Kenia Franco

Kenia Franco

  1. Introducción

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha reafirmado, en varias ocasiones, la necesidad de un amplio diálogo que permita articular el consenso social necesario para consolidar el Estado social y democrático de derecho. La actual coyuntura generada por la pandemia COVID-19, se ha colocado sobre la mesa importantes desafíos latentes en toda la estructura institucional dominicana.

 

Aristóteles esclareció, en el umbral mismo de su "Política", que la razón por el cual el hombre es más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social, estriba específicamente en que es el único animal que tiene palabra . Por tanto, resulta natural que cualquier rediseño o puntualización que se realice en aras de fortalecer el esquema institucional actual del Estado dominicano, debe estar acompañado de diálogo.

 

Es por ello, coincidiendo con numerosos sectores sociales, empresariales y políticos que apelan a la necesidad de plantear nuevas interrogantes respecto al funcionamiento de diversas áreas de la vida nacional, es decir, de los factores sociales, económicos, políticos y culturales que configuran las condiciones de vida de toda la población.

 

Partiendo de esta realidad, desde FINJUS, se considera urgente especificar determinadas sonciones nociones que, de manera conjunta, deben ser abordadas al momento de presentar propuestas que pueden superar poco a poco las nuevas realidades que ha traído la pandemia, sin que esto vaya en detrimento de obviar asuntos pendientes de primer orden para la sociedad y el funcionamiento óptimo del Estado.

 

  1. Ciudadanía, pandemia y normalidad.

 

Alan Lavell analizó las implicaciones del COVID-19 en la construcción social de las políticas públicas. Este autor planteaba, entre otras cosas, las limitaciones sociales, políticas y económicas provocadas por el virus " representa la materialización de condiciones de riesgo preexistentes y subyacentes [1] " en una sociedad.

Es decir, cualquier análisis que se haga de los efectos causados ​​por la pandemia, invitar a una reflexión profunda sobre las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el país, desde una visión histórica pero holística y actual.

 

De manera que, esto hace necesario entender los riesgos de la pandemia como el resultado de la interacción entre el ser humano y su medio, por lo que trasladar esta concepción a la coyuntura actual no solo implica un esfuerzo conceptual sino también reconocer las consecuencias de las implicaciones .

 

Tal como expresa Kingdon, una crisis o riesgo de importancia incentiva la innovación y los cambios en las políticas públicas, la  política de Windows  puede ser ese momento para la introducción temática o miradas diferentes de las consolidadas [2] .

 

Partiendo de lo anterior, consideramos que la ciudadanía enfrenta una gran reto de civismo, compromiso social, apego a la legalidad y racionalidad como elementos fundamentales para retornar a la normalidad que todos anhelamos. El sostén económico del país depende de factores que no son hijos ajenos a la responsabilidad individual y colectiva necesarios para enfrentar los riesgos peligrosos y los riesgos que se han insertado a partir de la situación sanitaria.

 

Por otro lado, es difícil esta coyuntura la que abre una ventana de oportunidades para reemplazar la ciudadanía el mejoramiento de aspectos concernientes a los poderes públicos desde el ámbito local y nacional. Así, consideramos que el primer paso a dar como propuesta dirigida hacia el comportamiento ciudadano ante el COVID-19 recae en la instalación de un Plan Nacional Integral entre los sectores que componen la vida social y económica de la nación.

 

Para esto, se requiere de las instituciones de mayor transparencia y mejor acercamiento a la ciudadanía, lo que significa la democratización de las tomas de decisiones, partiendo del respeto al imperio de la ley. Asimismo, en aras de fortalecer la seguridad jurídica, cualquier medida que sea tomada desde el Estado para superar los efectos de la pandemia, ha respondido a las necesidades reales de las diferentes localidades y las posibilidades operativas de las diferentes instituciones y organizaciones sociales del país .

  • Cohesión social y reformas institucionales.

 

Tal como hemos planteado en ocasiones anteriores, es urgente la modernización y adaptación del Estado como elemento estratégico de la cohesión social, para así dotar a la sociedad de respuestas afectadas ante la compleja temática que implica superar la realidad actual y responder ante las dudas sociales latentes .

 

Considere que para generar equilibrios en un sistema democrático se requiere de la puesta en común de metas a corto y largo plazo. En ese sentido, nos hacemos eco de la ciudadanía que exige transformaciones relevantes en materia del esquema institucional actual.

 

Hacemos la afirmación anterior, la cual es consecuente con los planteamientos que hemos realizado en diferentes puntos de vista respecto a reformas puntuales en determinados parámetros de la esfera pública, como lo son: el fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones públicas; la exigencia de mayores controla que implica mayor transparencia en las entidades políticas; el robustecimiento de los órganos de control interno y externo del Estado; la calidad del acceso a la justicia; y el cumplimiento efectivo de los sistemas de consecuencias ante los actos de corrupción y la inobservancia de las normas.

 

Lo precedentemente establecido podría generar efectos favorables para la institucionalidad democrática, generando así mecanismos de nueva gobernanza y mayor presencia de soluciones viables ante las debilidades que se han evidenciado durante las décadas en la Administración Pública y el propio sistema político.

 

Es inminente que debemos encaminarnos hacia la búsqueda de este consenso, evitando así la dispersión social que ha ralentizado la ejecución de políticas públicas, así como de las legislaciones que podría haber servido de base para las reformas institucionales que exige la sociedad.

 

  1. La recuperación económica.

 

Coincidimos con diversos actores sociales en los objetivos realistas y alcanzables de cara a la necesidad de una eventual recuperación económica como estrategia nacional de impulso a los sectores productivos que verán afectados por la pandemia.

 

De modo que, los principales sectores de la economía han de ser atendidos con bastante minuciosidad. Una norma básica de desarrollo económico, además de fomentar la transparencia y la responsabilidad para erradicar la corrupción y otras prácticas que inhiben los negocios lícitos, implicando la comprensión de los riesgos y los retornos del mercado [3] .

