Colegio Dominicano de Notarios
Apertura del Diplomado de Aspirantes a Notarios
Conferencia Magistral “El rol de la ética en la consolidación de la democracia dominicana”, a cargodel Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
7 de marzo, 2026
Distinguidos integrantes de la Mesa Principal
- Dr. Jhon Richard Paniagua Feliz, Presidente del Colegio Dominicano de Notarios
Señoras y señores:
Agradezco muy sinceramente la distinción que me otorga el Colegio Dominicano de Notarios, en la persona de su Presidente Jhon Richard Paniagua Feliz, al invitarme a ocupar este podio en el marco de la apertura del Diplomado de Aspirantes a Notarios, con la encomienda de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre El rol de la ética en la consolidación de la democracia dominicana, que hemos ido construyendo a partir de las vivencias y lecciones aprendidas desde mis responsabilidades en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Sin embargo, no puedo separar esa experiencia de mi condición de abogado, académico y sobre todo como notario, miembro de una familia donde las ciencias jurídicas han sido el centro de su ocupación, lo que viene desde mis padres y abuelo.
Al recibir la invitación a participar en este importante evento, busqué los mejores argumentos para destacar el rol del quehacer ético, responsable y comprometido que deben jugar los profesionales del derecho y especialmente quienes ostentan la condición de notarios, para aportar a la construcción de la casa común de la democracia y el Estado de Derecho en una sociedad marcada, desde el mismo instante de su fundación como República, por una lucha constante entre fuerzas que han defendido posturas muchas veces antagónicas sobre aspectos medulares que están vinculados con derechos, soberanía, paz y desarrollo.
Sé también que en sus mentes habitan preocupaciones sobre el futuro de la viabilidad y capacidad de desarrollo de nuestra sociedad, que aspira a consolidar nuestra vocación democrática y el anhelo imperecedero de vivir en paz y libertad.
Cualquier observador objetivo de la realidad dominicana, y especialmente del funcionamiento de las instituciones democráticas, advierte que entre los déficits y limitaciones más agudos que como sociedad organizada confrontamos se encuentra la falta de confianza en las instituciones.
No es una crisis de identidad, porque desde hace 182 años nos organizamos como una república unitaria, con instituciones que han perdurado en el tiempo, pero que en los diferentes periodos históricos en que podríamos dividir su trayectoria, ha mostrado gran debilidad e incoherencia para hacer que, los actos de cada uno de los poderes públicos que componen el Estado, exprese los principios básicos sobre los que se erige el sistema democrático representativo.
Para poner un solo ejemplo, una rápida mirada alrededor nos muestra que la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de responsabilidad constituyen puntos negativos en nuestro sistema democrático. Observamos que la falta de coherencia entre el discurso y las promesas electorales se repiten constantemente, independiente de los colores, ideologías y trayectorias de los aspirantes.
Si a esta realidad le sumamos que algunas de las reformas clave que ideamos para avanzar en el camino de la integridad en las instituciones, como es el caso del sistema de justicia, no se han profundizado o en algunos casos, han retrocedido a estándares que debimos superar hace tiempo. Y lo anterior podría extenderse sin dificultad a sistemas interinstitucionales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, los servicios básicos ligados a derechos fundamentales, donde observamos conductas que reflejan la falta de coherencia y coordinación en el camino de que los principios plasmados en nuestra Constitución se encarnen en cada acto de las instituciones y en cada hombre o mujer con responsabilidades en la administración pública.
No es nuestro propósito hacer una enumeración acabada del conjunto de síntomas que reflejan ese dramático cuadro de carencias de la democracia, sino plantearles algunas reflexiones sobre uno de los ejes que consideramos más importantes para contribuir a su mejoramiento.
Nos referimos a la dimensión ética de la democracia, aspecto que lamentablemente ha sido apartado de la discusión de la agenda pública nacional, ya que las grandes estrategias, programas y políticas le asignan un rol secundario como factor que podría contribuir a superar nuestras deficiencias.
Nuestro punto de partida es que en la República Dominicana existe una grave crisis ética, tanto pública como privada, que se expresa en el hecho de que el Pacto Ético Fundamental que debería unir a todos los sectores como base para el desarrollo está fracturado y no tenemos a la vista las vías o la voluntad para reasumirlo.
Sin un Pacto Ético fuerte, la democracia dominicana no tiene futuro. Sin un compromiso serio y firme de las élites políticas que dirigen el país con la ética, que cuente con la participación y el consenso de la ciudadanía y sus representaciones en la comunidad jurídica, de los ámbitos empresarial, y eclesial, tendremos grandes limitaciones para encontrar soluciones a largo plazo de nuestros déficits.
