FINJUS considera sería un grave atentado a la democracia si se declara la inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14

 

Varios medios de comunicación han recogido en sus páginas en los últimos días una información que da cuenta que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

 

Para quienes estamos identificados con la tarea de consolidar nuestro régimen democrático, garantizar los derechos fundamentales de las personas y fortalecer los mecanismos para que la institucionalidad democrática descanse sobre normas, procedimientos y principios compartidos, resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia.

 

Es altamente conocido que la Ley 169-14 fue adoptada en el Congreso Nacional en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168/13, que colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y de sus vías de solución.

 

La Ley 169-14 fue adoptada como resultado de un amplio consenso político y social, procurando paliar la aguda polarización provocada en la sociedad dominicana sobre la naturalización de inmigrantes y su estatuto legal. Era tal la exacerbación de los ánimos que desde el momento de su promulgación, algunos sectores levantaron el argumento de su inconstitucionalidad.  Sin embargo, nadie osó desafiar el consenso político y social en que se ha sustentado.

 

Pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta Ley, la misma ha comenzado a dar frutos en la dirección esperada. La muestra más reciente de ello es que en la semana pasada nuestro país salió de la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto es, del Capítulo IV.B del Informe de este órgano sobre negación de nacionalidad y de derechos políticos. Se valoró el cambio del tono y la actitud que han adoptado el Estado y diversas instituciones en el país en torno al tema, lo que se traduce en un paso de avance sobre el cual no podemos retroceder.    

 

A raíz de la socialización de la Ley No. 169-14 y de las notorias medidas que se han venido tomando respecto al tema, nuestro país ha instalado una Mesa de Diálogo con las autoridades dominicanas y los grupos que se vieron afectados en el pasado por la Sentencia 168/13. Gracias a esto, la CIDH decidió resaltar esta voluntad política y colocar al país en una categoría en materia de derechos que fortalece sobremanera la institucionalidad y la seguridad jurídica.

 

En este sentido nos sorprende que luego de conocerse esta importante decisión, se esté ventilando en la opinión pública que en breve el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley 169-14, lo que a nuestro juicio pone en entredicho su carácter de órgano político creado por la Constitución para proteger  los derechos fundamentales, la democracia y fortalecer la institucionalidad.

 

Desde FINJUS valoramos que una sentencia del TC de esa naturaleza supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de nuestras instituciones.

 

Una sentencia como la que se anuncia representaría un golpe a nuestra gobernabilidad y la estabilidad democrática, ya que pretendería erigir al TC como el centro de las decisiones políticas e institucionales y no como el árbitro y garante en nuestra democracia, al margen de las decisiones adoptadas de manera legítima por poderes públicos y en el marco de una estricta legalidad.

 

Entendemos que al calor de la polarización lamentablemente creada y haciéndose eco de un falso sentido de inminente peligro social y político de nuestro orden constitucional, algunos miembros del TC se apresten a recorrer una senda que de antemano advertimos está plagada de graves riesgos para la institucionalidad democrática.  Adoptar una decisión como la que se anuncia abriría las puertas para que el Congreso Nacional ponga en ejercicio sus funciones de control político  de los actos de las instituciones, lo que abre incluso la posibilidad de un juicio político a sus miembros. Este sería el peor de los escenarios que necesita nuestro país.

 

Exhortamos a la ciudadanía y sus organizaciones representativas a dar estricto seguimiento a esta lúgubre perspectiva que se abre en el panorama institucional de la República Dominicana.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

2 de abril del 2018.

En ocasión de la discusión de relevante interés público que ha suscitado el reciente aumento salarial de la Cámara de Cuentas a sus funcionarios y personal en general, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) entiende necesario realizar algunas puntualizaciones en atención a esta actuación administrativa de cara al marco normativo que rige la materia y las disposiciones contenidas en nuestra Constitución.

 

En su calidad de órgano constitucional, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana requiere de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria a fin de ejecutar su objeto en cuanto a institución técnica encargada de examinar y auditar las cuentas generales y particulares de la estructura gubernamental. En esto se fundamenta la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional sobre estos órganos, pues apunta que dada su naturaleza las legislaciones correspondientes a la estructura de la administración pública “se aplicarán (…) siempre  que  resulten  compatibles  con  su normativa específica, y no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes”.

 

El amplio catálogo de facultades derivado de esta autonomía funcional de la que goza la Cámara de Cuentas encuentra límites expresos en la propia Constitución, pues en su artículo 140 establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”

 

La prohibición contenida en el referido artículo responde a los principios que derivan del derecho a la buena administración, pues se orienta a que los altos mandos no regulen los aumentos salariales de manera que les favorezca en el transcurso de su período de función y así se desincentive a los funcionarios públicos de realizar aumentos salariales en provecho propio. 

 

Amparándose en ello pudiese alegarse que se ha actuado conforme al ordenamiento jurídico pues fue el pleno anterior y no el actual que aprobó, mediante resolución número ADM-2013-012 de fecha 5 de noviembre del 2013, el reajuste salarial aplicado. Sin embargo la discusión sobre este asunto no puede relegarse a un test de legalidad de carácter simplista, sino que requiere una evaluación a la luz del principio de razonabilidad a los fines de verificar la legitimidad de la medida.

 

Es imprescindible tener en consideración que toda resolución debe estar ajustada a los principios de la administración pública. Los órganos constitucionales, como lo es la Cámara de Cuentas, no escapan a esta sujeción, pues aunque no se deben jerárquicamente al órgano rector de la administración pública, sí deben ser coherentes y contestes a los parámetros que rigen a la actuación administrativa.

 

Uno de los presupuestos básicos de la cláusula constitucional con relación a las decisiones administrativas que toman las entidades gubernamentales es que las mismas han de estar sujetas a los controles y principios de la administración pública establecidos en el ordenamiento jurídico; dentro de ellos resaltamos la razonabilidad jurídica y la racionalidad económica, los cuales se erigen como criterios necesarios a la hora de ejecutar una resolución de esta índole.

