Quisiera comenzar agradeciendo al Departamento Aeroportuario por su invitación a este interesante conversatorio sobre los “Delitos de corrupción tipificados en las leyes dominicanas”,  en que, además de abordar los delitos vinculados a este flagelo contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, compartiremos algunas reflexiones sobre la corrupción, como una de las problemáticas más agudas de nuestro siglo por su incidencia global y la afectación directa que causa en un Estado social, democrático y de derecho.

Saludamos a todos los presentes y vemos con agrado iniciativas como estas, especialmente cuando son organizadas desde el Estado, pues permiten iniciar diálogos provechosos entre académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil e iglesias, entre otros. Es un punto común considerar la corrupción como un mal social que no atañe solamente al entorno jurídico o al tren gubernamental, sino que concierne a toda la sociedad.

 Consideraciones generales

 Los expertos han planteado que a lo largo de la historia, la corrupción ha sido un fenómeno recurrente que parece inherente al ejercicio del poder y que ha afectado a la mayoría de los modelos de gobierno y las sociedades humanas.  

 Ahora bien, el recorrido realizado hasta la fecha en términos de organización social, institucionalidad y democracia ha obligado a cada sociedad a la luz de sus condiciones históricas a replantearse el contenido de la corrupción, su alcance y la necesidad de su erradicación en nuestras sociedades. Esta tendencia se ha acentuado en los últimos años.

 Una de las definiciones más acertadas relativas a la connotación de la corrupción en sociedades contemporáneas, se encuentra en palabras del ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi A. Annan, quien en 2004 expresó que: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”

 En definitiva, la corrupción y el fraude implican por todas partes un perjuicio severo a la economía y a la sociedad. Muchos de nuestros países e incluso en otros hemisferios padecen una corrupción profundamente anclada a sus sistemas de gobierno lo cual frena su desarrollo económico, debilita la democracia y va en detrimento de la justicia social y del Estado de Derecho.

 Todo esto es razón suficiente para justificar la urgencia y diligencia que requiere el tratamiento de este tema con el objetivo de prevenir y erradicar este mal del cuerpo social. Por eso existe un amplio consenso en la actualidad en el sentido de que la corrupción no es privativa de un sector específico, sino que compromete a amplios segmentos de la población, habiendo llegado algunos estudios a determinar que, en la mayor parte de los países, más de la mitad de la sociedad participa por acción u omisión del sistema corrupto.

 

Solo basta analizar nuestra cotidianidad, desde simples actos de aprovechamiento de relaciones cercanas al poder, pasando por evasión de impuestos y/o tratamientos desiguales ante la ley, lo que muestra el enraizamiento de este mal a tal grado que, por algunos, es visto hasta como necesidad.

 

En este sentido, nos ilustra mejor el jurista italiano Luigi Ferrajoli, al apuntar que “en algunos países el Estado se configura como un doble Estado, detrás de cuya fachada legal y representativa crece un infraestado clandestino, dotado de sus propios códigos y tributos, y organizado en torno a centros de poder ocultos, cuyo objetivo es la apropiación privada de la cosa pública, en el marco de un sistema que contradice todos los principios de la democracia política y del Estado de Derecho”.

 

Y esto es precisamente lo que debe convocarnos a todos, para entender que las estructuras de nuestras sociedades han avanzado significativamente, lo que se manifiesta en que la ciudadanía, los mercados, los efectos innegables de la globalización exigen mayores niveles de transparencia, de eficacia, de igualdad, de consecución de sólidos Estados sociales, democráticos y de derecho y, en torno a ello, ninguna forma de corrupción es sostenible.

 

Ante de abocarnos a precisar las tipificaciones legales con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico y reflexionar en los retos que tenemos, es importante partir de la premisa de que la corrupción es un “fenómeno universal que afecta todas las sociedades y a todas las economías”[1].

 Que no estamos ante una problemática exclusiva de países ricos o pobres, de economías de mercado o de planificación central, grandes o pequeños, democráticos o no: la corrupción está presente en todo el mundo, aunque con caracteres diversos. Se trata de un fenómeno polifacético, con numerosas variantes[2]. Eso nos obliga a reflexionar acerca de las mejores medidas para enfrentar con efectividad, especialmente en países en vías de desarrollo, los efectos devastadores que producen al desincentivar las inversiones y generar un ambiente de inseguridad.

 

Un claro ejemplo de ello son las afirmaciones del Banco Mundial en sus últimos informes sobre gobernanza, que plantean que la corrupción es uno de los grandes obstáculos que enfrenta América Latina para alcanzar niveles estables de desarrollo y gobernabilidad democrática. Afirman asimismo que, en promedio, los gobiernos de la región son menos exitosos en la lucha contra la corrupción que sus pares de Europa Occidental y de América del Norte, y vienen por detrás de Europa del Este en la promoción de gobiernos transparentes.[3]

 

Al profundizar en este panorama nos enfrentamos con varias interrogantes que nos remiten a la conceptualización sobre la corrupción, que ha sido tomada como base para su inclusión en el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional.

 

  1. La corrupción como fenómeno jurídico, social y político.

 

El concepto más aceptado de corrupción indica que se trata del «abuso del poder para beneficio propio» (Transparencia Internacional: 2015). Además, implica el desvío en el uso o ejercicio de un poder conferido, sea en el ámbito público o privado, con el propósito de lograr un beneficio personal o de ciertos grupos, afectando el interés o bien común. Podemos hablar entonces de un engranaje sistemático diseñado para la realización de actos ilícitos, a los fines de obtener algún determinado beneficio.

