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Implicaciones de la nueva Ley de la Policía Nacional, beneficios y riesgos para la ciudadanía y el sector empresarial

Introducción.

Para la sociedad dominicana y todo el sector empresarial la inseguridad ciudadana es una sentida preocupación. A modo ilustrativo, cabe destacar que estudios internacionales señalan que “un 38.8% de la población dominicana considera que la inseguridad es el problema más importante que enfrenta el país, al afectar la economía y el clima de inversiones, entiéndase el conjunto de condiciones económicas y financieras para las decisiones de prestar capital, invertir capital o adquirir participación en un negocio.”

En la Fundación Institucionalidad y Justicia consideramos que además de ser una amenaza latente a la seguridad jurídica, el clima de inversión y el bienestar general y social, la situación de inseguridad ciudadana que vive nuestro país provoca riesgos institucionales y desequilibrios sistemáticos a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. La evidencia de este planteamiento no sólo es un discurso sino que numerosos estudios internacionales reflejan que enfáticamente lo que hemos venido indicando.

En ese sentido hemos tomado conocimiento de que el 32% de las empresas se han visto afectadas por la inseguridad en la que vive el país . Igualmente En el Rule of Law Index del World Justice Project , que evalúa a 102 países en el tema de la seguridad, nos sitúa en el lugar 88 en inseguridad. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 59.1% de la población dominicana ha limitado sus lugares de recreación por la inseguridad , constituyendo uno de los índices más altos de todos los tiempos.

Lo anterior, se traduce en altos costos sociales y económicos al afectar directamente garantías fundamentales y el buen funcionamiento de los negocios. Entre los efectos de la inseguridad tenemos: aumento en los costos, por la seguridad que requieren las empresas, “en un momento en que el objetivo del sector empresarial es abaratar costos, el factor de la inseguridad pública lo eleva.” , disminución de los ingresos, reduce la productividad, y se convierte en obstáculo en la formación de empresas verdaderamente competitivas, y en la toma de decisiones efectivas en las áreas estratégicas y de inversión.

Uno de los pilares fundamentales para enfrentar este problema lo representa la Policía Nacional. Este órgano constitucional es la fuerza coercitiva del Estado Social y Democrático de Derecho, encargada de mantener el orden, la paz y garantizar que se cumpla con el derecho y la estabilidad social con el fin de que el crecimiento sea un horizonte humano y económico en constante desarrollo.

La Policía Nacional constituye una institución indispensable para garantizar la seguridad ciudadana. Ésta tiene asignada una función de enorme relevancia: el mantenimiento de la seguridad y el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.

Para que la policía cumpla satisfactoriamente con las funciones constitucionales a su cargo es imprescindible que sus miembros tengan una óptima formación, que los cuerpos policiales actúen coordinadamente, que dispongan de los recursos y la tecnología más avanzada, y que la sociedad los valore debidamente. Una institución con estas características es indispensable en cualquier sociedad, en una situación de crisis de seguridad pública como la que estamos padeciendo, la necesidad de contar con tal institución es apremiante.

Por ello no es de extrañar que tanto la sociedad civil como el sector empresarial hayan prestado particular atención al tema de la reforma policial, no limitándose a emitir opiniones al respecto, sino vigilando con ojo crítico el proceso y asumiendo un rol activo en la definición del modelo policial que queremos.

La ciudadanía y el sector empresarial exigen de la institución policial respuestas eficientes, oportunas e integrales, permitiendo alcanzar la estabilidad para el desarrollo del país. Estas exigencias a las que hacemos referencia vienen seguidas de procesos de acompañamiento y las políticas que rijan esta institución, aportando poco a poco desde nuestra visión holística para obtener consensos que beneficien a todos los sectores.

El Estado “es consciente que la ineficiencia en la prestación del servicio de policía y la aparición de actos que atentan contra la integridad institucional, se convierten en amenazas desastrosas para la organización policial, la ciudadanía y el sector empresarial las cuales al materializarse pueden socavar la confianza, credibilidad y legitimad que requiere frente a la sociedad para cumplir su misión” .

