Kenia Franco

Kenia Franco

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), afirma que la Constitución dominicana es clara en torno al tema de la posibilidad o no de una reelección presidencial en base a los presupuestos normativos actuales, por lo que resulta innecesario que la sociedad dominicana se aboque en estos momentos a una discusión sobre el particular.

 

A pesar de que son muchos los presupuestos de las normas que frecuentemente pueden prestarse a interpretación, este no sería el caso para el tema de la reelección presidencial. Aunque diversos sectores han planteado que el tema se discuta ampliamente, consideramos que su discusión podría generar confusiones innecesarias sobre un aspecto que está suficientemente establecido en el texto constitucional.

 

  1. Sobre el texto constitucional.

 

Nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[1]”. Por tanto, el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno.

 

De igual manera se han expresado connotados juristas al respecto, quienes han reafirmado la posición sostenida por nuestra institución. En su análisis del artículo 124 en la obra “Constitución Comentada 2015”, editada por FINJUS, pág. 294, el Dr. Flavio Darío Espinal ha indicado que “La fórmula adoptada por la reforma constitucional de 2015 (la misma de 2002) establece algo diferente, es decir, que el Presidente de turno podrá optar por un período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, lo que significa que el derecho que tiene el Presidente de turno es a postularse una vez desde su posición de Presidente.[2]

 

Asimismo, en la vigésima disposición transitoria establecida en nuestra Carta Magna se indica, para la coyuntura política actual, que “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al  período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República.” Es decir, el contenido del texto anterior aplica exactamente para esta situación concreta y no admite interpretaciones como las planteadas en algunos medios de comunicación.

 

  1. Sobre el principio de igualdad.

 

Por otro lado, hay quienes exigen que, sobre la base de una interpretación del principio de igualdad constitucional, podría abrirse una vía para que el actual primer mandatario de la República pueda ser reelecto en el mismo cargo que hoy ostenta. Sin embargo, consideramos que apelar a este precepto carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional referente a la igualdad.

 

Tal como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[3]”. Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma en torno al caso específico que quiera aplicarse debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad.

 

En ese sentido, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución  es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

 

El tema de la reelección presidencial ha formado parte de la tradición histórica de las reformas constitucionales en el país. La gran mayoría de las reformas a Carta Magna, desde hace más de 160 años, se han dirigido a variar las condiciones en que podría producir la reelección presidencial.

 

De manera que en las actuales circunstancias queda claro que se requeriría otra reforma constitucional para poder legitimar un proceso de reelección presidencial y consideramos inoportuno, tanto el debate con ese propósito como la propia reforma.

 

Deseamos compartir con toda la sociedad dominicana nuestra opinión de que abocarnos en estos momentos a un proceso de reforma constitucional, sólo para los fines de reelección presidencial, podría desembocar en situaciones que no contribuirá al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

7 de noviembre del 2017.

 

 

[1] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[2] ESPINAL, Flavio D., en Constitución Comentada 2015. FINJUS. 4ta Edición. P. 294.

[3] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) considera que los debates electorales comportan una práctica eminentemente democrática, en tanto se celebren de forma plural y en condiciones de igualdad. Son eventos que se fundamentan en los principios del pluralismo político (entre las fuerzas contendoras)[1], la tolerancia, igualdad, imparcialidad y neutralidad políticas (que deben guiar a quienes dirigen los debates), la libertad de expresión y el derecho a la representación (que refuerzan los vínculos entre los candidatos y el electorado).

 

La doctrina comparada señala que, desde un punto de vista normativo, los debates entre candidatos son herramientas que mejoran “la calidad de la democracia a través de diferentes canales: por un lado contribuyen a la formación de un electorado más informado y racional y, por el otro, le brindan a los políticos la oportunidad de conseguir el consenso de la ciudadanía”. Se han señalado, además, que este tipo de prácticas contribuyen a la “legitimación de las instituciones democráticas y a la sociabilidad política entre los electores.”

 

Los debates públicos en el torneo electoral son un fenómeno relativamente reciente en el continente Americano. El primer debate que se transmitió por televisión fue en Estados Unidos, entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en 1960. Este encuentro histórico supuso el inicio de una tradición política norteamericana, donde los candidatos presidenciales, cada vez que hay una contienda electoral realizan una serie encuentros donde tratan política exterior, política interior y temas generales de vital importancia para los ciudadanos.

 

Pero, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, esta práctica en su momento no se incorporó a la “cultura política institucional” latinoamérica. Los debates comenzaron a ser realizados en América Latina a partir de la “tercera ola” de democratización, es decir, después de la transición de regímenes dictatoriales a sistemas democráticos. Desde entonces se han celebrado debates en la mayoría de los países de la región: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Haití, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Ecuador (en estos últimos tres países se han realizado de forma intermitente) y más recientemente en Argentina, con un debate efectuado en la segunda vuelta del torneo electoral.

 

En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos realizados por un sector del empresariado y los medios de comunicación desde la década de los 90. En la actualidad, ante la falta de compromiso político para la realización de los debates electorales por iniciativa privada, la Junta Central Electoral (JCE) ha propuesto que se instituyan mediante una ley que obligue al debate entre los principales candidatos presidenciales.

 

Ante la propuesta del órgano electoral, FINJUS considera prudente visualizar la experiencia comparada para fijar una opinión fundada acerca de la certeza de establecer regulaciones jurídicas sobre los debates electorales, puesto que existe un abanico de opciones posibles que pueden ser tomadas en consideración. En cualquier caso, es importe destacar que autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación están llamados a jugar un rol determinante en la organización de los debates electorales para otorgar mayores niveles de legitimidad y confiabilidad.

 

Una mirada hacia los Estados Unidos, país con un arraigo muy fuerte en los debates electorales, permite advertir la ausencia de una regulación específica. Más bien, existen algunas normas aisladas en la legislación electoral que establecen cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates”. Ahora bien, la celebración de éstos deben respetar escrupulosamente las normas constitucionales y en general el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, para lo cual se ha creado la Comisión de Debates Presidenciales a nivel federal.

