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COMENTARIOS DEL DR. SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE FINJUS

Las palabras de Doña Milagros Ortiz son contundentes porque siempre están al servicio de la coherencia entre el pensamiento y la acción. Su trayectoria pública de décadas muestra que la política puede y debe ejercerse con un riguroso apego a la verdad, a la ética, al bien común ya la construcción de nuevos espacios para la democracia, la justicia y la equidad.

Estas no son palabras al viento. Ni para agradar.

Ella nos recuerda hoy algunas líneas maestras del pensamiento ético-democrático, que son como luces que nos orientan en la oscuridad moral que predomina en algunos sectores, aquí ya nivel mundial.

Que el bien común solo puede crecer y brillar a través de una administración pública apegada y garante de la Constitución, las leyes, los reglamentos y otras normas, para fomentar la confianza mutua entre el estado y la sociedad, donde descansa la sana gobernanza.

La confianza social y la legitimidad escasean donde reina la corrupción.

Pero no pueden florecer tampoco donde la opacidad, lo difuso y ambiguo, prevalecen.

Como deja establecido Doña Milagros, contamos con leyes esenciales para protegernos de la corrupción.

Algunas de ellas, sin embargo, tienen graves debilidades, que permiten que algunos malos dominicanos persistan en la cultura de décadas, que les ha permitido enriquecer a costa del Estado, parasitando el bien común y haciendo más profunda la pobreza y la desigualdad.

Durante años, nos hemos referido a la urgencia de reformar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, a la que hemos definido como el instrumento más eficiente que fue ideado para mantener el clientelismo político y la falta de claridad en el sistema democrático.

En las últimas semanas, sin embargo, me he convencido que la simple reforma de esa Ley sería un retroceso y un golpe mortal para la democracia dominicana. Hoy se requiere de una Nueva Ley de Compras y contrataciones.

En este sentido tenemos grandes esperanzas de que con la voluntad política que se muestra, nutrido por el esfuerzo de funcionarios como Doña Milagros, muy pronto tendremos esa Nueva legislación.

Uno de los juristas que más admiro a nivel internacional es el Dr. Jaime Rodriguez Arana, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña y Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, a quien hemos invitado al país en varias ocasiones.

De sus exposiciones en los eventos que FINJUS ha organizado, hemos aprendido que la transparencia administrativa en una sociedad democrática es la clave que garantizará siempre una Administración más visible, comprensible y accesible en sus relaciones internas y con la sociedad. Lo podemos encontrar como un principio básico en cualquier manual de Derecho Administrativo o en cualquier código deontológico de función pública.

Hemos aprendido de su mano que para conseguir un alto nivel de transparencia administrativa, en los distintos campos del sector público, es indispensable aplicar medidas y formulaciones organizativas y normativas, pero él siempre advierte que esas medidas y normas no lo son todo.

Realmente, tal como lo ha planteado Doña Milagros en su intervención, lo fundamental son las ideas y el comportamiento de las personas al servicio de la Administración pública, por lo que es imprescindible un comportamiento ético y crear un ambiente en el que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales y colaborar con la propia Administración en la gestión de los intereses públicos.

Estamos convencidos de que la opacidad y la corrupción, golpean y reducen nuestra libertad individual y colectiva, porque dañan el interés general en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, porque allí es donde reside el ejercicio de las libertades y de la solidaridad.

En otras palabras: Mi libertad es sagrada, pero solo es posible cuando los demás también lo son y esto es imposible en una sociedad donde la mayoría está privada de alcanzar los beneficios sociales que la Constitución y las leyes los proclaman como derechos inherentes a la dignidad de las personas.


Finalmente en los momentos actuales, el ejercicio de una administración pública orientada hacia el servicio en base a códigos de ética con valores bien definidos y al alcance de todos, debe convertirse en una buena herramienta para promover la transparencia y por ende, la gobernanza democrática. Para decirlo con las palabras del Maestro José Martí: ''Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones''.

Y esto solo podrá alcanzarse con directivos y funcionarios en los órganos públicos comprometidos con la integridad en cada uno de sus actos.

 

 

10 de febrero de 2022

ingeniero  eduardo estrella

presidente del senado de la republica dominicana

Su Despacho.-

 Honorable Señor Presidente:

 Nos complace transmitirle el saludo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), en ocasión de la apertura de los trabajos del Honorable Senado que Ud. presidir

 Animados por nuestra tradición de contribuir positivamente al desarrollo legislativo, deseamos compartir con Ud., el resultado de una reflexión y análisis que hemos realizado en FINJUS sobre algunas de las iniciativas legislativas pendientes en el seno del Congreso, las cuales tienen una alta relevancia para el fortalecimiento institucional del pais.