En este sentido, cabe apuntar que estos principios de razonabilidad, eficacia, proporcionalidad, economía, transparencia y buena administración exigen a los miembros de la Cámara de Cuentas que sus decisiones deben estar adoptadas de forma congruente con los fines de interés público que justifican la actuación administrativa, tomando en consideración todas aquellas circunstancias que conforman la realidad fáctica y jurídica subyacente.

 

Entendemos que esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.  

 

En este sentido, consideramos que  el organismo encargado de ejercer el control de la fiscalización de los bienes económicos del Estado no puede enviar en estos momentos un mensaje que contradice el espíritu de economicidad y razonabilidad para el buen uso de los recursos públicos. Además de ello, en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público debe destinar al pago de salarios de alto nivel se encuentra en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones estatales, sean satisfactorios. 

 

En otro orden es impostergable que desde el Poder Ejecutivo se emitan los reglamentos que harán efectiva la aplicabilidad de la Ley No. 105-13, la cual normativa, además de indicar topes de salario para funcionarios específicos como el caso del Presidente de la Cámara de Cuentas, establece en su artículo 13 la atribución de los poderes y órganos constitucionales del Estado de fijar sus escalas salariales guiándose de un reglamento salarial que debe dictar el Poder Ejecutivo.

 

En suma, esta decisión de aumento salarial ha generado múltiples cuestionamientos dado que se adopta en un momento en que, desde el Estado, se insta a los funcionarios de los distintos estamentos a ser comedidos, razonables y coherentes con la situación de estrechez económica y presupuestaria que prevalece en la actualidad. Asimismo se advierte que la misma no estuvo acompañada de ningún tipo de evaluación de rendimiento, eficiencia y efectividad del accionar de la Cámara de Cuentas.

 

Desde FINJUS entendemos que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

22 de marzo de 2018

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) considera pertinente ponderar en detalle la propuesta realizada por el Tribunal Superior Electoral con relación a la división en salas de las Juntas Electorales, la cual se orienta a la separación de las funciones administrativas de las que atañen a lo contencioso. Se trata de una iniciativa de implementación necesaria a los fines de contribuir a la institucionalidad de este órgano en el cumplimiento de las atribuciones que a su cargo ponen las leyes vigentes.

 

La especialización de cualquier órgano en general, en este caso de lo contencioso electoral, es un medio fundamental para garantizar en prima fase una justicia electoral oportuna con la adecuada escogencia de los criterios y principios que han de orientar la labor hermenéutica de las decisiones contenciosas. Esto se traduce en el escenario perfecto para armonizar, asegurar y potencializar los postulados democráticos contenidos en nuestra Constitución.

 

Desde FINJUS entendemos como loable la referida propuesta pues la división de las Juntas Electorales Municipales, en salas especializadas en sus respectivas competencias, crearía las condiciones propicias para la descentralización de la materia contenciosa electoral de estos órganos. Realizar dicha separación reviste gran importancia tanto en el aspecto funcional como práctico; así también, con ello se daría cumplimiento al objeto ulterior del mandato constitucional[1] y fomentaría una deseable coherencia decisoria en este campo.

 

La descentralización de las funciones de las Juntas Electorales es un imperativo para dar paso a una administración de justicia electoral más sencilla y expedita, por las características particulares de la materia contenciosa electoral en que la pronta resolución de los conflictos posterior condiciona la declaratoria de la elección respectiva que, de no darse oportunamente, provoca que cualquier reclamo o conflicto dotado de electoralidad afecte el procesos mismo y quebrante derechos políticos fundamentales.

 

Cabe resaltar que no se trata únicamente de garantizar criterios de especialización y separación de funciones en la materia, sino que la centralización de las funciones de las Juntas Municipales ha devenido en la saturación de esta entidad, provocando congestionamientos e interferencias respecto de las decisiones expeditas que deben ser emitidas en los procesos de conflictividad post-electorales. Es importante destacar que el papel de la justicia electoral frente a desenlaces electorales conflictivos, está sujeta a plazos que deben ser estrictamente respectados, y hace que cada una de las etapas electorales deba precluir en el momento oportuno”[2], para garantizar los principios de la celeridad, transparencia y eficiencia.

 

Entendemos factible la propuesta del Tribunal Superior Electoral a los fines de dotar de una verdadera separación de funciones a estos órganos, y así garantizar el principio de imparcialidad objetiva, con la finalidad de salvaguardar y dar

plena vigencia al Estado de derecho. Otro aspecto a considerar es que estamos en la antesala de un proceso de comicios electorales que se vislumbra complejo al contemplar de forma consecutiva los torneos electorales municipales, congresuales y presidenciales, lo cual sin lugar a dudas acrecentará el volumen de trabajo de las Juntas en cuanto a sus respectivas calidades de encargada de los procesos electorales, en razón de la jurisdicción que le corresponda, y de las funciones de tribunales electorales de primera instancia que asumen en ocasión del proceso postelectoral.

 

Por tales razones desde FINJUS consideramos acertada la propuesta preparada por el TSE entendiendo que de viabilizarse, teniéndose en cuenta un análisis pormenorizado de los recursos necesarios, resultaría altamente positivo y saludable para cumplir y garantizar el objetivo de la configuración constitucional en cuanto a las funciones descentralizadas en el ámbito de sus respectivas competencias de las Juntas Electorales.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente  Ejecutivo FINJUS

20 de marzo 2018.

 

[1] Ver articulo 213 Constitución Dominicana.

[2] Sentencia N.o 1978-E-2004, del 5 de agosto 2014, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC., (FINJUS) tras ponderar cuidadosamente las recientes declaraciones del presidente del Colegio de Notarios con relación al uso obligatorio del Papel de Seguridad del Colegio de Notarios, considera necesario reflexionar sobre las graves implicaciones que conllevaría obligar a la incorporación de esta disposición ilegítima en el ordenamiento jurídico dominicano.

