Discurso del Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, Presidente del Consejo de Directores de FINJUS

 

Apreciados miembros de nuestra Junta Directiva, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales, funcionarios públicos e invitados presentes en este acto de juramentación 

Permítanme expresar, en nombre del equipo de hombres y mujeres que integran este nuevo Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la sincera gratitud por estar nuevamente con nosotros en esta tarde, en que nos proponemos renovar nuestro compromiso de dar continuidad al reto que iniciamos en 1990.

 

Reconocemos que son muchos años los que juntos hemos dedicado a la tarea de aportar nuestra modesta contribución para ver realizada la gran meta de fortalecer la democracia y sus valores y que día a día, hagamos realidad el milagro de convertir esta sociedad en un lugar donde la dignidad, el progreso económico, el trabajo constante, el florecimiento de la cultura y el imperio de la justicia y la institucionalidad, se den la mano en armonía, para sentir el orgullo de reconocernos, por encima de cualquier otra condición, como buenos dominicanos y dominicanas.

 

Hemos perdurado porque la visión que unió al valiente grupo de hombres y mujeres que se congregaron hace 29 años, continúa latente e incompleto en muchos de sus aspectos fundamentales. Juristas y empresarios, muchos de los cuales estamos en esta sala, se unieron para promover la renovación del pensamiento jurídico, adoptar nuevas leyes y sustituir códigos con más de 200 años de vigencia, insistir en cambios esenciales en la estructura de las instituciones democráticas, como las elecciones y el valor del voto; defender el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder y sobre todo reafirmar su compromiso con la promoción del Poder Judicial como un verdadero poder del Estado y en esencia, promover y defender los principios de nuestra Carta Magna. Descargar discurso 

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Tel. 809-227-3250 ext. 240 correo :  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Diplomado sobre vínculos registrales y notariales en las ejecuciones hipotecarias ordinarias, especiales y en el fideicomiso-

 

CONTENIDO:

El objetivo de este diplomado consiste en crear  una visión holística, involucrando los diferentes actores que interactúan en las ejecuciones hipotecarias inmobiliarias y en el Fideicomiso, de sus efectos en los Sistemas Registrales y la importancia del Notariado Latino. Tanto como las afectaciones en la Seguridad Jurídica y en el tráfico del negocio inmobiliario en la República Dominicana. Además, identificando la judicialidad de las anotaciones preventivas,  de los enfoques legales y jurisprudenciales que mantienen las ejecuciones hipotecarias a cargo de la Justicia Civil Ordinaria y otras leyes especiales, y la no judicialidad de los procedimientos registrales que intervienen.

 

Este Diplomado tienen una duración de diez semanas, serán impartidos en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, (UNPHU) en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

 

Fecha de Inicio: Lunes 20 de Mayo   

Coordinadora: Lic. Ana Evelin Luciano

Costo: RD$ 20,000.00

 

Modalidades de pago: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y/o depósito bancario.  Número de cuenta para fines de pago:  054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular.  Si realiza deposito o transferencia bancaria, favor enviar copia por esta vía. Dentro de las modalidades, está la opción de pagos fraccionado en tres cuotas.

 

Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones:

 

  1. Interesados en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
  2. La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
  3. Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurarse del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

 

Para fines de reservación, favor completar el formulario  https://bit.ly/2vF7OgT .

 

  Reiterándome a sus órdenes, para mayor información e inscripción.

 

Cupo Limitado!!

 

Saludos cordiales,

809-227-3250

 

Media

 

A propósito de la reciente Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), de fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual este órgano internacional reiteró que mantiene su competencia contenciosa sobre República Dominicana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, indicando además que la decisión del Tribunal Constitucional número 256-14 no genera efectos jurídicos en el derecho internacional, corresponde plantear algunas consideraciones alrededor de los cuestionamientos que han surgido en el seno de la sociedad.

