La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones públicas, a los fines de fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Es bien sabido que el Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de planificación de la nación, lo cual conlleva grandes responsabilidades para quienes deben adoptar decisiones sobre programas y políticas públicas.

Resulta preocupante que en el actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 las partidas consignadas para ciertos órganos e instituciones estatales registran montos inferiores a los que les corresponden de acuerdo a leyes especiales vigentes.

En términos concretos, el artículo 42 del actual proyecto de ley de presupuesto, autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a apropiar un monto inferior de lo establecido por ley a entidades vitales para la institucionalidad democrática, como lo son el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, por citar solo algunos de los casos más destacados.

Se puede interpretar de esta propuesta consignada en el Presupuesto General que se pretende reeditar una práctica que ha sido expresamente señalada por la ciudadanía como contraria al compromiso de las autoridades con la superación de las ineficiencias e ineficacias en órganos claves del Estado que persisten desde hace décadas. Es un clamor social permanente que esas instituciones o entidades públicas gocen de sostenibilidad y autonomía para que cumplan con los mandatos que la Constitución y las leyes les ordenan.

Cada año FINJUS ha exhortado al Congreso Nacional a que la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado se adecúe al fortalecimiento de la independencia presupuestaria de los entes públicos, evitando las prácticas que crean distorsiones de carácter político o económico, que a fin de cuentas afectarían la seguridad jurídica del país.

El actual Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2021 pretende mantener las debilidades que han presentado estas instituciones, donde diversos indicadores de eficiencia dependen en gran medida de la asignación presupuestaria que fueron adoptadas legítimamente y luego de ser cuidadosamente ponderadas e incorporadas en el ordenamiento jurídico dominicano.

Confiamos en que la discusión que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, permitirá a los legisladores invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación de un monto inferior al establecido por ley a los referidos órganos.

El Proyecto de Ley de Presupuesto necesariamente debe ser revisado y ajustado al principio de legalidad, evitando las distorsiones y viejas prácticas que han lesionado el desarrollo y autonomía de órganos claves del régimen democrático.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

4 de octubre. 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), entiende impostergable que el Congreso Nacional defina quiénes constituyen la segunda mayoría partidaria para proceder a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que eventualmente deberá ser convocado antes de finalizar el presente año para realizar la evaluación y selección de los jueces de las Altas Cortes con periodos cumplidos.

Debe recordarse que la representación de la segunda mayoría partidaria refiere a la minoría más representativa en cada una de las Cámaras legislativas, lo que es fundamental para el propósito de la conformación del CNM. De acuerdo al mandato constitucional el objeto de la segunda mayoría es lograr la presencia de miembros congresuales que, por oposición al partido o bloque de partidos a que pertenezcan los Presidentes de las Cámaras, equilibren y configuren de manera más acorde este órgano, de acuerdo al principio de representación democrática.

Dada la naturaleza de las funciones que la Constitución le ha otorgado al CNM, su conformación debe darse con estricto apego a los principios democráticos de consenso y alejado de cualquier viso de arbitrariedad y discrecionalidad.

A pesar de que el CNM responde a una naturaleza política ese hecho no lo exime del deber de actuar con transparencia y responsabilidad, su conformación debe estar revestida de los principios inherentes de nuestro  ordenamiento democrático y rectores del sistema de gobierno de la República Dominicana.

No se puede ignorar o menospreciar el rol de estos principios al momento de la conformación del CNM, tratando de subordinarlos a criterios puramente partidaristas, pues si se procede en esa dirección corremos el riesgo de que se cometa un grave atentando contra la legitimidad del propio CNM y de las decisiones que adoptará, con impredecibles consecuencias políticas y sociales.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo de FINJUS

Boca Chica. 22 de septiembre de 2020 - Con la presencia del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Servio Tulio Castaños Guzmán y el Alcalde Fermín Brito Rincón, fue firmado el Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Seguridad Ciudadana en el Municipio de Boca Chica.

El acuerdo se realizó en el Despacho del alcalde con la presencia de la vicealcaldesa Lic. María de León viuda Castro, la directora de la Mesa de Seguridad y Género Lucia Florentino, representantes de la gobernación, de la Mesa de Security, el Comdte. de la Policía de la Dotación de Boca Chica, entre otras personalidades.

El vicepresidente de la FINJUS, dijo que en el acuerdo ambas instituciones realizarán iniciativas tendentes a compartir e impulsar reformas, políticas y acciones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana y la prevención del delito a nivel municipal.

Así mismo expreso que van a promover estudios de investigación y diagnóstico de las necesidades en materia de seguridad ciudadana en el Municipio de Boca Chica.

