Me complace extender a todos los presentes una grata bienvenida en nombre de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad a este interesante encuentro en el cual converge el interés de diversas instituciones que se han comprometido con el desarrollo del sistema y el de la ciudadanía en general, teniendo como enfoque propiciar un escenario de evaluación en materia de avances y retos del sistema de justicia y de los órganos que lo componen.

 

Sin dudas el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad dominicana, dadas las serias debilidades de las cuales hemos sido testigos que agravan la desconfianza ciudadana. De lo anterior, se desprende la necesidad de hacer un ejercicio constructivo que permita pasar balance a nuestro Sistema de Justicia tomando en consideración el discurrir de este año 2017, a partir de ahí estaremos prestos a observar y analizar con mayor objetividad cuál es la situación real de nuestros órganos de justicia y los retos que tienen pendientes enfrentar de cara al 2018.

 

El entramado que conforma la justicia dominicana aparece aún con muchas zonas que ameritan mejoramiento y renovación, pues es notorio que no se han alcanzado los niveles de eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Asimismo se manifiesta un resquebrajamiento de la legitimidad del sistema de justicia por los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

Las debilidades institucionales que enfrentamos no parecen corresponderse con los avances derivados de importantes procesos de reformas sucedidos a partir de la última década del pasado siglo XX orientados a reformular los marcos legales de acuerdo a las nuevas tendencias democratizadoras en auge en toda la región de Latinoamérica.

 

Ciertamente para nadie es un secreto que los órganos del Sistema de Justicia pasan por un período de crisis en la República Dominicana. Esto se manifiesta en una multiplicidad de recientes estudios internacionales y nacionales, como a los que se referirán los expertos que hoy nos acompañan destacando la magnitud del problema.

 

Al mirar los datos del mapa de soborno de Latinobarómetro 2017 resalta que nos situamos, junto a Venezuela y Paraguay, como los países que tienen más alta percepción de soborno. Y es que la mitad o más de la población perciben que en un 56% se puede sobornar a un policía, en un 46% a un juez o un funcionario del ministerio público.[1] Sin lugar a dudas esto socava los fundamentos de la convivencia democrática del Estado, con lo que se vuelve muy difícil sumar esfuerzos y concertar voluntades para lograr los objetivos de desarrollo.

 

En ese mismo orden, los datos del Barómetro de las Américas 2017 revelan que en el campo de la delincuencia, corrupción, y la confianza en el sistema de justica, República Dominicana no registra progresos, por lo que se concluye que si la ciudadanía no confía en el sistema de justicia ni en órganos que inciden como la policía esto se convierte en un indicador de déficit democrático y augura poca efectividad de estas instituciones en sus tareas fundamentales de gestionar el orden social.

 

Por otro lado, estudios realizados a lo interno de la Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) en el presente año, los cuales serán socializados en breve plazo, reflejan un atraso considerable en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de justicia. A modo de ilustración, la partida presupuestaria del Poder Judicial promedia menos del 1% con relación al presupuesto nacional lo que no alcanza siquiera la mitad del 2.66% asignado en la normativa correspondiente. 

 

De igual manera, con relación al Poder Judicial, las incidencias del presente año 2017 mostraron otras limitaciones y debilidades existentes como: decisiones reglamentarias[2] que aún no han logrado ponerse a tono con las expectativas que se derivan de las profundas innovaciones jurídicas de la Constitución del 2010; casos paradigmáticos de corrupción que han arropado al Poder Judicial dejando una percepción de una aplicación discriminada de justicia; y una justicia ejemplificadora aclamada por la sociedad que se encuentra en un compás de espera.

 

En los últimos años, el Poder Judicial ha reflejado otra de sus mayores debilidades que queda pendiente superar la cual consiste en una merma de la independencia interna y externa de este poder frente a poderes políticos y grupos económicos. Es por ello que el mayor reto para este 2018 es contar con jueces con vocación democrática, lo cual implica su independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, para respetar la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales.

 

Otro aspecto que debe ser abordado con precisión es el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Publico como órgano que mantiene el monopolio de la persecución de la acción pública.

 

Así también, debe reestructurarse el esquema de la policía en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. El subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, pues la Constitución promete que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.”

 

De ahí, que se precise de una labor coordinada entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

 

En ese marco, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, necesitan evaluar, los mecanismos de disciplina y remoción de jueces, fiscales, funcionarios y empleados de ambos organismos. Fortalecer estos aspectos contribuirá a la institucionalización de estos dos pilares del sistema de justicia en nuestro país  esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

 

Por último, desde la sociedad exigimos que los Poderes del Estados den respuestas firmes y acertadas a estos desafíos que han quedado pendientes de las iniciadas reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos ante los honorables magistrados del sistema de Justicia presentes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y frente a la sociedad en general, nuestro compromiso de seguir propiciando escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio del fortalecimiento institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaño G.

Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS)

6 de diciembre, 2017

 

 

[1] Según el mapa del soborno del Latinobarómetro los países que tienen más alta percepción de soborno son Venezuela, Paraguay y República Dominicana con la mitad o más de la población que dice que se puede sobornar a un policía, un juez o un funcionario de ministerio.

[2] Ver casos de traslados de jueces por parte del Poder Judicial

FINJUS apoya la propuesta de la Suprema Corte de Justicia a la derogación de la Ley 140-15 (Que regula el Notariado Dominicano)

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) la pretensión del Colegio de Notarios de expandir el radio de acción de los notarios hacia nuevos ámbitos, crear privilegios y exclusividades entre sus miembros y elevar abismalmente las tarifas de cobro por servicios solo para mencionar tres aspectos concretos, desnaturaliza la esencia de la función notarial.

 

La función notarial es un servicio público consistente en dar fe pública a los negocios jurídicos. Esta función es una atribución exclusiva del Estado y es inherente a su soberanía. El la delega en profesionales del derecho independientes, en ejercicio de la potestad que le reconoce el artículo 147 de la Constitución, para asegurar servicios públicos de calidad. Es por ello que el artículo 16 de la ley 140-15 define al notario como un oficial público. El servicio notarial equivale a una especie de justicia preventiva, una actividad de carácter cuasi-jurisdiccional o de jurisdicción voluntaria, delegada por el Estado a profesionales independientes, investidos de autoridad pública por la función que cumplen.

 

La función de los notarios en nuestro país se asienta jurídicamente sobre la base del notariado latino y entendemos que la nueva ley 140-15 es una iniciativa que trata de responder a la evolución sobrevenida en esta institución de auxiliares de justicia, la cual se orienta en el fortalecimiento del rol del de la notaría como servicio público, bajo la supervisión del Estado, en beneficio y para la salvaguarda de la ciudadanía.

 

Sin embargo, consideramos que este esfuerzo no ha respondido al objetivo primigenio de la reformulación del marco regulatorio del notariado; esto así por diversas razones, siendo una de ellas que, en su artículo 51, la ley 140-15, ordena que los notarios asuman nuevos roles los cuales tradicionalmente eran de la competencia de los juzgados de paz y los alguaciles, en los procesos verbales de desalojo, lanzamiento de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial provisional, así como en la instrumentación o el levantamiento de los embargos, funciones que a nuestro juicio desnaturalizan la función notarial y perjudican a otros servidores públicos como son los jueces de paz y los alguaciles, generando con ello un clima de inseguridad jurídica en el país.

 

Todo ello aduce a un rompimiento con las históricas funciones del notario, tanto en el ordenamiento jurídico dominicano como en el Derecho en sí, pues se han traspasado labores sustanciales ejercidas por otros actores, como son los alguaciles, a la competencia de los notarios; así también, en lo relativo a las atribuciones que le eran propias a los juzgados de paz y que la ley endosa a los notarios, subyace una afectación al ámbito jurisdiccional, en razón de que el notariado carece de la potestad resolutoria de conflictos y de hacer ejecutar lo juzgado, esto último, es una reserva exclusiva al poder jurisdiccional que da la nueva dimensión del artículo 149 de nuestra Constitución. En resumen, puede acotarse que se ha desvirtuado la naturaleza esencial de la función del notariado.

 

Sobre este punto, el proyecto de ley que introduce la Suprema Corte de Justicia restablece la esencia del notario limitando su actuación a lo que siempre han sido sus funciones de revestimiento de fe pública: la instrumentación de actas auténticas y legalización de firmas en actos bajo firma privada.

 

En cuanto a la delimitación territorial contenida en el artículo 19 de la ley 140-15 constituye una limitación a la función notarial, ya que la nueva configuración legal de la demarcación geográfica imposibilitará la práctica notarial impidiendo así que un notario pueda dar fe pública a los actos de manera excepcional fuera de su ámbito, de competencia territorial, al efecto que, se eliminó la excepción territorial para el ejercicio de la notaría fuera de su “ratio” de aplicación.

 

Otro aspecto preocupante es el “numerus clausus” en una demarcación territorial. Corresponde a la Ley 140-15 determinar el número de notarios que ha de ser suficiente para asegurar convenientemente el servicio. Esto lo aborda el artículo 18 de dicha ley, que modifica la regla de densidad poblacional para distribuir la cantidad de notarios en los municipios, de modo que de mil quinientos (1,500) habitantes se pasa a exigir diez mil (10,000). Esta regla de distribución afecta el acceso de nuevos profesionales a las notarías, puesto que la cantidad de notarios en funciones será congelada por un largo período de tiempo. Esto amerita crear mecanismos de evaluación de desempeño que permitan depurar el ejercicio de la función notarial y dinamizar el acceso de nuevos notarios, acorde con las necesidades de las comunidades.