 

Es sabido que la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional a la que hace referencia la decisión de la Corte Interamericana, declaró la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte IDH de fecha 19 de febrero de 1999, suscrito por el entonces presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, esgrimiendo como motivación de la sentencia que el referido instrumento estaba afectado de inconstitucionalidad en razón de que emanó únicamente del Poder Ejecutivo sin contar con la  ratificación  del  Congreso  Nacional, entendiendo este requisito derivado del contenido del numeral 6 del artículo 55 de la Constitución de 1994.

 

Es preciso acotar que la República Dominicana firmó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1977, la cual fue ratificada sin reservas por el Congreso Nacional mediante la Resolución núm. 739 de ese mismo año, dando cumplimiento al requerimiento constitucional de que los tratados y convenciones internacionales han de ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. Esta es la fuente de derecho de la cual deriva la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, al indicar que conocerá de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la Convención. Sin embargo, la sujeción a la competencia contenciosa de la Corte IDH está sometida a una ulterior declaratoria expresa de los Estados, que según el artículo 62 de la Convención, se puede realizar sin convención especial.

 

Ahora bien, más allá de adentrarnos al debate sobre la naturaleza del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte IDH y la necesidad o no de aprobación del Congreso, consideramos que la declaratoria de inconstitucionalidad del TC, sin haber mediado posteriormente proceso alguno relativo a ratificar el instrumento de aceptación (para satisfacer el criterio del TC dando visos de legalidad a la sujeción del Estado dominicano a la competencia contenciosa de la Corte IDH) o desconocer la competencia de la Corte IDH, ha producido una suerte de estado de indefinición con relación a la posición del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

Es evidente que el gobierno dominicano está frente a una encrucijada, pues la sujeción a los precedentes constitucionales le impone asumir que la sujeción del Estado a la competencia contenciosa de la Corte IDH es inválida a partir de la sentencia TC/0256/14; pero al mismo tiempo está compelido a asumir el criterio que fija la Corte IDH en relación a la naturaleza del artículo 62 de la Convención, que considera válida la vinculación del Estado dominicano a su jurisdicción a partir de una declaración unilateral del Poder Ejecutivo, porque esta mantiene la competencia vinculante de interpretar el significado de la Convención Americana. Es así como los criterios sostenidos por estos dos órganos jurisdiccionales, incompatibles entre sí, son jurídicamente vinculantes en sus respectivos ámbitos de competencia y, en principio, no existe jerarquía entre ambos que permita atribuir a una de las dos posiciones la solución final de la controversia interpretativa.

 

Al parecer la posición presentada por el gobierno dominicano es asumir el no reconocimiento de la competencia de la Corte IDH, en tanto que se expone que, el Estado no compareció a la audiencia de supervisión de cumplimiento de los casos que generaron la resolución de la Corte IDH acogiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0256/14; pero explicó que si ha seguido participando en las audiencias y reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la decisión del TC no alcanza a este otro órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Destacamos que cuando estas situaciones se producen generan inseguridad jurídica, inestabilidad institucional y cierta desconfianza por parte de la comunidad internacional.

 

Cabe recordar que en el marco del derecho internacional reviste suma importancia los principios de buena fe (pacta sunt servanda) y de responsabilidad de los Estados. De ellos se deriva el principio de estoppel, según el cual un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede, luego, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas con base en el cual se guió la otra parte.  Es que la decisión de un órgano interno, aun sea el Tribunal Constitucional del país, no siempre genera automáticamente efectos jurídicos en el derecho internacional, y menos en el caso de que se trata, pues la República Dominicana de manera reiterativa y coherente mantuvo la posición de reconocer la competencia de la Corte IDH y la obligatoriedad de sus fallos desde su aceptación en 1999, teniendo un comportamiento cónsono que ha producido efectos jurídicos innegables que no permiten que la sola invocación de la sentencia del TC justifique a nivel internacional la desvinculación jurídica del Estado a la competencia contenciosa de la Corte IDH.

