La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) condena la ola de feminicidios que, en los últimos días, ha arropado los medios noticiosos cual efecto dominó, precisamente en este mes de noviembre que celebra la familia y, en el cual, se conmemora el día de la no violencia contra la mujer.

Ante este contexto de violencia de género que sufre la República Dominicana, resulta necesario reflexionar respecto a la evidente ineficacia de gran parte de las políticas públicas que han sido implementadas en el país en los últimos años a fines de contrarrestar los altísimos niveles de este flagelo conjuntamente a la ausencia de medidas efectivas que fueran en ayuda de la mujer maltratada ante las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.

Este “mea culpa” debe erigirse en un punto de partida en aras de finalmente abocarnos en una cohesión interinstitucional que refleje el necesario compromiso desde el Estado respecto de lograr el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas que respondan adecuadamente a nuestra realidad enfocando el problema desde una perspectiva integral y destinando los recursos suficientes a tales fines.

Al profundizar sobre las causas de este mal, encontramos en la doctrina más socorrida -recogida en importantes declaraciones y convenciones internacionales- que la violencia de género es “el resultado de las construcciones culturales o estereotipos de género que producen prejuicios y prácticas que consideran a la mujer como subordinada o le atribuyen funciones estereotipadas. (…) se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y, a la vez, es uno de los mecanismos mediante los cuales se perpetúa la subordinación subyacente.”

A pesar de las tradicionales actividades que, en esta época y de manera simbólica, realizan las instituciones, entidades e instancias del Estado que interactúan con esta problemática, resulta innegable la falta de voluntad para transformar las causas estructurales que originan la violencia contra las mujeres, lo cual, sin lugar a dudas, repercute en la ineficiencia de las acciones de contención de la violencia.

Es momento de dejar en el pasado las políticas públicas y declaraciones momentáneas y superficiales que, lejos de tratar las raíces del problema, levantan una niebla de inacción que permiten, tanto al Estado como a la sociedad, eximirse de su responsabilidad en la perpetuación del componente estructural que alimenta este mal; pues el impacto negativo de este flagelo no es peccata minuta sino que cobra víctimas mortales y, de manera paralela, provoca un daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

Desde FINJUS hemos sido enfáticos e insistentes en señalar que, además del desconocimiento y desinterés en las causas estructurales, subyacen otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia, ejemplo de ello los acuerdos dados a victimarios en criterios de oportunidad aun cuando existen antecedentes gravísimos, falta de personal especializado para la atención de las víctimas; así como también, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.

Uno de los aspectos menos enfocados en la primera fase de la pandemia lo fue este flagelo, y es que las mismas circunstancias de la etapa del confinamiento potenciaron los factores de riesgo de violencia de género al entrar en aislamiento dificultando así la solicitud de ayuda y de denuncia, así como facilitando el total control del agresor. En este periodo de pandemia, se requiere entender que el tratamiento de la violencia de género debe enfocar, al menos, un sentido evolutivo que contemple las consecuencias durante la etapa del aislamiento, y tras la apertura, pues se genera lo que denominan los expertos como “la percepción de pérdida de control” que tiene el agresor.

Dado el alto número de denuncias y muertes de mujeres en situación de violencia, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas en materia de medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación aprovechando el avance de la tecnología, tal pudiese ser el uso de tobillera o brazalete electrónico que permita la geolocalización perimetral de agresores en cercanía en caso de alto riesgo. Diversos estudios muestran que el uso de la tecnología ha resultado eficaz tanto para mantener alejado al agresor como para mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas; sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que la violencia contra las mujeres es un fenómeno multi-causal que afecta a una amplia gama de personas en diferentes entornos y que debe abordarse en múltiples niveles y sectores de la sociedad simultáneamente.

Finalmente, desde FINJUS consideramos necesario que el Estado invierta más recursos y redoble esfuerzos en áreas que van desde la recolección de datos, la creación y aplicación de leyes que garanticen la igualdad de protección, la mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones pertinentes que apelen a la debida diligencia del funcionario que se encargue de hacer cumplir y activar los mecanismos de protección hacia la mujer; de igual forma, la actualización de las herramientas que ayudan a la investigación y documentación sobre estrategias de prevención, el uso de la tecnología, la prestación de servicios de calidad de apoyo a las sobrevivientes, y programas de educación y concientización que promuevan cambios en las normas y las actitudes sociales que resultan nocivas para las mujeres, entre otros.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

15 de noviembre de 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) se une al clamor de gran parte de la sociedad que ha planteado al Congreso Nacional la eliminación por ley del matrimonio infantil, considerando que esta práctica representa una amenaza para el desarrollo humano de las niñas y adolescentes dominicanas, con graves derivaciones sociales.