La democracia ha ido creando desencantos y desafecciones por doquier.
Ha conquistado una merecida fama negativa por sus inconstancias, sus incoherencias y desatinos que se expresan de forma variada pero sostenida en los últimos años. Sin querer opinar sobre casos, situaciones y conflictos, muchos de los cuales se encuentran en sede judicial, o son ventilados por los medios de comunicación tradicionales y agravados por las fuerzas ocultas de las redes sociales, un diagnóstico sereno señala que debemos actuar con premura.
Pese a todas sus inconsistencias, las últimas generaciones de dominicanos siguen apostando por la alternabilidad en el poder, la integridad gubernamental y la responsabilidad de las personas a quienes les hemos dado las funciones de representarnos en el ejercicio de los poderes públicos y se comprometieron a acatar la constitución y las leyes.
Por ello el pueblo dominicano no vaciló en defender la democracia en las coyunturas oscuras que nos tocó vivir hace algunos años, cuando algunas personas o sectores apostaban al caos y la intranquilidad social para ganar o aumentar su poder o influencia.
El fortalecimiento de nuestro régimen político democrático, la adecuación de sus leyes, normas y regulaciones, el mejoramiento de su arquitectura en áreas tan disimiles como los sectores financieros, comercial o educativo, hablan de nuestra intención como Nación de convertirnos en un punto de referencia en la región y alcanzar la potencialidad de competir con países similares en el mundo globalizado que se construye. Y como reflejan los anuncios en los medios de comunicación somos en esencia un pueblo trabajador, amante de la paz, hospitalario y solidario.
Valoramos la democracia en su doble vertiente de régimen político y como forma de sociedad.
En cuanto a su régimen político el país ha alcanzado significativos avances y desarrollos, que son el resultado de la combinación de factores internos y exógenos, cuya enumeración no es el objeto de esta exposición. Lo cual ha dado lugar a reformas institucionales y legales que han impregnado de mayor dinamismo a algunas áreas sociales y económicas.
Pero no ha sido así en el plano de lo político, donde tenemos grandes riesgos de involución. Un ejemplo típico es la resistencia que han mostrado los partidos políticos a ser controlados socialmente, a transparentar los recursos públicos que manejan para ser la representación idónea de los anhelos ciudadanos y dejar de ser fines en sí mismos, lo que contradice la misión que les asigna la Constitución vigente, que no es otra que la de ser órganos privilegiados para la expresión de la representación popular.
Esto se debe seguramente a la ambigüedad que encontramos en torno al contenido de la “democracia”, permitiendo que en su nombre se realicen aventuras descabelladas que nada tienen que ver con la esencia representativa que inspiró este sistema desde hace 237 años a nivel mundial.
En nuestro país los desencantados y desafectos de la democracia le critican cómo se manipula con el poder de la mayoría, así como los vaivenes de la representación del pueblo en la política y, como corolario, la forma como se ha reducido el poder de los ciudadanos.
Nos plantean que nacimos en el marco de una visión de la democracia que hacía énfasis en la idea de que la mayoría, al expresarse en las contiendas electorales, tenía por ello el monopolio de los recursos y la verdad en el seno de la democracia, llegando a extremos de que incluso se proclamaban como los representantes de toda la sociedad.
Argumentan los críticos de la democracia que se reduce el contenido de nuestro régimen al considerar que las elecciones son el único criterio de legitimidad social. Por eso hacen notar que no es raro que algunos políticos se quejen de las críticas de la sociedad, la comunidad jurídica o del mundo académico por sus acciones u omisiones, al tiempo que responden dichas críticas planteando que los críticos funden partidos para que su acción sea socialmente aceptada.
Es claro que mientras el sistema de partidos no exprese nítidamente la voluntad popular y se continúe creando las situaciones de descrédito, como sus conflictos permanentes o la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, tendremos altos índices de descontento, apatía e indiferencia popular hacia el sistema electoral y político.
Sin embargo, valoramos que, pese a sus deficiencias y ambigüedades, los partidos siguen siendo la mejor forma de representación popular. Porque tal como plantea el prestigioso filósofo español Daniel Innerarity, “una sociedad es democráticamente madura cuando ha asimilado la experiencia de que la política es siempre decepcionante y eso no le impide ser políticamente exigente. La política es inseparable de la disposición al compromiso, que es la capacidad de dar por bueno lo que no satisface completamente las propias aspiraciones. Está incapacitado para la política quien no tiene la capacidad de convivir con ese tipo de frustraciones y de respetar los propios límites. Nos han enseñado que esto es lo que hace de la política algo irresponsable y fraudulento, pero deberíamos acostumbrarnos a considerar que esto es lo que la constituye”.
