Agradezco la invitación a participar en este extraordinario evento, especialmente por la oportunidad de compartir con organizaciones de todo el continente y conocer sus experiencias en el análisis de problemas vitales para la transparencia y la gobernabilidad de nuestros países.

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) la corrupción se ha convertido en la peor amenaza al régimen democrático y al desarrollo integral de nuestros pueblos, por los daños que genera en el plano de las inversiones y el desarrollo económico como en la realización de los derechos fundamentales, el incremento de la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político y el fomento de alternativas lesivas para el bienestar y el futuro de los pueblos.

 

FINJUS ha abordado sistemáticamente estos temas de cara a la sociedad dominicana, con el sentido de la responsabilidad que nos ha caracterizado en estos 27 años de vida institucional, tratando de combinar de forma creativa las tareas de incidencia hacia los poderes públicos con el trabajo de crear un centro para la producción de pensamiento socio-jurídico, concentrándonos en la reforma de las instituciones democráticas, en especial del sistema de justicia y el desarrollo de la libre empresa en el marco de la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Ante la gama de situaciones que dificultan nuestro tránsito al desarrollo social integral, FINJUS ha tratado de contribuir en la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos, el adecuado funcionamiento de las entidades estatales en el marco de los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas, así como el reconocimiento del derecho de los ciudadanos de fiscalizar las medidas estatales y las políticas públicas. 

 

“La corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía son débiles, donde no hay responsables claros de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos, donde la impunidad es alta y donde la toma de decisiones públicas se ha visto comprometida por conflictos de intereses y la interferencia política. Por el contrario, un fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de riesgos puede prevenir y desalentar la corrupción.” [1]

 

Para promover esta visión, en América Latina se han generado importantes iniciativas innovadoras, que hemos tratado de replicar en nuestro país, con las limitaciones propias de nuestras culturas jurídica y política, pero aprovechando las últimas reformas que se han adoptado tanto en el plano constitucional como legal, que propician la participación social en las tareas del control, el seguimiento y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones estatales, lo que repercute en la calidad de la democracia y la gobernabilidad y fomenta  la colaboración con el Estado para las reformas del marco normativo, los programas sociales y la implementación de políticas públicas.

 

En los últimos años varias organizaciones de la sociedad civil se han comprometido con apoyar al Estado en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, en temas puntuales como la mejora del acceso y la calidad de los servicios a los usuarios en las áreas de la educación y salud, entre otros. Estos programas se han focalizado en los niveles local, regional y nacional. Tal ha sido el caso  de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), que han aglutinado múltiples sectores sociales y estatales en base al interés común de producir reformas significativas. De estas experiencias dedicaremos algunas líneas a esta última Iniciativa, en la que intervenimos.

 

El IPAC reunió a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, el sector empresarial y ONGs, con el acompañamiento de las 8 principales agencias de la cooperación internacional en el país con la finalidad de reducir los niveles de corrupción, elevar la integridad institucional en la administración y mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión y prestación de servicios públicos a la población.

 

La metodología de trabajo de la IPAC se basó en la organización de mesas temáticas y sectoriales, para el análisis, debate y proposición de acciones en temas sectoriales (Agua, Energía, Salud, Educación e Infraestructura) y transversales (Contrataciones y Adquisiciones, Servicio Civil, Gestión Financiera, Acceso a Información y Organismos de Control) del sector público y de importancia nacional.

 

Las mesas de trabajo se reunieron durante varias semanas y presentaron más de 50 propuestas concretas de implementación, muchas de las cuales fueron acogidas y convertidas en realidad, tanto en el plano normativo, organizaciones u operativo. La experiencia fue novedosa, retadora y movió el interés de múltiples sectores, quienes sintieron que estas iniciativas podían convertirse en un modelo de acción propositiva adecuada y generó entusiasmo moderado en la sociedad civil y algunos órganos públicos.

 

Dentro de los órganos del Ejecutivo que más impacto tuvo el IPAC destacamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que percibió en el IPAC una oportunidad de cambios. Desde el 2012 la Dirección ha estado implementando una gestión por resultados, basada en los compromisos asumidos por el Gobierno en la Mesa 1 que significó un proceso de reforma y modernización institucional para desarrollar sus capacidades como Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras Públicas, que incluían:

 

Una Reforma de su estructura organizativa, el desarrollo de un centro de servicios para atender la demanda de información y control de las operaciones de las compras y contrataciones; la readecuación de la infraestructura; el desarrollo tecnológico y la creación del Portal Transaccional. Junto a lo anterior se implementó un nuevo modelo de Gestión del desempeño institucional y el Diseño e implementación de la Estrategia de comunicación interna y externa.

 

El impacto que estas medidas han tenido en la Dirección y Compras y Contrataciones ha sido más que evidente. Miles de nuevos proveedores del Estado fueron registrados, existen mejores transacciones y hay un incremento de la transparencia en general y mayor participación en estos procesos de sectores anteriormente excluidos, como las Mipymes y las mujeres.