Mientras que el alcalde Fermín Brito agradeció a Servio Tulio Castaños Guzmán  haber tomado a Boca Chica para realizar este acuerdo y su cooperación en beneficio del gobierno municipal.

En el encuentro participaron además del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán y el alcalde Ing. Fermín Brito Rincón,  la vicealcaldesa María de León Viuda Castro, Oneida Olivo, psicóloga de Conani, Lic. Lucia Florentino, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Género de Boca Chica, entre otras personalidades.

Fuente: lo ultimo digital. com

El Director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Dariel Suárez, realizó una visita de cortesía a FINJUS, siendo recibido por el Vicepresidente Ejecutivo de esta institución, Dr. Servio Tulio Castaños, para diseñar planes académicos e investigativos comunes, que fortalezcan el sistema de justicia. FINJUS valora altamente el aporte de estos intercambios en la comunidad jurídica y la institucionalidad democrática.

Santo Domingo. 18 septiembre 2020 -La Alcaldía de Santo Domingo Norte y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), firmaron un acuerdo para promover iniciativas tendentes a compartir e impulsar reformas políticas y acciones para mejorar la seguridad ciudadana y la prevención del delito a nivel municipal, mediante acciones operativas de trabajo en beneficio de la demarcación.

 El acuerdo firmado por el alcalde Carlos Guzmán y Servio Tulio Castaños Guzmán, durante el relanzamiento de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, impulsará actividades de divulgación y capacitación sobre nuevas legislaciones, propuestas de leyes, normas, y otros actos normativos para favorecer la seguridad ciudadana, la reforma del sistema de justicia y la prevención del delito, a través de la realización de seminarios, conversatorios y talleres, que faciliten su mejor manejo y mejor aprovechamiento.  

En el encuentro donde participaron el Dr. Servio Tulio Castaños , Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS y Junil Fermín, Directora Legal de la ABA,  intercambiaron impresiones sobre los esfuerzos que ya viene haciendo la banca múltiple por profundizar en la inclusión financiera y la creación de nuevos productos y servicios, entre otros. 

16 de septiembre de 2020 

En el encuentro se manifestó el compromiso de nuestra institución con el éxito de las gestiones que desarrolla la PN para fortalecer la seguridad ciudadana y al cuerpo policial.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC, (FINJUS), considera impostergable que los tribunales de la República retomen su carácter presencial, con la debida observación y cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico en orden a evitar y/o disminuir la propagación de la pandemia, en vista de que la virtualidad está generando debilidades que impiden el desarrollo normal del sistema de justicia dominicano.

Las resoluciones del Consejo del Poder Judicial sobre el plan de continuidad del Poder Judicial y el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales han creado dificultades operativas que lesionan el acceso oportuno y directo a la justicia. La modalidad virtual que se ejecuta dificulta la plena realización de principios fundamentales de la justicia como son el de inmediación, la  oralidad, el contradictorio, la concentración, al tiempo que afecta la celeridad, la economía procesal, la seguridad jurídica y la correcta valoración de la actividad probatoria.

Los servicios judiciales virtuales, tanto en las labores de secretaría como en la celebración de audiencia, representan un obstáculo para grupos históricamente excluidos que aún no han podido insertarse plenamente en esta nueva modalidad del sistema de justicia, lo que daría lugar a violaciones a las garantías procesales y la tutela jurisdiccional efectiva, al irrestricto derecho a la defensa y la garantía constitucional del debido proceso. Lo anterior es grave, sobre todo porque afecta tanto a los usuarios del sistema de justicia como a los abogados que consideran cuesta arriba asumir una virtualidad que no se corresponde con la realidad del ejercicio profesional.

FINJUS reitera la necesidad de que el órgano de gobierno del Poder Judicial reflexione sobre sus protocolos y el plan de reactivación que elaboraron, para garantizar que la apertura de los tribunales a nivel nacional permita la integralidad del acceso a la justicia, asegurando que cualquier persona, sin importar su condición social, económica o política, pueda acceder ese derecho fundamental sin demora y con todos los recaudos relativos a los principios y el debido proceso.

Exhortamos a que las actuaciones del Poder Judicial estén encaminadas hacia la reactivación a corto plazo de los órganos jurisdiccionales y administrativos mediante la modalidad presencial, en correspondencia a lo que han planteado diferentes sectores, para contribuir al retorno a la normalidad dentro de los parámetros de seguridad, prevención y control de los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación de la vida económica, social e institucional ligados a los procesos judiciales en curso.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS