normativa que nos asemeja a los modelos regionales en la materia; y en segundo lugar, abre un canal esencial para fomentar el acceso al crédito de las Mipymes lo que contribuiría de manera significativa al cumplimiento del mandato constitucional del desarrollo de políticas públicas en este sentido y mostraría acciones concretas que impulsarían el desarrollo económico nacional.

En el marco de las condiciones que ha creado la pandemia y la contracción de la economía global, todas las naciones están tomando acciones para dinamizar sus sistemas económicos y brindar mayor acceso al crédito, lo que en el caso de nuestro país se facilitaría con la implementación efectiva del sistema de garantías mobiliarias.

FINJUS exhorta a las instituciones y autoridades pertinentes a que activen todas las acciones que requiere la implementación de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias, al tiempo que se eviten procesos que irrazonablemente la postergue o dilate en el tiempo

Servio Tulio Castaños Guzmán

14 de diciembre, 2020

El anuncio de un Plan Integral de Reformas Institucionales desde el Poder Ejecutivo representa, desde la perspectiva de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la creación de un nuevo espacio para relanzar las reformas y medidas que requieren el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestro país.

A lo largo de los últimos años la sociedad venía advirtiendo el deterioro de los sistema de control y fiscalización de los gastos en la administración pública y las gravísimas deficiencias en el sistema de justicia que han impedido el establecimiento de un eficiente régimen de consecuencias sobre la falta de transparencia y la vigencia de prácticas ilegales. Lo anterior dio lugar a un sostenido rechazo a todas las formas de violación al ordenamiento penal por parte de una gran mayoría de la población y de trabajadores, pobladores, sectores empresariales, académicos y la comunidad jurídica, que han clamado por cambios reales en ese panorama .

Valoramos como altamente positivo el anuncio realizado por el Presidente Abinader de poner en marcha este conjunto de iniciativas que apuntan a visibilizar el compromiso y la voluntad de emprender acciones concretas para garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones.

De manera acertada, las medidas se presentan como un Plan General integrado por numerosos programas para fomentar la integridad en el sistema, fortalecer la eficiencia y transparencia, reformar las leyes, reglamentos y el marco normativo relativo a estos temas y adoptar las estrategias y estructuras que aseguren la eficacia, la evaluación continua y la participación de los ciudadanos y las comunidades a lo largo del país.

Las reformas anunciadas requieren ser convertidas en planos específicos de trabajo que sean razonables, de ejecución a corto y mediano plazo y medibles, lo que implicará la adecuación normativa y corregir los vacíos legales que han generado una especie de zona gris y opaca que fomenta los actos de corrupción.

En sentido concreto saludamos el interés de establecer una ley que regule las contrataciones de publicidad estatal y de modificar la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República a fin de regularizar el proceso de auditorías internas de las instituciones de carácter público; de igual manera, es propicia la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, de quien la sociedad ha demandado independencia y objetividad, y sobre la que han recaído reiteradas críticas acerca de la calidad, rigurosidad y pertinencia de las auditorías que está obligada a realizar.

Estamos completamente identificados con el propósito del Poder Ejecutivo en lograr la aprobación de una legislación penal moderna y coherente a fin de sancionar los complejos entramados delictuales asociados a la corrupción administrativa, así como las iniciativas anunciadas para reforzar la efectividad de los órganos públicos en materia de compras y contrataciones, que se complementan con la creación de la subdirección antifraude en la Contraloría general, la comisión de revisión y reestructuración de programas de asistencia social, el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público y demás dependencias.

En este aspectos deseamos insistir en que estas acciones deben estar orientadas a establecer la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, superando la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas.

Es significativo también el énfasis en la recuperación del patrimonio del Estado que haya sido sustraído, lo que a nuestro juicio refuerza la necesidad de aprobar la ley de extinción de dominio, que garantice acciones rápidas para dicha recuperación y la superación de los marcos legales actuales que condicionan a la larga espera de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

En el desarrollo de estas iniciativas importantes anunciadas por el Presidente de la República, FINJUS prestará su apoyo a todas las iniciativas animadas por los objetivos anteriores, y exhorta a todos los sectores sociales a ejercer su derecho a la participación en los procesos de diseño, socialización y evaluación de este Plan que podría significar un salto para la creación de una cultura de transparencia y responsabilidad en el Estado para beneficio de toda la sociedad.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Fueron recibidos por el Vicepresidente Ejecutivo Dr. Servio Tulio Castaños y el Lic. Luis Soto, Consultor Senior en Seguridad Municipal de FINJUS.