 

En Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, y México existen regulaciones jurídicas tangenciales o mínimas para los debates. En el caso de Colombia, por ejemplo, “los debates se realizan por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial” (Ley 996 de 2005). Por lo que respecta a la regulación en México, con la reforma electoral de 2007-2008 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (COFIPE), se logró la institucionalización de los debates entre candidatos para el cargo de presidente de la República, escuchando previamente las propuestas de los partidos

En México, el Consejo General es el instituto competente para organizar los debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promover, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

 

Los debates pueden ser realizados tanto por los organismos de regulación del proceso electoral, como por la sociedad civil y los medios de comunicación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica es uno de los encargados de la realización de los debates; en México, el Consejo General y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Perú. Este último se involucró de lleno en la organización de los debates en procura de asegurar un ejercicio de “voto informado”[2], es decir, dotar a los electores de mayores niveles de información. “Por primera vez en la historia democrática del país el Estado asumió la responsabilidad de organizar el debate de ideas y programas de los candidatos a cargos públicos municipales, presidenciales.

 

En Costa Rica, por medio de la resolución 4099-E8-20094, el Tribunal Supremo de Elecciones dejó bajo la responsabilidad de los medios de comunicación privados la capacidad de fomentar y organizar debates con algunos de los candidatos a la presidencia. “De la misma manera, la autoridad electoral organiza también debates que son transmitidos por los medios de comunicación estatales, para los que sí están obligados a invitar a todos los candidatos electorales [principio de pluralismo] según lo determinó la Sala Constitucional en 1998.” En Brasil, en cambio, la ley no establece una autoridad a cargo de los debates, pero sí establece requisitos vinculados con criterios de selección de participantes y reglas de juego claramente establecidas.

 

En algunos países de la región las cadenas de televisión son promotores activos de la realización de debates electorales: CNN, por ejemplo, ha promovido y organizado debates para las elecciones presidenciales de Ecuador y Nicaragua en 2006, Guatemala en 2007, Paraguay en 2008 y El Salvador en 2009.

 

En el caso de España no hay una regulación expresa sobre debates, sino que se realizan por cultura política. Es preciso destacar que existen iniciativas para “regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo de reconocido prestigio”.

 

Sin embargo, en Italia la Ley No. 28 de 2000, regula la participación de los candidatos en los debates electorales y su presencia en la televisión durante el período de campaña previo a los comicios. Esta legislación establece que todos los candidatos deben ser tratados con total igualdad, sean del partido que sean, es decir, todos deben gozar de la misma cuota de pantalla y en las mismas franjas horarias. Cabe destacar, que en la normativa italiana no prevé sanción cuando los candidatos se niegan a participar en los encuentros.

 

En Alemania los debates se celebran desde hace cuatro décadas. Antes de cada cita electoral se realizan los encuentros con dos formatos diferentes. Uno es el “Elefantenrunde” o ronda de los elefantes, donde todos los partidos con representación parlamentaria son invitados a participar. Otro es el llamado "duelo televisivo" entre los dos grandes partidos.

 

FINJUS considera que los debates constituyen una sana práctica democrática que debe de ser instaurada en República Dominicana, ya sea mediante pactos políticos (como la mayoría de los países de la región), o mediante ley (como en Colombia, Brasil, Costa Rica y México), siempre y cuando su regulación no signifique un requisito para el ejercicio del sufragio pasivo[3], es decir, que impida sustentar su candidatura. En la experiencia comparada no se visualiza la práctica de limitar el derecho a presentar candidaturas por negarse a participar en los debates electorales. Se ha considerado, incluso, que resultaría inconstitucional imponer la obligatoriedad de los debates como un requisito para presentar una candidatura electoral.

 

Sin lugar a dudas, el debate preelectoral es una herramienta útil para que la opinión pública se informe de los propios actores políticos sobre sus programas de gobierno y proyectos legislativos de los partidos, frente o agrupaciones políticas. Éstos constituyen una oportunidad para que los electores conozcan, de manera sencilla y sumaria, los lineamientos de los programas de sus candidatos, necesariamente expresados en un formato de difusión fácilmente comprensible. De ahí la importancia que pueden asumir para los candidatos y las consecuencias negativas a que se exponen por su inasistencia. El reforzamiento de la cultura política y la institucionalidad democrática constituyen así la vía para imponer la sanción natural al candidato ausente: la pérdida de confianza ante el electorado.

 

Es imprescindible que los debates organizados por el órgano electoral garanticen los principios de pluralidad e igualdad, para evitar la inducción de la opinión electoral, pues como ha señalado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, “no existen candidatos presidenciales de primera y segunda categoría, solo existen candidatos presidenciales con idénticos derechos y obligaciones, garantizados por la propia Constitución y los principios del Estado Democrático Social de Derecho.” Ahora bien, si los debates son organizados por entes privados se ha reconocido un cierto margen de apreciación a la hora de seleccionar a los candidatos participantes, en función del interés popular que despierten las candidaturas, como bien ha señalado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: un candidato que no genere un interés público apreciable puede ser excluido del debate organizado por una organización privada.

 

FINJUS considera además, que el tema de los debates podría situarse en la regulación de la campaña electoral, siempre y cuando, se realice la valoración de toda propuesta normativa electoral que, siendo compatible con la Constitución, contribuya a incrementar la “calidad democrática” de los partidos políticos y a facilitar el ejercicio de un sufragio “informado” para los ciudadanos.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

7 de noviembre de 2017

 

[1] Es evidente, pues, que el principio del pluralismo político se matiza en este caso con el empeño de que los partidos minoritarios con representación tenga participación en los debates.

[2] http://www.votoinformado.pe/noticia-20110609-01.htm

[3] Es el derecho individual a ser elegible para los cargos públicos.