 Hemos listado dichos anteproyectos, proyectos y/o iniciativas legislativas y ponderado probablemente su importancia para el desarrollo nacional, y nos permitimos sugerirle que sean integrados al listado de las iniciativas prioritarias de la agenda legislativa para el periodo que inicia.

 Las iniciativas legislativas reconocidas se enmarcan en tres grandes aspectos, esto es: seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia.

 seguridad ciudadana

 Ley Orgánica del Ministerio del Interior y Policía

 La seguridad ciudadana ha sido señalada de manera reiterada como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en los más recientes estudios y encuestas realizadas como el Índice de Competitividad Global y el Barómetro de las Américas 2021, considerando la inseguridad como el problema más importante que enfrenta el pais a juicio de la poblacion dominicana.

 Lo anterior amerita que el Estado y en particular, el Poder Legislativo, se aboquen a la tarea de desarrollar una política de seguridad ciudadana integral, lo cual requiere, a modo de componentes clave, la aprobación de iniciativas tales como la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía y la reforma al Código Penal correspondiendo esta última a todo lo relativo al fortalecimiento del sistema de justicia.

 Reforma a la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

 

El artículo 41 de la Constitución dominicana en su parte in fine prohíbe todas las formas de trata y tráfico de personas. De igual modo, el país es signatario de convenios internacionales como la Convención Belém do Pará, donde este tema es considerado como un imperativo para los países que lo suscribieron.

 

Sin embargo, para el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana se requiere una norma sobre trata y tráfico de personas que responda a las nuevas dinámicas que también ha asumido la criminalidad organizada, mejorando así la ley vigente No. 137-03, la cual es además previa al nuevo orden constitucional vigente.

 

Los alcances de la protección jurídica brindada a las víctimas afectadas por este delito, las técnicas especiales de investigación a aplicar en estos casos, así como también la precisión de la responsabilidad penal en un fenómeno tan complejo como la trata de personas, requiere una modificación normativa que permita activar nuevos mecanismos para propiciar un mayor clima de seguridad en este ámbito.

 

  1. Sistema de Justicia

 

  • Reforma del Código Penal

 

Transcurridos más de cien años desde la promulgación del Código Penal Dominicano en 1884 y, tras la tentativa de reforma del Código Penal del 2015 que no prosperó por razones que consideramos no son propias de una discusión penal, entendemos que actualmente resulta impostergable la reforma del texto íntegro de dicha normativa pues la misma no responde a las necesidades de prevención y persecución del delito de una sociedad cada vez más globalizada.

 

En efecto, el Código Penal Dominicano se encuentra desfasado y constituye un obstáculo a la persecución del crimen en nuestro país en desmedro de la seguridad ciudadana. Esta legislatura debe colocar dentro de sus principales objetivos la promulgación de una normativa más adecuada a la dogmática jurídico-penal moderna y, de conformidad a esto, apostar también a la modernización del sistema penitenciario, entre otras normas conexas.

 

  • Nueva Ley General de Contrataciones Públicas

 

A lo largo de los últimos años, pese a los esfuerzos e iniciativas que, especialmente desde la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas se han realizado, la Ley 340-06 ha sido una herramienta insuficiente para reforzar las tareas de prevenir, investigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado y al pueblo enriqueciéndose con los fondos públicos.

 

La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones ha sido uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano y ha permitido la aparición de múltiples distorsiones, aberraciones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de las últimas décadas, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se deriva.

 

En efecto, a pesar de los logros alcanzados, se mantienen vigentes elementos que obstaculizan la participación real y efectiva de la sociedad en estos procesos, limitando con ello la transparencia que se requiere. Asimismo, la ausencia de una norma adecuada a la realidad actual afecta el desarrollo económico, desarticula el clima de inversión del país y debilita la seguridad jurídica.

 

Desde FINJUS hemos sido consistentes en señalar que resulta urgente la reforma de la normativa a los fines de que revise aspectos tales como la participación de funcionarios públicos como agentes privados en el sistema, la fragilidad de la figura de las contrataciones de obras, los mecanismos de supervisión, los tiempos de pago, los problemas derivaos de la ubicación jerárquica de los órganos que intervienen en el sistema, entre otras cuestiones, para que no queden áreas difusas o ambiguas dentro de la norma, que podrían afectar el clima de inversión y la seguridad jurídica del país.