En este sentido, la reforma policial es una verdadera decisión de Estado, en la que de manera armoniosa han concurrido la voluntad de dos poderes públicos: el Ejecutivo y el Legislativo, legitimados democráticamente; constituyendo así el primer paso de la necesaria transformación integral que debe ser sometida la institución policial para consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho que anuncia la Constitución de 2010 y fortalecer el sistema de justicia y la seguridad ciudadana, binomio indisoluble para el buen clima de negocios en el sector empresarial.

Esta reforma policial se enmarca dentro de las reformas pendientes en el sistema de justicia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado. Por consiguiente, no es una exageración afirmar que sin una policía que sea efectiva en la lucha contra el crimen, profesional en sus actuaciones, comprometida con el respeto de la Constitución y las leyes, estructurada como una organización moderna y con recursos, la estabilidad de la democracia y el ejercicio de las libertades públicas estarán en un terreno movedizo, afectando así, de forma inminente, la vida de los ciudadanos en los espacios públicos, la confianza para atraer las inversiones y fomentar el clima de negocios y, sobre todo, la seguridad jurídica.

En este contexto, “el cumplimiento de la misión asignada a la Policía Nacional, surge como una función de naturaleza social que demanda brindar a la comunidad un servicio de seguridad de la más alta calidad. Por consiguiente, la actuación policial ha de fundamentarse en una cultura institucional que promueva la excelencia, las buenas prácticas y el mejoramiento continuo.”

Es por esto que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, No 590-16, implica un paso significativo para la modernización de la institución policial. Así, pues, estamos frente a un texto legal que constituye una declaración de principios que proyecta y otorga sentido al cumplimiento estricto de la misión institucional. Su contenido refleja la profunda dimensión ética, legal y profesional de la organización policial, que en el ejercicio de sus funciones se capacita, actualiza y especializa permanentemente, promoviendo así un servicio social humano, solidario, honesto, responsable, transparente y de calidad, al establecer como principio la atención prioritaria al ciudadano, el respeto a la ley, a los Derechos Humanos, la efectividad del servicio y la transparencia en las actuaciones de cada uno de sus funcionarios, redefine los paradigmas de la función policial, implicando esto un sinnúmero de beneficios, compromisos y retos, que beneficiaran a la institución policial y la ciudadanía.

Realizadas estas reflexiones iniciales, quisiera en lo que sigue, mencionar de manera muy escueta los beneficios y retos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, No 590-16, para la ciudadanía y el sector empresarial. Uno de los primeros aspectos que la ley Orgánica de la Policía Nacional precisa es la prefiguración de la doctrina policial.

I.- Prefiguración de la doctrina policial.

Esto implica una nueva filosofía institucional sobre la que se asienta la institución policial, toda vez que el quehacer de este órgano estatal está incardinado sobre una doctrina con fundamentos filosóficos, legales y constitucionales que definen el rol de la policía.

Sin lugar a dudas todas las instituciones del Estado, “vistas desde una óptica de gestión pública, deben apreciar los principios organizacionales como cualquier empresa y tienen la necesidad de cada vez ser más efectivo para atender las demandas de la población” en lo referente a las funciones que se le asignan. La ciudadanía necesita que el Estado a través de sus instituciones les brinde y/o facilite vivir en lugares seguros y sin violencia.

Por estas razones, la reconfiguración de la doctrina policial implica un beneficio para la ciudadanía y el sector empresarial, toda vez que es allí donde se traza la hoja de ruta de lo que debe ser una nueva relación policía-sociedad-ciudadanía y donde se delimitan los roles y principios de la función policial para adaptarlos a los requerimientos de una sociedad verdaderamente democrática.

De acuerdo al nuevo texto aprobado, la Policía Nacional se rige por la dignidad humana, respeto absoluto a la Constitución y las leyes, profesionalidad, información, eficacia, objetividad, actuación proporcional, actuación de oficio, entre otros. Lo anterior supone un gran desafío a razón de que todos los agentes del orden deben ser sensibilizados y actualizados en el nuevo modelo de gestión policial para superar una cultura represiva que ha pervivido a pesar de los innumerables avances que se presentan en la institución. Decimos esto con el sano y legítimo interés de que los principios y valores de la seguridad pública y la labor policial no se queden solamente en papel, por lo que es preciso que la institución policial establezca un sistema permanente, sistemático y potente de promoción de dichos valores y principios.