 

Es de considerar que la función notarial de los cónsules y vicecónsules ha sido impactada por la Ley 140-15, ya que modifica la Ley 716-44, relativa a las funciones de cónsules y vicecónsules, y establece que los actos de estos funcionarios, al momento de ejercer la función notarial, deben acogerse a las exigencias establecidas por la ley. Así mismo señala que las faltas cometidas en el ejercicio de la función notarial están sometidas al proceso disciplinario instituido por la misma, atribuyéndose potestades que son propias del Poder Ejecutivo en su función de fiscalizador de sus funcionarios radicados en el extranjero. Esta disposición, como otras que estamos señalando, crean grandes trabas.

 

Sobre la facultad exclusiva que la Ley 140-15 le otorga a los notarios para todos aquellos asuntos “en los que haya o no controversia judicial de carácter privado y los interesados le soliciten que haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos y situaciones de que se trate”, se entra en conflicto con la labor del abogado, que hace precisamente ese tipo de trabajo aunque no le otorgue fe pública al mismo, pero para lo cual requería siempre la presencia de un notario.

 

Uno de los aspectos que más distorsiones genera la Ley 140-15 y tiene el carácter más controvertido, lo constituye la escala tarifaria, que aumenta exponencialmente los costos establecidos en la normativa derogada.

 

La tarifa de honorarios profesionales de los notarios, al tratarse de un servicio público, debe sujetarse al principio de equidad, conforme lo señalado en el artículo 147.2 de la Constitución. Este principio comporta el reparto equitativo de los costos por el servicio según las distintas categorías de usuarios. Las tarifas deben ser justas y razonables, tanto para el prestador del servicio como para el usuario. En la regulación de un servicio público en donde los precios no se forman con la libertad propia de las reglas de mercado, corresponde a la ley establecer las tarifas, que no deben ser ajenas al marco de razonabilidad exigido a toda actividad estatal. Toda vez que la tarifa en el servicio notarial es esencialmente el componente que asegura la gestión del servicio y la contrapartida económica del prestador, el legislador está obligado por el principio de razonabilidad a no imponer costes prohibitivos. Esto permite advertir que algunas tarifas contenidas en la ley resultan contrarias a los principios de razonabilidad y equidad que deben imperar en la prestación de los servicios.

 

A modo de ilustración resaltamos que los montos bases que son impuestos para el cobro por actuación notarial podrían alcanzar cifras astronómicas de RD$200,000.00 por contrato según el valor envuelto, mientras que en el proyecto de ley tenemos como monto base máximo RD$20,000, lo cual nos parece que no vulnera la dignidad del ejercicio ni el acceso a este servicio.

 

En este mismo orden, otro aspecto a considerar es que cada acto notarial, sea auténtico o bajo firma privada, que requiera certificación de la firma del notario en la Procuraduría General de la República, o deba ser registrado en el Registro de Títulos, en el Registro Civil, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las Cámaras de Comercio y Producción del país, deberán pagar RD$100 para contribuir al fortalecimiento del Colegio de Notarios. Este monto será indexado conforme a la tasa de inflación acumulada cada cinco años, sin que el aumento pueda exceder de 30%. En efecto, se trata de una legislación contraproducente que limita el acceso al servicio a la población de escasos recursos económicos.

Consideramos que este marco legal, ley 140-15, afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización, “como el retiro de cuentas a nombre de un familiar fallecido, protesto de cheques, donaciones, sucesiones, actos de venta, permutas, hipotecas, y otros tipos de actos notariales”. Debido al aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales, generando un encarecimiento del servicio que afecta sobre todo a la población de menores ingresos, creándose un nuevo obstáculo para el acceso a una gama de bienes protegidos por la Constitución por su carácter de derechos fundamentales como es el caso de la vivienda.

En este caso la Ley 140-15 afecta funciones que actualmente realizan diferentes órganos o jurisdicciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, vía la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Cámaras de Comercio y Producción, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otras instituciones

Tomando en consideración las implicaciones e impacto que genera la Ley 140-15 sobre Notariado, consideramos necesario que se adopte una nueva normativa para la regulación de la notaria en el país. Por ello apoyamos la iniciativa del Proyecto de ley de la Suprema Corte de Justicia, el cual consideramos como un  instrumento normativo idóneo que corrige todas las distorsiones que ocasiona la Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano.

