En el marco del Estado de Emergencia que ha sido declarado ante la desafortunada situación que atravesamos por la pandemia de coronavirus −Covid-19−, FINJUS entiende importante que las medidas que estén adoptándose para solventar este escenario, así como la extensión de sus efectos, sean integrales, proporcionales y estrictamente limitadas a la exigencia de la realidad que nos perjudica actualmente.

 

Debe recordarse que los estados de excepción no están fuera de los límites que para ello impone la Constitución y no son, ni pueden ser un Estado de facto, pues lo caracteriza su temporalidad. Si bien la Carta Política le confiere al Poder Ejecutivo poderes extraordinarios, éstos no revisten un grado absoluto, al encontrarse restringidos por diversos tipos de controles que buscan impedir los excesos y a la vez garantizar los principios fundamentales que soportan el Estado de derecho. Resulta igual de importante anotar que el uso de las facultades excepcionales están sujetas a los principios de finalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

 

Entendemos la prioridad que supone la emergencia sanitaria dado el avance del Covid-19 y su inminente peligro de propagación masiva, pues en estos momentos corresponde al Estado garantizar una hoja de ruta viable que permita atravesar esta situación de fuerza mayor.

 

Sin embargo, es oportuno también ponderar otras medidas, y aquilatar las tomadas o por tomar, con el objeto de salvaguardar la integridad del sistema económico, a fin de que cuando se den las condiciones para ello y retornemos a la normalidad institucional, continúe el desarrollo general de la nación, pues el equilibrio financiero debe ser un objetivo a largo plazo, del cual depende en gran medida de garantía para la viabilidad de instituciones fundamentales y la sostenibilidad del Estado.

 

Orientar directrices y/o planes en este sentido debe formar parte esencial de la agenda que debe abordarse para que, una vez superado este episodio, podamos afrontar los retos que nos sobrevendrán en función de los estragos sociales y económicos derivados de la pandemia.

 

 

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

26 marzo 2020


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Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia en reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral mediante la promoción de una modificación a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. 

 

En este sentido, coincidimos con el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos que ha considerado, entre otras puntualizaciones, que la fragmentación de competencias abona a la incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta que se garantice una justicia oportuna. 

 

Debe tenerse en cuenta que los órganos judiciales en temas electorales son el instrumento más recurrido para canalizar institucional y civilizadamente la  conflictividad político electoral; así también representan la garantía de que los procesos electorales cuenten con la credibilidad y confianza suficientes de cara a la ciudadanía. Es por ello que resulta imperante el perfeccionamiento de sus atribuciones  

 

Una eventual reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral debe ponderar diversos aspectos relativos a verificar la correspondencia entre la naturaleza del órgano y las atribuciones que se le ha dotado. El fortalecimiento de cualquier modelo jurisdiccional, apegado a un diseño de justicia electoral efectiva, debe comprender que, “el establecimiento de organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales ajenos a los poderes tradicionales, o bien, especializados con autonomía constitucional en sus funciones y decisiones, contribuye al fortalecimiento de la democracia, dotando de confiabilidad a las instituciones que conforman el sistema político, porque para que la democracia exista se requieren de normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible”1 

 

La Constitución dominicana delimitó de manera puntual la naturaleza y, en consecuencia, el ámbito competencial de los órganos autónomos a fin de evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de los entes extra poderes, se hace necesario adecuar la norma que rige la actuación del Tribunal Superior Electoral para que así responda de manera integral al contenido constitucional que lo configura como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos” 

 

La competencia y atribuciones de este órgano jurisdiccional constituye uno de los aspectos esenciales a ser revisados en una eventual reforma normativa. A propósito de la reciente situación presentada con relación a la impugnación de la resolución de la JCE sobre el voto de arrastre, ha quedado evidenciada la necesidad de que se pondere otorgar al TSE, de manera expresa, la facultad de conocer de las contestaciones o diferendos que surjan contra los actos y decisiones de la JCE en materia electoral, pues, tal y como hemos advertido, la transferencia en esta materia al Tribunal Superior Administrativo (TSA), bajo el razonamiento de la calidad de la JCE en tanto órgano dentro de la esfera de la administración pública, desnaturaliza la función específica y la esencia que se verifica en el artículo 214 de la Constitución al TSE permitiendo que casos como estos, en los cuales se trata de un conflicto generado por la alegada afectación a derechos fundamentales en la resolución administrativa de la JCE que se impugna, sean derivados ante otras instancias. 

 

Sobre esto, si bien hay una gama de órganos que pueden emitir un fallo definitivo sobre una impugnación determinada, es evidente que son aquellos órganos de jurisdicción especializada los que constituyen el escenario natural para dilucidar los conflictos relacionados y/o afines a su materia.  

 

De igual forma, con relación a las atribuciones que enlista la ley 29-11 orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) y que les fueron conferidas por el legislador a esta corte, debe determinarse, de manera concienzuda, la correspondencia de cada una de estas con la función primigenia de este órgano. 

 

Por otro lado, sería interesante analizar una posible atribución normativa al órgano en función de su trascendencia en materia contenciosa electoral, circunscribiendo esto de manera estricta a la interacción del órgano jurisdiccional con la elaboración del marco jurídico electoral. En torno a este punto, podría evaluarse experiencias comparadas que van desde la facultad para iniciar leyes en la materia, recabar su opinión en el proceso legislativo, reglamentar sus normas internas y los acuerdos generales para su adecuada implementación, entre otras.   