En definitiva, es claro que existe enorme consenso sobre la necesidad de contar con policías más eficientes. Por ello la ley establece un conjunto de principios para los miembros de la Policía Nacional, —que sustentan la actuación policial— enmarcándose en un sistema normativo claro y orientador para el cumplimiento del deber. La normativa traduce de manera práctica y concreta los valores sobre los que debe sustentarse la actuación policial, agrupándolos en normas que regulan y explicitan los deberes que han de observar los profesionales en el ejercicio de sus funciones.

Un elemento clave del cambio cultural a nivel policial, es el respeto a los derechos humanos. “Por cuanto la persona humana es el fundamento de la gestión policial. Son precisamente el individuo y la comunidad las principales fuentes de legitimación de todo cambio social y, por ende, policial. Además, los derechos fundamentales han impactado directamente en la humanización de los paradigmas de actuación policial,” para garantizar que las actuaciones policiales se realicen a partir de un enfoque de derechos humanos, de esta forma se asegura la protección de las personas conforme las exigencias del Estado Social y Democrático de Derecho.

II.- Fortalecimiento del sistema de carrera, profesionalización y especialización policial.

En países como Canadá, España o Chile, los cuerpos policiales son sumamente apreciados por la población y gozan de sólido prestigio social. Son reconocidos por todos como una institución al servicio de la gente. Esto se debe, entre otras razones, a que su grado de tecnificación y profesionalización es prioridad por parte de sus respectivos Estados.

Estamos ante una reforma legal que podría ser el punto de partida de un cambio fáctico de gran relevancia, al comprender—igual que los países anteriormente citados— que la adecuada formación es imprescindible para alcanzar la meta de contar con policías profesionalizados y especializados a través de un idóneo sistema de carrera.

“La carrera policial constituye un presupuesto indispensable para hacer efectivo el carácter técnico y profesional que debe definir a la institución policial, al lograr que los policías se preparen eficientemente ante los fenómenos criminales que se vuelven más complejos: que se relacionen con los ciudadanos, actuando siempre dentro del respeto a la ley; se mejore la capacitación técnica de los policías y su formación en valores.”

De este modo, se pueden fortalecer competencias que permitan contar con policías actualizados y mejor cualificados. “Las organizaciones son lo que son, entre otras cosas, por el personal que les sirve de soporte. El compromiso con el país de los hombres y mujeres de gris que salen cada día a proteger a sus conciudadanos, encontrará en la carrera policial una protección para la permanencia en el cargo y la posibilidad de ascender, conforme a criterios objetivos y verificables.”

Por ende, resulta pertinente señalar que uno de los avances que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional es el fortalecimiento del sistema de carrera de cara a los nuevos paradigmas de la gestión policial. En tal sentido, establece un régimen moderno basado en los criterios de profesionalidad, eficacia, objetividad, igualdad de oportunidades, antigüedad, mérito, legalidad, ética y capacidad.

“En conjunto, lo anterior podría reconocerse como un aspecto orientado hacia la búsqueda del bienestar, como meta de la calidad de vida de la población.” Contar con cuerpos policiales tecnificados garantiza una respuesta efectiva contra actos delictivos que afecten a la sociedad y el sector empresarial.

Sin lugar a dudas, “la calidad empieza y acaba en la formación” la adecuada profesionalización es uno de los ejes centrales de la modernización de la Policía Nacional, razón por la cual la Ley Orgánica prevé la necesidad continua de la “profesionalización del personal policial”, es decir, “dotar al personal policial de una excelente formación técnica y ética, y ello sólo se podrá lograr si se empieza por asumir el importante rol que comporta lo educativo, entendido éste no sólo como “formación”, sino también como “capacitación” y “especialización” del personal policial.”