Como reflejan los estudios e investigaciones recientes la República Dominicana ocupa lamentablemente uno de los primeros lugares en América Latina en el número de matrimonios infantiles y uniones tempranas, dando lugar a severos efectos negativos, tanto en la niña que se casa, como en sus hijos. Se ha identificado que esta situación significa un grave deterioro de las condiciones de existencia de grandes sectores sociales, lo que afecta al mismo tiempo el desarrollo nacional.

Se ha reportado asimismo que estos matrimonios se producen en un marco de violencia y denegación de derechos de las niñas y adolescentes, agravado por la alta frecuencia de embarazos y del número de hijos. Este fenómeno se observa con mayor intensidad entre los sectores más empobrecidos y sin educación formal.

FINJUS ha reclamado por años que el Estado dominicano impulse de manera efectiva la reforma de la legislación obsoleta, como es el caso del Código Civil y de Procedimiento Civil, entre otras normas que representan verdaderos obstáculos para el desarrollo pleno de las personas e instituciones.

Por estas razones FINJUS exhorta a los legisladores a adoptar cuanto antes esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de numerosas instituciones internacionales con representación en el país y a la que se han sumado importantes sectores académicos, sociales y jurídicos.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

12 de noviembre de 2020

De las grandes demandas de la ciudadanía, de cara a la estructura gubernamental electa, resaltan los reclamos relacionados a la garantía de seguridad ciudadana, así como la necesidad de hacer efectiva la lucha en contra de la corrupción; y es que, actualmente, es una constante en los medios informativos la reseña de hechos que refieren al flagelo de la criminalidad, así como los señalamientos de actuaciones vinculadas al concepto de corrupción, en detrimento de los fondos públicos. 

A propósito de ello, recientemente la prensa ha estado documentando la situación en la que se encuentran una cantidad importante de recintos penitenciarios, señalando las deplorables condiciones, el evidente hacinamiento y las complejas estructuras delictuales que desde allí se operan.

Todo esto refiere a la necesidad de fortalecer al Ministerio Público en tanto órgano persecutor y responsable de implementar la política del Estado en contra de la criminalidad. En efecto, uno de los compromisos más contundentes de los presentados en el programa de gobierno, en la etapa de campaña, se refería a la promoción de un Ministerio Publico independiente[1].

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia hemos sido enfáticos en señalar que la independencia del sistema de justicia, y de los órganos e instituciones que de ahí se ramifican, depende de lograr la autonomía en aspectos puntuales y no puramente del enunciado normativo. 

De manera general, en cuanto al Ministerio Público, a fin de lograr una independencia real se debe promover la autonomía desde la inexistencia de un superior jerárquico sobre la institución, la inexistencia de controles externos e internos en la toma de decisiones, la potestad reglamentaria propia y la independencia presupuestaria. Este conglomerado de elementos se invoca como un resguardo para el Ministerio Público frente al control político; resultando sumamente peligroso la falta de alguno de ellos para la consolidación de los valores básicos que inspiran el Estado Social y Democrático de Derecho.

Resulta entonces contraproducente que, en un momento crítico en que el país espera mayores niveles de fortalecimiento técnico, investigativo e independencia funcional del Ministerio Público, se esté solicitando en el proyecto de presupuesto general, disminuir las partidas destinadas a este órgano, sin tomar en consideración que al establecer una dinámica presupuestaria descendente se afectaría gravemente la posibilidad de asegurar un mejor y más satisfactorio despliegue de las funciones de investigación y persecución del delito, así también la realización de políticas sólidas y sustentables que puedan hacer frente a la inseguridad y a la lucha contra la corrupción, y, de igual manera la dignificación del sistema penitenciario. 

Desde FINJUS reiteramos que se hace necesaria una mayor asignación presupuestaria para el Ministerio Publico de conformidad con el contenido de la ley 194-04, siendo al menos consecuente en dotar de partidas no menores a las dadas en periodos anteriores, siendo esto ineludible a los fines de lograr un verdadero Ministerio Público independiente, así como en aras del fortalecimiento del sistema de justicia.