 

También se debe orientar la norma con relación al accionar de los partidos políticos, los cuales, en lo general y de acuerdo a las formas procesales que se establezcan, pueden contestar cualquier actuación de las autoridades electorales contrarias a la legalidad, incluyendo las reclamaciones derivadas de sus intereses simples y, hasta de los derivados de intereses difusos, en su calidad de entes de derecho público encargados de promover y coadyuvar en la participación del pueblo en la vida democrática y la vigilancia de los actos electorales para que estos se ajusten de manera invariable al principio de legalidad. 

 

En definitiva, de lo que se trata es de garantizar que el diseño de una jurisdicción electoral, en el marco del ordenamiento jurídico dominicano, cumpla con la función de verificar que todas las acciones del proceso electoral —previo y posterior— se apeguen al marco jurídico, a fin de proteger y mantener los derechos electorales. 

 

Servio Tulio Castaños  

Vice-Presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia 

23 marzo 2020 


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En el marco de la coyuntura actual, producto de una pandemia sin precedentes en casi un siglo, la protección de los derechos fundamentales y la racionalidad en la gestión pública han de ser los valores de mayor preponderancia en el funcionamiento del Estado dominicano. El país y el mundo se encuentran en una situación de crisis y, a la medida de esta circunstancia excepcional, el Poder Ejecutivo ha declarado con la aprobación del Congreso, el establecimiento del Estado de Emergencia Nacional, conforme los presupuestos constitucionales y legales que rigen la materia. 

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), este grave acontecimiento global obliga a los poderes públicos nacionales a la mayor prudencia y transparencia para mantener a flote los valores del Estado social y democrático de derecho aún en momentos críticos como el que vivimos. Además, la nación se encuentra en medio del proceso electoral más complejo de nuestras últimas décadas, por lo que el uso de los fondos públicos para afrontar el Estado de Emergencia debe ser transparentado a la ciudadanía. 

 

Es innegable que los Estados de Excepción suponen la flexibilización de ciertos procedimientos institucionales y la posible restricción de derechos fundamentales para permitir que la acción del gobierno sea más expedita según ameriten las circunstancias, pero en modo alguno supone que eximir a los funcionarios y las autoridades del Estado de responsabilidades por los abusos y las extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante los Estados de Excepción.  

 

De igual modo, se requiere que la Comisión Bicameral que está siendo conformada por miembros de ambas cámaras del Congreso Nacional, dé seguimiento oportuno al contenido de la resolución que declara el Estado de Emergencia. Asimismo, debe estar atenta y vigilante a que cada una de las medidas que habrán de ser tomadas sean necesarias y legalmente consecuentes frente a la situación y puedan ser eficientes para garantizar los derechos de la ciudadanía. 

 

Lo anteriormente expuesto implica garantizar que se eviten las extralimitaciones propias de cualquier Estado de Derecho y sus instituciones bajo condiciones fuera de lo ordinario. Así también se garantiza una visión clara de protección de los derechos fundamentales y su ejercicio en cualquier circunstancia. 

 

Los fondos destinados a superar la actual crisis desde el Estado de Emergencia –y sin obviar la vigencia del proceso electoral en curso– deben ser monitoreados en tiempo real por las instituciones encargadas constitucionalmente para ello, así como también es responsabilidad de la sociedad civil mantenerse vigilante en aras de evitar el desvío o utilización de estos recursos para fines contrarios a los que amerita el presente escenario. 

 

Debe saberse que habrá procedimientos, como aquellos que resultan de las compras y contrataciones públicas, los cuales podrían ser abreviados y realizados de una manera más expedita. La sociedad debe tener claridad que habrá derechos fundamentales que podrán ser limitados según permite la Constitución y autorizó el Congreso en la resolución aprobatoria del Estado de Emergencia. Sin embargo, en aras de salvaguardar lo más posible la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales, solicitamos a los poderes públicos que actúen acorde a estos acontecimientos pero apegados al imperio de la ley, la transparencia absoluta y los principios del Estado social y democrático de derecho. 

 

Desde FINJUS, confiamos en que los poderes públicos concentrarán sus esfuerzos en proteger el derecho a la vida y a la salud, así como también a utilizar las medidas excepcionales que se han dispuesto estrictamente para hacer frente a la crisis actual. En estos momentos críticos, el correcto uso de los recursos públicos propios de este Estado de Excepción, puede evitar que surjan en el futuro inconsistencias en el sistema social y económico del país, fortaleciendo así la institucionalidad democrática.      

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán 

19 de marzo de 2020 


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http://www.elmitin.do/por-que-invertimos-tanto-en-las-elecciones/

 

¿Por qué invertimos tanto en las elecciones?

Aunque realmente no sabemos el monto exacto invertido en este largo proceso electoral, sabemos que es mucho dinero1. Entre la compra de equipos electrónicos, las primarias de octubre, las distintas auditorías, las elecciones municipales suspendidas y extraordinarias, y las elecciones de mayo y posiblemente la segunda vuelta en junio, el país estará destinando alrededor de RD$14 mil millones de su presupuesto a este ciclo electoral2. Es natural preguntarse si esa partida del presupuesto nacional ha sido una buena inversión, y si se ha hecho de la mejor manera.