 

Un análisis rápido de esta concepción nos permite diferenciar una dualidad, en el sentido de que se requieren dos partes para que se registre un acto corrupto; el corruptor y el corrompido. Además de los actores (sea activo o pasivo) confluyen una serie de factores que la doctrina se ha encargado de señalar como: oportunidad, beneficio y riesgo. Una explicación sucinta de este fenómeno es la siguiente: “La concentración de poder de decisión en una persona, sin un control suficiente, crea la oportunidad. El beneficio se deriva de los ingresos que puede obtener el corrupto, que estará relacionado con los beneficios o coste que puede hacer recaer sobre el que paga. Y el riesgo viene dado por las posibilidades de que la corrupción sea descubierta y por la dureza del castigo[4].

 

De manera algo más pragmática podemos resumir que la corrupción es el resultado de una oportunidad que aflora por el poder decisivo de una persona dentro de estructuras organizativas con sistemas de controles débiles; aunado a ello se encuentra el beneficio por los ingresos que se vislumbren obtener; y, en los casos nuestros donde se percibe un sistema de justicia debilitado, tenemos presente la ausencia del riesgo dado el posible encubrimiento del acto por quienes deberían develarlo y un sistema normativo con contrapesos resquebrajados y/o inexistentes.

 

Esto último merece una puntualización más detallada y es lo que sustenta la relevancia de que hoy hablemos acerca de cuáles son los delitos que están tipificados en la legislación nacional en función de reflexionar sobre si normativamente estamos a la par con la aparente modernización de los actos de corrupción.

 

Debe recordarse que la falta de fiscalización y control en los órganos del Estado constituye una condición facilitadora para que la corrupción aflore en sus diferentes modalidades, estos son sobornos, captura de políticas públicas, fraude corporativo, carteles, entre otros. Algunas modalidades incluso pueden presentarse en las cadenas de suministro o en las transacciones internacionales, nacionales y también en lo relativo a los créditos y los fondos.

 

Conviene entender el amplio espectro donde se materializa y desenvuelve la corrupción entre cuyos efectos puede destacarse el convertirse en un obstáculo para el sistema económico al reducir la eficiencia al implicar mayores costes y precios y menores volúmenes de producción, crear distorsiones en la producción (que se desvía hacia bienes, servicios, recursos y factores que no son los más adecuados).[5]

 

  1. La corrupción en el ordenamiento constitucional dominicano.

 

Para hablar de este fenómeno en nuestro ordenamiento jurídico debemos precisar el contenido constitucional pues, aunque no se trate de la primera disposición en orden temporal, es allí donde encontramos la matriz de la cual debe partir el resto del entramado legislativo en función de la supremacía de la norma.

 

En 2010 se instauró de manera expresa la proscripción de la corrupción, entendiéndose casi como derecho fundamental el que la ciudadanía tenga garantía de una administración pública honesta. En el artículo 146 la Constitución se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, al disponer que sea sancionada con las penas que disponga la ley a quien sustraiga fondos públicos, se beneficie o beneficie a los suyos por tráfico de influencias, entre otros. Además, coherente a ello en otros articulados se indica el respeto del patrimonio público por parte de los servidores y/o funcionario público y, aunado a ello, el ejercicio transparente de la función pública.

 

Esta acertada y oportuna especificación desde la Constitución fue una gran conquista en materia de fortalecimiento del Estado y garantías de mayores márgenes seguridad jurídica. Cabe destacar la gran incidencia que tuvieron una serie de compromisos internacionales, suscritos en fechas anteriores a la reforma constitucional de ese año, para que se tuviese como resultado la proscripción de la corrupción y se mantenga la iniciativa legislativa por la elaboración de leyes coherentes con lo alcanzado en la región, como lo es la ley de lavado de activos.

 

  • Instrumentos internacionales que proscriben la corrupción

 

La lucha contra la corrupción en República Dominicana va de la mano con el reconocimiento de un amplio conjunto de convenciones, tratados, acuerdos y estándares dictados a través de organismos internacionales, con la finalidad de que se adopten desde el Estado instrumentos jurídicos adecuados que permitan lograr una efectiva investigación, un sistema de persecución penal eficaz, penas y sanciones proporcionales y efectivas a la gravedad de los delitos de corrupción cometidos y, por otro lado, una profunda regulación y transparencia de la administración pública, el sector económico, para reducir las tentaciones y las posibilidades de enriquecimiento ilícito gracias a disposiciones legales establecidas en las leyes dominicanas.

 

Una gran iniciativa en materia de transparencia a nivel global es la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta herramienta representó un compromiso de toda la comunidad internacional de tipificar en sus instrumentos internos los delitos como el cohecho, la malversación, los fraudes y sobornos, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función, como delitos. Se propone, siguiendo la tesis del autor alemán Kindhäuser, “entender a la corrupción no como un delito autónomo, sino como un medio de agresión de distintos bienes jurídicos y no solamente al ámbito de la administración pública sino también en el ámbito empresarial”[6].

 

Los siguientes instrumentos internacionales enunciados son esenciales a la hora de abordar el estudio de los delitos de corrupción que tipifican las leyes dominicanas pues han servido de marco de referencia para dictar leyes que prevengan y combatan la corrupción:

 

  • La Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996,
  • el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997.
  • el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997
  • el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, del 27 de enero de 1999
  • el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999
  • la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional destinada a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional,
  • las 40 Recomendaciones para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo que exhortó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT[7]).

 

En el caso de República Dominicana la lucha contra la corrupción constituye un gran reto para la sociedad, como lo confirma el Índice de Competitividad Global 2017-2018 que coloca la “corrupción como el tercer factor más problemático en la República Dominicana[8] a la hora de realizar acciones pública o privada, ya que este es un grave obstáculo para avanzar en la consolidación del régimen democrático que enarbola la Constitución.

