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La sociedad dominicana no sale de la indignación que se produjo en el fin de semana pasado en todo el país por la expresión brutal de barbarie que significó el asesinato de varias mujeres y sus familiares y la expresión de crueldad sin límites exhibida.

 

Esta violencia sin control contra las mujeres y las diferentes formas de violencia que surgen de la convivencia interpersonal o convivencial en todas la áreas sociales, nos indican que existen muchos problemas sociales y estructurales que ameritan la atención urgente de todos los sectores nacionales, tanto públicos como  privados, y debe generar nuevas formas de respuesta social que iluminen la conciencia social en el sentido de que esta violencia debe ser enfrentada desde cada espacio, territorio o sector, porque nadie puede considerarse al margen de ella o creerse por encima de sus garras.

 

Es urgente que en el país se produzca un esfuerzo concertado para que se coordinen y profundicen las políticas públicas que han sido definidas en los últimos años, al igual que los esfuerzos e iniciativas institucionales que se han diseñado. La cohesión interinstitucional que debe producirse debe reflejarse en una mejoría de los procesos de diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad, desde una perspectiva integral y con el compromiso de incrementar los recursos públicos y privados que se requieren.

 

Dado el alto número de denuncias sobre violencia y muertes de mujeres en situación de vulnerabilidad y desprotección, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas para asegurar las medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación que utilicen intensivamente los avances de la tecnología, para incentivas la prevención y respuesta rápida ante la inminencia de las agresiones.

 

La tecnología debe ser un componente importante en las nuevas políticas de contención y control de la violencia contra las mujeres, que puedan superar las insuficiencias de las simples medidas de alejamiento físico sin control de ningún tipo de autoridad oficial, de forma que se pueda ubicar rápidamente a los potenciales agresores en las situaciones de alto riesgo, como son aquellas donde ya se han producido antecedentes o tentativas de agresión. En el caso de la violencia contra las mujeres es urgente promover iniciativas que mantengan alejados a los agresores de sus potenciales víctimas y que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres agredidas.

 

La labor coordinada de las diferentes instancias oficiales, desde los órganos policiales, del Ministerio Público, los organismos de asistencia social y de acción rápida, las iniciativas privadas para acoger y apoyar mujeres víctimas, son parte de la solución a corto plazo.

 

No olvidemos que la violencia social ha trascendido los márgenes de la delincuencia y la criminalidad, y se expresa en el deterioro creciente de las relaciones de convivencia en la vida cotidiana, lo que se ha agravado de forma notable tras el paso de la pandemia y la búsqueda insaciable de nuevos espacios de ocio y placer en todos los sectores sociales

 

Pese a los valiosos esfuerzos desplegados por las autoridades del Poder Ejecutivo para superar los efectos indeseables de la crisis sanitaria, la violencia social y contra las mujeres de manera específica, se sostienen por tener causas sociales o estructurales múltiples, que solo con políticas de largo plazo serán revertidas

 

Sin embargo estos graves problemas deben ser enfrentados con la combinación de diferentes medidas que podrían incluir:

 

  1. el incremento sustancial de los recursos que el Estado invierte en la prevención y control de la violencia, especialmente en los sectores más vulnerables y expuestos, mediante programas que apunten a la generación de empleos y formas asociativas de producción y sostenimiento familiar.
  2. la revisión y adopción de los instrumentos legales y normativos que aún se requieren para enfrentar situaciones específicas, entre lo que se destaca la modificación del arcaico Código Penal que solo favorece a la delincuencia, la criminalidad organizada y las formas más abyectas de la violencia intrafamiliar y convivencial.
  3. Mejoramiento inmediato de los niveles de respuesta ante las manifestaciones de la violencia, lo que incluye, mayores recursos para la recolección de datos e información sobre las manifestaciones y causas de la violencia, sustentadas en investigaciones focalizadas en vectores sociales que agudizan este fenómeno
  4. El diseño e implementación de mecanismos ágiles y eficientes para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables, reforzando las competencias, responsabilidad y diligencia de los funcionario encargados de hacer cumplir y activar los mecanismos de protección hacia la mujer y prevenir la violencia convivencial
  5. Apoyar programas para elevar la capacidad de las herramientas que ayudan a la investigación y documentación sobre estrategias de prevención, el uso de la tecnología, la prestación de servicios de calidad de apoyo a las mujeres sobrevivientes y sus familias, y
  6. Ampliar la cobertura y calidad de los programas de educación y concientización para una mayor efectividad de los cambios que se promueven para modificar el comportamiento y las actitudes sociales que redundan en más violencia contra las mujeres y sobre todos los sectores sociales sin excepción

