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De conformidad a la naturaleza constitutiva del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, en tanto consejo consultivo, así como de las atribuciones que le han sido asignadas, especialmente, lo referente a recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes.

En ese sentido, y en cumplimiento de lo anterior, desde el grupo de trabajo se ha revisado el contenido del proyecto de Código de ética de la Policía Nacional, de cara al contenido de la Ley Orgánica, así como de la doctrina policial

 

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A propósito de la propuesta de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, preparada por la comisión de agenda legislativa del pleno de la Suprema Corte de Justicia y que ha sido remitida a la Cámara de Diputados en virtud de la facultad de iniciativa de ley en asuntos judiciales que la Constitución dominicana, en el numeral 3 de su artículo 96, le confiere al pleno de la Suprema Corte de Justicia, entendemos oportuno realizar algunas consideraciones.

 Ciertamente existe una creciente demanda que apunta a la mejora de la capacidad institucional en la prestación de los servicios de administración de justicia; por años la sociedad dominicana le ha señalado aspectos al sector justicia, tales como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gestión y secretaría, entre otros; todo lo cual pone de manifiesto brechas significativas de cara a lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los actores judiciales y usuarios del sistema.

 En este contexto es preciso considerar la experiencia en los países de la región, la cual demuestra que el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la administración pública ha sido una estrategia apropiada en la búsqueda por modernizar el sector público y eficientizar la prestación de los servicios al ciudadano. Sin embargo, en materia de administración de justicia, la digitalización de los procesos y utilización del nicho virtual para su desarrollo ha quedado bastante rezagada en comparación a otros sectores gubernamentales, esto, en parte, encuentra justificación dada la complejidad de la estructura organizativa, la resistencia a la adopción de nuevos procesos, la naturaleza sensible de la información que suelen implicar los casos judiciales y la interacción políticamente compleja entre los diferentes actores que intervienen en los sistemas judiciales.

 En nuestro país pueden destacarse diversos ejemplos de éxito en la administración pública respecto a la utilización de medios y canales digitales en aras de eficientizar los servicios y garantizar la accesibilidad de los mismos; a pesar de ello, en materia de administración de justicia, el avance hacia la virtualidad no fue el resultado de cambios paulatinos sino más bien el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial que, a fin de no paralizar totalmente el sistema de justicia durante el cierre de actividades y orden de confinamiento en el país en gran parte del año 2020 por la actual crisis sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19, se abocó a incorporar diversas medidas y protocolos para el seguimiento de los asuntos judiciales y aun para el conocimiento de audiencias.

Cabe destacar que esta propuesta normativa orientada a reglamentar la utilización de los medios digitales en el Poder Judicial, responde al mandato dispuesto por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia número TC/0286/21, en la cual determinó la necesidad de que los servicios judiciales virtuales sean regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del órgano, sin anular los procesos que ya han sido celebrados.

 Lo expuesto anteriormente garantiza el principio de juridicidad al momento de establecer los servicios digitales como medio para la administración de justicia, ya no específicamente como estrategia ante la crisis, sino con el propósito de dar soluciones y procesos transversales que brinden al Poder Judicial mayor capacidad y eficiencia mediante la transformación digital que permita lograr una adecuada interacción con el ciudadano, la accesibilidad a la justicia y la dinamización de los procesos a lo interno.

 Desde FINJUS hemos sido consistentes en enfatizar que deben ser progresivas las acciones para ir introduciendo el sistema de justicia dominicano en la nueva era de las tecnologías, priorizando, por ejemplo, con ciertas reservas, la gestión administrativa de manera virtual, especialmente lo relativo a la recepción de documentos/emisión de copias certificadas. Así también, pudiese ponderarse la factibilidad de aligerar la carga administrativa y judicial pasando a la virtualidad audiencias de menor envergadura como son: audiencia para fines de comunicación de documentos, audiencias de conciliación en materia laboral, audiencias de emisión de conclusiones en la Suprema Corte de Justicia, entre otras.