 

Lo expuesto con anterioridad quiere decir que las actividades de desarrollo económico deben estar basadas en una evaluación periódica del mercado y afectados con una comprensión de la rentabilidad, el entorno habilitado y los retornos y riesgos potenciales [4] .

 

Por estas razones, un Plan Nacional Integral que propicie un amplio diálogo político y social para la recuperación económica nacional –lo cual eventualmente será prioritario tras los efectos que pudieren causar el COVID-19 en el contexto globalizado–, probablemente se tomarán en cuenta diferentes Aristas de la producción nacional.

 

De manera que, el crecimiento y la diversificación de nuestra economía es responsabilidad de entidades tanto públicas como privadas. En esta dirección, la Ley Núm. 47-20 de Alianzas Público- Privadas ofrece un marco regulatorio específico que puede servir de base para impulsos conjuntos de estos sectores con soluciones capaces de fortalecer la transparencia y lograr una recuperación económica que integre a la mayor parte de nuestros sectores productivos.

 

Ante el escenario planteado, resulta necesario introducir políticas de recuperación planificada, dirigidas directamente a las pequeñas y medianas empresas, quienes pueden ser los entes que se encuentran con mayores obstáculos para la reactivación económica. Del mismo modo, no se puede evitar la revisión y la aplicación de políticas fiscales que pueden evitar el riesgo de los sectores que pueden ser seriamente afectados por los efectos de la pandemia.

 

Igualmente, cualquier impacto negativo sufrido por nuestra economía podría verso repotenciado si no se opta por un marco absoluto de transparencia. La corrupción adopta sus más dañinas materializaciones en la inobservancia de las normas, lo que produce efectos directos en la distribución de las riquezas y en el clima de inversión. De manera que el combate de la corrupción deviene en una herramienta idónea para lograr la recuperación ante cualquier impacto negativo que sufra nuestra economía.

 

  1. El tejido social y los desafíos actuales.

 

En la actualidad, toda la política pública o la reforma institucional tiene que estar desde los elementos más esenciales que resignificar la vida cotidiana de la población. Tomando en cuenta las variaciones en la normalidad generadas por el coronavirus (COVID-19) y las debilidades institucionales previamente determinadas, el Plan Nacional Integral que propone no puede, bajo ningún concepto, obvio la realidad del tejido social.

 

En palabras de Martín-Barbero, “ las propuestas de desarrollo son mediaciones que posibilitan el análisis y la interpretación de procesos y situaciones particulares sin perder de vista lo social[5] . Por tanto, las preocupaciones sociales diversas sobre desempleo, pobreza, seguridad ciudadana y panorama educativo; deben tomar un rumbo único encaminado hacia propuestas concretas que requieren visibilizar las operaciones operativas en el ámbito local y nacional por parte de los poderes públicos.

 

Es decir, los actores sociales y políticos que forman parte de un Plan Nacional Integral para superar los desafíos institucionales que presentan el Estado dominicano, deben adoptar una mirada integral del ámbito social, el acuerdo a los diferentes contextos locales y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas nacionales.

 

En este aspecto, toma preponderancia el cumplimiento del marco normativo; la planificación operativa de medidas que contrarresten la crisis sanitaria; así como una mayor operación de políticas públicas especialmente adecuadas a las realidades sociales actuales y futuras, evitando así la descomposición social.

 

Desde FINJUS, asumimos el compromiso de promover un Plan Nacional Integral que propicia condiciones favorables a la puesta en ejecución de medidas que surjan desde un amplio consenso social. Es imposible el diálogo entre los distintos sectores de la vida nacional que permiten consolidar una agenda común para el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

[1] LAVELL, A., MANSILLA, E., MASKREY A., y RAMIRÉZ, F. La construcción social de la pandemia COVID-19: desastre, riesgo de riesgos y políticas públicas . Red de Estudios Sociales sobre Prevención de Desastres en América Latina. 20 de abril de 2020. P. 3. [Documento en formato PDF]. 

[2] REINO, Jhon W. Agendas, alternativas y políticas públicas . 2 da Edición Pearson. Serie Clásicos de Longman en Políticas Públicas. Michigan. 1984. P. 240.

[3] Véase : LA RED SEEP. Normas mínimas para la recuperación económica . TU DIJISTE. 2 da Edición. 2010. P. 105

[4] Ídem .

[5] MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones . En: Revista Razón y Palabra. N o 75. Pp. 1-19. 1987.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha convocado su jornada de Debates Electorales RD 2020, dirigido a los candidatos a la Presidencia en las elecciones del venidero 5 de julio. FINJUS se une a todos los sectores sociales y organizaciones que han respaldado esta iniciativa como un elemento trascendental en el momento político-institucional del país.

 

La relevancia y necesidad  de un espacio de debate a este nivel ha sido planteada reiteradamente por los medios de comunicación, la comunidad académica y los expertos internacionales que han evaluado la institucionalidad democrática del país y por amplios segmentos de la ciudadanía.

 

Desde hace más de 20 años ANJE ha trabajado en la realización de estos debates que requieren, para obtener éxito, de recursos, interés de la ciudadanía y los medios de comunicación, contar con plataformas y procedimientos tecnológicos adecuados a sus objetivos y por último, disposición o voluntad de parte de los actores políticos involucrados.

 

La suma de estos factores debería significar, como en otros países democráticos, la celebración de debates presidenciales con un impacto razonable en los potenciales votantes, pero la reticencia y el desinterés de algunos candidatos y las fuerzas políticas que representan ha impedido que cumplan cabalmente la función a la que están destinados.

 

Pese a que estos eventos no han sido regulados por las leyes electorales, tal como fue reconocido por el Tribunal Superior Electoral en su reciente Ordenanza TSE-02-2020, los debates electorales se han convertido en una fuente de legitimidad social en muchos países, ya que representan un medio por el cual la ciudadanía conoce y reacciona ante las propuestas formuladas por los candidatos y sus partidos, y forma parte del proceso que permite a los postulantes asumir el compromiso social de implementar sus programas electorales con eficiencia, transparencia y equidad.