Porque, aunque no estemos acostumbrados a hablar de ellas de esa manera, las elecciones son una inversión.

Hasta el momento, las elecciones son la mejor manera de decidir quién gobierna y que queremos que hagan en el gobierno. Podemos discrepar sobre la manera de elección: que si las elecciones municipales y nacionales deben ser simultáneas o separadas, que si el voto debe ser manual o electrónico. Pero al final, todos buscamos que las elecciones sean transparentes, justas, y que su resultado indique lo que el pueblo quiere que se haga con sus recursos. Todo eso cuesta dinero.

En lugar de usar 14 mil millones de pesos para construir carreteras y hospitales, decidimos invertir 14 mil millones de pesos en asegurarnos que tengamos un proceso electoral que inspire confianza. Porque sin resultados fiables, quien resulta electo no tiene legitimidad para gobernar. Y porque sin resultados fiables, se genera incertidumbre, y la incertidumbre hace que se nos haga más difícil crecer como país. Tener elecciones cada cuatro años hace que los turistas nos visiten y que las empresas inviertan sin dudar que nuestro país es estable y democrático. Nos permite enfocarnos en estudiar o ahorrar para abrir un negocio, porque no tenemos que preguntarnos si el país seguirá funcionando mañana. Sin elecciones, no hay confianza en la estabilidad del país.

Además, invertir en elecciones es invertir en el futuro, en crear una conversación nacional sobre qué queremos ser. En vez de quejarnos sobre el tráfico, la seguridad y la corrupción como todos los años, en años electorales podemos evaluar de qué manera queremos que se resuelvan nuestros problemas comunes y decidir quién lo hará. Con nuestro voto, premiamos a los servidores públicos que han hecho un buen trabajo y sacamos a los que no lo han hecho.

Tratar a las elecciones como una inversión nos permite hacer preguntas más útiles. ¿La inversión que hemos hecho como país realmente ha generado elecciones más confiables y que nos permitan conversar sobre lo que queremos como país? ¿Cada peso que invertimos contribuye a ese objetivo de la mejor manera?

Vayamos por partes. Son tres, y todas pueden mejorar.

Nuestra inversión en elecciones puede catalogarse en tres áreas importantes: inversión en el montaje y la logística del día de elecciones, la contribución económica a las organizaciones políticas, y la fiscalización del proceso electoral.

Sobre la primera categoría, la logística del día de elecciones, sabemos que el fallo de los equipos electrónicos ha generado desconfianza. Sigamos exigiendo que ese tipo de fallos no vuelvan a ocurrir. También hay que evaluar si las elecciones primarias ameritan una inversión tan grande de parte del gobierno.

La segunda categoría de inversión es la contribución económica a las organizaciones políticas, que es el dinero que la Junta Central Electoral otorga a los partidos cada año. ¿Para qué? Para que los partidos no tengan que invertir tanto tiempo en buscar fondos. Para que inviertan más tiempo en formar buenas propuestas y candidatos, y en crear conciencia política en los ciudadanos. Los partidos son parte importante de la conversación sobre nuestro futuro que se da cada año electoral.  El país apoya a los partidos para que estos recopilen las ideas e inquietudes de los dominicanos y las transformen en propuestas. Todos sabemos que en esta área hay espacio para mejora. Los partidos podrían invertir más de nuestro dinero en formular y promover propuestas, y menos en organizar caravanas.

La tercera categoría de inversión es la fiscalización del proceso electoral. Invertimos en policía militar electoral, fiscales y un tribunal superior electoral para evitar, detectar y castigar irregularidades electorales. Para garantizar la legitimidad de las elecciones, tal vez deberíamos invertir más dinero en esta área.

Además del dinero, otro gran recurso que invertimos es nuestro tiempo. Sin nuestro tiempo, todo el dinero invertido no da resultados. Las elecciones son una pérdida de dinero cuando no sacamos el tiempo para votar y para estar informados. Seamos responsables con nuestro tiempo y nuestro país. Ya escuchamos y votamos en estas elecciones. Ahora nos toca votar en mayo. Pero más importante aún, nos toca exigir mejores políticos y mejor política. Exijamos buenos alcaldes, congresistas, y presidentes. Exijamos propuestas concretas. Seamos mejores ciudadanos. 

 

Rafael Esteva 

1. Yudelka Domínguez. El dinero perdido en las elecciones municipales es incalculable todavía. Listín Diario. 11 marzo 2020. https://listindiario.com/la-republica/2020/02/17/604658/el-dinero-perdido-en-las-elecciones-municipales-es-incalculable-todavia

2. Balbiery Rosario. ¿Sabes cuál es el costo de las suspendidas elecciones municipales? Periódico Hoy. 17 febrero 2020. https://hoy.com.do/sabes-cual-es-el-costo-de-las-suspendidas-elecciones-municipales/


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La configuración constitucional de una especie de derecho y/o facultad del Estado a regir en modalidad excepcional constituye una especie de resguardo que permite adoptar medidas proporcionales cuando la excepcionalidad de determinada situación supere el régimen jurídico estatal, tal ocurre actualmente con la pandemia del coronavirus. Se trata de una modalidad a la cual se podrá apelar en situaciones de anormalidad de índole económica, social, medioambiental, o que constituyan calamidad pública cuyo contenido supone, principalmente, extender las facultades de la autoridad política y administrativa para restringir, limitar o suspender los derechos individuales o sociales.

Debe recordarse que, aún en situaciones de plena normalidad, el derecho se encuentra sujeto a ciertas limitaciones a los fines de lograr una sana convivencia social; ejemplo de ello las múltiples restricciones que, en efecto, tienen determinados derechos fundamentales en tanto pudiesen, por ejemplo, vulnerar el derecho de los demás y/o la protección de ciertos bienes jurídicos como el orden público.

Con sobrada razón entonces encuentra fundamento la idea de “Estados de Excepción” mediante las cuales se podrá, en ciertas emergencias (guerra externa; guerra interna o conmoción interior; casos graves de alteración del orden público; daño o peligro para la seguridad nacional y calamidad pública) restringirse el ejercicio de determinados derechos fundamentales de manera transitoria para la búsqueda del pronto restablecimiento a la normalidad.

El Estado es el instrumento del que se dota la sociedad para garantizar su propia supervivencia y su sistema político y su ordenamiento jurídico tiene que tener respuesta ante cualquier crisis, sea de la naturaleza que sea[1].

En ese sentido, la constitucionalización de las “situaciones de excepción” implica la consagración de un Derecho de excepción constitucional y no de un simple estado de excepción disculpante. Y es que la disciplina constitucional de las situaciones de crisis significa que se busca no tanto una causa de justificación que eventualmente exima de culpa y responsabilidad a los poderes públicos por las medidas adoptadas para defender el orden constitucional (lo que presupone la “ilicitud constitucional”), sino más bien una causa justificativa que excluya la idea de ilicitud de dichas medidas y que conlleve al reconocimiento del derecho y del deber de las autoridades constitucionalmente competentes para recurrir a medios excepcionales, necesarios, adecuados y proporcionados para conjurar peligros graves y situaciones de crisis que amenacen el orden constitucional[2].

Establecido lo anterior, huelga decir que la declaratoria del Estado de excepción, en su modalidad de estado de emergencia, se inserta en el régimen de las “situaciones de excepción” lo cual de ninguna manera significa “suspensión de la Constitución” o “exclusión de la Constitución”, sino que implica un “régimen extraordinario” incorporado en la Constitución, perfectamente válido en situaciones de anormalidad constitucional y que, no está exento de los correspondientes límites y consecuentes controles jurisdiccionales.

Desde Finjus consideramos que la existencia de una pandemia que pone en grave riesgo la salud y la vida de la población dominicana genera un peligro inminente cuyo impacto podría sobrepasar la capacidad regular de respuesta del Gobierno y con ello del servicio público en materia sanitaria.

En ese sentido, debe ponderarse que las diversas medidas que son o podrían  llegar a ser necesarias tomando en cuenta que, actualmente, son las que se están utilizando en otras latitudes para frenar el aumento exponencial del contagio del virus, tales como cuarentena, restricciones a reuniones masivas, entre otras medidas restrictiva de libertades, no podrían adoptarse sin un estado de emergencia previamente declarado.

Lo anterior, podría justificar la imperatividad de la autorización de  un estado de emergencia de parte del Congreso, tal lo indica el procedimiento establecido en la Constitución  que puntualizaremos a continuación, a fin de que el gobierno, eventualmente, pueda adoptar las medidas adecuadas para contrarrestar el avance del virus Coronavirus Covid-19 y evitar la propagación masiva de éste.

  • Procedimiento

El artículo 262 de nuestra ley suprema indica que se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. Para ello entonces, el Presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia.

Con relación al procedimiento a seguir, la ley 21-18 sobre regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana, en sus artículos 19 y siguientes, establece que la solicitud en declaratoria iniciará a instancia motivada del Presidente de la República que deberá remitir al Congreso Nacional explicando las razones por las que debe declararse, así como los derechos que se verán suspendidos.

A su vez, el Congreso Nacional, a partir de la recepción de la solicitud, contará con un plazo de diez días para emitir su autorización o rechazo. La decisión del Congreso será emitida mediante resolución; en caso de ser aprobatoria, especificará las razones que fundamentan su decisión y el plazo máximo que durará el estado de excepción autorizado.

Emitida la autorización del Congreso Nacional, el Presidente de la República extenderá un decreto en un plazo no mayor de cinco días, en el que declare el estado de excepción; en caso de no hacerlo dentro de este plazo, se requerirá de nuevo la autorización del Congreso Nacional, previamente motivada.

Por otro lado, de ser una resolución aprobatoria, en lo inmediato, se integrará una comisión bicameral de conformidad con sus reglamentos internos, que se encargará del seguimiento de las actuaciones y medidas tomadas durante el período de duración del estado de excepción de que se trate.

  • Régimen jurídico

En la regulación de la protección excepcional del Estado prevista en la Constitución tenemos tres modalidades de estados de excepción: el Estado de Defensa, el Estado de Conmoción Interior y el Estado de Emergencia. Los dos primeros están descritos en sus objetos con cierta precisión en la Constitución, mientras que el tercero es una vía distinta destinada, exclusivamente, a conjurar una crisis de carácter  a impedir la extensión de sus efectos.

