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Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) la creación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas es un elemento constitutivo de nuestro ordenamiento jurídico, sustentado en los principios del Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello se han establecido un conjunto de normas para generar las acciones que contribuyan a ese fin. Sin embargo, pese a las buenas intenciones que reflejan algunos actos de los poderes públicos, la realidad es que en la República Dominicana aún se manifiestan muchas debilidades para enfrentar las diversas formas de corrupción.

 

Un ejemplo significativo y muy pertinente es la situación de la aplicación de la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, creada con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas por parte de los funcionarios de todos los poderes y órganos del Estado y garantizar que en el ejercicio de sus responsabilidades la buena administración de los recursos públicos sea la regla y permita prevenir o eventualmente castigar el enriquecimiento ilícito o cualquier otro crimen contra la sociedad.

 

Para La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), al cumplirse los tres años de la promulgación de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, evaluamos que su aplicación ha sido limitada y no ha servido a los fines para los que fue creada, constituyéndose en una nueva pieza del sistema que contribuye a la impunidad y que impide la creación de una cultura de transparencia  y de aplicación de consecuencias para quienes se enriquecen  con los fondos públicos.

 

Esta situación se sustenta en las insuficiencias de la propia ley que impide la acción coordinada de los diferentes órganos involucrados, como es el caso de la Cámara de Cuentas, contribuyendo a la ineficiencia operativa, la falta de controles, y la incapacidad de operativizar los mecanismos de acción que generarían las consecuencias contra los que violen esta norma.

 

El deber del funcionario de rendir declaración jurada de sus bienes posee rango constitucional, consagrado en el artículo 146, numeral 3 de la Constitución de la República. Y sobre esta base es que se sustenta la Ley No. 311-14 promulgada el 8 de agosto del 2014.

 

Antes de esa fecha, existía la Ley No. 82-79 que obligaba a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Notario Público de los bienes que constituían para aquel momento su patrimonio. En su artículo 1 especificaba una lista de funcionarios que estarían obligados, dentro del mes de su toma de posesión, a hacer la declaración jurada de su patrimonio, y lo mismo debían hacer dentro del mes de haber cesado en sus funciones.

 

Las dificultades para hacer realidad esta norma son las que inspiraron a los legisladores a adoptar una nueva Ley, que estuviera más armonizada con las  dinámicas actuales que se derivan a la naturaleza de la función pública vigente hasta hoy en día. De ahí nace, grosso modo, la Ley No. 311-14.

 

De acuerdo a la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento de Aplicación, Decreto No. 92-16, establecen que este tipo de declaraciones deben hacerse respecto de todos los bienes que tiene el funcionario o empleado público al momento de iniciar un cargo público o de elección.

 

En el marco de este deber legal y constitucional están incluidos altos funcionarios, como lo son: el Presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, ministros, magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y del Ministerio Público y, en general, aquellos funcionarios que administran, manejan o disponen de fondos del Estado.

 

La Ley No. 311-14 y su Reglamento de Aplicación crean un sistema automatizado y uniforme para las Declaraciones Juradas de Patrimonio, estableciendo quienes serían las personas o sujetos obligados a presentar la declaración; el procedimiento y contenido de las mismas, así como el sistema de consecuencias y sanciones ante el incumplimiento de esta obligación.  

 

Al momento de su adopción y promulgación la Ley 311-14 fue presentada como una transformación relevante del escenario social, pues contiene modificaciones que abarcan tanto el orden administrativo como las implicaciones jurídico-políticas que ella encierra. Esto se manifiesta en su artículo 14 que establece las sanciones por omisión de declaración, al disponer que “todo servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere en el plazo establecido u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08 de Función Pública.” Además, ésta última norma ordena que dichas faltas se sancionen con la destitución del cargo del funcionario en cuestión.

 

De acuerdo al artículo 81 de la Ley de Función Pública el régimen disciplinario de los servidores públicos se fundamenta en la gradación de las faltas, de la siguiente manera: 1. Faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita; 2. Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por noventa (90) días sin disfrute de sueldo; y, 3. Faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servicio.

 

Obviamente, las faltas de la Ley No. 311-14 caen dentro del renglón de faltas de tercer grado contempladas en la Ley No. 41-08 debido a que se trata del manejo del patrimonio, lo que a sano juicio del legislador debe enmarcarse en la destitución del cargo. Si de allí se derivan conductas penales, recayendo en el Ministerio Público las acciones de investigación pertinentes que se derivan de ello.

 

En FINJUS hemos manifestado gran preocupación por la capacidad de las instituciones para ser operativas y aplicar las nuevas leyes y reglamentos. Son muchos los casos en que la dificultad se deriva precisamente de las insuficiencias de los reglamentos diseñados para implementar las leyes y que terminan siendo un obstáculo para su aplicación eficiente. Tal es el caso del Reglamento No. 92-16, de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

 

Observamos que varios presupuestos del Reglamento no garantizan la  operatividad que un instrumento de este tipo ameritaría tener. Aunque el Reglamento establece la forma como debe ser presentada la Declaración Jurada y su contenido, no especifica cómo debería hacerse el proceso de verificación e inspección de tales Declaraciones con suficiente profundidad. En ese sentido, aunque se detallan las obligaciones de los funcionarios, no se especifican al  mismo tiempo, las vías para que la Oficina de Evaluación o a la Cámara de Cuentas, garanticen su cumplimiento.