 

Aunque la nueva Ley de Régimen Electoral obliga a los candidatos presidenciales a depositar sus programas de gobierno ante la Junta Central Electoral, lo que acaban de hacer recientemente, no existe ninguna disposición que les conmine a debatir y explicar el contenido y el alcance de los programas y planes específicos que diseñarán para materializar sus promesas electorales.

 

Por eso es vital que los candidatos presidenciales se comprometan a participar en un debate como el organizado por ANJE. En la actualidad la importancia de este ejercicio se hace mayor ante la grave crisis que vive el país por los efectos de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), de cara a la necesidad de que todos los sectores nacionales estén conscientes de la coherencia y razonabilidad de las propuestas que formula cada candidato

 

FINJUS reitera su apoyo y reconocimiento al empeño de ANJE de hacer realidad la aspiración ciudadana de que los aspirantes a gobernar y representarnos muestren sus capacidades, propuestas y aspiraciones en un debate abierto, neutral y equitativo para que nuestra democracia tenga una nueva oportunidad de mejorar su calidad y expandir los derechos de la ciudadanía a ejercer una supervisión permanente de los actos y planteamientos de sus instituciones y representantes.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

El ejercicio del derecho al voto en el exterior se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda electoral en la actualidad.  El debate que se ha originado ha puesto de relieve los niveles de indefinición que  prevalecen y que afecta directamente a la diáspora dominicana que se encuentra confusa acerca de si efectivamente podrá escoger a sus candidatos favoritos, tanto para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, como a sus representantes ante el Congreso Nacional.

 

Esta indefinición debe ser resuelta a la mayor brevedad posible porque es un indicador importante de la calidad de la democracia dominicana. La Junta Central Electoral, como órgano rector del sistema electoral, debe definir los presupuestos para la ejecución de este derecho constitucional.

 

Ciertamente, a raíz de la delicada situación que ha generado la pandemia del coronavirus (COVID-19), se mantiene una suerte de incertidumbre desde los Estados donde residen los dominicanos en el exterior, acerca de si permitirán o no las votaciones en sus territorios el próximo 5 de julio, fecha de las elecciones presidenciales y congresuales.

 

Desde FINJUS reiteramos que resulta esencialmente importante que la Junta Central Electoral, en tanto órgano rector, encamine sus esfuerzos, de la mano de los enlaces diplomáticos, para planificar la logística de la celebración del voto en el exterior, tomando en consideración los diversos escenarios que pueden presentarse, que van desde la celebración de las elecciones en esos países con ciertas restricciones hasta una imposibilidad material a causa de los efectos de la pandemia.

 

La sociedad dominicana está cada vez más consciente de que no se puede esperar a que se acerque la fecha fijada de las elecciones sin haber preparado lo requerido para el sufragio del voto en el exterior. La Constitución Dominicana establece en su artículo 21 que las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.

 

Es cierto que el combate a la pandemia que actualmente vive el mundo entero y nuestro país, requiere de un esfuerzo que no encuentra todas las respuestas en el limitado contenido de las leyes, por lo que es esencial que dentro del marco constitucional y legal que nos rige, se busquen las alternativas que permita que cuestiones tan relevantes como la participación y ejercicio de los derechos políticos de la diáspora dominicana puedan ser realizados con eficiencia.

 

 

Servio Tulio Castaño Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a la luz de las informaciones de los medios de comunicación sobre limitaciones impuestas a ciertas modalidades de comercio en las actuales condiciones, exhorta a todas las instituciones gubernamentales a cumplir con los límites competenciales que el marco constitucional y legal les asigna. La separación de funciones, regulación y operación es uno de los principios rectores de la Administración Pública consagrado en el artículo 9 de la Ley orgánica de la Administración Pública No. 247-12.

 

El incumplimiento de lo anterior constituye una vulneración del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, al igual que el artículo 138 de la Constitución. El desborde de los límites que le han sido conferidos coloca al Estado en una posición de riesgo innecesario, ahora de manera especial ante el delicado escenario que ha planteado la pandemia del coronavirus (COVID-19).

 

Debe recordarse que la declaratoria de Estado de emergencia expresamente solo ha indicado la posibilidad de limitación de los derechos de reunión y de libre tránsito, por lo que la afectación a otros derechos fundamentales y/o libertades consagradas en el texto constitucional, tal como es la libertad de empresa, constituye una afectación irrazonable y pasible de verificación constitucional.

 

En efecto, la Constitución es clara en cuanto los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, que en su artículo 74 consigna que “Solo por ley, en los casos permitidos por esta constitución, podrá regularse o restringirse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”; por lo que reglamentar estos derechos, al tenor del citado artículo, es competencia exclusiva del legislador, quien puede regular el ejercicio de los mismos.

 

Si cualquier institución estatal se abroga ese derecho, sin dudas estaría desbordando los límites de su competencia e invadiendo la competencia legislativa, no importa cuán sanas y justas sean las causas que originen su conducta.

 

Vale indicar que los entes reguladores, especialmente los que afectan el sector comercio, deben lograr una armonía entre un ejercicio en apego a las atribuciones que le han sido conferidas y la imposición de buenas prácticas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias para enfrentar el COVID-19. Esto no debe de ninguna manera traducirse en una condena o desincentivo hacia quienes están ideando nuevas fórmulas para migrar de la forma de comercio tradicional, sino que corresponde replicar protocolos funcionales en otras escalas del sector.

 

Finalmente, debemos recalcar que el estado de emergencia no subvierte el orden constitucional. En la inmediatez de la emergencia, no podemos seguir dilatando el cumplimento de los mandatos constitucionales y legales que procuran asegurar una mayor racionalidad y eficiencia en la administración pública en beneficio de la ciudadanía.