Nos encontramos ante la ocasión óptima de generar una positiva, importante y profunda transformación a fin de que nuestros policías respondan a las expectativas, las necesidades y las exigencias de los ciudadanos y el sector empresarial.

Lo anterior queda plasmado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al establecer que “la instrucción y educación de los miembros de la Policía Nacional es obligatoria, integral, continua y progresiva, desde el ingreso hasta la culminación de la carrera policial”. Para lograr que sus integrantes se sientan orgullosos y que, respecto de quienes la ejerzan la sociedad sienta orgullo, satisfacción y confianza.

Sobre este particular cabe recordar que es un reto para la policía comprender que la formación no se limita a los procesos de reclutamiento e ingreso en la etapa inicial, sino que desde ahora se concibe como un proceso constante en todas las fases de la carrera y va de la mano con los requerimientos del puesto. Además es necesario que la formación de los aspirantes y los “policías en activo” se fundamente bajo una cultura policial en la que prevalezcan las ideas de servicio público, respeto al ciudadano y conciencia de la importancia de las tareas de preservación de la seguridad individual y colectiva, para el desarrollo social, político y económico del país.

Un aspecto formal que debo subrayar del sistema de carrera policial, en la Ley, es que establece el escalafón policial de ascenso al grado dentro de sus niveles respectivos, basado en criterios tales como; antigüedad en el rango, disciplina, y evaluación de desempeño. Estos presupuestos garantizan la eficacia de la institución policial en el desempeño de sus funciones, y por ende supone en principio la erradicación de criterios discrecionales para acceder a la función policial u ostentar una posición de mayor relevancia sin cumplir con los requisitos necesarios establecidos en el régimen estatutario de carrera.

Estamos ante la esperada garantía de que los ascensos tendrán fundamento en la capacidad probada, por lo que asegura que el servidor público, —entiéndase el policía—se desempeñe cumpliendo con eficiencia y eficacia sus deberes y obligaciones. Un policía eficiente será el resultado de una administración sana.

III.- Mecanismos de control y supervisión de la Policía Nacional;

3.1 Rendición de cuentas y transparencia.

La Rendición de Cuentas permite generar una relación de doble vía entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, a través de mecanismos que permitan transparentar la administración policial y la utilización de recursos de interés público. Esto tiene relación con el hecho de que los funcionarios públicos utilizan recursos de todo tipo que no son de su propiedad y por los que se les ha dado una responsabilidad fiduciaria. Además, a través de esto es posible conocer si esta gestión cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la sociedad a la que se debe.

Ahora bien, uno de los factores principales para contar con cuerpos policiales de calidad y confiable es el establecimiento de mecanismos de control a lo interno de la institución para impulsar una administración pública dinámica y moderna y, por ende, una gestión de gobierno policial más transparente, eficaz y eficiente en beneficio de la ciudadanía.

La rendición de cuentas implica transparencia en la Policía Nacional. “Ambos son un binomio virtuoso y necesario para la legitimidad de la policía. En este sentido, uno y otro constituyen un camino apropiado para fomentar una mejor relación entre policía, sociedad, y crear situaciones y relaciones más fructíferas que favorezcan a toda la colectividad. Sin duda, se trata de principios fundamentales de una gestión policial en democracia. La transparencia es un estilo de gestión que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, incorpora de manera transversal a todos los procesos institucionales y, en la mayor medida posible, a las conductas específicas de los agentes que construyen día a día las prácticas y conductas policiales.”

La existencia de estos mecanismos de control (transparencia y rendición de cuentas) en la Ley Orgánica de la Policía Nacional “[es el único modo de mantener la legitimidad y la credibilidad de las acciones policiales] pues alimentan la confianza en la institución policial y, por otra parte, promueven y crean espacios para la participación activa de la ciudadanía”. Por lo tanto, como institución de servicio público, la Policía Nacional “no es ajena a esta responsabilidad y, en ese sentido, deben transparentar su toma de decisiones relacionadas con aspectos de interés público y explicar las consecuencias positivas o negativas de esas decisiones” . La transparencia abre la información al escrutinio público para que la ciudadanía interesada pueda revisar, analizar y, consecuentemente pueda iniciar las acciones legales ante los órganos de control pertinentes.

