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FINJUS valora sentencia de acción de amparo que decidió sobre una colisión de derechos fundamentales

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), valora la decisión del juez de amparo en la sentencia civil en acción constitucional de amparo dictada el veintiuno de marzo del presente año por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) a la luz de las informaciones que recogen los medios de comunicación social sobre el impacto del conflicto que se reporta sobre diversos aspectos del vertedero de Duquesa, expresa su preocupación por la naturaleza de esta Litis y la importancia de que se encuentre una solución ajustada al Estado de Derecho.

 


Click par ver : Carta Comisión Bicameral

Click par ver : Cuadro Comparativo In Extenso Propuesta Partidos Políticos JCE 


La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en respaldo del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, ha considerado oportuno plantear algunas observaciones en torno al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas reintroducido por la Junta Central Electoral al Senado de la República, cuya discusión está siendo conocida por la Comisión Bicameral.

 Ministerio de Hacienda: Diversas modalidades de actos de corrupción en en la Legislación Dominicana

 

Conferencia Dr. Servio Tulio Castaños: "Impacto de la corrupción en la Administración Pública"

 

26 de abril de 2017

 

  1. Introducción.

Es un verdadero honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia y para mí su invitación a compartir este espacio con todos ustedes. Nos sentimos sumamente emocionados de poder aportar, en la medida de lo posible, junto al Ministerio de Hacienda, sus funcionarios y personas invitadas ciertos aspectos que entendemos importantes sobre el impacto de la corrupción en la Administración Pública.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera que es oportuno que los poderes del Estado y la sociedad civil promuevan dotar de contenido jurídico sustantivo los diferentes vacíos normativos y ambigüedades existentes en las normas que versan sobre asuntos electorales, a raíz del conflicto de competencia surgido entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, tal como se revela en el dispositivo No. 5 del Comunicado 17/17, del 8 de marzo, del 2017 del Tribunal Constitucional.

 

 

Descargar aquí

 

  • Discurso Lic. Rafael Del Toro Gómez, Presidente de FINJUS

 

Santo Domingo 03 de mayo, 2017. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), juramentó a los nuevos integrantes de su Consejo de Directores para el período 2017- 2019, que estará presidido nuevamente por el Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, miembro fundador de la institución.  

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera que es preocupante sea la Junta Central Electoral a quien se le quiera atribuir la facultad de organizar las primarias que eventualmente celebrarían los partidos políticos. Tal como establece el artículo 216 de la Constitución, “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución[1]”. 

 

Esta libertad de organización de los partidos políticos, es lo que determina que ningún órgano se inmiscuya en sus asuntos internos, como lo es la celebración de las primarias. Lo que sí podría hacer la Junta Central Electoral es fungir de árbitro y supervisor de cada uno de los procesos, sin intervenir directamente en la vida interna de las organizaciones políticas.

 

La propia Constitución es la que define el nivel de participación de la Junta Central Electoral (en lo adelante JCE) en los procesos políticos nacionales. “La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes[2]”.

 

A partir de la definición expuesta anteriormente, debemos precisar algunas cuestiones. En primer lugar, la JCE organiza y dirige las asambleas electorales, las cuales son un organismo de alcance muy específico para los torneos electorales consignados en el ordenamiento jurídico. Las asambleas electorales, además de que carecen de una conceptualización puntual en la legislación electoral vigente, en ningún momento son definidas como instrumentos nacidos desde la vida interna de los partidos políticos.

 

Puntualmente, en el artículo 34 de la Ley Electoral No. 275-97, es donde se instala el término de asambleas electorales, haciendo prevalecer su función de herramienta de respaldo organizativo en el marco de los colegios electorales cerrados, al momento de que se esté celebrando un determinado torneo electivo.

 

De igual modo, de la lectura del texto constitucional, puede colegirse que la JCE dirigiría –en todo momento– a las asambleas electorales en el marco de los mecanismos de participación popular establecidos en la Constitución y las leyes. Entonces, cabe preguntarse, ¿acaso se encuentran las primarias consignadas en la Ley de Leyes o en alguna legislación como el mecanismo de participación popular para los partidos?