 

  • Ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos:

 

Este es otro de los proyectos de Ley que pertenece al conjunto de normativas ordenadas por la Constitución de la República desde el año 2010 y que aún están pendientes de aprobación. En efecto, el artículo 51, párrafo 6, estipula que: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.”

 

Se trata de una norma de alta particularidad, complejidad y relevancia social, económica y jurídica que requiere que su diseño sea coherente en el sustento, naturaleza y esencia de la acción misma. En ese sentido, hemos insistido en la revisión del texto del proyecto para evitar distorsiones, pues debe velarse en la preparación de la ley para que se mantenga la esencia de esta figura en la cual prima el carácter autónomo, alejado del objeto del proceso penal, por lo que sus consecuencias son estrictamente patrimoniales, un instrumento de política penal destinado al deterioro del poder económico de grupos y organizaciones delictivas.

 

  • Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales

 

En acuerdo al contenido de la Constitución dominicana que, en su artículo 169, párrafo primero, establece que el Ministerio Público “dispondrá la protección de víctimas y testigos”, también en el artículo 177 que indica que el Estado tiene que crear programas de asistencia legal gratuita para las víctimas de escasos recursos y otras disposiciones legales, se elaboró un anteproyecto de ley que compilaba una serie de garantías mínimas y protocolo para la atención y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgos, el cual ha quedado rezagado en el ínterin legislativo.

 

Dentro de las adiciones que consideraba el anteproyecto se señalan la posibilidad de instalar cámara de circuito cerrado, protección policial, asistencia legal gratuita, entre otras garantías, así como indemnización para la víctima cuando el Estado no identifique al agresor.

 

  • Reforma de la Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano.

Consideramos que este marco legal, la ley 140-15, afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización y, de igual manera, las funciones que actualmente realizan diferentes órganos o jurisdicciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, vía la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Cámaras de Comercio y Producción, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otras instituciones.

 

Tomando en consideración las implicaciones e impacto que generó la Ley 140-15 sobre Notariado, consideramos necesario la revisión de la misma y, en ese sentido, apoyamos la iniciativa de proyecto de ley elaborada por la Suprema Corte de Justicia pues consideramos que se trata de un instrumento normativo idóneo que corrige las distorsiones ocasionadas por la Ley 140-15.

III. Institucionalidad democrática

 

Dentro de los avances de los años recientes puede mencionarse la aprobación de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos así como la ley de régimen electoral. Sin embargo, el pasado proceso eleccionario puso en relieve una serie de debilidades relativas al ámbito electoral. Resulta entonces preciso abocarse a la revisión de ambas normativas a los fines de superar los obstáculos que de ella derivan.

 

  • Leyes de Régimen Electoral y Partidos Políticos

 

La implementación del contenido de las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como también de régimen electoral, vislumbró una serie de observaciones que debieron ponderarse con mayor detenimiento previo a su promulgación. A sabiendas de que las garantías ofrecidas por el Estado social y democrático de derecho guardan una estrecha relación con el funcionamiento efectivo y la estabilidad del sistema político, se hace necesario repensar algunos planteamientos establecidas en las normas previamente indicadas.

 

Conforme las experiencias recientes, se requiere fortalecer la equidad entre los partidos y agrupaciones que orbitan dentro del propio sistema político; así como también adecuar las tipologías de los delitos electorales para que éstos sean cónsonos con las dinámicas dadas en el marco de la democracia interna de los partidos, así como también de los propios períodos electorales.

 

  • Reforma a la Ley 29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE)

 

En reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral mediante la promoción de una modificación a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. Pues la fragmentación de competencias que presenta la actual ley, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta que se garantice una justicia oportuna.

 

Debe tenerse en cuenta que los órganos judiciales en temas electorales son el instrumento más recurrido para canalizar institucional y civilizadamente la conflictividad político electoral; así también representan la garantía de que los procesos electorales cuenten con la credibilidad y confianza suficientes de cara a la ciudadanía. Es por ello que resulta imperante el perfeccionamiento de sus atribuciones

 

Una eventual reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral debe ponderar diversos aspectos relativos a verificar la correspondencia entre la naturaleza del órgano y las atribuciones que se le ha dotado. El fortalecimiento de cualquier modelo jurisdiccional, apegado a un diseño de justicia electoral efectiva, debe comprender que, “el establecimiento de organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales ajenos a los poderes tradicionales, o bien, especializados con autonomía constitucional en sus funciones y decisiones, contribuye al fortalecimiento de la democracia, dotando de confiabilidad a las instituciones que conforman el sistema político, porque para que la democracia exista se requieren de normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible”.

