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Análisis de la sentencia TC / 0092/19 sobre la inconstitucionalidad del artículo 44.6 de la ley 33-18 de partidos políticos ”

 

Saludamos la presencia de cada uno de ustedes un importante espacio en el que se socializa el contenido de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que se inconstitucional el numeral 6 del artículo 44 de la ley 33-18 sobre partidos, movimientos o agrupaciones de políticos, una configuración de la propaganda prohibida en el período de la precampaña, una especie de delito al imponer una pena por la difusión de los mensajes negativos a través de las redes sociales que empañaren la imagen de los candidatos.

 

Al momento de aprobar la referida ley 33-18, una gran parte de la comunidad jurídica y sectores sociales advirtieron con la falta de precisión de ese artículo y el riesgo de la interpretación y la aplicación del mismo se perpetrarán arbitrariedades en contra de los ciudadanos A propósito de ello, a la Fundación Prensa y Derecho, a los juristas Namphi Rodríguez y Héctor Herrera, se les atribuye una acción directa de inconstitucionalidad de la cual el Tribunal Constitucional dictó la sentencia número 0092/19. Que sustenta nuestra carta magna.

 

44.6 con los preceptos constitucionales de libertad de expresión y de información [1] , principios de legalidad [ 2] [3] y razonabilidad  [4] ; de manera que las mismas quedaron sobre la mesa para su debate y diálogo. 

  • La indefinición de los conceptos es enunciados en la configuración de la declaración inconstitucional, esto es "mensajes negativos" y que "empañen la imagen" de los requisitos que se requieren, para la aplicación de una pretensión de sanción, se recurra a un esfuerzo interpretativo para determinar si la acción y / o conducta a juzgar se encuadra en la descripción vaga contenida en la norma; también se trata de quién es el sujeto, se imputa el delito, se trata de redes sociales, se abre el catálogo de posibles impugnados: por ejemplo, quién se encuentra en el mensaje, quien se compara y / o difunda o el que se respira públicamente.

 

  • Las normas deben ser bastadas por sí mismas para cubrir el requerimiento constitucional que se desprende del principio de legalidad. El TC en un criterio anterior, también el uso en la sentencia de lo que se trata, el informe de " El principio de legalidad, (...), se erige como una de las condiciones básicas que permiten la configuración del Estado de derecho, pues en su esencia encierra la exigencia de seguridad jurídica (…) ”

 

  • Si la intención del legislador era abordar una problemática relativa a la cultura política dominicana de recurrir a una campaña de negocios, establecer una nueva dirección, agregar una nueva configuración, no dar un toque de penalización, de difamación e injuria con elementos constitutivos A todas las luces, amplios y ambiguos.

 

  • Por otro lado, la afectación clara al derecho de libertad de expresión e información pues tal y como señala el tribunal: “cuando se fijan las limitaciones por medio de responsabilidades posteriores a este derecho, las mismas tienen que identificarse en la Ley de manera expresa, clara y precisa, ya que las normas sancionatorias ambiguas, amplias o muy abiertas violan la seguridad jurídica, promueven interpretaciones que socavan desproporcionadamente el ejercicio del derecho de libertad de expresión

 

  • A lo anterior debemos agregar la atinada reflexión que hizo, mediante voto salvado, el magistrado Lino Samuel Vasquez respecto de la censura previa en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues es preciso evaluar si el efecto que hubiese producido esta disposición resultaba o no en intimidación al ciudadano y consecuentemente en el entorpecimiento de la libre circulación de ideas y opiniones.

 

  • Por otro lado, vale destacar también la ponderación del tribunal respecto a los argumentos presentados por los intervinientes: Senado de la República, Cámara de Diputados y Procuraduría de la Republica, con relación a la protección del derecho al honor, a la reputación, a la intimidad, a la dignidad y moral de los candidatos de cara a la libertad de expresión y derecho de información. En ese sentido esgrime que: “si bien es cierto que el derecho a la libertad de expresión no extingue el derecho a la intimidad, al honor personal y a la propia imagen, no menos cierto es que la limitación al derecho de libertad de expresión debe satisfacer el test de razonabilidad (…)” desde la lupa que recrean los criterios de idoneidad, de la necesidad y de la proporcionalidad.