Discurso Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

1 de noviembre de 2017

Parque Mirador Sur

 

 

La mujer es el alma más pura e incansable de los pueblos. Lograr la igualdad real entre mujeres y hombres ha sido una lucha histórica que a toda la ciudadanía dominicana nos toca asumir, sin descanso.

Es lamentable que desde todas las instituciones sociales y políticas, desde la propia cultura y el Estado, la faceta de la violencia no haya podido apartarse de esta triste y grave situación.

 

Debemos quebrar ya la brecha de género desigual.

 

Lo que une todos estos sectores y personas para producir el resultado de mujeres muertas, mujeres lesionadas, mujeres abusadas, mujeres denigradas y mujeres sometidas a tratos crueles son las falsas ideas y creencias que se transmiten de generación en generación, de familia en familia…

 

Son las falsas creencias que nos han enseñado de que el amor lo permite todo…  Que ser buenos padres se logra mediante el despotismo, los golpes y la crueldad… que las personas aprenden mediante la fuerza…

 

 

Tenemos una cultura que desprecia la tolerancia, el diálogo y el crecimiento de la pareja y de la familia en base a la confianza, la comunicación y el respeto mutuos, en el amor, la ternura y el cariño…

 

Es una cultura que está presente, de una forma u otra, en mayor o menor medida, en los hogares, en el barrio, en las escuelas, en la música, en los medios de comunicación, en las instituciones políticas y el Estado, y en las relaciones cotidianas entre las personas.

 

Es una cultura que nos repite a todos los hombres cada día que el mundo fue creado para nosotros y que todos y todas deben estar a nuestro servicio. Por eso nos duele oír las expresiones de justificación de la violencia por parte de algunos hombres, que culpan a las mujeres de las desgracias que padecen…

 

Esta es una marcha revestida de esperanza.

 

Es una marcha que llama a cada hombre a tomar conciencia de que es el momento de cambiar…

 

Es una marcha que le dice a cada hombre que no hay justificación para ser violento, intolerante y abusador.

 

Es una marcha para pedir al Estado que ponga este tema dentro de las prioridades más urgentes.

 

Es el momento de pasar del discurso a los recursos, del disgusto y la indignación  a la acción positiva para cambiar las mentalidades…

 

Esta lucha contra la violencia a las mujeres  es responsabilidad de todos…del Estado y la sociedad…

 

Necesitamos que se formen y trabajen más instituciones sociales apoyando a las mujeres violentadas y maltratadas que lo necesitan. Se requiere que el Estado invierta más recursos para frenar esta ola de muertes. Exigimos que el Estado asuma un compromiso sincero, franco y contundente…

 

Pero esta situación no es solo cuestión de organizaciones y grupos…Es un tema que toca las conciencias de las personas.

 

Es el turno de los hombres, de comprometerse a ser mejores, más humanos, más tolerantes… y que sea un compromiso que se renueve y se practique cada día, cada hora… en cada acción. 


Yo también lo digo: Detener la violencia contra la mujer, también es cosa de hombres…

 

 

Exposición del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

 

 

Saludamos la iniciativa del Consejo para la Seguridad de Santiago (COSESA) de convocar este Congreso sobre SEGURIDAD CIUDADANA: “Hacia un Santiago Seguro, que hoy nos ocupa. Apreciamos, especialmente, el marcado interés que se tiene de sentar una base sólida a partir de la cual se proponga un plan nacional de seguridad que sea cónsono con la grave realidad delictiva que actualmente nos arropa, de tal manera que, con las ideas que hoy surjan o se desarrollen, se dote de eficacia la labor de investigar y perseguir la criminalidad.

 

Consideramos que si hoy día existe un fenómeno social que preocupe especialmente a los dominicanos y dominicanas, es sin dudas el tema de la seguridad ciudadana, pues se trata de un elemento de vital importancia para el desarrollo de cualquier nación. De hecho, podemos afirmar que nos encontramos en un estado de inseguridad ciudadana alarmante que amerita, de manera prioritaria, la superación inmediata de las condiciones que producen los altos índices de inseguridad, criminalidad y violencia que se registran.

 

Vale destacar que nuestra inquietud por este tema no responde a una moda ni mucho menos a alimentar la atención mediática, sino que de lo que se trata es de promover la creación o ejecución de estrategias y programas que confronten y reduzcan esta problemática de inseguridad que crece desmesuradamente erigiéndose como uno de los grandes factores de riesgo para el régimen democrático, el desarrollo institucional y el crecimiento económico del país.

 

En este marco entendemos conveniente considerar a fondo la importancia que reviste el tema de seguridad ciudadana en toda su amplitud para la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tal y como lo concibe nuestra Carta Magna.

 

Esto así pues la materialización, desarrollo y disfrute del catálogo de derechos fundamentales preceptuados constitucionalmente depende en gran medida de la efectividad de las políticas orientadas a la disminución razonable de este factor de riesgo.

 

Antes de ahondar sobre el enfoque de derecho de esta temática, es preciso recordar que la seguridad ciudadana comprende una acción estatal que se nutre o debe nutrirse de una colaboración activa de quienes sufren en directo las consecuencias producidas por el aumento de la delincuencia, o sea de la ciudadanía en general, siendo relevante también el apoyo expreso que provenga de otras organizaciones, incluyendo, las empresas del sector privado.

 

En ese sentido, estamos llamados a realizar una labor en conjunto aunando esfuerzos para realizar una planificación contentiva de estrategias puntuales y viables que permitan la consecución de un proceso efectivo de seguridad ciudadana que, en palabras de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no es más que lograr establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.  

 

La referida planificación debe partir desde la concepción de la seguridad ciudadana como base del Estado Social y Democrático de Derecho; presupuesto este que se erige como eje transversal de todo el ordenamiento jurídico y constitucional dominicano.

 

Desde esta perspectiva, la seguridad ciudadana debe considerarse desde un enfoque de derecho y garantías enmarcado en los preceptos fundamentales del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de cada persona y, por otro lado, en el deber del Estado de realizar su mayor esfuerzo en la salvaguarda de la integridad física de todos sus ciudadanos.