 

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos y alto compromiso de sus responsables, esta Dirección no ha podido jugar su rol de Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Estado, porque en sentido general este sistema está condicionado y atado a las formas atrasadas de hacer política que predominan en la sociedad dominicana, especialmente del estímulo del clientelismo y el fomento de la corrupción desde los partidos políticos, que no cuentan con una normativa que les regule en base a principios democráticos modernos, como los que recoge la Constitución reformada del 2010.

 

La República Dominicana vive un periodo de alta intranquilidad y desasosiego, como el preludio de las tormentas. Hemos sufrido los embates del crimen organizado transnacional, la infiltración de sus influencias en las instituciones nacionales y la aparición en territorio nacional de una serie de tipos y acciones criminales inéditas en nuestro medio.

 

Como telón de fondo se encuentra la crisis de las instituciones democráticas, la incapacidad de autorregulación de los partidos y la ausencia de un sistema de consecuencias eficiente y oportuno, cuyo punto de partida debe ser una judicatura independiente y un ministerio público con suficiente autonomía e inamovilidad como para controlar al poder político sin miramientos, pero en el marco del debido proceso que garantiza la democracia.

 

El tiempo apremia para esta ponencia, pero queremos concluir con una idea central: La corrupción es un mal que debe ser enfrentado con voluntad política, buenas leyes y prácticas eficientes y activa vigilancia de la sociedad para superar los obstáculos institucionales que de ella se derivan. Solo en el marco de la democracia y con la colaboración y coordinación activa entre Estado y Sociedad, podremos diseñar e implementar propuestas reales para sustentar una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.

 

En ese marco es que la reflexión socio-jurídica deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el camino de una praxis de cambio y renovación social.

 

Muchas gracias….

 

 

 

19 de octubre, 2017

 

[1] OEA. Guía para Implementar un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 2013.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera pertinente realizar algunas puntualizaciones sobre la iniciativa legislativa contentiva del Proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, dada las derivaciones que genera la propuesta aprobada en el Senado.

 

Esta iniciativa legislativa fue depositada el 31 de enero del presente año 2017 a raíz del contenido y exhortación de la sentencia número 0274/13 de fecha 26 de diciembre de 2013 que fuera evacuada por el Tribunal Constitucional y que declaró la inconstitucionalidad de la normativa que, hasta el momento regía el Colegio de Abogados, esto es la ley número 91 de fecha 3 de febrero de 1983.

 

Luego de la lectura pausada de este Proyecto de Ley valoramos  positivamente la introducción de un conjunto de novedades que mejoran el texto de algunos de sus artículos. Sin embargo, genera gran preocupación en la comunidad jurídica, el sector privado y la sociedad en general el aumento considerable de las tasas de servicios que propone el proyecto; dado que, en la actualidad, se utilizan sellos por un valor de 30 pesos como ingresos destinados al Colegio de abogados y, en virtud del proyecto pasarían a ser recibos de 100 pesos, para aquellos actos jurídicos que no sobrepasen los 2,000,000 de pesos, y, de este valor en adelante, un 0.0001% del monto involucrado en la transacción de que se trate.

 

Este aumento se reflejaría de forma muy notoria en los gastos administrativos necesarios para activar el aparato judicial, o lo que es igual, por adelantar o promover un procedimiento ante la justicia que solicitan los abogados representantes y que deben financiar los clientes, encareciendo así el acceso a la justicia. Lo que contradice la misión de Estado que promueve las condiciones jurídicas y administrativas para una justicia accesible y oportuna.

 

El aumento de las tasas para los actos y documentos jurídicos como fuente de financiamiento para el  Colegio de Abogados que prevé el Proyecto en su artículo 78 párrafo I quebranta los principios de progresividad y gradualidad en materia tarifaria, toda vez que no se analizan los indicadores mínimos de riqueza para efectos de determinar la efectiva capacidad contributiva de los obligados a comprar el sello de 100.00 pesos dominicanos, sino que de plano se parte de la presunción de que el  usuario  cuenta con suficiente capacidad económica para asumir el pago de esta tasa.

 

Con relación al referido proyecto de ley, vale subrayar que la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, propuso, entre otras consideraciones, una modificación respecto de las tarifas, indicando que la tasa de servicio a ser destinada al Colegio de Abogados por concepto de los actos y documentos judiciales sería de RD$50; a pesar de ello, esta acotación sustancial que disminuye en un 50% el monto originario establecido en el proyecto de ley y fija puntualmente una tasa única para los actos sin que haya variación por los valores envueltos en las diversas transacciones judiciales que son realizadas, la misma no fue tomada en consideración , toda vez que en la versión final que ha remitido el Senado a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se mantuvo la propuesta de recibos de 100 pesos, para aquellos actos jurídicos que no sobrepasen los 2,000,000 de pesos, y, de este valor en adelante, un 0.0001% del monto involucrado en la transacción de que se trate.