Lo expuesto supone desafíos importantes en materia de gestión de información a lo interno de la Policía Nacional. Es por esto que, la Ley Orgánica consagra la publicidad, como una de las principales medidas para garantizar la transparencia. Conforme a lo anterior, “la Policía Nacional dispondrá de todas las medidas necesarias para asegurar que la planificación y ejecución presupuestaria, así como los procedimientos vinculados a la elaboración de sus reglamentaciones estén sujetos a publicidad previa a su aprobación” , y así la ciudadanía y el sector empresarial puedan realizar observaciones y/o sugerencias al respecto del asunto que se publicita a fin de evitar el uso abusivo del poder y promover la mayor sensibilidad posible a las demandas y expectativas.

Señoras y señores.

La Ley que estamos analizando se constituye en una poderosa herramienta “que favorece la construcción y consolidación del servicio policial, el cual responde de forma efectiva a los desafíos que imponen las condiciones sociales, económicas y culturales de nuestro país” . Serán los hechos cotidianos de la Policía Nacional las que expresarán su compromiso con el cambio y las transformaciones necesarias para la materialización de un sistema efectivo de rendición de cuentas, tal cual lo prevé la nueva normativa policial.

3.2.- Establecimiento de sistemas de control interno y externo.

La Policía Nacional, al corresponderle garantizar la seguridad ciudadana aspecto inherente al papel del Estado en un régimen democrático, tiene la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública . Esto implica rendir cuentas y someterse al análisis y escrutinio social y democrático sobre sus actuaciones y actividades. Es por esto, que la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece rigurosos sistemas de control, tanto internos como externos, estableciendo tareas y límites claros y diferenciados entre la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos, órganos competentes en sus respectivas materias.

3.3 Control Interno de la Policía Nacional.

Las políticas de control están orientadas tanto hacia lo interno de la institución policial, como hacia su entorno para abordar la cultura de impunidad que suele despertar la desconfianza generalizada en la población hacia la Policía, igualmente a identificar y anticipar las amenazas potenciales y reales, así como reducir riesgos a fin de evitar excesos o distorsiones en el desempeño de la labor operativa y administrativa para un óptimo servicio.

Para cumplir con lo anterior, la ley prevé la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional con el objetivo fundamental de investigar las faltas éticas y morales cometidas por miembros de la institución. Esta instancia permite el seguimiento y mejoramiento necesario para garantizar una función administrativa transparente y eficiente, con el fin de dar cumplimiento a la Constitución, las leyes y normas que regulan la función policial.

El control interno apunta, por una parte, a contrarrestar el espíritu corporativo de cierre y solidaridades policiales, en particular cuando se trata de prácticas normalizadas que lesionan derechos ciudadanos y, por otra parte, a facilitar la participación ciudadana en la gestión policial, a fin de contribuir a su desempeño eficiente conforme a los estándares de una policía en democracia.

Este mecanismo es de vital importancia en la prevención de la corrupción. Es la “policía” de la Policía, con atribuciones importantes de defensa contra la corrupción y el abuso policial. Son indicadores importantes del grado de voluntad de la autoridad policial para responsabilizar y sancionar las decisiones discrecionales sobre recursos humanos que alimentan o propician el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la penetración del crimen organizado, además de otras situaciones menos graves pero también perjudiciales que deslegitiman la institución frente a la ciudadanía.

3.4.- Control Externo de Policía Nacional.-

Otra novedad importante que introduce la ley en beneficio de la ciudadanía y el sector empresarial es la consagración de la participación comunitaria. La misma estará orientada por los criterios de transparencia, corresponsabilidad, decisión informada y adecuación de la prestación del servicio a las expectativas de la población que sean congruentes con la legalidad, la mesura, el equilibrio y dentro del marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.