 

De manera arbitraria esta entidad emplazó a la comunidad jurídica a la implementación inmediata, obligatoria y con todas sus consecuencias legales del denominado Papel Especial Notarial de Seguridad que fue concebido mediante una especie de reglamento emitido por el Colegio en marzo del 2015, previo incluso a la aprobación de la ley 140-15 que actualmente regula el ejercicio del Notariado.

 

La justificación que planeta el Colegio de Notarios para la reglamentación de esta formalidad, pudiese parecer atinada pues aduce que se trata de evitar falsificaciones, alteraciones, suplantaciones, fraudes y usurpaciones de la función notarial; sin embargo, debe aclararse que esta imposición desborda y desnaturaliza su potestad reglamentaria, tanto la que le atribuía la ley anterior como la normativa actual que la derogó.

 

En efecto, la derogada ley 89-05 únicamente facultaba a dictar reglamentos organizativos sobre el gremio y de ninguna manera a adoptar textos de naturaleza normativa que tuviesen aplicación general como lo es lo relativo a la utilización del papel de seguridad; por otro lado, la actual ley 140-15 indica como atribuciones del Colegio la gestión del establecimiento y aplicación de normas y reglamentos y, cuando se refiere a regulación lo circunscribe a la vigilancia del correcto ejercicio profesional y a la elaboración de un reglamento de aplicación de la Ley el cual, primero deberá ser presentado al Consejo Directivo y luego enviado para aprobación al Poder Ejecutivo, lo cual, evidentemente, no ha sido el íter procesal del reglamento sobre el cual se basa el aviso del Colegio.

 

Sobre ello vale destacar que el propio Consejo Directivo del Colegio de Notarios se ha pronunciado indicando que, la puesta en vigencia de la utilización del papel de seguridad, se trata de una decisión ilegítima e unilateral del Presidente de esta entidad. Y es que en realidad se trata de un ejercicio que vulnera el principio de legalidad al extralimitar las atribuciones que le ha conferido el legislador respecto de su potestad reglamentaria.

 

No se puede obviar que la función notarial consiste en dar fe pública a los negocios jurídicos. Esta función pertenece monopólicamente a la soberanía del Estado, que la delega en profesionales independientes, en ejercicio de la potestad que le reconoce el artículo 147 de la Constitución para asegurar el acceso a servicios públicos de calidad. Consideramos que el establecimiento de manera arbitraria del uso de un Papel Especial Notarial de Seguridad supone una medida contraproducente que limita el acceso al servicio a la población de escasos recursos económicos.

 

Es oportuno enfatizar que esta pretensión del Colegio de Notarios crea privilegios y exclusividades para sus miembros y elevaría geométricamente las tarifas de cobro por servicios, además del alza que desde ya supone el contenido de la Ley 140-15, desnaturalizando así la esencia de la función notarial de servicio público.

 

Tomando en consideración las implicaciones e impacto que generaría la implementación de esta formalidad, rechazamos el uso del referido papel de seguridad lo cual, dado el encarecimiento del servicio, supone un nuevo obstáculo para el acceso a una gama de bienes protegidos por la Constitución en los cuales se necesita la intervención de un notario; asimismo, se ha tratado de un uso indebido de la potestad reglamentaria del Colegio de Notarios.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

14 de marzo de 2018

 

En días pasados, el Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de inconstitucionalidad contra la vigésima disposición transitoria de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), a la luz de la relevancia política que este tema significa en la vida nacional, considera oportuno compartir algunas reflexiones al respecto.

 

Desde que se suscitó esta discusión, distintos sectores y actores políticos se han pronunciado al respecto. No obstante lo anterior, consideramos importante que la ciudadanía conozca a profundidad las bases esenciales de esta discusión y se pondere, de manera equilibrada, la respuesta institucional y social que amerita.

 

En ese sentido, desde FINJUS hemos elaborado una serie de argumentos en la dirección de comprender el núcleo central del debate que implica una eventual reforma constitucional. De este modo, trataremos explicar el fondo de esta cuestión desde los principios del orden constitucional y sus características históricas, así como también las vías y mecanismos establecidos en la Constitución para agotar un proceso de este tipo con total legitimidad y legalidad.

 

  1. Orden constitucional y presidencialismo.

 

No podemos pasar por alto que nuestra Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones, a lo largo de la historia como República. La mayoría de estas modificaciones han respondido al exclusivo interés de variar, reafirmar o contrarrestar el tema de la reelección presidencial, atendiendo a los intereses políticos de turno.

 

Cabe destacar que nuestro orden jurídico- constitucional y político se adhiere, en gran medida, a los rasgos del presidencialismo que ha sido parte de la naturaleza del poder –en términos amplios– en América Latina. En nuestra región, han sido históricamente determinante las decisiones tomadas por el Ejecutivo en torno a la organización del poder, en detrimento del justo equilibrio de poderes y la participación real de la ciudadanía en las esferas de decisión.

 

Desde el orden constitucional, tal como diría Dworkin, se debe tratar de hacer un esfuerzo persistente de integridad destinado a “hablarle a la ciudadanía con una sola voz[1]”; evitando así las interpretaciones sujetas a las actuaciones marcadas por caprichos de alguno de los poderes del Estado o por intereses estrictamente personales, logrando así un marco de respeto a la legalidad, al equilibrio de poderes y, ante todo, al orden constitucional vigente.

 

Por tanto, todo lo anterior implica que si nuestro país quiere avanzar con total respeto a la Constitución, no pueden obviarse dos elementos fundamentales: nuestra historia y práctica constitucional y las interpretaciones legalistas ajustadas a intereses políticos determinados. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano.