 

La Constitución dominicana delimitó de manera puntual la naturaleza y, en consecuencia, el ámbito competencial de los órganos autónomos a fin de evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de los entes extra poderes, se hace necesario adecuar la norma que rige la actuación del Tribunal Superior Electoral para que así responda de manera integral al contenido constitucional que lo configura como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos”. La competencia y atribuciones de este órgano jurisdiccional constituyen uno de los aspectos esenciales a ser revisados en una eventual reforma normativa.

 

  • Ley de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social

 

Este proyecto de normativa consagra una de los presupuestos fundamentales contenidos en la Constitución del 2010, esto es la participación ciudadana. La iniciativa tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social establecidos por la Constitución los cuales contribuyen al fortalecimiento de la democracia participativa y representativa.

 

Mediante esta iniciativa legislativa se conjugaron otros proyectos de ley que van en orden a regular el derecho de participación ciudadana y los mecanismos de control social, como son: las consultas populares; las denuncias de faltas; el derecho de petición; los observatorios; el referendo constitucional; el referendo ordinario; el plebiscito; las veedurías ciudadanas y las vistas públicas.

 

En el marco de este proyecto, urge regular todo lo relativo al derecho de petición, el cual busca desarrollar el mandato expreso del artículo 22.4 de la Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público. Esta propuesta busca crear el procedimiento para que los ciudadanos formulen peticiones a las autoridades administrativas, así como las sanciones ante la inobservancia de dicho trámite. Junto a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la referida iniciativa procura fortalecer la posición de los administrados ante el Estado.

 

  • Ley que regula el indulto

 

Pese a que hemos modificado numerosas leyes y se ha reformado la Constitución en los últimos años, está pendiente mejorar la regulación sobre la figura del indulto. Esta figura es una medida de gracia mediante la cual un individuo que ha sido condenado por haber infringido las normas penales obtiene el perdón del cumplimiento de la pena por parte de la autoridad competente, que de acuerdo al artículo 127, literal j de la Constitución de la República Dominicana, corresponde al Presidente de la República conceder esta figura. Por ello es importante que esta medida jurídica sea debidamente regulada, de manera que se conceda en el marco de criterios adecuados y para que sirva al propósito constitucional que la crea.

 

Creemos que el indulto es importante porque configura un claro ejercicio del principio de equilibrio de poderes consagrado en los textos constitucionales de la mayoría de los países de la región latinoamericana, permitiendo que el Poder Ejecutivo pueda coordinar acciones de freno y contrapeso al Poder Judicial. En este sentido, el indulto podría ser visto como una materialización expresa y constituida de un límite justificado a la división de poderes. Por ello es de suma relevancia que el Congreso Nacional se aboque a la elaboración de una legislación que regule el indulto en el país.

 

A esto se le suma el hecho de que el 15 de julio del 2015, el Tribunal Constitucional, al conocer un caso sobre el tema de indultos, emitió la sentencia TC/0189/15, en la que exhortó “al Congreso Nacional para que en el ejercicio de la función legislativa que le es propia, subsane ese vacío normativo regulatorio del indulto con la aprobación de una ley.” La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, mediante el artículo 47 párrafo III, establece que el Tribunal Constitucional adoptará, cuando lo considere necesario, sentencias exhortativas o de cualquier otra modalidad admitida en la práctica constitucional comparada.

 

  • Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional 

 

Resulta necesario que el Congreso adopte la Ley Orgánica de Fiscalización y Control que ordena el artículo 115 de la Constitución, conjuntamente con la reglamentación interna en cada uno de las cámaras que habrá de complementarla para fiscalizar y controlar los actos de las instituciones públicas, especialmente del Poder Ejecutivo.

 

Ciertamente, la función de control político tiene un fundamento constitucional, no sólo en la definición misma de la democracia, sino en el principio de separación de poderes. En ese sentido, consideramos importante que el Congreso se aboque a crear el marco jurídico adecuado para ejercer su rol de fiscalización como mecanismo de control, esto toma especial relevancia en asuntos tan sensibles como lo relativo al gasto público racional en orden a la necesidad de asegurar la transparencia y la efectiva rendición de cuentas por parte de los Poderes del Estado.