 

A partir de esta lógica jurídica propia del Estado Social y Democrático de Derecho que construimos podemos visibilizar como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana se traduce en la creación de un clima propicio para el florecimiento de los negocios y la convivencia pacífica y las relaciones armónicas entre las personas y grupos [solo por mencionar algunos efectos directos]; todo lo cual justifica el surgimiento de espacios como este donde se hace manifiesta la preocupación y el interés de todos los sectores nacionales en que sean controlados los niveles de inseguridad que, en la actualidad, se perciben desbordados.

 

Queremos hacer énfasis de que esta percepción es coherente con las estadísticas que arrojan los estudios e informes recientes sobre el tema y, además, es consecuente con el constante bombardeo al que estamos expuestos a través de los medios de comunicación que a diario nos presentan las mil y una formas de actividades delictivas que se comenten. Todo esto plantea un escenario ante el cual el enfoque de derecho, referido anteriormente, palidece reduciéndose a un simple ideal o a una utopía.

 

¿Dónde está el eslabón perdido o dónde se encuentra desencajado el sistema?

 

Estas podrían ser de las cuestionantes a ser ponderadas en la realización de una planificación de seguridad ciudadana.

 

A modo de respuesta, podríamos apuntar que si la inseguridad se ha adueñado de las calles y se percibe como una amenaza en los hogares dominicanos es porque está íntimamente ligada con las debilidades institucionales que arrastramos, así como también de la falta de expresión de voluntad política para hacer los cambios necesarios y enfrentar las raíces del problema.

 

Por otro lado destacamos y ponemos sobre la mesa de debate la incidencia que tiene en la consecución de políticas efectivas en este tema, la falta de confianza de la población en las instituciones y actores que están llamados a velar por la Seguridad Ciudadana del país. Sin lugar a dudas, esto va en detrimento del papel que deben desempeñar estas instituciones en la reducción real de la criminalidad.

 

Tal y como lo precisa el PNUD, la seguridad ciudadana es un “bien público” y como tal, corresponde al Estado Dominicano la obligación de garantizarla a todas las personas, físicas o jurídicas, que se encuentren en su territorio. Sin embargo, la capacidad de los Estados en América Latina, incluyendo la República Dominicana, no ha estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad. [1]

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hemos planteado que no existen soluciones mágicas para el combate contra la delincuencia y que es deber de toda la sociedad dar un seguimiento estricto al tema de la seguridad ciudadana, así como de los planes y programas que se elaboran para mejorarla y que el éxito en esta lucha solo vendrá de la mano con la colaboración y coordinación de los actores que han decidido trabajar en este sentido.

 

Entendemos que por la complejidad de este tema debe ser  abordado con una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, resultando improductivo enfrentarlo desde políticas públicas aisladas, las cuales potencian los efectos corrosivos del populismo, al obviar otros elementos que también generan inseguridad y surgen o se hacen visibles en el diálogo conjunto.

 

Afirmamos que es impostergable la elaboración de un plan nacional de seguridad ciudadana efectivo, que aborde las estrategias a seguir para la elaboración de un conjunto de políticas integrales entre las que se podrían mencionar: medidas preventivas, reformas legales, fortalecimiento institucional, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado-comunidades y el compromiso firme de una voluntad política amplia y sostenida.

 

Por otro lado, queremos hacer hincapié en la importancia que tiene que este conjunto de acciones descanse en sistemas de estadísticas e informaciones actualizadas, así como en la definición de estrategias de intervención social con carácter moderno a los fines de que estas resulten eficaces.

 

Esta nueva forma de enfocar la inseguridad apuesta a la realización de acciones a escala local, que permitan a los municipios y regiones articular estrategias que complementen los programas nacionales dirigidos por los órganos e instituciones centrales del Estado.

 

Los expertos en materia de seguridad ciudadana, ya sean juristas, sociólogos, criminólogos u otros cientistas sociales especialistas en la materia, han estado siempre de acuerdo en que el crecimiento de las condiciones de inseguridad de cualquier país, se traduce en una vulneración inmediata a la seguridad jurídica. Esta es una de las tantas razones por las cuales creemos que uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas debe ser el de fortalecer el clima de seguridad y revertir las tendencias negativas que se registran.

 

De igual manera, es importante resaltar la relevancia de seguir apoyando las reformas institucionales encaminadas a fortalecer estamentos como la Policía Nacional, que es una pieza clave para la superación de muchos de los desafíos en materia de Seguridad Ciudadana. Queda claro que sin una Policía Nacional profesional, cercana a las comunidades y a los sectores a los que sirve, con buenos y adecuados recursos para realizar sus labores, muy poca esperanza podemos tener un futuro seguro para este país.

 

Tenemos que potenciar la labor positiva, el espíritu de sacrificio y las buenas intenciones que tienen muchos policías honrados y trabajadores, mientras se continúa con los planes de profesionalización, evaluación profunda de sus filas, se mejoran sus programas de capacitación y se atienden las graves limitaciones y carencias en que se desarrollan sus labores. Hemos apoyado sistemáticamente la elaboración, adopción e implementación del plan estratégico 2016-2020 que está en marcha en la actualidad, y consideramos que la nueva Dirección General de la Policía Nacional está en las mejores condiciones en la historia de hacer realidad el sueño de convertir al órgano policial, tras 80 años de existencia, en un moderno mecanismo con alta eficiencia y renovada confianza de la ciudadanía en sus acciones. Debemos ayudar a la Policía Nacional para que sean los verdaderos protagonistas de la seguridad ciudadana que ellos mismos siempre han querido ser.

 

Es importante asimismo que en este contexto llamemos la atención de la opinión pública y de las autoridades de los poderes públicos sobre la necesidad de adoptar una moderna Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía, que juegue el rol constitucional de ser el ejecutor y garante de la voluntad popular y el poder civil expresado democráticamente en el Poder Ejecutivo, como órgano responsable de coordinar las políticas y programas de seguridad ciudadana en todo el país, con todas las implicaciones que de ello se derivan.