Durante el encuentro se dio seguimiento a los temas relacionados con la Seguridad Ciudadana, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género y el interés de FINJUS en contribuir al éxito de esta iniciativa.

9 de diciembre de 2020

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

7 de diciembre de 2020

Permítanme agradecer a las instituciones responsables de esta actividad por haber tomado en consideración a la Fundación Institucionalidad y Justicia para participar en el proceso de instalación, activación y desarrollo de la Mesa de Justicia y Género en este municipio y en otros 9 municipios del país.

La sociedad dominicana ha identificado el tema de la situación de inseguridad ciudadana como uno de los más graves problemas que enfrentamos en nuestro camino hacia el desarrollo, la justicia y el bienestar global en la República Dominicana. El temor y el miedo se han convertido en acompañantes permanentes de cada dominicano al momento de transitar en las calles y resolver sus necesidades cotidianas, lo que constituye una amenaza permanente a cada uno de sus familias y la sociedad sentido general.

La sociedad dominicana sabe que para enfrentar este grave problema social cuenta con las instituciones públicas dentro del sistema de Justicia, el Gobierno Central y de manera particular, en las municipalidades, que es el poder más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Se necesitan políticas públicas globales y específicas para enfrentar este problema. Las primeras están a cargo de diferentes órganos, entre las que se encuentran, de manera particular, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las instituciones dedicadas al bienestar y la seguridad de niños y adolescentes, de la mujer , etc. pero sobre todo en el nivel local, es decir de las municipalidades, lo que explica la importancia de la reapertura de esta Mesa.

Por eso, desde el primer momento en que se solicitó la colaboración de FINJUS para apoyar el establecimiento, la operatividad y el desarrollo de los planes operativos y estratégicos de estas mesas de Seguridad Ciudadana y Género, manifestamos nuestro completo respaldo a esta iniciativa.

Hemos conformado un equipo técnico de la más alta calidad y con múltiples capacidades, para acompañar a las organizaciones estatales, municipales, y de la sociedad civil que confluyen en estas Mesas y nos sentimos muy orgullosos de las opiniones positivas que hemos recibido por el trabajo que se ha realizado en otros municipios, que ya cuentan con su plan de trabajo actualizado.

Nuestra aspiración es que en Puerto Plata muy pronto podremos contar con ese plan, como muestra de la voluntad conjunta de todas las instituciones para comenzar a ponerle solución a este grave problema social.

En este proceso permítanme aclarar el interés de FINJUS que es fundamentalmente el de contribuir positivamente a una iniciativa global y local, para que tenga éxito y responda adecuadamente al problema de la inseguridad y que, en un proceso, las comunidades recobren la confianza.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento al honorable Ayuntamiento de esta ciudad, al Ministerio de Interior y Policía, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer y las demás instituciones públicas presentes, lo mismo que a los representantes de las organizaciones, sociales , comunitarias y académicas, que han confiado en nuestro trabajo para estar presente en esta actividad.

Agradecemos también la confianza del auspicio de USAID a esta asistencia técnica.

Pasen todos muy buenos días.

16 de noviembre de 2020

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1.)  Cuadro Comparativo 

2.)  CD-Codigo Penal 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) condena la ola de feminicidios que, en los últimos días, ha arropado los medios noticiosos cual efecto dominó, precisamente en este mes de noviembre que celebra la familia y, en el cual, se conmemora el día de la no violencia contra la mujer.

Ante este contexto de violencia de género que sufre la República Dominicana, resulta necesario reflexionar respecto a la evidente ineficacia de gran parte de las políticas públicas que han sido implementadas en el país en los últimos años a fines de contrarrestar los altísimos niveles de este flagelo conjuntamente a la ausencia de medidas efectivas que fueran en ayuda de la mujer maltratada ante las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.

Este “mea culpa” debe erigirse en un punto de partida en aras de finalmente abocarnos en una cohesión interinstitucional que refleje el necesario compromiso desde el Estado respecto de lograr el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas que respondan adecuadamente a nuestra realidad enfocando el problema desde una perspectiva integral y destinando los recursos suficientes a tales fines.

Al profundizar sobre las causas de este mal, encontramos en la doctrina más socorrida -recogida en importantes declaraciones y convenciones internacionales- que la violencia de género es “el resultado de las construcciones culturales o estereotipos de género que producen prejuicios y prácticas que consideran a la mujer como subordinada o le atribuyen funciones estereotipadas. (…) se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y, a la vez, es uno de los mecanismos mediante los cuales se perpetúa la subordinación subyacente.”