 

En ese sentido, en caso de pretender hacer efectiva la desvinculación de la competencia de la Corte IDH, los poderes públicos internos correspondientes que están sujetos a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, deben dar curso al proceso que corresponde. Sobre ello vale destacar que en el contenido de la Convención no existe procedimiento para que los Estados Partes retiren su declaración de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH manteniéndose como Estado parte de la Convención, sino que tal y como indica la resolución de la Corte IDH: “la única vía que dispone un Estado Parte para desvincularse del sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana es la denuncia del tratado como un todo, la cual, en caso de ocurrir, sólo produciría efectos jurídicos después del plazo de un año de realizada formalmente ante el Secretario de la Organización de Estados Americanos, conforme lo establece el artículo 78.1 del tratado”.

 

Ahora bien, dado que la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional, como bien señala su Presidente en una reciente declaración pública, “no cuestiona el derecho de los poderes públicos dominicanos competente para adherirse a la Corte Interamericana” sino que se limita a plantear que ello debe realizarse en el respeto de los debidos procedimientos constitucionales, entendemos que la salida más coherente es iniciar el procedimiento legislativo correspondiente para que el Congreso Nacional ratifique el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte IDH, como ocurrió en su momento en México, salvando con ello los requisitos constitucionales alegados en el criterio del Tribunal Constitucional.

 

Desde FINJUS exhortamos a los poderes públicos internos a ponderar con sumo cuidado la decisión que tomarán al respecto, ya que de la misma dependerá la posición del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cabe recordar que las jurisdicciones internacionales de protección de los derechos humanos han surgido como mecanismos complementarios de tutela que permiten prevenir consecuencias oprobiosas cuando los Estados no han cumplido su rol primario de garantía en beneficio de sus habitantes. Estas características son las que definen la identidad del constitucionalismo de nuestros días, en tanto sirven para complementar la protección jurídica de los Estados reforzando la tutela que a nivel interno ofrece el poder jurisdiccional para hacer más efectiva la protección de los derechos humanos de todas las personas.

 

Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

30 de abril de 2019

 

La sentencia número 012-2019 del Tribunal Superior Electoral (TSE) ha seguido provocando una serie de reacciones y posicionamientos que deben interesar a todos los ciudadanos, instituciones y entidades comprometidas con el fortalecimiento del Estado de derecho en el país y la ampliación de la gobernabilidad que sostiene nuestro régimen democrático y el ambiente de seguridad jurídica inherente a nuestro desarrollo económico, social y político.

 

Dado que el contenido de dicha sentencia ha sido objeto de innumerables análisis y opiniones, a la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) le interesa compartir con la sociedad algunas reflexiones jurídico-políticas sobre ciertas derivaciones que se desprenden de reacciones a la sentencia, que deberían preocupar a la sociedad dominicana.

 

Lo primero es dejar sentado que en el marco de un Estado Social y Democrático de derecho las sentencias y demás actos de un órgano jurisdiccional, como el Tribunal Superior Electoral, deben ser acatadas, y si existiera disconformidad con esas decisiones, existen recursos que contemplan la Constitución y las leyes, para que quienes las adversan puedan recurrirlas ante las instancias correspondientes. En la República Dominicana, todos los órganos jurisdiccionales gozan de legalidad y legitimidad para ejercer sus funciones.

 

Todo lo anterior es muy importante considerando que hemos entrado en el periodo de antesala de las elecciones del 2020, que no solo serán las más complejas en los últimos tiempos, sino que deben servir para reforzar la credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Por ello es importante en la coyuntura actual que predomine el respeto a las instituciones electorales, como es el caso de  Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, que son las encargadas de garantizar la transparencia, la legalidad y la idoneidad de los procesos electorales

 

Por ello, amplios sectores han manifestado su viva preocupación por los anuncios que han planteado la posibilidad de que a los magistrados del TSE se les someta a juicio político ante el Senado de la República, arguyendo violaciones a nuestra carta magna.

 

En lo que respecta a la decisión del TSE es preciso resaltar, en general, que el solo disenso con una decisión adoptada por un órgano jurisdiccional no es criterio suficiente para la aplicación del juicio político. Es necesario que exista una evidente e indudable violación constitucional atribuible al órgano jurisdiccional, pues de lo contrario la independencia de los jueces de las Altas Cortes podría quedar amenazada por el poder político.