 

Por ello no es de extrañar que la ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas y todos los sectores tanto públicos como privados, se preocupen por este flagelo. Definitivamente, esta lucha supone un gran esfuerzo de todos, sin embargo es necesario que desde el Estado se despliegue un conjunto de acciones que permitan su eficaz abordaje y sancionar tanto a los corruptos como a los corruptores, para promover la consolidación de la democracia y el impulso efectivo de políticas públicas.

 

En ese orden trataremos de visualizar de manera general cuáles son los delitos de corrupción que están tipificados en las leyes dominicanas y desde ahí abrir el diálogo y debate respecto de lo que nos resta.

 

  1. Los delitos de corrupción tipificados en las leyes dominicanas.

 

El ordenamiento jurídico dominicano cuenta con delitos de corrupción que se encuentran tipificados en distintas legislaciones. Además del Código Penal, existe un sistema sancionador para perseguir los delitos de corrupción que pudieran suceder en el marco de escenarios como la contratación pública y el soborno en el comercio, por citar algunos ejemplos.

 

La mención de cada una de las infracciones asociadas con la corrupción es enorme, y desborda este escenario. Pero podemos concentrarnos en el Código Penal dominicano donde encontramos los crímenes y delitos contra la cosa pública o contra la función pública; delitos cometidos por los funcionarios públicos, que se hayan mezclados en asuntos incompatibles con su calidad; soborno o cohecho de los funcionarios públicos; coalición de funcionarios; usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial; la falsedad en escritura pública o auténtica; la prevaricación y de los crímenes cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones; las sustracciones cometidas por los depositarios públicos; y las concusiones cometidas por los funcionarios públicos. 

 

Asimismo la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo tipifica delitos de corrupción tipificados propiamente al contenido esencial de la regulación de esta norma. Así también la Ley sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito, resulta ser otra legislación que aborda la necesidad de transparencia para con los servidores públicos, so pena de sanciones penales.

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la Ley No. 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, la cual condena el delito de soborno, popularmente conocida como el acto de otorgar coimas, a los fines de conseguir beneficios particulares de parte de quien recibe los recursos. Con lo anterior, observamos que múltiples son los delitos contemplados en las normas dominicanas para combatir la corrupción.

 

En ese orden, podemos dar cuenta de una situación que hemos mencionado desde FINJUS en ocasiones anteriores y en varios escenarios: el problema de la impunidad y las escasas sanciones a los actos de corrupción en la República Dominicana no es solo un asunto de producción de normas sino de operatividad de las mismas y una aplicación firme, consecuente y sin distinción de las sanciones penales que contempla el entramado jurídico dominicano.

 

  1. Retos del ordenamiento jurídico dominicano para combatir la impunidad y la corrupción.

 

La sociedad exige la aplicación de un sistema de consecuencias moderno para estos actos. Esto es un desafío esencial pues los efectos nocivos que genera trascienden el desarrollo económico, afectando la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado, el grado de criminalidad e inseguridad y la distribución del ingreso, lo que aumenta la inequidad. Al mismo tiempo, la corrupción contribuye a la creación de desigualdades en la aplicación y administración de la justicia, corroyendo la confianza ciudadana en sus instituciones.

 

A la luz de lo anterior es urgente que se aporten soluciones que garanticen a corto plazo el fortalecimiento del sistema de justicia[9], para investigar, acusar y condenar los casos criminales más importantes, en especial los que están vinculados con el crimen organizado, en sus diferentes modalidades de narcotráfico, corrupción y otros elementos que ponen en peligro la seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social del país.

 

Es esencial que los casos emblemáticos que hoy aparecen en las portadas de los medios de comunicación sean juzgados apegados al debido proceso pero con el resultado de que los responsables reciban las penas que las leyes establecen. Pues en la medida de que esto se logre podrá materializarse la anhelada transparencia en el manejo de las instituciones públicas.

 

Por la naturaleza de la corrupción y sus causas, debe insistirse en que el combate a la misma debe ser sistémico y que sus iniciativas deben estar enfocadas tanto al fortalecimiento de los órganos del Estado como en la formulación, aprobación y promulgación de leyes y otras disposiciones normativas que prescriban y regulen los comportamientos indebidos y establezcan claramente las desviaciones de los mismos y las sanciones aplicables[10] tanto a los corruptos como a los corruptores.

 

Este escenario es propicio para destacar que diferentes informes demuestran que la victimización por corrupción es más probable allí donde el Estado de Derecho es más débil. Por ejemplo, según los datos que arroja el Barómetro de las Américas, en la República Dominicana un 23.3% de la población ha sido víctima directa de la corrupción, lo que es más común en los lugares en que la tasa de delitos es alta.[11]

 

En ese sentido, es urgente la aprobación de la ley de extinción de dominio y la modificación sustancial de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, para fortalecer el sistema nacional en esta materia. Los estudios y diagnósticos recientes, tanto a nivel nacional como internacional, indican que mientras no se reformen estas normas, el país seguirá pagando un alto costo de deterioro de su imagen internacional.

 

Y es que, definitivamente, donde no se cumplen con los controles para erradicar la corrupción pronto se cae en la regresión al “patrimonialismo”, aquella cultura política pre-moderna donde se confunden el patrimonio particular con los bienes del Estado.

 

Las debilidades, vacíos y distorsiones que existen en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas estimulan la corrupción público-privada y dificultan la creación de una cultura de transparencia y gestión eficiente de los recursos públicos. Detrás de cada escándalo judicial la ciudadanía ha visto que existe una violación flagrante de las normas que deberían regular los mecanismos de control, supervisión e investigación de los actos de la administración pública en sus diferentes vertientes. El anterior estado de cosas ahuyenta a los capitales sanos y serios dispuestos a invertir a largo plazo.