 

Muy atentamente

Dr.  Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

30 de noviembre de 2017

FINJUS Clausura Diplomado sobre Acceso a la Justicia de Personas
en Condiciones de Vulnerabilidad
Santo Domingo 20 de noviembre de 2017. La Fundación Institucionalidad y Justicia,
Inc. (FINJUS), realizó la clausura del Diplomado en Derechos Humanos
“Introducción a la Incidencia para el Acceso a Justicia de Personas en Condición de
Vulnerabilidad”, desarrollado en el marco del Programa Acción de la Sociedad Civil
por la Seguridad y la Justicia, PASJ, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). El Diplomado tuvo como objetivo
adquirir conocimientos y herramientas de incidencia para promover el cambio de
políticas públicas en el acceso a justicia de personas o grupos en condiciones de
vulnerabilidad, con una perspectiva transversal o enfoque diferenciado.
Para la sesión de clausura, fue organizado el Panel “Acceso a Justicia de Grupos en
Condiciones de Vulnerabilidad”, donde participaron actores del sistema de justicia
y de los poderes públicos responsables de las políticas y programas en temas de
acceso y respeto de los derechos humanos de poblaciones vulnerables. Dicho panel
fue integrado por la Magistrada Ana Isabel Bonilla, Jueza del Tribunal
Constitucional; Esther Agelán, magistrada de la Sala Penal de la Suprema Corte de
Justicia; el Diputado Fidel Santana, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos; la Magistrada Danissa Cruz Tavarez, Directora Unidad de Derechos
Humanos de la Procuraduría General de la República Dominicana; y la Licda. Rosa
Iris Linares, Directora de la Unidad de Grupos Vulnerables de la Defensa Pública.
La organizaciones beneficiarias de esta capacitación fueron: la Oficina Nacional de
Defensa Pública, así como representantes de organizaciones claves en temas de
Mujeres y Niños, como Profamilia, Colectiva Mujer y Salud, Foro Feminista, CIPAF;
personas con VIH, REDOVIH y ALAS; personas con discapacidad, CIMUDIS,
ASODIFIMO, FUDCI; personas migrantes y sus descendientes, Observatorio
Migrantes del Caribe (OBMICA) y RECONOCIDO, MOSTCHA; refugiados,
Asociación Lazos de Dignidad; personas LGTBI, como COIN, GAYP, Diversidad
Dominicana, TRANSSA; personas usuarias de drogas, COIN; personas adultas
mayores (CONAPE); así como de FUNCEJI y Fundación Pro-Bono

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en su interés de apoyar todos los procesos que conduzcan a fortalecer la eficiencia e institucionalidad de nuestro país, ha dado seguimiento a las iniciativas del Poder Judicial encaminadas a incrementar el logro de sus metas estratégicas, entre las que se destacan las áreas de la eficiencia y acceso a la justicia, así como la independencia tanto interna como externa de la judicatura. Sin lugar a dudas, estas temáticas están íntimamente vinculadas con el tema que hoy nos convida a esta mesa: los retos del sistema de inspectoría judicial.

 

La Inspectoría Judicial es un ente de supervisión y respaldo a la labor del Consejo del Poder Judicial, cuya relevancia permite que este órgano clave pueda tener conocimiento de las quejas que se realizan sobre los servidores judiciales, en el marco de sus funciones, para propiciar, entre otros, el objetivo de fortalecer el servicio público de justicia brindado a la ciudadanía. Esta labor, que es eminentemente técnica, se reviste en la actualidad de una gran importancia, entendiendo que la sociedad ha expresado por múltiples vías la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, eficiente, transparente y accesible.

 

Por estas razones, desde FINJUS, hemos considerado trascendental invitar a la sociedad a conocer de manera más detallada la labor que realiza la Inspectoría Judicial y específicamente cuáles son los retos que enfrenta para acometer sus tareas.

 

El análisis de esta área debe desembocar en iniciativas y acciones cuya meta final es la de fortalecer al Poder Judicial y dar oportunidades para que la ciudadanía tome conocimiento certero del funcionamiento de los órganos que existen a su interior, de manera que los hombres y mujeres que reciben los servicios judiciales eleven su confianza en la efectividad y profesionalidad del ejercicio de los jueces y demás servidores judiciales.

 

La función jurisdiccional es esencial para el desarrollo del país. Es un hecho reconocido que los últimos estudios de opinión han mostrado un descenso del nivel de los índices de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, lo que es un fenómeno común en todos los países. En ese camino la existencia de mecanismos como la Inspectoría Judicial se constituyen en herramientas esenciales para reestablecer la comunicación y la comprensión de la sociedad sobre su labor.

 

Esto abre de manera natural una serie de preguntas en la dirección de conocer los retos de la Inspectoría Judicial, para que la visión que se forme la sociedad trascienda la de ser un órgano reducido a la simple tramitación de quejas. En la actualidad confiamos que la labor de este importante órgano, de la mano del Consejo del Poder Judicial, permita consolidar la labor de los magistrados y los servidores judiciales en sentido general.