 

En general, pero sobre todo en las condiciones concretas que vivimos, no se puede tolerar la arbitrariedad por parte de las instituciones públicas; pues de esa permeabilidad se generan serias perturbaciones del orden público, que podrían causar un mayor nivel de lesividad a la ya de por sí delicada situación

 

Para enfrentar los agudos retos que implica la lucha contra el Covid-19, FINJUS considera que es impostergable incorporar mecanismos que de manera armónica con el entorno constitucional y legal, no afecten de manera irrazonable los derechos y libertades constitucionales, asegurando el retorno a la normalidad en un marco de respeto estricto al orden democrático y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

La pandemia COVID-19 ha creado una coyuntura de crisis social sin precedentes. La amenaza a la vida ha paralizado gran parte del dispositivo productivo, comercial y las instituciones sociales y políticas. El país debe contar con los recursos públicos y privados para el regreso paulatino a la normalidad. Sin embargo, algunos factores obstaculizan esa aspiración social compartida. Nos preocupa el funcionamiento del sistema de compras y contrataciones públicas, regido por la Ley No. 340-06, porque es esencial para hacer frente a las urgencias actuales.

 

La sociedad dominicana reclama los recursos públicos disponibles para obtener todas las herramientas, insumos y servicios que se requieren para salvar vidas, restablecer la salud, asistir a los afectados y evitar la extensión del daño. Al mismo tiempo aspiran a que estos bienes sean adquiridos mediante procedimientos idóneos que analizan la calidad de la Administración y la transparencia, en los que deben basarse en la Ley de Compra de Contrataciones.

 

Los medios de comunicación han informado que los órganos responsables del sistema han tenido que cancelar diversos procesos de adquisición de bienes que no se ajustan a los parámetros establecidos. Estas acciones implican la importancia de que en el corto plazo los poderes públicos se comprometan a realizar una revisión integral del contenido de la Ley 340-06.

 

La sociedad ha planteado la urgencia de esa importante ley y sus regulaciones mar reformada de manera que puedan evitarse las irregularidades en los procedimientos, la falta de transparencia y la distracción de los recursos públicos hacia los intereses particulares, especialmente en la actual coyuntura de crisis que ha generado la pandemia.

 

No tenemos que empezar de cero en este terreno. Desde el año 2017, existe un anteproyecto legislativo que ha sido analizado por distintas instituciones del Estado, y que ha contactado con el visto bueno de importantes instituciones sociales.

 

Las circunstancias actuales respuestas estadounidenses, óptimas y expeditas en todos los aspectos de la vida nacional. No obstante, resulta de alta preocupación que persistan las distorsiones e inobservancia sistemática de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, magnificadas por la aguda situación que prevalece. En un momento tan delicado como el actual, se requiere la máxima transparencia, eficiencia y probidad de todos los actores del Estado o privados que manejan fondos públicos.

 

Por ello, exhortamos a emprender sin dilación la reforma de esta Ley de Compras y Contrataciones. El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de ampliar esta discusión y generar los consensos que, en otros ámbitos, han logrado dar con las transformaciones.

 

Existen vías idóneas para superar las limitaciones que presenta la normativa actual en la lucha por la transparencia en todos los actos y limitaciones del Estado. En la actual coyuntura social, política, económica y de salud, la sociedad dominicana no espera menos de sus autoridades y actores políticos, para convertir esta grave amenaza a la vida y el futuro de la Nación, en una oportunidad para fortalecer la seguridad jurídica y el clima de transparencia, dotando así de mayor certidumbre a todos los sectores que componen la vida nacional y fortaleciendo la institucionalidad democrática de nuestro país.

 

 

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

La problemática que viene desde años aconteciendo en el vertedero de Duquesa y otros vertederos en el país, coloca una vez más sobre la agenda pública el tema de la gestión de los residuos sólidos. Desde hace mucho tiempo, los vertederos a cielo abierto y sin control se han convertido en un foco de grave contaminación ambiental para el país, sin obviar que también han representado la corrupción histórica y desidia de autoridades públicas y entes privados responsables en la materia.  

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera inaplazable la aprobación de la ley de gestión de los residuos sólidos, cuyo proyecto fue enviado al Senado de la República el pasado mes de febrero, pero que ha sido discutido durante varios años en el Congreso Nacional. Los poderes públicos deben concentrar esfuerzos en dotar al ordenamiento jurídico de potestades regulatorias sobre un tema tan vital como este, cuyo abandono termina afectando derechos como la salud y el derecho al ambiente.

 

A pesar de la importancia de una norma de esta naturaleza, el tiempo que ha tardado en su aprobación se debe fundamentalmente a los intereses que circundan al negocio lucrativo de los vertederos de desechos sólidos, los cuales se han convertido en una fuente de corrupción pública y privada, cuyas consecuencias se ven reflejadas en la contaminación generada y la continuidad de la insalubridad en torno a los mismos, a pesar de haberse invertido tiempo y recursos en buscar soluciones a corto y largo plazo para su cierre definitivo.

 

La gestión de los residuos sólidos debe ser entendida como un asunto multidisciplinario y donde confluyen muchos actores, tomando en cuenta primordialmente su relación con el ambiente, entendido este como lo definen los expertos en gestión ambiental local González y Cuéllar, esto es, como “una forma particular de representación que, de las interacciones entre el sistema biofísico y el sistema cultural, han construido los diferentes tipos de configuraciones humanas a través de la historia[1].

 

Precisamente, los vertederos en nuestro país se han definido sin tomar en cuenta la interacción del ambiente con los individuos en particular ni con el desarrollo sostenible de la sociedad en general, sino sobre la base de la primacía de relaciones particulares de negocio lucrativo descontrolado. Es por ello, que se requiere de un marco regulatorio que contemple la inclusión de temas como la separación y recolección selectiva; el establecimiento de responsabilidades y planes municipales de recolección; la educación social en gestión de residuos; y ser una fuente de generación de energía para el país.

 

De igual modo, resulta importante que una legislación que aborde esta temática establezca responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal ante la inobservancia de sus disposiciones y, a su vez, el incumplimiento y daños causados al ambiente a causa de un manejo indebido de los residuos sólidos. De esta manera, podría instaurarse un sistema de consecuencias eficaz que evite la permanencia de prácticas corruptas y daños ambientales derivados del mal manejo de los residuos y la escasa regulación al respecto.

 

De acuerdo a la experta Cristina Baratta, una norma de esta naturaleza debe ir acompañada de “un profundo cambio de comportamiento capaz de revertir políticas y prácticas tradicionales buscando estrategias asociadas a la reducción del consumo; universalización de los servicios de limpieza urbana; prácticas de tratamiento de los residuos; retiro de los niños de los basurales; y potencial generador de trabajo e ingresos económicos asociado a los residuos sólidos[2].

 

Desde FINJUS confiamos en que un proyecto de ley que integre los aspectos precedentemente mencionados, propiciará mayor seguridad y conciencia a la ciudadanía respecto a la integralidad de la gestión de los residuos. La aprobación de esta legislación es urgente y requiere el respaldo de la ciudadanía y las autoridades públicas y privadas para frenar los focos de infección y contaminación que provocan los vertederos, así como la ilegalidad inherente a éstos históricamente, logrando así un clima de bienestar favorable para la ciudadanía que, a su vez, fortalezca la seguridad jurídica nacional.

 

 

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

[1] GONZÁLEZ, L. de G. F, y VALENCIA CUÉLLAR., José. Conceptos básicos para repensar la problemática ambiental. Gestión y Ambiente, vol. 16, número 2. Universidad Nacional de Colombia. Agosto 2013. Medellín. Pp. 121-128.

[2] BARATTA, Cristina T., En: Manual de Gestión Integrada de Residuos Sólidos en ciudades de América Latina y el Caribe. Instituto Brasileño de Administración Municipal. 2006. P. 12

La expansión y crecimiento de los efectos negativos de la pandemia del coronavirus (COVID-19) se ha convertido en una realidad irrefutable en todo el mundo y en la República Dominicana nos encontramos justamente en el momento preciso de seguir adoptando las medidas más idóneas para enfrentarlo . Como en otros aspectos de la realidad dominicana, las opiniones y puntos de vista son variados e incluso contradictorios entre ellas.

 

Observamos que a nivel global la pandemia ha cambiado la economía en un sorprendente estado de suspenso. A nivel social ha magnificado las situaciones de modificación y crisis en las grandes masas de la población viviente, especialmente las variables a las que el Estado no ha integrado a los planos de desarrollo. La crisis en los estratos de los trabajadores formales e informales, ha significado un agravamiento de los niveles de precariedad familiar, impedidos de mantener su consumo y bajo la amenaza de enfermedades.

 

En situación similar se encuentra el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin capacidad de restablecer la normalidad cuando se levantan las restricciones a la circulación de personas y la actividad comercial. En fin, todo el aparato productivo vive en la incertidumbre, pese a las medidas que ha adoptado el Estado, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso.

 

FINJUS ha llamado a que en estos momentos actuemos con la mayor inteligencia para diseñar las estrategias, programa y planos más adecuados y eficientes que requieren a todos los sectores sociales salir de la grave situación actual con resiliencia y optimismo. Ese llamado se refuerza en este día con la exhortación a los actos con el máximo de prudencia y razonabilidad en la adopción de las decisiones en el Estado de emergencia y la crisis sanitaria.

 

Las soluciones que se adoptan deben estar basadas en un análisis apropiado con una visión de futuro, tanto a mediano como a largo plazo.

 

Estas reflexiones surgen a propósito de la discusión social que se ha suscitado sobre la pertinencia del uso de los fondos de pensiones, mediante la modalidad de la devolución del 30 por ciento de lo ahorrado a cada uno de los usuarios del sistema. Es preciso analizar con prudencia, detalle y visión de futuro el efecto que tendría una mediad de ese tipo.

 

Aunque a primera vista parecería que esta medida representa una salida a la precariedad y falta de medios de los cotizantes, todas las evidencias que se presentan acerca del impacto negativo que tendría dicha medida en los niveles generales de la estabilidad y en el crecimiento económico del país recomiendan que su ponderación requiere de análisis más detallados en un marco de razonabilidad. Pese a las simpatías que parece provocar esta medida, todo indica que sus efectos a mediano y largo plazo serían devastadores y en ese sentido contraproducente de manera absoluta con el propósito que se buscaría al adoptarlas,

 

Un retiro masivo de fondos como el que se plantea realizar, de acuerdo a la mayoría de los expertos y autoridades en la materia, pondría en riesgo económico al país y su recuperación con el tiempo, además que pondría en grave riesgos al sistema de pensiones en su totalidad.

 

El análisis de la discusión de este tema en otros países de la región ha arrojado argumentos sólidos que desaconsejan esta posibilidad de retiro de los fondos de pensiones. Respecto al efecto adverso en la eventual recepción de pensión de los cotizantes, los resultados de ejercicios matemáticos sugieren que mientras menos tiempo aporte un trabajador a su fondo previsional, más golpeada será su pensión futura por el retiro de un porcentaje entre 20 a 30%, con daño irreparable a los adultos jóvenes que se verían perjudicados porque no tendrían suficiente tiempo para reconstruir su fondo y en la actualidad el monto de su retiro no es significativo.

 

Para evitar los efectos negativos de la depreciación de esos fondos de pensiones los mismos están invertidos en diversos tipos de activos financieros, y venderlos en un momento en que sus precios están golpeados, implicaría perder la oportunidad de recuperar lo perdido cuando los mercados financieros se normalicen. Paralelo a esto, está lo advertido por los economistas nacionales, de que las ventas en el mercado local podrían impulsar a la baja los precios de los activos nacionales, perjudicando incluso a los afiliados que decidan no retirar su fondo.