 

Entendemos que deben reconsiderarse estos montos, tal y como lo propuso la Comisión del Senado mediante el informe favorable que emitió, a fin de que las tasas de servicio que se aumentarán se correspondan con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad tarifaria de cara a cánones constitucionales como son la accesibilidad y  equidad de la justicia.

 

Por lo antes expuesto, FINJUS considera que el proyecto de Ley que pretende instituir el Colegio de Abogados de la República Dominicana, por su dimensión altamente reguladora de la profesión liberal de la abogacía, y al tratarse de un proyecto de ley que establece los presupuestos jurídicos de un ente de derecho público interno, debe ser objeto de un amplio debate, del cual debe surgir un acuerdo Estado-Sociedad, para que sea aplicable y razonablemente sostenible.

 

Se requiere, por tanto, una mayor y mejor deliberación de la normativa para que los interesados y la comunidad jurídica en general puedan realizar sus aportes y el resultado sea una ley técnicamente adecuada, socialmente consensuada y políticamente aplicable.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de octubre de 2017

La decisión que ha tomado la Comisión Bicameral que estudia las leyes electorales, en el sentido de dejar sobre la mesa el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas hasta tanto las directivas de los diferentes partidos se pongan de acuerdo, es una muestra de la falta de sintonía que existe entre la sociedad, el sistema de partidos políticos y los órganos legislativos.

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) son notorios los reclamos de amplios sectores sociales que plantean la urgencia de que se apruebe una ley moderna de partidos que imponga el orden y transparente la vida interna de las agrupaciones políticas, por lo que es lamentable el retraso que implica esta nueva decisión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley en este tema.

 

Para FINJUS es inaplazable que dicha Comisión encamine sus pasos hacia el establecimiento de un amplio consenso social que trace las líneas fundamentales sobre las cuales se defina la nueva ley de partidos, porque es evidente que las cúpulas de los partidos no parecen estar interesadas en plantear soluciones que dirijan sus agrupaciones por las sendas de la democracia interna, la transparencia en el manejo de los recursos y la observación cabal de los principios constitucionales sobre esta materia.

 

El fortalecimiento de nuestro régimen político y de la gobernabilidad democrática en sentido general, sólo es posible si las leyes de partidos políticos y de régimen electoral son aprobadas contando con una amplia legitimidad política y social, para lo cual es imprescindible la realización de consultas e iniciativas con toda la sociedad que permitan alcanzar un gran consenso social sobre el tema.

 

La aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe hacerse realidad en el marco de esta legislatura. Los legisladores deben continuar generando los consensos sobre la base de la representación popular, de la consulta con las organizaciones sociales representativas e ir más allá de los límites que continúan imponiendo las directivas y estructuras de los propios partidos políticos.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de octubre del 2017.

 

En una manifestación simultánea en varios puntos del país,  grupos de jueces expresaron su disconformidad con las decisiones del Consejo del Poder Judicial de suspender sin disfrute de sueldo a varios jueces a los que se acusa de supuestamente haber cometido acciones que vulneran leyes y disposiciones del orden judicial en el conocimiento de expedientes. Los jueces que se manifestaron resaltaron que en el caso de los jueces suspendidos no se ha respetado el debido proceso de ley ni se han resguardado sus garantías y derechos fundamentales.

 

FINJUS ha reiterado su defensa a las acciones que conllevan los procesos dentro de los diferentes órganos del sistema de justicia de nuestro país para incrementar los mecanismos de control, inspección y aplicación de consecuencias sobre quienes cometen delitos o encubren las acciones del crimen organizado. FINJUS ha advertido que la crisis de confianza y credibilidad que percibe la ciudadanía sobre el sistema de justicia es un elemento que impide la superación del clima de impunidad que daña nuestra sociedad.

 

Por ello hemos solicitado al Consejo del Poder Judicial que explique con claridad a la ciudadanía sobre los actos que realiza para procesar los  expedientes que ha levantado el Departamento de Inspectoría del Poder Judicial sobre denuncias de irregularidades de parte de magistrados y funcionarios. Apoyamos que esas acciones sean investigadas con total transparencia y con estricto apego al debido proceso de ley y a los derechos fundamentales de todos los magistrados. 

 

Es conocido que a lo largo de los últimos meses la Inspectoría Judicial viene realizando una importante labor de instrucción, seguimiento y trámite de quejas en relación a irregularidades y violaciones cometidas al interior del  Poder Judicial. La ciudadanía debe tener la seguridad de que ese trabajo se realiza apegado a criterios legales, profesionales y éticos adecuados, que ayudará a restablecer la  confianza ciudadana en la justicia y servirá de base a la independencia judicial y el fortalecimiento de este vital Poder del Estado

 

La sociedad sigue atónita los escándalos recurrentes en el sistema de justicia. En ese sentido, llamamos a todos los actores involucrados a ponderar el conjunto de problemas que están presente en la actual situación y que el Consejo del Poder Judicial responda con nitidez a las demandas de la sociedad para asegurar la transparencia interna, sin menoscabar la independencia, los derechos y garantías de los jueces y funcionarios judiciales, evitando los excesos,  prácticas arbitrarias y violaciones al debido proceso de ley.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

10 de octubre del 2017.