 

Aprovecho también este contexto para llamar la atención en la ponderación y consideración, por parte de los sectores que intervienen  en la materia, del proyecto de ley de seguridad privada el cual, actualmente, se conoce en nuestras instancias legislativas; esto a los fines de potenciar los efectos que esta pieza legislativa pueda surtir en este amplio espectro de políticas a favor de la Seguridad Ciudadana. Es preocupante que este sector estratégico en la salvaguarda de la vida y los bienes de los ciudadanos y empresas que contratan este servicio sea revestido con las regulaciones modernas que sean necesarias, para que la prevención y protección que ofrecen tenga el máximo de profesionalidad, calidad e idoneidad en su ejercicio.

 

En suma, entendemos que el desarrollo social y económico es un elemento clave para garantizar un clima en el que la población se sienta segura y donde la falta de oportunidades no vulnere el derecho de la ciudadanía a una vida plena. Apostamos a la creación de espacios de confianza entre los agentes y órganos estatales que definen y aprueban políticas públicas y quienes están encargados de preservar el orden.

 

Las iniciativas que surjan y las que ya existan deben articularse y, posteriormente, ejecutarse en los diferentes niveles: local, regional y nacional. Asimismo deben estar presentes en los planes sectoriales específicos, detectando las oportunidades de cambio vinculadas con los servicios sociales y las políticas de inclusión que actualmente se desarrollan en distintos estamentos y/o entes como son el Ministerio Público, la Policía Nacional, los actores de justicia, entre otros.

 

Espacios como estos pueden dar respuestas y trazar estrategias que resulten eficaces en la búsqueda de un estado óptimo de Seguridad Ciudadana. Cada país posee sus particularidades sociales, económicas, culturales y políticas y es por ello que corresponde a los estamentos estatales, con el apoyo y participación de las organizaciones ciudadanas de todo tipo, la misión de diseñar un plan de seguridad ciudadana adecuado a las necesidades propias de cada nación y ajustados a los recursos disponibles o posibles para que esta planificación devenga en una ejecución viable.

 

Nos reiteramos a las órdenes de este Consejo para la Seguridad de Santiago (COSESA), para apoyarles en todo lo que nos sea posible, en su loable empeño de afianzar la seguridad ciudadana en esta región, desde una perspectiva inclusiva, multidimensional, participativa y sobre todo, creando alianzas estratégicas y tendiendo puentes de trabajo y colaboración con las autoridades públicas concernidas. Cuenten con FINJUS en esta tarea que es de todos.

 

Pasen muy buenos días.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

El clima de inseguridad ciudadana es una de las preocupaciones de primer orden de toda la sociedad. Numerosos estudios y sondeos, a los cuales nos hemos referido en otras ocasiones, como lo son el Latinobarómetro, los informes de Naciones Unidas o la encuesta Gallup-HOY, datan de la existencia de esta problemática como parte fundamental de la cotidianidad de la población.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en aras de fortalecer la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, realiza esfuerzos por abordar esta temática desde distintas perspectivas, para lo que tratamos de aunar esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad civil para plantear propuestas que permitan promover un mayor clima de seguridad para la ciudadanía.

 

Ya sea desde la realización de programas de análisis de la criminalidad; propuestas sobre modificaciones a las políticas públicas; acuerdos interinstitucionales entre los poderes públicos; o incluso proponiendo reformas y creaciones legislativas, como lo es el móvil que nos invita a desarrollar este encuentro.

 

A pesar de los esfuerzos realizados, sentimos como una prioridad abordar el tema de la seguridad ciudadana desde el ámbito más directo y unipersonal tanto para las empresas como para los individuos: la seguridad privada.

 

Durante mucho tiempo, la seguridad privada se ha erigido como la opción preferencial de la ciudadanía para enfrentar el clima de inseguridad. Ante las debilidades institucionales que en ocasiones muestran los órganos responsables de prevenir y perseguir la criminalidad, las personas y las empresas optan por acudir a la seguridad privada como una solución inmediata.

 

La dinámica social confronta cada día al Derecho, de forma que no con convierta en fórmulas estáticas. Por lo tanto, el tema de la seguridad privada ha empezado a formar parte de las preocupaciones de la órbita jurídica. De este modo, se han propuesto programas y legislaciones que van en la dirección de regular esta actividad.

 

En ese sentido, se ha discutido en otros espacios todo lo que implica la regulación de la seguridad privada: la formalidad o no del empleo; las funciones de un órgano rector del sector; el impacto económico; las nuevas logísticas; las licencias y la seguridad jurídica que ello podría brindar.

 

De los indicadores antes descritos y otros que han surgido sobre la marcha, nace el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, el cual fue aprobado en segunda lectura por la Cámara Alta de nuestro país. No obstante, existen elementos que merecen ser repensados y sobre los cuales deben generarse los consensos necesarios para contar con una legislación que no dé lugar a vacíos o lagunas jurídicas.

 

En el día de hoy, agradecemos contar con el privilegio de dialogar respecto a esta temática acompañado de dos connotados expertos en el tema: el General Amílcar Fernández, quien es Director Ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; y Lucile Houllemont de Gamundi, presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad. Ambos abordan esta temática en su día a día, por lo que sabemos que sus opiniones serán trascendentales y sustanciosas para construir el buen curso del diálogo que esperamos sobre este proyecto.

 

La FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), agradece también la participación de los demás invitados y proponemos que todos nos aboquemos a reflexionar profundamente sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada y todos sus aspectos prácticos, puesto que se trata de un tema que concita la preocupación ciudadana, cuya solución deberá brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Muy buenos días a todas y todos.

 

25 de octubre del 2017.

 

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

Saludamos la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad de presentación de esta importante publicación, muy especialmente a los representantes de organizaciones e instituciones que han hecho su misión y principal objeto de acción la defensa de los derechos humanos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.

