Palabras de Apertura del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente ejecutivo FINJUS

Me complace saludarles, en ocasión de la celebración de este Seminario Perspectivas de la Seguridad Ciudadana desde la Realidad Municipal. Saludamos de manera especial a los distinguidos miembros de la Mesa de Honor. Agradecemos al Señor Rector, Dr. Castaños Guzmán por acogernos en esta Alta Casa de Estudios.

 

A lo largo de los años, la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los ejes prioritarios de las sociedades modernas, como un elemento central de las políticas de desarrollo humano y de la construcción de una cultura de la convivencia pacífica y efectiva prevención y lucha contra la criminalidad. Este fenómeno que se expresa a nivel mundial, regional y nacional, en este seminario se analizará desde la perspectiva de la realidad del Distrito Nacional.

 

Es creciente la tendencia de abordar el tema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva comunitaria, para resaltar la participación de los ciudadanos en los temas relacionados con la prevención e intervención de las comunidades en estos complejos fenómenos.

 

La reforma constitucional del 2010 reafirmó que la participación es el nuevo nombre de la democracia. Y dado que es en el plano municipal, como el territorio más cercano a la vida de los ciudadanos, donde se hacen concretas las políticas del Estado, es lógico que los gobiernos municipales desarrollen planes y políticas que mejoren la seguridad ciudadana. A esta perspectiva está dedicado este importante seminario.

 

Como los problemas de inseguridad ciudadana no responden a patrones idénticos en cada espacio geográfico, cobra sentido que los ayuntamientos –ya conociendo directamente las condiciones culturales, socioeconómicas y geopolíticas que circundan a las comunidades– decidan trazar líneas de acción que puedan servir para evitar el auge de la delincuencia.

 

En este encuentro escucharemos las diversas experiencias que en nuestra región latinoamericana se han producido en esta misma dirección. Tienen en común el interés de que las autoridades locales contribuyan al logro de resultados más eficaces e integrales en coordinación con los organismos centrales del Estado. Asimismo se conocen de los esfuerzos por desarrollar nuevas formas organizativas, como la creación de corporaciones para la seguridad ciudadana de los municipios; la formación de Policías Metropolitanas de orientación civil, la recuperación de los espacios públicos y el empoderamiento ciudadano.

 

La República Dominicana debe buscar las mejores experiencias que nos ayuden a enfrentar estos agudos problemas, pero lo más importante es que el país, sin distinción de sectores, posiciones o matices, se unifique para enfrentar conjuntamente la violencia, el delito y la criminalidad compleja que nos ataca.

 

En este camino nos sentimos muy honrados de contar en esta mañana con la presencia de importantísimas autoridades y organismos que velan por nuestra seguridad y que colaborando entre sí podrían marcar la diferencia y revertir las tendencias negativas que nos abruman.

 

A la luz de los importantes cambios que se están produciendo en la Policia Nacional y en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, potenciados por la consolidación del sistema de emergencias y seguridad 9-1-1, y de la mano de las organizaciones sociales y la academia, nuestro propósito es que iniciemos un proceso que permita identificar líneas de trabajo compartidos e incrementar el compromiso ciudadano con la gestión de la seguridad en la ciudad de Santo Domingo.

 

Conocemos sobradamente el compromiso y la responsabilidad que demuestran en sus respectivas obligaciones el Sr. Director General de la Policía Nacional, el Honorable Alcalde del Distrito Nacional y el Sr. Director Ejecutivo del Sistema 9-1-1, y con el apoyo del Apoyo del Proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia” que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-, este escenario está organizado para dar un nuevo paso en la promoción de soluciones a la seguridad ciudadana.

 

Agradecemos a estas instituciones por habernos permitido colaborar en esta iniciativa y de manera especial a USAID, en la persona de la Sra. Angela Cárdenas, Directora Adjunta de la Oficina de Juventud, Educación y Seguridad y al Señor Rector de la Universidad Iberoamericana por el honor de abrir las puertas de esta Academia a esta actividad.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

20 de junio del 2018.

 

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El pasado jueves 7 de junio, la Procuraduría General de la República depositó en la Suprema Corte de Justicia el expediente acusatorio del caso ODEBRECHT, dentro del plazo que establecen las normas procesales penales. El Ministerio Público determinó, luego de haber agotado la fase de investigación, que de 14 investigados originalmente solo 7 serían acusados, y que a los restantes se les aplicaría la figura del archivo provisional. Asimismo tomó la decisión de acusar además a una nueva persona, por lo que ahora el grupo total de encartados es de 8.