Nosotros, Jueces y Juezas de la República Dominicana, inspirados en los valores y principios fundamentales de la dignidad humana, la justicia, libertad, igualdad y el imperio de la Ley, como base esencial para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a expresar de manera libre y sin censura previa nuestras opiniones e ideas, presentamos el siguiente 

 

MANIFIESTO POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA:

 

El Poder Judicial celebró en octubre del año 2016, la Cumbre Judicial Nacional como una iniciativa para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones, asumiendo el compromiso de promover la autonomía y la independencia del Poder Judicial como un mecanismo para el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, y establecer protocolos y reglamentos estandarizados en el marco del sistema de integridad y régimen de consecuencias para los jueces y empleados judiciales, de manera que exista un procedimiento previamente establecido y acorde con las normas del Debido Proceso establecido en la Constitución Dominicana.

Sin embargo, durante el devenir del año 2017, la sociedad dominicana ha sido testigo de primer orden de lo que podemos calificar como un atentado sistemático a la independencia judicial desde el Consejo del Poder Judicial, que ha recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión de jueces, de forma indefinida y sin disfrute de salario, sin emitir una decisión que contenga los motivos de esta suspensión, sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y en muchos casos sin siquiera iniciar una investigación.

La independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todo ciudadano, del conglomerado social, que, en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe recibir tutela judicial efectiva. Y, ¿cómo se ejerce este derecho? Acudiendo al escenario judicial con plena certeza de que recibirá respuesta de un juez independiente e imparcial, que juzgará el reclamo que ha presentado y decidirá en base a lo que le ha sido mostrado y probado, al margen de toda influencia externa, sin recelo, temor, ni preocupación por el impacto que pueda tener esa decisión, apegado única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.

La suspensión de un juez de forma indefinida, sin disfrute de salario, sin la debida fundamentación y al margen de una investigación o proceso disciplinario, atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República, muy especialmente la presunción de inocencia; constituye una sanción anticipada para los jueces que, sin disponer de acciones para reivindicar sus derechos ven lesionadas su moral, su estabilidad familiar, su estabilidad laboral, y sobretodo su dignidad personal, al ser privados de los ingresos económicos que le permiten tener un mínimo vital; recordemos la realidad legal conforme la cual, un juez está impedido de realizar otra labor fuera del quehacer jurisdiccional y la academia.

Reconocemos la importancia de un régimen disciplinario, y un efectivo sistema de consecuencias como mecanismo de control, legitimación y fortalecimiento del sistema judicial. Ningún miembro de la judicatura que falte al juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes en detrimento de los intereses legítimos del ciudadano que reclama justicia debe quedar impune, lo que exigimos es la existencia de un proceso disciplinario acorde con el debido proceso de ley, en el que se respeten los derechos y garantías de la persona sometida al mismo, donde primen los valores supremos de dignidad, igualdad y justicia.

En atención a esto, solicitamos a los miembros del Consejo del Poder Judicial reflexionar acerca de este proceder, advertir la afectación que esto está ocasionando al sistema de justicia del país, cómo erosiona la credibilidad del Poder Judicial, debilitando la seguridad jurídica de la Nación.

Ante esta crítica situación que afecta al Poder Judicial y la sociedad, requerimos al Consejo del Poder Judicial:

  • a) Cumplir con el compromiso asumido públicamente en la Cumbre Judicial Nacional de impulsar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
  • b) Actuar con objetividad, divorciados del populismo y abrazados de la Constitución y las leyes, con el interés de contribuir a la estabilidad y el mantenimiento del sistema de justicia de la República Dominicana.
  • c) Abolir de manera inmediata la práctica irregular de suspender jueces, sin disfrute de salario en el curso de un proceso disciplinario.
  • d) Establecer un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios, delimitando las medidas cautelares, supuestos de aplicación, procedimiento y extensión y los plazos para la investigación, procesamiento y juzgamiento del funcionario, acorde con las reglas del debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, como eje transversal a toda actuación de órganos de poder.
  • e) Hacer cesar de forma inmediata toda transgresión a los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales sometidos a proceso disciplinario y de aquellos suspendidos sin proceso.

 

La independencia judicial no es nuestra, es del pueblo ¡Independencia!

 

10 de octubre, 2017

Coordinadora: Lic. Omar Victoria C.

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En los últimos días se ha discutido ampliamente sobre la necesidad de que las organizaciones políticas realicen primarias abiertas o cerradas de cara al próximo torneo electoral y, ante todo, que cualquiera de las dos propuestas sea convertida en un mandato imperativo normativo contenido en la polémica y larga discusión sobre la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

 

Recientemente, la opinión pública se ha hecho eco de numerosas opiniones encontradas, tanto de sectores de la sociedad civil o de los propios actores que serán regulados: los partidos políticos y sus órganos de dirección. De esta forma, se han generado disensos que merecen ser valorados en su justa dimensión y discutidos con profundidad para poder lograr un análisis jurídico- político real.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en aras del fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, considera que este tema es de suma importancia para el futuro del país y su modelo político, puesto que será determinante en cada paso de nuestra vida democrática. Por esta razón, es nuestro deber expresar nuestro punto de vista en ambas propuestas y lo que ello implicará para nuestro orden institucional.