 

Uno de los presupuestos fundamentales para el sostenimiento del Estado  Democrático es el derecho a la igualdad, el cual encuentra su esencia en la máxima que reza: todos somos iguales ante la ley”; sin embargo, este principio fundamental puede verse menoscabado en el acceso a la justicia, por citar solo un ejemplo, cuando observamos un trato diferenciado en ocasión de determinadas circunstancias y/o condiciones que vienen originadas por prejuicios sociales, que se reflejan  incluso en los propios operadores del sistema de justicia.

 

Siempre hemos considerado que el derecho a la igualdad no es un simple  texto que podemos esgrimir según las circunstancias, porque su aplicación entraña el uso de criterios lógicos de justicia social orientados a equiparar las necesidades y condiciones de todas las personas, entendiendo que los obstáculos al desarrollo humano son diversos y con un efecto diferenciado. Por esto es imprescindible la ponderación personalizada de las diversas  situaciones o circunstancias que generan un grado de vulnerabilidad en un grupo y/o persona determinada.

 

Debemos recordar que el acceso a la justicia de estas personas ha sido un tema de interés a nivel regional latinoamericano en la última década, poniéndose de manifiesto la decisión de erradicar cualesquier tipo de discriminación que restrinja derechos o el libre desarrollo de la personalidad. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en su compromiso con el fortalecimiento institucional, entiende necesario que el Estado y la sociedad se coordinen  para promover mejores políticas públicas que viabilicen el derecho a la igualdad en todas sus vertientes.

 

Con este propósito es esencial la conformación de una red nacional de instituciones y organizaciones que trabajan con grupos en condición de vulnerabilidad, para crear espacios compartidos para el dialogo, la reflexión y la acción de aquellos actores que protagonizan día tras día las conquistas justas que nos acercan a la consolidación de ese derecho a la igualdad, entendiendo es vital concentrar los esfuerzos, fomentar alianzas estratégicas y agendas comunes.

 

Para FINJUS esta iniciativa es clave y por ello, en el marco del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en trabajo conjunto con la Oficina Nacional de la Defensa Pública de la República Dominicana (ONDP), apoyamos esta iniciativa que es prioritaria para consolidar una planificación interinstitucional, cuyo resultado visible sea la existencia de una red nacional de organizaciones que trabajen mancomunadamente en las labores de identificación y protección de grupos en condición de vulnerabilidad.

 

Nos sentimos muy satisfechos de elaborar y presentar a la sociedad dominicana esta interesante herramienta, el Directorio Nacional de las organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos fundamentales de personas y/o grupos en condiciones de vulnerabilidad”.

 

Reiteramos nuestro compromiso con la adopción y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre el Estado y las organizaciones comprometidas con la defensa de quienes están en condición de vulnerabilidad, como un punto de partida para una coordinación eficaz que facilite el logro de las metas trazadas.

 

Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y les deseamos un feliz resto del día.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

24 de octubre, 2017

Agradezco la invitación a participar en este extraordinario evento, especialmente por la oportunidad de compartir con organizaciones de todo el continente y conocer sus experiencias en el análisis de problemas vitales para la transparencia y la gobernabilidad de nuestros países.

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) la corrupción se ha convertido en la peor amenaza al régimen democrático y al desarrollo integral de nuestros pueblos, por los daños que genera en el plano de las inversiones y el desarrollo económico como en la realización de los derechos fundamentales, el incremento de la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político y el fomento de alternativas lesivas para el bienestar y el futuro de los pueblos.

 

FINJUS ha abordado sistemáticamente estos temas de cara a la sociedad dominicana, con el sentido de la responsabilidad que nos ha caracterizado en estos 27 años de vida institucional, tratando de combinar de forma creativa las tareas de incidencia hacia los poderes públicos con el trabajo de crear un centro para la producción de pensamiento socio-jurídico, concentrándonos en la reforma de las instituciones democráticas, en especial del sistema de justicia y el desarrollo de la libre empresa en el marco de la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Ante la gama de situaciones que dificultan nuestro tránsito al desarrollo social integral, FINJUS ha tratado de contribuir en la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos, el adecuado funcionamiento de las entidades estatales en el marco de los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas, así como el reconocimiento del derecho de los ciudadanos de fiscalizar las medidas estatales y las políticas públicas. 

 

“La corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía son débiles, donde no hay responsables claros de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos, donde la impunidad es alta y donde la toma de decisiones públicas se ha visto comprometida por conflictos de intereses y la interferencia política. Por el contrario, un fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de riesgos puede prevenir y desalentar la corrupción.” [1]

 

Para promover esta visión, en América Latina se han generado importantes iniciativas innovadoras, que hemos tratado de replicar en nuestro país, con las limitaciones propias de nuestras culturas jurídica y política, pero aprovechando las últimas reformas que se han adoptado tanto en el plano constitucional como legal, que propician la participación social en las tareas del control, el seguimiento y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones estatales, lo que repercute en la calidad de la democracia y la gobernabilidad y fomenta  la colaboración con el Estado para las reformas del marco normativo, los programas sociales y la implementación de políticas públicas.

 

En los últimos años varias organizaciones de la sociedad civil se han comprometido con apoyar al Estado en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, en temas puntuales como la mejora del acceso y la calidad de los servicios a los usuarios en las áreas de la educación y salud, entre otros. Estos programas se han focalizado en los niveles local, regional y nacional. Tal ha sido el caso  de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), que han aglutinado múltiples sectores sociales y estatales en base al interés común de producir reformas significativas. De estas experiencias dedicaremos algunas líneas a esta última Iniciativa, en la que intervenimos.

 

El IPAC reunió a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, el sector empresarial y ONGs, con el acompañamiento de las 8 principales agencias de la cooperación internacional en el país con la finalidad de reducir los niveles de corrupción, elevar la integridad institucional en la administración y mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión y prestación de servicios públicos a la población.