 

Desde FINJUS, en el marco del anteproyecto de ley de reforma al sistema de contratación pública, -del cual somos parte del equipo consultor de trabajo-consideramos que hay un aspecto a destacar el cual encaja como uno de los retos para enfrentar los delitos de corrupción en el país. Aunque pudiere sonar polémico, resultaría muy beneficioso en el marco de la transparencia en los procesos de contratación que en la nueva ley se establezca la exclusión de dichos procesos a quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio del Estado. Esto sería una herramienta eficaz para el combate a la corrupción.

 

Mientras la impunidad tenga espacio, muy poco podremos avanzar. Por eso expresamos nuestra esperanza de que muy pronto se puedan reformular los  tipos penales específicos y penas consecuentes a delitos como son los sobornos, las comisiones ilícitas, los contratos fraudulentos, el tráfico de influencias, la corrupción en aduanas y otras prácticas deleznables.

 

Como lo ha expresado Daniel Kaufman[12], mientras la corrupción y la mala gestión signifiquen la pérdida entre 10 a 30 por ciento de las inversiones, existirán serias dudas sobre nuestro desarrollo económico y social y la competitividad global que necesitamos.

 

¿Qué hacer ante todo esto?, o ¿cuál sería la receta más efectiva para combatir la corrupción?

 

Interrogantes como estas nos llevan al centro de la reflexión. El derecho, en sí mismo, no es ninguna panacea. Corresponde a un sistema donde en constante interacción con otros sistemas, y en permanente comunicación con lo social se avance hacia regímenes estructurales apegados a normas garantistas y regímenes de consecuencia efectivos que envíen un mensaje claro de no permisividad de estos crímenes y sus efectos deplorables.

 

Muchas gracias,

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzman

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

27 de septiembre 2018

 

[1] Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 -EDL 2003/247395

[2] Ibídem, Pág. 4

[3] Grupo del Banco Mundial (2015). ‘Worlwide Governance Indicators’, en línea: www.govindicators.org.

[4]Argandoña, Antonio, la corrupción y las empresas, IESE Business School- Universidad de Navarra, Barcelona, 2007. P.9

[5] Ibídem, Pág. 3

[6] Bruno Rusca, The criminal prosecution of corruption – reflections and criminal policy proposals Revista de la Facultad, Vol. III N° 2 Nueva Serie II (2012). pp 137-154

[7] El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocida como el estándar global anti lavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo. Informe de Evaluación Mutua, FATF, Paris www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-mexico-2018.html

[8] Klaus Schwab & Foro Económico Mundial (2014). Reporte de Competitividad Global 2014-2015. 170. ISBN-13: 978-92-95044-98-2.

[9] Los informes indican que en su interacción con los tribunales dominicanos, los individuos tienen un 22.2% de probabilidad de que les sea solicitado un sobornos.

[10] MINERD. Plan estratégico de ética, prevención y sanción de la corrupción. En línea. Recuperado, 8 de Febrero de 2016 http://www.minerd.gob.do/Transparencia/Transparencia/1-MarcoLegal/Marco%20Legal%20del%20Sistema%20de%20Transparencia/Otros/Plan%20Estrategico%20de%20la%20Comision%20de%20Etica%20y%20Combate%20de%20la%20Corrupcion.pdf   

[11] Morgan, J., Espinal, R., y Zechmeister, E. Ob. Cit., 55 y 63

[12] Daniel Kaufmann. Experto en liderazgo, investigador y asesor de política en materia de gobernanza y desarrollo de indicadores de gobernabilidad y diseño de metodologías de estudio para el buen gobierno y la lucha contra programas de corrupción.

 

En el marco del período de consulta pública correspondiente al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos —preparado por la Junta Central Electoral— la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno sugerir algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que se lleva a cabo entre los actores políticos, la ciudadanía y el órgano rector electoral.

 

El referido proyecto normativo regula a grandes rasgos el desarrollo de la precampaña y campaña electoral, así como también la organización de las elecciones primarias a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en consecuencia, la presentación de las precandidaturas o candidaturas correspondientes.

 

  1. Con relación a la precampaña y campaña electoral

 

El contenido de este proyecto de reglamento diferencia tres períodos relativos a propósito de la celebración de las elecciones generales del 2020: en primer orden, un período previo de precampaña que comprende el año previo al inicio de la campaña interna; la precampaña electoral y la campaña electoral. Estos intervalos suponen diferentes regulaciones en torno a las actividades que pudiesen o no realizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

 

Para el año previo al inicio de la precampaña, se indica de manera expresa la prohibición de producción y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas (camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, etc.), a menos que sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna. Solamente se permitirá la celebración de reuniones a lo interno de los locales de sus respectivas organizaciones, en locales cerrados y áreas restringidas donde no entorpezcan el libre tránsito, ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía.

 

Vale destacar que la razón que origina las restricciones impuestas en este período, es el de evitar que se incurra en actos anticipados de campaña que vulneren el ambiente de respeto y equidad que debe caracterizar a los procesos eleccionarios. Sobre esto, la Junta Central Electoral debe revisar si el reglamento contiene las precisiones suficientes a fin de preservar el equilibrio democrático, ya que en el pasado reciente se han producido una serie de actividades organizadas por eventuales precandidatos que, al tenor de la opinión de algunos medios y ciudadanos son de carácter proselitista, dando lugar a la percepción de ineficacia de los límites señalados en cada uno de los períodos diferenciados.

 

Es importante destacar que para el período previo se dispone la posibilidad de solicitar a las autoridades del orden público, en especial a los ayuntamientos, el cumplimiento de la medida de retiro de las diferentes herramientas promocionales en lugares externos. 