 

Así también, el desembolso de los porcentajes que se discuten para dinamizar la economía familiar en Estados de emergencias, podría incrementar la carga fiscal, ya que quienes se acojan a esta medida y, eventualmente se queden sin fondos o con una disminución considerable, serían potenciales carga para los programas de asistencia social del Estado.

 

De todos estos aspectos reseñados subyace un punto preocupante y es que, al final, de permitirse el retiro anticipado podría significar que la crisis se trasladaría a los trabajadores y serán ellos los que tendrán que asumir el coste y el riesgo de la misma.

 

En base a todo lo anterior FINJUS se inclina por evitar el uso de los fondos de pensiones hacia fines que no correspondan estrictamente a las de asegurar una pensión en el momento oportuno. Entendemos que la contribución que pueden hacer los fondos de pensiones al desarrollo económico y social de un país se magnifica cuando éstos se invierten eficientemente sobre la base de criterios de mercado y en función exclusiva de los objetivos que son propios al sistema de pensiones y la seguridad social.

 

Cabe destacar que  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, según siglas en inglés), el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han opinado en el sentido que no se debe alentar beneficios de pago salvo cuando los afiliados tengan saldos muy pequeños en sus cuentas de capitalización.[1]

 

El retiro de hasta un 30% por ciento de los fondos de pensiones supone serias reflexiones sobre las negativas implicaciones económicas a largo plazo, como la  afectación de la estabilidad macroeconómica e incrementar en el mediano plazo una parte importante de los riesgos de sostenibilidad fiscal. Es por ello que desde FINJUS exhortamos a preservar los fondos de pensiones que garantizarán a largo plazo la rentabilidad para el beneficio de una pensión a los contribuyentes.

 

Reiteramos que en el marco de la grave situación actual, la propuesta encaminada a devolver a los ahorrantes del sistema de pensiones un equivalente al 30 por ciento de sus ahorros, debe ser alguna vez a la mayor ponderación, en un marco de prudencia y razonabilidad. En medio de la grave crisis actual, las medidas precipitadas y procesadas sin un análisis concienzudo están condenadas a ser contraproducentes y corren el riesgo de generar mayores problemas que los que supuestamente buscan resolver.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Ver video en nuestro canal youtube  https://youtu.be/wkqSp76al2E

 

[1] Disponible en: <http://gestion.co/tu-dinero/afpjubilado-gastar-su-pension-libre-disponibilidad-2148110>.

Martes, 05 Mayo 2020 14:24

FINJUS-carta Suprema Corte de Justicia

 

  Magistrado  

Luis Henry Molina Peña

Presidente

Suprema Corte de Justicia

Centro de los Héroes.

Ciudad.

 

Honorable Magistrado Presidente:

 

La reciente aprobación de la política para el uso de la firma electrónica en los procesos jurisdiccionales y administrativos en el Poder Judicial, representa un importante paso de avance en el camino de fortalecer los mecanismos de acceso oportuno y eficiente en los servicios judiciales.

 

La comunidad jurídica y la sociedad dominicana en general han respaldado todas las iniciativas que han  abierto el camino a las reformas políticas e institucionales que permitieron al Poder Judicial convertirse en un sostén firme de nuestro régimen jurídico democrático. Esto dio lugar a los cambios normativos y organizacionales que hicieron viable este propósito desde 1994, aunque persistieron muchos procedimientos judiciales que continuaron respondiendo a las prácticas culturales de las tradiciones jurídicas que pretendíamos superar.

 

Esta lamentable situación se tradujo en graves limitaciones en el acceso y eficiencia de los servicios judiciales brindados a la sociedad dominicana en sus diferentes niveles.

 

Por eso los procesos de digitalización, automatización y uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información, vienen a hacer realidad el anhelo de la comunidad jurídica, empresarial y ciudadanos, en el sentido  agilizar y eficientizar los procesos y actos jurisdiccionales y administrativos a cargo del Poder Judicial y que son imprescindibles para garantizar la seguridad jurídica, la certidumbre y el valor de la justicia.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) apoya sus iniciativas en esta dirección y reconoce en esta política sobre el uso de la firma electrónica un valioso instrumento con vocación a impactar transversalmente en todo el servicio judicial y eventualmente en el sistema de justicia dominicano.

 

Pese a las duras condiciones que prevalecen actualmente en el país, reconocemos la importancia de mantenernos proactivos en el logro de las grandes metas de este dilatado proceso de reforma y modernización de la institucionalidad democrática y valoramos los aportes de la Suprema Corte de Justicia, bajo su Presidencia.

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestros mejores deseos de salud y bienestar.

 

Muy atentamente

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

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Tras su juramentación el pasado 24 de abril, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha mantenido diálogos con las alcaldías electas de los municipios del Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santo Domingo Oeste, en el marco de sus iniciativas para apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo sostenible de los gobiernos locales, y continuar colaborando con la consolidación de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género y la redefinición de los roles de la Alcaldía en tiempos de Emergencia Nacional.

 

Dada la grave situación de crisis de salud que atraviesa el país, desde FINJUS se considera relevante mantener activos los planes de seguridad y las estrategias locales para que las diferentes alcaldías puedan promover estabilidad y certidumbre en sus respectivos territorios. En ese marco, las Mesas Locales se destacan como un espacio plural de participación y elaboración de diagnósticos y medidas efectivas acordes a los principios que rigen la situación de excepción que persiste en el país.

 

En la coyuntura actual es vital realizar todas las iniciativas que permitan fortalecer la coordinación entre los gobiernos locales y las organizaciones sociales en sus municipios, para generar los consensos que requieren las medidas para consolidar los sistemas sanitarios locales a corto y largo plazo; proteger a las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros); y establecer acciones puntuales de cara a la emergencia actual, al tiempo que se  generan datos sobre la situación del COVID-19 por comunidades, para que las Alcaldías junto a las autoridades de salud locales, puedan dar respuesta más efectiva al avance de la pandemia.                                       

 

En otro ámbito, resulta evidente que la reactivación económica es imperiosa para el país. Las medidas de distanciamiento social aprobadas por los poderes públicos tendrán mejores resultados si en cada municipio las actividades económicas habituales pueden retomarse gradualmente. Así, las Alcaldías deben jugar un rol activo en el proceso paulatino de recuperación de los ejes principales de la economía de los diferentes municipios, generando consensos con el tejido empresarial y aplicando buenas prácticas en el terreno de las políticas urbanas.