La Constitución dominicana consagra en su artículo 265[3] el Estado de Emergencia como el último tipo de Estado de Excepción, esto así para permitir la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias en circunstancias que no puedan realizarse por los mecanismos regulares de gobierno. Estas medidas incluyen la restricción del ejercicio de determinados derechos constitucionales (ej. la libertad de tránsito en el territorio nacional).

La referida ley 21-18 en su artículo 10, específicamente en el contenido de su párrafo, agrega elementos importantes que toman especial relevancia para la comprensión de la necesidad de la aprobación del Estado de Emergencia en nuestro contexto actual, en efecto se establece que: “…durante el estado de emergencia podrán adoptarse todas las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas, la protección del medioambiente, limitando o racionando el uso de servicios públicos o el consumo de artículos de primera necesidad y acordando la intervención de entidades tanto públicas como privadas.”

En el caso que nos ocupa se trata específicamente del Estado de Emergencia de lo cual conviene tener en consideración los siguientes aspectos indicados tanto en la Constitución como en la referida ley 21-18:

  1. Principios rectores

Los Estados de Excepción deben establecerse tomando con especial cautela una serie de principios rectores que velarán por la salvaguarda de los valores esenciales que fundamentan la espina dorsal de la propugna constitucional: nuestro Estado social, democrático y de derecho.

De esos principios, señalamos la relevancia de los siguientes:

Principio de legalidad, pues todo el ejercicio del poder público durante los estados de excepción estará sometido a la voluntad de la ley y a la existencia de mecanismos de control que garanticen su legalidad. Así también los principios de publicidad y transparencia, en tanto deberá mantenerse constante información a la ciudadanía de la declaratoria y posteriores actos; la temporalidad; la necesidad de que se encuentren justificados en una situación de amenaza excepcional; la proporcionalidad entre la crisis de que se trate, las normas adoptadas y el fin perseguido; la no discriminación; la  compatibilidad, concordancia y complementariedad con las normas de derecho internacional, entre otros.

  1. Competencia

Tal y como hemos señalado en el apartado relativo a procedimiento compete al Presidente de la República declarar el Estado de Excepción de que se trate contando con la autorización del Congreso, pues sin esto último la referida declaratoria no tendría efectos jurídicos. Sin perjuicio de lo anterior y de manera complementaria, el artículo 128 numeral g dispone que, dentro de las atribuciones del Presidente, podrá declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 de esta Constitución.

De igual modo prevé el numeral 1 del artículo 266, que establece las disposiciones regulatorias de estos estados excepcionales, que el Presidente deberá obtener la autorización del Congreso para declarar el estado de excepción correspondiente, en caso de que no estuviese reunido el Congreso, el Presidente podrá declararlo, lo que conllevará convocatoria inmediata del mismo para que éste decida al respecto.

  1. Suspensión de derechos

En los estados de excepción la Constitución y ley 21-18 Sobre Regulación de Los Estados de Excepción, establece las condiciones en que podrá procederse a la suspensión de determinados derechos durante la vigencia del mismo. En el estado de emergencia son suspendibles de limitaciones los derechos previstos de manera taxativa en el artículo 266 numeral 6 de la constitución; es decir, reducción a prisión, según las disposiciones del artículo 40, numeral; Privación de libertad sin causa o sin las formalidades legales, según lo dispone el artículo 40, numeral 6); Plazos de sometimiento a la autoridad judicial o para la puesta en libertad, establecidos en el artículo 40, numeral 5); El traslado desde establecimientos carcelarios u otros lugares, dispuesto en el artículo 40, numeral 12); la presentación de detenidos, establecida en el artículo 40, numeral 11); lo relativo al hábeas corpus, regulado en el artículo 71; la inviolabilidad del domicilio y de recintos privados, dispuesta en el artículo 44, numeral 1); La libertad de tránsito, dispuesta en el artículo 46; la libertad de expresión, en los términos dispuestos por el artículo 49; las libertades de asociación y de reunión, establecidas en los artículos 47 y 48; la inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 44, numeral 3).

Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que la declaración de este estado de emergencia conlleve automáticamente la suspensión de todos los derechos, anteriormente citados. Es preciso indicar que la determinación de cuáles derechos quedan suspendidos dependerá de la habilitación de la autorización que haya aprobado el Congreso. Es decir, solo quedaran suspendidos aquellos derechos que la autorización del Congreso ordene. Solo se suspende estrictamente esos y nada más que ésos.

Con relación a esto, en la solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia participada en el día de hoy al Congreso Nacional por el Presidente de la República se señalan como únicos derechos a, eventualmente, poderse restringir los siguientes: libertad de tránsito,  de asociación  y de reunión,  de conformidad con  los literales h) y j)  del numeral  6 del artículo 266 de la Constitución y el numeral  8 del artículo  11  de la Ley núm. 21-18. Estos derechos estarían limitándose en base a la guía que proponen las directrices de la Organización Mundial  de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la práctica internacional que actualmente se efectúa para prevenir la propagación del COVID-19 mediante la aglomeración  de personas. La referida solicitud puntualiza de manera expresa que ningún otro derecho de los enunciados en el numeral 6 del artículo 266 constitucional y en el artículo  l l de la Ley núm. 21- l 8  serán objeto de restricción.