A pesar de las tradicionales actividades que, en esta época y de manera simbólica, realizan las instituciones, entidades e instancias del Estado que interactúan con esta problemática, resulta innegable la falta de voluntad para transformar las causas estructurales que originan la violencia contra las mujeres, lo cual, sin lugar a dudas, repercute en la ineficiencia de las acciones de contención de la violencia.

Es momento de dejar en el pasado las políticas públicas y declaraciones momentáneas y superficiales que, lejos de tratar las raíces del problema, levantan una niebla de inacción que permiten, tanto al Estado como a la sociedad, eximirse de su responsabilidad en la perpetuación del componente estructural que alimenta este mal; pues el impacto negativo de este flagelo no es peccata minuta sino que cobra víctimas mortales y, de manera paralela, provoca un daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

Desde FINJUS hemos sido enfáticos e insistentes en señalar que, además del desconocimiento y desinterés en las causas estructurales, subyacen otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia, ejemplo de ello los acuerdos dados a victimarios en criterios de oportunidad aun cuando existen antecedentes gravísimos, falta de personal especializado para la atención de las víctimas; así como también, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.

Uno de los aspectos menos enfocados en la primera fase de la pandemia lo fue este flagelo, y es que las mismas circunstancias de la etapa del confinamiento potenciaron los factores de riesgo de violencia de género al entrar en aislamiento dificultando así la solicitud de ayuda y de denuncia, así como facilitando el total control del agresor. En este periodo de pandemia, se requiere entender que el tratamiento de la violencia de género debe enfocar, al menos, un sentido evolutivo que contemple las consecuencias durante la etapa del aislamiento, y tras la apertura, pues se genera lo que denominan los expertos como “la percepción de pérdida de control” que tiene el agresor.

Dado el alto número de denuncias y muertes de mujeres en situación de violencia, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas en materia de medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación aprovechando el avance de la tecnología, tal pudiese ser el uso de tobillera o brazalete electrónico que permita la geolocalización perimetral de agresores en cercanía en caso de alto riesgo. Diversos estudios muestran que el uso de la tecnología ha resultado eficaz tanto para mantener alejado al agresor como para mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas; sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que la violencia contra las mujeres es un fenómeno multi-causal que afecta a una amplia gama de personas en diferentes entornos y que debe abordarse en múltiples niveles y sectores de la sociedad simultáneamente.

Finalmente, desde FINJUS consideramos necesario que el Estado invierta más recursos y redoble esfuerzos en áreas que van desde la recolección de datos, la creación y aplicación de leyes que garanticen la igualdad de protección, la mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones pertinentes que apelen a la debida diligencia del funcionario que se encargue de hacer cumplir y activar los mecanismos de protección hacia la mujer; de igual forma, la actualización de las herramientas que ayudan a la investigación y documentación sobre estrategias de prevención, el uso de la tecnología, la prestación de servicios de calidad de apoyo a las sobrevivientes, y programas de educación y concientización que promuevan cambios en las normas y las actitudes sociales que resultan nocivas para las mujeres, entre otros.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

15 de noviembre de 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) se une al clamor de gran parte de la sociedad que ha planteado al Congreso Nacional la eliminación por ley del matrimonio infantil, considerando que esta práctica representa una amenaza para el desarrollo humano de las niñas y adolescentes dominicanas, con graves derivaciones sociales.

Como reflejan los estudios e investigaciones recientes la República Dominicana ocupa lamentablemente uno de los primeros lugares en América Latina en el número de matrimonios infantiles y uniones tempranas, dando lugar a severos efectos negativos, tanto en la niña que se casa, como en sus hijos. Se ha identificado que esta situación significa un grave deterioro de las condiciones de existencia de grandes sectores sociales, lo que afecta al mismo tiempo el desarrollo nacional.

Se ha reportado asimismo que estos matrimonios se producen en un marco de violencia y denegación de derechos de las niñas y adolescentes, agravado por la alta frecuencia de embarazos y del número de hijos. Este fenómeno se observa con mayor intensidad entre los sectores más empobrecidos y sin educación formal.

FINJUS ha reclamado por años que el Estado dominicano impulse de manera efectiva la reforma de la legislación obsoleta, como es el caso del Código Civil y de Procedimiento Civil, entre otras normas que representan verdaderos obstáculos para el desarrollo pleno de las personas e instituciones.