 

La superación de la situación de crisis creada por la pandemia del COVID-19 requiere de decisiones efectivas. Ante la incertidumbre que arropa la población, es menester que los Alcaldes y Regidores electos puedan democratizar las decisiones adoptadas en los gobiernos locales, a través de mayor participación de la ciudadanía, tomando en cuenta las implicaciones sociales, sanitarias, políticas y económicas que pueden tener cada una de las resoluciones que nazcan en los ayuntamientos.

 

En las próximas semanas se dialogará con otras Alcaldías donde FINJUS ha prestado su colaboración en sus planes municipales de seguridad ciudadana. La seguridad es un concepto amplio, por lo que implica también la solidaridad y la promoción de certidumbre jurídica y social a los ciudadanos. Es por ello que felicitamos la alta disposición de las alcaldías previamente mencionadas y reiteramos nuestro interés de continuar fortaleciendo los lazos institucionales a favor de la efectividad de sus acciones que buscan el bienestar general.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

La pandemia declarada por la acelerada propagación del coronavirus (COVID-19) ha abierto una etapa delicada en la historia de la humanidad en razón de los importantes retos que implica en diversos sectores de la vida social, económica y política de todas las naciones, siendo los aspectos relacionados con la salud, la producción, el comercio y la vida institucional los que concentran el mayor interés.

 

En República Dominicana esta realidad se vive con la misma intensidad que en otras latitudes. A todos los puntos anteriores se suma el desafío relativo a la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, pautadas para el próximo 5 de julio, de las que deben emanar las nuevas autoridades de la estructura gubernamental y los representantes ante el Congreso, quienes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de adoptar las medidas y tareas necesarias para reducir la gravedad de la situación.

 

Es precisamente la reflexión cuidadosa de esta realidad la que debe llevarnos a determinar las mejores políticas y planes para enfrentar los graves efectos que acarrean estos fenómenos en los distintos niveles sociales y económicos, así como en los aspectos relacionados con la calidad de la democracia y de la institucionalidad. Es en este contexto donde el Estado y sus instituciones deben enfocarse para diseñar todas las estrategias, programas y alternativas en el camino de generar la confianza hacia las instituciones democráticas y de las vías que deciden poner en ejecución.

 

Desde FINJUS valoramos positivamente la iniciativa de establecer un proceso de diálogo que permita un acuerdo político nacional entre todos los actores políticos en comunicación con la sociedad, para trazar una hoja de ruta con soluciones reales a corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas donde se concentra la crisis derivada de la pandemia. Lo anterior es especialmente importante en la determinación de las medidas imprescindibles para dirigir la reanimación de las bases de la producción, la circulación de bienes y la estabilidad laboral y avanzar hacia una economía sostenible.

 

Una mirada rápida a lo que ocurre en nuestra región, lo mismo que en la Unión Europea y los Estados Unidos, nos permite observar que la mayor parte de los gobiernos de países desarrollados y/o en desarrollo coincide en objetivos similares a los que debemos enfrentar localmente y que pudieran resumirse en: detener la expansión progresiva de los contagios del virus, reforzar los sistemas hospitalarios, fortalecer los mecanismos de alerta y prevención de los sistemas de salud pública, proteger las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros), dotar de financiamiento a la respuesta de emergencia, iniciar planes con miras a la reactivación de la economía, mientras estamos a la espera de que sean desarrollados nuevos tratamientos y vacunas[1].

 

Estos objetivos solo pueden ser debidamente alcanzados con el concurso y trabajo coordinado de todos los sectores en capacidad de realizar, de manera inmediata y concertada, la planeación de medidas y/o políticas a corto, mediano y largo plazo para afrontar la crisis derivada del COVID-19.  Esta es una tarea urgente, que no debe ser retrasada, y que para tener éxito deberá asegurarse que tendrá continuidad en las nuevas autoridades estatales que asuman sus responsabilidades el próximo 16 de agosto.

 

En atención a lo anterior, FINJUS ha planteado la importancia de que se produzca un acuerdo nacional que permita el consenso de los diferentes actores políticos y sectores sociales claves de la vida nacional.

 

La idea del consenso por el que abogamos no se refiere a diálogos infructuosos y/o dilatados, ajenos a la situación actual, porque el país necesita que se formulen propuestas de solución realistas, objetivas y alcanzables, que puedan convertirse en la plataforma para que las medidas sugeridas sean sostenibles en el tiempo y puedan ser asumidas por las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Congreso en el nuevo periodo constitucional, con el compromiso serio de actores sociales y económicos claves, como el empresariado, la comunidad educativa, los medios de comunicación, las iglesias y las organizaciones sociales representativas.

 

Es conocido que en toda sociedad organizada una de las tareas fundamentales del Estado es la de reducir los niveles de incertidumbre que se producen cotidianamente como efecto de la acción de las fuerzas del mercado global al cual estamos anclados. Esta reducción debe realizarse en el marco del establecimiento de nuevos pactos sociales que comprometan a los más amplios sectores sociales.

 

Es evidente que la actual pandemia tiene un impacto devastador en la actualidad pero también es innegable que produce variados efectos en los distintos sectores sociales. La falta de estos consensos sociales en torno a aquellos que genera la situación de la pandemia sobre las metas nacionales y de cada sector en específico, podría significar un aumento del riesgo de incertidumbre de las políticas, y una baja en la capacidad de hacer planes y elaborar propuestas serias en los ámbitos económicos y sociales.