 

En ese sentido, la FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, agradece la colaboración de la Inspectoría  Judicial, en la persona del Lic. Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General, así como de los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan: Jaime Bautista, Consultor de USAID, y los magistrados Justiniano Montero, Director General de Administración y Carrera Judicial; María Garabito Ramírez, Juez Presidente de la Corte Penal de San Cristobal, y Claudio Aníbal Medrano, Juez Presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís.

 

Asimismo agradecemos la participación de todos los presentes, esperando que este sea un espacio de diálogo para el desarrollo y fortalecimiento de la función jurisdiccional y de los importantes servicios que el Poder Judicial brinda a la sociedad dominicana.

 

Muy buenos días a todas y todos.

 

22 de noviembre del 2017.

Las contiendas electorales en el país suelen ser, de manera lamentable, escenarios muy conflictivos, pues la cultura de nuestro sistema político aún está impregnada de prácticas que resultan incompatibles con los valores de convivencia pacífica que sustentan el pacto constitucional. Algunos de estos conflictos terminan por convertirse en verdaderos delitos y crímenes electorales que pueden socavar la legitimidad de dichos procesos. La falta de consecuencias  que se observa en este sentido contradice la esencia de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que para poder fortalecer nuestro sistema democrático se hace necesario reforzar la ingeniería institucional que rige los sistemas de consecuencias, para que contar con entidades responsables y eficientes en el cumplimiento y ejecución de la ley.

 

En ese contexto, se ha planteado, en numerosas ocasiones, la necesidad de instituir la figura del fiscal electoral. Hay posiciones encontradas respecto al tema, pero su creación debe responder a las exigencias de nuestro régimen constitucional e institucional, pues no es posible acudir libremente a las experiencias comparadas sin verificar previamente las posibilidades de importación a la luz de la configuración de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Es por ello que en la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. entendemos que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución resulta de muy difícil acomodo la institución legal de un Fiscal Electoral Independiente.

 

En razón de la anterior, consideramos que la mejor manera de pensar la especialización de la persecución penal de los crímenes y delitos electorales, así como otras atribuciones que resulten propias de la labor de Ministerio Público en la materia, se pueden perfectamente realizar con la creación de una Procuraduría General Especializada al amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

 

En su artículo 53, la Ley 133-11 confiere al Consejo Superior del Ministerio Público la potestad de la creación de las denominadas “procuraduría especializadas”, indicando expresamente que “éstas son  órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución. Serán creadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales. Estarán a cargo de procuradores generales de Corte de Apelación”.  

 

Tras ponderar el texto del presupuesto normativo anterior, puede decirse básicamente que el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo el supuesto de una prioridad institucional en el marco de los comicios, tiene la potestad de crear la figura del fiscal electoral o, mejor dicho, una procuraduría especializada en la persecución de delitos y crímenes electorales.

 

Por otro lado, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral No. 29-11, establece las competencias de este órgano para conocer de los delitos y crímenes electorales[1]. Sin embargo para el conocimiento de estas infracciones se hace necesario de un persecutor que tenga las facultades y el elemento orgánico que haga viables sus funciones, para su efectiva judicialización.

 

Cabe destacar que la Constitución delimitó con cuidado las competencias del órgano persecutor, que no es otro que el Ministerio Publico, para evitar confusiones y duplicidades de esfuerzos. Su establecimiento recae en un poder orgánico constitucional que es el Consejo Superior del Ministerio Público, quien ostenta la facultad de crear una procuraduría especializada para los delitos y crímenes electorales.

 

Además, este órgano sentaría un precedente para la vida democrática de nuestro país, pese a que son de conocimiento público, las infracciones cometidas antes, durante y después de las elecciones, no generan acciones relevantes y decididas que establezca responsabilidades y consecuencias de cara a estos delitos y crímenes.

 

En otro ámbito, sabemos que en el marco de una reforma al régimen electoral, la norma que reforme a la Ley Electoral No. 275-97 no podrá establecer la creación de un fiscal electoral, pero sí puede instituir la obligación del Ministerio Público de crear una Procuraduría Especializada Electoral que ha de ser dotada de las herramientas necesarias para perseguir los delitos y crímenes electorales que le competen  por ley al TSE o cualquier otra labor institucional que afecta al sistema de partidos y al sistema electoral y pueda ser entendida en el marco del rol propio del Ministerio Público.

