COMENTARIOS DEL DR. SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE FINJUS

Las palabras de Doña Milagros Ortiz son contundentes porque siempre están al servicio de la coherencia entre el pensamiento y la acción. Su trayectoria pública de décadas muestra que la política puede y debe ejercerse con un riguroso apego a la verdad, a la ética, al bien común ya la construcción de nuevos espacios para la democracia, la justicia y la equidad.

Estas no son palabras al viento. Ni para agradar.

Ella nos recuerda hoy algunas líneas maestras del pensamiento ético-democrático, que son como luces que nos orientan en la oscuridad moral que predomina en algunos sectores, aquí ya nivel mundial.

Que el bien común solo puede crecer y brillar a través de una administración pública apegada y garante de la Constitución, las leyes, los reglamentos y otras normas, para fomentar la confianza mutua entre el estado y la sociedad, donde descansa la sana gobernanza.

La confianza social y la legitimidad escasean donde reina la corrupción.

Pero no pueden florecer tampoco donde la opacidad, lo difuso y ambiguo, prevalecen.

Como deja establecido Doña Milagros, contamos con leyes esenciales para protegernos de la corrupción.

Algunas de ellas, sin embargo, tienen graves debilidades, que permiten que algunos malos dominicanos persistan en la cultura de décadas, que les ha permitido enriquecer a costa del Estado, parasitando el bien común y haciendo más profunda la pobreza y la desigualdad.

Durante años, nos hemos referido a la urgencia de reformar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, a la que hemos definido como el instrumento más eficiente que fue ideado para mantener el clientelismo político y la falta de claridad en el sistema democrático.

En las últimas semanas, sin embargo, me he convencido que la simple reforma de esa Ley sería un retroceso y un golpe mortal para la democracia dominicana. Hoy se requiere de una Nueva Ley de Compras y contrataciones.

En este sentido tenemos grandes esperanzas de que con la voluntad política que se muestra, nutrido por el esfuerzo de funcionarios como Doña Milagros, muy pronto tendremos esa Nueva legislación.

Uno de los juristas que más admiro a nivel internacional es el Dr. Jaime Rodriguez Arana, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña y Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, a quien hemos invitado al país en varias ocasiones.

De sus exposiciones en los eventos que FINJUS ha organizado, hemos aprendido que la transparencia administrativa en una sociedad democrática es la clave que garantizará siempre una Administración más visible, comprensible y accesible en sus relaciones internas y con la sociedad. Lo podemos encontrar como un principio básico en cualquier manual de Derecho Administrativo o en cualquier código deontológico de función pública.

Hemos aprendido de su mano que para conseguir un alto nivel de transparencia administrativa, en los distintos campos del sector público, es indispensable aplicar medidas y formulaciones organizativas y normativas, pero él siempre advierte que esas medidas y normas no lo son todo.

Realmente, tal como lo ha planteado Doña Milagros en su intervención, lo fundamental son las ideas y el comportamiento de las personas al servicio de la Administración pública, por lo que es imprescindible un comportamiento ético y crear un ambiente en el que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales y colaborar con la propia Administración en la gestión de los intereses públicos.

Estamos convencidos de que la opacidad y la corrupción, golpean y reducen nuestra libertad individual y colectiva, porque dañan el interés general en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, porque allí es donde reside el ejercicio de las libertades y de la solidaridad.

En otras palabras: Mi libertad es sagrada, pero solo es posible cuando los demás también lo son y esto es imposible en una sociedad donde la mayoría está privada de alcanzar los beneficios sociales que la Constitución y las leyes los proclaman como derechos inherentes a la dignidad de las personas.


Finalmente en los momentos actuales, el ejercicio de una administración pública orientada hacia el servicio en base a códigos de ética con valores bien definidos y al alcance de todos, debe convertirse en una buena herramienta para promover la transparencia y por ende, la gobernanza democrática. Para decirlo con las palabras del Maestro José Martí: ''Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones''.

Y esto solo podrá alcanzarse con directivos y funcionarios en los órganos públicos comprometidos con la integridad en cada uno de sus actos.