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

 

23 de agosto, 2022

 

 

 

 

 

 

Invitamos a Participar : lo que será la cuarta edición de Legal Trends! Al lineup se suma Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.

? 6:00 PM
?️ 8 de septiembre
? Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña

Para más información e inscripción ver enlace en nuestra bio ???? @anje_rd

 

Las comisiones creadas mediante decretos 371-22 y 372-22 de Luis Abinader, iniciaron sus labores durante un acto donde tomaron posesión los distintos equipos cuyo objetivo es impulsar en Ipe PN fuerte y moderno, acorde a la realidad dominicana.

Simultáneamente se completará la habilitación pedagógica de 160 docentes a cargo de los cursos de reforzamiento para 35 mil policías en todo el territorio nacional.

 

Los temas prioritarios son: los derechos humanos, el manejo de conflictos, las relaciones interpersonales, la integridad policial y el uso correcto de la autoridad y de la fuerza en las actuaciones del cuerpo del orden, explicó Roberto Santana, Coordinador de la Comisión Técnica.

 

En tanto que Servio Tulio Castaños Guzmán, miembro de la Comisión Ejecutiva, calificó el evento como histórico y trascendental para el país, porque por primera vez un presidente de la República ha expresado la voluntad política y dado el verdadero respaldo que se necesitaba, sin escatimar esfuerzos ni recursos para la reforma policial.

 

“Quiero felicitar al presidente porque ciertamente esto es posible porque él dado todo su apoyo y de ahí que se hayan logrado tantos avances en la tecnificación de la institución, en la modernización, se le están asignando recursos, todo paso a paso”, resaltó.

Fuente @mininteriorrd

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La Procuradora General de la República, Dra. Miriam German Brito, recibió en su despacho al Director General de INFOTEP, Rafael Santos Badía, al Director General de la Policia Nacional, Eduardo Alberto Then, Roberto Hernández Basilio, Director General de Prisiones y a Servio Tulio Castaños de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) para intercambiar ideas sobre proyectos que impacten en la mejoría de  las condiciones de los internos en los centros penitenciarios.

 

 

 

 

 

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó que el Poder Judicial dominicano está a la vanguardia de los poderes judiciales latinoamericanos, al demostrar en tiempos de la pandemia su decisión y valentía de mantener los servicios propios de la administración de justicia.


Indicó que el Poder Judicial en ese accionar, ha mostrado su decisión y valentía de mantener los servicios propios de la administración de justicia y salvaguardar las garantías establecidas en la Constitución y las leyes, adelantándose a los cambios que se requieren en las actuales condiciones tras la pandemia por el Covid-19, “y es bueno que eso los sepa la sociedad dominicana”.


Servio Tulio destacó el posicionamiento del Poder Judicial que, según las últimas encuestas de percepción ciudadana acerca de la justicia dominicana, “la ubica como una de las mejores de los países del área”.


Manifestó su compromiso de que desde la institución que representa se continuará propiciando el acceso pleno a la justicia, consolidando la cultura de eficiencia y transparencia existente, y reiteró que la Suprema Corte de Justicia goza de toda la confianza por parte de la FINJUS, “sobre todo por esa visión moderna de lo que debe ser un Poder Judicial”.


Sus declaraciones se produjeron en el marco de la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Consejo de Poder Judicial (CPJ) y la FINJUS.


El documento fue firmado por el director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial, Ángel E. Brito Pujols, y por Castaños Guzmán.