  1. Limitaciones

La Constitución, en el numeral 5 del artículo 266, establece que la declaratoria de los estados de excepción y, de igual forma, los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control de constitucionalidad. Bajo la figura excepcional que corresponde al contexto actual, esto es el Estado de Emergencia, los actos adoptados durante el mismo que vulneren derechos protegidos y que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo.

Es importante hacer hincapié en ello pues todas las medidas excepcionales se encuentran sometidas a las disposiciones constitucionales, legales y al bloque de constitucionalidad. Esto corresponde al ejercicio del control de constitucionalidad que se erige como una barrera infranqueable para prevenir el uso abusivo de la declaratoria de cualquiera de los estados de excepcionalidad, en este caso el Estado de Emergencia.

  1. Prórroga

Otro elemento a tenerse en cuenta es la posibilidad de prórroga del Estado de Emergencia. Esto se incluye en la norma pues dentro de los límites de esta situación excepcional se encuentra el sometimiento irrestricto a la temporalidad que se indique, por lo que la norma propone una vía  para, en caso de ser necesario, poder ampliar el plazo que se establezca lo da el artículo 28 de la ley 21-18 la cual dicta que:

“En caso de que persistan las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso Nacional, cuantas veces sea necesario, la prórroga del estado de excepción, con cinco días de antelación a la finalización del período originalmente establecido.

Párrafo I.- La prórroga concedida no podrá exceder del tiempo ya autorizado para cada estado de excepción de que se trate.

Párrafo II.- La solicitud de prórroga contendrá las justificaciones necesarias que expliquen la necesidad de extender la duración del estado de excepción correspondiente.

Párrafo III.- El procedimiento para conocer de la solicitud de prórroga es el mismo establecido para conocer de la declaratoria de estado de excepción.”

  1. Levantamiento

Finalmente, es el mismo principio de temporalidad lo que conlleva a la disposición sobre el levantamiento del Estado de Excepción de que se trate, pues debe subrayarse que los Estados de Excepción, incluyendo el de Emergencia, tienen naturaleza estrictamente temporal. En ese sentido:

“Artículo 31 (Ley 21-18).- Levantamiento. Tan pronto como haya finalizado el periodo de duración autorizado o inmediatamente hayan cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de hasta dos días para declarar su levantamiento.

Párrafo I.- La declaratoria de cese del estado de excepción se hará mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Párrafo II.- En caso de que el Poder Ejecutivo se negare a ejecutar dicha medida, el  Congreso Nacional tendrá facultad para hacerlo.”

Desde FINJUS, en razón de la delicada situación que atraviesa nuestra nación ante la amenaza de propagación masiva del COVID-19 y sus nefastas consecuencias, invita a los legisladores a contribuir en lo inmediato  en la ponderación de la necesidad de autorización de la declaratoria del Estado de Emergencia. De ser aprobado el referido estado excepcional, se impone la reflexión oportuna y sabia en torno a  la determinación razonable y proporcional del plazo. Por otro lado, se requiere a la mayor brevedad posible la integración de la comisión bicameral correspondiente que acompañe al gobierno en este proceso.

Una situación con aristas tan delicadas como la que supone la amenaza del COVID-19 en nuestro país, requiere de actuar con suma diligencia dejando de lado intereses particulares. Estos tiempos ameritan aunar fuerzas entre los distintos sectores, el gobierno y la ciudadanía en general para atravesar el inminente reto que tenemos por delante. 

Dr. Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

18 de marzo de 202

 

[1] PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho constitucional, 2005.

[2] FINJUS. Constitución comentada 2015. Santo Domingo, 2015. Pág. 537. Apuntes del jurista Eduardo Jorge Prats.

[3] Artículo 265.– Estado de Emergencia. El Estado de Emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública.


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El lamentable deceso del Dr. Manuel Bergés Chupani en este 16 de marzo de 2020 enluta a la comunidad jurídica y la sociedad dominicana, y estremece los más sensibles hilos de la dignidad, el decoro y el derecho en el país en su historia moderna.

 

El Dr. Bergés Chupani se cambió, a través de su obra profesional, su trayectoria de responsabilidad y honestidad, en un paradigma del derecho dominicano. Como Magistrado Juez ingresó a la carrera de la judicatura en la década del 1940 y escaló todos los peldaños del servicio judicial, desde la humilde posición de Juez de Paz hasta la de Juez de la Suprema Corte de Justicia. En esa posición sirvió por 21 años y desde 1982 a 1986 fungió como Presidente de esa Alta Corte, honrando esa elevada investidura con una acrisolada dedicación, probidad y rectitud reconocida por todos los sectores.

 

Su carrera en la magistratura fue complementada con el ejercicio de la docencia universitaria, la investigación jurídica y la divulgación del derecho, y estuvo comprometido con las reformas que la sociedad dominicana exigió para adaptar el sistema de justicia a las exigencias de la vida democrática y la consolidación del Estado de Derecho. Su labor de cambio se expresó en su activación participación en la iniciativa de juristas y empresarios que dio lugar al nacimiento de la Fundación Institucionalidad y Justicia hace 30 años, en 1990, siendo escogido como su Primer Presidente del Consejo de Directores en ese año.