Por eso nuestra preocupación va en la dirección de establecer las condiciones para que en el marco de esta democracia real se logren los objetivos y metas que la Constitucion define para todos los dominicanos y dominicanas.
Consideramos entonces que la ética pública puede convertirse en un instrumento especial para situarnos en una mejor posición para acercar la política a la ciudadanía, el Estado con la sociedad y que la transparencia y la justicia contribuyan a crear las bases para nuestro desarrollo.
Existe cada vez mayor preocupación sobre el rol de la ética, tanto pública como privada, en el mundo actual, debido a una serie de problemas que confrontan los Estados alrededor del mundo, desafiando la antigua lógica que dividía a las sociedades entre modernas y premodernas. Por doquier surge la inquietud de definir una conciencia moral de la esfera de la política y la sociedad, como una forma concreta de poner límites al poder público, en base a consensos sociales, leyes y normas constitucionales.
En todas partes se insiste que en el manejo de los asuntos públicos y la eficiencia es compartida entre los gobiernos y la sociedad, para lo cual se hace imperativo elaborar un conjunto de principios éticos con vocación de obligatoriedad.
Lo anterior nos lleva a la discusión de si efectivamente la acción pública puede ser dirigida por principios éticos, que tengan como efecto la creación de un marco común que beneficie el desarrollo humano y social sobre la base del interés general, al cual deben subordinarse los intereses particulares.
En ese mismo marco encontramos que la población se queja de los déficits que arrastramos en materia de la prestación de los servicios sociales, que predomina la pobreza pese a las cuantiosas inversiones realizadas y que adicionalmente han aparecido graves problemas sociales como los altos niveles de percepción de inseguridad o las violaciones a los derechos fundamentales de la mayoría.
Lo anterior ha generado un agudo ambiente de incredulidad a nivel mundial sobre la posibilidad de que las élites políticas y gubernamentales pudieran aceptar los principios éticos que están de base en los regímenes políticos basados en la democracia.
Estos problemas se expresan además en el deterioro de las instituciones políticas, la desconfianza en sus decisiones o políticas públicas, su alejamiento de las bases del poder real que es el pueblo y el sentido de extrañamiento que las mayorías sienten con relación a ellas. Pero de manera particular una gran preocupación es la eficacia de la ética pública, es decir, el sentido de su utilidad en términos del desarrollo social.
Se ha señalado que este renovado interés por la ética pública responde a la necesidad de producir cambios tanto en la actitud como en la articulación de una conciencia moral que guíe las tareas de las instituciones y funcionarios públicos para que ellas respondan a criterios de responsabilidad, transparencia y apego a los principios éticos.
Esta acción conlleva dos operaciones diferentes pero concatenadas: primero, la lucha contra la corrupción tanto en el Estado como en el ámbito privado, y como contrapeso, el diseño e implementación de políticas públicas que efectivamente impacten en el mejoramiento de los estándares de vida de la población.
El primer aspecto, de la lucha contra la corrupción,las ha llevado a priorizar en los últimos tiempos la adopción de códigos de ética pública, que definen normas precisas que regulan los comportamientos indeseables y perjudiciales a la eficiencia y el patrimonio de los entes públicos, bajo el entendido de que dichos códigos están sustentados en valores morales que son universales.
En cierta medida estos códigos de ética pública reflejan la creencia de que los funcionarios se ven afectados en su probidad por el desconocimiento de dichos principios, y aunque son deseables y necesitan ser perfeccionados, es una discusión pendiente si su efectividad es real para prevenir la corrupción, fortalecer las instituciones y facilitar el ejercicio de un sistema de consecuencias contra quienes violan las leyes en esta materia. En este último campo se enmarcan los sistemas judiciales que, por su naturaleza, están obligados a usar los códigos penales para enfrentar los tipos específicos de delitos y crímenes.
Pero es indudable que en el ámbito de la ética, nos concentramos en un conjunto de conductas que el ser humano opta o decide de acuerdo a las normas morales prescritas y que tienen validez en un momento determinado de una sociedad concreta y al mismo tiempo la diferenciamos de la ética pública, que es el conjunto de valores y conductas con responsabilidad que están relacionados e interesan a diversos sujetos políticos, gubernamentales, empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en un marco institucional, para favorecer las metas sociales, la libertad y la igualdad.