 

  • Ley de Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Interno

 

En este eje es necesario apuntar los desafíos que tenemos en términos de promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como los retos atinentes al manejo eficiente de los recursos públicos, sean humanos o financieros conforme a los parámetros necesarios que demanda una Administración Pública, más comprometida con una visión de modernidad institucional y desarrollo económico y social.

 

Fortalecer y ampliar las atribuciones de la Contraloría General de la República para que mediante el control interno y la evaluación permanente de su efectividad apoyen al Ejecutivo en el cumplimiento eficaz de la función preventiva que asegure el adecuado recaudo y debido manejo e inversión de los fondos públicos.

 

En el análisis de los principales problemas económicos, políticos y sociales, surge como telón de fondo la crisis institucional profunda que padecemos debido a la precariedad del sistema de pesos y contrapesos que debería existir para garantizar un balance de poder en el sistema político dominicano. Por ello existen múltiples distorsiones, como la existencia del Barrilito y el cofrecito en el Poder Legislativo, o las deficiencias del Poder Judicial para enjuiciar a los funcionarios corruptos y similares.

 

Pero tan grave como lo anterior es el hecho de que los órganos del control del Estado, como la Cámara de Cuentas o las Comisiones de Investigación congresual no funcionan, dando lugar al sostenimiento de la impunidad.

 

  • Ley de Publicidad y Comunicación Estatal

 

Esta iniciativa legislativa busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución. El objetivo de esta propuesta es crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios, la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor. La propuesta está destinada a proteger los derechos de los consumidores y los usuarios frente al mensaje publicitario y crear una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que desarrollen campañas publicitarias de protección al medio ambiente y la prevención de accidentes.

 

Así también, se encuentran en una especie de limbo legislativo otras leyes de carácter general, entre las cuales están:

 

  • Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal

 

Desde hace varios años, la FINJUS ha indicado la necesidad de establecer los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas y transparencia fiscal, así con el fin de contribuir a la estabilidad económica y el bienestar social. Se requiere un marco normativo adecuado a la globalidad de situaciones fiscales que se han planteado en épocas recientes, para así sanear y transparentar las finanzas públicas, eliminar los déficits fiscales y reducir los niveles de deuda pública.

 

La racionalidad del gasto público, así como la modificación de los esquemas fiscales que responden a décadas previas a la Constitución del 2010, ameritan un análisis y discusiones profundas que se vean expresadas en una norma que contribuya a garantizar una mejor ejecución presupuestaria y, ante todo, mayor transparencia y calidad del gasto público.

 Agradecemos muy sinceramente su atención a estas reflexiones, producidas con el interés de aportar nuevos elementos para enriquecer la labor del Senado de la República bajo su Presidencia.

 Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

 

Muy atentamente,

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

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Viernes, 28 Enero 2022 12:55

Carta al Dr. Milton Ray Guevara

Martes, 22 Febrero 2022 09:05

Curso Especializado Lavado de Activos

      Dirigido a:  Oficiales de cumplimiento, personas relacionadas a los sectores obligados en la Ley No. 155-17, estudiantes o profesionales en ejercicio, y cualquier persona interesada en conocer las principales disposiciones de la Ley No. 155-17 y el régimen de prevención enfocado en riesgos que caracteriza un programa de cumplimiento eficaz.


abogados, administradores, economistas, y profesionales en cualquier ámbito de los negocios, así como miembros de los órganos reguladores del mercado financiero. Es de interés de cualquier participante activo o pasivo del sistema económico. De igual manera, es de interés para estudiantes de Derecho o carreras afines a la administración empresarial, economía, finanzas, entre otras.

 

  • Coordinador: Lic. Maria Pezzotti Harper

 

Informaciones Generales :

 

Fecha de inicio: Miércoles 22 de febrero

Clases virtuales en horario de : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  

Duración : 5 semanas

Costo: RD$ 8,000.00.

 

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION :

 

Completar formulario anexo Aqui 

 

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y/o depósito bancario.  Número de cuenta para fines de pago:  054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular. 

 

El valor de este curso puede ser fraccionado en dos cuotas.

 

Nota: para pagos con tarjeta de crédito , debe pasar por nuestras oficinas y/o enviar el plástico, no tenemos disponible sistema automático para débitos de tarjetas .

 

Al momento de realizar transferencias  y/o depósito , favor enviar el comprobante por esta vía.

 

Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones :

 

  1. Interesados en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
  2. La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
  3. Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurarse del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

 

Reiterandome a sus órdenes para cualquier información.