 

Un ejemplo de ello es la obligación de discreción que establece el artículo 27, cuando dispone que “cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, que participe de las actuaciones, y las demás personas que, por cualquier motivo adquieran conocimiento de las mismas, tienen la obligación de guardar discreción.” Aunque se protege el derecho fundamental a la intimidad, el Reglamento no establece cuál sería el mecanismo sancionatorio que se derivaría del incumplimiento de esta obligación.

 

En ningún lugar del texto del Reglamento se contempla un mecanismo para que la Cámara de Cuentas haga efectiva dicha disposición, por ejemplo, estableciendo sanciones a quienes violen el secreto de las actuaciones de ese órgano, lo que significa un gran reto para el manejo de ese organismo. Observamos que la obligatoriedad de este artículo se queda en el plano moral, a disposición de la buena fe que tengan quienes están llamados a acatarlo, poniendo en riesgo el resultado de las actuaciones de la Oficina de Evaluación en un tema que es crítico para garantizar la institucionalidad y transparencia en el Estado Dominicano. 

 

La aplicación de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio debe ser reforzada.

 

La Declaración Jurada de Patrimonio forma parte de una cultura de transparencia que debe promoverse desde el Estado Social y Democrático de Derecho y que rige a todas y todos los funcionarios o servidores públicos, pues evidencia su realidad patrimonial y financiera, con lo cual se puede verificar si existe concordancia entre sus ingresos y sus bienes y gastos.

 

La definición anterior es importante para el país, ya que constituye no sólo un instrumento de control de la gobernabilidad, sino también de control social para una actuación pública transparente en el marco del fortalecimiento de la seguridad jurídica y, también, una herramienta clave para la lucha contra la corrupción.

 

La Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio atribuyó a la Cámara de Cuentas la responsabilidad de ser el órgano encargado de controlar, fiscalizar y aplicar sus presupuestos, además de promover la coordinación interinstitucional con los órganos de control e investigación de la corrupción para garantizar la efectividad del sistema.

 

Esto es coherente con el artículo 248 constitucional que establece que la Cámara de Cuentas es el órgano superior  externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del  patrimonio del Estado, con personalidad jurídica, carácter técnico y gozando de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Hemos valorado su inclusión en la Constitución como  significativo paso de avance, debido a que “una de las grandes deficiencias que ha revelado la democracia participativa es que el diseño de los mecanismos constitucionales de control opera internamente entre los poderes públicos[1] y al otorgarle a la ciudadanía potestad de control obligaría una activa y efectiva vigilancia.

 

En la Constitución del 2010 se permite una mayor participación de la ciudadanía al añadir en su contenido un mayor catálogo de derechos fundamentales (como el derecho a la intimidad antes mencionado) y sujetar su operatividad tanto a los poderes públicos como a las instituciones, tal como la propia Cámara de Cuentas.

 

Consideramos que el principal obstáculo a superar desde el Estado Dominicano en materia de transparencia es la cultura imperante entre nuestros funcionarios de negarse a declarar la totalidad de su patrimonio. Es un reto que aún tenemos por delante, propio de las debilidades institucionales de un modelo y una cultura política que incentiva la opacidad en materia de gestión de los recursos públicos.

 

Es inaceptable, desde nuestro punto de vista, que desde el Poder Ejecutivo se otorguen plazos a funcionarios públicos para que cumplan con la ley, cuando es el imperio de la ley lo que sostiene al propio Estado Social y Democrático de Derecho que en ellos se encarna.

 

Nuestro país cuenta con las legislaciones necesarias en materia de rendición de cuentas. Es decir, el mandato normativo y constitucional existe, sin embargo la voluntad política de dar efectivo cumplimiento no es perceptible a plenitud frente a la ciudadanía.

 

En ese sentido, desde siempre hemos sostenido que debemos insistir en que los funcionarios públicos se aten a los principios contemplados en la Ley de Función Pública No. 41-08. Su artículo 3 contiene una serie de principios fundamentales cuyo cumplimiento por parte de los servidores públicos haría más fácil la rendición de cuentas obligada de la Administración, tales como el mérito personal, la igualdad de acceso a la función pública, la estabilidad en los cargos de carrera sin influencias de los partidos políticos que sean gobernantes de turno y la irrenunciabilidad de derechos y prerrogativas de los servidores públicos.

 

Asimismo, en nuestra Constitución podemos encontrar también las bases que asientan el concepto del deber de rendición de cuentas de la Administración Pública, puesto que el texto constitucional en su artículo 138 establece que “está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”[2], lo que obliga sustancialmente a los servidores públicos, una nueva vez.

 

El rol de los Partidos Políticos en la creación de la cultura de la Rendición de Cuentas

 

En otro ámbito, desde FINJUS consideramos que uno de los entes más importantes que deben mostrar claridad respecto a la Declaración Jurada de Patrimonio, debido a su labor de representación de la voluntad soberana de la ciudadanía, son los partidos políticos.

 

Los partidos y agrupaciones políticas están también obligados a la rendición de cuentas y a la transparencia frente a la ciudadanía. Los recientes hechos relacionados con la corrupción transnacional muestran que, pese a las reiteradas promesas de cambio, el manejo opaco de los fondos y la exclusión del tema a lo interno de los partidos continúa siendo una de las mayores debilidades de nuestro régimen democrático.