 

  • Un criterio de sumo interés que aporta el Tribunal en la valoración por un lado de la intimidad, la dignidad y moral de los candidatos y por el otro el ejercicio íntegro de la libertad de expresión y derecho de información, es que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, (…) que está llamada a participar en debates activos y vigorosos (…) que generarán necesariamente ciertos discursos críticos y ofensivos para los funcionarios públicos o quienes se vinculan voluntariamente a la formulación de la política pública.”

 

  • Lo anterior no afecta la protección a la esfera de la vida privada de candidatos y funcionarios, lo cual como cualquier otro particular, encuentra amparo en las disposiciones sobre difamación e injuria. Queda entonces sobre el espectro del debate y, especialmente, en manos de la ciudadanía, los medios de comunicación que, en el ejercicio de la libertad de expresión e información sean preservadas las fronteras que rozan con el espacio delimitado que protege la legislación en torno a la intimidad de estos sujetos en particular.

 

En fin, que estos planteamientos preliminares vienen a destacar la trascendencia de la sentencia del Tribunal Constitucional y la pertinencia de su amplia difusión en la sociedad, para contribuir  a la sensibilización de todos los sectores sociales sobre la importancia de los valores y principios fundamentales de la Constitución, de la cual deben nutrirse las instituciones públicas y privadas para iluminar cada uno de sus actos.

 

Agradecemos de antemano la participación de todos los expositores y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este importantísimo evento.

 

 

 

 

 

Santo Domingo, República Dominicana,

7 de marzo del 2017.

“Marco institucional y local en el ámbito de transparencia, acceso a información y probidad comparada”

  1. Marcos generales de la transparencia

Un punto común en los análisis sobre la importancia del acceso a la información en la actualidad es el reconocimiento de su impacto en la vida económica, política y social de un país determinado. En la búsqueda de mayor integridad y transparencia en la gestión gubernamental, “los países de las Américas han venido desarrollando, cada vez más, una serie de políticas, mecanismos y estrategias dentro de sus sistemas de administración pública. Así mismo, los Organismos Internacionales y la sociedad civil organizada han contribuido de manera significativa a apoyar tales esfuerzos.”[1]

 

Universidad Católica Tecnológica del Cibao-UCATECI

La Vega, R.D.

3 de marzo de 2017

1. El Dr. Servio Tulio Castaños durante el discurso central

2. Reconocimiento al Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, por parte del Pbro. Pedro De la Cruz De los Santos, Vicerrector Ejecutivo de UCATECI y la Sra. Johanna Reyes, Directora de la Escuela de Derecho.

3. Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán  y la Dra. Niris Caba, Directora del Departamento de Comunicaciones Corporativa

 

Participación en la Conferencia: "Experiencia del Sr. Servio Tulio Castaños en su rol de Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)"

UCATECI-La Vega

3 de marzo de 2017

 

 

Presentación a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Santo Domingo, D.N., 9 de marzo de 2017.- En ocasión al Día Internacional de la Mujer, debemos reflexionar sobre lo construido y aquello aún pendiente en materia de derechos e igualdad de género. A pesar de los enormes progresos realizados desde aquellos movimientos sociales del siglo XX, que constituyeron el motor dinamizador para  la lucha por la reivindicación  del  derecho a la igualdad de la mujer.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), dispuesta a promover la equidad del hombre y la mujer en todos los espacios de la vida nacional, entiende pertinente abocarnos a una reflexión integral en torno a este tema y mantener firmemente la lucha por los derechos de la mujer, afín con los logros ya obtenidos y con claridad para los desafíos del presente y el futuro.

 

En virtud del Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, debemos reconocer que aún quedan pendiente ciertos retos en materia de derechos que no han podido ser consolidados.

 

La labor de la ciudadanía, además de reflexionar profundamente ante esta situación histórica, debe adentrarse por entero a conocer la raíz de la importancia de la mujer en la sociedad dominicana. La única manera de solucionar la violencia machista y reivindicar el rol que juegan las mujeres en nuestro país, es promoviendo la reproducción y el ejercicio cotidiano de valores que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, sin excepción.

 

Más allá de los cambios normativos y estructurales que han significado destacados logros para el bienestar de la mujer dominicana, todas y todos debemos concentrar mayores esfuerzos para lograr la construcción de un país justo y equitativo donde la mujer forme verdaderamente parte central de sus transformaciones.   