 Y es que a pesar de los múltiples beneficios que ciertamente pudiese otorgar la adopción de nuevas tecnologías en el sistema judicial, especialmente en términos de accesibilidad, celeridad y economía, no debe dejarse de lado ni tratarse superficialmente el hecho de que, aspectos que están incluidos en esta propuesta de ley como por ejemplo la realización de audiencias virtuales en cualquier etapa procesal y en cualquier materia, pudiesen entrar en conflicto con principios y garantías constitucionalmente protegidos. Un ejemplo revelador lo constituyen las audiencias penales donde pueden verse diluidas en el entorno virtual principios como la oralidad, la contradicción, la publicidad y la inmediación.

 A la revisión de aspectos sustanciales como lo referido, se le suma la necesidad de que, en el proceso de conocer esta propuesta de ley, sean ponderadas experiencias en otras latitudes a los fines de prever posibles escenarios que pudiesen tornar un servicio judicial digital en ineficiente, costoso y/o con nichos digitales mal diseñados.

Sobre ello conviene revisar enfoques críticos sobre el desarrollo digital de la justicia en otros países, así como las buenas prácticas que se sugieren. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que:

 “(…) La implementación de un enfoque de justicia digital en un país implica tres aspectos principales. En primer lugar, transformar y rediseñar los servicios de justicia en torno a las necesidades de los usuarios. Esto supone que los servicios se basen en las necesidades de todos los usuarios, tanto internos (funcionarios, jueces) como externos (abogados, partes procesales).  En segundo lugar, repensar la forma en que trabajan las autoridades judiciales, incorporando nuevas tecnologías. Esto supone hacer una transición completa de los procesos en papel a los digitalizados, lo que a su vez implica establecer métodos de trabajo horizontales y flexibles y reclutar nuevo personal profesional, como analistas de datos e informáticos y diseñadores. Por último, mejorar la recopilación de datos y la gestión de la información digital, incluida la incorporación de sistemas de datos que permiten facilitar el trabajo entre plataformas interoperables de distintas entidades. En el sector de la justicia, esto se refiere a sistemas que posibiliten el intercambio de información entre diversos actores, como agentes de policía, fiscales, tribunales y prisiones. Además, la interoperabilidad de estos sistemas puede permitir la recopilación y análisis de información más precisa en el contexto de la formulación y reforma de políticas.[1]

 En ese sentido, resulta necesario profundizar en la propuesta de ley de que se trata en cuanto a los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las TICs, a fin de que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios del Poder Judicial, los cuales ofrecerá a los ciudadanos.

De igual manera, estos estándares y protocolos que deberán cumplir los operadores del sistema de justica deberán ser incorporados en los procedimientos administrativos de forma gradual, dentro de ellos los relativos a sede electrónica, la solicitud y recepción de documentos y el registro para el uso de medios electrónicos. Lo anterior, permitirá para garantizar el máximo aprovechamiento de las TICs en el desarrollo de nuestro sistema de justicia con el fin de lograr una prestación de servicios eficiente de cara a los ciudadanos.

De acuerdo a este mismo precepto debe puntualizarse que los proyectos estratégicos de transformación digital, incluyendo esta propuesta de ley, que sin dudas marcará el camino hacia la transformación digital del sistema de justicia, deberán orientarse entre otros, por los principios de interoperabilidad administrativa en cuanto a las interacciones entre el ciudadano y el gobierno digital del Poder Judicial.

 Lograr una reforma eficiente en el sistema de justicia mediante la adopción de los medios digitales y otras tecnologías conlleva importantes retos que deben ser valorados incluso en esta primera etapa de este proceso que lo constituye el diseño normativo. Con relación a ello, hacemos énfasis en la necesidad de ponderar límites con relación a materia o etapas procesales determinadas para la admisibilidad de las audiencias virtuales; así también entendemos necesario que desde la ley sean indicados criterios lo suficientemente claros que orienten las diversas reglamentaciones que pudiesen producirse a fin de dotar al usuario de previsibilidad y certeza respecto de los procesos judiciales.