 

La metodología de trabajo de la IPAC se basó en la organización de mesas temáticas y sectoriales, para el análisis, debate y proposición de acciones en temas sectoriales (Agua, Energía, Salud, Educación e Infraestructura) y transversales (Contrataciones y Adquisiciones, Servicio Civil, Gestión Financiera, Acceso a Información y Organismos de Control) del sector público y de importancia nacional.

 

Las mesas de trabajo se reunieron durante varias semanas y presentaron más de 50 propuestas concretas de implementación, muchas de las cuales fueron acogidas y convertidas en realidad, tanto en el plano normativo, organizaciones u operativo. La experiencia fue novedosa, retadora y movió el interés de múltiples sectores, quienes sintieron que estas iniciativas podían convertirse en un modelo de acción propositiva adecuada y generó entusiasmo moderado en la sociedad civil y algunos órganos públicos.

 

Dentro de los órganos del Ejecutivo que más impacto tuvo el IPAC destacamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que percibió en el IPAC una oportunidad de cambios. Desde el 2012 la Dirección ha estado implementando una gestión por resultados, basada en los compromisos asumidos por el Gobierno en la Mesa 1 que significó un proceso de reforma y modernización institucional para desarrollar sus capacidades como Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras Públicas, que incluían:

 

Una Reforma de su estructura organizativa, el desarrollo de un centro de servicios para atender la demanda de información y control de las operaciones de las compras y contrataciones; la readecuación de la infraestructura; el desarrollo tecnológico y la creación del Portal Transaccional. Junto a lo anterior se implementó un nuevo modelo de Gestión del desempeño institucional y el Diseño e implementación de la Estrategia de comunicación interna y externa.

 

El impacto que estas medidas han tenido en la Dirección y Compras y Contrataciones ha sido más que evidente. Miles de nuevos proveedores del Estado fueron registrados, existen mejores transacciones y hay un incremento de la transparencia en general y mayor participación en estos procesos de sectores anteriormente excluidos, como las Mipymes y las mujeres.

 

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos y alto compromiso de sus responsables, esta Dirección no ha podido jugar su rol de Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Estado, porque en sentido general este sistema está condicionado y atado a las formas atrasadas de hacer política que predominan en la sociedad dominicana, especialmente del estímulo del clientelismo y el fomento de la corrupción desde los partidos políticos, que no cuentan con una normativa que les regule en base a principios democráticos modernos, como los que recoge la Constitución reformada del 2010.

 

La República Dominicana vive un periodo de alta intranquilidad y desasosiego, como el preludio de las tormentas. Hemos sufrido los embates del crimen organizado transnacional, la infiltración de sus influencias en las instituciones nacionales y la aparición en territorio nacional de una serie de tipos y acciones criminales inéditas en nuestro medio.

 

Como telón de fondo se encuentra la crisis de las instituciones democráticas, la incapacidad de autorregulación de los partidos y la ausencia de un sistema de consecuencias eficiente y oportuno, cuyo punto de partida debe ser una judicatura independiente y un ministerio público con suficiente autonomía e inamovilidad como para controlar al poder político sin miramientos, pero en el marco del debido proceso que garantiza la democracia.

 

El tiempo apremia para esta ponencia, pero queremos concluir con una idea central: La corrupción es un mal que debe ser enfrentado con voluntad política, buenas leyes y prácticas eficientes y activa vigilancia de la sociedad para superar los obstáculos institucionales que de ella se derivan. Solo en el marco de la democracia y con la colaboración y coordinación activa entre Estado y Sociedad, podremos diseñar e implementar propuestas reales para sustentar una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.

 

En ese marco es que la reflexión socio-jurídica deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el camino de una praxis de cambio y renovación social.

 

Muchas gracias….

 

 

 

19 de octubre, 2017

 

[1] OEA. Guía para Implementar un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 2013.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera pertinente realizar algunas puntualizaciones sobre la iniciativa legislativa contentiva del Proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, dada las derivaciones que genera la propuesta aprobada en el Senado.

 

Esta iniciativa legislativa fue depositada el 31 de enero del presente año 2017 a raíz del contenido y exhortación de la sentencia número 0274/13 de fecha 26 de diciembre de 2013 que fuera evacuada por el Tribunal Constitucional y que declaró la inconstitucionalidad de la normativa que, hasta el momento regía el Colegio de Abogados, esto es la ley número 91 de fecha 3 de febrero de 1983.

 

Luego de la lectura pausada de este Proyecto de Ley valoramos  positivamente la introducción de un conjunto de novedades que mejoran el texto de algunos de sus artículos. Sin embargo, genera gran preocupación en la comunidad jurídica, el sector privado y la sociedad en general el aumento considerable de las tasas de servicios que propone el proyecto; dado que, en la actualidad, se utilizan sellos por un valor de 30 pesos como ingresos destinados al Colegio de abogados y, en virtud del proyecto pasarían a ser recibos de 100 pesos, para aquellos actos jurídicos que no sobrepasen los 2,000,000 de pesos, y, de este valor en adelante, un 0.0001% del monto involucrado en la transacción de que se trate.

 

Este aumento se reflejaría de forma muy notoria en los gastos administrativos necesarios para activar el aparato judicial, o lo que es igual, por adelantar o promover un procedimiento ante la justicia que solicitan los abogados representantes y que deben financiar los clientes, encareciendo así el acceso a la justicia. Lo que contradice la misión de Estado que promueve las condiciones jurídicas y administrativas para una justicia accesible y oportuna.

 

El aumento de las tasas para los actos y documentos jurídicos como fuente de financiamiento para el  Colegio de Abogados que prevé el Proyecto en su artículo 78 párrafo I quebranta los principios de progresividad y gradualidad en materia tarifaria, toda vez que no se analizan los indicadores mínimos de riqueza para efectos de determinar la efectiva capacidad contributiva de los obligados a comprar el sello de 100.00 pesos dominicanos, sino que de plano se parte de la presunción de que el  usuario  cuenta con suficiente capacidad económica para asumir el pago de esta tasa.