 

En cada una de nuestras comunidades y a través de nuestras actividades diarias, tenemos la oportunidad de actuar como agentes de cambio, a través de la educación, del liderazgo y del ejemplo. Podemos trabajar a favor de la igualdad, propiciando acciones que permitan empoderar a las mujeres.

“Cuando las mujeres participan plenamente en la fuerza de trabajo, se crean oportunidades y se genera crecimiento. La eliminación de la disparidad entre los géneros en el empleo podría aumentar el PIB mundial en 12 billones de dólares para 2025. El aumento de la proporción de mujeres en las instituciones públicas hace que estas sean más representativas, aumenta la innovación, mejora la adopción de decisiones y beneficia a sociedades enteras.[1]

 

A tal fin, el Estado deberá realizar esfuerzos concertados para promover la participación de las mujeres en la vida económica. También es preciso actuar con determinación para eliminar la discriminación que las mujeres encuentran en múltiples frentes, que convergen más allá del tema del género: la orientación sexual, la discapacidad, la edad avanzada y la raza. Estos factores contribuyen a la desigualdad salarial.[2]

 

Muchos se hacen la pregunta, ¿por qué es importante celebrar el Día Internacional de la Mujer? En este día recordamos todos los logros políticos, económicos y sociales de todas las mujeres del mundo; recordamos todas las mujeres que han luchado por sus derechos y por una sociedad igualitaria; recordamos a todas esas mujeres fuertes que han marcado nuestras vidas; pero, sobre todo, recordamos que todavía existe un problema en cuanto a las diferencias entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, un problema que solo se resolverá si la ciudadanía se une y decidan luchar sin descanso hasta hacer tangibles las necesarias transformaciones sociales, políticas y culturales.

 

Agradecemos la participación de estas grandiosas mujeres que hoy nos acompañan y que sabemos invitarán al pensamiento crítico y a contribuir con rigor sobre los aportes que nuestro país necesita.

 

Muy buenos días a todas y todos.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

9 de marzo del 2017.


[1] GUTERRES, António. Discurso del Secretario general de la ONU, en ocasión al día Internacional de la Mujer. 2017.  [En línea] Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/3/statement-sg-international-womens-day-2017#sthash.GbQSFfze.dpuf

[2] Ver “Análisis del Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas”. ONU. 2016.

El financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas ha ocupado un lugar principal en el debate sobre el sistema político dominicano, y los recientes hechos relacionados con la corrupción transnacional muestran que, pese a las reiteradas promesas de cambio, el manejo opaco de los fondos y la exclusión del tema a lo interno de los partidos continúa siendo una de las mayores debilidades de nuestro régimen democrático.

 

En el marco de la discusión social sobre la adopción de las nuevas leyes de Partidos Políticos y Electoral, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha considerado oportuno proponer a los actores políticos, legislativos y electorales que intervienen en el debate, la necesidad de que se incluyan dos requisitos importantes que aumentan la transparencia en el sistema y mejoran los controles de la Junta Central Electoral. Consiste en que la JCE solo acepte la inscripción de las candidaturas de personas que presenten su Declaración Jurada de Patrimonio y una certificación de pago de impuestos y el establecimiento de sanciones, por parte de la JCE,  a los partidos y candidatos electos que no cumplan con dichas medidas.

 

 

FINJUS valora sentencia de acción de amparo que decidió sobre una colisión de derechos fundamentales

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), valora la decisión del juez de amparo en la sentencia civil en acción constitucional de amparo dictada el veintiuno de marzo del presente año por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) a la luz de las informaciones que recogen los medios de comunicación social sobre el impacto del conflicto que se reporta sobre diversos aspectos del vertedero de Duquesa, expresa su preocupación por la naturaleza de esta Litis y la importancia de que se encuentre una solución ajustada al Estado de Derecho.

 


Click par ver : Carta Comisión Bicameral

Click par ver : Cuadro Comparativo In Extenso Propuesta Partidos Políticos JCE 


La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en respaldo del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, ha considerado oportuno plantear algunas observaciones en torno al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas reintroducido por la Junta Central Electoral al Senado de la República, cuya discusión está siendo conocida por la Comisión Bicameral.

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