 

Por otro lado, para el tiempo de precampaña se copian íntegramente las disposiciones contenidas en la Ley No. 33-18 que, en resumen, indican que sólo serán permitidas actividades proselitistas estrictamente internas, dirigidas de manera particular a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones y la participación de los candidatos en medios de comunicación.

 

Es preciso observar que aunque la Ley No. 33-18 dispone, como sanción al incumplimiento de estas medidas, la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de la norma; nos preocupa que el proyecto de reglamento no reitere la referida sanción, la cual debió ser desarrollada en este instrumento normativo a fin de resaltar las condiciones en que se impondrá. Cuestiones como la idoneidad o no de que la Junta notifique una advertencia para que se abstengan de continuar en falta, antes de ejecutar la sanción, o si se trata de la retención de una parte o la totalidad de los fondos, deben ser puntualizadas en el reglamento.

 

Esto es relevante dado que, en función de la redacción del proyecto de reglamento, parecería que no existe un régimen de consecuencias para la infracción de estas disposiciones; toda vez que no se aplica la medida de retiro inmediato la cual está establecida para el período previo a la precampaña.

 

Otra de los señalamientos que tenemos a bien formular en este acápite es lo relativo a la prohibición de difusión de “mensajes negativos” a través de las redes sociales. La asociación de esta infracción a las sanciones contenidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología obliga a que en el reglamento se defina con mucha claridad cuál es el alcance de aquello dispuesto en la ley como “mensajes negativos”, pues esto alude a un margen bastante subjetivo que impide una tipificación adecuada. Sugerimos indicar que se tratará de aquellos mensajes que se encuadren en el delito de difamación e injuria.

 

  1. Con relación a la organización de las primarias y candidaturas

 

Un gran reto que tienen conjuntamente el Estado, la sociedad y los partidos políticos es propiciar la implementación exitosa de este nuevo Reglamento. Por ello hemos considerado nuestro deber facilitar a la comunidad jurídica, académica, las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, los elementos de análisis que les permitan conocer a fondo el contenido de este proyecto de reglamento y estar en capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos y culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

 

En ese sentido, un aspecto que resulta de vital importancia para la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es lo relativo a la organización de las elecciones primarias. El proyecto de Reglamento explica en detalle en el capítulo III las formas en que deberán realizarse las primarias, en caso de que ésta sea la modalidad de escogencia de candidatos por las que haya optado una determinada organización política.

 

Debe destacarse que desde el reglamento, en el artículo 27, se indica que los partidos establecerán en sus respectivos estatutos la modalidad de escogencia de los candidatos, lo cual podría contravenir a la propia abstracción que presenta la Ley No. 33-18. Decimos esto en virtud de que resulta distinto adecuar los estatutos a los presupuestos de la norma, frente a un mandato normativo obligatorio de explicitar la modalidad de escogencia dentro de los estatutos como se establece en el presente reglamento.

 

De igual modo, se establece la formalidad de notificar mediante instancia a la Junta Central Electoral de la decisión tomada por la organización política y el alcance de la misma, lo que imprime un compromiso de cumplimiento con los principios de publicidad y legalidad por parte de los partidos políticos, ambos pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, el proyecto de reglamento establece los plazos a los que deberán someterse los partidos que decidan organizar primarias, no pudiendo pasar como plazo final el último domingo de octubre del año 2019.

 

El artículo 35 establece las condiciones a los que pretenden ejercer cargos electivos. Esto es sumamente importante, ya que implica subsumir las precandidaturas a reglas claras, procurando así el imperio de la ley desde la raíz de la vida democrática de los partidos. A pesar de ello, estas reglas condicionantes son las mismas establecidas en la Ley No. 33-18 para las candidaturas como tales, por lo cual resulta importante agregar una condicionante más que dote de mayor rigurosidad y menor margen de violación a los principios electorales desde la democracia interna partidaria.

 

Desde FINJUS, proponemos adicionar la siguiente condición, a manera de prohibición:

 

5) No podrán optar por una precandidatura quienes, al momento de inscribirla, tengan contrato con el Estado, ya sea como personas físicas o como representantes o apoderados de personas jurídicas, o a través de cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.

 

Por otro lado, resultan relevantes los presupuestos normativos expuestos a partir del artículo 38, donde se trata el tema de la cuota de la mujer. En estos artículos se delimitan aquellas confusiones que pudo presentar la Ley No. 33-18 en torno al tema y se obliga expresamente a los partidos a incluir un 40% de la cuota de representación a la mujer. Asimismo, sanciona con la inadmisión a las listas que no incluyan el 40% de la cuota mínima de la mujer, indicando también las reglas específicas del momento de elección a lo interno del partido, dedicado al cumplimiento de la referida cuota.

 

Desde FINJUS, estimamos que dada la definición de la Ley No. 33-18, este reglamento debe desarrollar cuál sería el procedimiento a utilizar en cuanto a las disposiciones relativas a la sustitución de la candidatura de una mujer. En el caso de que tras ser inscrita la candidatura de una mujer deba ser sustituida, recomendamos que el Reglamento indique expresamente que sólo puede ser sustituida por otra mujer, a fin de evitar alteraciones en la cuota, garantizando así que exista cohesión normativa con el principio democrático de la equidad real.

 

Huelga destacar que el Proyecto de Reglamento para la aplicación de la Ley No. 33-18 sobre la celebración de primarias simultáneas reitera la obligatoriedad de incluir dentro de las propuestas el diez por ciento (10%) de garantía de participación de jóvenes de hasta treinta y cinco (35) años, lo cual deberá ser presentado a la Junta Central Electoral al momento del depósito de las candidaturas a puestos de elección popular. A pesar de ello, consideramos oportuno sugerir que se agregue un párrafo indicando que estos jóvenes están obligados a cumplir con los requisitos exigidos a todas las precandidaturas, o al menos hacer la salvedad de que no escapan a estas condicionantes.