 

Este debate impone una colisión de ideas que podrían definirse, grosso modo, bajo dos preceptos esenciales del constitucionalismo moderno: el principio democrático, la participación de la ciudadanía en las instituciones de derecho público y la libertad de asociación. Sobre lo anterior, nos referiremos a su contenido a continuación.

 

  1. Sobre las primarias abiertas.

 

En otras ocasiones, la FINJUS se ha expresado explicando la debilidad de esta propuesta. Organizar el mismo día la celebración de primarias en los partidos políticos presenta ciertas peculiaridades y aristas de orden jurídico- constitucional y político, que ameritan ser cuidadosamente ponderadas por sus derivaciones.

 

En cuanto a lo primero, nuestra Constitución en el artículo 216 establece que “la organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución[1]. Lo anterior significa que por su naturaleza pluralista, los partidos políticos podrán constituirse bajo libre configuración y que no deben estar sujetos a un modelo organizativo único o restrictivo, siempre que respeten las normas constitucionales. De esto se trata la protección y el cumplimiento del principio democrático, al cual hicimos alusión en líneas anteriores.

 

Sumado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 16 de marzo del 2005 declaró No Conforme con la Constitución la Ley No. 1286-04 del 15 de agosto del 2004, que establecía el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto el mismo día para todos los partidos. Esta sentencia, al poseer la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se inscribe dentro de los presupuestos normativos del artículo 277 de la Constitución, el cual impide revisar sentencias firmes previas al 26 de enero del 2010, por lo que el precedente jurisprudencial indicado ut supra se mantiene vigente en el orden constitucional dominicano.

 

En lo que respecta al aspecto propiamente político del tema que nos ocupa, es preciso realizar algunas puntualizaciones que merecen ser analizadas. En primer lugar, el principio de democracia interna de los partidos o agrupaciones políticas no impone automáticamente la celebración de primarias, sino que engloba un conjunto de mandatos que incluyen la obligación de respetar la participación directa de su militancia en cada fase del proceso; el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de los partidos y necesidad de contar con órganos de control de la vida interna, independientemente de la forma que adopten.

 

Por tanto, no existe obligatoriedad legal, constitucional o política para que los partidos se acojan exclusivamente a un solo tipo de procedimiento específico para garantizar la democracia interna en los partidos, ya que la organización y estructura de estas agrupaciones ha cambiado en el tiempo.

 

La selección de los miembros para ser postulados como candidatos en sufragios podría hacerse mediante convenciones, asambleas, delegaciones representativas, por citar algunos ejemplos, tomando en cuenta que los mecanismos de elección deben estar supeditados al respeto de los principios anteriormente mencionados, aunque no necesariamente sujetos a formalismos de diseño estricto y restrictivo y mucho menos a un espacio temporal determinado.

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, a nuestro juicio, la descripción de orden jurídico y político detallado anteriormente necesariamente impide la posibilidad de que se obligue a las organizaciones políticas a asumir las primarias abiertas como única opción de encarnar su funcionamiento democrático interno, independientemente de que una norma así lo decida.

 

Si bien los partidos políticos podrían, bajo absoluta discreción, confiar en este método para su vida democrática ya sea para una posibilidad de masificación y mayor participación de la ciudadanía, no menos cierto es que no están obligados por supuestos constitucionales, mandatos desde el Estado o imperativos legales a hacer uso de esta vía.

 

  1. Sobre las primarias cerradas.

 

Los partidos políticos son instituciones de derecho público, tal como lo define nuestra Constitución. El concepto anterior es el que ha provocado la intencionalidad de algunos grupos de opinión de que, por su naturaleza pública, la vida interna de los partidos deba estar sujeta al escrutinio de todo aquel inscrito en el padrón electoral, es decir, con capacidad para el sufragio.

 

Sin embargo, a pesar de esta naturaleza pública, nuestra Ley Sustantiva en el artículo 47 establece la libertad de asociación como un derecho fundamental de carácter colectivo, siempre y cuando sea para fines lícitos. La interpretación in abstracto de esta prerrogativa constitucionalizada, implica la libre agrupación de personas (en el caso que nos ocupa para la conformación de un partido político) y, a su vez, implica que nada podría impedir, dentro de los parámetros de la licitud, que se pretenda obligar a las personas asociadas para un determinado fin, en este caso presumiblemente ideológico, que decidan sobre las formas y esferas de decisión del resultado que de su propia asociación fuere establecido.

 

Trasladándonos al caso concreto, debe ponderarse el valor que tiene la militancia para los partidos y/o agrupaciones políticas, es decir, quienes hacen vida interna y garantizan la democracia dentro de la organización. No obstante, consideramos importante que quienes forman parte de la organización decidan libremente sobre su vida interna, pero no estaríamos de acuerdo en que esta práctica suponga una perpetuidad de elección de candidatos según la afinidad con las directivas partidarias.