 

  1. La vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio.

 

La Constitución del 2015 establece claramente en su artículo 267 las condiciones necesarias para su eventual reforma: la reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Por tanto, tal como establece el jurista Nassef Perdomo, “el papel del procedimiento de reforma es, fundamentalmente, defender la supremacía de la Constitución a través del mecanismo de la rigidez[2].

 

En ese sentido, ya que la propia Ley Sustantiva establece rigidez a través de las formas en que ella misma se puede modificar, no es saludable que se pondere su reforma y se utilice la vía jurisdiccional para fiscalizar los contenidos de la reforma constitucional y determinar la inconstitucionalidad de un presupuesto normativo de carácter constitucional, donde uno de sus fines no es otro que el de garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político.

 

Por otro lado, uno de los argumentos utilizados por determinados sectores para desviar la atención de lo importante en esta discusión y obviar los principios constitucionales, ha sido el del respeto a las decisiones por “aclamación popular”, tal como establece la parte in fine del precitado artículo 267. Además de que está taxativamente prohibido en la norma constitucional, este argumento no limita la posibilidad de participación de la población en decisiones de este tipo.

 

Lo que se ha querido es evitar la utilización de la reforma como mecanismo de poder para que grupos se perpetúen en el control del Estado y proteger esta rigidez constitucional para un eventual procedimiento de este tipo. La aclamación popular del artículo 267, “no se refiere a la participación del pueblo en la reforma constitucional, sino a la proclamación de una reforma constitucional por la población en un contexto de vacío institucional.”[3]

 

En la actualidad, nuestro país no se encuentra en un estado de vacío institucional ni de indefiniciones respecto al modelo de Estado. Por lo que apelar a presumir la existencia anticipada de un sentimiento popular sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo así al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y el respeto a la legalidad durante los últimos años.

 

  • Alternabilidad democrática y poder.

 

Otro de los matices de gran interés en esta discusión, lo es el tema de la alternabilidad democrática. Desde una comprensión mínima de la historia política reciente, la alternancia o no dentro del sistema político no ha dependido, en términos estrictos, de la manifestación de la voluntad de la población sino de decisiones impuestas por las distintas direcciones de los partidos.

 

En el caso que nos ocupa, la voluntad de un partido político –sin entrar en consideraciones de su legitimidad o no– no puede formar parte de una decisión que englobe una serie de transformaciones en el seno del Estado. Mucho menos, debe trasladarse esta decisión de un partido a la esfera judicial ni tampoco evitar que se desarrolle la alternancia política en nuestro país.

 

La vigésima disposición transitoria de nuestra Ley de Leyes es sumamente clara, bajo ningún concepto, esta podría afectar los derechos de los gobernantes ni tampoco generar un marco desigual de posibilidades para el acceso al poder. Sumado a lo anterior, nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[4]”.

 

Por tanto, el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno. Ninguno de los dos esquemas generan una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco de la igualdad, sino todo lo contrario; se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una garantía importante para la democracia.

 

Desde FINJUS, consideramos que apelar a este precepto carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional referente a la igualdad. Tal como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[5]”.

 

Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma en torno al caso específico que quiera aplicarse debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad.

 

Debe considerarse además que al haber optado por insertar la fórmula de la no reelección, se concibió lo más conveniente para la salud de un sistema político que, dada nuestra reiterada experiencia, se ha visto seriamente perjudicado por la tendencia a la autoperpetuación de las élites y/o de los anillos de poder.

 

Consideramos que es precisamente la no reelección lo más democrático y lo más acorde al contenido del derecho a elegir y a ser electo o a ocupar los cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación, pues se garantiza la posibilidad de que diversos sectores de la ciudadanía tengan la posibilidad de acceder a la esfera gubernamental.

 

Como hemos expresado en múltiples escenarios, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución  es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

  1. Reflexiones Finales.

 

La  hiperreformabilidad[6] constitucional es uno de los fenómenos que históricamente reaparece en nuestro país cada vez que las fuerzas políticas desean tejer hilos conductores de voluntades particulares para saciar sus intereses personales de mando. La reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder; “las  fuerzas políticas deben entender que hace tiempo que la Constitución no es ya más un Derecho de preámbulo ni un compendio de vagas recetas políticas” [7] que puede adaptarse a los interés particulares de unos cuantos; obviando los límites implícitos al poder reformador de la Constitución.

 

En conclusión, desde FINJUS valoramos que la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho son valores esenciales de nuestra Constitución los cuales podrían verse seriamente afectados si se introduce una nueva vez este tema en la opinión pública y, aún más, si se materializa a través de vías improcedentes y convenientes sólo para el poder político, no así para el orden constitucional.

 

Abogar de manera continua a la reforma de la constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo de manera muy peligrosa condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes ostenten el poderío político.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de marzo del 2018.

 

 

 

[1] Para mayor profundización en el tema, véase a GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de la Constitución. 1a Ed. Buenos Aires. 2014. P. 303.

[2] PERDOMO, Nassef. En FINJUS. Constitución Comentada. 4ta Edición. 2015. P. 547. Subrayado y resaltado nuestro.

[3] Ibídem. P. 548.

[4] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[5] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

[6]  Concepto acuñado por el jurista Miguel Carbonell.

[7] FAVOREU, Joseph Louis. La Constitucionalización del Derecho. Las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, “La unidad del derecho”. París. 1996. P. 25.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recibió este jueves un conjunto de propuestas de leyes que deben ser aprobadas para la adecuación y vigencia plena de la Constitución del 2010, iniciativas que fueron elaboradas por una comisión de juristas encabezada por el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

Uno de los proyectos, denominado “de jurisdicción contencioso-administrativa”, procura desarrollar el mandato de los artículos 138  y 139 de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Conjuntamente con las leyes 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y 107-13, sobre Derechos y Deberes de las Personas en su relación con la Administración Pública, este proyecto de ley completaría el ciclo  de reformas diseñado por la Constitución del 2010 sobre la estructura del Estado y las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.