La Policía Nacional “es una institución que debe ser permanente evaluada por la sociedad” y para este propósito la ley crea Comisiones de Investigación Independientes. Este mecanismo de control externo permitirá la apertura de la entidad para realizar interacción con sectores representativos de la comunidad, medios de comunicación, sociedad civil, gremios y sectores empresariales, para elevar la confianza social de cara a situaciones o casos complejos que ameritan de gran credibilidad.

Estas comisiones acompañarán a las autoridades en el análisis de inconductas de agentes policiales que requieren de la opinión de todos los sectores de la ciudadanía para la determinación de los hechos. Igualmente, sirven como insumo para ajustar proyectos y planes de acción, de manera que se corresponde con las necesidades y demandas de seguridad en la comunidad.

Es importante resaltar que la “policía no es un fin en sí misma, sino simplemente un medio dentro de un sistema democrático que aumenta notablemente el nivel de confianza de la ciudadanía en su servicio policial. Esta confianza pública se basa en dos factores: el primero es la sensación de los habitantes locales de que la policía los protegerá de los delitos y que siempre estará para ayudar en los momentos de crisis; el segundo es una aceptación por parte de la comunidad de que la policía opera abiertamente y con honradez y que es parte integrante de la comunidad.” Además, este mecanismo contribuye a recuperar la legitimidad de la institución, y permite la construcción de espacios de interlocución directa entre los servidores policiales y la ciudadanía

“La confianza ciudadana es indispensable para que pueda existir una investigación criminal exitosa. Dicha investigación necesita, casi en todos los casos, de la cooperación por parte de los posibles testigos de los hechos delictivos. En este sentido, los ciudadanos son una de las principales fuentes de información de los funcionarios de policía y el Ministerio Público. Para que dicha cooperación exista es indispensable que la Policía Nacional inspire respeto y confianza a la ciudadanía. Sin ello, el trabajo de investigación criminal es prácticamente imposible” .

La generación de control social sin duda ha venido a reforzar la rendición de cuentas, ya que se empieza a generar información técnicamente confiable sobre el desempeño policial. Aunque esto es positivo, el gran reto es lograr que las recomendaciones generadas por los esfuerzos de evaluación de la ciudadanía realmente tengan consecuencias sobre el funcionamiento de la Policía Nacional. Esto requiere lograr una mayor apertura de los funcionarios a recibir críticas y recomendaciones por parte de los evaluadores externos.

Este mecanismo representa importantes beneficios para todos al fortalecer la institucionalidad, la legitimidad, confianza y credibilidad, la mejora del funcionamiento interno; mayor incidencia pública, acceso a mayores recursos y su optimización; y fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía y el sector empresarial. Esto garantiza que el trabajo policial se desarrolle de manera organizada y su seguimiento por parte de la ciudadanía sea posible.

V.- Se clarifica la adscripción orgánica de la Policía Nacional al Ministerio de Interior y Policía.-

La Policía Nacional se ubica orgánicamente en el Poder Ejecutivo, como un órgano administrativo cuyos funcionarios y agentes entran en la categoría de servidores encargados de hacer cumplir la Ley. Está adscrita al Ministerio de Interior y Policía, por lo que queda establecido que el Ministro es el funcionario jerárquicamente superior, quien ejerce las potestades delegadas de control y fiscalización, por aplicación de los artículos 134, 138, 139 y 141 de la Constitución. “Hemos de convenir en que el despacho de los asuntos de gobierno, en circunstancias normales, se verifica por vía de los ministerios creados por la Ley, conforme los principios de “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado .”

Es decir, administrativamente, la Policía Nacional es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, y que además corresponde al Presidente de la República la autoridad y mando supremo de las Policía Nacional, disponer de ella por sí mismo o por conducto del Ministerio de Interior y Policía, conforme a nuestro modelo constitucional.

Al hablar de los fines y objetivos de la adscripción orgánica de la Policía Nacional al Ministerio de Interior y Policía se da fiel cumplimiento a un mandato constitucional. Por ende, esta adscripción tiende a convertir la compleja estructura policial actual en una donde se precise responsabilidades funcionales, se corte la duplicidad de funciones y las decisiones fluyan de manera rápida y eficiente, mediante el Ministerio competente.