 

Con obviedad, la respuesta es no. Esto se debe a que precisamente todavía el país no ha llegado al consenso del mecanismo de democracia interna a utilizar por los partidos políticos y, mucho menos, a determinar cómo se supervisaría u organizaría cualquier mecanismo de elección a lo interno de las organizaciones políticas, en el marco de las necesarias reformas al sistema electoral y al sistema de partidos vigente, a través de sus respectivas legislaciones.

 

Desde FINJUS consideramos que, sumado a lo anterior, el desorden existente en los partidos políticos en la actualidad y los pocos niveles de consenso mostrados en discusiones que rocen la esfera de sus actuaciones en los últimos tiempos, no permitirían que la Junta Central Electoral organice procesos de su vida interna.

 

Otorgarle la atribución de organización de las primarias a la Junta Central Electoral sería tomar el riesgo de que los partidos políticos no reconozcan los resultados y, en ese sentido, la credibilidad del órgano electoral para dirigir y supervisar los torneos electivos que sí le son propios de sus competencias constitucionales y legalmente establecidas, se vea afectada. Es a los partidos políticos a quienes la sociedad dominicana debe exigirles su organización inmediata y, ante todo, que permitan con sus acciones seguir fortaleciendo el sistema político y lograr así una notable mejoría de la institucionalidad democrática de nuestro país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

7 de julio del 2018.

 

 

[1] República Dominicana. Constitución Política. Artículo 216. (Subrayado y resaltado nuestro).

[2] Ibídem. Artículo 212. (Subrayado y resaltado nuestro).

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños G, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS. 5 de junio de 2019

Saludamos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta mesa de diálogo que tiene como objetivo contribuir al análisis de uno de los elementos que inciden en uno de los más graves problemas que afecta a la sociedad dominicana en la actualidad: la inseguridad ciudadana.

 

Quienes intervienen en la discusión de este tema insisten en la complejidad tanto de su estudio como de las vías para enfrentarlo. Insisten, con razón, que por encima de las diferentes interpretaciones que coexisten acerca de su naturaleza o evolución, es preciso que como sociedad organizada podamos encontrar las formas adecuadas para estructurar planes, estrategias y/o políticas que permitan frenar, prevenir, investigar y castigar a quienes a través de la violencia y otros mecanismos cometen delitos y crímenes.

 

Leemos que la inseguridad ciudadana debe ser abordada desde una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional. Esto significa que para tener éxito en su enfrentamiento debemos tomar en consideración todas las variables y factores sociales, culturales, políticos, económicos y psicológicos que la generan.

 

Por ello hemos propuesto que como Estado y sociedad afrontemos conjuntamente la tarea de elaborar un plan nacional de seguridad ciudadana efectivo que aborde las estrategias a seguir incluyendo directrices integrales, entre las que se podrían mencionar: medidas preventivas, reformas legales, institucionales, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado comunidades y el compromiso persistente de una voluntad política amplia y sostenida.

 

En el día de hoy nos centraremos en la necesidad de realizar las reformas urgentes al ordenamiento jurídico ligado a este tema, y de manera particular queremos resaltar la importancia de trabajar en la aprobación de un Código Penal adecuado a estos nuevos tiempos, que garantice a la sociedad que los delitos y crímenes típicos de esta etapa, así como los delitos tradicionales podrán ser investigados y que los responsables de las mismas serán acusados ante los tribunales por violaciones a disposiciones legales específicas.

 

Es triste escuchar las historias de que existe un importante grupos de delitos y crímenes que en nuestro Código Penal no están tipificados. Que criminales burlan la justicia y hacen daño sin la consecuencia que se merecen simplemente porque tenemos un código penal que tiene un atraso de décadas, permaneciendo estancado en algunas áreas. Seguimos de espaldas a la realidad de la globalización internacional, sin instrumentos legales que permitan enfrentar los crímenes complejos y transnacionales que hoy nos afectan.

 

Son muchas las áreas que deben mejorarse y que necesitan profundización en un nuevo Código Penal. Basta un ejemplo para entender la complejidad de este problema. En los últimos días se ha operado una modalidad de criminalidad que ha sido denominada como Secuestro Exprés en los medios de comunicación. Para sorpresa de muchos, esta figura no existe en el Código y sus elementos constitutivos están dispersos en otros delitos que no encierran la gravedad del crimen que enfrentamos.