Asimismo, esta propuesta de legislación busca crear una jurisdicción nacional de lo contencioso-administrativo con doble grado de jurisdicción, como establecen los artículos 164 y 165 de la Constitución.  De igual manera, permitiría  destrabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a través de la creación a nivel nacional de tribunales especializados sobre la materia.

Otro de los proyectos elaborado por la comisión es el de Ley de Derecho de Petición, el cual busca desarrollar del mandato del artículo 22.4 de la Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público. En este renglón también está el Derecho de Petición, junto a los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010 a la carta sustantiva de la Nación.

Esta propuesta de nueva ley busca crear  el procedimiento para que los ciudadanos formulen peticiones a las autoridades administrativas, así como las sanciones ante la inobservancia de dicho trámite. Junto a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la referida  iniciativa procura fortalecer la posición de los administrados ante el Estado.

Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de Ley General de Publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución. El objetivo de esta propuesta es crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios, la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor.

En adición, la propuesta busca consolidar los derechos de los consumidores y los usuarios frente al mensaje publicitario y crear una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que desarrollen campañas publicitarias de protección al medio ambiente y la prevención de accidentes.

igual manera, esta iniciativa de legislación aspira a regular la participación de los denominados “influenciadores” en las redes sociales, de manera que establece el principio de transparencia en su relación comercial con los bienes o productos que promueven frente a los consumidores y usuarios.

Tras recibir el conjunto de propuestas de leyes, Maldonado destacó la labor de la comisión y la trascendencia del trabajo realizado. “Estos son proyectos de mucha importancia para la nación dominicana, pues permitirán poner en vigencia un número importante de disposiciones de la reforma constitucional del 2010”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados.

De su lado, Alburquerque agradeció la confianza que la Cámara de Diputados depositó en él y los otros juristas que conforman la comisión, e informó que el equipo  seguirá trabajando con miras a seguir fortaleciendo las diferentes iniciativas que surjan del Congreso Nacional en relación con las leyes que se necesitan para la vigencia plena de la Constitución del 2010.

Además de Alburquerque, quien la coordina, la comisión la integran los juristas Namphy Rodríguez, Manuel Fermín, Edyson Alarcón; Servio Tulio Castaños, Ramón Núñez y Ana Carolina Blanco Haché.

 

Fuente: Nuevo Diario

 

Con relación a

Con relación a las palabras del presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, en torno a la promoción de un anteproyecto de ley que haga aún más transparente el proceso de compras públicas, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) muestra su apoyo.

 

Decimos esto en virtud de que en la actualidad, existe un anteproyecto de ley acorde a reformar el sistema de compras públicas que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y sobre el cual una comisión de técnicos, juristas e instituciones han participado en su elaboración, logrando así que en la actualidad se esté discutiendo en distintos sectores profesionales, empresariales e instituciones del Estado.

 

El sistema de compras y contrataciones públicas amerita una reforma urgente y sustancial.  Durante los últimos meses, éste ha sido uno de los planteamientos que se han hecho desde FINJUS, debido a que tenemos la certeza que esta reforma normativa y estructural significaría un gran avance institucional en materia de calidad de la Administración, transparencia, seguridad jurídica y gobernabilidad democrática.

 

A pesar de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha logrado hacer un trabajo encomiable frente a los fuertes obstáculos que le presenta la normativa actual, debe saberse que precisamente es en la regulación de compras públicas donde se han visto múltiples limitaciones para combatir la corrupción y crear un clima de transparencia en el marco de este sistema.

 

Un eventual anteproyecto legislativo que reforme a la actual norma de compras y contrataciones públicas, como el que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, traería varios componentes que harían de estos procesos un elemento democratizador en la relación Estado- ciudadanía. Por citar algunos ejemplos, podríamos especificar que en dicho anteproyecto se encuentran los siguientes puntos:

 

  • Se establece la definición de concesión de manera clara en la norma. De esta forma se evita la generación de ambigüedades y se reafirma la diferenciación respecto al término en cuestión frente a otros métodos similares en el marco del sistema de compras y contrataciones públicas.

 

  • Se establece la distinción precisa entre contrato de obra pública y contrato de consultoría. Asimismo, se indican los modelos de ejecución y pago de estos contratos.

 

  • Se esclarecen las definiciones de los distintos estados de excepción, contemplados en la Constitución y, a su vez, ajustados a las problemáticas que podrían presentarse en el marco de un proceso de compras y contrataciones públicas.

 

  • Se amplían los principios establecidos en la norma anterior.

 

  • Se indica cuáles actuaciones deberán ser formalizadas y consideradas como actos propios de la Administración.

 

  • Las definiciones relativas a los procesos de selección son más claras y adecuadas a la realidad del sistema de compras y contrataciones públicas. De igual manera, entraría en vigencia el concurso de méritos para la contratación de consultorías, basado en la escogencia por criterios de calidad.

 

  • Queda claro lo que sucede en la fase de precalificación.

 

  • Uno de los aspectos más interesantes y que podrán generar mayor fortalecimiento institucional se trata de la estructuración más completa del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación pública.

 

  • Aunque pudiere sonar polémico, resultaría muy beneficioso en el marco de la transparencia para los procesos de contratación en nuestro país, esta norma contará con un articulado que presupone la exclusión de manera permanente a quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio del Estado. Esto es, la existencia de una herramienta eficaz para el combate a la corrupción.

 

  • Se prohibirá el fraccionamiento de los contratos.

 

  • Se establecen de manera más exacta los requisitos y trámites de la selección de contratistas. Esta vez no habrá lugar a dudas respecto al contenido de los pre- pliegos, de los pliegos, del contenido mínimo de la convocatoria pública, la solicitud de aclaraciones y adendas.

 

  • Se define con precisión todo lo relativo a las contrataciones de obras, retomando aspectos contenidos en la norma 340-06 y agregando presupuestos que sirven para darle sostenibilidad al sistema y evitan las confusiones y/o ausencias que pudieren darse al respecto de este tema.