Lo anterior nos conduce a la consideración de lo público y lo privado como referentes de la ética pública.
Una de las grandes tensiones que se discuten modernamente en el campo de la ética es la delimitación entre lo público y lo privado. Sin entrar en disquisiciones acerca de su origen, esta distinción tiene un alto sentido práctico y jurídico, con implicaciones inmediatas en términos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la democracia.
En las experiencias sociales que reflejan conciencia social sobre estos temas, un aspecto que se destaca es la importancia de ponderar conjuntamente lo público y lo privado como dos caras de una misma acción que busca organizar la vida social para alcanzar la conducción del destino de nuestras naciones, en función de estructuras y responsabilidades mutuas. Así como nadie puede mantener que lo público es exclusivo de la sociedad política, lo contrario, es decir, que lo privado debe asumir la gestión de la política tampoco puede ser una verdad, debido a los vasos comunicantes que existen entre lo público y lo privado en el día de hoy.
Un ejemplo de ello es la reestructuración de los elementos económicos en manos del Estado, dando lugar a una mayor intervención del sector privado en estas áreas, al tiempo que el sector público ha reforzado su rol regulador y de control legal del funcionamiento económico global.
Se reconoce que pese a las diferencias de las lógicas en que intervienen los sectores público y privado en la actividad económica, por ejemplo, existe una base moral que debe ser compartida por todos los individuos e instituciones, a fin de garantizar que las acciones que se realicen estén apegadas a principios y normas generales, las cuales se expresan en la Constitución y las leyes.
Hay un aumento de la atención en el rol de las instituciones públicas precisamente porque su misión es garantizar que en base a principios sociales consensuados, como la equidad y la justicia, los beneficios de la explotación de los recursos y las acciones de todos los sectores contribuyan al desarrollo colectivo. Contrario al enfoque que predominó hace décadas, la regulación del Estado debe contribuir a desarrollar las potencialidades, autonomía y competencia de los sectores privados, al tiempo que fortalece su presencia directa o como observador en los procesos sociales más significativos.
En nuestra Constitución se reconocen valores esenciales de la vida democrática, como la igualdad, la solidaridad y la justicia, cuyo rol es garantizar que los planes, programas, metas o estrategias que se definan permitan el logro de los intereses generales a los que se debe el Estado, así como los propósitos particulares de los sectores sociales diversos, en un marco de valores que respeten los derechos de las personas y la responsabilidad de los entes institucionales, cuya misión es garantizar su ejercicio.
La calidad pública de la ética pública.
La ética pública constituye un área prioritaria para el desarrollo institucional de la administración central de los Estados democráticos. Su importancia resalta por las deficiencias morales de funcionarios que, pese a la gravedad de los delitos cometidos contra el patrimonio del pueblo, se benefician mediante esquemas y prácticas complejas, que hace prevalecer conductas como el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, el cohecho y el peculado, así como otros nuevos indicadores internacionales, como son el despilfarro de recursos, el patrimonialismo y el clientelismo, que en nuestro medio lamentablemente, en muchos casos, han pasado a ser inherentes al ejercicio de la función pública.
Es evidente que requerimos con urgencia de instrumentos como los códigos de ética, que impulsen el surgimiento de una moralidad pública basada en el compromiso y la responsabilidad, que se exprese en consecuencias concretas ante la violación de las leyes, al tiempo que fomente la toma de conciencia de quienes dirigen y forman las organizaciones estatales.
Este compromiso estatal debe abarcar a una diversidad de actores que al asumir sus responsabilidades éticas refuerzan la calidad de la administración pública, especialmente en la erradicación de una gama de ilícitos, entre los que se encuentran:
- Quienes obtienen favores por facilitar la asignación discrecional de concesiones, contratos y similares.
- Los responsables de órganos reguladores que por su inacción o colaboración provocan crisis financieras o económicas que reducen la calidad de vida de amplias mayorías.
- De sectores de la población que han aceptado el soborno como un “mal necesario”, al que califican de inevitable y componente de las reglas implícitas de la administración pública, dañando la integridad de las instituciones públicas y del ser humano, fomentando un ambiente de impunidad.