 

De manera que, FINJUS considera que luego de una amplia discusión mediante consulta pública del Proyecto de Reglamento para la Aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre la Celebración de Primarias Simultáneas en el año 2018, sería oportuno que sea aprobada una pieza reglamentaria consensuada y estudiada a profundidad por parte de los distintos sectores políticos y sociales. Sin lugar a dudas, el seguimiento y los aportes que puedan hacerse a este proceso de diálogo, completaría sin dudas el sistema de garantías de la ciudadanía respecto al proceso electoral venidero y fortalecería la institucionalidad democrática del país.

 

Con sentimientos de alta consideración y estima,

 

Muy atentamente

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

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Diplomado sobre la Ley Contra Lavado Activos y el Financiamiento del Terrorismo No.155-17

 

CONTENIDO

 

 

Media

 

Ante el anuncio del Consejo Superior del Ministerio Público de la designación de los nuevos procuradores fiscales titulares, procuradores generales de corte y responsables de procuradurías especializadas, mediante concurso de oposición, FINJUS estima oportuno compartir algunas reflexiones sobre ciertos puntos de este proceso.

 

Resaltamos que es una imperante necesidad que el Consejo Superior del Ministerio Público se aboque al establecimiento del escalafón institucional del Ministerio Público, como un instrumento para aquilatar en cada miembro titular sus tiempos de ejercicio, los méritos acumulados en determinadas funciones y realizar una categorización de los distintos niveles, para decidir entonces sus posibilidades de aspirar a cargos de titularidad. Esto así, pues la elección de personas que tienen un tiempo mínimo de ejercicio por encima de otros con más tiempo acumulado en funciones, puede resultar en menoscabo al fortalecimiento de la institucionalidad de este órgano.

 

Al mismo tiempo la sociedad espera que los próximos procesos de estas características estén enmarcados en niveles óptimos de publicidad, de forma que sus resultados estén revestidos de la máxima legitimidad ante la sociedad, evitando que las dudas sobre la posible parcialización con algunas candidaturas internas pueda ser utilizado como un elemento que empañe los objetivos que pretenden alcanzarse con dicha elección.

 

Los titulares electos tienen el reto de cumplir con los más altos estándares derivados de la responsabilidades de sus nuevos cargos y, ante todo, adecuar cada una de sus actuaciones al mandato constitucional así como un apego irrestricto a la Ley y al Reglamento de Carrera.

 

Desde FINJUS exhortamos a los procuradores fiscales y demás titulares recién electos a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la realización de evaluaciones anuales de sus respectivos desempeños, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, como una forma de asegurar los objetivos de un sistema de carrera fundado en principios de mérito, capacidad y profesionalidad.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

11 de septiembre 2018

Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

12 de septiembre 2018

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en el marco de las labores de fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y del mejoramiento del sistema de justicia en el país, considera fundamental que la ciudadanía conozca en detalle cuáles son las temáticas a tomar en cuenta para el proceso venidero de elección de jueces de las Altas Cortes, convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

 

La sociedad civil ha jugado un rol muy importante en el seguimiento de estos procesos, lo cual ha permitido dar a conocer cada uno de los detalles relacionados con características inherentes a la selección de autoridades y ponerlas a disposición de la ciudadanía para valorar una eventual elección y/o ratificación de aquellos jueces que conformarían las Altas Cortes.

 

Vamos conociendo los retos que se presentan en el marco de un escenario de esta naturaleza y cuyos conceptos esenciales y formalidades merecen ser discutidas por múltiples sectores de la vida nacional.

 

El mandato constitucional que está consignado a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional es de suma importancia para trazar las directrices que están ligadas al sistema democrático y que definen los elementos fundamentales que permiten comprender a fondo cada una de las debilidades y fortalezas que caracterizan a nuestro sistema de justicia. En ese sentido, es nuestro deber reflexionar en esta dirección para darle una mirada crítica a esta nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Múltiples sectores han expresado aprehensiones en torno al curso y profundidad de este proceso. Organizaciones y personalidades han manifestado a lo largo de los años sus preocupaciones por el desarrollo de las convocatorias realizadas por el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de la Magistratura, y se han señalado las debilidades en las reglas para la elección y la estrecha relación con el poder político de turno que han presentado quienes han resultado electos en procesos anteriores.

 

La sociedad dominicana ha sido informada que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado para el próximo 2 de octubre y que se iniciará el proceso para la elección de 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato se ha vencido, de los cuales 3 podrían ser ratificados por un nuevo periodo de 6 años  y serán evaluados 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia, condición sine qua non de su ratificación o separación de la carrea judicial.

 

Esta nueva oportunidad que la historia abre a los actuales incumbentes del Consejo será estrechamente analizada, observada y evaluada por la sociedad dominicana, que espera que las decisiones que se adopten representen un avance en nuestra institucionalidad democrática.

 

Nuestro interés al celebrar este evento es propiciar que las organizaciones sociales de todos los niveles participen en ese proceso, conscientes de que en esa elección están en juego aspectos fundamentales de nuestra democracia, y que como país y sociedad nos merecemos un proceso diáfano, responsable, institucionalizado y sobre todo apegado a la Constitución y las leyes.

 

Como lo anterior es una tarea ardua, nos sentimos muy honrados de estar acompañados de destacados ciudadanos, que desde las ciencias jurídicas y la comunicación social han contribuido a señalar las condiciones e imperativos que implica este proceso. Nos referimos a Juan Bolívar Díaz, Cristóbal Rodríguez, y Michel Camacho, a quienes agradecemos por su participación en este evento, lo mismo que a Uds. por aceptar nuestra invitación.