 De igual manera otro aspecto a valorar normativamente son los controles a establecer, tanto a nivel interno con supervisión e inspección de la interacción del nicho digital y el recurso humano del Poder Judicial, y a nivel externo en relación a la experiencia de los usuarios y previsiones en materia de ciberseguridad. 

Resulta de interés apuntar que la tecnología no es una mera herramienta, sino que tiene propiedades reguladoras y configurativas particulares que pueden afectar a los sistemas judiciales de diversas maneras. Las reformas en materia de justicia electrónica no tienen lugar en un vacío institucional y tecnológico. A la hora de planificar, diseñar e implementar reformas en materia de justicia electrónica debe tenerse en cuenta el ecosistema tecnológico institucional y de gobierno electrónico específico de cada país. El marco nacional de gobierno electrónico proporciona estándares tecnológicos, arquitectura y funcionalidades comunes que pueden aprovecharse para reducir la complejidad del desarrollo de la justicia electrónica y aumentar la compatibilidad e interoperabilidad con otros sistemas[2].

 La introducción de soluciones digitales en las administraciones de justicia debe entenderse como una reforma sistémica e integral que no solo concierne al uso de las tecnologías. Debe recordarse que se trata de una transformación que representa reformas de diversos tipos, legales, organizativas y culturales, desde el desafío que representa la interoperabilidad en razón de que los diversos tribunales se manejan con amplia independencia uno de otro en cuanto a la gestión del servicio judicial y en su relación con otros órganos del sistema de justicia, hasta un eventual requerimiento de estandarización y simplificación de los procesos en diversas instancias a fin de digitalizarlos.

 A fin de apostar a una transformación efectiva, sugerimos la sociabilización de esta pieza legislativa enfocando la clarificación de los aspectos que puedan generar una preocupación válida en los actores judiciales y usuarios del sistema, así como conocer los aspectos de mejora que pudiesen nutrir la propuesta de ley y la implementación del servicio.

 Desde FINJUS entendemos que resultan importantes y loables los trabajos encaminados a la adaptación de las nuevas tecnologías en el servicio judicial, lo cual representará un hito de cara a la transformación del sistema de justicia; valoramos la iniciativa del Consejo del Poder Judicial en incursionar en el desarrollo digital del servicio judicial, aun en momentos de crisis, y con logros destacables en poco más de un año de implementación y, de igual manera, alentar la iniciativa de ley del pleno de la Suprema Corte de Justicia que viene a dotar de respaldo normativo al esfuerzo que se ha venido realizando.

 Después de todo, y más allá de los considerables retos que se plantean y se presentarán, es necesario entender que una sociedad globalizada como la de hoy, que día a día nos conduce a un ritmo vertiginoso en materia de desarrollo tecnológico, hace necesario la adopción definitiva de las tecnologías como paradigma de la modernización en los sistemas judiciales en todo el mundo.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

16 de octubre de 2021

 

[1] CORDELLA, Antonio; CONTINI, Francesco. Tecnologías digitales para mejorar los sistemas de justicia. Un conjunto de herramientas para la acción. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pág. 12. Disponible en: [https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tecnologias-digitales-para-mejorar-los-sistemas-de-justicia-un-conjunto-de-herramientas-para-la-accion.pdf]

[2] CORDELLA, Antonio; CONTINI, Francesco. Op. Cité.

 

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Lunes, 11 Octubre 2021 15:52

Seminario Internacional de Intercambio PN

 

Palabras de apertura del Dr. Servio Tulio Castaños,

Palabras de apertura del Dr. Servio Tulio Castaños, coordinador del grupo de trabajo para la reforma y profesionalización de la PN en el Seminario internacional de intercambio de experiencias en el ámbito de la Reforma Policial.