 

Saludos cordiales,

 

  

|Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada |

| Tel: 809.227.3250 ext. 240 | WP 809 227-3259 |

 | Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

Señor

Luis Abinader Corona

Presidente de la República Dominicana

Presidente de la Comisión Ejecutiva para la Implementación

de los Planes, Estrategias y Políticas de Transformación

y Profesionalización de la Policía Nacional

 

Distinguido Señor Presidente:

 

De conformidad a las recomendaciones relativas a los cambios normativos y organizacionales, modelos de gestión y diseño de políticas públicas para el fortalecimiento de la Policía Nacional realizadas y presentadas en el informe final del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (GTTPN), conformado mediante decreto 211-21 emitido por el Poder Ejecutivo en abril de 2021; así como de los decretos números 2-22 y 21-22 que, respectivamente, crean la Comisión Ejecutiva para la Implementación de los Planes, Estrategias y Políticas de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional y designan el Comisionado Ejecutivo, resulta necesario un levantamiento respecto del estatus actual y detalle de las referidas recomendaciones a los fines de avanzar en su implementación, lo que impone una recapitulación exhaustiva de las recomendaciones establecidas en el documento final.

 

RECOMENDACIONES - ESTATUS

 

  1. Conformar un Comisionado Ejecutivo en calidad de órgano responsable de la dirección técnica y operativa del proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional a partir de la implementación de las recomendaciones emitidas por el GTTPN y demás tareas relacionadas.

 

Creado mediante el decreto número 2-22 y designado el Comisionado Ejecutivo mediante decreto número 21-22.

 

 

  1. Conocer y ponderar el conjunto de las recomendaciones relacionadas con la adopción de los reglamentos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16; esto es proceder al análisis de los proyectos de reglamentos con las propuestas realizadas a los mismos por la GTTPN.

 A la fecha únicamente se ha aprobado el reglamento de aplicación de la ley 590-16, mediante decreto número 20-22 emitido por el Poder Ejecutivo.

  A propósito de los demás reglamentos que operativizan la ley 590-16, resulta necesario destacar que desde el GTTPN fueron ponderados, se formularon modificaciones sustantivas y/o se revisaron los siguientes:

 Reglamento disciplinario policial

  • Código de ética de la Policía Nacional
  • Reglamento sobre el uso de la fuerza
  • Reglamento de evaluación del desempeño de los miembros de la Policía Nacional
  • Reglamento sobre la designación de agentes para protección y custodia (reglamento de escoltas)
  • Reglamento sobre la reserva de la Policía Nacional
  • Reglamento de uniformes de la Policía Nacional
  • Reglamento sobre los requisitos, formalidades y modalidades de otorgamiento de medallas, encomios y reconocimientos
  • Reglamento de condecoraciones, reconocimientos y encomios de la Policía Nacional.

 Esto refiere a que los precitados proyectos de reglamentos se encuentran únicamente pendientes de verificación para aprobación a la mayor brevedad posible, de lo cual recomendamos se realice la revisión final para obtener su aprobación antes de concluido el primer trimestre de conformada la Comisión Ejecutiva. Esto sería un resultado evidenciable para el informe de gestión trimestral correspondiente en virtud del decreto 2-22.

 Conjuntamente a ello recordar que desde el GTTPN se sugirió, por intermedio del Ministerio de Interior y Policía y con constancia en el informe final presentado, derivar a un análisis particular a aquellos reglamentos que, más que una ponderación jurídica, requieren una revisión técnica. A saber:

 Reglamento para la asignación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales; así como el reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales; esto a fin de que se ponderen criterios, estándares y buenas prácticas internacionales para la conservación y el almacenamiento de las armas.

  • Manual de procedimientos en las operaciones de patrullas preventivas de la Policía Nacional.
  • Manual de selección del talento humano para ingreso a la Policía Nacional y el modelo de desarrollo humano de la Policía Nacional, a fin de determinar el perfil del policía que aspiramos y los perfiles para las diferentes posiciones y cargos existentes en la institución; esto a partir de estudio diagnostico en materia de RRHH.
  • Reglamento general del Instituto Policial de Educación con apoyo técnico en el área pedagógica para elaboración estratégica curricular del referido instituto.

 

Consideramos que, de igual forma, en los primeros tres meses de labor de esta Comisión Ejecutiva debe designarse los expertos que trabajarán los referidos reglamentos, manuales y otros instrumentos normativos, así como establecerse plazos razonables para entrega de resultados en orden a revisión final y posterior aprobación.

