Nueva Ley de Contrataciones Públicas: un paso hacia la transparencia y el desarrollo
La contratación pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. A través de este sistema, el Estado canaliza una parte significativa del gasto público, incidiendo directamente en sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación, turismo, energía, agricultura y telecomunicaciones.
En este contexto, la aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, acompañada de su reglamento de aplicación ya aprobado, representa una reforma estructural largamente esperada, que permitirá una implementación inmediata, ordenada y coherente del nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, fortaleciendo la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El nuevo marco normativo surge como respuesta a las limitaciones evidenciadas durante más de dieciocho años de aplicación de la Ley núm. 340-06, la cual resultó insuficiente para garantizar un uso eficiente, transparente y estratégico de los recursos públicos. Entre sus principales debilidades se encontraban la permisividad del fraccionamiento de procesos, la delegación irregular de competencias, la falta de autonomía del Órgano Rector y un régimen de consecuencias débil, factores que favorecian prácticas discrecionales y distorsiones de carácter clientelista.
La nueva legislación introduce reglas claras, modernas y alineadas con estándares internacionales de integridad pública y derecho administrativo. Establece principios transversales de planificación, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas contractuales, fortaleciendo la seguridad jurídica y el clima de inversión, tanto para empresas nacionales como extranjeras.
Entre sus principales beneficios se destacan la prohibición expresa del fraccionamiento de contratos, la delimitación precisa de las modalidades de contratación según cuantía, objeto y características, así como la regulación rigurosa de las declaratorias de urgencia y emergencia, eliminando ambigüedades que históricamente han servido como vía para la discrecionalidad. En este sentido, la ley establece criterios objetivos y excluye expresamente fundamentos que no pueden justificar una contratación de urgencia, reforzando los controles preventivos contra la corrupción.
Asimismo, el proyecto fortalece el rol institucional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dotándola de mayores capacidades técnicas, normativas y de fiscalización, e incorpora mecanismos de control interno, externo y social, incluyendo la participación de la ciudadanía organizada. La obligatoriedad de la publicidad de los procesos, la trazabilidad tecnológica y el acceso a la información consolidan un sistema más abierto y verificable.
Un aspecto especialmente relevante es la incorporación de políticas de inclusión y desarrollo productivo. La ley establece una reserva presupuestaria del 30 % para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), destinando un 10 % de ese porcentaje a empresas lideradas por mujeres. Esta medida no solo promueve la equidad, sino que fortalece el tejido productivo nacional, impulsa la innovación y genera empleo, contribuyendo a un crecimiento económico más sostenible e inclusivo.
De igual forma, se introducen herramientas modernas como los acuerdos marco para la adquisición eficiente de bienes y servicios de uso frecuente, permitiendo economías de escala, reducción de costos, mayor eficiencia administrativa y mejor gestión de riesgos. La regulación detallada de la administración, modificación, ejecución, suspensión y extinción de los contratos llena vacíos históricos del marco normativo vigente y ofrece soluciones claras ante conflictos administrativos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha desempeñado un rol clave en este proceso. Durante más de una década, ha impulsado de manera constante la reforma integral del sistema de compras y contrataciones públicas, aportando análisis técnicos, propuestas normativas y espacios de diálogo multisectorial. Muchas de las disposiciones contenidas en la nueva ley responden a recomendaciones orientadas a consolidar una cultura de transparencia, legalidad y buen gobierno.
En definitiva, la nueva Ley de Contrataciones Públicas no es solo una actualización normativa, sino una apuesta estratégica por un Estado más eficiente, íntegro y orientado al desarrollo. Su aprobación y adecuada implementación marcarán un antes y un después en la gestión del gasto público y en la confianza ciudadana en las instituciones, sentando bases sólidas para el crecimiento económico y la justicia social en la República Dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
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