 

Para todas las personas e instituciones comprometidas con el fortalecimiento del sistema de justicia los hechos que están ocurriendo alrededor del Caso Odebretch ameritan la máxima atención, pues constituye el proceso penal más  importante de la historia en nuestro país, por la gravedad de los hechos que se juzgan, por la notoriedad de las personas acusadas y por las expectativas generadas en toda la sociedad. Por ello la ciudadanía debe dar seguimiento estricto a este proceso porque consideramos que tanto la forma como sea conducido, como sus conclusiones tendrán gravísimas consecuencias para la institucionalidad, el régimen democrático y el sistema político.

 

Los actos realizados por el Ministerio Público hasta ahora, o sea la acusación y el archivo provisional, forman parte de los requerimientos que debe hacer por escrito al concluirse el procedimiento preparatorio, en el marco de la fase de investigación. La acusación refleja los fundamentos que de acuerdo al Ministerio Público existen para que los acusados sean sometidos a juicio y el archivo provisional, para este caso en particular, significa que probablemente no existan suficientes elementos para verificar la ocurrencia de los hechos y/o que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar una eventual acusación.

 

La acción del Ministerio Público genera inquietud en importantes sectores de la ciudadanía que han sentido frustración en las decisiones que se adoptaron en casos similares en el pasado y se preguntan si en esta ocasión el saldo final no contribuirá a aumentar el desencanto y la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.

 

El análisis de lo que está ocurriendo en el caso Odebrecht debe partir del hecho de que el Ministerio Público es el órgano constitucionalmente establecido para dirigir en todos los casos la investigación penal en representación del Estado y la sociedad.

 

Por ello, si de sus investigaciones concluye que donde posee más fuerza probatoria para conseguir una condena contra quienes identifica como responsables de los delitos más que en otros acusados, es ahí donde debe concentrar su labor. Estas conclusiones debieron realizarse desde la esfera jurídica-investigativa, el plano fáctico y la obligación de combatir los crímenes y delitos de corrupción sin distinción.

 

La decisión de archivar provisionalmente algunos casos en particular responden a criterios de la Ley Procesal Penal que permiten al Ministerio Público, concentrarse en los acusados que representan una mayor posibilidad de condena, mientras deja abierta la opción de revisar el archivo provisional si las circunstancias, pruebas y evidencias que vayan apareciendo indican responsabilidad de esas personas.

 

El Ministerio Público debe concentrarse en mostrar que sus actos  permitirán juzgar los hechos delictivos en base a evidencias y pruebas sólidas, para facilitar el desarrollo sustancial del proceso. Tiene sobre sus hombros la labor de demostrar los fundamentos de su la larga labor de investigación y sobre todo que tiene la decisión firme de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

 

Nuestra opinión no se basa ni en la ingenuidad ni en la sospecha. Valoramos que todos los argumentos y opiniones que se emitan en este caso deben apelar a la razonabilidad y apoyarse en el análisis de los pasos tanto del Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución, como del Poder Judicial, como responsable de juzgar los hechos y las evidencias.

 

En ese orden, el Ministerio Público está obligado a evitar que cada una de las decisiones que ha tomado no sean engavetadas ni tengan poca sustentación. Estos son reclamos de la ciudadanía, que reflejan la urgencia de que los sistemas de control de las instituciones sean fortalecidos y nuestro régimen de consecuencias caiga sobre los responsables de la corrupción que nos afecta.

 

Llamamos la atención de no caer en cualquier forma del “populismo penal”, ya que las responsabilidades penales se deben establecer de manera diáfana en los tribunales de la República. El Ministerio Público debe escuchar atentamente los reclamos sociales y mantenerse en permanente investigación, mostrando contundencia en las decisiones que toma y atendiendo a las opiniones que expresan la desconfianza de importantes sectores sociales que están basados en las tristes experiencias del pasado reciente.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de junio del 2018.

Saludamos y agradecemos la invitación que nos ha hecho la Rectora de esta prestigiosa Escuela Nacional del Ministerio Público, la Licda. Gladys Esther Sánchez Richiez; de igual forma a los miembros presentes en la mesa de honor, a todas y todos los aspirantes que ingresarán en este día al Programa de Capacitación Inicial que les habilitará para la función de Fiscalizadores y a todas las personas presentes en este auditorio.

 

Es un honor poder dirigirme a ustedes, sabiendo que en un futuro cercano comenzarán una carrera en la que tendrán en sus hombros el deber de representar al Estado y la sociedad en los tribunales penales de la República. Y para ello necesitarán demostrar que cuentan con una combinación balanceada de rasgos personales, capacidades intelectuales, conocimientos jurídicos y técnicos, mucho sentido común y sobre todo principios y valores que les permitan tener un ejercicio apegado a la moral y la ética en cada uno de sus actos.