 

Aspectos relevantes Relatoría

 

Seminario PN STC.pdf

 

 

 

Señor Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona

Distinguidos Representantes de Organismos Internacionales

Distinguidos Expertos Internacionales invitados

Señoras y Señores:

 

El Grupo de Trabajo se siente complacido de dar la bienvenida a todos los presentes a este memorable evento, especialmente a los distinguidos expertos internacionales que han aceptado nuestra invitación de compartir sus experiencias y sabias lecciones en la profesionalización y transformación de la Policía en sus respectivos países.

Los miembros de este Grupo de Trabajo, fuimos convocados por el Presidente de la República a principios de abril, para unir nuestras voluntades para apuntalar una de las instituciones claves en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la persecución del crimen y el delito, que es la Policía Nacional.

Seguramente que todos percibimos que la sociedad dominicana sufre por la estela de dolor, frustración, miedo e impotencia ante luctuosos acontecimientos que se suceden y por la sensación de falta de control que se respira en todos los sectores sociales, sin distinciones ni exclusiones.

Es este contexto que motiva el decreto 211-21, que nos crea y encomienda la misión de contribuir en los procesos de cambio en la institución policial, y aportar en la redefinición del perfil del nuevo agente policial; recomendar acciones legales para el fortalecimiento de la Policía; promover la aprobación de los reglamentos pendientes; proponer cambios en los sistemas de remuneración, retiro y aspectos relacionados; así como formular recomendaciones al régimen de sanciones interno y dar seguimiento a los procesos sancionadores a agentes policiales que se encontraren inconclusos.

En  pocas palabras, Señor Presidente, Ud. nos comisionó para aportar sugerencias y propuestas realistas y bien fundamentadas que faciliten los cambios que la institución policial requiere con carácter de urgencia, para hacer eficiente su labor cotidiana, reconstruir sus relaciones con la sociedad y ganar la confianza social, especialmente en estos momentos de tribulaciones.

El Grupo de Trabajo se siente confiado que la tarea encomendada tiene altas probabilidades de ser coronada por el éxito, atendiendo al interés que ha despertado en amplios sectores sociales, pero principalmente convencidos en la sinceridad y la voluntad política que está transmitiendo el Presidente de la República para producir cambios positivos, constructivos, realistas y sostenibles en el cuerpo policial que contribuyan a consolidar su labor y mejorar la seguridad y la confianza ciudadanas. Ud. lo ha expresado de manera clara y diáfana en las últimas semanas: El proceso de la reforma policial es imparable, va con buen ritmo y se toman todas las medidas adecuadas para este propósito.

El Grupo de Trabajo ha recurrido, en estos seis meses de trabajo, a las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad ciudadana y la transparencia, para que en el marco de las atribuciones que estipulan la constitución y las leyes nos asistan, de forma que nuestras recomendaciones se ajusten a la legalidad.

En este camino no ha habido espacio para el desánimo. Desde el primer momento nos conformamos como una Fuerza de Tarea, definiendo la estructura, objetivos operativos y cronograma de acción. Desde el primer día establecimos una relación fluida y consistente con el Ministro de Interior y Policía y su equipo técnico, y la Dirección General de la Policía Nacional.

Procedimos a solicitar la información de los cambios estructurales, políticas y disposiciones en la Policia, para conocer el alcance y límites de las reformas realizadas desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Policia Nacional  y determinar las prioridades a profundizar en lo normativo, reglamentario, estructura operativa, políticas organizacionales y uso de la tecnología de la información.

Comprendiendo que esta reforma policial no puede ser solamente una tarea local, recabamos la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), quienes gentilmente aceptaron nuestra invitación de venir al país y realizar una evaluación diagnóstica de las necesidades y mejora de la función policial, completada a finales de mayo y que fue dada a conocer a la sociedad a inicios de julio pasado.

