La respuesta a la controversia que recogen los medios de comunicación y redes sociales acerca de si los funcionarios públicos, cualquiera que sea su naturaleza, es decir designados o electos, pueden o no licitar con el Estado dominicano, representa uno de los temas más delicados y cruciales en el debate que existe sobre cómo reforzar y consolidar la institucionalidad y el régimen democrático en que vivimos.

Desde hace mucho tiempo el país reconoce que la vieja práctica de permitir que los funcionarios públicos sean proveedores del Estado, ha sido una constante y todo indica que al parecer este sería el mayor beneficio que algunos pretenden al momento de declarar sus aspiraciones de ser congresista, ministro, director general o cargos similares.

FINJUS entiende que estamos en el momento justo de hacer los cambios necesarios para desmontar, perseguir y castigar a quienes usan esta práctica ilegal, que viola principios elementales de la contratación pública, como la equidad, la participación y la razonabilidad.

Aunque la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones expresamente prohíbe esa práctica, algunos se han amparado en una falsa interpretación del artículo 3 del Decreto No. 543-12 que instituye el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones públicas para crear un marco de excepciones que fomenta la ilegalidad. Ese artículo establece la inhabilitación de esa prohibición en el caso de los proveedores únicos del Estado, entendido como aquellos procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica.

En términos precisos el referido artículo 3 establece que: “Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento…” Posterior a ello, la referida regulación define cuáles serían estos casos de excepción.

En la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, específicamente en su artículo 14 establece exactamente en el párrafo del artículo 6 el mismo mandato normativo indicado anteriormente. Sin embargo, la prohibición del artículo 14 el cual exhorta que “no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas”, delimita en términos muy precisos quiénes entonces son los funcionarios que por su investidura presentan esta característica limitativa, en el marco de sus funciones.

Por lo tanto, la inhabilidad establecida en el artículo 14 de la Ley No. 340-06  no delimita un párrafo o artículo posterior que aluda a la particularidad de los casos de proveedores únicos, bienes o servicios con exclusividad o contratación de publicidad a través de medios de comunicación social, cual sea que fuere el caso. 

Por tanto queda claro que el espíritu del legislador ha sido el de instituir una inhabilitación por el cargo para evitar que se actúe en detrimento de los principios que rigen la contratación pública. Desde FINJUS, hemos indicado en numerosas ocasiones que de interpretar favorablemente las condicionantes de excepción preestablecidas, todos los proveedores que se encuentren en dicha posición se escudarían bajo la misma, con el pretexto de configurar alguna de las excepcionalidades establecidas en el Reglamento, sin tomar en cuenta que la posición pública previa les limita.

Si bien es cierto que la ley y el reglamento indican un régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, estos instrumentos jurídicos no indican expresamente que dichas inhabilidades estarían sujetas a los casos de excepcionalidad como lo es el caso de proveedor único.

Confiamos en que el deber de los funcionarios públicos se encuentra adherido al imperio de la legalidad y, por tanto, respaldamos las medidas que desde el Gobierno central y el Congreso se adopten para impulsar el respecto de los principios que rigen al Estado de derecho y a la propia contratación pública.

La búsqueda de la transparencia en todos los actos públicos ha sido proclamada por la sociedad dominicana como uno de los ejes fundamentales para el logro de un cambio político-institucional que frene todas las prácticas ilegales y tradicionales que obstaculizan el desarrollo, la seguridad y el bienestar que aspira el país.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

15 de octubre, 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones públicas, a los fines de fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Es bien sabido que el Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de planificación de la nación, lo cual conlleva grandes responsabilidades para quienes deben adoptar decisiones sobre programas y políticas públicas.

Resulta preocupante que en el actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 las partidas consignadas para ciertos órganos e instituciones estatales registran montos inferiores a los que les corresponden de acuerdo a leyes especiales vigentes.

En términos concretos, el artículo 42 del actual proyecto de ley de presupuesto, autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a apropiar un monto inferior de lo establecido por ley a entidades vitales para la institucionalidad democrática, como lo son el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, por citar solo algunos de los casos más destacados.

Se puede interpretar de esta propuesta consignada en el Presupuesto General que se pretende reeditar una práctica que ha sido expresamente señalada por la ciudadanía como contraria al compromiso de las autoridades con la superación de las ineficiencias e ineficacias en órganos claves del Estado que persisten desde hace décadas. Es un clamor social permanente que esas instituciones o entidades públicas gocen de sostenibilidad y autonomía para que cumplan con los mandatos que la Constitución y las leyes les ordenan.

Cada año FINJUS ha exhortado al Congreso Nacional a que la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado se adecúe al fortalecimiento de la independencia presupuestaria de los entes públicos, evitando las prácticas que crean distorsiones de carácter político o económico, que a fin de cuentas afectarían la seguridad jurídica del país.

El actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 pretende mantener las debilidades que han presentado estas instituciones, donde diversos indicadores de eficiencia dependen en gran medida de la asignación presupuestaria que fueron adoptadas legítimamente y luego de ser cuidadosamente ponderadas e incorporadas en el ordenamiento jurídico dominicano.

Confiamos en que la discusión que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, permitirá a los legisladores invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación de un monto inferior al establecido por ley a los referidos órganos.

El Proyecto de Ley de Presupuesto necesariamente debe ser revisado y ajustado al principio de legalidad, evitando las distorsiones y viejas prácticas que han lesionado el desarrollo y autonomía de órganos claves del régimen democrático.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

4 de octubre. 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), entiende impostergable que el Congreso Nacional defina quiénes constituyen la segunda mayoría partidaria para proceder a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que eventualmente deberá ser convocado antes de finalizar el presente año para realizar la evaluación y selección de los jueces de las Altas Cortes con periodos cumplidos.

Debe recordarse que la representación de la segunda mayoría partidaria refiere a la minoría más representativa en cada una de las Cámaras legislativas, lo que es fundamental para el propósito de la conformación del CNM. De acuerdo al mandato constitucional el objeto de la segunda mayoría es lograr la presencia de miembros congresuales que, por oposición al partido o bloque de partidos a que pertenezcan los Presidentes de las Cámaras, equilibren y configuren de manera más acorde este órgano, de acuerdo al principio de representación democrática.

Dada la naturaleza de las funciones que la Constitución le ha otorgado al CNM, su conformación debe darse con estricto apego a los principios democráticos de consenso y alejado de cualquier viso de arbitrariedad y discrecionalidad.

A pesar de que el CNM responde a una naturaleza política ese hecho no lo exime del deber de actuar con transparencia y responsabilidad, su conformación debe estar revestida de los principios inherentes de nuestro  ordenamiento democrático y rectores del sistema de gobierno de la República Dominicana.

No se puede ignorar o menospreciar el rol de estos principios al momento de la conformación del CNM, tratando de subordinarlos a criterios puramente partidaristas, pues si se procede en esa dirección corremos el riesgo de que se cometa un grave atentando contra la legitimidad del propio CNM y de las decisiones que adoptará, con impredecibles consecuencias políticas y sociales.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo de FINJUS

Boca Chica. 22 de septiembre de 2020 - Con la presencia del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Servio Tulio Castaños Guzmán y el Alcalde Fermín Brito Rincón, fue firmado el Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Seguridad Ciudadana en el Municipio de Boca Chica.

El acuerdo se realizó en el Despacho del alcalde con la presencia de la vicealcaldesa Lic. María de León viuda Castro, la directora de la Mesa de Seguridad y Género Lucia Florentino, representantes de la gobernación, de la Mesa de Security, el Comdte. de la Policía de la Dotación de Boca Chica, entre otras personalidades.

El vicepresidente de la FINJUS, dijo que en el acuerdo ambas instituciones realizarán iniciativas tendentes a compartir e impulsar reformas, políticas y acciones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana y la prevención del delito a nivel municipal.

Así mismo expreso que van a promover estudios de investigación y diagnóstico de las necesidades en materia de seguridad ciudadana en el Municipio de Boca Chica.

Mientras que el alcalde Fermín Brito agradeció a Servio Tulio Castaños Guzmán  haber tomado a Boca Chica para realizar este acuerdo y su cooperación en beneficio del gobierno municipal.

En el encuentro participaron además del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán y el alcalde Ing. Fermín Brito Rincón,  la vicealcaldesa María de León Viuda Castro, Oneida Olivo, psicóloga de Conani, Lic. Lucia Florentino, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Género de Boca Chica, entre otras personalidades.

Fuente: lo ultimo digital. com

El Director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Dariel Suárez, realizó una visita de cortesía a FINJUS, siendo recibido por el Vicepresidente Ejecutivo de esta institución, Dr. Servio Tulio Castaños, para diseñar planes académicos e investigativos comunes, que fortalezcan el sistema de justicia. FINJUS valora altamente el aporte de estos intercambios en la comunidad jurídica y la institucionalidad democrática.

Santo Domingo. 18 septiembre 2020 -La Alcaldía de Santo Domingo Norte y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), firmaron un acuerdo para promover iniciativas tendentes a compartir e impulsar reformas políticas y acciones para mejorar la seguridad ciudadana y la prevención del delito a nivel municipal, mediante acciones operativas de trabajo en beneficio de la demarcación.

 El acuerdo firmado por el alcalde Carlos Guzmán y Servio Tulio Castaños Guzmán, durante el relanzamiento de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, impulsará actividades de divulgación y capacitación sobre nuevas legislaciones, propuestas de leyes, normas, y otros actos normativos para favorecer la seguridad ciudadana, la reforma del sistema de justicia y la prevención del delito, a través de la realización de seminarios, conversatorios y talleres, que faciliten su mejor manejo y mejor aprovechamiento.