 

De esta manera, el Ministerio Público y la sociedad podrán tener la seguridad de que quienes sean seleccionados tienen una alta capacidad de desarrollar un compromiso no solo por los próximos tres, cinco o diez años, sino para toda la vida.

 

De todos esos factores que he mencionado, ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer en detalle lo que implica. Me han pedido que les dirija unas palabras sobre tres conceptos fundamentales, que son los de ética, justicia y servicio público, es decir, los tres pilares sobre los cuales sostendrán cada una de sus actuaciones a partir de este momento. Es importante recordar siempre las palabras del ilustre educador, poeta y pensador cubano, José Martí: ‘‘Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones. ’’

 

Estas palabras deben plasmarlas en el espíritu de su servicio al país. Aunque muchos quisieran pensarlo de este modo, el dilema ético no es un asunto idealista. Se trata de un concepto que permite transformar la propia estructura del Estado y fortalecer los valores y principios que rigen la actuación de cada uno de sus representantes.

 

La ética es la demostración idónea del carácter humano y el porvenir en valores de todo el conglomerado nacional. Tal como indica el profesor croata, Luka Brajnović, ‘‘la ética se encarga de estudiar los actos humanos (no los del hombre) en el estricto sentido de la palabra, es decir, más como una práctica que como una especulación teórica.’’[1]

 

Es en el terreno de la vida diaria donde cada acto de cada uno de nosotros debe expresar si su contenido está dirigido a garantizar la dignidad, el respeto a los derechos, el correcto funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica, que son los mandatos fundamentales que todo servidor público tiene ante sí.

 

Cada una de estas esferas de la vida cotidiana no funciona de manera aislada, sino que todas están interconectadas por varios hilos. El primero de ellos es la justicia. Todo hecho de las personas o de las instituciones, tanto en la vida pública como privada, deben observar estos principios y es en el sistema de justicia donde se decidirá si el comportamiento de cada individuo es coherente o no con los mismos. Hoy vivimos momentos decisivos, que ponen en entredicho las bases de la seguridad, del acceso equitativo a los servicios, de la realización de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes.

 

Otro hilo debe unir a los distintos elementos de la sociedad, es el de la ética. Esta tiene que ver primordialmente con los comportamientos que cada día tenemos que ejecutar en cada una de las esferas de la existencia: en la vida cotidiana, en los estudios, en el trabajo y en el caso de ustedes, en el ejercicio de una función pública en la que cada día, cada hora, cada minuto tendrán que decidir sobre lo que es correcto y lo que no.

 

En este país todos estamos amenazados por esta cultura que nos presiona para no actuar correctamente. Una cultura que cada día nos dice que la decisión no está entre lo moral y lo inmoral, sino entre lo que conviene o lo que es posible; entre el mirar para un lado y participar en el festín de los malos o actuar correctamente y abrir una caja de pandora que nos puede costar muy caro, no solo a nosotros, sino a nuestras familias y amistades.

 

Algunos proclaman que el comportamiento ético es una ilusión porque en el fondo cada ser humano es malo por naturaleza y que todos llevamos dentro el cáncer de la corrupción. Por eso las famosas frases como “quieres conocer a pedrito, dale un carguito”, o peor, “ese es honrado porque nunca ha manejado dinero”, nos van condicionando para que aceptemos pasivamente la creencia de que todo el mundo tiene su precio….

 

Y el tercer hilo es la idea del servicio público. La sociedad requiere de personas comprometidas con hacer realidad cada una de las funciones del Estado. El acceso a los servicios, el cumplimiento de las leyes, la protección de las personas, la garantía de que cada ser humano tendrá las condiciones adecuadas para el desarrollo máximo de sus capacidades y potencialidades, tiene que realizarse en un marco de la ética y la justicia.

 

Ustedes están entrando a un programa esencial del Estado, a cargo de la Procuraduría General de la República. Pasarán varios meses donde se pondrán a pruebas sus capacidades, competencias y rasgos, lo que definirá el destino de cada uno.

 

Por eso es el momento de que cada uno se vea a sí mismo como un profesional empoderado de sus funciones, comprometido con la misión que desempeñará, consciente de sus limitaciones y de sus fortalezas….

 

Nuestro país espera por ustedes. Deben saber que este es sólo el comienzo de un camino cargado de compromiso y dignidad. Es de admirar que tantas personas calificadas hayan asumido este reto.

 

Ha sido un honor dirigirme a ustedes y espero que estas palabras las hagan suyas, como una forma de motivación y línea directriz de su ejercicio.

 

Muchas gracias.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

30 de mayo del 2018.