 

Un elemento clave en esta estrategia es la modernización y adaptación del Estado. Sin un Estado capaz de realizar las tareas complejas que implica una época convulsa como la que vivimos y con escasa voluntad de dar las respuestas eficientes a las necesidades y demandas sociales, transitaremos el camino de la inseguridad y de la desconfianza.

 

En democracia es esencial que constantemente se genere equilibrio en la valoración de la ciudadanía respecto de sus instituciones en el corto plazo y los resultados a largo plazo; pues, si la democracia no muestra resultados a largo plazo que representen niveles aceptables de eficiencia en su gestión y se traduzcan en una mejor distribución equitativa de la riqueza y beneficios sociales, las instituciones públicas se hacen vulnerables a las derivaciones que acompaña el descontento y la desconfianza social, y aumentan los factores de riesgo que amenacen la gobernabilidad y la seguridad jurídica.

 

Debemos recordar que antes de la pandemia en el país había una baja credibilidad en las instituciones públicas. En efecto, en el marco de esta situación ha habido serias críticas sobre la utilización y lógico aumento del gasto público por lo que es necesario que el Estado aumente los niveles de transparencia en todas sus acciones, en especial en el marco de la crisis sanitaria actual.

 

El incremento del gasto público representa un riesgo por la capacidad muy limitada de la estructura del sistema de salud pública que ha requerido inversiones extraordinarias de emergencia para poder responder a las necesidades masivas de atención sanitaria derivadas de la pandemia.

 

Por otro lado, es primordial comenzar a prepararnos para reconstruir nuestra economía e introducir los planes de recuperación no solo para el tiempo que hoy vivimos de contención del virus, sino también para el período en el que la actividad económica comience a reactivarse.

 

Para ello hay que poner al aparato productivo en el centro de todas las medidas, impulsando la cooperación entre las diferentes instituciones y administraciones con solidaridad y unidad social.

 

Es urgente que desde el Estado se ponderen algunas de las medidas establecidas en otros países, como por ejemplo la revisión de las políticas fiscales de emergencia y asumir lo que algunos economistas denominan como “economía de guerra”, pues habrán afectados que necesitarán la asistencia y transferencia directa de recursos, así como pequeñas y medianas empresas con el fin de evitar la bancarrota y/o quiebra, de lo cual derivaría un desempleo masivo.

 

Para ello se requiere la identificación de los principales sectores afectados, como, por ejemplo, los sectores turísticos, las pequeñas empresas y los trabajadores independientes, concomitantemente con la necesidad de continuar una ayuda dirigida a familias de bajos ingresos.

 

Esto cobra especial importancia dado que se prevé que la región y a nivel global entrará en un periodo de recesión económica de la cual, a pesar de que entidades como el Banco Mundial y la CEPAL indicaron que el efecto no sería tan devastador en el país, debemos estar preparados para solventar y alivianar un desplome económico de esa magnitud.

 

Los expertos indican que no puede esperarse un “milagro científico” que permita una vacuna antes de 12-18 meses para empezar a proyectar una reapertura del país, sino que con la participación activa y concertada de los sectores público y privado, se podrían establecer parámetros y directrices para la ruptura del confinamiento, que deberá ser progresiva y basada en principios básicos de precaución y equidad. Se habla también de la utilización de mecanismos tecnológicos, a manera de big data, para lograr un eficaz seguimiento individual y comunitario que permita el restablecimiento de libertades fundamentales, como la de tránsito.

 

Por otro lado, superada esta etapa de contención de la propagación del coronavirus, entendemos que se debe realizar un proceso de evaluación de la calidad democrática de nuestro régimen político, pues una de las grandes preocupaciones respecto a este punto ha sido que, en el intento por desacelerar la propagación del virus, los países han utilizado herramientas delicadas como la declaración de Estado de Emergencia que suponen ciertos límites a libertades democráticas y, en consecuencia, pudiesen haber constituido una tentación para el autoritarismo. En nuestro caso, corremos el riesgo de un incremento en la manifestación exacerbada de una “cultura de jefe” arraigada en diferentes capas del poder público y el aparato represivo, así como en la tendencia de cerrar las fronteras a la migración y exaltar el nacionalismo frente a la cooperación entre países.

 

En torno a ese punto, con relación a nuestro país, la Constitución, en el numeral 5 del artículo 266, establece que la declaratoria de los estados de excepción y, de igual forma, los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control de constitucionalidad. Por lo que cualquier medida considerada podrá luego ser revisada en sede jurisdiccional.

 

Así también consideramos importante reflexionar en torno a las lagunas jurídicas evidenciadas en el marco de esta situación, a fin de suplir y establecer disposiciones que pudiesen adecuarse con mayor amplitud a escenarios como estos y, en consecuencia, profundizar en la tarea legislativa.

 

Entendemos que, solo en la medida en que todos los sectores sociales y políticos sumen esfuerzos en la dirección de los puntos concertados en un gran acuerdo nacional para la recuperación institucional, económica y de salud, podremos sobreponernos a esta realidad que hoy atraviesa el país, por lo cual se precisa de determinación y  compromiso con los resultados consensuados que resulten de este proceso.

 

Finalmente nos anima la esperanza de que los argumentos que contiene esta propuesta redunden en el logro del necesario consenso social que requerimos para esta trascendental tarea. De allí nuestro interés en compartir este análisis con todos los sectores nacionales y en especial con el Congreso de la República, como órgano responsable de promover los cambios legislativos necesarios para las transformaciones que necesita el país para poder encaminarnos hacia un futuro más alentador en el marco de la pandemia más devastadora que la humanidad ha conocido en los últimos 100 años.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

[1]FRANJUL, G.; RAMIREZ, O. Cinco reflexiones sobre la crisis de la covid-19 y el impacto en países pobres. Periódico El País, 1 de abril 2020. Disponible en: [https://elpais.com/elpais/2020/04/01/3500_millones/1585735224_937880.html]


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