Asimismo solicitamos a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría externa de la Policía Nacional sobre la gestión y procedimientos de su control interno, la cual se encuentra en la fase de análisis de los datos y de la producción del Informe de Auditoría.

Asimismo solicitamos al Ministerio de Administración Pública una ponderación de los sistemas y políticas salariales vigentes en la Policía, para determinar las distorsiones que existen y aportar sugerencias para corregirlas apegados a la normativa vigente. El MAP ya está procesando la documentación pertinente facilitada por la Dirección General de la Policía.

Conocimos el estado de la elaboración de los reglamentos que ordena la Ley Orgánica de la Policía y hemos completado o elaborado aquellos que están pendientes. Hemos remitido al Consejo Superior Policial, 15 reglamentos depurados para que sean considerados, como ordena la Ley, como es el caso del reglamento general de la Policia Nacional, el que regula el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y el de la evaluación del desempeño en sus funciones.

Sobre el tema del régimen sancionador y la revisión de los casos pendientes de los agentes policiales sometidos por faltas graves, propusimos la creación de los Comités Independientes que contempla la Ley Policial, para hacer esta tarea.

Es importante que la sociedad dominicana conozca que los tres subgrupos que conforman el Grupo de Trabajo ha dedicado muchas horas a la observación, análisis y ponderación de las necesidades en las áreas de reforma legal, capital humano y estructura, desarrollo organizacional, capacitación y soporte tecnológico.

Tenemos la convicción de que estaremos en condiciones de entregar muy pronto nuestras  recomendaciones al Presidente de la República y apreciamos que algunas de las ellas pueden ser de aplicación inmediata, como las relacionadas con los procesos de evaluación de los miembros de la Policia Nacional y la depuración de quienes no llenan el perfil que recomienda la Ley.

Es urgente también que el presupuesto general de la institución policial sea adecuado para implementar las transformaciones sugeridas, especialmente en los procesos y programas de reclutamiento, selección y formación que son imprescindibles en la profesionalización del cuerpo policial.

En lo inmediato, el Grupo de Trabajo se aboca a celebrar 4 talleres regionales con representantes de organizaciones sociales para recoger sus preocupaciones y sugerencias, pero principalmente para crear la conciencia de que la reforma policial solo es posible cuando la ciudadanía la apoya y contribuye a su implementación.

La experiencia nos ha enseñado que todos los intentos de reforma policial en el pasado se caracterizaron porque la sociedad estuvo ausente en esos procesos; que no fue consultada y mucho menos hubo espacios para desarrollar nuevas prácticas en coordinación con el tejido social. Mientras persista la lejanía y la separación entre la policía y la sociedad y viceversa, no habrá una mejora de la seguridad y la confianza. Y sobre todo, la sociedad debe mantener constante su demanda de cambios en la fuerza policial y en todos los estamentos vinculados con la seguridad ciudadana.

El Presidente de la República ha expresado claramente que no hay vuelta atrás en esta reforma ni habrá parches. El país está en el momento justo de realizar estos cambios, con inteligencia, paciencia, madurez y sobre todo con energía.

Seguramente que al final de nuestra misión faltará uno que otro aspecto, si tomamos en cuenta que nuestras carencias en materia de seguridad son grandes y su tamaño es casi el mismo que el de nuestra historia. Pero seguramente, Señor Presidente y distinguidos invitados, que esto nunca será más grande que la decisión del pueblo dominicano de vivir en paz, de alcanzar el progreso económico y social y ser ejemplo y modelo para otros pueblos y naciones, en una época atormentada por las pasiones e intereses particulares y habitada por monstruos como la corrupción, el crimen organizado y la desigualdad social.

Que este Seminario Internacional sea fructífero y podamos concluir llenando las grandes expectativas de cambio que tiene la sociedad dominicana.