Naturalmente, los actores estatales y sociales envueltos en estas conductas deben ser calificados en base a su propia responsabilidad moral, al tiempo que promovemos la idea de que la ética pública abarca mucho más que la simple moralidad de cada uno de los funcionarios públicos. Existe un vínculo que no puede disociarse entre los actores sociales y estatales, ya que ambos expresan la magnitud y el carácter de la crisis moral que aqueja a la sociedad y que tiene su mejor ejemplo en la inobservancia de las leyes y la cultura de que “la ley se acata, pero no se cumple”. A este aspecto se une la falta de políticas públicas que contribuyan a crear y mantener sistemas de integridad individual y colectiva en los organismos públicos, como un indicador que debe propiciar la mejoría de la calidad del rendimiento de las instituciones.
Estamos convencidos de que la adopción de leyes que materialicen los principios constitucionales ligados con la probidad, implica que propiciemos la difusión de valores éticos en la vida pública, por su capacidad de orientar y comprometer al mismo tiempo a los responsables de la administración pública y a los diferentes sujetos sociales.
Como correctamente han planteado las reconocidas filósofas españolas Victoria Camps y Adela Cortina y otros destacados autores, la promoción de los valores ligados al sentido de la integridad, del deber público, el servicio y la honestidad, tienen el efecto de incrementar la confianza en la administración estatal, mientras producen un efecto contrario la prevalencia de valores como la deshonestidad, la irresponsabilidad, la inequidad y similares, porque estos últimos propician el deterioro de la responsabilidad ética, generando la desconfianza y la apatía social que conducen al socavamiento del régimen democrático.
El Estado y la clase política deben, pues, estimular el florecimiento del sentido de la responsabilidad en todas sus dimensiones, es decir, en los ámbitos de lo público, lo político y lo ético. Esta tarea debe ser compartida tanto por el gobierno como por la sociedad en general, las instituciones de educación superior, la comunidad educativa y sobre todo en la comunidad jurídica, así como la población, de forma que la gestión pública tenga como resultado un ambiente de eficacia, equidad y justicia en todos los órdenes, para incrementar la legitimidad y el consenso en la adopción de políticas públicas y nuevas leyes.
El fortalecimiento del régimen democrático está directamente relacionado con la adopción y promoción de una ética pública y ciudadana que priorice el cumplimiento de las leyes vigentes, y se atienda, oportunamente, con calidad y probidad institucional las demandas ciudadanas. Afortunadamente para el país, hemos adoptado en los últimos años un conjunto de leyes que facilitan el acceso a la información pública y se han creado mecanismos de observación ciudadana sobre áreas clave de la gestión de los organismos del Estado, pero es justo reconocer que esta labor apenas se está iniciando.
La adopción de valores y principios éticos y la promoción de su cumplimento como una prioridad en el Estado, así como en las áreas del sector privado que están directamente ligadas con ella, incrementarán la legitimidad social y la comunicación de la ciudadanía con las instituciones claves del sistema, facilitando la corresponsabilidad de los ciudadanos e integrantes de la sociedad civil, desde una perspectiva participativa. En edsta área es eseccial la labor dela Carmara de Cuenats.
Cada cierto tiempo la sociedad observa la falta de consenso que trasluce la aprobación de ciertos instrumentos económicos o de planificación social, como es el Presupuesto General de la Nación, en medio de fuertes críticas por la permanencia de prácticas clientelistas u opacas, las cuales se incrementan por las debilidades de códigos de conducta que orienten la actividad estatal hacia la integridad, la responsabilidad y la honestidad. Ello se relaciona asimismo con la urgencia de que desde el Estado se fomente la corresponsabilidad de los sujetos sociales empoderados para convertirse en puntos de apoyo en la gestión pública, con todas sus derivaciones o consecuencias.
Visto desde este enfoque, la ética implica asumir que amplios actores de la sociedad civil, del sector privado de la economía, de la comunidad jurídica, de las organizaciones sociales, de las entidades no gubernamentales, así como los ciudadanos y el gobierno, están en condiciones de jugar un rol importante en la elaboración de códigos de conducta impregnados de valores morales que impacten positivamente en la vida pública.
El proceso que conlleva este esquema de funcionamiento del sistema democrático no es ajeno a los fines que propicia. La elaboración de una ética pública implica el establecimiento de espacios para el diálogo, el debate y la construcción del consenso, basados en el principio de igualdad, tal como ocurre en las sociedades modernas que propician la pluralidad, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y que fomentan la creación de mecanismos participativos que vigilen la gestión de los órganos del Estado, como está recogido en nuestra constitución.