 

En ese orden, consideramos oportuno discutir ampliamente sobre  la transparencia en el ejercicio político en nuestro país y contribuir de esta manera al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Estas tareas deben emprenderse bajo la sombrilla de la legalidad y la participación de la sociedad en las transformaciones que hoy ameritan ser consolidadas urgentemente en el seno de nuestro sistema político.

 

La corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía son débiles, donde no hay responsables claros de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos, donde la impunidad es alta y donde la toma de decisiones públicas se ha visto comprometida por conflictos de intereses y la interferencia política. Por el contrario, un fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de riesgos puede prevenir y desalentar la corrupción.

 

Es por ello que consideramos que un primer paso para mejorar los niveles de institucionalidad y transparencia debe ser la aplicación constante y cabal de las normativas existentes, así como de las sanciones y mecanismos de fiscalización que las mismas prevén, por parte de las instituciones correspondientes.  

 

De manera que, es importante clarificar en las legislaciones venideras y en muchas otras actualmente vigentes, como la Ley No. 340- 06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, las sanciones a las que se encontrarían eventualmente sometidos los funcionarios públicos que falten al deber de transparencia y de apego irrestricto a los principios fundamentales del servicio público.

 

Un ejemplo de lo anterior es que en la norma precitada sólo se mencionan las contrataciones de obras en dos ocasiones, sin sanción alguna por irregularidades, excepto en el caso de prácticas fraudulentas por el contratista establecidas en el artículo 11.

 

En virtud de todo lo anterior consideramos que no es posible que la Ley No. 311-14 establezca sólo en cinco artículos, de manera abstracta y en remisión a la Ley de Función Pública, las sanciones por delitos de enriquecimiento ilícito, el falseamiento de datos y la omisión de declaración.  

 

En Conclusión….

 

Si bien la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio establece sanciones por enriquecimiento ilícito u otras omisiones, consideramos que las legislaciones que circundan a esta problemática pudieran ser fortalecidas tanto con la voluntad política de cumplimiento así como con la claridad operativa de un sistema sin esas lagunas jurídicas que a veces aparecen en algunos casos.

 

El desafío más importante que nos presenta la realidad actual es hacer funcionar las instituciones y dar cumplimiento efectivo de la ley. De ser así, la existencia de los sistemas de consecuencias –aunque son indudablemente importantes– sería menos imperiosa.

 

Es nuestro deber ser transparentes con los desafíos que nos presenta la sociedad actual. Ese es otro deber importante, de carácter moral. Con ello podremos contar con un modelo de gobernabilidad que priorice un proyecto de valores encarnado en normas e instituciones y que fortalecen los principios que hacen sostenible un Estado Social y Democrático de Derecho.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

2 de agosto del 2017.

 

[1] Constitución Comentada 2015. 4ta Edición. FINJUS, septiembre 2015. P. 504.

[2] Ver Constitución de la República Dominicana. Artículo 138.

Las discusiones que se suscitan en el seno de nuestra sociedad y dentro de las instituciones públicas en torno a la aprobación o no de una determinada norma jurídica, deberían conllevar en sí mismas un amplio proceso de diálogo que requiere la participación activa de la ciudadanía, a pesar de que no sea tarea fácil llevarlo a cabo a plenitud.

El martes pasado concluyó la legislatura ordinaria, donde se discutieron múltiples proyectos; algunos fueron aprobados y otros no, como el que hoy nos convoca a esta mesa de diálogo: la reforma al Código Penal. Esta iniciativa, a pesar de que sigue siendo necesaria para el mejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico, tocó temas sensibles que no permitieron lograr el consenso esperado.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), se ha identificado con la necesidad de reforma al Código Penal, que es una tarea que debe ser abordada en su complejidad, lo que incluye múltiples áreas políticas y sociales. Es en aspectos de esta naturaleza donde nos quedamos con muchas lecciones aprendidas para el futuro.

Si bien hemos impulsado el conocimiento, discusión y difusión de un nuevo Código Penal, lo que ha sucedido nos ha enseñado que tenemos el desafío de seguir sensibilizando a la sociedad dominicana sobre las necesarias reformas que se requieren a nivel penal para mejorar el clima de seguridad, fortalecer la lucha contra la corrupción y la convivencia pacífica en el país.

De lo anterior, surgen algunas preguntas que podrían dar vigencia al interés que mostró la sociedad civil para que se apruebe un Código Penal que sea fruto del consenso. Por ejemplo, ¿de qué manera tipificamos la corrupción con las leyes actuales? ¿Qué podríamos hacer ante la comisión de delitos por omisión?

Pero no sólo eso, hay preguntas que deben ser contestadas por un nuevo y moderno Código Penal, las cuales harían de nuestro ordenamiento jurídico nacional un esquema que no dé lugar para ambigüedades. Si nos preguntamos, con franqueza y alta preocupación, ¿qué hacer con los feminicidios? ¿Cómo podemos castigar con justicia el crimen del sicariato?

Para nadie es un secreto que estas preguntas hoy en día, con la actual norma penal en manos, tienen respuestas confusas y débiles ante la complejidad de resolución que nos presentan varios delitos. Y debe saberse que, en gran medida, esta situación que planteamos con anterioridad es producto de las debilidades institucionales que pueden ser mejoradas dentro de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

De haber sido tomadas en cuenta por la mayoría de nuestros legisladores las observaciones que fueron hechas por parte del Poder Ejecutivo en el marco de la discusión de la reforma al Código Penal, esta Mesa de Diálogo hubiese tenido otra direccionalidad. El desafío sigue siendo apostar al fortalecimiento del sistema de justicia, sin posiciones polarizadas, que permitan dar respuestas a las inquietudes de toda la sociedad.