En momentos tan cruciales como los que nos encontramos, resulta imperante un mayor protagonismo del Ministerio Público de cara a los diversos escándalos de corrupción y el requerimiento de dirección de una política nacional de persecución estratégica contra la criminalidad, todo lo cual requiere de la asignación de los recursos correspondientes. Ciertamente la etapa de asignaciones presupuestarias es, en cierta medida, un proceso de consolidar compromisos políticos-institucionales con el órgano persecutor, y traducirlos en un plan de gastos coherente para hacer frente al flagelo de la criminalidad y la proscripción de la corrupción.

Servio Tulio Castaños

Vicepresidente ejecutivo de la FINJUS

3 de noviembre de 2020

[1] Lineamientos Generales del Programa de Gobierno del Cambio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 2020-2024. Disponible en https://issuu.com/elcaribe/docs/lineamientos_programa_gobierno_luis_abinader

En el marco del 27 Aniversario de Participación ciudadana. 29 de octubre de 2020

 Ponencia del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Desde el 16 de agosto pasado, la República Dominicana ha iniciado un nuevo ciclo político-institucional. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los cambios en el sistema municipal representan grandes retos para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Varios ejes confluyen en el actual momento: la renovación de los aspectos normativos, un replanteamiento de las reformas políticas e institucionales que desde hace 20 años se implementan con bajas y altas y la profundización de programas y políticas públicas para hacer realidad los postulados y aspiraciones constitucionales.

Tres prerrequisitos parecen imprescindibles: el aumento de la participación de la sociedad en cada uno de los aspectos anteriores, el incremento del acceso a la información y la superación de la impunidad mediante un mejoramiento de los órganos del sistema de justicia.

Todo lo anterior solo es posible con la voluntad de los actores políticos, pero sobre todo si dos pilares sociales se unen: la prensa independiente y las organizaciones sociales en sus diferentes áreas.

A lo largo de los 30 años que celebramos en este mes, FINJUS ha mantenido su compromiso de contribuir en la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos y el adecuado funcionamiento de las atribuciones conferidas a las entidades estatales en el marco de los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas de las autoridades a sus representados.

La corrupción parece arroparlo todo. Sabemos que tiene su caldo de cultivo donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía tienen trabas, donde los responsables de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos no existen, donde la impunidad es tolerada y donde la toma de decisiones públicas está mediatizada por conflictos de intereses y ambiciones políticas. Sólo a través del fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de justicia se puede prevenir y castigar la corrupción.

Es imprescindible que exista un acceso inmediato y eficiente a la información sobre las orientaciones, proyecciones, metas y funcionamiento del sector público.

Concebimos la transparencia como un marco general que va más allá de las simples acciones puntuales de divulgación en los medios y redes para la ciudadanía. Es imprescindible que la sociedad participe en el análisis de esa información.

Implica la creación de una nueva cultura que propicie la obtención de informaciones claras y precisas sobre los actos públicos, para aumentar la capacidad de comprensión, vigilancia e incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas, para ejercer un mejor control social sobre los actos de los órganos y servidores públicos en la gestión de los recursos económicos.

Aquí es donde el periodismo de investigación adquiere la relevancia y el sentido que demanda este nuevo período que se abre en el país.

Se requiere de un periodismo de investigación que ayude a la sociedad a vencer la  cultura tradicional que excluye a la ciudadanía de los temas públicos, dotándole de herramientas para que las organizaciones y personas puedan intervenir en la formulación de políticas públicas y en mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, haciendo uso del derecho y deber ciudadano del control social.

El control social es una modalidad de participación que “permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad”.

El artículo 246 de nuestra Constitución establece, con la intervención ciudadana, un sistema de control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos, lo cual está a cargo de ciertas instituciones del Estado dominicano, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Lamentablemente este sistema de control tiene grandes déficits de credibilidad y es un deber de la ciudadanía apoyar su recuperación y fortalecimiento.

Como bien el plantea destacado jurista Cristóbal Rodríguez Gómez, el hecho de que se haya incluido un control social en la Constitución es un significativo paso de avance, debido a que “una de las grandes deficiencias que ha revelado la democracia participativa es que el diseño de los mecanismos constitucionales de control opera internamente entre los poderes públicos” y al otorgarle a la ciudadanía potestad de control obligaría a una activa y efectiva vigilancia.

En vista de que la corrupción es un fenómeno cada vez más generalizado en el mundo globalizado, el control social es clave para facilitar la transparencia y control sobre los recursos públicos y para lograr la claridad sobre la inversión pública, lo que está garantizado en nuestra Carta Magna.