 

Para ayudarnos a comprender las implicaciones que se desprenden de la necesidad de armonizar nuestro marco jurídico penal con las prácticas delictivas actuales y las posibilidades de tener mejores instrumentos para su investigación y castigo, contamos con la participación de juristas altamente calificados en materia penal.

 

Ellos son: Ricardo Rojas León (abogado) y Eric Raful (abogado), con vasta experiencia en la materia. Entendiendo que una reforma del Código Penal requiere aunar esfuerzos con el Poder Legislativo, nos complace contar con la perspectiva del honorable diputado Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a compartir sus ideas e iniciativas con nosotros.

 

 

FINJUS Y Fundación Prensa y Derecho tienen el honor de invitarle al panel ¨Libertad de Expresión-Partidos Políticos-Redes Sociales
Análisis de la sentencia TC/0092/19 sobre inconstitucionalidad del artículos 44.6 de la ley 33-18 de Partidos Políticos¨. Info. 809-227-3250 ext.230

Los recientes hechos delictivos que reportan las redes y medios de comunicación, en especial ligados a los llamados “secuestros exprés”, han ocupado la atención social, incrementando la preocupación y la percepción de inseguridad generalizada. Estos no son hechos novedosos ni pueden atribuirse exclusivamente a la influencia foránea o a un factor particular. Reflejan, de manera descarnada, la debilidad de las instituciones claves en el sistema de la seguridad ciudadana y sobre todo la falta de políticas públicas modernas y la ineficiencia de la inversión social en esta materia.

 

Para FINJUS este cuadro, que lamentablemente se repite cada temporada, amerita la reflexión profunda y la acción coordinada del Estado y la sociedad sobre la seguridad ciudadana para consensuar, formular e implementar los planes y políticas que sirvan de sostén a un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con bases sólidas, recursos adecuados y voluntad política para hacer que el imperio de la ley, la prevención, la persecución y el castigo oportuno y efectivo se hagan realidad en nuestro país.

 

Desde su complejidad, la seguridad ciudadana debe ser abordada de manera integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional. Hasta el momento han resultado infructuosos los sucesivos “planes” de prevención y control de la delincuencia, pues se han basado en políticas públicas aisladas, impregnadas de populismo penal, sensacionalismo y golpes de efecto sin continuidad, lo que inevitablemente ha generado mayor inseguridad.

 

Se ha insistido que la inseguridad se traduce en elevados costos sociales y económicos, afectando la productividad, el crecimiento económico y la reducción de los ingresos de todas las capas sociales. Se repite una y otra vez que es urgente formular un efectivo plan nacional de seguridad ciudadana que armonice medidas preventivas, reformas legales, institucionales, inversión pública en programas sociales, así como el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades, incluyendo nuevos actores como son los ayuntamientos.

 

FINJUS entiende que hemos dado importantes pasos para la reforma legal relacionada con las nuevas perspectivas de la seguridad ciudadana, siendo su punto luminoso la adopción de la nueva Ley Orgánica de la Policia Nacional. Están elaborados y prácticamente consensuados en el Congreso Nacional los proyectos de Leyes de reforma del Ministerio de Interior y Policia y el Código Penal. Faltan por adoptar los reglamentos que ordena la nueva Ley de la Policía, cuya aprobación por parte del Poder Ejecutivo no debe ser entorpecida ni limitada como hasta el momento.

 

En el caso del Código Penal su aprobación no admite más demoras, dado que el actual Código se remonta a épocas en que el raterismo y las fullerías concentraban la atención social y que no está diseñado para enfrentar las nuevas modalidades de crimen organizado, transnacional y tecnológico, así como un conjunto de conductas antijurídicas tan diversas como el atraco, el recién denominado secuestro exprés, entre otros. Sin un Código Penal moderno, que responda a la realidad actual y sea un instrumento efectivo del sistema de justicia penal contra la criminalidad, seguiremos sucumbiendo a todas las amenazas que ya están presentes entre nosotros.

 

FINJUS considera que ha llegado la hora para elaborar un plan nacional por la seguridad ciudadana que contemple el diseño de estrategias integrales, programas e instituciones responsables y la definición pormenorizada de los recursos que se requieren. Esta es una de las prioridades nacionales para encaminarnos hacia una sociedad donde la convivencia pacífica, el respeto de los derechos de los demás y la tolerancia sean el sustento del progreso económico y social y el fortalecimiento de las instituciones.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS 

28 de mayo de 2019

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