En el día de hoy, agradecemos contar con el privilegio de que nos acompañen dos grandiosas mujeres que han cargado en sus hombros esta lucha: Faride Raful y Laura Acosta. Ambas no han dejado pasar por alto las reflexiones críticas y constructivas en torno a la discusión del Código Penal. Así como también, agradecemos la participación del jurista Ricardo Rojas, quien ha sido uno de los redactores de lo que pudo haber sido esta norma y un gran especialista en Derecho Penal.

La FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, exhorta tanto a los poderes públicos como a la sociedad civil al equilibrio y la razón, para así alcanzar un nuevo Código Penal que permita enfrentar con firmeza las nuevas formas de criminalidad, pero que esté siempre adaptado a los nuevos tiempos.


Muy buenos días a todas y todos.


Dr. Servio Tulio Castaños G.
27 de julio del 2017.

La propuesta de organizar el mismo día la celebración de primarias en los partidos políticos presenta ciertas peculiaridades y aristas de orden jurídico- constitucional y político, que ameritan ser cuidadosamente ponderadas por sus derivaciones.

En cuanto a lo primero, nuestra Constitución en el artículo 216 establece que “la organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución”. Lo anterior significa que por su naturaleza pluralista, los partidos políticos podrán constituirse bajo libre configuración y que no deben estar sujetos a un modelo organizativo único o restrictivo, siempre que respeten las normas constitucionales.

Sumado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 16 de marzo del 2005 declaró No Conforme con la Constitución la Ley No. 1286-04 del 15 de agosto del 2004, que establecía el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto el mismo día para todos los partidos. Esta sentencia, al poseer la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se inscribe dentro de los presupuestos normativos del artículo 277 de la Constitución, el cual impide revisar sentencias firmes previas al 26 de enero del 2010, por lo que el precedente jurisprudencial indicado ut supra se mantiene vigente en el orden constitucional dominicano.

En cuanto a lo que respecta al aspecto propiamente político del tema que nos ocupa, es preciso realizar algunas puntualizaciones que merecen ser analizadas. En primer lugar, el principio de democracia interna de los partidos o agrupaciones políticas no impone automáticamente la celebración de primarias, sino que engloba un conjunto de mandatos que incluyen la obligación de respetar la participación directa de su militancia en cada fase del proceso; el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de los partidos y necesidad de contar con órganos de control de la vida interna, independientemente de la forma que adopten.
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Por tanto, no existe obligatoriedad legal, constitucional o política de que los partidos deban acogerse exclusivamente a un solo tipo de procedimiento específico para garantizar la democracia interna en los partidos, ya que históricamente la organización y estructura de estas agrupaciones ha cambiado mucho. La elección de los miembros o la toma de decisiones podrían hacerse mediante convenciones, asambleas, delegaciones representativas, por citar algunos ejemplos, tomando en cuenta que los mecanismos de elección deben estar supeditados al respeto de los principios anteriormente mencionados, aunque no necesariamente sujetos a formalismos de diseño estricto y restrictivo y mucho menos a un espacio temporal determinado.

De manera que, al observar este asunto desde una óptica comprensiva, atendiendo a los preceptos de la democracia moderna y el rápido dinamismo social que naturalmente circunda al orden jurídico y político, FINJUS plantea que lo verdaderamente importante es garantizar que los mecanismos de la vida orgánica interna de los partidos políticos respondan a un contenido democrático, tanto en lo organizativo como en los procedimientos de elección.


Servio Tulio Castaños G.
25 de julio, 2017

El Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó ante la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley que modifica la Ley No. 277-04 de la Defensa Pública, con el propósito de reformar aspectos operativos de la Oficina Nacional de la Defensa Pública que limiten lo que llaman “competencia desleal” frente al ejercicio privado del Derecho y “explotación laboral” de los defensores públicos.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), tomando en cuenta el compromiso de apoyar el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, considera relevante dar a conocer algunas valoraciones al respecto que faciliten la comprensión estrictamente jurídica de esta acción y permitan sopesar sus posibles consecuencias.

La Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia con rango constitucional desde 2010, establecida en el artículo 176 de la Carta Magna. En la parte in fine de ese artículo plantea su asistencia legal ‘‘se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogados. ’’

Esto garantiza la inviolabilidad del derecho de defensa que es una garantía fundamental del ciudadano que es la base sobre las que descansan las demás garantías y derechos del acusado, como el juicio previo, la seguridad jurídica, el principio de inocencia, la tipicidad, el debido proceso, el derecho a guardar silencio, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y que todas ellas tengan vigencia concreta dentro del proceso penal.

Este servicio se instituye sobre la base de que no habrá distinción o discriminación alguna que impida que una persona sea asistida por un defensor público, sin importar su sexo, cultura, religión, condición socioeconómica, etc. En otras palabras, la Oficina de la Defensa Pública no puede organizar su gestión y funcionamiento basándose en algún tipo de criterio de priorización de la población que recibe sus servicios, resaltando ciertas características o circunstancias personales en detrimento de otras.

En ese tenor, sea cual fuere la condición de una persona imputada en un proceso penal, la Constitución establece que debe contar con las garantías necesarias para gozar de sus derechos a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y de defensa.