 

  1. Reestructuración del Instituto Policial de Educación

 

A propósito de la designación de Roberto Santana como Coordinador de la reestructuración del Instituto Policial de Educación, en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía y su dependencia inmediata, la Policía Nacional, desde esta Comisión Ejecutiva ES MANDATORIO ESTABLECER UN PLAZO a los fines de que se rinda informe en orden al cumplimiento de los objetivos de su designación, esto es: a) la reevaluación del sistema curricular, b) el diseño de proceso para el reclutamiento e ingreso a la Policía Nacional, c) la reevaluación de los perfiles docentes y d) elaboración de medidas transitorias de tipo correctivo para mejorar los procesos educativos policiales en curso. Es necesario establecer en lo inmediato un plazo que permita contar con informa exhaustivo a fin de determinar los requerimientos que existan y posterior implementación de las recomendaciones que surjan.

  

  1. Establecimiento de un Fideicomiso de la transformación y profesionalización de la Policía Nacional para la seguridad social de los agentes policiales, miembros de la institución policial, la reorganización de la gestión de los recursos humanos y las inversiones en infraestructura, equipos de transporte, tecnología y comunicación de la institución policial.

 De esto señalar que, a pesar de que mediante el decreto número 729-21 emitido por el Poder Ejecutivo, fue creado Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional o (FTPN) conjunto a la Fiduciaria Reservas que tendrá la responsabilidad y obligación de recibir, conservar, custodiar y administrar los recursos que sean integrados, a la fecha ADVERTIMOS que no se ha establecido un mecanismo para la recepción de aportes desde el sector privado, lo cual obstaculiza su materialización y de igual manera la recolección de aportes necesarios de manos del empresariado.

 

 

  1. Crear las condiciones para la evaluación del desempeño de los miembros de la Policía Nacional, en base a procedimientos estándares a nivel internacional.

 

De ello se ha informado al país respecto de la colaboración internacional de otras instituciones policiales para apoyar en el proceso de evaluación de desempeño. Es necesario DETERMINAR EL ESTATUS DEL PROCESO particular de evaluación de desempeño, así como aspectos operativos importantes como la contratación de firma a esos fines y/o escogencia de la misma. Deben DEFINIRSE PLAZOS razonables para esto.

 

  1. Crear mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento del conjunto de las decisiones ordenadas por el Presidente de la República y de la labor que eventualmente desarrollarían los órganos responsables de la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

 

De esto recordar que, a fin de dar cumplimiento al objetivo indicado en el decreto que integró el GTTPN concerniente a seguimiento a los procesos sancionadores de los miembros de la Policía Nacional, no solo sugerimos la conformación de una comisión particular sino que en el GTTPN elaboramos de manera integral un reglamento que regulara las comisiones independientes las cuales son las que representan la veeduría ciudadana y/o control externo de cara al órgano, en virtud de los artículos 40, 41 y 42 de la ley 590-16 orgánica de la Policía Nacional.

 

Apuntar que, hasta el momento no se había trabajado en la elaboración de un reglamento de esta naturaleza, a pesar de que la ley orgánica establecía su desarrollo, esto fue un aporte adicional a los objetivos planteados del GTTPN el cual fue remitido para valoración del Ministerio de Interior y Policía en junio de 2021.

 

Resulta IMPERATIVO PROCURAR LA APROBACION del referido reglamento y, en lo inmediato, conformar esa comisión de independientes que, en calidad de veeduría ciudadana participe y fiscalice este proceso de transformación de la institución policial.

  

  1. Dotar a la institución policial de las herramientas básicas para dar seguimiento y apoyar la salud mental de los agentes policiales, sometidos a gran estrés y puedan prevenir diversos problemas psicosociales.

 

Sugerimos ESTABLECER UN PLAZO DE 15 DIAS para determinar y definir cómo se ejecutará esta recomendación; esto así a fin de iniciar su implementación, a la mayor brevedad posible.

  

  1. Contar con el acompañamiento técnico del Ministerio de Administración Pública.

 

En junio de 2021, el GTTPN solicitó, vía el Ministerio de Interior y Policía, la asistencia del Ministerio de Administración Pública (MAP), en su calidad de ente coordinador de los sistemas de carrera administrativa, como establece el numeral 7 del artículo 8 de la Ley No. 41-08 de Función Pública, para la revisión y definición del sistema de remuneración actual de la institución policial, incluyendo lo relativo a los incentivos por especialismos; así como los criterios, manuales y procedimientos para su aplicación, entre otros aspectos referentes a la estructuración de la carrera.