 

Debe recordarse que el juicio político procede en contra de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura[1], en el caso de comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, es decir, la comisión de una infracción de relevancia constitucional que justifique la aplicación del control democrático del Congreso.

 

No puede siquiera entenderse como causal de juicio político el que un Tribunal adopte una decisión contraria a un precedente constitucional porque la dinámica del control jurisdiccional en nuestro país establece un sistema de recursos ante el Tribunal Constitucional que le permite verificar el apego a los precedentes establecidos, y abre la posibilidad de que en un diálogo jurisdiccional el propio TC enriquezca, corrija o modifique sus precedentes a partir de las decisiones adoptadas por otros tribunales. Los precedentes son un derecho dinámico que se nutre precisamente de ese diálogo horizontal entre las distintas ramas del poder jurisdiccional.

 

Resulta propicio traer a colación consideraciones doctrinales que subrayan lo siguiente: “…invocar la figura del juicio político para fines distintos de los que se han establecido constituirá una desviación de poder en el ejercicio de las potestades administrativas para los fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico constitucional (…)[2]”.

 

Finalmente advertimos una grave incongruencia lógica en el contexto actual para invocar la figura del juicio político frente a las decisiones jurisdiccionales pues esto constituye una amenaza real a la  independencia del Poder judicial y las Altas Cortes, siendo esto un pilar básico para la democracia.

 

En consecuencia, lo que, en principio buscó ser una garantía de la independencia judicial, juicio excepcional de destitución por razones limitadas (art 83.1 CRD) se puede convertir en un mecanismo contrario a los más genuinos principios democráticos. Y es que la posibilidad de que se pueda traer la figura del juicio político bajo criterios muy laxos, ponen en peligro la facultad de los propios tribunales para ejercer el control de constitucionalidad y también el control de convencionalidad.

 

FINJUS exhorta a los actores y fuerzas políticas involucradas en la presente coyuntura a actuar con comedimiento, mesura y pausa, limitando sus actos a lo que estrictamente ordenan y permiten la Constitución y las leyes, evitando crear situaciones que impliquen el menoscabo de la institucionalidad democrática. La sociedad debe seguir prestando la máxima atención al curso de este debate, que se ha constituido en el centro de las preocupaciones de quienes deseamos vivir en democracia y en convivencia pacífica.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

24 de abril, 2019

 

[1] Artículo 83, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

[2] García De Enterría, Eduardo; Fernández, Tomas-Ramón. Curso de derecho administrativo I, 3era edición, Madrid, España, pp 394.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) se une al clamor de gran parte de la sociedad que ha planteado al Congreso Nacional la eliminación por ley del matrimonio infantil, considerando que esta práctica representa una amenaza para el desarrollo humano de las niñas y adolescentes dominicanas, con graves derivaciones sociales.

 

Como reflejan los estudios e investigaciones recientes la República Dominicana ocupa lamentablemente uno de los primeros lugares en América Latina en el número de matrimonios infantiles y uniones tempranas, dando lugar a severos efectos negativos, tanto en la niña que se casa, como en sus hijos. Se ha identificado que esta situación significa un grave deterioro de las condiciones de existencia de grandes sectores sociales, lo que afecta al mismo tiempo el desarrollo nacional.

 

Se ha reportado asimismo que estos matrimonios se producen en un marco de violencia y denegación de derechos de las niñas y adolescentes, agravado por la alta frecuencia de embarazos y del número de hijos. Este fenómeno se observa con mayor intensidad entre los sectores más empobrecidos y sin educación formal.

 

FINJUS ha reclamado por años que el Estado dominicano impulse de manera efectiva la reforma de la legislación obsoleta, como es el caso del Código Civil y de Procedimiento Civil, entre otras normas que representan verdaderos obstáculos para el desarrollo pleno de las personas e instituciones.

 

Por estas razones FINJUS exhorta a los legisladores a adoptar cuanto antes esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de numerosas instituciones internacionales con representación en el país y a la que se han sumado importantes sectores académicos, sociales y jurídicos.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

12 de abril, 2019

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