Valoramos como una franca exageración el señalamiento de que el Estado, al organizar la realización de estos derechos a través de la Defensa Pública, ejerce una “competencia desleal” frente al ejercicio privado. Es la Constitución la que establece el principio de gratuidad de la justicia, lo que es recogido adecuadamente en la Ley No. 277-04 que crea el Servicio Nacional de la Defensa Pública. No podemos olvidar que el papel de la Defensa Penal Pública en un modelo procesal penal de corte adversarial, como el que existe en el país, busca garantizar el acceso a la defensa de toda persona que ha sido acusada.

En ese orden, nuestra visión es que las facultades de un órgano de carácter constitucional no pueden ser consideradas privilegios por tener un determinado alcance. No existe, bajo ningún concepto, algún tipo de competencia desleal por parte de la Defensa Pública, puesto que decir esto implicaría interpelar la capacidad operativa y de solución de conflictos que le atañen a un organismo cuya responsabilidad nace de la propia organización del Estado dominicano.

Por estas razones, consideramos importante que todos los actores e instituciones del país asimilen adecuadamente sus roles respectivos y ajusten los aportes que pretendan realizar en temas jurídicos e institucionales en el marco de la necesaria estabilidad y el mejoramiento del ordenamiento jurídico de nuestro país.


Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

24 de julio del 2017.

Excelentísimo
Licdo. Danilo Medina Sánchez
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

Vía: Dr. Fran Euclides Soto Sánchez
Secretario del CNM

Distinguidos Consejeros:

Desde el inicio del proceso de selección de los jueces de las Altas Cortes por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha mostrado su interés de aportar constructivamente en dicho proceso y propiciar el debate y análisis de las ideas dirigidas a fortalecer la calidad institucional y la legitimidad social en la elección de dichos órganos.

Actualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra en la etapa de deliberación, como parte del procedimiento para la selección y evaluación de los candidatos. Esta fase es sumamente importante para el desarrollo y conclusión de este proceso, puesto que en ella se materializará la decisión sobre quiénes serán nuevos magistrados en esas Altas Cortes.

El procedimiento de elección se ha caracterizado por una gran difusión y toda la población tuvo el derecho de participar en el proceso, al proponer candidatos, conocer la nómina completa de los postulados, presentar objeciones sobre quienes a su juicio no reunían los requisitos legales, y sobre todo, observar en todos sus detalles la presentación que cada uno de ellos hizo ante el CNM y las repuestas que dieron a las preguntas que les formularon en esa fase.

Concluida la evaluación técnica, queda en manos del CNM la ardua tarea de seleccionar a los magistrados en base a una ponderación que debe contemplar la verificación de la documentación presentada por los postulantes, lo que incluye la revisión de sus antecedentes, su trayectoria y aportes en el campo profesional, así como su enfoque y dominio de los aspectos jurídicos claves para determinar su idoneidad para el ejercicio de la función en caso de que fueren seleccionados.
Esta ponderación debería asimismo ajustarse a otros criterios que sugerimos sean cuidadosamente observados por el CNM, como los son el respeto a la carrera judicial; la especialidad de los jueces, a fines de suplir las vacantes que sean realmente necesarias; la elección en base al mérito y la verificación de la conducta pública de cada uno de los postulantes. Especial atención debería otorgarse al respeto irrestricto del escalafón judicial, como ordena la Constitución y las leyes.

Otro elemento a destacar, sobre el cual quisiéramos hacer un énfasis especial, se refiere en la elección en el Tribunal Superior Electoral. Reconocemos que se trata de un tema delicado, que implica el concierto de todas las fuerzas políticas del país, y no solo los partidos con representación en el CNM. La sociedad en su conjunto ha mostrado gran sensibilidad en el sentido de que es deseable que se alcance un gran consenso entre los partidos sobre la composición del TSE de manera que exista un equilibrio que garantice la justicia electoral propia de una democracia real.

En este momento trascendental de nuestra democracia, cuando se escogen a mujeres y hombres que tendrán en sus manos importantísimas decisiones que pueden afectar el destino de nuestro orden social, político y económico, es esencial que impere la racionalidad y la sabiduría para que quienes sean finalmente designados como magistrados de las Altas Cortes mantengan viva la esperanza y la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones democráticas y en nuestra capacidad de avanzar por los senderos de institucionalidad, legitimidad y responsabilidad que están presentes en todo Estado Social y Democrático de Derecho moderno.

Agradecemos de antemano que tomen en consideración nuestras sugerencias.

Se despide, muy atentamente,


Dr. Servio Tulio Castaños G.
Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

 

Muy buenas noches.

Es un verdadero honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia y para mí poder dirigirme a ustedes e intercambiar ideas en torno a un tema que está muy presente en el abordaje de cualquier temática sobre la concepción del Estado: la Administración Pública.

Desde hace varios años, la FINJUS ha venido colocando en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer la estructura institucional de nuestro país, promoviendo las ideas y proyectos que vayan encaminados a este importante fin. Sin embargo, aún siguen siendo muchos los retos que restan por definir y alcanzar en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por estas razones, es pertinente que mantengamos viva la discusión en torno a la cosa pública, su configuración y los principios que le circundan. En suma, es bueno apuntalar que debemos hacerlo desde el plano integral, evitando que el diálogo pueda reducirse sólo en uno de los elementos, ya sea el jurídico, social, económico o político.

