Localizadores electrónicos en el sistema penal dominicano

Dicurso central el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

17 de noviembre de 2016

 

La justicia penal ha ido evolucionando a medida de que avanzan los tiempos. Aunque reconocemos que quedan ciertas reminiscencias de los métodos inquisitorios, formalmente se han hecho grandes esfuerzos por instaurar con claridad un sistema acusatorio que promueva la eficiencia, el acceso, que incida en la seguridad ciudadana y, ante todo, responda a la búsqueda de la verdad procesal. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que estos avances han ayudado sustancialmente en el día a día del sistema de justicia penal.

Desde que en nuestro país se inició la reforma procesal penal, la Fundación Institucionalidad y Justicia fue pionera en dar cuanto respaldo fuere necesario para impulsar este proceso. Podemos decir que desde aquel momento el cual marcó un antes y un después en el sistema penal dominicano, hemos trabajado incansablemente para que todos los actores del sistema hicieren suya la nueva norma procesal penal, en ese entonces.

 

La inserción del Código Procesal Penal al ordenamiento jurídico dominicano generó una serie de transformaciones destacables en las formas que se aplicaba justicia. Una de ellas fue la inclusión de las distintas medidas de coerción, especialmente aquellas encontradas en un estadio distinto a la privación de libertad, es decir, que reafirmaron la esencia acusatoria a la que se abocó la legislación procesal.

 

En este sentido, quisiéramos hacer énfasis específicamente en la medida contenida en el artículo 226, numeral 5 del Código Procesal Penal: la colocación de localizadores electrónicos en los imputados. “En la búsqueda de la modernización del sistema de justicia penal, gobiernos de todo el mundo han adoptado el uso de brazaletes electrónicos de vigilancia como medida alternativa a la prisión[1]”, por tanto el hecho de acoger este tipo de métodos es una muestra contundente de la justificación primaria y global de acompañar esta alternativa.

 

Tomando en cuenta la potestad sancionadora por parte del Estado o “ius puniendi”, jurídicamente dicho, deben existir expresiones legales capaces de permitir la consecución de la justicia sin que medie la violencia y preservando la integridad física de a quien sea impuesta tal o cual medida. Allí nace la colocación de localizadores electrónicos, entre otros instrumentos cautelares que trataremos en otra ocasión, pero que revisten suma importancia.

 

El incremento de la inseguridad ciudadana, las deficiencias del sistema de justicia, la vulneración de derechos fundamentales en los procesos penales y el aumento de la comisión de delitos que afectan a la ciudadanía, tales como la violencia de género, los homicidios y los robos, por citar algunos ejemplos, no ha sido resuelto por la imposición excesiva de la prisión preventiva en los juzgados competentes. Mientras que, “la eficiencia y fiabilidad de la colocación de localizadores electrónicos han sido probadas en los países desarrollados que tienen una tradición de respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, como Suecia[2]”.

 

Son innumerables los argumentos que motivan la implementación de esta tecnología, entre ellos: la garantía del progreso tecnológico de la justicia penal, permite a la persona seguir viviendo en su entorno familiar, el control de la libertad condicional y la prisión domiciliaria, la mejoría sustancial en el control de las órdenes de protección, es menos costoso que la prisión y, de este modo, protege la intimidad del usuario[3].

 

En el año 2014 la Procuraduría General de la República, hizo público la ejecución de un reglamento para servicio de localizadores electrónicos. Sin embargo, somos de opinión de que para hacer verdaderamente efectivo este mecanismo de control cautelar debe ser asumido por todos los actores del sistema y socializado para toda la ciudadanía.

 

La garantía de funcionamiento de los localizadores electrónicos está en la generación de diálogos de este tipo, los cuales fomentan el conocimiento de estos importantes avances en materia penal e invitan a la reflexión de lo sustantivo. De manera que, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia agradecemos su presencia en este espacio y esperamos que asumiendo éste y otros temas, podamos seguir contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y del Estado Social y Democrático de Derecho.


[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El uso de brazaletes de monitoreo electrónico como alternativa al encarcelamiento en Panamá. 2013. P. 2. [Documento en PDF].

[2] UNODC. Manual de principios básicos y prácticas prometedoras en la aplicación de Medidas sustitutivas del encarcelamiento. 2010. P. 40. [Documento en PDF].

[3] Ver otros argumentos en: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ibídem. P. 5.

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