 

Un elemento adicional que queremos señalar es la necesidad de dejar claramente establecido que el órgano especializado, sea por requerimiento legal expreso, o por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, que su titular sea investido de una protección institucional equivalente a la que tiene el Director General de Persecución, así como los Procuradores y Fiscales Titulares, de modo que dure en el cargo 4 años y evitar así que pueda ser objeto de interferencias. Asimismo, es necesario dejar claramente establecido que el titular de este ente especializado debe provenir de la carrera del Ministerio Público. 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

17 de noviembre, 2017

 

[1] Artículo 25.- Competencias en las infracciones electorales. El Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la Ley Electoral, en la Ley sobre el Uso de los Emblemas Partidarios, y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos cuando sean denunciados por la Junta Central Electoral, las juntas electorales o el Ministerio Público conforme al Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), lamenta profundamente la pérdida física del Dr. Artagnan Pérez Méndez, una gloria del Derecho dominicano.

La comunidad jurídica de nuestro país se encuentra de luto al tener que despedir a un jurista invaluable y un ser humano que entregó grandiosos aportes a nuestro país.

Paz a sus restos.

Por quinta ocasión consecutiva, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) aúna esfuerzos con la prestigiosa New York University (NYU), en la figura de su Centro para Litigio, Arbitraje y Derecho Comercial Transnacional, para organizar “Arbitration Santo Domingo 2017”.

 

Este importante evento está siendo coordinado por el Prof. Franco Ferrari de la New York University, quien funge como coordinador académico general, y la Lic. Fabiola Medina Garnes, socia fundadora de Medina Garrigó Abogados, quien funge como coordinadora académica local.

 

Este ano el tema de Arbitration Santo Domingo 2017 es el arbitraje comercial internacional y de inversión. En este evento de día y medio, expertos y profesionales internacionales y nacionales abordarán los principales temas y tendencias en el Arbitraje Comercial y de Inversión. El formato de este año consiste en ocho conferencias principales, impartidas por oradores internacionales, seguidas de los comentarios de los expertos en arbitraje más renombrados de la República Dominicana y América Latina, quienes tendrán la importante tarea de contextualizar las experiencias internacionales al nivel local.

 

Los conferencistas principales de este año son: Andrea Bjorklund, McGill University; Pedro Martinez-Fraga, Bryan Cave LLP; Brian King, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Francesca Ragno, Universita di Verona; Friedrich Rosenfeld, Hanefeld Rechtsanwälte; Diego P. Fernández Arroyo, Science Po; Mary Fernández, Headrick Rizik Álvarez y Fernandez; y Franco Ferrari, New York University. Entre los comentaristas internacionales se encuentran Diego Gosis, GST LLP; Lorena Perez-McGill, Georgetown University; y Rafael Rincón, Zuleta Abogados Asociados.

 

Arbitration Santo Domingo 2016 se celebra del 13-14 de noviembre del año en curso, en el Hotel J.W. Marriot Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta con la participación de más de 120 abogados de todo el territorio nacional.

 

Santo Domingo

13 de noviembre, 2017

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera importante puntualizar ciertos aspectos en el marco de la actual ponderación congresual y ciudadana de la figura del voto preferencial, a fin de nutrir las propuestas legislativas que descansan en la comisión bicameral para así concretizar una necesaria reforma del régimen electoral dominicano de conformidad a los principios constitucionales de nuestro sistema democrático.

 

En diversas ocasiones hemos expresado que el voto preferencial es un mecanismo orientado a garantizar una mayor pluralidad en la configuración de la representación de las opciones electorales y que al mismo tiempo contribuye a destrabar el control que tradicionalmente han ejercido las direcciones de los partidos políticos sobre los procesos de elaboración de las listas de postulantes, para evitar o limitar la discrecionalidad de esas cúpulas que han servido, en muchas ocasiones, para articular acuerdos que socavan la democracia interna en sus agrupaciones y limitan la elección popular. 

 

Consideramos que la discusión sobre este tema debe centrarse en la necesidad de seguir institucionalizando la política partidaria y al propio sistema de partidos. A pesar de las debilidades que presentan, los partidos políticos deben erigirse como los garantes del orden democrático.

 

Si bien es cierto que se han presentado serias dificultades estructurales generadas en el marco de la aplicación del voto preferencial a nivel congresual, antes de plantear la discusión sobre su aplicabilidad o no a nivel municipal para los próximos comicios en el año 2020, se debe reforzar el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos; cuestión esta que, en el contexto actual, es imprescindible para garantizar la eficacia de un verdadero voto preferencial.

 

A pesar de lo anterior, consideramos que hay puntos muy delicados sobre los cuales debemos profundizar en todo lo que circunda al voto preferencial. Esta figura, sin las debidas correcciones a la Ley No. 157-13, en el marco de su aplicación práctica, genera islas de poder en el Congreso y más aún dado el régimen jurídico electoral plagado de lagunas que nos rige; por lo que conviene entonces reformular este mecanismo con disposiciones claras que subsanen las debilidades que se reflejan en la práctica.