 

Con relación al referido proyecto de ley, vale subrayar que la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, propuso, entre otras consideraciones, una modificación respecto de las tarifas, indicando que la tasa de servicio a ser destinada al Colegio de Abogados por concepto de los actos y documentos judiciales sería de RD$50; a pesar de ello, esta acotación sustancial que disminuye en un 50% el monto originario establecido en el proyecto de ley y fija puntualmente una tasa única para los actos sin que haya variación por los valores envueltos en las diversas transacciones judiciales que son realizadas, la misma no fue tomada en consideración , toda vez que en la versión final que ha remitido el Senado a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se mantuvo la propuesta de recibos de 100 pesos, para aquellos actos jurídicos que no sobrepasen los 2,000,000 de pesos, y, de este valor en adelante, un 0.0001% del monto involucrado en la transacción de que se trate.

 

Entendemos que deben reconsiderarse estos montos, tal y como lo propuso la Comisión del Senado mediante el informe favorable que emitió, a fin de que las tasas de servicio que se aumentarán se correspondan con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad tarifaria de cara a cánones constitucionales como son la accesibilidad y  equidad de la justicia.

 

Por lo antes expuesto, FINJUS considera que el proyecto de Ley que pretende instituir el Colegio de Abogados de la República Dominicana, por su dimensión altamente reguladora de la profesión liberal de la abogacía, y al tratarse de un proyecto de ley que establece los presupuestos jurídicos de un ente de derecho público interno, debe ser objeto de un amplio debate, del cual debe surgir un acuerdo Estado-Sociedad, para que sea aplicable y razonablemente sostenible.

 

Se requiere, por tanto, una mayor y mejor deliberación de la normativa para que los interesados y la comunidad jurídica en general puedan realizar sus aportes y el resultado sea una ley técnicamente adecuada, socialmente consensuada y políticamente aplicable.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de octubre de 2017

La decisión que ha tomado la Comisión Bicameral que estudia las leyes electorales, en el sentido de dejar sobre la mesa el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas hasta tanto las directivas de los diferentes partidos se pongan de acuerdo, es una muestra de la falta de sintonía que existe entre la sociedad, el sistema de partidos políticos y los órganos legislativos.

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) son notorios los reclamos de amplios sectores sociales que plantean la urgencia de que se apruebe una ley moderna de partidos que imponga el orden y transparente la vida interna de las agrupaciones políticas, por lo que es lamentable el retraso que implica esta nueva decisión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley en este tema.

 

Para FINJUS es inaplazable que dicha Comisión encamine sus pasos hacia el establecimiento de un amplio consenso social que trace las líneas fundamentales sobre las cuales se defina la nueva ley de partidos, porque es evidente que las cúpulas de los partidos no parecen estar interesadas en plantear soluciones que dirijan sus agrupaciones por las sendas de la democracia interna, la transparencia en el manejo de los recursos y la observación cabal de los principios constitucionales sobre esta materia.

 

El fortalecimiento de nuestro régimen político y de la gobernabilidad democrática en sentido general, sólo es posible si las leyes de partidos políticos y de régimen electoral son aprobadas contando con una amplia legitimidad política y social, para lo cual es imprescindible la realización de consultas e iniciativas con toda la sociedad que permitan alcanzar un gran consenso social sobre el tema.

 

La aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe hacerse realidad en el marco de esta legislatura. Los legisladores deben continuar generando los consensos sobre la base de la representación popular, de la consulta con las organizaciones sociales representativas e ir más allá de los límites que continúan imponiendo las directivas y estructuras de los propios partidos políticos.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de octubre del 2017.

 

En una manifestación simultánea en varios puntos del país,  grupos de jueces expresaron su disconformidad con las decisiones del Consejo del Poder Judicial de suspender sin disfrute de sueldo a varios jueces a los que se acusa de supuestamente haber cometido acciones que vulneran leyes y disposiciones del orden judicial en el conocimiento de expedientes. Los jueces que se manifestaron resaltaron que en el caso de los jueces suspendidos no se ha respetado el debido proceso de ley ni se han resguardado sus garantías y derechos fundamentales.

 

FINJUS ha reiterado su defensa a las acciones que conllevan los procesos dentro de los diferentes órganos del sistema de justicia de nuestro país para incrementar los mecanismos de control, inspección y aplicación de consecuencias sobre quienes cometen delitos o encubren las acciones del crimen organizado. FINJUS ha advertido que la crisis de confianza y credibilidad que percibe la ciudadanía sobre el sistema de justicia es un elemento que impide la superación del clima de impunidad que daña nuestra sociedad.

 

Por ello hemos solicitado al Consejo del Poder Judicial que explique con claridad a la ciudadanía sobre los actos que realiza para procesar los  expedientes que ha levantado el Departamento de Inspectoría del Poder Judicial sobre denuncias de irregularidades de parte de magistrados y funcionarios. Apoyamos que esas acciones sean investigadas con total transparencia y con estricto apego al debido proceso de ley y a los derechos fundamentales de todos los magistrados. 

 

Es conocido que a lo largo de los últimos meses la Inspectoría Judicial viene realizando una importante labor de instrucción, seguimiento y trámite de quejas en relación a irregularidades y violaciones cometidas al interior del  Poder Judicial. La ciudadanía debe tener la seguridad de que ese trabajo se realiza apegado a criterios legales, profesionales y éticos adecuados, que ayudará a restablecer la  confianza ciudadana en la justicia y servirá de base a la independencia judicial y el fortalecimiento de este vital Poder del Estado

 

La sociedad sigue atónita los escándalos recurrentes en el sistema de justicia. En ese sentido, llamamos a todos los actores involucrados a ponderar el conjunto de problemas que están presente en la actual situación y que el Consejo del Poder Judicial responda con nitidez a las demandas de la sociedad para asegurar la transparencia interna, sin menoscabar la independencia, los derechos y garantías de los jueces y funcionarios judiciales, evitando los excesos,  prácticas arbitrarias y violaciones al debido proceso de ley.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

10 de octubre del 2017.

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