 

A estos fines el MAP inició el proceso solicitado y estamos en conocimiento de que fue contratada una consultoría técnica al efecto. Desde esta Comisión Ejecutiva DEBE VERIFICARSE SI SE HA EMITIDO INFORME FINAL al efecto y cuáles han sido los resultados de la consultoría contratada.

 

Recordar que esto resulta esencial incluso para lo concerniente al desarrollo normativo institucional ya que el GTTPN sugirió la ponderación de elaborar un reglamento de la carrera policial que desarrolle de manera más amplia aspectos como el escalafón policial, el perfil de ingreso, ascenso, capacitaciones y formación continuada, todo ello de conformidad a la reserva de ley contenida en el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Este reglamento requeriría como insumo esencial las recomendaciones y resultados de la asistencia técnica del MAP.

  

  1. Contar con los resultados de la auditoría técnica realizada por la Cámara de Cuentas.

 

Conjuntamente a lo anterior, resulta esencial recordar que, desde el GTTPN, por intermedio del Ministerio de Interior y Policía, se solicitó realizar una auditoría externa de la Policía Nacional relativa a la gestión y procedimientos de su control interno a cargo de la Cámara de Cuentas, la cual inició los trabajos a esos fines.

 

De esto se sugiere, en esta primera reunión, CONFORMAR UNA COMISIÓN ENCABEZADA POR EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICÍA a los fines de solicitarle, formalmente, al Presidente de la República instruir a la Cámara de Cuentas entregar el resultado de la auditoría efectuada. Esto resulta INDISPENSABLE para asumir en este proceso los correctivos concernientes a los procedimientos de control interno de la gestión y procesos de la Policía Nacional.

  

Con atentos saludos

  

Servio Tulio Castaños Guzmán

Miembro.

  

C.C. Miembros de la Comisión Ejecutiva.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., ante la difusión de informaciones en las redes sociales que atribuyen a nuestra entidad posiciones específicas sobre el Fideicomiso de Punta Catalina, se siente en el deber de precisar a la sociedad dominicana que FINJUS no ha elaborado ni distribuido ningún tipo de análisis, documento o posición sobre ese tema.

 A lo largo de nuestra dilatada trayectoria de trabajo, la sociedad dominicana reconoce en FINJUS una institución que ha tratado todos los temas, independientemente de su nivel de complejidad, apegándose siempre a principios jurídicos y sociales claros y en base a estudios exhaustivos y razonados.

 En atención a la misión y visión institucional, desde FINJUS tenemos la vocación de ponderar y analizar todos los actos de los poderes públicos y la sociedad vinculados con la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, para contribuir a su fortalecimiento. Esa ponderación siempre se realiza con el máximo de responsabilidad, profundidad en el análisis y razonabilidad.

 Lamentamos que inadvertidamente algunos medios y redes sociales hayan usado las siglas de FINJUS en titulares de noticias que no guardan ninguna relación con nuestra institución y que han generado confusión entre nuestros colaboradores y amigos.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

19 de enero, 2022

      Dirigido a:  abogados, administradores, economistas, y profesionales en cualquier ámbito de los negocios, así como miembros de los órganos reguladores del mercado financiero. Es de interés de cualquier participante activo o pasivo del sistema económico. De igual manera, es de interés para estudiantes de Derecho o carreras afines a la administración empresarial, economía, finanzas, entre otras.

 

  • Coordinador: Omar E. Victoria Contreras

 

Informaciones Generales :

 

Fecha de inicio: Miércoles 9 de febrero

Clases virtuales en horario de : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  

Duración : 5 semanas

Costo: RD$ 8,000.00.

 

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION :

 

Completar formulario anexo.

 

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y/o depósito bancario.  Número de cuenta para fines de pago:  054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular. 

 

El valor de este curso puede ser fraccionado en dos cuotas.

 

Nota: para pagos con tarjeta de crédito , debe pasar por nuestras oficinas y/o enviar el plástico, no tenemos disponible sistema automático para débitos de tarjetas .

 

Al momento de realizar transferencias  y/o depósito , favor enviar el comprobante por esta vía.

 

Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones :

 

  1. Interesados en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
  2. La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
  3. Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurarse del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

 

Reiterandome a sus órdenes para cualquier información.

 

Saludos cordiales,

 

 

 

 

|Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada |

| Tel: 809.227.3250 ext. 240 | WP 809 227-3259 |

 | Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

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