 

Muchas gracias

8 de octubre de 2021

Palabras de apertura del Dr. Servio Tulio Castaños,

 

 

ANJE, junto a FINJUS y con el auspicio de USAID, compartieron los resultados de la tercera edición del estudio sobre los efectos de la inseguridad en el clima de negocios e inversiones.

 SANTO DOMINGO. - La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó la tercera edición del estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, el cual se produjo con la colaboración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

 Durante el encuentro de presentación de los resultados del estudio, el cual fue realizado en el Salón Empresarial de la Torre AIRD, la presidenta de la Asociación, Susana Martínez Nadal, explicó que “con esta nueva edición afianzamos nuestro compromiso con proporcionar datos actualizados sobre el estado de la seguridad en el país desde el punto de vista del empresariado, así como, la carga económica que representa la inversión en prevención y cómo esto afecta el clima de negocios”.  Agregó que los aportes de ANJE, FINJUS y USAID, con este estudio, coinciden con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuyo objetivo 1.2.2 llama a “Construir un clima de seguridad ciudadana, basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción”.

 De igual modo,
Rebecca Latorraca Directora Regional de USAID, reconoció la importancia del involucramiento del sector privado en el diseño de políticas de seguridad ciudadana. Destacó que “solo podemos hablar de progreso real en materia social y de seguridad cuando las empresas y los individuos trabajan de la mano con la juventud, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado dominicano para reducir las tasas de criminalidad y violencia, lo cual reduce la capacidad de que este hermoso país crezca más fuerte”.

 Asimismo, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS agregó que: “Nuestra esperanza es esta nueva edición del Estudio-Diagnóstico del impacto de la Inseguridad Ciudadana en el clima de negocios empresarial que presenta ANJE contribuya a facilitar las estrategias que fomenten la coordinación de las instituciones públicas en este aspecto, en comunicación con la sociedad, produciendo una sinergia que favorecerá la acción conjunta de las organizaciones, de la mano con las empresas, los entes de servicio social y las entidades comunitarias”.

 La metodología de levantamiento de información de esta tercera edición se realizó a través de i un cuestionario dirigido por Gallup República Dominicana, respecto del cual se recopiló información durante los meses de junio - agosto del 2021, y que fue dirigido a altos ejecutivos y dueños de 555 empresas, en todas las regiones del país, según la distribución del Directorio de Empresas y Establecimientos de la República Dominicana, los directorios de ANJE, CONEP, AIRD, ADOZONA y AMCHAMDR. 

 Entre los resultados más relevantes, el Estudio reveló que el 79 % de los encuestados consideraron que la inseguridad representa una amenaza para el crecimiento de sus empresas; mientras el 75 % declaró tener poca o ninguna confianza en la Policía Nacional. Adicionalmente, un 95 % considera importante que se reforme esta institución para hacer frente a la inseguridad que enfrenta el país. Además, sugieren que enfrentar la corrupción en los diferentes niveles policiales, mejorar los salarios a integrantes, y, sobre todo, hacer un proceso de reclutamiento más robusto y exhaustivo, son las principales medidas que debe implementar el organismo, según la opinión de los encuestados. 

 Por otro lado, los delincuentes comunes son considerados como la principal amenaza por siete de cada diez de los consultados, seguido de los delitos cibernéticos. Mientras, los hurtos o robos se mantienen como las principales preocupaciones de los consultados con un 78 %, seguido por estafas y delitos cibernéticos, con 38 % y 36 % respectivamente. De ahí que la principal medida tomada por el 85 % de los consultados por temor a la delincuencia, ha sido instalar alarmas de seguridad, cámaras, y cercas eléctricas; mientras que en segundo lugar lo ha sido planear rutas alternas (43 %), reducir el horario de operación de la empresa (43 %), y aumentar los servicios de seguridad privada (21 %).