 

 

 

 

 

 

 

[1] BRAJNOVIC, Luka. Deontología periodística. España. Editorial Universidad de Navarra. 1978. P.17.

A cargo del Mag. Mag. Ernesto Jinesta Lobo, Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. En el marco de la Primera Jornada de Derecho Administrativo: Administración de Justicia y Contratación Pública, a celebrarse los días 1, 2 y 3 de agosto de este año 2018.

La Oficina Nacional de Defensa Pública y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), celebraron este jueves una mesa de consulta de prioridades y necesidades para el fortalecimiento de la Red Nacional de Identificación y protección de los Derechos de Grupos en Condición de vulnerabilidad, especialmente a los afectados de VIH.

El acto de apertura estuvo a cargo de la doctora Laura Hernández, quien informó que su misión de promover el acceso a la justicia de las personas en condiciones de igualdad, ha impulsado la creación de la Red Nacional de Identificación y Protección de los derechos de las personas que viven en condición de vulnerabilidad.

Por esta razón esta red debe ser el motor que impulse políticas de inclusión en las instituciones y planes del Estado en la consecución de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Esto quiere decir, que como Red tenemos un compromiso social de realizar acciones que mejoren la calidad de vida de estos grupos y la protección de sus derechos.

Reiteró que la Oficina Nacional de Defensa Pública está comprometida con el fortalecimiento de la Red  Nacional de Identificación y Protección de los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas y con el apoyo de FINJUS realiza esta actividad de consulta a los miembros de la red para determinar las acciones siguientes y sus prioridades en la detección de sus necesidades de capacitación técnica para el trabajo en equipo y participativo de todos los miembros de la red.

El trabajo en equipo de la red va a incidir en que las problemáticas y limitaciones que tienen las mujeres víctimas de violencia, las personas migrantes y sus descendientes, la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, y demás poblaciones vulnerablilizadas tengan acceso a la justicia para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos, dijo.

 

Fuente: El Nuevo Diario

SANTO DOMINGO. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, entregó este miércoles durante una reunión de trabajo a la Fundación Justicia e Institucionalidad (FINJUS) el reporte de gestión de la alcaldía durante los primero cuatro meses del año 2018, como seguimiento a las políticas de transparencia que implementa la actual gestión.

Collado expresó: “Vinimos de manera voluntaria a traer nuevamente el primer cuatrimestre y hemos acordado hacer esto ya cada cuatro meses con nuestros equipos técnicos. Estamos convencidos de que estos son los pasos que se tienen que dar en la administración pública para un mejor desarrollo de las instituciones públicas y sobretodo de la ciudad de Santo Domingo”.

“Estamos tocando puertas así como las Naciones Unidas, FINJUS, el CONEP, organismos internacionales, la USAID y la embajada americana para conectar esta administración con todas las instituciones que puedan ayudarnos a hacer una mejor gestión, transparente y con ética en este compromiso que la sociedad nos ha otorgado y que lo asumimos con mucha responsabilidad”, aclaró el alcalde.

De su lado, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, manifestó que cuando el alcalde le entregó hace cinco meses todo el trabajo realizado hasta este momento, le llamaron la atención los diagnósticos y pronósticos a través de los que se diseñaron una serie de políticas para identificar cómo podrían hacer de la Alcaldía del Distrito Nacional una institución transparente.

Continuó diciendo: “Como FINJUS una de las cosas que más nos preocupa en términos de políticas públicas, son los procesos de compras y contrataciones sobre todo por lo complejo que es implementar una ley, que de una u otra forma tienen una serie de lagunas que genera mucha confusión”.

Saludó el hecho de que el ADN sea asistido en todo lo relativo a compras y contrataciones por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dejando claro que su única intención desde ahí es que todos los procesos se cumplan con los mayores niveles de transparencia.

En ese sentido, Jackeline Mora, directora financiera de la alcaldía, presentó los planes financieros que tienen la institución a corto y mediano plazo, así como los nuevos acuerdos que está realizando la entidad con empresas de alto renombre, como es el caso de Deloitte que se encuentra en la realización de un levantamiento para cambios tecnológicos y procedimentales, con el fin de crear una gestión de carácter más privado.

“Mañana estaremos firmando un acuerdo con una ONG Internacional que apoya el tema de investigación en políticas públicas donde el ayuntamiento acaba de ganar una ayuda para dar uso a la información de la entidad, que permita realizar cambios importantes para los ciudadanos en términos de políticas públicas pero soportado por la investigación”, expresó Mora.

“Esto se hará a través de la Universidad MIT de los Estados Unidos con la presencia de representantes de la universidad de Princeton y un investigador local para seguir con estos procesos”, concluyó.

 

Fuente: Diario Libre

 

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