 

Su calidad humana, claro juicio e inteligencia jurídica, a la par de su compromiso con la verdad y la justicia, representante su más valioso legado a las nuevas generaciones de juristas y servidores judiciales, comprometidos con el derecho en un marco de transparencia, imparcialidad y rectitud

 

En FINJUS siempre lo recordaremos como un maestro del derecho y un vivo ejemplo de la vida consagrada a la justicia. 

 

Como homenaje a su memoria imperecedera, lo despedimos con las palabras finales, que en su calidad de Presidente de FINJUS, afectado a la Primera Promoción de Profesionales del derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra el 5 de septiembre de 1991:

 

“Y ahora, jóvenes graduados, deseo hacerles una advertencia final:

 

Cada uno de ustedes tiene el derecho, y también el deber, de fundar su propio imperio de nobleza, de dignidad, de capacidad y decencia ”

 

Adelante, pues, sin volver la cara atrás, porque la República necesita del imperio de esos imperios ”

 

 

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

 

17 de marzo, 2020


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In Memoriam

 

Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

Para algunos, la apertura de una cátedra magistral es sólo un evento académico, con sentido en una institución de educación superior si se le enmarca al servicio de la investigación y el desarrollo de los conocimientos en un área del saber humano.

 

Sin embargo, desde una perspectiva humanista profunda, una cátedra magistral en el área del derecho,  representa un espacio de síntesis de la experiencia de muchos hombres y mujeres, juristas, magistrados, profesionales de las ciencias jurídicas, en las que se destacan las lecciones que se desprenden de hechos sociales aparentemente aislados y que con el devenir del tiempo se van convirtiendo en aportes sustantivos en la construcción de ideales, proyectos sociales y marcos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

 

Como proclaman los filósofos de todas las épocas, no hay nada más estéril que un pensamiento desvinculado de un propósito práctico y común. Sin sentido de lo social, de la práctica para el mejoramiento continuo del ser humano, las teorías se convierten en huecas y vacías.

 

Sin embargo, ¡¡¡ Qué diferente es cuando la cátedra, la investigación y el conocimiento sirven para alumbrar el camino de la verdad, de la justicia y del bienestar compartido!!

 

¡¡¡ Cuán fecunda se convierte la conciencia cuando sirve para dirigir la acción humana hacia el progreso, para estimular la convivencia pacífica y el desarrollo de las potencialidades de todos!!!

 

De seguro que este es el sentido profundo de esta Cátedra que la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña dedica al eminente jurista, profesor y magistrado dominicano, Dr. Manuel Bergés Chupani.

 

Sin temor a repetir lo que antes he dicho, porque en este caso las palabras siempre quedarán cortas y la inteligencia nunca será suficiente para abarcar la calidad y valor que le son inherentes, Don Manuel es, a nuestro humilde juicio, uno de los juristas más destacados en la historia del derecho dominicano, cuya trayectoria ennoblece al sistema de justicia nacional y el derecho dominicano en sentido general.

 

El Dr. Bergés Chupani es una figura emblemática de la carrera judicial. Su amor por la justicia, su pasión por el derecho, su noble empeño por contribuir al orden y la vida civilizada entre los dominicanos, le llevó a transitar por todos los escalones de la organización judicial en múltiples lugares de la geografía nacional, luego de obtener su título de Doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo en 1942.

 

Arranca su carrera como magistrado desde la aparentemente sencilla posición de Juez Alcalde en 1945 en Bonao y Barahona. Al año siguiente lo encontramos fungiendo de Juez de Instrucción de Baní y Samaná; le siguen las funciones de Juez de Instrucción y de Primera Instancia en San Cristóbal, hasta 1948, para luego ser trasladado a Puerto Plata en 1949 con el mismo cargo.

 

Desde alli, en 1951 fue movido a esta Capital como Juez de la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional en 1951. Su labor fue reconocida al año siguiente al ser ascendido a la Juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, donde estuvo asentado hasta 1955 para pasar a ser Juez Presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, posición que desempeñó hasta 1959. A inicios de ese, específicamente el 2 de febrero y por iniciativa de Don Hipólito Herrera Billini, fue designado Magistrado Juez de la Suprema Corte de Justicia.

 

Todos sabemos cuán turbulentos y difíciles fueron esos días para la República. Cuantos sufrimientos costó al pueblo dominicano iniciar el camino hacia la superación de la dictadura y que la democracia dominicana comenzara a dar sus primeros balbuceos y pasos. Allí, en ese ambiente cargado de tensiones e intrigas, se decantaron los hombres nobles, superando la ignominia y dedicando sus mejores horas, desde diversas posiciones, al servicio del país.

 

Fue en medio de ese ambiente donde se destacó la valía y calidad humana de Don Manuel y por espacio de 18 años sirvió a la República como Juez de la Suprema Corte de Justicia, hasta 1976, cuando se retiró de la posición.

 

Se dedicó entonces, por seis años al ejercicio privado del derecho, pero tuvo que retornar a la Suprema Corte de Justicia en 1982, ahora en su calidad de Presidente de ese alto tribunal en justo reconocimiento de sus dotes y virtudes. Desde esa posición, tuvo que desempeñar en varias ocasiones la función de Presidente de la República de manera interina. En 1986 se produce su retiro definitivo del más alto tribunal de la República.