Lo anterior, debe ser entendido como un proceso que persigue incrementar la eficacia y eficiencia del aparato administrativo estatal en la consecución de todos los objetivos del Estado, a favor de la ciudadanía, en tal sentido, el actual proceso de clarificación de la adscripción orgánica de la Policía al Ministerio competente está estrechamente vinculado con la evolución de la administración pública, definida por el constituyente del 2010.

VI.- Se garantiza la dirección funcional de la autoridad del Ministerio Público en la dirección de la investigación.

La sinergia entre la Policía Nacional y el Ministerio Público es vital para robustecer la investigación y la acción penal pública, en el marco de las atribuciones y competencias constitucionales y legales de cada una de ellas.

Otro los avances de la Ley Orgánica de la Policía Nacional es que establece el marco jurídico que garantiza la dirección funcional de la autoridad del Ministerio Público en la dirección de la investigación “definiendo claramente las funciones y responsabilidades de los encargados de la investigación de delitos, requisito indispensable para que el sistema de justicia penal funcione debidamente. La investigación es el portal de entrada en los tribunales y a menos que se lleve satisfactoriamente, la calidad del proceso judicial subsiguiente será insatisfactoria.” La escasa coordinación de los agentes de investigación se traduce en altos costos económicos en perjuicio de la ciudadanía y el sector empresarial.

La Ley garantiza, a través del expreso reconocimiento la autoridad del Ministerio Público, la dirección funcional de la investigación, un sistema de justicia penal ecuánime y eficaz, uno de cuyos elementos inseparables es la investigación de los delitos , el cual fomenta la confianza del público y lo alienta a respetar el orden público, acorde con lo pautado por los artículos 169 y 255 de la Constitución. De este modo, se despeja cualquier duda en relación al papel del órgano acusador en el sistema de justicia penal, quien le corresponde coordinar en la perspectiva jurídica la labor de los investigadores policiales y contribuir al objetivo de hacer cumplir la ley, evitar la impunidad y lograr acusaciones exitosas.

Esta normativa, además de favorecer la vinculación funcional entre fiscales e investigadores, promueve la especialización y fortalecimiento de la capacidad de investigación y prueba en materia de control del fenómeno criminal. Esto permitirá formar y brindar estabilidad a miles de funcionarios y agentes de policías de modo que puedan no solo reaccionar ante los delitos ya cometidos, sino que por estabilidad relativa en el ámbito de la investigación criminal les sea dable desarrollar labores de inteligencia y diagnosticar el estado de la actividad criminal.

VII. Refuerza el apoyo interinstitucional.

Una reforma policial integral requiere de un gran apoyo interinstitucional y la coordinación de múltiples políticas de gobierno a nivel central y local. De ahí que la ley establece canales de comunicación permanente que aseguren un intercambio de información entre la Policía y las otras instituciones del Sistema de Justicia, así como los órganos de la administración pública que interactúan a gran escala en las políticas de seguridad y bienestar ciudadano.

Por ello, resulta necesario que la Policía Nacional puedan ir superando los modelos burocráticos de compartimentación sectorial para desarrollar mecanismos organizacionales sistémicos, vinculados y de trabajo en red, propios de una administración moderna. La inteligencia policial y la articulación y coordinación de las distintas instituciones dedicadas al control del crimen son importantes para la contención y reducción de la criminalidad y la violencia.

VIII. Elimina la asignación de agentes policiales a servicios particulares.-

Con el propósito de redirigir el servicio policial a sus fines naturales, la nueva Ley regula con mayor rigor los funcionarios a quienes pueden serles asignados agentes policiales para su protección. Para ello se establece un proceso claro de asignación, así como un límite de 4 agentes para los altos funcionarios. Además, todas estas informaciones han de ser publicitadas, para evitar acciones discrecionales en la asignación de agentes, como ha pasado en innumerables ocasiones en nuestro país.