 

  • Se aclara cómo se hará de forma y fondo la subsanación de las ofertas.

 

  • Tal como habíamos expresado en diversas ocasiones desde FINJUS, la norma contará con todo lo que tiene que ver con las circunstancias dadas en el marco de un proceso de esta naturaleza que sea declarado desierto.

 

  • Un aspecto esencial en el marco de la competitividad nacional, la seguridad jurídica y el fortalecimiento económico lo es las reglas especiales con las que contarán las micro, pequeñas y medianas empresas en la norma.

 

  • De igual manera, debe destacarse también que se explicitan en la norma las reglas de las contrataciones para las Administraciones locales. (Poner orden en los ayuntamientos).

 

  • Se aclaran las formas mínimas que deberán llevar los contratos públicos. (Estándares esenciales).

 

  • Se fortalece el régimen de garantías en las compras y contrataciones públicas, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones generadas por la participación y adjudicación en los procedimientos de selección.

 

  • No quedará lugar a dudas respecto a las potestades y derechos de cada una de las partes contratantes. Es decir, se establecen de manera ordenada cuáles  serán las condicionantes para los procesos de esta naturaleza en procura del total y oportuno cumplimiento de la ley, de los contratos y por ende, de la adecuada satisfacción del interés público.

 

  • Se configura un régimen de invalidez. Es decir, en lo adelante se podrá establecer la anulabilidad de los procesos que no se ajusten a la norma y se indican bajo cuáles causas principales podría ser esto factible.

 

  • Se dedica todo un capítulo a definir todo lo que tiene que ver con el concepto de transparencia y publicidad de los procesos.

 

  • Un avance notorio lo será el hecho de plasmar en la norma que la Dirección de Compras y Contrataciones tendrá a su cargo el diseño, implementación, operación y sostenibilidad de un Portal Transaccional Informático que servirá de herramienta tecnológica para la gestión de las contrataciones públicas, y que será de uso obligatorio por parte de los órganos y entes sujetos al ámbito de aplicación de la ley.

 

  • Se crean en la norma la utilización de Comisiones de Veeduría Ciudadana, garantizando así mayor participación de la sociedad en estos procesos.

 

  • Como también había sido planteado desde FINJUS, la norma indica concretamente el alcance y autonomía del órgano rector: la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

 

  • Se establece la creación tanto de unidades operativas de contratación como de comités de compras y contrataciones permanentes en los entes del Estado sometidos a las reglas de la norma en cuestión.

 

  • Habrá un régimen especial de revisión de decisiones en materia de compras y contrataciones públicas.

 

  • Como había exigido la sociedad durante distintos procesos de compras y contrataciones públicas, esta vez la ley contará con régimen de sanciones disciplinarias y administrativas, sanciones penales conforme la naturaleza de la norma, las sanciones especiales a los funcionarios públicos y sanciones a particulares.

 

  • En el marco de las sanciones penales, se crea un apartado para las mismas explicando lo que implicaría la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que sucedería con los contratos cuando se incumplen los requisitos legales de contratación y qué sucedería penalmente a quien a un funcionario o servidor público de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, o de cualesquiera de los órganos y entes sujetos al ámbito de aplicación de esta ley, directa o indirectamente, ofertas, promesas, comisiones, dádivas o cualquier otro tipo de ventajas, en su provecho o de un tercero, para obtener que el funcionario o servidor público ejecute o se abstenga de cumplir a favor del particular un acto propio de sus funciones en el marco de los procedimientos de selección de contratistas (soborno).

 

  • Se adecuaron todos los procesos y presupuestos al contenido de la Constitución dominicana.

 

El respaldo a esta iniciativa responde a nuestro compromiso inaplazable con la mejora de los mecanismos legales y las políticas públicas para que sean piezas fundamentales para el funcionamiento económico y la transparencia para nuestro Estado. Somos de opinión que toda la ciudadanía debe participar de este proceso de reforma y, a su vez, el Poder Ejecutivo debe comprometerse a poner en marcha todo cuanto hago falta para ampliar esta discusión y generar los consensos que, en otros ámbitos, han logrado dar con las transformaciones.

 

Resulta fundamental que el Estado dominicano y, sobre todo, el Congreso Nacional respalde la propuesta del presidente de la República y pueda dotarse a nuestro ordenamiento jurídico de una norma más clara y precisa que aborde las realidades del sistema de compras y contrataciones públicas.

 

Desde FINJUS, consideramos impostergable esta discusión y confiamos en que los resultados de esta reforma serían más positivos de lo que se puede haber pensado al respecto, tanto para el propio sistema de compras así como para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

5 de marzo del 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ante la grave situación que se ha suscitado tras la designación de los 18 directores regionales del Ministerio de Educación, desea expresar a la opinión publica sus reflexiones al respecto, desde la perspectiva del impacto que en nuestra institucionalidad tendría el conflicto que ha comenzado a tener cuerpo en las últimas horas

 

Desde FINJUS valoramos que el Ministerio de Educación ha actuado apegado a la legalidad, al usar los mecanismos que le otorga la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97 para producir esa selección, utilizando los procedimientos adoptados en la Ordenanza No. 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales.

 

Ajustándose a su contenido, el Ministerio encomendó a una Comisión de Expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados y posteriormente el Ministro realizó la designación correspondiente. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio, los profesionales seleccionados responden a los criterios de idoneidad y competencia que la Ley y la Ordenanza plantean.

 

Posterior a este Proceso, algunos directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han anunciado que desconocen la decisión del Ministerio de Educación y desde el pasado viernes 2 de marzo han iniciado acciones para impedir que las personas designadas puedan acceder a sus despachos y funciones.