Sumado a lo anterior, debo agregar que nuestro enfoque pretenderá insertar al tema la cuestión de los principios y valores cristianos que deben verse reflejados en el seno de la Administración Pública. Huelga decir que pocas veces se ha enfocado este contenido con los argumentos que queremos explicar en el día de hoy.

Es bien sabido que la Administración Pública no goza hoy de toda la popularidad que se requiere, por lo que consideramos que nuestra ciudadanía debe involucrarse activamente en el marco de estas discusiones para poder así generar las transformaciones que formarían parte del manejo de lo público y, por ende, del propio Estado dominicano.

En ese orden de ideas, compartiremos con ustedes algunas impresiones respecto al concepto in abstracto de Administración Pública, para luego ir agregando los elementos que consideramos intrínsecos a esta noción, permitiéndonos explicar a profundidad su vínculo con la institucionalidad, los principios cristianos y, sobre todo, la naturaleza de servicio que éste implica.

II. La Administración Pública.

La Administración Pública ha sido objeto de análisis por los juristas desde hace mucho tiempo. Su campo de estudio aborda desde la reflexión sobre las aportaciones al progreso del Estado, así como la evaluación del manejo y organización de la cosa pública y de los actores a cargo de ello.

La República Dominicana cuenta con una norma que rige este tema: la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12. En el artículo cinco de dicha norma se indica que “es tarea fundamental de todo integrante de la organización administrativa participar de las funciones esenciales del Estado destinadas a procurar el desarrollo humano pleno a fin de que la calidad de vida de toda persona corresponda a los supuestos que exige su dignidad de ser humano” .

A juzgar por la definición del presupuesto anterior, los servidores públicos tienen la ineludible labor de procurar, básicamente, la satisfacción del interés general. A pesar de que esto pudiese escucharse simple, ha sido históricamente uno de los retos más difíciles para la humanidad.

Para quien es considerado el padre y fundador de la ciencia de la Administración Pública, Charles-Jean Bonnin, “la administración nació de la asociación humana, lo mismo que ésta de la sociabilidad de los hombres; su existir -agrega -, descansa en los mismos fundamentos que dan cimiento a la sociedad; los convenios y compromisos sociales entre los hombres no hacen sino determinar el modo de existir de la organización histórica que asumen” .

Esto puede darnos una idea de que la propia organización de las sociedades, en sus diferentes etapas, ha tenido que pensarse desde la lógica de la Administración. La idea anterior ligada a la búsqueda del bien común –un valor cristiano fundamental–, daría por entendido el ideal final de la Administración Pública.

Si hacemos una síntesis de lo antes dicho, podemos definir la Administración Pública como la actividad que ejecuta el Estado como proyecto político y, quedándonos con la definición acabada del jurista Omar Guerrero Orozco, ésta sería “el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad” .

Así también, el jurista Olivo Rodríguez Huertas nos ofrece una definición que abarca los términos que entendemos útiles en el marco de una concepción local, estableciendo que “la Administración Pública se encuentra conformada por un conjunto de órganos y entes públicos que de manera permanente, continua e ininterrumpida, satisfacen las necesidades colectivas e individuales de las personas” .

En nuestra Constitución podemos encontrar también las bases que asientan el concepto de la Administración Pública, puesto que nuestra norma de jerarquía superior en su artículo 138 establece que “está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado” .

Estos principios son sumamente importantes para comprender cómo los mismos permiten generar una vinculación directa con valores como la solidaridad, la permanencia, la justicia, la transparencia y la verdad, todos éstos también conexos a la Doctrina Social de la Iglesia. Por ende, al momento de que el servidor o funcionario público actúe en el marco de sus funciones de Estado, necesariamente estará sujeto a estos principios y, a su vez, a los valores.

No es nuestra intención enumerar y definir uno a uno los principios establecidos tanto en la norma constitucional como en la ley sobre la Administración Pública. Más bien, debemos conocerlos integralmente y comprender cómo su análisis teórico genera una serie de responsabilidades prácticas y, sobre todo, éticas frente a la sociedad en general.

Desde esta visión colectiva que nos invita a comprender el tema de la Administración Pública, creo importante destacar un fragmento de la Carta Encíclica Inmortale Dei, del Sumo Pontífice León XIII, quien explicaba que “no es difícil determinar el carácter y la forma que tendrá la sociedad política cuando la filosofía cristiana gobierne el Estado. El hombre está ordenado por la Naturaleza a vivir en comunidad política. El hombre no puede procurarse en la soledad todo aquello que la necesidad y la utilidad de la vida corporal exigen, como tampoco lo conducente a la perfección de su espíritu.”

Con lo anterior, podemos terminar de comprender el concepto de Administración Pública. Pues bien explica el Pontífice León XIII la necesidad de una visión colectiva de nosotros en sociedad, así como también debe destacarse la importancia de que en ese Estado gobierne, primero que todo, una filosofía y valores cristianos. De lo anterior se trata, básicamente, una buena Administración de la cosa pública.

III. La corrupción como mal antagónico a la cristiandad.

Jóvenes, señoras y señoras:

Sería irresponsable de parte nuestra, abordar el concepto de Administración Pública sin presentar propuestas que puedan vencer uno de los males que hoy más que siempre le aqueja: la corrupción.