Por estas razones FINJUS exhorta a los legisladores a adoptar cuanto antes esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de numerosas instituciones internacionales con representación en el país y a la que se han sumado importantes sectores académicos, sociales y jurídicos.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

12 de noviembre de 2020

De las grandes demandas de la ciudadanía, de cara a la estructura gubernamental electa, resaltan los reclamos relacionados a la garantía de seguridad ciudadana, así como la necesidad de hacer efectiva la lucha en contra de la corrupción; y es que, actualmente, es una constante en los medios informativos la reseña de hechos que refieren al flagelo de la criminalidad, así como los señalamientos de actuaciones vinculadas al concepto de corrupción, en detrimento de los fondos públicos. 

A propósito de ello, recientemente la prensa ha estado documentando la situación en la que se encuentran una cantidad importante de recintos penitenciarios, señalando las deplorables condiciones, el evidente hacinamiento y las complejas estructuras delictuales que desde allí se operan.

Todo esto refiere a la necesidad de fortalecer al Ministerio Público en tanto órgano persecutor y responsable de implementar la política del Estado en contra de la criminalidad. En efecto, uno de los compromisos más contundentes de los presentados en el programa de gobierno, en la etapa de campaña, se refería a la promoción de un Ministerio Publico independiente[1].

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia hemos sido enfáticos en señalar que la independencia del sistema de justicia, y de los órganos e instituciones que de ahí se ramifican, depende de lograr la autonomía en aspectos puntuales y no puramente del enunciado normativo. 

De manera general, en cuanto al Ministerio Público, a fin de lograr una independencia real se debe promover la autonomía desde la inexistencia de un superior jerárquico sobre la institución, la inexistencia de controles externos e internos en la toma de decisiones, la potestad reglamentaria propia y la independencia presupuestaria. Este conglomerado de elementos se invoca como un resguardo para el Ministerio Público frente al control político; resultando sumamente peligroso la falta de alguno de ellos para la consolidación de los valores básicos que inspiran el Estado Social y Democrático de Derecho.

Resulta entonces contraproducente que, en un momento crítico en que el país espera mayores niveles de fortalecimiento técnico, investigativo e independencia funcional del Ministerio Público, se esté solicitando en el proyecto de presupuesto general, disminuir las partidas destinadas a este órgano, sin tomar en consideración que al establecer una dinámica presupuestaria descendente se afectaría gravemente la posibilidad de asegurar un mejor y más satisfactorio despliegue de las funciones de investigación y persecución del delito, así también la realización de políticas sólidas y sustentables que puedan hacer frente a la inseguridad y a la lucha contra la corrupción, y, de igual manera la dignificación del sistema penitenciario. 

Desde FINJUS reiteramos que se hace necesaria una mayor asignación presupuestaria para el Ministerio Publico de conformidad con el contenido de la ley 194-04, siendo al menos consecuente en dotar de partidas no menores a las dadas en periodos anteriores, siendo esto ineludible a los fines de lograr un verdadero Ministerio Público independiente, así como en aras del fortalecimiento del sistema de justicia.

En momentos tan cruciales como los que nos encontramos, resulta imperante un mayor protagonismo del Ministerio Público de cara a los diversos escándalos de corrupción y el requerimiento de dirección de una política nacional de persecución estratégica contra la criminalidad, todo lo cual requiere de la asignación de los recursos correspondientes. Ciertamente la etapa de asignaciones presupuestarias es, en cierta medida, un proceso de consolidar compromisos políticos-institucionales con el órgano persecutor, y traducirlos en un plan de gastos coherente para hacer frente al flagelo de la criminalidad y la proscripción de la corrupción.

Servio Tulio Castaños

Vicepresidente ejecutivo de la FINJUS

3 de noviembre de 2020

[1] Lineamientos Generales del Programa de Gobierno del Cambio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 2020-2024. Disponible en https://issuu.com/elcaribe/docs/lineamientos_programa_gobierno_luis_abinader

En el marco del 27 Aniversario de Participación ciudadana. 29 de octubre de 2020

 Ponencia del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Desde el 16 de agosto pasado, la República Dominicana ha iniciado un nuevo ciclo político-institucional. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los cambios en el sistema municipal representan grandes retos para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Varios ejes confluyen en el actual momento: la renovación de los aspectos normativos, un replanteamiento de las reformas políticas e institucionales que desde hace 20 años se implementan con bajas y altas y la profundización de programas y políticas públicas para hacer realidad los postulados y aspiraciones constitucionales.

Tres prerrequisitos parecen imprescindibles: el aumento de la participación de la sociedad en cada uno de los aspectos anteriores, el incremento del acceso a la información y la superación de la impunidad mediante un mejoramiento de los órganos del sistema de justicia.

Todo lo anterior solo es posible con la voluntad de los actores políticos, pero sobre todo si dos pilares sociales se unen: la prensa independiente y las organizaciones sociales en sus diferentes áreas.