Es por ello que la libertad de acceso a la información pública ocupa cada vez más un rol relevante para el desarrollo democrático.

Nuestro país cuenta con una Ley General de Libre Acceso a la Información Pública desde el año 2004. Aunque en la norma se establecen los derechos a solicitar información de carácter administrativo, la obligatoriedad de publicidad de los distintos actos emanados de los poderes del Estado y, a su vez, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la información, aún persisten desafíos importantes que han generado lagunas fruto de ciertas limitaciones de la Ley No. 200-04, puesto que además de no existir un órgano rector en esta materia, todavía persisten un retraso a quienes lo solicitan o renuencia a publicar en la web información que dicha ley les exige.

Nuestro Tribunal Constitucional tampoco ha estado ajeno a la relevancia de este tema para la democracia del país. Respecto a la temática que nos ocupa, en la Sentencia TC/0052/13, del 9 de abril de 2012, este alto tribunal decidió que: “La vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. 

Como se ha destacado, la sociedad, a través de sus organizaciones representativas, debe promover y respaldar las iniciativas del periodismo de investigación comprometido con los derechos fundamentales, con esta cultura de transparencia que reclama la sociedad y sobre todo, con facilitar la participación social efectiva en los asuntos públicos de hombres y mujeres que pese a tener cada día más datos y conocimientos en las redes sociales, están cada vez más aislados y desorientados y sometidos a campañas de desinformación.

Vivimos una coyuntura especialmente sensible, que ha puesto la transparencia y la correcta rendición de cuentas como pilares imprescindibles para garantizar el ejercicio de una democracia real, con sistemas de consecuencia y mecanismos de control efectivos, de forma que todos los sectores sientan la esperanza de que la justicia y la dignidad serán las guías que encauzarán el desarrollo nacional, libre de exclusiones.

Servio Tulio Castaños Guzmán

La respuesta a la controversia que recogen los medios de comunicación y redes sociales acerca de si los funcionarios públicos, cualquiera que sea su naturaleza, es decir designados o electos, pueden o no licitar con el Estado dominicano, representa uno de los temas más delicados y cruciales en el debate que existe sobre cómo reforzar y consolidar la institucionalidad y el régimen democrático en que vivimos.

Desde hace mucho tiempo el país reconoce que la vieja práctica de permitir que los funcionarios públicos sean proveedores del Estado, ha sido una constante y todo indica que al parecer este sería el mayor beneficio que algunos pretenden al momento de declarar sus aspiraciones de ser congresista, ministro, director general o cargos similares.

FINJUS entiende que estamos en el momento justo de hacer los cambios necesarios para desmontar, perseguir y castigar a quienes usan esta práctica ilegal, que viola principios elementales de la contratación pública, como la equidad, la participación y la razonabilidad.

Aunque la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones expresamente prohíbe esa práctica, algunos se han amparado en una falsa interpretación del artículo 3 del Decreto No. 543-12 que instituye el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones públicas para crear un marco de excepciones que fomenta la ilegalidad. Ese artículo establece la inhabilitación de esa prohibición en el caso de los proveedores únicos del Estado, entendido como aquellos procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica.

En términos precisos el referido artículo 3 establece que: “Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento…” Posterior a ello, la referida regulación define cuáles serían estos casos de excepción.

En la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, específicamente en su artículo 14 establece exactamente en el párrafo del artículo 6 el mismo mandato normativo indicado anteriormente. Sin embargo, la prohibición del artículo 14 el cual exhorta que “no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas”, delimita en términos muy precisos quiénes entonces son los funcionarios que por su investidura presentan esta característica limitativa, en el marco de sus funciones.

Por lo tanto, la inhabilidad establecida en el artículo 14 de la Ley No. 340-06  no delimita un párrafo o artículo posterior que aluda a la particularidad de los casos de proveedores únicos, bienes o servicios con exclusividad o contratación de publicidad a través de medios de comunicación social, cual sea que fuere el caso. 

Por tanto queda claro que el espíritu del legislador ha sido el de instituir una inhabilitación por el cargo para evitar que se actúe en detrimento de los principios que rigen la contratación pública. Desde FINJUS, hemos indicado en numerosas ocasiones que de interpretar favorablemente las condicionantes de excepción preestablecidas, todos los proveedores que se encuentren en dicha posición se escudarían bajo la misma, con el pretexto de configurar alguna de las excepcionalidades establecidas en el Reglamento, sin tomar en cuenta que la posición pública previa les limita.