Durante el acto, la magistrada Octavia Fernández, integrante del CPJ, destacó la importancia del acuerdo con la FINJUS, institución que dijo ha tenido siempre un acercamiento especial con ese poder del Estado en el apoyo de sus iniciativas y transformaciones.


“Para el Poder Judicial es importante trabajar junto a la FINJUS en la creación de observatorios de justicia para el seguimiento de iniciativas vinculadas a los ejes estratégicos institucionales, y que contribuyan a una justicia abierta”, sostuvo Fernández.


El acuerdo establece un marco de colaboración y un plan de acción que permitirá a la FINJUS incentivar el acercamiento con los diferentes gremios y sectores de la sociedad, para lo cual se realizarán talleres, conferencias y foros dirigidos a acompañar a la población en el entendimiento del propósito y de las funciones del Poder Judicial.
Asimismo, contribuir con la difusión del posicionamiento del Poder Judicial y sus dependencias delimitando su alcance frente a las demás instituciones y actores del sistema de justicia; participar de manera activa con los procesos de consultas públicas que realice ese Poder del Estado sobre sus reglamentos y políticas que abonen al fortalecimiento y la transparencia de la institución.


En la firma también estuvieron presentes por el Consejo del Poder Judicial el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, licenciado Javier Cabreja; y el director de Comunicación al Usuario, licenciado Hamlet Montás. Mientras que por FINJUS estuvo presente Carlos Villaverde, director de proyectos.

 

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Visita de cortesía del Mag. Ygnacio Pascual Camacho, Presidente del Tribunal Superior Electoral y Lic. Bautista López García, Subdirector de Relaciones internacionales y Director en funciones de dicho tribunal.
Durante el encuentro, el Sr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS y el Magistrado Camacho, intercambiaron temas de interés para el fortalecimiento institucional, las atribuciones del Tribunal Superior Electoral y su relación con la sociedad, en el marco del Acuerdo de cooperación entre ambas instituciones.

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La Fundación Institucionalidad y Justicia considera de interés ponderar el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia desde una perspectiva integral procurando un instrumento normativo coherente a la diversidad y complejidad que entraña la persecución de las diversas tipologías delictivas relacionadas con el ciberdelito.

 El desarrollo y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones han obligado a repensar los estándares de interrelación social a todos los niveles e intercambios comerciales; esto refiere a la obligada respuesta ante el imparable crecimiento del internet y el aumento en el uso de la comunicación satelital. En este sentido, tanto las personas físicas como las organizaciones privadas y públicas han quedado expuestas a las vulnerabilidades de los sistemas de intercomunicación y manejo de la información de lo cual es innegable la necesidad de avanzar en la preparación, prevención y cuidado en su uso para contrarrestar el progresivo impacto de la ciberdelincuencia.

 De esto último corresponde al Estado avanzar en el desarrollo de mecanismos jurídicos y tecnológicos para actuar en los escenarios del cibercrimen, resultando esencial enfocar la regulación en la materia con mayores niveles de rigurosidad y especificidad técnica de manera que los organismos encargados de hacer cumplir la ley dispongan de medios legales adecuados para combatir este flagelo.

 Antes de apuntar algunos aspectos particulares del quehacer jurídico comparado en materia de cibercriminalidad, a propósito de fortalecer el proyecto de ley de que se trata, corresponde verificar lo relativo a la inclusión de los delitos de difamación, injuria y discriminación con cuantías de penas que parecerían resultar desproporcionadas y la innegable tensión que esto ejercería a la integridad del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

 En efecto, referir penas privativas de libertad para delitos tales como difamación e injuria que sean cometidos a través de sistemas de información y la internet, siendo la cuantía de la pena indicada incluso mayor a lo establecido para la comisión offline o fuera de internet de estos delitos, se traduce en un verdadero despropósito normativo, más aún cuando la tendencia comparada refiere a la caracterización eminentemente civil de la responsabilidad ulterior que corresponde al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, al menos cuando se trate de funcionarios públicos en el marco de sus atribuciones estatales y/o gubernamentales.