Lamentablemente cuando se emprenden acciones para llevar a la práctica estas ideas, observamos que, históricamente, gran parte de los órganos públicos son renuentes a la fiscalización ciudadana, a la rendición de cuentas y trabajar con las organizaciones jurídicas, académicas, cívicas y sociales como sus contrapartes e iguales. Rechazan a organizaciones ciudadanas cuyo único propósito es contribuir al bienestar público, lo que contradice el espíritu de la Constitución que ordena a los entes públicos crear un ambiente que propicie la inclusión de los sujetos sociales diversos para encarar el diseño de los componentes éticos y la adopción de valores positivos como una labor compartida.
Es importante destacar que la definición de estos criterios éticos para la vida pública sobrepasan la labor de los agentes gubernamentales, ya que lo que pedimos para el Estado es también urgente y necesario para toda la sociedad, de manera que pueda ponerse a la altura de la responsabilidad de jugar un rol activo con su participación en el desarrollo, generando el compromiso de todos los sectores sociales con valores morales humanos de vocación universal y con capacidad de ser compartidos, que incluyan la dignidad, los derechos y deberes fundamentales, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Hasta ahora, en gran medida la relación entre ética y política, y por defecto, con la democracia, ha sido de confrontación, alejamiento o indiferencia en diferentes periodos históricos y en distintas sociedades afectadas por graves crisis morales.
Creemos que los actores políticos, investidos de la representación popular, están obligados a encontrar fórmulas para superar la creencia limitada de que su poder y estatus solo responden a mandatos legales. Reconocemos que lo legal representa un espacio colindante con lo ético solo en la medida en que facilita su expresión, por lo que es imposible imponer reglas a lo político desde una perspectiva ética, si no se establecen previamente consensos sociales y culturales que permitan manejar sus conflictos.
Podemos afirmar que la adopción de un marco ético que englobe los mundos de lo público y lo privado se ha constituido en una asignatura pendiente para el fortalecimiento del régimen democrático en la República Dominicana.
Avanzamos socialmente sobre arenas movedizas, en tanto que algunas autoridades y responsables tanto de la conducción del Estado como de sectores de la esfera de lo privado, no dan muestras de asumir con responsabilidad la creación de un ambiente que facilite la superación de todas las deficiencias señaladas.
Luego de repasar los complejos caminos que se entrecruzan entre ética y política, en un marco de democracia, podemos ir concluyendo con algunas ideas fuertes:
En la actualidad existe una gran valoración de la importancia de la dimensión ética en el ámbito público, ante los desafíos generados por la globalidad y los procesos de democratización del poder, lo que implica la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad, los actores productivos y la ciudadanía para que la gestión gubernamental se enmarque en valores morales socialmente aceptados para producir cambios en la calidad de vida y el desarrollo humano en sentido amplio.
Es un imperativo que la conducta de los órganos y funcionarios públicos deje de ser distante de las comunidades y divorciada de sus intereses, y entre todos ayudemos a fomentar un ambiente público abierto, plural, participativo y que propicie la integración de la ciudadanía en los asuntos públicos, para que los órganos del Estado incorporen conductas morales que le den vida a códigos éticos, dirigidos a generar una mejor relación entre el Estado y la sociedad.
Se ha ido creando la conciencia de que la superación de todas las prácticas derivadas de la cultura del autoritarismo y el clientelismo será el escenario para que la confianza y la credibilidad en el sistema democrático alcancen los niveles que se requieren para nuestro desarrollo.
La falta de confianza en la democracia desespera a amplios sectores de la población, pues se generaliza la percepción de que nuestros problemas siguen creciendo exponencialmente, pese a un incremento sostenido de los recursos en manos del Estado.
En el fondo de los problemas planteados está pesente la inconsistencia del pacto ético que implícitamente hemos suscrito desde la fundación de la República.
Se precisa, pues, redefinir ese Pacto Ético donde intervengan todos los sectores sociales, cuya mejor expresión es la Constitución vigente, así como las leyes que hemos adoptado desde su proclamación. Es el momento de superar las contradicciones, paradojas, limitaciones, distorsiones y ambivalencias que han caracterizado nuestra sociedad en las últimas décadas.
Tal es el rol de la ética en la consolidación de la democracia dominicana
Expreso nuevamente mi agradecimiento por esta valiosa oportunidad de compartir estas reflexiones, sobre todo con la presencia de tantos jóvenes abogados que desde el ejercicio de la Notaría deberán ser guardianes de la moral y la ética pública y ciudadana.
Muchos éxitos en su formación profesional, para bien del país, sus familias y ustedes mismos.
Muchas gracias por su atención…