 

Además de lo anterior, no podemos dejar a un lado la motivación política de esta propuesta. Para nosotros es un hecho que las primarias cerradas evitan el uso desmedido del asistencialismo como manera principal de ganar un torneo electoral interno.

 

Debe reconocerse que, en nuestro país, algunas de las debilidades institucionales que acarrean históricamente los partidos políticos podrían enfrentarse, en cierta medida, si éstos son los que deciden orgánicamente sobre su vida interna, frenando la posibilidad de que miembros de otras organizaciones incidan en el carácter democrático de instituciones que no formen parte y puedan variar resultados a su conveniencia.

 

 

Para la FINJUS, el centro de la discusión versa sobre la ponderación de dos aspectos fundamentales que determinan cuál debe ser el grado de intervención del Estado en el fondo y las formas de los partidos y agrupaciones políticas: la libertad de asociación (expresado en la organización de partidos políticos) y el carácter público (función pública que cumplen) de estas organizaciones.

 

A partir de la ponderación de estos dos aspectos es que el Estado determinará su intervención. Es cierto que el partido es una expresión del derecho a la libre asociación política, aunque ya sabemos que esa asociación debe cumplir con determinadas condiciones: democracia interna, objeto lícito, entre otros. Por estas condiciones mencionadas anteriormente, se permite una mayor intervención del Estado.

 

Sin embargo, el grado de intervención conforme a la configuración constitucional actual no permite al Estado determinar cuál debe ser en concreto la forma de elección de los candidatos. Más allá de tratar forzosamente la inconstitucionalidad al respecto de este tema, debe tomarse en cuenta que la intervención del Estado no exceda lo constitucionalmente posible y afecte de manera irrazonable la libre asociación.

 

De manera que, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), invita al Estado y los partidos políticos a reflexionar en esta dirección y lograr tomar una decisión consensuada y que no ponga en riesgo a nuestro sistema político. Los preceptos de orden jurídico y político que circundan este tema, no son superiores a la necesidad de que se apruebe una Ley de Partidos Políticos, en cuya discusión hemos estado inmersos durante casi veinte años sin obtener algún fruto.

 

No será posible el desarrollo de la gobernabilidad democrática ni el mejoramiento de la institucionalidad si del diálogo entre los actores que dirigen la vida pública, en un determinado momento, no es provechoso. Lo verdaderamente importante es garantizar que los mecanismos de la vida orgánica interna de los partidos respondan a un contenido democrático, tanto en lo organizativo como en los procedimientos de elección, sin que ello implique un excesivo intervencionismo por parte del Estado ni tampoco que ello desvirtúe la naturaleza pública de las organizaciones políticas.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

9 de octubre del 2017.

 

[1] República Dominicana. Constitución Política 2015. Artículo 216. Subrayado y resaltado nuestro.

 

Uno de los temas neurálgicos para la eventual aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es la transparencia. Las propuestas relacionadas a la claridad en el manejo de los fondos de las organizaciones políticas todavía no han encontrado el punto de consenso necesario para que nuestro ordenamiento jurídico cuente con pronta incorporación.

 

 La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha insistido en promover cada uno de los temas trascendentales para combatir la corrupción que corroe el sistema político, por lo cual consideramos fundamental que no queden lagunas que impidan solucionar problemas a futuro.

 

En ese sentido, consideramos que, de aprobarse una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán tomarse en cuenta dos aspectos sumamente relevantes para la transparencia y, por ende, para mejorar la calidad democrática de nuestro país: el ajuste de los fondos de los partidos a las normas relativas al sistema de compras y contrataciones y el desglose obligatorio de los fondos públicos y privados por parte de las organizaciones políticas.

 

  1. Sobre el ajuste al sistema de compras y contrataciones públicas.

 

La evaluación de la aplicación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas en los diferentes estamentos de la Administración Pública ha revelado las deficiencias que existe en el sistema nacional de compras y contrataciones, lo que es más dramático cuando se analiza todo lo relativo al notable descontrol existente en las rentas públicas por parte del Estado.

 

En otras ocasiones, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), hemos realizado propuestas para la reforma de esa norma, puesto que consideramos que de esa manera se convertiría en un valioso instrumento  para la vigilancia y la transparencia del gasto público.

 

Cuando analizamos la naturaleza homogeneizadora de esta normativa, podemos dar cuenta de que reviste suma importancia en el propio funcionamiento del manejo eficiente de los fondos públicos en el Estado Social y Democrático de Derecho. Visto esto, cabe preguntarse, ¿qué relación tendría el contenido de esta norma y su naturaleza con el sistema de partidos?

 

Las organizaciones políticas, en algún momento determinado, podrían realizar compras públicas, ya sea para la adquisición de bienes de cualquier naturaleza o para la contratación de determinados servicios básicos. Una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe indicar que estas entidades de derecho público ajusten sus actuaciones al funcionamiento del sistema de compras y contrataciones públicas.