Asimismo, se prohíbe el uso de agentes para fines distintos a los asignados en el artículo y proscribe asignar agentes policiales para asuntos privados, salvo por mandato judicial, en caso de que sea necesario para su protección como víctimas o testigos claves de un proceso judicial. La asignación de personal al cuidado de instituciones y personalidades particulares privadas, disminuyen aún más la limitada disponibilidad operativa de la Policía Nacional, acciones como estas generaban altos costos económicos y comportamientos negativos o incidentes de abuso frente a la ciudadanía. Es por esto que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, destierra estas prácticas que desvirtúan la función per se de cada agente policial.

En este contexto, la modernización de la Policía Nacional debe constituir un compromiso articulado en torno a unas estrategias que propicien una administración eficiente, que ofrezca servicios de calidad a los ciudadanos y que potencie la participación, transparencia y la colaboración de la sociedad y que dé respuesta a las necesidades sociales. El gran reto en el territorio consiste en lograr una plena armonización intersectorial, en la que no solo se compartan responsabilidades y tareas, sino también se impongan metas de actuación conjuntas.

Señoras y señores.

Si algo queda claro de todo lo anteriormente expuesto, es que corresponde a las autoridades públicas, poderes y órganos del Estado, la principal responsabilidad de garantizar la tan anhelada modernización de la institución policial y, por ende, de que a través de esto se generen incidencias y mejorías en el clima de seguridad ciudadana de la República Dominicana.
Uno de los más grandes desafíos que tiene la institución policial —a partir de ahora— es la promoción permanente de los valores y principios institucionales. Incluso cuando se logren exitosamente la profesionalización auténtica, las condiciones laborales dignas y satisfactorias, la vigilancia y el control idóneos, y la coordinación máxima, hará falta algo a lo que le dan importancia las organizaciones públicas y privadas más exitosas: la promoción de los principios y valores inherentes a los objetivos institucionales.

Ciertamente hemos avanzado, pero aún tenemos grandes retos institucionales por delante. Habida cuenta de que “la globalización de la economía ha traído aparejada la globalización del delito y la delincuencia”, que el crimen organizado es cada día más agresivo y sofisticado, a lo cual no escapa nuestra sociedad, se hace más imperioso que nunca apoyar la reforma policial.

Los dominicanos debemos cerrar filas en la lucha contra la delincuencia y respaldar todas las medidas e iniciativas que, con apego a la ley, adopten los poderes públicos. El Gobierno Central debe dotar a la Policía Nacional de mayores recursos, equipos de transporte, de comunicación, construir más cuarteles en las zonas residenciales, mejorar sus técnicas y equipos de investigación y aumentar los niveles de formación miembros.” .

El reto aquí a priori parece resultar ser el de enfrentarse a los cambios necesarios para alcanzar el nivel de mejora deseable que exige la sociedad. Planificar las estrategias, gestionando los tiempos en función de la capacidad de cambio de la institución. Se deben aportar los medios adecuados y en el momento requerido para el éxito.

Un policía improvisado, empírico o incompetente, será sustituido por el policía profesional y especializado. En suma, el reto es el control y planificación de las políticas públicas con el fin de elevar los niveles de las personas y así controlar el mundo criminal, para que haya mayores garantías de seguridad pública

Recordemos que los policías no tecnificados son susceptibles de ser sobornados por los violadores de la ley, mientras que un policía bien formado, remunerad y entrenado, con el uso de la tecnología de primer nivel, con recursos y medios suficientes para su trabajo, con garantías y derechos protegidos, no tendrá de otra que hacer su trabajo profesional y buscar el bien común, utilizando las leyes como fundamento de su actuación policial. Ese es, y será, el policía de esta época de cambios, un policía profesional, inteligente y especializado. En este contexto, el policía moderno, tendrá que ser bien renumerado, sus resultados en el trabajo, serán la llave para su legitimidad social.

El reto es crear un clima social y cultural proclive al compromiso de los policías con el cambio y a su participación, involucramiento y responsabilidad en el proceso de reforma. Para reforzar la gobernabilidad y democratización del Estado, se hace necesario incorporar acciones tendentes a asegurar el desarrollo integral y eficaz del proyecto institucional” de la Policía Nacional.


Servio Tulio Castaños G.
27 de octubre del 2016.

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