A lo largo de los 30 años que celebramos en este mes, FINJUS ha mantenido su compromiso de contribuir en la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos y el adecuado funcionamiento de las atribuciones conferidas a las entidades estatales en el marco de los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas de las autoridades a sus representados.

La corrupción parece arroparlo todo. Sabemos que tiene su caldo de cultivo donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía tienen trabas, donde los responsables de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos no existen, donde la impunidad es tolerada y donde la toma de decisiones públicas está mediatizada por conflictos de intereses y ambiciones políticas. Sólo a través del fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de justicia se puede prevenir y castigar la corrupción.

Es imprescindible que exista un acceso inmediato y eficiente a la información sobre las orientaciones, proyecciones, metas y funcionamiento del sector público.

Concebimos la transparencia como un marco general que va más allá de las simples acciones puntuales de divulgación en los medios y redes para la ciudadanía. Es imprescindible que la sociedad participe en el análisis de esa información.

Implica la creación de una nueva cultura que propicie la obtención de informaciones claras y precisas sobre los actos públicos, para aumentar la capacidad de comprensión, vigilancia e incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas, para ejercer un mejor control social sobre los actos de los órganos y servidores públicos en la gestión de los recursos económicos.

Aquí es donde el periodismo de investigación adquiere la relevancia y el sentido que demanda este nuevo período que se abre en el país.

Se requiere de un periodismo de investigación que ayude a la sociedad a vencer la  cultura tradicional que excluye a la ciudadanía de los temas públicos, dotándole de herramientas para que las organizaciones y personas puedan intervenir en la formulación de políticas públicas y en mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, haciendo uso del derecho y deber ciudadano del control social.

El control social es una modalidad de participación que “permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad”.

El artículo 246 de nuestra Constitución establece, con la intervención ciudadana, un sistema de control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos, lo cual está a cargo de ciertas instituciones del Estado dominicano, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Lamentablemente este sistema de control tiene grandes déficits de credibilidad y es un deber de la ciudadanía apoyar su recuperación y fortalecimiento.

Como bien el plantea destacado jurista Cristóbal Rodríguez Gómez, el hecho de que se haya incluido un control social en la Constitución es un significativo paso de avance, debido a que “una de las grandes deficiencias que ha revelado la democracia participativa es que el diseño de los mecanismos constitucionales de control opera internamente entre los poderes públicos” y al otorgarle a la ciudadanía potestad de control obligaría a una activa y efectiva vigilancia.

En vista de que la corrupción es un fenómeno cada vez más generalizado en el mundo globalizado, el control social es clave para facilitar la transparencia y control sobre los recursos públicos y para lograr la claridad sobre la inversión pública, lo que está garantizado en nuestra Carta Magna.

Es por ello que la libertad de acceso a la información pública ocupa cada vez más un rol relevante para el desarrollo democrático.

Nuestro país cuenta con una Ley General de Libre Acceso a la Información Pública desde el año 2004. Aunque en la norma se establecen los derechos a solicitar información de carácter administrativo, la obligatoriedad de publicidad de los distintos actos emanados de los poderes del Estado y, a su vez, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la información, aún persisten desafíos importantes que han generado lagunas fruto de ciertas limitaciones de la Ley No. 200-04, puesto que además de no existir un órgano rector en esta materia, todavía persisten un retraso a quienes lo solicitan o renuencia a publicar en la web información que dicha ley les exige.

Nuestro Tribunal Constitucional tampoco ha estado ajeno a la relevancia de este tema para la democracia del país. Respecto a la temática que nos ocupa, en la Sentencia TC/0052/13, del 9 de abril de 2012, este alto tribunal decidió que: “La vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. 

Como se ha destacado, la sociedad, a través de sus organizaciones representativas, debe promover y respaldar las iniciativas del periodismo de investigación comprometido con los derechos fundamentales, con esta cultura de transparencia que reclama la sociedad y sobre todo, con facilitar la participación social efectiva en los asuntos públicos de hombres y mujeres que pese a tener cada día más datos y conocimientos en las redes sociales, están cada vez más aislados y desorientados y sometidos a campañas de desinformación.

Vivimos una coyuntura especialmente sensible, que ha puesto la transparencia y la correcta rendición de cuentas como pilares imprescindibles para garantizar el ejercicio de una democracia real, con sistemas de consecuencia y mecanismos de control efectivos, de forma que todos los sectores sientan la esperanza de que la justicia y la dignidad serán las guías que encauzarán el desarrollo nacional, libre de exclusiones.

Servio Tulio Castaños Guzmán