Este concepto corroe los fines esenciales del servicio público, además de que envilece enormemente a quienes estén compelidos a hacer una labor por y para la ciudadanía. De manera que, su existencia desgasta la permanencia de los valores cristianos en la Administración y, a su vez, desnaturaliza la esencia que le otorga su importancia radical para la sociedad.

Para Transparencia Internacional, corrupción es “el uso indebido del poder otorgado para beneficio privado, ésta entraña conductas por parte de funcionarios en el sector público o sus allegados por las cuales se enriquecen indebida e ilegalmente mediante el mal uso del poder que se les ha confiado” .

En otros escenarios, desde la FINJUS hemos mencionado que este flagelo daña el tejido social y las relaciones entre el Estado y la sociedad, por lo que debemos combatirlo apostando al cumplimiento de los sistemas de consecuencias, la eficacia de la actuación administrativa y la responsabilidad de los órganos de control.

De acuerdo con Klitgaard, cada país posee una política, cultura e historia que afectan «tanto la forma de corrupción como las maneras de combatir esa corrupción». En otras palabras, pese a que la corrupción es un fenómeno que ha existido siempre, la diferencia se encuentra en la forma en que los Estados reaccionan para contrarrestar sus efectos nocivos .

Desde la comunidad internacional se ha recorrido un largo camino. Hasta principios de los años 90, la corrupción no significaba un tema relevante para la mayoría de los Estados. Ahora se entiende perfectamente que la corrupción mina los resultados económicos, debilita las instituciones democráticas y el Estado de derecho, perturba el orden social y destruye la confianza pública, permitiendo de esta forma que prosperen la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana.

En los últimos años se han desarrollado compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Una iniciativa a favor de la transparencia a nivel global es la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento que representa un compromiso de toda la comunidad internacional para luchar contra este flagelo que socava la institucionalidad democrática.

Esta Convención es un logro destacado y se complementa con otros instrumentos históricos. El compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ha ido de la mano con el reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, por citar algunos ejemplos.

Estos instrumentos son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de las naciones. Decimos esto en virtud de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías minando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

En el año 2014, el Papa Francisco se mostró también inconforme con este mal y se pronunció respecto al mismo, opinando que la corrupción es “un proceso de muerte” que se ha vuelto habitual en la sociedad y que “es un mal más grande que el pecado”, pero que sin embargo no puede contra la esperanza traída por el Señor Jesús .

De manera que, podría decirse que éste –la corrupción– es un mal antagónico a la cristiandad, puesto que bajo ningún concepto la corrupción es cercana a los valores que mencionamos son promovidos desde la Doctrina Social de la Iglesia, tampoco desde su concepción formal como institución ni mucho menos de los principios que Jesucristo demostró tener.

IV. Los valores en el servicio público.

Una cuestión fundamental para el efectivo funcionamiento de cualquier institución o, inclusive, de nosotros mismos como personas, es tener como orientación un determinado proyecto de valores que acompañe y motorice las actuaciones.

Cuando se actúa sobre la base de un vacío en este orden, entonces existe un problema grave de visión respecto a los demás y de falta en una cuestión esencial. Tal como se expresa en Santiago 4:17 “El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”

Cuando recordamos a Juan Pablo II, quien resaltó que la Iglesia “no interfiere en las legítimas opciones temporales” y que “Dios y la Iglesia dejan a la responsable libertad de cada hombre”, no podemos obviar que precisamente esta libertad debe estar orientada sobre la base de unos determinados valores.

Lo anterior se acentúa cuando se trata de la Administración Pública. Formar parte del servicio es una inmensa responsabilidad que no puede estar divorciada de principios concretos, puesto que ello devendría en un laissez faire colectivo, utilizado para justificar infinidades de males sociales.

En el marco de la Administración Pública, debe tomarse en cuenta concretamente que, de no contar con un determinado proyecto sustentado de valores, podría camuflarse el orden político por sobre las garantías y principios del servicio público. En este caso, podría suceder que los servidores públicos disminuyan sensiblemente el espíritu de identificación con el cuerpo y con la Administración en que están integrados, es decir, con sus valores concretos, lo cual devendría en una desnaturalización inmediata de la función pública.

V. Conclusiones.

Jóvenes, señoras y señores:

Es innegable que el elemento axiológico forma parte intrínseca de la Administración Pública. En ese orden, es importante que determinemos en todo momento cuáles valores son los que darán contenido esencial a la función pública.

A nuestro juicio, la coyuntura actual ha demostrado que urge un acercamiento del Estado hacia los preceptos y valores propios de la Doctrina Social de la Iglesia. No puede darse por sentado que la sola tecnificación de las instituciones constituye el componente único de su funcionamiento, sino que ello debe estar acompañado de un horizonte de principios a seguir.

Nuestra posición en ningún momento significaría una negación de la noción técnico- política respecto a la Administración, sino que demuestra la necesidad que tenemos hoy en día de asentar los modelos de actuación de la labor pública hacia una sólida base de valores que requieren ser imitados, perpetuados y tomados muy en cuenta por toda la ciudadanía: los valores cristianos.

Estas ideas no son excluyentes. Todo lo contrario. El acercamiento de la Administración hacia estos valores representaría un notable avance ético y social cuyos frutos podrán ser beneficiosos para las futuras generaciones.

La propia Constitución de la República se enmarca dentro de una específica afinidad ideológica y de valores. ¿Por qué no aplicar esta fórmula en el propio seno de la Administración? Tomando en cuenta la necesidad de fortalecer nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y nuestra institucionalidad democrática, debemos insistir en vernos en el espejo de los valores cristianos, sólo con éstos ha sido posible apostar a verdaderas e importantes transformaciones.