Si bien es cierto que la ley y el reglamento indican un régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, estos instrumentos jurídicos no indican expresamente que dichas inhabilidades estarían sujetas a los casos de excepcionalidad como lo es el caso de proveedor único.

Confiamos en que el deber de los funcionarios públicos se encuentra adherido al imperio de la legalidad y, por tanto, respaldamos las medidas que desde el Gobierno central y el Congreso se adopten para impulsar el respecto de los principios que rigen al Estado de derecho y a la propia contratación pública.

La búsqueda de la transparencia en todos los actos públicos ha sido proclamada por la sociedad dominicana como uno de los ejes fundamentales para el logro de un cambio político-institucional que frene todas las prácticas ilegales y tradicionales que obstaculizan el desarrollo, la seguridad y el bienestar que aspira el país.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

15 de octubre, 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones públicas, a los fines de fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Es bien sabido que el Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de planificación de la nación, lo cual conlleva grandes responsabilidades para quienes deben adoptar decisiones sobre programas y políticas públicas.

Resulta preocupante que en el actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 las partidas consignadas para ciertos órganos e instituciones estatales registran montos inferiores a los que les corresponden de acuerdo a leyes especiales vigentes.

En términos concretos, el artículo 42 del actual proyecto de ley de presupuesto, autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a apropiar un monto inferior de lo establecido por ley a entidades vitales para la institucionalidad democrática, como lo son el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, por citar solo algunos de los casos más destacados.

Se puede interpretar de esta propuesta consignada en el Presupuesto General que se pretende reeditar una práctica que ha sido expresamente señalada por la ciudadanía como contraria al compromiso de las autoridades con la superación de las ineficiencias e ineficacias en órganos claves del Estado que persisten desde hace décadas. Es un clamor social permanente que esas instituciones o entidades públicas gocen de sostenibilidad y autonomía para que cumplan con los mandatos que la Constitución y las leyes les ordenan.

Cada año FINJUS ha exhortado al Congreso Nacional a que la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado se adecúe al fortalecimiento de la independencia presupuestaria de los entes públicos, evitando las prácticas que crean distorsiones de carácter político o económico, que a fin de cuentas afectarían la seguridad jurídica del país.

El actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 pretende mantener las debilidades que han presentado estas instituciones, donde diversos indicadores de eficiencia dependen en gran medida de la asignación presupuestaria que fueron adoptadas legítimamente y luego de ser cuidadosamente ponderadas e incorporadas en el ordenamiento jurídico dominicano.

Confiamos en que la discusión que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, permitirá a los legisladores invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación de un monto inferior al establecido por ley a los referidos órganos.

El Proyecto de Ley de Presupuesto necesariamente debe ser revisado y ajustado al principio de legalidad, evitando las distorsiones y viejas prácticas que han lesionado el desarrollo y autonomía de órganos claves del régimen democrático.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

4 de octubre. 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), entiende impostergable que el Congreso Nacional defina quiénes constituyen la segunda mayoría partidaria para proceder a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que eventualmente deberá ser convocado antes de finalizar el presente año para realizar la evaluación y selección de los jueces de las Altas Cortes con periodos cumplidos.

Debe recordarse que la representación de la segunda mayoría partidaria refiere a la minoría más representativa en cada una de las Cámaras legislativas, lo que es fundamental para el propósito de la conformación del CNM. De acuerdo al mandato constitucional el objeto de la segunda mayoría es lograr la presencia de miembros congresuales que, por oposición al partido o bloque de partidos a que pertenezcan los Presidentes de las Cámaras, equilibren y configuren de manera más acorde este órgano, de acuerdo al principio de representación democrática.

Dada la naturaleza de las funciones que la Constitución le ha otorgado al CNM, su conformación debe darse con estricto apego a los principios democráticos de consenso y alejado de cualquier viso de arbitrariedad y discrecionalidad.

A pesar de que el CNM responde a una naturaleza política ese hecho no lo exime del deber de actuar con transparencia y responsabilidad, su conformación debe estar revestida de los principios inherentes de nuestro  ordenamiento democrático y rectores del sistema de gobierno de la República Dominicana.

No se puede ignorar o menospreciar el rol de estos principios al momento de la conformación del CNM, tratando de subordinarlos a criterios puramente partidaristas, pues si se procede en esa dirección corremos el riesgo de que se cometa un grave atentando contra la legitimidad del propio CNM y de las decisiones que adoptará, con impredecibles consecuencias políticas y sociales.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo de FINJUS