 

 En ese año, tras su salida de dicha función, fue Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, forjador de una generación de nuevos juristas, muchos de los cuales fulguran en el quehacer jurídico contemporáneo.

 

Como jurista, como académico y como ciudadano, el Dr. Bergés Chupani ha sido un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados dominicanos. En lo que toca a nuestra Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Don Manuel fue uno de los artífices de su surgimiento, siendo el primer Presidente de su Consejo de Directores, en 1990 y miembro de su Consejo de Directores, hasta mayo del año pasado, aportando su presencia y entusiasmo cada vez que le fue demandado.

 

En una ocasión nos preguntamos ¿Qué impulsa a un jurista como Don Manuel, consagrado ya como magistrado, luego de terminar su labor pública, a colocarse al frente de una organización cívica como FINJUS  para aportar en la reflexión sobre los cambios en el sistema de justicia y la implementación de procesos de modernización?

 

Nos respondimos entonces que no podía ser otra cosa que el compromiso que se deriva del ejercicio de una ciudadanía identificada con la democracia, el amor al servicio público, y el compromiso con la sociedad que le valora y reconoce sus virtudes.

 

No tengo temor a equivocarme si digo que Don Manuel, con su vida y obra fecundas, ha dado importantes lecciones prácticas a la sociedad dominicana de honestidad, laboriosidad y dedicación al servicio de la justicia. Sus aportes doctrinarios, su larga labor en la judicatura y su integridad constituyen un valioso legado a las nuevas generaciones.

 

¿Qué debemos entonces aprender de Don Manuel Bergés Chupani, pues el libro de la historia de su vida ya está escrito? No es otra cosa que lo más preciado: el ejemplo de su vida se han convertido en un culto de los deberes de la existencia.

 

En la actualidad, con el paso del tiempo y a la luz de los desafíos que tiene ante si nuestra nación, constantemente amenazada sus instituciones fundamentales por la acción del crimen organizado, debilitada por la persistencia de la pobreza extrema y acosada por malos dominicanos que pretenden convertir la corrupción en su modus vivendi, en esas condiciones, la figura de Don Manuel Bergés Chupani se engrandece y emerge como un modelo a seguir por quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar justicia y perseguir el delito.

 

Todos los hombres y mujeres que desempeñamos funciones en el sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos y abogados privados, estamos convocados a imitarlo, a perfeccionarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos para que esta tradición de honestidad, servicio y amor a la justicia perduren en el tiempo.

 

Este es el sentido profundo y el orgullo que todos sentimos en la apertura de esta Cátedra magistral de derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, quien es quien en definitiva se honra al honrar este distinguido hombre.

 

 Gracias, Don Manuel, por su ejemplo imperecedero…

 

24 de abril, 2008


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Santo Domingo, 13 de marzo de 2020.- La recién electa Fiscal Electoral Mag. Gisela Cueto y El Vicepresidente de FINJUS, Dr. Servio Tulio Castaños , sostuvieron este viernes una reunión en el cual FINJUS manifestó su disposición de dar toda la asistencia técnica necesaria para el éxito en las tareas que le han sido asignadas.

En la reunión participaron además, los consultores Jerónimo Díaz, Octael Nieto y la  Gerente de Proyectos de FINJUS, Licda. María Dolores Díaz


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Con relación al informe anual emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos correspondiente al año 2019 y las fuertes aseveraciones que este contiene, resaltan especialmente las debilidades institucionales del sistema de justicia dominicano las cuales, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), hemos venido señalando de manera reiterativa.

 

A la fecha todavía queda pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica, lo cual resulta un requisito indispensable para la consolidación del postulado Estado social, democrático y de derecho y, a su vez, para el desarrollo económico y social del país.

 

De igual forma, sigue siendo de gran preocupación que el nivel de confianza en el sistema de justicia de la República Dominicana se encuentre entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, información que plantean otros estudios e informes como el Latinobarómetro que, en su última versión, se mantiene en un 21%, muy similar al 20% de confianza que, según ese mismo estudio, tiene el Poder Legislativo, y el 22% respecto del gobierno.  

 

Un elemento esencial a considerar de este informe, respecto al sistema de justicia, son las notas que refiere en torno al curso del proceso a nivel judicial del denominado caso “ODEBRECHT”, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que acrecienta los índices de desconfianza.

 

Por otro lado, resulta pertinente rescatar del informe lo relativo a la implementación de la ley de partidos y de régimen electoral, específicamente a la desigualdad en la asignación de fondos, la equidad en el uso de recursos en los períodos de campaña electoral y lo relativo a la transparencia en la ejecución de los fondos.

 

Los desafíos institucionales abarcan la necesidad de fortalecer los niveles de transparencia y los sistemas de control y de consecuencia que representan el contrapeso del accionar gubernamental. Sin embargo, prevalecen notables indicios de casos de corrupción sin sanciones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de marzo de 2020


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El Tribunal Superior Electoral realiza curso de reforzamiento

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FINJUS y PGR planifican capacitaciones en materia de Delito Electoral con expertos internacionales

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