 Sobre lo que atañe a los funcionarios públicos es preciso recordar y ponderar la iniciativa legislativa en función del criterio establecido por el Tribunal Constitucional Dominicano que refiere que los mismos: “están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad,  dado  que  la  libertad  de  expresión  faculta  al  individuo  y  a  la  sociedad  a participar en debates activos y vigorosos sobre todos los aspectos de interés social, y  que  ese  tipo  de  debates  generará  necesariamente  ciertos  discursos  críticos  y ofensivos para los funcionarios públicos o quienes se vinculan voluntariamente a la formulación de la política pública[1]”. Esto a fin de no disminuir de manera desproporcionada la libertad de expresión, aunque entendiendo que si bien se trata de personas sometidas a mayor escrutinio público debe resguardarse la esfera de su vida privada.

 En ese sentido, “la jurisprudencia y la doctrina de la Corte y la Comisión Interamericana de  Derechos  Humanos  ha  dejado  por  sentado  que las  sanciones  de privación de libertad por este tipo de delitos NO SON COMPATIBLES con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, puesto que ellas producen un “efecto inhibitorio” en los ciudadanos que hacen opinión pública, que temerosos   de   perder   su   libertad   personal   se   abstienen   de   emitir informaciones, juicios u opiniones que puedan afectar funcionarios públicos o particulares (…) señalando igualmente que para resarcir el honor de alguien que se sienta afectado por una información o una  opinión debería  bastar,  en  caso  de  daños  morales,  un  sistema  de responsabilidad civil capaz de reparar el honor ofendido[2].

 Sin perjuicio de lo anterior, la ponderación en este sentido debe considerar que si bien la libertad de expresión, así como el derecho a la información, constituyen parte esencial de la garantía de la democracia, el ejercicio de los mismos tiene limitaciones conferidas por la propia Carta Magna en orden a resguardar otros derechos fundamentales consustanciales como la propia dignidad humana; por lo que no se trata de eliminar las responsabilidades ulteriores[3] sino de adecuarlas desde la proporcionalidad y razonabilidad en función de que la libertad de expresión se ejerza “(...) respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.

 Se propone entonces la revisión de las penas propuestas entendiendo que la reacción penal del Estado, especialmente en delitos como estos, no descansa en el aumento de la pena pues no se corresponde al fin constitucional de la coerción.

 Por otro lado, refiriendo las particularidades relativas a la protección ante la cibercriminalidad es preciso realizar algunas observaciones al proyecto de ley de que se trata. La doctrina comparada establece que el derecho procesal interno debe seguir el ritmo de los avances tecnológicos teniendo como objetivo garantizar un estándar de protección frente a los riesgos del ciberespacio para que un ciudadano pueda gozar de sus derechos en el mundo virtual.

 Debe destacarse que el derecho penal y el derecho procesal penal clásicos fueron construidos sobre la base de un modelo de criminalidad física, marginal e individual[4]; lo cual ante la revolución que ha significado el internet en el marco de la interrelación global, supone obstáculos mayúsculos para la represión de los delitos que allí se ejecutan. Y es que se manejan características especiales en la comisión de estos delitos que los complejizan con relación a los que suceden en el espacio físico, sobre todo en lo que atañe a la accesibilidad y ubicuidad/localización del ilícito, así como la percepción de anonimato del sujeto activo que cuenta con mayores herramientas para un pase inadvertido.

 A pesar de que los bienes jurídicos protegidos en la criminalidad informática, son equivalentes a los que refiere la penalización de la criminalidad tradicional, no deja de ser necesario una perspectiva diferente en cuanto a la descripción típica del ilícito, así como la verificación de tipos penales nuevos que se caracterizan únicamente con la utilización de los sistemas informáticos. Esto refiere al dinamismo propio de la cibercriminalidad y la multiplicidad de perfiles de los ciberdelincuentes, pues su accionar se mantiene en constante cambio en cuanto a la ejecución de los delitos por lo que la descripción que corresponde a los tipos penales debe contar con la elasticidad suficiente para converger con las formas que se desarrollen a través del tiempo, esto sin perder de vista los principios rectores del derecho penal tal como lo es el de taxatividad.

 

De manera específica, en cuanto a los ciberdelitos financieros se observa en el proyecto ausencia de descripción suficiente de conductas fraudulentas tales como la obtención y posesión de instrumentos de pago con un propósito fraudulento mediante prácticas de suplantación de identidad (phishing), entre otros, así como inclusión tímida o definición escasa de los diversos instrumentos de pago que pudiesen utilizarse como lo son la representación digital de valor que entrañan las monedas virtuales. Otras conductas que las directivas comunitarias europeas señalan de importancia valorar son las prácticas contrarias a la competencia desde el ciberespacio y el abuso de mercado mediante la utilización de información privilegiada (insider trading) en tanto pudiese atentar con la transparencia y seguridad de los mercados financieros.

 

También es preciso advertir que el proyecto de ley requiere adecuación en la definición de tipos penales que refieren características diferenciadas cuando entra en juego el elemento del internet, dentro de estos lo relativo a la descripción típica de la estafa, chantaje, sustracción, material de explotación o abuso sexual contra Niños Niñas y Adolescentes. De igual manera, debe considerarse un mayor estándar en las penas propuestas para delitos que afecten la integridad de población vulnerable como lo son los menores de edad, a los fines de preservar el interés superior del niño como fin constitucional.

 

En definitiva, entendemos se trata de una pieza legislativa que amerita aunar esfuerzos en los trabajos a fin de reajustar su contenido a la realidad que impone la cibercriminalidad. Apuntamos algunos retos en esta materia, dentro de ellos la implementación de medidas preventivas al ciberataque, en razón de su rápida evolución dejando un margen de actuación reductivo a las autoridades solo en la etapa posdelictual; la necesidad de capitalizar la cooperación internacional como parte de una estrategia viable dada la implicación de diversas jurisdicciones en los ciberdelitos; la coordinación interinstitucional a lo interno del sistema de justicia nacional y entidades gubernamentales orientándose en la especialización en cuanto al desarrollo de mecanismos de detección y persecución adecuados y estrategias de prevención que vayan en orden a evitar segundas y posteriores victimizaciones y de intervenir sobre aquellos colectivos que presenten un elevado grado de cibervulnerabilidad.

 

En este sentido, desde FINJUS saludamos el interés del Poder Ejecutivo en someter a un análisis participativo a este proyecto normativo y ponderar las preocupaciones legítimas que se han generado en los diferentes sectores; estas discusiones deberán trascender al foco relativo a la tensión generada respecto a la libertad de expresión, atendiendo también la necesidad de abordar aquellas cuestiones intrínsecas en materia de ciberseguridad, incluyendo a los representantes gubernamentales, académicos, empresas de telecomunicaciones y expertos en derecho y ciberseguridad para compartir información, conocer sus intereses y poder cubrir todos los aspectos relevantes de una eventual ley sobre ciberdelincuencia.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

 

 

 

 

[1] Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia Número TC/0092/19 de fecha 21 de mayo del 2019.

[2] Idem, Cita. 

[3] Así lo ha considerado el Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia referida, en la cual establece que: “(…) El derecho a la libertad de expresión también puede ser limitado, de acuerdo con las normas de la Constitución y del bloque de constitucionalidad citadas, para proteger el derecho al honor o a la reputación, a la intimidad, a la dignidad y moral de las personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, en estos supuestos, a través de las responsabilidades ulteriores que deben ser necesarias y encontrarse expresamente fijadas por la Ley. De modo que quien ejerce el derecho a la libertad de expresión en forma abusiva, debe afrontar las consecuencias ulteriores que le corresponden según la Ley.”

[4] Barrio, Moisés Andrés. Ciberdelitos, amenazas criminales del ciberespacio. Foro de debate jurídico, ponencias. Pág. 20

Martes, 14 Junio 2022 09:49

Invitamos a Participar

Puede reservar en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   809-227-3250 ext. 230

La Fundación Institucionalidad y Justicia, inc., (FINJUS), expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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