 

Las acciones que han comenzado a tomar estas personas para impedir el cumplimiento de una decisión emanada de la Ley constituye una nueva edición de las actitudes antidemocráticas que caracterizan a algunos sectores que se niegan a acatar las decisiones de nuestro ordenamiento jurídico y representan una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica y de manera especial, constituyen una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

 

Esta actitud antidemocrática es la que exhiben en ocasiones algunos gremios en el área del transporte que ha  llegado a obstaculizar el libre tránsito y han entorpecido el normal desenvolvimiento de los muelles del país.

 

FINJUS exhorta al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que dañan gravemente a los más pobres del país.

 

Ningún sector puede atribuirse una posición de juez y parte en los conflictos que se originan en una sociedad democrática, colocándose por encima del ordenamiento jurídico y erigiéndose en propietario de la verdad y la razón.

 

Es el momento de enfrentar esta grave situación que se está abriendo con firmeza y apego total al debido proceso y los procedimientos legales y constitucionales vigentes. 

 

En otras ocasiones, desde FINJUS habíamos analizado jurídicamente los detalles de esta discusión, determinando así que los esquemas de designación que instituye la Ordenanza No. 24-2017 sí están adecuados al artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que “Los cargos administrativo-docentes y técnico-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales[1]

 

Sumado a lo anterior, la norma en ningún momento prohíbe la presentación de ternas, tal como bien realizó el Ministerio de Educación, sino que esta última entidad, a través de la formulación de políticas públicas, logró darle operatividad a un texto legal, del cual depende mucho la educación de nuestro país.

 

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

4 de marzo del 2018.

 

[1] Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97. Artículo 139. Subrayado nuestro.

En los últimos años, el sistema de partidos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la ciudadanía, lo que ha promovido que diversos sectores hayan iniciado activamente diálogos, reformas y debates profundos al respecto. Cada idea que se ha vertido en este proceso, tiene que ver con la adaptación de los partidos y el régimen electoral a nuestra Constitución y la necesidad de una reforma y/o creación de instrumentos normativos rectores de sus actuaciones.

 De manera reiterada la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha venido proponiendo la necesidad de crear un consenso en torno a esta temática, en miras de fortalecer el sistema político. En la actual coyuntura, entendemos que resulta impostergable repensar esta situación y debemos abocarnos a hacer operativas las propuestas que nazcan tanto de los partidos como de la ciudadanía en general.

 De este modo y confiando en los frutos que surgen del ejercicio dialéctico, consideramos importante valorar las opiniones que han puesto en la palestra pública los partidos y agrupaciones políticas que forman parte del denominado Bloque Opositor. Somos de opinión que escuchar y hacer realidad sus voces fortalecerá, en gran medida, la gobernabilidad en tanto que es una manera de demostrar los avances que tenemos en materia de democracia.

 Entendemos positivo que esta propuesta sea cónsona con la Junta Central Electoral en cuanto a la necesidad de establecer mecanismos de controles para el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas en nuestro país, lo cual siempre han sido tema de debate por parte de diversos sectores. Esto así, pues la falta de transparencia y la ineficiencia de los mecanismos de controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política favorecen la inequidad en los torneos electorales.

Es de importancia capital  establecer límites y prohibiciones al financiamiento de los partidos políticos, con el fin de evitar la entrada de dinero de carácter ilícito y para mantener la independencia y la imparcialidad del candidato, alejándolo de las posibles influencias, favores o prácticas deshonestas en favor de los respectivos donantes. Es necesario el establecimiento de un régimen de  sanción o sistema de consecuencias formal que permita regular de manera adecuada lo que pudiere surgir ante una violación de este precepto.

 Asimismo, en lo que concierne al financiamiento privado, consideramos relevante establecer controles y límites a las donaciones privadas por personas físicas y jurídicas, además,  eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de lo que se contribuye y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.

 De la misma forma, en cuanto al orden democrático interno que respecta a la mujer, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, deba ser sustituida de manera obligatoria por otra candidata, consagrando así el principio de igualdad real.

 Por otro lado, resaltamos la necesidad de estructurar un sistema electoral que se oriente a la eliminación del denominado arrastre y fomente cada vez más el voto directo como el mecanismo que verdaderamente responde a la esencia democrática y nuestros preceptos constitucionales. En este punto también vale repensar el método vigente de distribución de los escaños congresuales (D’Hont) puesto que el mismo no garantiza que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación.

 Debería evaluarse la idoneidad y correspondencia con nuestra realidad electoral del sistema de cociente y resto mayor o cociente de Hare que propone el Bloque Opositor como método matemático de distribución de escaños. Pues parecería ser más equilibrado que el utilizado en nuestro contexto.

 Gran parte de los argumentos presentados por el Bloque Opositor, han formado parte de las ideas que desde FINJUS han sido sometidas en el importante debate de reforma del régimen electoral y la promulgación urgente de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin la aprobación de sendos instrumentos, coincidimos, resultaría muy peligroso que nuestro país se aventure a la celebración de unas elecciones en el año 2020.

 Sin embargo, en lo que respecta a la obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias, voluntarias y simultáneas, disentimos del Bloque Opositor. En otras ocasiones, hemos demostrado en el marco constitucional, político y legal cómo lo idóneo para nuestra democracia sería la no imposición de un determinado método para elección de los candidatos de cada partido.

 Lo anterior favorecería la democracia interna y garantizaría el cumplimiento del artículo 216 de nuestra Ley Sustantiva, así como el derecho fundamental a la libertad de asociación. La imposición de un método específico y general no brindaría más democracia, los partidos políticos deben contar formas de organización interna, pero a su discreción y sin violentar la Constitución y las leyes.

De igual manera debemos puntualizar la no factibilidad de establecer la obligatoriedad del voto tal y como lo esboza el pronunciamiento del Bloque Opositor, esto así pues entendemos que dicha medida no se corresponde al espíritu de nuestra Carta Magna la cual entiende el voto como un derecho y un deber ciudadano caracterizado por ser “personal, libre, directo y secreto”. Además de ello habría que estructurar un régimen de consecuencias lo suficientemente estricto como para coaccionar a la ciudadanía sin descuidar criterios de justeza abarcadores que permitan prever situaciones excusables.