 De igual modo, “Robos” se destaca como el principal delito cometido por empleados de las empresas con un 86 %, seguido por “fraude” y “espionaje industrial” con un 37 % y 10 % respectivamente, mientras que el 40 % considera que el clima de negocios es “regular” y el 38 % lo califica como bueno o muy buenos. Además, a pesar de que el 51 % tiene esperanza en que habrá mejoras en cuanto a la situación económica, el 48 % en el clima de inversiones, el 41 % el desempleo, el 37 % en la estabilidad democrática; el 78 % considera que la inseguridad ciudadana seguirá igual o empeorará. Por último, nueve de cada diez empresas le atribuyen algo o mucha influencia a la inseguridad ciudadana en el clima de negocios. 

 En el marco de este encuentro se desarrolló el panel “La inseguridad ciudadana y su impacto en el clima de negocios”, liderado por Ángela Jáquez, viceministra de seguridad preventiva en gobiernos provinciales; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Carolina Ramírez, especialista en seguridad, y moderado por Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE. 

 Cabe destacar que, a través de esta herramienta, los jóvenes empresarios logran medir la incidencia de las debilidades en materia de seguridad pública en el funcionamiento de los negocios. El Estudio ofrece una idea clara de las perspectivas de expansión, los riesgos de inversión, los costos que los empresarios soportan para implementar tecnología y sistemas de seguridad y las pérdidas acaecidas por causa del inventario o dinero en efectivo sustraído.

 

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MENSAJE DE SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN

Informe Seguridad Ciudadana 2021 _ Digital

ANJE - Carta de Agradecimiento Servio Tulio Castanos

 

 

 Los datos aportados por Diario Libre acerca de la distracción de más de RD$ 2,650 millones de pesos por concepto de la exoneración de impuestos de 1,148 vehículos a algunos diputados y senadores en los últimos 11 años, refleja con dramatismo cómo la distorsiones y la falta de mecanismos racionales de control y fiscalización dificultan al Estado dominicano para el ejercicio de un rol efectivo para el desarrollo y la consolidación de la democracia.

 En el marco de un país que ha confrontado gravísimos problemas económicos y sociales, resulta inconsecuente que un grupo mayoritario de legisladores hayan convertido una norma que en su origen estaba destinada a facilitar el trabajo legislativo, en un mecanismo reprobable que en definitiva ha beneficiado a sectores ajenos al Congreso que cuentan con capacidad para cumplir con sus obligaciones impositivas al adquirir un vehículo de lujo.

 Aunque es cierto que la ley permite el traspaso de los certificados de exoneración por parte de los legisladores, el Estado debió corregir la distorsión de su venta a terceros, y que lamentablemente causa irritación en muchos sectores que la perciben como un privilegio, con el consecuente daño de la imagen del Congreso y el desánimo de la población.

 Queda claro que el modelo creado y aprobado por los propios legisladores ha demostrado ser inequitativo, irracional e ineficiente desde el punto de vista de la sociedad y del Estado. Para algunos analistas e instituciones, el sistema de asignar dos exoneraciones en el periodo legislativo no es propio ni aceptable en una sociedad democrática.

 Este nuevo episodio de críticas sobre el Poder Legislativo debe llamar a  la reflexión a todos los legisladores, para iniciar el camino de la reforma profunda de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones señaladas y otras acciones que, como hemos manifestado recurrentemente, desnaturalizan la esencia de la función legislativa (casos Barrilito, Cofrecito y ayudas sociales).  Estamos en el momento justo de promover esos cambios para beneficio del Congreso y del país.

  

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 27 de septiembre de 2021

El Ministerio de Turismo puso en marcha este viernes el Observatorio de Buenas Prácticas con lo que busca transparentar y eficientizar la contratación de agencias y promoción del país en los diferentes mercados internacionales.

 
Al hacer el anuncio, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que el Observatorio de Buenas Prácticas es un ente que viabiliza la transparencia de las acciones a ser realizadas en el concurso de la contratación de las agencias a ser utilizadas para impulsar el sector turístico en el exterior a través de iniciativas de mercado y promoción.