 

 

 

Somos de opinión que las desavenencias vistas en la experiencia electoral pasada en torno al voto preferencial no se deben a la existencia y/o esencia per se de este método de votación sino más bien a las deficiencias de la normativa que lo configura y las prácticas tradicionales que reflejan la profunda debilidad institucional del sistema de partidos de nuestro país; una de ellas es la confusión en la ley especial del voto preferencial con elementos como el arrastre, el cual resulta contraproducente de cara al fin ulterior de esta figura al distorsionar la intención del votante limitando a un partido determinado su voluntad de elección.

 

La sociedad dominicana debe plantearse seriamente la eliminación del arrastre entre diputados y senadores, puesto que desvirtúa la aplicación práctica y la esencia del voto preferencial. La utilización conjunta de estas dos figuras -el voto preferencial junto al método de arrastre- implica una eliminación de la elección por preferencia que es lo que, precisamente, viene a garantizar el voto preferencial.

 

Por otro lado debe cuestionarse el uso del método D’Hondt para cuantificar los escaños que corresponden a las diferentes agrupaciones políticas, ya que este se ajusta y responde más al mecanismo de listas; esto así dado que este sistema de conteo termina por impedir que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación, como ocurre en la actualidad.   

 

Esto refleja una evidente desnaturalización de lo que implica conceptualmente el voto preferencial. En ese sentido, la legislación actual se ha convertido en un mecanismo operativo que ha favorecido aún más a las estructuras partidarias y en la práctica ha debilitado la intención del voto directo de la ciudadanía.

 

En suma, para la correcta aplicación del voto preferencial, que evite que las cúpulas de los partidos, el personalismo y el financiamiento ilegal de las candidaturas sean quienes determinen los procesos electivos al interior de los partidos, debe considerarse una estructura coherente que sea establecida en la ley de partidos políticos y la normativa del régimen electoral, contemplándose en ésta última la eliminación del denominado “arrastre” y de cualquier método que no exprese simbólicamente la representación directa de la soberanía popular[1].

 

A pesar de lo anterior, desde FINJUS consideramos que otros temas del régimen electoral no pueden ser apartados de la agenda pública, como lo es el fortalecimiento institucional del órgano encargado de dirigir las elecciones (Junta Central Electoral); el control de la publicidad de las candidaturas; los requisitos de elección; los sistemas de control de la democracia interna de los partidos; y la ampliación de los delitos y crímenes electorales.

 

Consideramos que el objetivo supremo de la necesaria reforma del régimen electoral dominicano por parte del Estado dominicano debe ser el restablecimiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral. De igual manera, creemos necesario superar las limitaciones históricas que han establecido una cultura política divorciada de las estructuras democráticas, todo lo cual redundará en el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y la capacidad de sus instituciones.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de noviembre del 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Para una explicación más amplia sobre el concepto de “soberanía popular”, véase Constitución Comentada de la República Dominicana. 4ta Edición. FINJUS. 2015. Artículo 2. P. 70.

 

Muy buenos días.

 

Desde hace muchos años, el fortalecimiento de los poderes públicos se ha convertido en uno de los ejes esenciales para el mejoramiento de nuestro sistema democrático. Uno de los objetivos primordiales para el buen desarrollo del orden jurídico, social y político en cualquier país, y en el nuestro de manera especial, es el logro de una verdadera independencia del Poder Judicial.

 

Por ello, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha colocado este tema en uno de los primeros lugares de su agenda, y ha dado un seguimiento sistemático a su evolución, realizando diversas iniciativas que buscan contribuir a la mejora de los procesos judiciales lo mismo que una relación más fluida y colaborativa entre sus órganos y la ciudadanía.

 

Al mismo tiempo hemos externado nuestra preocupación sobre los bajos niveles de confianza ciudadana sobre el sistema de justicia en su conjunto, realizando estudios independientes y difundiendo los datos que arrojan en informes y publicaciones tanto nacionales como internacionales.

 

Hemos sentido preocupación asimismo por diferentes indicadores que muestran bajos niveles de eficacia, eficiencia o acceso ciudadano a los servicios del sistema de justicia. Pero al mismo tiempo nunca nos hemos desalentado sobre el porvenir ni sobre la pertinencia de nuestra misión.

 

Por todo lo anterior, prestamos mucha atención a los resultados de encuestas y otras herramientas de análisis de las percepciones y buscamos contrastarlas con las realidades que son conocidas por todos y que son difundidas por los medios de comunicación.  Propiciamos las críticas constructivas que surgen desde las comunidades, pero valoramos más que nada las propuestas serias que se formulan para hacer mejoras en la calidad de los servicios que los órganos del sistema de justicia prestan a los ciudadanos, así como las propuestas que contribuyan a aumentar la transparencia y eficiencia de dichos órganos. Estas son las bases que permitirán mejorar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana.