 

De ser así, la nueva legislación en materia de partidos, en lo que respecta a los fondos públicos que reciba, debe tener una indicación precisa de que el sistema de compras y contrataciones debe ser su marco de referencia. Por tanto, además de la división estricta que propondremos más adelante sobre lo que deben establecer los partidos respecto a los fondos públicos y privados, estas organizaciones deben contar con un presupuesto normativo que les ordene ajustarse a la Ley No. 340-06, obteniendo con ello un mayor margen de transparencia al tenor de sus facultades.

 

 

  1. Sobre el desglose de los fondos públicos y privados.

 

Los partidos políticos reciben tanto fondos públicos como fondos privados, atendiendo al texto del artículo 47 de nuestra normativa electoral[1] y a la cultura política tradicional. En ese aspecto, queda claro que ha habido consenso por parte de la ciudadanía en que se mantenga  un financiamiento mixto, por el momento.

 

Sin embargo, no se ha establecido aún una obligatoriedad del desglose de los fondos que reciban las organizaciones políticas, puesto que al ser instituciones de derecho público susceptibles de auditorías por parte del Estado –a fines de mayor transparencia–, debe aclararse cuándo están actuando en ejecución del financiamiento recibido de fuentes privadas o cuándo proviene de las arcas estatales.

 

Tal como establece nuestra Constitución, los partidos políticos en cuanto a “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley.[2] De manera que los partidos tienen un mandato constitucional de ajustarse a esquemas de transparencia.

                                                                                    

Tomando en cuenta lo anterior, el uso de los fondos públicos es de interés y competencia de cada ciudadano y, a fortiori, ya que se trata de instituciones donde se concentra la representación popular. Así, la división clara entre fondos públicos versus fondos privados, dentro del marco de lo que los partidos y agrupaciones políticas decidan aplicar, permitirá fiscalizar con mayor profundidad la totalidad del financiamiento y, a su vez, generar las bases para recuperar la credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía.

 

En ese orden, en las discusiones sobre el contenido de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, respecto al asunto que hemos mencionado, debe indicarse que estatutariamente estas organizaciones estén obligadas a presentar una plantilla de división de los fondos recibidos dentro de su presupuesto de ingresos y gastos y, además, que cuente con el fácil acceso de la ciudadanía para su efectiva democratización. 

 

Esta es una coyuntura clave para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Enfrentar la corrupción implica la utilización de mecanismos alternativos y de un irrestricto apego al imperio de la ley. De manera que, este es el escenario idóneo para que la clase política asuma como suyos estos presupuestos y se generen los consensos necesarios para que sea promulgada una Ley de Partidos con los más altos valores éticos y democráticos y que se convierta en un hecho la reforma a la Ley No. 340-06.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

1 de octubre de 2017

 

 

 

[1] Véase Ley Electoral de la República Dominicana No. 275-97. Artículo 47.

[2] Ver Constitución Política. Artículo 216. República Dominicana. Subrayado nuestro.

-¿Cuáles son los puntos positivos que usted destaca en la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y cuáles son las principales limitaciones?

De la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, aprobada recientemente, destacamos un amplio contenido que dota al sector financiero de mayores herramientas para combatir las actividades criminales. Esta normativa hace operativo un protocolo de control real de la naturaleza de las transacciones financieras permitiendo determinar el origen de los recursos de ciertas operaciones bancarias con lo cual se pretende evitar que personas físicas u organizaciones ilícitas perjudiquen al sector financiero con operaciones y/o transacciones de naturaleza inusual.

De igual forma, dentro de las novedades que entendemos positivas, resaltamos la facultad del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos para incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades diferentes a las listadas en la nueva ley y que se considere que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todo esto sin abocarnos a explicar interesantes inclusiones como la ampliación de la tipificación de los llamados delitos precedentes, la revaloración de la cuantía de las penas, imposición de considerables sanciones administrativas y demás aspectos que sin dudas resultan determinantes para disminuir la cantidad de ilícitos que pueden quedar impunes y, en consecuencia, el fortalecimiento de un Estado de derecho.

En contraste con esto, consideramos que la nueva Ley podrá encontrar cierta resistencia de querer aplicarse de manera eficiente y coordinada, toda vez que lograr esto  entraña modificaciones sustanciales en los sistemas de control y vigilancia y entrar en convergencia con los sectores afectados; por mencionar alguna, deberán erigirse estructuras más especializadas no solo en el seno estatal sino también dentro de las empresas y organizaciones de carácter privado que resultan ser sujetos obligados. Respecto de esto se hace necesario la elaboración de un reglamento de aplicación que defina puntualmente la aplicabilidad de la norma y dé respuesta a preocupaciones atendibles del sector privado.

-¿Tiene el Estado dominicano mecanismos técnicos para garantizar la aplicación de una legislación como la Ley 155-17?