Dr. Servio Tulio Castaños G.
10 de julio del 2017.

Santo Domingo, República Dominicana,

7 de marzo del 2017.

“Marco institucional y local en el ámbito de transparencia, acceso a información y probidad comparada”

  1. Marcos generales de la transparencia

Un punto común en los análisis sobre la importancia del acceso a la información en la actualidad es el reconocimiento de su impacto en la vida económica, política y social de un país determinado. En la búsqueda de mayor integridad y transparencia en la gestión gubernamental, “los países de las Américas han venido desarrollando, cada vez más, una serie de políticas, mecanismos y estrategias dentro de sus sistemas de administración pública. Así mismo, los Organismos Internacionales y la sociedad civil organizada han contribuido de manera significativa a apoyar tales esfuerzos.”[1]

 

Universidad Católica Tecnológica del Cibao-UCATECI

La Vega, R.D.

3 de marzo de 2017

1. El Dr. Servio Tulio Castaños durante el discurso central

2. Reconocimiento al Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, por parte del Pbro. Pedro De la Cruz De los Santos, Vicerrector Ejecutivo de UCATECI y la Sra. Johanna Reyes, Directora de la Escuela de Derecho.

3. Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán  y la Dra. Niris Caba, Directora del Departamento de Comunicaciones Corporativa

 

Participación en la Conferencia: "Experiencia del Sr. Servio Tulio Castaños en su rol de Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)"

UCATECI-La Vega

3 de marzo de 2017

 

 

Presentación a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Santo Domingo, D.N., 9 de marzo de 2017.- En ocasión al Día Internacional de la Mujer, debemos reflexionar sobre lo construido y aquello aún pendiente en materia de derechos e igualdad de género. A pesar de los enormes progresos realizados desde aquellos movimientos sociales del siglo XX, que constituyeron el motor dinamizador para  la lucha por la reivindicación  del  derecho a la igualdad de la mujer.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), dispuesta a promover la equidad del hombre y la mujer en todos los espacios de la vida nacional, entiende pertinente abocarnos a una reflexión integral en torno a este tema y mantener firmemente la lucha por los derechos de la mujer, afín con los logros ya obtenidos y con claridad para los desafíos del presente y el futuro.

 

En virtud del Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, debemos reconocer que aún quedan pendiente ciertos retos en materia de derechos que no han podido ser consolidados.

 

La labor de la ciudadanía, además de reflexionar profundamente ante esta situación histórica, debe adentrarse por entero a conocer la raíz de la importancia de la mujer en la sociedad dominicana. La única manera de solucionar la violencia machista y reivindicar el rol que juegan las mujeres en nuestro país, es promoviendo la reproducción y el ejercicio cotidiano de valores que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, sin excepción.

 

Más allá de los cambios normativos y estructurales que han significado destacados logros para el bienestar de la mujer dominicana, todas y todos debemos concentrar mayores esfuerzos para lograr la construcción de un país justo y equitativo donde la mujer forme verdaderamente parte central de sus transformaciones.   

 

En cada una de nuestras comunidades y a través de nuestras actividades diarias, tenemos la oportunidad de actuar como agentes de cambio, a través de la educación, del liderazgo y del ejemplo. Podemos trabajar a favor de la igualdad, propiciando acciones que permitan empoderar a las mujeres.

“Cuando las mujeres participan plenamente en la fuerza de trabajo, se crean oportunidades y se genera crecimiento. La eliminación de la disparidad entre los géneros en el empleo podría aumentar el PIB mundial en 12 billones de dólares para 2025. El aumento de la proporción de mujeres en las instituciones públicas hace que estas sean más representativas, aumenta la innovación, mejora la adopción de decisiones y beneficia a sociedades enteras.[1]

 

A tal fin, el Estado deberá realizar esfuerzos concertados para promover la participación de las mujeres en la vida económica. También es preciso actuar con determinación para eliminar la discriminación que las mujeres encuentran en múltiples frentes, que convergen más allá del tema del género: la orientación sexual, la discapacidad, la edad avanzada y la raza. Estos factores contribuyen a la desigualdad salarial.[2]

 

Muchos se hacen la pregunta, ¿por qué es importante celebrar el Día Internacional de la Mujer? En este día recordamos todos los logros políticos, económicos y sociales de todas las mujeres del mundo; recordamos todas las mujeres que han luchado por sus derechos y por una sociedad igualitaria; recordamos a todas esas mujeres fuertes que han marcado nuestras vidas; pero, sobre todo, recordamos que todavía existe un problema en cuanto a las diferencias entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, un problema que solo se resolverá si la ciudadanía se une y decidan luchar sin descanso hasta hacer tangibles las necesarias transformaciones sociales, políticas y culturales.

 

Agradecemos la participación de estas grandiosas mujeres que hoy nos acompañan y que sabemos invitarán al pensamiento crítico y a contribuir con rigor sobre los aportes que nuestro país necesita.

 

Muy buenos días a todas y todos.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

9 de marzo del 2017.


[1] GUTERRES, António. Discurso del Secretario general de la ONU, en ocasión al día Internacional de la Mujer. 2017.  [En línea] Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/3/statement-sg-international-womens-day-2017#sthash.GbQSFfze.dpuf

[2] Ver “Análisis del Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas”. ONU. 2016.

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