 En definitiva, entendemos que una reforma electoral como la que se propugna no debe desviar su atención en propugnar un Estado coactivo que derive esfuerzos en traer a un ciudadano recalcitrante a las urnas, cuando al fin y al cabo el votante tendrá como opción emitir un voto en blanco. Otra cuestión que debe ser aclarada en este sentido es que la situación de compra y venta de cédulas no encuentra solución en el establecimiento de un voto obligatorio, sino en un régimen electoral que someta al orden las agrupaciones partidarias.

 Cabe destacar que si bien nos parece interesante la propuesta del establecimiento del voto electrónico que permitiría sistematizar de manera integral todo lo referente al conteo de votos y minimizar los márgenes de error, debe recordarse que con relación a ello acabamos de sufrir una experiencia poco satisfactoria en elecciones pasadas.

 Entendemos preciso madurar un régimen electoral y esquemas partidarios más transparentes y con mayor apego a los criterios de democracia antes de adentrarnos a la modernización del sistema electoral. Las transformaciones duraderas normalmente se dan de manera paulatina en procesos de adaptación y adecuación al status quo.

 De estos interesantes planteamientos, contenidos en la propuesta del Bloque Opositor, debe resaltarse que los mismos no están sujetos meramente a la elaboración mecánica de legislaciones, sino a la necesidad de a estos esfuerzos se sumen  la voluntad institucional y el compromiso de la Junta Central Electoral con el fin de superar los males que han afectado históricamente nuestro sistema democrático, en múltiples dimensiones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

22 de febrero del 2018.

 

 Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños G., Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

13 de febrero de 2018

 

Saludamos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos que se hayan dado cita en este interesantísimo panel que nos ocupa en la mañana de hoy; la idea es contribuir a la discusión jurídica de una problemática que ha calado profunda y progresivamente en las entrañas de la sociedad dominicana, nos referimos a los “feminicidios”.

 

La violencia contra las mujeres, que antecede o deriva en el denominado “feminicidio”, no es una situación novedosa; de hecho, la historia revela que se ha tratado de un problema recurrente, aunque con manifestaciones diversas según la época, que ha encontrado cabida y permanencia dada la existencia de una serie de factores tales como el arraigo de patrones culturales, patriarcales y misóginos que, hasta hace relativamente poco tiempo, prevalecían en la sociedad.

 

Ante ello los sistemas de justicia han tenido que reaccionar, tratando de ajustar a sus ordenamientos jurídicos para enfrentar estos crímenes, que con frecuencia alcanzan niveles de complejidad y crueldad y que ponen en aprieto todo el aparato judicial, desde los recursos investigativos hasta las respuestas que emanan de la instrucción del proceso, las cuales parecerían no terminar de resarcir la sociedad.

 

Debemos apuntar que no se trata de una problemática creciente exclusivo en República Dominicana, sino que varios países latinoamericanos y hasta de otras latitudes, como España, comparten casuísticas similares que reflejan una grave descomposición social.

 

El común denominador de todos estos países donde la criminalidad de este tipo va en aumento constante, es la frecuencia con la que se producen, lo cual a la par que aterra, reta a la reestructuración de un marco legal y un sistema judicial que dote de un tratamiento jurídico singular de acuerdo a los elementos que configuran estos hechos.

 

A consecuencia del incuestionable aumento, en esta última década, del número de asesinatos de mujeres y los índices de impunidad que fluctúan en las estadísticas, algunos países han procedido a tipificarlos, en determinadas circunstancias, bajo la denominación de “femicidio” o “feminicidio” indicando como elemento para su configuración la ejecución del hecho por razón de género. Dentro de ellos podemos mencionar países como Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua.

 

La tipificación de este delito y otras adecuaciones al sistema judicial y al marco jurídico se relaciona no solo a la obligación de los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales sino al incremento anual del número de estas muertes, a la crueldad con que la que se producen y a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres; pudiendo, a nuestro entender, añadirse a esta tipificación, de manera expresa, aquellos que se cometen en contextos de violencia intrafamiliar y sexual.

 

En el caso de República Dominicana encontramos datos alarmantes tales como: un promedio anual de 102 asesinatos de mujeres; que un 61% de las mujeres víctimas de violencia de género dice haber sufrido violencia física y 40% violencia psicológica y que el 16% de las mujeres maltratadas exponen que sus hijos también eran golpeados por sus parejas o exparejas.

 

Estas cifras chocan con la realidad de un marco jurídico que no contempla un tipo penal para estos hechos y con un sistema de justicia penal que no cuenta con las herramientas efectivas para su prevención, persecución y/o penalización por lo que ha obligado a las instituciones del sistema a tener que maniobrar dentro de las limitaciones jurídicas y, en un intento de enfrentar la problemática, caracterizar los homicidios desde una perspectiva de género.

 

Precisamente son las particularidades jurídicas de estos hechos antijurídicos las que pretendemos abordar en este panel; para ello contamos con la grata presencia de personalidades que conocen del tema en cuestión, tenemos con nosotros a Soraya Lora (directora del Patronato de Ayuda a casos de mujeres maltratadas –PACAM–); Ricardo Rojas de León (Abogado Consultor) y Cristóbal Rodríguez (Abogado constitucionalista) .

 

Ellos tienen la tarea de conversar sobre este tema desde una perspectiva jurídica, tomando en consideración que al hablar de feminicidios, en el contexto actual que atraviesa nuestra nación, es sin dudas tocar una fibra sensible de la sociedad, la cual se ha visto inmersa en un diario acontecer plagado de hechos atroces y aberrantes que, lamentablemente, parecerían tener como principal víctima a la mujer dominicana.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

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