A pesar de que la ley 155-17 es un instrumento legislativo complejo por la cantidad de ilícitos que recoge, su amplio alcance respecto de los sujetos que obliga y las medidas que se les impone tomar, las disposiciones que establece no son irrealizables para el Estado dominicano, y es que, en esencia, de lo que se trata es de mantener un engranaje armonizado entre los órganos estatales competentes y el sector privado susceptible del sistema de registro de datos de las operaciones financieras y transacciones que se realicen.     

En suma los mecanismos a utilizar serán una eficiente colaboración interinstitucional, la obligatoriedad de un análisis financiero previo y un rol activo del sector privado, en su calidad de sujeto obligado, respecto de quienes tienen un manejo directo; así también,  tomar en cuenta el flagelo internacional de financiación del terrorismo de lo cual se puede propiciar enlaces estratégicos con países de la región que puedan intercambiar impresiones respecto de sistemas efectivos que se hayan utilizado.

Entendemos que el cumplimiento de la norma y su aplicación efectiva dependerán en gran medida del fortalecimiento de la institucionalidad de los órganos estatales encargados de vigilar las operaciones mediante la información que suministren los sujetos obligados.

-¿Cómo evitar que la Ley 155-17 abra espacio a “una cacería de brujas” que afecte el clima de negocios y la inversión extranjera, como temen los industriales?

Utilizar la analogía de “cacería de brujas” resulta un tanto extremista, pues, si bien la Ley de que se trata establece un catálogo amplio de sujetos obligados y una serie de medidas de las que se deberá tomar un buen recaudo, se trata esencialmente de que el sector privado colabore de manera activa con los órganos de vigilancia del Estado.

Esto de ninguna manera será proyectar a Republica Dominicana como un sistema al acecho, por el contrario se trata de evitar que nuestro país sea entendido como un blanco fácil para “por arte de magia” convertir dineros de procedencia ilícita en enriquecimiento justificado, por citar un ejemplo. 

-¿Pone la Ley sobre Lavado de Activos funciones de vigilancia del Estado en manos del denominado “sujeto obligado” abogado o notario?

No se trata de una delegación del deber de vigilancia en la que el Estado se desentiende de sus funciones y se la carga a los sujetos obligados, incluyendo, a los abogados y/o notarios, sino más bien una asignación coherente al sector privado de un deber de control de las personas y/o clientes que maneja directamente y, a su vez, una rendición de cuentas transparente ante los órganos competentes que le permita al Estado validar y vigilar las operaciones de las cuales son parte estas empresas, entidades financieras y demás sujetos obligados.

-¿Se podría exceder la autoridad al aplicar la ley respecto a algunos de los sujetos obligados?

La Ley y su aplicabilidad no es ajena a la garantía del debido proceso; en ese sentido el margen de acción de la autoridad, en este caso los órganos competentes según el sujeto obligado de que se trate, estará enmarcado dentro de la legalidad, razonabilidad y la pertinencia.

En tanto los sujetos obligados cumplan de manera eficaz y transparente con sus deberes de control y rendición de cuentas, según los parámetros indicados en la norma, la autoridad competente no necesitará exceder en sus mecanismos de vigilancia y/o constreñimiento.  

-¿La Ley 155-17 abre camino a un tipo de sociedad dónde los ciudadanos se tienen auto-vigilar uno a otro en forma permanente?

Se debe aclarar que la Ley no crea desde cero una estructura destinada a vigilar y garantizar la licitud de los fondos que circulan a nivel nacional, sino que se reestructura y amplía un sistema de control que desde la Ley 70-02 se venía construyendo. No se trata entonces de una normativa que viene de repente a poner la sociedad en un estado de zozobra y de vigilancia extrema, sino más bien responder de manera coherente a una realidad que nos arropa.

Con esta Ley se procura una actitud responsable de aquellas entidades que advierten operaciones realizadas en su institución, empresa y/o bajo su asesoría con valores inusuales o de dudosa procedencia entendiendo que, al ser los encargados de su manejo directo, pueden aportar datos más precisos que permitan al Estado protegerse de recepción desmedida e impune de valores obtenidos de manera ilícita y que estos sean objeto de “blanqueo”.

Es preciso recordar que el objetivo de esta Ley no es puramente lo relacionado al sector privado ni se crea con ánimos de vulnerar los movimientos financieros que se realizan, sino de fortalecer los mecanismos jurídicos que permiten tipificar aquellas conductas orientadas a la legitimación de recursos que tienen su fuente en actividad delictiva y, además, enfrentar el creciente terrorismo como una realidad del siglo XXI.

-¿Resultan bajos los montos de dinero que establece la Ley 155-17 para realizar transacciones comerciales con efectivo?

Los montos de dinero mínimos de los que habla la ley, a partir de los cuales se debe tomar medidas, en sí mismos no son cantidades desorbitadas; sin embargo, quien maneja esas cantidades de dinero en efectivo sin justificación probable de manera inmediata, deber ser vigilado de cerca pues hay una presunción de una posible procedencia sospechosa de los mismos.

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