 

Y lo anterior solo es posible en un  marco institucional de independencia judicial, la que entendemos como un prerrequisito para el equilibrio de poderes, y el establecimiento de los pesos y contrapesos necesarios para la organización del poder. Asimismo, consideramos que esta independencia debe mostrarse no sólo en la capacidad de actuar de formar autónoma frente a los actos del Gobierno Central sino en la posibilidad de contar con una línea jurisdiccional fuerte que resista presiones de cualquier tipo.

 

No debemos olvidar que en la Cumbre Judicial Nacional, como iniciativa para continuar con las reformas del sector justicia, se planteó como una necesidad y, a su vez, como un compromiso del Consejo del Poder Judicial el fortalecimiento de la independencia judicial como eje temático abordado en los acuerdos que fueron allí suscritos.

 

La FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), agradece la participación de los expertos con los que contamos hoy, magistrados jueces y juristas reconocidos. Agradecemos asimismo a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana.

 

Es urgente que en nuestro país se coloque sobre la mesa la discusión la realidad del Poder Judicial y los demás órganos del sistema de justicia, especialmente en lo referente a sus niveles de independencia. Pero no desdeñemos las percepciones ciudadanas sobre los niveles de eficiencia, eficacia, acceso e independencia de los órganos judiciales, porque estamos convencidos de que detrás de cada percepción sobre la justicia existe normalmente un conjunto de valores ciudadanos que cuestionan la eficiencia de los cambios que se han producido y del cumplimiento de las promesas que el régimen democrático ha formulado.

 

Por eso dejo la pregunta sobre la mesa para que sea respondida por nuestros distinguidos panelistas: los cuestionamientos sobre la independencia judicial, ¿son simples percepciones, a veces interesadas, o reflejan la cruda realidad?

 

 

Muchas gracias a todas y todos.

 

9 de noviembre del 2017.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), afirma que la Constitución dominicana es clara en torno al tema de la posibilidad o no de una reelección presidencial en base a los presupuestos normativos actuales, por lo que resulta innecesario que la sociedad dominicana se aboque en estos momentos a una discusión sobre el particular.

 

A pesar de que son muchos los presupuestos de las normas que frecuentemente pueden prestarse a interpretación, este no sería el caso para el tema de la reelección presidencial. Aunque diversos sectores han planteado que el tema se discuta ampliamente, consideramos que su discusión podría generar confusiones innecesarias sobre un aspecto que está suficientemente establecido en el texto constitucional.

 

  1. Sobre el texto constitucional.

 

Nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[1]”. Por tanto, el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno.

 

De igual manera se han expresado connotados juristas al respecto, quienes han reafirmado la posición sostenida por nuestra institución. En su análisis del artículo 124 en la obra “Constitución Comentada 2015”, editada por FINJUS, pág. 294, el Dr. Flavio Darío Espinal ha indicado que “La fórmula adoptada por la reforma constitucional de 2015 (la misma de 2002) establece algo diferente, es decir, que el Presidente de turno podrá optar por un período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, lo que significa que el derecho que tiene el Presidente de turno es a postularse una vez desde su posición de Presidente.[2]

 

Asimismo, en la vigésima disposición transitoria establecida en nuestra Carta Magna se indica, para la coyuntura política actual, que “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al  período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República.” Es decir, el contenido del texto anterior aplica exactamente para esta situación concreta y no admite interpretaciones como las planteadas en algunos medios de comunicación.

 

  1. Sobre el principio de igualdad.

 

Por otro lado, hay quienes exigen que, sobre la base de una interpretación del principio de igualdad constitucional, podría abrirse una vía para que el actual primer mandatario de la República pueda ser reelecto en el mismo cargo que hoy ostenta. Sin embargo, consideramos que apelar a este precepto carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional referente a la igualdad.

 

Tal como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[3]”. Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma en torno al caso específico que quiera aplicarse debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad.

 

En ese sentido, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución  es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

 

El tema de la reelección presidencial ha formado parte de la tradición histórica de las reformas constitucionales en el país. La gran mayoría de las reformas a Carta Magna, desde hace más de 160 años, se han dirigido a variar las condiciones en que podría producir la reelección presidencial.

 

De manera que en las actuales circunstancias queda claro que se requeriría otra reforma constitucional para poder legitimar un proceso de reelección presidencial y consideramos inoportuno, tanto el debate con ese propósito como la propia reforma.

 

Deseamos compartir con toda la sociedad dominicana nuestra opinión de que abocarnos en estos momentos a un proceso de reforma constitucional, sólo para los fines de reelección presidencial, podría desembocar en situaciones que no contribuirá al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

7 de noviembre del 2017.

 

 

[1] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[2] ESPINAL, Flavio D., en Constitución Comentada 2015. FINJUS. 4ta Edición. P. 294.

[3] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

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