El funcionario dejó en claro
que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece que los procesos a ser realizados para compras, tanto nacionales, como internacionales, no incluyen algunos bienes y servicios a ser adquiridos en el exterior, para ser utilizados fuera del territorio nacional, tal es el caso de los contratos de publicidad.
 
 Dijo que como un ejercicio de transparencia, el Observatorio, integrado por representantes de las universidades, las iglesias,
la sociedad civil y los empresarios, tendrá la responsabilidad de selecciónale mediante concursos las agencias que trabajarán en la promoción del turismo dominicano en los diferentes mercados emisores.

“República Dominicana cuenta con 75 millones de dólares al año para promocionar el país en el mercado internacional y por más de 16 años se estuvo trabajando con las mismas agencias de promoción internacional sin un proceso de licitación, por lo que, esos contratos fueron rescindidos y en lo adelante se manejará a través del Observatorio de Buenas Prácticas, donde participan empresarios, sociedad civil, iglesias y universidades”, expresó Collado.
 
Asimismo, vía la plataforma zoom, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, felicitó al ministro Collado y la por la iniciativa, ya que constituye un gran paso para la transparencia en la sección de aliados y proveedores de servicio del sector.

Dijo, además, que la creación del Observatorio de Buenas Practicas fortalece el liderazgo que tiene República Dominicana en el turismo a nivel mundial.

 
Agregó que el Observatorio de Buenas Prácticas, sirve para fomentar la confianza de la población en el uso de los recursos del Estado y da oportunidad de igualdad a los sectores públicos, privados y sociedad civil que participa en este proceso.

“ En ninguna parte del mundo había visto que el sector bancario apoyara tanto a la industria turística, lo cual es importante para el desarrollo sostenible de un pais” expresó Zurab Pololikashvili.
 
Jacqueline Mora, viceministra técnica del MITUR, explicó todo el proceso que se estará ejecutando en el observatorio y que estará compuesto por un comité ejecutivo, comité técnico, observadores universitarios, profesionales.
 
Expresó que el esquema del observatorio ya fue definido con lo que se refiere al requerimiento y/o solicitudes, así como, los términos de referencia preliminares, y que en la semana del 20-24 de septiembre se realizará la primera reunión del comité técnico, la semana siguiente se iniciará el proceso de revisión jurídica y luego del 4 al 8 de octubre el viceministerio Administrativo y Comité Compras darán los pasos para proceder al proceso de compras.
 
El mismo iniciará el 11 de octubre, con un mes, para que todos los proponentes puedan enviar sus propuestas y realizar sus preguntas y el 13 de noviembre se reúne el comité técnico para revisar y ver todos los cumplimientos técnicos, para llevar su presentación el 22 de noviembre al Comité Ejecutivo y el 3 de diciembre ya se tendrían los nuevos aliados.
 
El observatorio de Buenas Prácticas está integrado por: Ministerio de Turismo (MITUR), Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Banco Popular, CCN, Cervecería Nacional Dominicanas, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), FINJUS, ASONAHORES, INTEC, PUCMM, APEC, UNIBE, UNPHU y OMT.
 
 
Dirección Comunicaciones
17 septiembre 2021

 

Momentos de la reunión sostenida entre la delegación de congresistas de los Estados Unidos y miembros del Consejo de Directores de FINJUS para intercambiar sobre aspectos de la realidad institucional y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. La delegación estadounidense fue encabezada por el Hon. Albio Sires, Jefe del Comité de Relaciones con el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, e incluyó a los Hon. Mark Green y Adriano Espaillat. Le acompañaron Robert W. Thomas, Chargé d’Affaires de la Embajada de los Estados Unidos y Rebecca Latorraca, Directora de USAID. Por FINJUS estuvieron presentes los miembros del Consejo de Directores, Sra. Elena Viyella de Paliza, Anyarlene Bergés y Rafael Izquierdo, así como Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

 

 

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