 

En el marco de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, agradecemos su asistencia y les invito nueva vez a que nos aboquemos a una reflexión profunda sobre los retos de la próxima elección de los jueces de las Altas Cortes, pues ésta será  más que un claro indicador de nuestro horizonte institucional.

 

Muchas gracias.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera relevante que la Junta Central Electoral se aboque a definir todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de las actuaciones de los partidos y sus miembros en cuanto a las eventuales violaciones a los presupuestos referentes a la propaganda y actividades proselitistas permitidas durante el período de la precampaña, de forma que se ajusten tanto en el contenido de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, así como en el Acta No. 2-2018.

 

Ambos instrumentos jurídicos han generado múltiples debates en el seno de la opinión pública debido a la naturaleza de los mandatos que en sí están dispuestos, ya que se trata de normas que regulan a las instituciones que representan uno de los pilares esenciales del sistema democrático. Por tanto, como esto pudiese rozar la esfera de los derechos de participación democrática, es importante que los órganos competentes definan cuestiones de esta temática que han sido debatidas por múltiples sectores de la vida nacional.

 

En primer lugar, debe destacarse que la recién promulgada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, establece en su artículo 43 cuál es la propaganda permitida durante la precampaña. Se permite, de acuerdo a la ley, la participación de candidatos y sus voceros en los medios de comunicación; las reuniones en recintos cerrados; producción y uso individual de materiales de propaganda de tipo personal; y divulgación de mensajes transmitidos por diferentes vías.

 

Por otro lado, claramente indicado en la norma lo que está permitido, puede encontrarse por igual lo que el legislador considera como prohibiciones en la precampaña, indicado en el artículo 44 de la referida ley. De este modo, se indica –entre otras cosas– lo siguiente:

 

Artículo 44.- Propaganda prohibida en el período de precampaña. Durante el período de precampaña o campaña interna, queda prohibido:

 

1) La pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta;

2) Los afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria, que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos;

3) El uso de pintura o afiches no removibles, a menos que se coloquen en los locales y propiedades de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas;

4) Toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional o nacional, en el orden religioso, racial, de preferencia sexual, o de cualquier otra naturaleza que contravenga las buenas costumbres;

5) La propaganda que perjudique la estética urbana, dañe el medio ambiente y los recursos naturales, o contravenga las disposiciones sobre ornato municipal (…)

7) La promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva;

8) Hacer referencia o uso de la imagen de la o el precandidato en nombre de entidades públicas o privadas a las que pertenece o represente.[1];

 

Visto lo anterior, pareciera que la Ley No. 33-18 ilustra con claridad aquellas actividades por parte de las organizaciones políticas y sus miembros que sí están legitimadas, así como aquellas que no. Conociendo entonces los presupuestos de la Ley de Partidos al respecto, debemos puntualizar dónde se encuentra en términos precisos la confusión generada en la opinión pública en torno a este tema frente al Acta 2-2018.

 

La Junta Central Electoral debería evitar que se genere la percepción sobre aspectos que podrían verse como contradictorios en cuanto al alcance de las disposiciones preestablecidas en la Ley No. 33-18 y el Acta No. 2-2018. En la Ley de Partidos, existe la permisibilidad en cuanto a “las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares, siempre que involucren a militantes y simpatizantes del partidos, agrupación o movimiento político que sustentan las candidaturas[2]”, mientras que, mediante el Acta No. 2-2018, la Junta Central Electoral indicó la suspensión de todas las actividades proselitistas que se encontraren realizando dirigentes de los partidos políticos con pretensiones de ser candidatos a posiciones electivas en las elecciones generales del año 2020.

 

A partir de lo anterior, consideramos que la Junta Central Electoral debería esclarecer el alcance preciso de ambas disposiciones. Es menester determinar qué podría considerarse una actividad proselitista versus las implicaciones de reuniones en recintos cerrados y los encuentros con militantes; determinando así las directrices del rango de actuación de los miembros de los partidos y agrupaciones políticas.

 

En la propia Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, más específicamente en el párrafo II del anteriormente mencionado artículo 44, se inscribe el mandato legal de que “La Junta Central Electoral elaborará mediante reglamento todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la precampaña”.

 

En ese orden, desde FINJUS consideramos que un paso importante para la institucionalidad democrática del país y el sistema de partidos lo sería reglamentar cuanto antes las cuestiones que tienen que ver con la precampaña electoral tal como ordena la ley.

 

La ciudadanía ha expresado que es urgente regular todo lo concerniente al sistema electoral y de partidos. Cada uno de los matices propios de esta temática, configuran aspectos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho. Los órganos encargados de fortalecer el sistema de partidos y la institucionalidad deben abocarse a generar pautas precisas que generen mayores garantías y fortalezas para la calidad democrática de nuestro país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

30 de agosto del 2018.

 

 

[1] Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-2018. Artículo 44. República Dominicana.

[2] Ibídem. Artículo 43, numeral 2.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera, una vez más, improcedente tratar el tema de la reelección presidencial en la actual coyuntura política sin haber arribado siquiera al periodo de precampaña y, más aún, que se aluda a la posibilidad de abocarse a ello sin necesidad de reforma constitucional inobservando el contenido del artículo 124 de nuestra Ley sustantiva, así como la vigésima disposición transitoria que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno.

 

Ambas disposiciones son bastante específicas y no admiten, bajo ningún concepto, interpretaciones orientadas a argumentar supuestas afectaciones al derecho del gobernante actual y/o señalamientos respecto al periodo en el cual fue establecida la referida disposición que tienen por objeto alegar la prohibición de irretroactividad de la norma.

 

El texto constitucional ha sido muy claro sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período; en ese sentido el artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[1]”. Esto no genera una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco del contenido del derecho a la igualdad, sino todo lo contrario, se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una importantísima garantía para la democracia.

 

El contenido constitucional no afecta los derechos de los gobernantes ni tampoco genera un marco desigual de posibilidades para el acceso al poder. Todo lo contrario, de lo que se trata es de garantizar una verdadera alternabilidad política que permita continuar el fortalecimiento de la democracia.

 

Desde FINJUS, consideramos que apelar, por ejemplo, a una violación del derecho de igualdad carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional con respecto al referido derecho, pues tal y como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[2]”.

Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma, en torno al caso específico que quiera aplicarse, debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad; lo cual no se configura al tratarse del mandatario actual, quien se encuentra en un segundo periodo consecutivo, frente a aquellos que pretendan una postulación presidencial.

 

Como hemos expresado en múltiples escenarios, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

Por otro lado, llama sobremanera la atención ciertos argumentos que se orientan a la posibilidad de una reelección presidencial sin necesidad de una reforma constitucional, pasando por alto la prohibición expresa que esa Ley Sustantiva contiene, constituyendo esto una afrenta directa a la supremacía de la Constitución.  

 

En la actualidad, nuestro país no se encuentra en un estado de vacío institucional ni de indefiniciones respecto al modelo de Estado. Por lo que apelar a interpretaciones que conducen a violentar los principios constitucionales, lacera toda una historia de conquistas en materia de seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y respeto a la legalidad durante los últimos años.

 

Conclusión

 

Desde FINJUS hemos expresado preocupación respecto de una posible reforma constitucionalidad y es que, no podemos pasar por alto que nuestra Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones, a lo largo de la historia como República. Gran parte de las ocasiones en que se ha modificado esta Ley Sustantiva ha sido con el mero objetivo de variar, reafirmar o contrarrestar el tema de la reelección presidencial, atendiendo a los intereses políticos de turno.

 

La  hiperreformabilidad[3] constitucional es uno de los fenómenos que históricamente reaparece en nuestro país cada vez que las fuerzas políticas desean saciar sus intereses personales de mando. “Las  fuerzas políticas deben entender que hace tiempo que la Constitución no es ya más un Derecho de preámbulo ni un compendio de vagas recetas políticas” [4] que puede adaptarse a los intereses de un determinado sector, obviando los límites implícitos al poder reformador de la Constitución.

 

La institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho son valores esenciales de nuestra Constitución los cuales podrían verse seriamente afectados si se introduce una nueva vez este tema en la opinión pública y, aún más, si se materializa a través de vías improcedentes y convenientes sólo para el poder político, no así para el orden constitucional.

 

Abogar de manera continua a la reforma de la constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo de manera muy peligrosa condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes ostenten el poder.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

28 de agosto de 2018

 

 

[1] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[2] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

[3]  Concepto acuñado por el jurista Miguel Carbonell.

[4] FAVOREU, Joseph Louis. La Constitucionalización del Derecho. Las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, “La unidad del derecho”. París. 1996. P. 25.

I. El estudiante que no realiza sus deberes a tiempo o apenas los cumple por salir del paso, que no participa en las discusiones en el aula y tiene un desempeño deficiente en las evaluaciones, no puede pretender que el profesor lo ayude con la calificación final de la asignatura.

II. El estudiante favorecido con una beca debe esforzarse al máximo en cada asignatura para justificar que merece la distinción otorgada. No es responsabilidad del profesor tratarle con especial deferencia para que conserve el beneficio si éste no tiene un rendimiento académico aceptable.

III. El estudiante que acumula un índice académico meritorio debe conservarlo por su propio esfuerzo y dedicación, no porque el profesor deba garantizarle una consideración especial. El puntaje de cada asignatura hay que ganárselo día a día y no vale cobijarse en los éxitos pasados.

IV. El estudiante cuenta en la actualidad con grandes ventajas para acceder al conocimiento, ya que la Internet ofrece un vasto campo de información a la distancia de un clic, pero debe evitar con firmeza la tentación de transcribir las ideas ajenas sin procesarlas ni contextualizarlas.

V. El estudiante que no estudia con el debido rigor, que no ejercita regularmente la autocrítica, que se apropia de ideas ajenas sin digerirlas, que no se esfuerza por aprender por sí y para sí, tendrá serias dificultades para aplicar y replicar «lo aprendido» a su práctica profesional.

VI. El estudiante no debe presentar como ideas propias los esfuerzos intelectuales ajenos. El plagio es un fraude y lesiona la integridad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible, cuando se sustenta una opinión, identificar las fuentes que han servido de inspiración o referencia.

VII. El estudiante que desdeña el estudio de las teorías que explican los fundamentos y la finalidad del saber en qué se forma, y solo pretende adquirir habilidades prácticas, corre el riesgo de actuar en el campo profesional como un barco sin brújula y se le dificultará asimilar cualquier cambio.

VIII. El estudiante universitario debe ser el autorregulador de su proceso de aprendizaje. El docente asume la función de un guía, muestra el camino y enseña el menú indispensable para la asignatura, pero corresponde a cada estudiante transitar por sí mismo el camino del conocimiento.

IX. El estudiante de postgrado debe compatibilizar los compromisos académicos con las responsabilidades profesionales. Toda especialización universitaria requiere esfuerzo y sacrificio constantes −dentro y fuera del aula− para aprovechar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

X. El estudiante de postgrado debe comprender que el tiempo dedicado a los estudios de especialización no suele ser redituable a corto plazo, pero a mediano y largo sí puede generar beneficios, cuando lo que procura es mejorar la pericia profesional y no solo acumular títulos para presumir.

*Félix Tena de Sosa

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